Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03257-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03257-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de julio de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Demandados: Tribunal Administrativo de Bolívar y Juzgado Doce Administrativo
Oral del Circuito de Cartagena
Tema: Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance
Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad y iii) acceso
a la administración de justicia
Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el actor contra el Tribunal
Administrativo de Bolívar y el Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de
Cartagena, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 12 de febrero
de 2021, y el Juzgado, al proferir la sentencia el 19 de diciembre de 2017, dentro
del medio de control de reparación directa identificado con el número único de
radicación 130013333012201500457-01, vulneraron sus derechos fundamentales
al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de justicia.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
I. ANTECEDENTES
La solicitud
1. El actor, obrando mediante apoderado, presentó solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Bolívar y el Juzgado Doce Administrativo Oral del
2
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Circuito de Cartagena, porque, a su juicio, el Tribunal, al proferir la sentencia de 12
de febrero de 2021, y el Juzgado, al proferir la sentencia el 19 de diciembre de
2017, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 130013333012201500457-01, vulneraron sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:
3. Adujo que el señor Luis Alberto Mosquera Gómez fue capturado por la posible
comisión del delito de extorsión, en donde con posterioridad, al haberse efectuado
las diferentes actuaciones al interior del proceso penal, el Juzgado Catorce Penal
con Funciones de Conocimiento de Cartagena, profirió sentencia absolutoria a
favor de señor Luis Alberto Mosquera Gómez, el 8 de enero de 2013.
4. Luis Alberto Mosquera Gómez y otros, presentaron demanda contra la Nación –
Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, en ejercicio del medio de control
de reparación directa con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la
privación injusta de la libertad del que fuera víctima el señor Luis Alberto
Mosquera Gómez.
5. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena profirió
sentencia de primera instancia el 19 de diciembre de 2017, negando las
pretensiones de la demanda.
6. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia de segunda instancia el
12 de febrero de 2021, resolviendo lo siguiente:
“[…] PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia apelada, por las razones expuestas.
SEGUNDO: Sin condenas en Costas […]”.
3
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
La solicitud de tutela
Pretensiones
7. El actor solicitó en su escrito de tutela:
“[…] 1.- Que se ordene la protección de los derechos fundamentales de mi
poderdante LUIS ALBERTO MÓSQUERA GÓMEZ a la igualdad, el debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, conculcados por el JUZGADO
012 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA y el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, con la expedición de las sentencias de primera
y segunda instancia, dictadas respectivamente el 19 de diciembre de 2017 y el 12
de febrero de 2021, dentro del proceso de reparación directa
13001333301220150045700, que aquel promovió junto a su núcleo familiar en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN – RAMA
JUDICIAL y NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, mediante las
cuales se denegaron las pretensiones de la demanda.
2.- Como consecuencia de lo anterior, sírvase dejar sin efectos jurídicos la
sentencia 004/21 del 12 de febrero de 2021, proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, y en su lugar, ordenar a dicho despacho judicial
para que profiera una nueva sentencia de segunda instancia ajustada al
ordenamiento jurídico y a los estándares constitucionales y convencionales
esgrimidos en el presente escrito […]”.
8. El actor en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial,
en un defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, en
un defecto fáctico y en la causal de violación directa de la Constitución.
Actuación
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 22 de junio de 2022; i) admitió la
acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del
Bolívar y a la Jueza Doce Administrativa Oral del Circuito de Cartagena y iii) vinculó
a la Nación – Rama Judicial- Consejo Superior de la Judicatura- Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena, a la Nación- Fiscalía
General de la Nación, a la Nación – Procuraduría General de la Nación –
Procuraduría 66 Judicial I Administrativa de Cartagena, a Rafaela Ramos Montero,
4
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
a Stefany Mosquera Hurtado, a Nervis Hernández Ramos, a ALRH, a RARH, a
MLGH, a JMG y a MTGG1 en calidad de terceros con interés legítimo,
concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el
particular.
Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. La Fiscalía General de la Nación señaló que:
“[…] Por las anteriores consideraciones, solicito al Consejo de Estado, Sección
Primera declarar la improcedencia de la acción de tutela incoada por el señor Luis
Alberto Mosquera Gómez a través de apoderado, por cuanto no se cumple con las
causales generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, concretamente el requisito de subsidiariedad y no se vulnera el
precedente jurisprudencial […]”.
11. El Juzgado Doce Administrativo Oral del Circuito de Cartagena manifestó
que:
“[…] Teniendo en cuenta lo manifestado en las líneas que anteceden, es claro que
el Despacho se acogió a la línea jurisprudencial que en ese momento histórico se
manejaba frente al tema de la responsabilidad administrativa del Estado por
privación injusta de la libertad y luego de efectuar la correspondiente valoración
probatoria frente a los hechos y pretensiones de la demanda, se adoptó la decisión
que posteriormente fue apelada por la parte demandada, sin que en momento
alguno esta judicatura desarrollara acciones vulneratorias de algún derecho
fundamental en cabeza del actor y en tal virtud, solicito de manera respetuosa
denegar la tutela interpuesta por el señor LUÍS ALBERTO MOSQUERA GÓMEZ
contra el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR y el JUZGADO DOCE
ADMINISTRATIVO ORAL DEL CIRCUITO DE CARTAGENA, toda vez que se ha
actuado de conformidad a la normatividad legal vigente y a la jurisprudencia
nacional que nos orienta […]”.
12. El Tribunal Administrativo del Bolívar, la Procuraduría 66 Judicial I
Administrativa de Cartagena, Rafaela Ramos Montero, Stefany Mosquera Hurtado,
Nervis Hernández Ramos, ALRH, RARH, MLGH, JMG y MTGG guardaron silencio
en esta oportunidad procesal.
1
Este despacho adopta como medida de protección del derecho a la intimidad de los menores de 18 años de
edad relacionados en este proceso la supresión de los datos que permiten su identificación, razón por la cual,
sus nombres serán reemplazados por las siguientes iniciales ALRH, RARH, MLGH, JMG y MTGG.
5
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
13. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 37 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de
abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20183 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
14. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
De la coadyuvancia
15.La Sala encuentra que Rafaela Ramos Montero, Stefany Mosquera
Hurtado, Nervis Hernández Ramos, Ana Luisa Reyes Hernández, Rober
Andrés Reyes Hernández y Jose Mosquera Gómez presentaron escrito de
coadyuvancia.
16. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. del
artículo 13 del Decreto núm. 2591 de 1991, señala que “[…] Quien tuviere un
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”
6
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como
coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”, la Corte Constitucional ha destacado que “[…] la
coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero
con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir reclamaciones y
argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que
éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran
de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente
ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la
coadyuvancia […]”4.
17. En el mismo sentido se pronunció la Corte al señalar que los terceros
intervinientes no están facultados para solicitar la protección de sus propios
derechos. Esto dijo textualmente5:
“[…] en la acción de tutela contra providencias judiciales los parámetros para
estudiar la intervención de los terceros son mucho más estrictos. En primer lugar,
siguiendo el concepto general del tercero coadyuvante, quienes tienen un
interés legítimo en los resultados del proceso pueden coadyuvar la solicitud
del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiera hecho
la solicitud, pero no están facultados para solicitar la protección de sus
propios derechos, mucho menos en detrimento de los derechos de quien solicitó
el amparo, pues es la solicitud de este último la que le da la unidad al proceso de
tutela. Pero, adicionalmente, si una persona considera que una providencia
judicial desconoce sus derechos fundamentales, lo pertinente es que promueva
una acción de tutela diferente y no que presente en el trámite de amparo de los
derechos fundamentales ajenos las razones de su inconformidad.
Esto último es indispensable atendiendo al carácter excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales. Aun cuando por regla general el juez
constitucional no puede entrar a examinar los fallos de otros jueces excepto en
las extraordinarias situaciones en las que la providencia es violatoria de los
derechos fundamentales, en los eventos en los que adquiere potestad para
hacerlo por reunirse los requisitos generales y específicos de procedibilidad, su
competencia sigue teniendo como límites los principios de seguridad jurídica,
autonomía judicial y respeto por la cosa juzgada. Ellos se verían afectados en una
medida mucho mayor si el juez constitucional avoca el estudio, no solo de los
defectos planteados por el accionante, sino sobre otros defectos ‘nuevos’ que
otros intervinientes pudieran aducir, toda vez que podrían ventilarse en una
acción de carácter excepcional y subsidiaria la totalidad de los aspectos
debatidos en las instancias precedentes. Un escenario como el planteado
4
Corte Constitucional, sentencia T-1062 de 16 de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
5
Corte Constitucional, sentencia T-269 de 29 de marzo de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
7
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
convertiría la acción de tutela en una tercera instancia, pese a que la Corte ha
proscrito expresamente esta hipótesis. En este sentido, admitir las
controversias propuestas por los terceros dentro del proceso de tutela en
relación con sus propios derechos y con independencia de los hechos y
derechos planteados por el accionante, desnaturalizaría la acción
constitucional. […]”. (Resaltado por la Sala).
18.En este sentido, Rafaela Ramos Montero, Stefany Mosquera Hurtado,
Nervis Hernández Ramos, Ana Luisa Reyes Hernández, Rober Andrés Reyes
Hernández y Jose Mosquera Gómez están legitimados para intervenir como
coadyuvantes, toda vez que tienen un interés legítimo frente a lo que se decida
en el caso sub examine, en donde solicitaron que se deje sin efectos jurídicos la
sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el 12 de febrero de 2021.
Problemas Jurídicos
19. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Bolívar, al proferir la sentencia de 12 de febrero de
2021, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número
único de radicación 130013333012201500457-01, incurrió en defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial, en defecto fáctico, en defecto
sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas y en la causal de
violación directa de la Constitución, lo que trajo como consecuencia que no
declarara la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad del
que fuera víctima el señor Luis Alberto Mosquera Gómez.
20. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias
judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto sustantivo por
8
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
desconocimiento del precedente judicial; v) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al debido proceso; vi) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental a la igualdad; vii) marco normativo y jurisprudencial del
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia; viii) análisis del
caso concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales
21. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello6, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales
22. Esta Sección7 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.
23. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
9
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
24. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”8.
25. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.
26. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”9 que encaje en dichos
parámetros.
27. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
8
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
9 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
10
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
28. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201410.
Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto
29. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.
30. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:
30.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales del
actor al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la igualdad.
30.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) el actor cumplió con la
carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.
30.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales11, en el escenario
10
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
11
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
11
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.
30.4. Ahora bien, la Sala respecto al defecto fáctico, a la causal de violación
directa de la Constitución y al defecto sustantivo por interpretación irrazonable de
normas jurídicas, considera que no se acreditó con el cumplimiento del requisito
de la relevancia constitucional, con fundamento en las siguientes razones:
30.5. El actor indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
fáctico. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] Pues bien, en el caso que nos ocupa los despachos accionados adoptaron
sus sentencias a partir de circunstancias fácticas que ni siquiera resultaron
probadas en el marco del proceso penal, por lo que incurrieron en un grave
defecto fáctico a la hora de decretar la culpa exclusiva de la víctima.
Se insiste en que en el plenario no existían pruebas de la existencia de un nexo
causal entre la supuesta omisión de denuncia que los despachos de instancia
atribuyeron a mi poderdante y las razones adoptadas por el JUZGADO 008
PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA CON FUNCIONES DE CONTROL DE
GARANTÍA para privarlo de su libertad provisionalmente, por lo que las
providencias atacadas adolecen de defecto fáctico.
En el plenario tampoco existían pruebas de la medida de aseguramiento se ajustó
a los cánones constitucionales, legales y reglamentarios previstos para tal fin,
hechos que correspondía probar a las entidades demandadas de acuerdo con lo
previsto en el artículo 167 del Código General del Proceso, pero que omitieron
totalmente al no remitir la providencia que privó de la libertad a mi mandante […]”.
30.6.Ahora bien, para la Sala el actor no cumplió con la carga argumentativa
mínima para estructurar el defecto fáctico, toda vez que no indicó
específicamente cuales medios de prueba fueron valorados erróneamente por
parte del juez colegiado; ii) que además dichos medios probatorios eran
relevantes para cambiar el sentido de la decisión; y iii) demostrar que la
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
12
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
valoración errónea de las pruebas fue una actuación grosera, arbitraria e
irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de derechos
fundamentales, lo cual no aconteció en el caso sub examine.
30.7. Esta Sección frente a la carga argumentativa mínima para estructurar el
defecto fáctico ha dicho lo siguiente : 12
“[…] Al efecto, es preciso destacar que, en materia de acción de tutela contra
providencias judiciales, no basta con citar la falta de valoración de medios de
prueba de manera genérica, sino que es necesario que se expresen con
claridad los motivos por los que se considera que su falta de valoración, por
las autoridades accionadas, generó la afectación de derechos de
contenido iusfundamental y, como su falta de estudio o apreciación, incidió
en la decisión que es objeto de reproche y afectó las garantías
constitucionales13.
Esta carencia argumentativa, sin lugar a dudas, no puede ser suplida por el
juez de tutela, en tanto que si bien la acción de amparo se caracteriza por la
flexibilización de formalidades que impidan la garantía de los derechos
fundamentales, tratándose del reproche contra providencias judiciales, es
exigible un mínimo de argumentación que habilite un examen de fondo sobre
actuaciones que han hecho tránsito a cosa juzgada, al ser proferidas por
autoridades investidas de competencia en procesos que ofrecen los medios
para proteger las garantías constitucionales […]”. (Resaltado por la Sala).
30.8. De igual manera, el actor en su escrito de tutela manifestó que el Tribunal
Administrativo de Bolívar incurrió en la causal de violación directa de la
Constitución. En ese orden de ideas, indicó lo siguiente:
“[…] En el caso que nos ocupa, las sentencias reprochadas violaron directamente
a la Constitución Política, por cuanto desconocieron abiertamente el derecho
fundamental a la presunción de inocencia de mi poderdante LUIS ALBERTO
MÓSQUERA GÓMEZ, consagrado en el artículo 29 superior, y consecuentemente,
conculcaron el derecho al debido proceso, previsto en el artículo 28 ibidem, y los
fines esenciales del Estado, previstos en el artículo 2 ibidem.
12
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo de
2020, C.P Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación número: 11001-03-15-000-2020-00365-00.
13
Respecto de la carga argumentativa mínima que se le exige al actor para que se configure el defecto
fáctico, ver entre otras, sentencias T-214 de 2012, T-121 de 2016 y T-074 de 2018, proferidas por la Corte
Constitucional.
13
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Pues bien, contrario a los preceptos de carácter constitucional antes anotados, lo
que hizo el JUZGADO 012 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA,
y convalidó el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, fue examinar la
conducta preprocesal de mi poderdante para excluir erróneamente a las entidades
demandadas de su responsabilidad, partiendo de que mi poderdante “siguió las
instrucciones de personas que le contactaban vía telefónica, circunstancia que
comprometió en grave forma su actuación frente a la conducta que se le endilgaba
al ser capturado en momentos en que mantenía comunicación con la víctima, la
cual le hacía una entrega de dinero producto de llamadas extorsivas y que a la
postre fue el origen de la investigación penal a la que fue sometido”12.
Dicho discurso por parte del juez de primera instancia, ratificado de forma
lamentable por el ad quo, constituyó una intromisión indebida por parte de estos
despachos judiciales en la órbita de competencia del juez penal competente, quien
consideró que la “etapa de juicio en que nos encontramos dentro de la presente
actuación, se evidencia una acusación sin fuerza demostrativa, sobre la cual
no puede edificarse una sentencia condenatoria”.
En ese sentido, si el mismo juez de la causa penal consideró que no había
ninguna clase de prueba que demostrara la existencia de la conducta que la
NACIÓN – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN atribuyó a mi poderdante, mal
podían los jueces administrativos, como en efecto lo hicieron, partir de tales
acusaciones para enlodar la presunción de inocencia de mi poderdante.
Nótese que las expresiones usadas a ultranza por los despachos accionados,
según las cuales la conducta de mi mandante fue gravemente culposa, no son
más que eufemismos formales con las que se pretende esconder una grave
transgresión al derecho a la presunción de inocencia de LUIS ALBERTO
MÓSQUERA GÓMEZ, pues en las mismas consideraciones de la sentencia de
primera instancia se asegura que aquel con su comportamiento previo al proceso
“provocó la actuación de las autoridades judiciales”13, es decir, justifica la
privación de la libertad de mi mandante por considerar su actuación como
sospechosa o indiciaria, en perjuicio de su presunción de inocencia, lo que ratificó
su superior al expresar que ”sin ambages (…) los razones del fallo [de primera
instancia] se acomodan precisamente o lo que en lo sentencia de unificación
aludida se reclamó por el Consejo de Estado […]”.
30.9.El actor en su escrito de tutela indicó que la autoridad judicial accionada
incurrió en la causal de violación directa de la Constitución, no obstante no
estableció las razones jurídicas que en el caso concreto acreditaran que el juez
colegiado vulneró sus derechos fundamentales por haber efectuado una i)
interpretación de las normas jurídicas contrarias a la Constitución o iii) en la
solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de
conformidad con el precedente constitucional.
14
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
30.10. Por último, el actor indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, al afirmar
lo siguiente:
“[…] Pues bien, en este caso los despachos accionados incurrieron en un defecto
sustantivo porque otorgaron a una norma jurídica un sentido que no tiene, pues
interpretaron de forma contraevidente, irrazonable y desproporcional las
disposiciones legales y jurisprudenciales que consagran la culpa exclusiva de la
víctima como eximente de responsabilidad estatal en los casos de privación injusta
de la libertad, así mismo.
De acuerdo con el artículo 70 de la Ley 270 de 1996, el daño se entenderá
generado por culpa exclusiva de la víctima, entre otros casos, cuando “ésta haya
actuado con culpa grave o dolo”, lo que exonerará de responsabilidad al Estado.
Sobre esta causal eximente de responsabilidad, el Consejo de Estado ha realizado
distintas precisiones que fueron totalmente inaplicadas por parte de los jueces de
instancia, y que se explican a continuación:
1. En primer lugar, la referida Corporación ha dicho que, para hablar de culpa de la
víctima jurídicamente, “debe estar demostrada además de la simple causalidad
material según la cual la víctima directa participó y fue causa eficiente en la
producción del resultado o daño, el que dicha conducta provino del actuar
imprudente o culposo de ella, que implicó la desatención a obligaciones o reglas a
las que debía estar sujeta”.
2. En segundo término, “para que la culpa de la víctima releve de responsabilidad
a la administración, aquella debe cumplir con los siguientes requisitos: Una
relación de causalidad entre el hecho de la víctima y el daño. Si el hecho del
afectado es la causa única, exclusiva o determinante del daño, la exoneración es
total.”
3. En tercer lugar, el Consejo de Estado señala que “el estudio de la culpa de la
víctima debe versar sobre las conductas realizadas por la persona privada de la
libertad vinculadas al proceso penal, lo que excluye el estudio de aquellas
preprocesales que ya fueron objeto de estudio por parte del juez penal. El hecho
de que el sindicado sea de un delito no puede considerare como constitutivo de
culpa de la víctima”, en ese sentido, “el estudio de esa causal eximente de
responsabilidad no puede, de ninguna manera, llevar a poner en entredicho la
inocencia del sindicado -declarada ya por el juez competente para ello-, o el
carácter injusto de la detención de la libertad padecida -derivado de la decisión
final absolutoria”.
4. Por último, el máximo tribunal de lo contencioso administrativo señala que
cuandoquiera que en el proceso penal existe una causal excluyente de
responsabilidad penal, como es el caso del miedo insuperable, no hay lugar a
declarar la culpa exclusiva de la víctima, porque la conducta del sujeto está
disculpada, es decir, desprovista del elemento de la culpabilidad.
15
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Pues bien, todos los parámetros antes citados fueron desatendidos por el
JUZGADO 012 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA y el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, quienes coincidieron erradamente
en que mi poderdante LUIS ALBERTO MÓSQUERA GÓMEZ actuó de forma
determinante en la producción del daño al no haber denunciado que también
estaba siendo víctima de extorsión por parte de la misma organización criminal
que estaba constriñendo a la denunciante el 20 de julio de 2011.
Sin embargo, esta interpretación es desproporcional e irracional, en primer lugar,
porque sustentaron el nexo causal entre la supuesta omisión de denuncia que los
despachos de instancia atribuyeron a mi poderdante y las razones adoptadas por
el JUZGADO 008 PENAL MUNICIPAL DE CARTAGENA CON FUNCIONES DE
CONTROL DE GARANTÍA para privarlo de su libertad provisionalmente, por lo
tanto, no era aplicable la culpa exclusiva de la víctima sin justificar dicha conexidad
a la luz de los estándares referidos, lo que pone en evidencia el defecto endilgado
[…]”.
[…]
“[…] Nótese que la única razón por la cual no pudo ahondarse en este análisis
dentro del marco del proceso penal fue porque la FISCALÍA GENERAL DE LA
NACIÓN se presentó en el juicio sin pruebas, sin embargo, para establecer el
examen de la responsabilidad estatal era claro que no había dolo ni culpa grave en
el actuar de mi poderdante al haber sido anulada su voluntad por miedo de las
presiones indebidas de las que fue víctima.
En definitiva, lo que hicieron los jueces de la responsabilidad estatal fue
revictimizar a mi poderdante LUIS ALBERTO MÓSQUERA GÓMEZ, exigiéndole
denunciar un delito, sin tener ninguna clase de consideración sobre de las
circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos que afectaron su voluntad, y
que conllevaron a que sirviera como conejillo de indias o chivo expiatorio de
quienes realmente estaban ejecutando la conducta delictiva, que resultaron
impunes porque nunca fueron investigados […]”.
30.11. Para la Sala, el actor no cumplió con la carga argumentativa mínima de
indicar i) cuales fueron los artículos o normas que el Tribunal Administrativo de
Bolívar interpretó de manera arbitraria o irrazonable; y en ese orden de ideas,
ii) argumentar que dichas normas eran jurídicamente relevantes para resolver el
caso concreto, lo cual no aconteció en el presente caso.
30.12. La Sala evidencia que, si bien es cierto el actor hizo mención del artículo
70 de la Ley 270 de 1996, lo cierto es que al revisarse las consideraciones
jurídicas expuestas por la autoridad judicial accionada en la sentencia, dicha
norma jurídica no fue tenida en cuenta por el Tribunal, ni mucho menos fue objeto
de interpretación para justificar la tesis que adoptó.
16
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
30.13. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a
14
la acción de tutela no puede considerarse absoluto , pues es necesario satisfacer
15
ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con claridad
aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se considera
violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad pública o del
órgano autor de la amenaza o del agravio , el señalamiento de las causales
16
especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo que
implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración en el
caso concreto, entre otros aspectos.
31. Por último, la Sala analizará el cumplimiento de los demás requisitos generales
de procedibilidad:
31.1. Cumplió con el principio de inmediatez.
31.2. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales el actor pueda lograr la protección de los derechos
invocados.
31.3. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;
31.4. El actor identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y
31.5. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.
14
Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia de 11 de abril de 2018 con ponencia del magistrado Hernando
Sánchez Sánchez.
15
Sobre el principio de informalidad, ver Auto A165 de 2011 de la Corte Constitucional.
16
Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
17
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial
32. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.
33. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189617 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200119; C-
18
816 de 201120; C-179 de 201621; y T-102 de 201422.
34. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”23 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de
dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.
35. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional24, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
17
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
18
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
19
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
20
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
21
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
22
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
23 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
24 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
18
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).
36. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria25, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.
37. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala26, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones
adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.
38. En efecto, la Sala27 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
25 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.
27 ibídem.
19
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial28”, para lo cual
resulta obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso
concreto y fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se
sustenta la decisión de apartarse.
39. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben
ser tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los
hechos del caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio
decidendi resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.
Defecto sustantivo por interpretación irrazonable de una norma jurídica
40.La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura una
vía de hecho por defecto sustantivo:
“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial
emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma
adecuada, o interpreta las normas de tal manera que contraría la razonabilidad
jurídica. 29
En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:
a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente30 o porque ha sido derogada31, es inexistente32,
inexequible33 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el
Legislador34.
28 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
29
Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de
24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero
de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cabra,
Corte Constitucional, sentencia T-686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte
Constitucional, sentencias T-033 de 1 de febrero de 2010, y T-792 de 1 de octubre de 2010 ambas con
ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
30
Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa.
31
Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
32
Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería.
33
Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
34
Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
20
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
b. No se hace una interpretación razonable de la norma35.
c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos
erga omnes36.
d. La disposición aplicada es regresiva37 o contraria a la Constitución38.
e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos
en la disposición39.
f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma40.
g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó
o justificó de manera insuficiente su actuación.
Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente […]”.
41.Como se puede evidenciar uno de los defectos sustantivos en que puede
incurrir un juez es la interpretación irrazonable de la norma jurídica aplicable al
caso concreto que se realiza de manera arbitraria vulnerando los postulados
constitucionales y por consiguiente los derechos fundamentales al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia.
42.Frente al alcance de la interpretación irrazonable de las normas jurídicas la
Corte Constitucional ha dicho:
“[…] Sobre la última hipótesis, relativa a la interpretación irrazonable de las
disposiciones jurídicas, la Corte ha dicho que se trata de la causal de procedencia
de la tutela por defecto sustantivo más restringida. Esto tiene que ver con que la
interpretación de la ley sea un campo en el que se manifiestan con especial
intensidad los principios de independencia y autonomía judicial que, en el marco
del Estado Constitucional de Derecho, protegen a los jueces de injerencias
indebidas en su labor de resolver las controversias jurídicas que se sometan a su
conocimiento a partir de la interpretación que estimen más ajustada al
ordenamiento jurídico y a los criterios auxiliares de la actividad judicial: la equidad,
la jurisprudencia, la doctrina y los principios generales del derecho.41
35
Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
36
Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de
9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T-814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera
Carbonell.
37
Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
38
Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
39
Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
40
Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas.
41
Constitución Política, Artículo 230.
21
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
La independencia y la autonomía que se reconoce a los jueces a la hora de
interpretar la legalidad infraconstitucional no son, sin embargo, absolutas42. El
carácter normativo de la Constitución (artículo 4º C.P.), la obligación de dar
eficacia a los derechos fundamentales (artículo 2º C.P.), la primacía de los
derechos humanos (artículo 5º C.P.), el principio de legalidad contenido en el
derecho fundamental al debido proceso (artículo 29 C.P.) y la garantía de acceso a
la administración de justicia (artículo 228 C.P.) exigen que todos los poderes y
autoridades públicas adopten decisiones acordes a los cánones superiores43 y
justifican, además, la intervención del juez constitucional, cuando los preceptos de
la norma superior sean amenazados o menoscabados por cuenta de una
interpretación judicial abiertamente irrazonable.
17. El hecho de que las autoridades judiciales estén sometidas a las restricciones
derivadas del diseño constitucional adoptado por la Carta de 1991 supone,
entonces, que su labor interpretativa encuentre como límite infranqueable el
principio de legalidad, entendido en su acepción amplia, es decir, como un
precepto que alude a la totalidad de las fuentes del derecho, en cuya cúspide se
encuentra la Constitución como norma superior que aspira a otorgarle unidad y
coherencia al ordenamiento jurídico.44
Bajo tales supuestos, esta Corporación ha señalado que una autoridad judicial
puede incurrir en defecto sustantivo por interpretación irrazonable en al menos
dos circunstancias: i) cuando le otorga a una disposición jurídica un sentido y
alcance que no tiene, es decir, que la interpreta de forma contraevidente, o ii)
cuando le confiere a la disposición infraconstitucional una interpretación que en
principio resulta formalmente posible a partir de las varias opciones que ofrece,
pero que en realidad contraviene postulados de rango constitucional o conduce a
resultados desproporcionados.
18. La interpretación contraevidente como causa generadora del defecto
sustantivo por interpretación irrazonable se presenta cuando el juez deriva
interpretativamente una norma jurídica que no se desprende del marco normativo
que ofrece la disposición aplicable al caso, en contravía del principio de legalidad.
Sin embargo, el defecto sustantivo no se presenta ante cualquier discrepancia
dogmática respecto de la opción interpretativa acogida por la autoridad judicial,
sino, solamente, cuando la misma es manifiestamente irracional, sin sentido,
consecuencia de una desviación notoria del derecho. En palabras de la Corte, las
fallas originadas en el proceso hermenéutico “han de ser protuberantes para que
42
Corte Constitucional, Sentencias T-1031 de 27 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo Montealegre Lynett y
T-1001 de 18 de septiembre de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
43
Cfr. Además, ha sostenido este Tribunal que entender la Constitución como un cuerpo armónico, supone
concebir la estructura del Estado (parte orgánica), en función de la eficacia de los derechos constitucionales,
los principios y los fines del estado (parte dogmática).
44
Al respecto, esta Corporación en sentencia C-1026 de 26 de septiembre de 2001, M.P. Eduardo
Montealegre Lynett indicó que “Si los jueces, por una parte, son los encargados de hacer efectivos los
derechos y libertades individuales, y por otra, son los que realizan la labor de aplicación del derecho positivo a
la realidad social, entonces puede afirmarse que, respecto de ellos, el principio de legalidad cobra una
dimensión hermenéutica de gran importancia, en la medida en que durante el desarrollo cabal de sus
funciones deben realizar varios ejercicios interpretativos, tanto de la ley, como de las circunstancias fácticas
sobre las cuales habrán de decidir. Ahora, es claro que a partir del tránsito constitucional de 1991, con el
reconocimiento (en el artículo 4 Superior) del valor normativo intrínseco de la Carta, esa labor de
interpretación se debe conducir según los cauces que ha trazado la doctrina constitucional, especialmente en
lo relativo a la protección de los derechos fundamentales; en efecto, sólo en la medida en que la labor
hermenéutica del juez se ajuste a los dictados constitucionales, puede afirmarse que respeta el principio de
legalidad”.
22
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
sea factible predicar que a la ley se le ha otorgado un sentido
contraevidente”.45[…]”46
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
43. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
44. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
47
proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
45
Cfr. Corte Constitucional, Sentencia T-1045 de 24 de octubre de 2008, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
46
Corte Constitucional, Sentencia T-629 de 2 de octubre de 2015, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
47
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
23
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la igualdad
45.Visto el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTICULO 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán
la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos,
libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza,
origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.
El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y
adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.
El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición
económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y
sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. […]”.
46.Atendiendo a que la Corte Constitucional48 ha entendido que el derecho a la
igualdad “[…] comporta un conjunto de mandatos independientes y no siempre
armónicos, entre los que se destacan (i) la igualdad formal o igualdad ante la ley,
relacionada con el carácter general y abstracto de las disposiciones normativas
dictadas por el Congreso de la República y su aplicación uniforme a todas las
personas; (ii) la prohibición de discriminación, que excluye la legitimidad
constitucional de cualquier acto (no solo las leyes) que involucre una distinción
basada en motivos definidos como prohibidos por la Constitución Política, el
derecho internacional de los derechos humanos, o bien, la prohibición de
distinciones irrazonables; y (iii) el principio de igualdad material, que ordena la
adopción de medidas afirmativas para asegurar la vigencia del principio de
igualdad ante circunstancias fácticas desiguales. […]”.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la
administración de justicia
47.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
48
Corte Constitucional, Sentencia C178 de 26 de marzo de 2014, M.P. María Victoria Calle Correa.
24
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la
administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la
representación de abogado. […]”.
48.Atendiendo a que, la Corte Constitucional49 ha entendido el derecho de acceso
a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las
personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que
ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de incidir de
una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento
jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la
debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con
estricta sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena
observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la
Constitución y la ley […]”.
Análisis del caso en concreto
49. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
50. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por el
actor en su respectivo escrito de tutela.
Acervo y análisis probatorios
51. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
49
Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto
25
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
siguiente documento:
51.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, el 12 de febrero de 2021.
Solución del caso concreto
Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial
52. El actor en su escrito de tutela señaló que el Tribunal Administrativo de
Bolívar incurrió en un defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial. En ese orden de ideas, expresó lo siguiente:
“[…] La sentencia 004/2021 del 12 de febrero de 2021 del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR. debe dejarse sin efectos jurídicos, teniendo en
cuenta desconoce abierta y arbitrariamente el precedente judicial que el Consejo de
Estado ha sentado en materia de irretroactividad del precedente.
Señores Consejeros, la sentencia reprochada se basó en un precedente
jurisprudencial relacionado con el régimen subjetivo de responsabilidad del Estado
por privación injusta de la libertad que surgió mucho después del momento en que
acontecieron los hechos de la demanda […]”.
[…]
“[…] De esa manera, el fallador de segunda instancia debió aplicar el precedente
jurisprudencial imperante para la ocurrencia de los hechos, y condenar a la entidad a
resarcir los daños antijurídicos causados a mi poderdante, en aplicación del título de
daño especial que regentaba la solución de estos casos para la época en que se
produjeron los perjuicios reclamados.
Como se dijo, para la época de ocurrencia de los hechos, e incluso cuando se profirió
la sentencia de primera instancia, el precedente vigente consistía en la aplicación de
la imputación de responsabilidad administrativa bajo la figura objetiva del daño
especial.
Al respecto, incluso data una sentencia de unificación del 17 de octubre de 2013 de
la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado al interior del proceso con
radicado 52001-23-31-000-1996- 07459-01(23354), en la cual se expuso lo siguiente
[…]”.
[…]
26
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
“[…] Sin embargo, se observa como el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR
estribó su decisión en sentencias del Consejo de Estado de los años 2017 y 2018, en
los cuales se introdujo el análisis subjetivo de la responsabilidad patrimonial por
privación injusta de la libertad desde la esfera de la culpa civil de la víctima, los
cuales, evidentemente modificaban drásticamente el régimen objetivo de daño
especial que regulaba dicha materia para la época de los hechos, por lo tanto, tales
sentencias no podían ni debían aplicarse en el caso sub judice.
Por demás, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR aplicó de forma irregular
el precedente en comento, pues el Consejo de Estado si bien había aclarado incluso
desde 2017 que en relación con la configuración de la culpa de la víctima, se
requiere probar que el afectado actuó con temeridad dentro del proceso penal o que
incurrió en comportamientos irregulares que ameritaban la respectiva actuación y, de
manera consecuente, justificaban la imposición de una medida restrictiva de la
libertad.
Es decir, el comportamiento culposo o doloso de la víctima para determinar si tiene el
deber de soportar la privación de su libertad a través de una medida preventiva debe
analizarse respecto de actuaciones suscitadas dentro del mismo proceso penal, y no
previas al mismo, por ejemplo, si evade las diligencias judiciales para las cuales ha
sido citado, si existe riesgo de fuga u obstrucción a la justicia, entre otros eventos.
Así las cosas, el Tribunal accionado no solo aplicó de manera irretroactiva un
precedente cuando no era procedente hacerlo, sino que hizo dicha aplicación de
forma errada e imprecisa, debido a que en vez de analizar la conducta de mi
poderdante en el marco de la investigación penal iniciada en su contra, estudió
conductas preprocesales del mismo, especialmente aquellas por las que fue
investigado y luego absuelto, conculcando su presunción de inocencia al desconocer
dicha absolución y tratarlo como culpable de su propia detención […]”.
53. La Sala debe indicar que la sentencia de 15 de agosto de 2018 fue dejada sin
efectos jurídicos a través de la sentencia de 15 de noviembre de 2019, proferida
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, sin embargo, la
autoridad judicial accionada no incurrió en un defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que las consideraciones
jurídicas que expuso en su providencia son acordes a las reglas
jurisprudenciales fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de
2018, precedente judicial que si se encuentra vigente, por lo que a diferencia de lo
sostenido por el actor, no era procedente aplicar la sentencia de unificación de 17
de octubre de 2013.
54. En ese orden de ideas, en esta oportunidad, la Sala debe reiterar su
postura50, al establecer que el precedente judicial que se debe aplicar en un caso
50
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 1° de julio de
2022; C.P. Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2022-02974-00.
27
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
concreto, es el que está vigente al momento de que el juez va a proferir la
respectiva sentencia, y no el precedente que existía al momento de presentarse la
respectiva demanda.
55. El Tribunal Administrativo de Bolívar expuso en sus consideraciones jurídicas
lo siguiente:
“[…] Con la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y la consagración de la
noción de daño antijurídico que se plasmó en el artículo 90, se aceptó en forma
gradual la responsabilidad por falla judicial, al advertir la presencia de una cláusula
general de responsabilidad patrimonial frente a todas sus acciones y omisiones
causantes de daño a un particular cuando éste devenía en antijurídico, es decir,
cuando los asociados no están obligados a soportarlo. El incumplimiento de estas
obligaciones estatales, ya sea, por omisión, acción o extralimitación en el ejercicio
de las funciones de los servidores públicos, constituyen las ya conocidas fallas o
faltas del servicio, que generan responsabilidad estatal.
Dentro del marco del artículo 90 de la Constitución Nacional, se crearon diversos
regímenes de imputación, entre los cuales se puede incluir el de privación injusta
de la libertad.
En materia de privación injusta de la libertad, opera una responsabilidad objetiva,
la cual surge de la absolución del procesado o de la preclusión de la
investigación, ante la ausencia de mérito para sostener una acusación, y como
consecuencia de la imposibilidad de desvirtuar la presunción constitucional de
inocencia que ampara al investigado.
En este sentido, la Sección Tercera del H. Consejo de Estado, en sentencia de
unificación de fecha veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), reiteró la
postura de aplicar el régimen objetivo de responsabilidad en todos los eventos en
los cuales el implicado, que ha sido privado de la libertad, finalmente es absuelto o
se precluye la investigación a su favor, cuando en el proceso que haya dado lugar
a su detención o restricción de la libertad, se determine que i) el hecho no existió,
i) el sindicado no lo cometió y/o iii) la conducta es atípica.
Es decir, se ha venido acogiendo (de no ser por la última posición de unificación
que data del 15 de agosto del 2018) el criterio objetivo, con fundamento en que la
responsabilidad del Estado se configura cuando se ha causado un daño
antijurídico por la privación de la libertad de una persona a quien se le precluye la
investigación o es absuelta porque nada tuvo que ver con el delito investigado o
porque se le aplicó el principio de in dubio pro reo o alguna causal de justificación
penal, sin que resulte relevante, generalmente, cualificar la conducta o las
providencias de las autoridades encargadas de administrar justicia.
Esto implica que, en aquellos eventos en los que una persona es privada de la
libertad como consecuencia de una decisión proferida por la autoridad judicial
competente y luego es puesta en libertad en consideración a que se dieron los
supuestos legales que determinan su desvinculación de la investigación penal,
porque la absolución o la preclusión de la investigación obedeció a que el hecho
28
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
no existió, a que el sindicado no lo cometió, o a que no era delito, o a la aplicación
de la figura del in dubio pro reo, o a la configuración de alguna de las causas de
justificación penal, se debe entender que se está frente a un daño imputable al
Estado, por privación injusta de la libertad, el cual debe ser indemnizado con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 90 de la Constitución Política.
También se ha precisado que no puede tenerse como exoneración de
responsabilidad, en casos de privación de la libertad, el argumento según el cual
todo ciudadano debe asumir la carga de la investigación penal y someterse a la
detención preventiva, pues ello contradice los principios básicos consagrados en la
Convención de Derechos Humanos y en la Constitución Política.
Ahora bien, dicho paradigma cambia a partir de la sentencia de unificación del 15
de agosto del 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado, por la
cual se consideró el apartamiento de la anterior tesis jurisprudencial, pues se tuvo
en cuenta que no sólo se venían produciendo condenas cuando el hecho no
existió, o no constituyó delito, o la persona privada de la libertad no lo cometió,
sino también en todos los demás eventos en los que se dispuso la detención
preventiva, pero el proceso penal no culminaba con una condena.
Y es que, se encontró fundamento para el cambio, en el entendido que bajo la
línea anterior, bastaba con la privación de la libertad, y que el proceso penal no
culminara con condena, cualquiera que fuera la razón, para que quien la padeciera
se hiciera merecedor de recibir una indemnización, así la medida de
aseguramiento de la que fue objeto se hubiese ajustado a derecho y a pesar,
incluso, de las previsiones de los artículos 90 de la Constitución Política,7 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y 68 de la Ley 270 de 1996,
esto es, sin importar que el daño producto de la privación fuera o no antijurídico, es
decir, partiendo de que la misma per se es antijurídica y casi que sin reparar si fue
la conducta del investigado la que llevó a su imposición.
En esa línea de pensamiento, el citado fallo prescribe:
“(…)
En consecuencia, procede la Sala a modificar y a unificar su jurisprudencia en
relación con los casos cuya Litis gravita en torno a la responsabilidad patrimonial
del Estado por privación de la libertad, en el sentido de que, en lo sucesivo,
cuando se observe que el juez penal o el órgano investigador levantó la
medida restrictiva de la libertad, sea cual fuere la causa de ello, incluso
cuando se encontró que el hecho no existió, que el sindicado no cometió el
ilícito o que la conducta investigada no constituyó un hecho punible, o que la
desvinculación del encartado respecto del proceso penal se produjo por la
aplicación del principio in dubio pro reo, será necesario hacer el respectivo
análisis a la luz del artículo 90 de la Constitución Política, esto es, identificar
la antijuridicidad del daño.
Adicionalmente, deberá el juez verificar, imprescindiblemente, incluso de
oficio, si quien fue privado de la libertad actuó, visto exclusivamente bajo la
óptica del derecho civil, con culpa grave o dolo, y si con ello dio lugar a la
apertura del proceso penal y a la subsecuente Imposición de la medida de
aseguramiento de detención preventiva.
29
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Si el juez no halla en el proceso ningún elemento que le indique que quien
demanda incurrió en esa clase de culpa o dolo, debe establecer cuál es la
autoridad u organismo del Estado llamado a reparar el daño.
(…)”
En suma, lo anterior permite concluir entonces que se debe tener especial cuidado
con la valoración del daño y sus elementos esenciales, pues en la hora de ahora
será posible, incluso, como en algún estadio anterior de la jurisprudencia nacional,
aceptar que pueden haber privaciones de la libertad ordenadas por las autoridades
judiciales que aun cuando no finiquiten con una condena son legítimas, luego es
posible sostener que el daño que se genera de las misas es jurídico, y no apareja
per se, la obligación de indemnizar […]”.
56. Ahora bien, la Sala considera relevante para resolver el caso concreto, el
análisis y estudio de la sentencia SU-072 de 2018 51
proferida por la Corte
Constitucional, y que además se constituye en precedente judicial obligatorio
para esta Sección.
Sentencia SU-072 de 2018
57.Le correspondió a la Corte Constitucional revisar dos52 tutelas con similitud de
hechos y pretensiones, relacionadas con la revisión de acciones de tutela
presentadas contra providencias que analizaron la responsabilidad del Estado por
la adopción de medidas de aseguramiento respecto de las cuales, con
posterioridad se dispuso la libertad inmediata, en virtud del principio de in dubio
pro reo.
58.El problema jurídico planteado en dicha providencia consistió en determinar si
la autoridad judicial había incurrido en un defecto sustantivo al aplicar un régimen
de responsabilidad objetiva para resolver la demanda de reparación directa, y si se
incurrió en defectos orgánico y fáctico, por un tema de competencia y la no
valoración de una prueba documental aportada en copia simple.
59.En la providencia se realizó una breve reseña sobre los antecedentes de la
responsabilidad del Estado, para concluir que: “[…] En el caso de la privación
51
Corte Constitucional, sentencia SU-072 del 5 de julio de 2018, M.P: José Fernando Reyes Cuartas.
52
T – 6.304.188 y T – 6.390.556
30
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
injusta de la libertad la Corte, ciñéndose exclusivamente al texto normativo y
teniendo en cuenta las dos premisas señaladas, esto es, que el artículo 90 de la
Constitución no define un título de imputación y que, en todo caso, la falla en el
servicio es el título de imputación preferente, concluyó en la sentencia C-037 de
1996 que el significado de la expresión "injusta" necesariamente implica definir si
la providencia a través de la cual se restringió la libertad a una persona mientras
era investigada y/o juzgada fue proporcionada y razonada, previa la verificación
de su conformidad a derecho […]”. Asimismo, indicó que:
“[…] Nótese que en el primer evento basta con desplegar todo el aparato
investigativo para establecer si fenomenológicamente hubo una alteración de
interés jurídico penal. No puede, entonces, el juez o el fiscal imponer una medida
privativa de la libertad mientras constata esta información, dado que esta debe
estar clara desde los albores de la investigación. No en vano las diferentes
normativas procesales han elaborado un esquema del cual hace parte una fase de
indagación encaminada, entre otros propósitos, a establecer justamente si se
presentó un hecho con trascendencia en el derecho punitivo que pueda ascender
a la categoría de conducta punible.
El segundo evento es una tarea que reviste una mayor sencillez en tanto depende
solo de un criterio jurídico esencialmente objetivo; se trata de un cotejo entre la
conducta que se predica punible y las normas que la tipificarían; de esa manera,
muy pronto debe establecer el Fiscal o el juez si la conducta encaja en alguna de
las descripciones típicas contenidas en el catálogo punitivo […]”.
60.La Corte concluyó que:
“[…] La Corte en esta oportunidad ratifica que el artículo 90 de la
Constitución Política no establece un régimen de imputación estatal
específico.
118. El artículo 68 de la Ley 270 de 1996, al igual que la sentencia C-037 de
1996, no definen un régimen de imputación concreto.
119. Tanto la Corte Constitucional como el Consejo de Estado han aceptado
que el juez administrativo, en aplicación del principio iura novit curia, deberá
establecer el régimen de imputación a partir de las particularidades de cada
caso.
120. Definir, una fórmula rigurosa e inflexible para el juzgamiento del Estado
en los casos de privación injusta de la libertad contraviene el entendimiento
del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 y de paso el régimen general de
responsabilidad previsto en el artículo 90 de la Constitución Política.
31
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
121. Determinar, como fórmula rigurosa e inmutable, que cuando sobrevenga
la absolución por no haberse desvirtuado la presunción de inocencia –
aplicación del principio in dubio pro reo-, o incluso en otros eventos, por
ejemplo, cuando no se acreditó el dolo, es decir, operó una atipicidad
subjetiva, el Estado debe ser condenado de manera automática, esto es, a
partir de un título de imputación objetivo, sin que medie un análisis previo
que determine si la decisión a través de la cual se restringió preventivamente
la libertad fue inapropiada, irrazonable, desproporcionada o arbitraria,
transgrede un precedente constitucional con efecto erga omnes,
concretamente la sentencia C-037 de 1996.
Ahora bien, a pesar del criterio aplicado por el juez penal, el juez
administrativo deberá establecer si está frente a un caso de duda acerca del
valor demostrativo de la prueba recaudada o de su absoluta inexistencia y,
en tal caso, elegir, si a ello hubiere lugar, un título de atribución objetiva. Esa
libertad judicial también se extiende a la nominación de las causales de
privación injusta, dado que estas no se agotan en el derogado artículo 414
del Código de Procedimiento Penal, en tanto responden a cierto estado de
cosas, independientemente de estar o no normados […]”. (Resaltado por la
Sala).
61.De lo anterior se colige que el carácter injusto de la privación preventiva de la
libertad a un ciudadano, deviene del análisis de los principios de razonabilidad,
proporcionalidad, necesidad y legalidad de la medida y no de la posterior
absolución, puesto que las medidas preventivas de privación de la libertad se
adoptan por la autoridad judicial conforme a unos criterios jurídicos y elementos de
juicio distintos que se valoran al momento de emitir una sentencia y de condenar a
un procesado por la comisión de una conducta punible.
62. Así las cosas, es posible que un ciudadano sea privado preventivamente de la
libertad y que posteriormente sea absuelto, sin que ello signifique, prima facie, que
estemos en presencia de una privación injusta de la libertad, en tanto que la
función del juez de lo contencioso administrativo está orientada a estudiar si la
privación de la libertad ordenada por el funcionario judicial fue desproporcionada,
irrazonable, innecesaria y, por ende, arbitraria.
63.Así las cosas, de acuerdo con el precedente constitucional en la materia, se
puede concluir que el juez administrativo tiene la potestad de decidir, bajo el
principio de iura novit curia, cuál título de imputación resulta aplicable al caso en
concreto. Sin embargo, en todos los casos el juez contencioso tiene el deber de
hacer un análisis riguroso y exhaustivo con miras a establecer por qué la privación
32
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
de la libertad se tornó en injusta, para lo cual deberá verificar que la medida
privativa de la libertad haya sido desproporcional, irrazonable, innecesaria y,
con base en lo anterior, deducir su arbitrariedad.
64.En ese orden de ideas, para la Sala, el Tribunal Administrativo de Bolívar al
proferir la sentencia de 13 de febrero de 2021, no incurrió en defecto sustantivo,
toda vez que al resolver el caso concreto aplicó las reglas jurisprudenciales fijadas
por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018, en donde analizó si la
medida privativa de la libertad decretada en contra del señor Luis Alberto
Mosquera Gómez había sido desproporcional, irrazonable o arbitraria, lo que le
permitió concluir lo siguiente:
“[…] 2.6. Caso concreto.
El caso concreto no resiste mayor análisis, por los límites que impuso la alzada,
como quiera que no se cuestionan las conclusiones y valoraciones probatorias.
Lisa y llanamente, se ha estructurado el cuestionamiento en un asunto de estricto
derecho pues se reclama porque, al margen de los elementos facticos
comprobados por el juez de primera instancia, por el hecho de haberse absuelto al
actor en el proceso penal, venia sin más, la declaratoria de responsabilidad
extracontractual del Estado.
Es evidente pues que lo que persigue la censura es la aplicación del régimen
objetivo de responsabilidad que otrora tuvo lugar en nuestra jurisprudencia, y con
base en el cual, no importaba la legalidad o ilegalidad de la medida que disponía la
privación de la libertad, o de las conductas de las autoridades judiciales, sino que
efectivamente se hubiese privado de la libertad y posteriormente no se terminara el
proceso penal con una sentencia condenatoria.
Para resolver comiéncese aclarando que (como bien se dejado sentado supra),
dicho paradigma cambia a partir de la sentencia de unificación del 15 de agosto
del 2018, proferida por la Sección Tercera del Consejo de Estado por la cual se
consideró el apartamiento del aludido régimen objetivo, pues se tuvo en cuenta
que no sólo se venían produciendo condenas cuando el hecho no existió, o no
constituyó delito, o la persona privada de la libertad no lo cometió, sino también en
todos los demás eventos en los que se dispuso la detención preventiva, pero el
proceso penal no culminaba con una condena.
Las razones del cambio jurisprudencial se debieron a que se encontró fundamento,
en el entendido que bajo la línea anterior (la prohijada en la alzada), bastaba con
la privación de la libertad, y que el proceso penal no culminara con condena,
cualquiera que fuera la razón, para que quien la padeciera se hiciera merecedor de
recibir una indemnización, así la medida de aseguramiento de la que fue objeto se
hubiese ajustado a derecho y a pesar, incluso, de las previsiones de los artículos
90 de la Constitución Política, 7 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos y 68 de la Ley 270 de 1996, esto es, sin importar que el daño producto
33
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
de la privación fuera y casi que sin reparar si fue la conducta del investigado la que
llevó a su imposición.
Ciertamente, bajo el alero de la nueva reconfiguración dogmática, la participación
o incidencia de la conducta del demandante en la generación del daño alegado
resulta preponderante, y en ese entendimiento, se hace necesario - se itera - que
el juez verifique ab initio (incluso de oficio), si quien fue privado de la libertad
actuó, desde el punto de vista civil, con culpa grave o dolo 53, y si con ello dio lugar
a la apertura del proceso penal y a la imposición de la medida de aseguramiento
de detención preventiva.
Así pues, debe abandonarse el criterio objetivo de responsabilidad del Estado en
escenarios de privación injusta de la libertad e indagar esencialmente por la falta
de cumplimiento de los deberes y exigencias convencionales, constitucionales y
legales que corresponden al Estado para privar provisionalmente de la libertad a
una persona, así como sobre la participación o incidencia de la conducta del
demandante en la generación del daño.
Sin ambages debe concluirse que las razones del fallo se acomodan precisamente
a lo que en la sentencia de unificación aludida se reclama por el Consejo de
Estado y es por ello que para la Sala es menester confirmar la sentencia apelada,
sin entrar a indagar si las pruebas confirman o no la eximente de responsabilidad
declarada en primera instancia, dado que ello no fue objeto de cuestionamiento
alguno […]”.
65. Finalmente, frente al argumento que propuso el actor en su respectivo escrito
de tutela, según el cual como el Tribunal Administrativo de Bolívar guardó silencio
en el curso de la acción de tutela, el juez constitucional debió dar por cierto los
hechos expuestos, de conformidad con el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991,
que establece la presunción de veracidad en materia de tutela; la Sala advierte
que, en efecto, se “[…] tendrán por ciertos los hechos […]”, en este caso, que el
actor presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General
de la Nación, en ejercicio del medio de control de reparación directa con el fin de
que se les declarara administrativamente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados, como consecuencia de la privación injusta de la libertad del que
fuera víctima, sin que ello implique que el juez de tutela no pueda concluir
que la acción de tutela es improcedente o que está en la obligación de
conceder el amparo solicitado54.
54
En los mismos términos se pronunció esta Corporación: Ver Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Cuarta, sentencia 20 de mayo de 2021, número único de radicación 50001-23-33-000-
2021-00090-01, C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüell.
34
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
Conclusiones de la Sala
66. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala i) declarará improcedente la acción de tutela
respecto al defecto sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas,
al defecto fáctico y a la causal de violación directa de la Constitución; y ii) negará
las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: RECONOCER como coadyuvantes a Rafaela Ramos Montero,
Stefany Mosquera Hurtado, Nervis Hernández Ramos, Ana Luisa Reyes
Hernández, Rober Andrés Reyes Hernández y Jose Mosquera Gómez, por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la acción de tutela respecto al defecto
sustantivo por interpretación irrazonable de normas jurídicas, al defecto fáctico y a
la causal de violación directa de la Constitución, por el no cumplimiento del
requisito de la relevancia constitucional, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
TERCERO: NEGAR las pretensiones del amparo frente al defecto sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
CUARTO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
35
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03257-00
Actor: Luis Alberto Mosquera Gómez
QUINTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31 del
Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de
esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Salva el voto
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera
en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.