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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03263-01

Fecha
3 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03263-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

3 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá D. C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03263 01
Demandantes: Mayra Catalina Yepes Fernández y otros
Demandados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Interrogatorio de parte

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que formula la parte demandante contra la sentencia
del 19 de agosto de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección C, declaró improcedente el amparo reclamado.

1. La acción de tutela

Los señores Mayra Catalina Yepes Fernández y Carlos Andrés Moreno Bermúdez, en
nombre propio y en representación de Mariana Moreno Yepes, a través de apoderado
promueven acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia y el Juzgado
Segundo Administrativo de Medellín, por estimar vulnerados sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia.

1.1. Pretensiones

En protección de los derechos reclamados, solicitan:

PRIMERA: TUTELAR; los derechos fundamentales al debido proceso de los accionantes,
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, por defecto
sustantivo en la expedición los autos del 18 de marzo de 2021 proferido por el Juzgado
Segundo Administrativo de Medellín y el auto del 13 de junio de 2022 proferido por la
Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de Antioquia.

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03263 01
Demandante: Mayra Catalina Yepes Fernández y
otros

SEGUNDA: Como consecuencia, de lo anterior DEJAR SIN EFECTOS los autos del 18 de
marzo de 2021 proferido por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el auto
del 13 de junio de 2022 proferido por la Sala Quinta Mixta del Tribunal Administrativo de
Antioquia.

TERCERO: ORDENAR a los accionados que en termino de (48) horas, contados a partir del
fallo de tutela profieran una decisión en la que se tengan en cuenta las pautas legal y
jurisprudencialmente fijadas para el decreto y practica de la declaración de parte la luz
del CGP (sic a toda la transcripción)

1.2. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, la parte accionante señaló los siguientes:

i) El 3 de diciembre de 2019, los señores Mayra Catalina Yepes Fernández y Carlos
Andrés Moreno Bermúdez, a través de apoderado presentaron demanda en ejercicio
del medio de control de reparación directa contra la Nación -Ministerio de Defensa
Nacional -Policía Nacional y la Nación -Fiscalía General de la Nación con el propósito
de que fueran declarados administrativamente responsables por los daños y perjuicios
ocasionados por el allanamiento realizado en su vivienda el día 30 de mayo de 2018.

ii) En la demanda «el suscrito solicitó como prueba el interrogatorio de su propia parte»,
petición despachada desfavorablemente el 18 de marzo de 2021 por el Juzgado
Segundo Administrativo de Medellín al considerar que resultaba innecesaria, puesto
que, con lo narrado en la demanda y las declaraciones de los testigos recepcionadas,
se podía tener un recuento de lo sucedido.

iii) El 13 de junio de 2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó el auto que
negó el interrogatorio pedido.

1.3. Fundamentos jurídicos de los accionantes

Consideraron que las providencias objeto de litis habrían incurrido en el siguiente
defecto:

1.3.1. Defecto sustantivo

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otros

Manifestaron que las autoridades judiciales desconocieron el contenido del artículo
165 del CGP, pues la negativa de decretar la declaración de parte viola el principio de
libertad probatoria incorporado en los procesos civiles modernos bajo la valoración
racional de la prueba, que permite aportar o solicitar cualquier medio que proporcione
en el juicio información pertinente para lograr la convicción del juez.

Estimaron que negar la práctica de dicha prueba desconoce que el Código General
del Proceso al diferenciar el interrogatorio de parte de la confesión, creó un escenario
en el que las partes pueden ofrecer su testimonio y, como consecuencia de ello, ser
interrogadas tanto por la contraparte como por su propio apoderado, sin límite alguno
en cuanto al número de preguntas, de este modo, demandante y demandado pueden
pedir su propio testimonio y ser interrogados.

Por último, esgrimieron que las providencias desconocieron el artículo 8.1 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos.

1.4. Actuación procesal

Por auto del 22 de junio de 2022, se ordenó notificar como demandados a los
magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y al titular del Juzgado Segundo
Administrativo de Medellín, y como terceros interesados, a la Nación -Ministerio de
Defensa Nacional -Policía Nacional y a la Nación -Fiscalía General de la Nación al
actuar como demandados dentro del medio de control de reparación directa que se
tramita con el radicado 05001-33-33- 002-2019-00540 [01], para que, dentro del
término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.5. Intervenciones

1.5.1. El jefe del área jurídica del Ministerio de Defensa Nacional -Policía Nacional
(e),1 Fulbio Andrés Sosa Carrasquiel, señaló que la decisión de las autoridades
judiciales vertida en el auto motivo de controversia, se sustenta en el uso adecuado de
las herramientas dispuestas por el legislador para la búsqueda de la verdad material
discutida en el medio de control de reparación directa, por lo que concluyeron la

1 Expediente digital de tutela.

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otros

improcedencia del interrogatorio de parte, puesto que el material probatorio recaudado
resultaba suficiente para definir claramente el litigio.

En tal virtud, solicitó negar el amparo solicitado por los accionantes.

1.5.2. La profesional de gestión III (e) de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la
Fiscalía General de la Nación,2 Constanza Elena Aparicio Escamilla, sostuvo que
como la parte actora no logró identificar la afectación de derechos fundamentales, el
juez de tutela debe declarar la improcedencia de la presente acción, por cuanto no
sustentó la configuración del presunto defecto en el que habría incurrido la autoridad
judicial accionada, a pesar de que tenía la carga de argumentarlo

1.5.3. Los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia y el titular del
Juzgado Segundo Administrativo de Medellín3 se limitaron a remitir copia íntegra
del expediente digital original del medio de control de reparación directa y guardaron
silencio respecto de los hechos que dieron origen a la acción de amparo.

1.6. Sentencia impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, en sentencia del 19 de agosto
de 2022 declaró improcedente el amparo de los derechos fundamentales reclamados.

Al efecto señaló que no le corresponde al juez de amparo revisar ni evaluar la
interpretación y el alcance dado por el juez natural del asunto a los preceptos aplicados
al resolver la controversia, ni su trámite constituye una instancia adicional al proceso
ordinario, y tampoco establece un escenario para refutar la valoración probatoria
realizada por el juez de conocimiento o para que la parte desfavorecida por una
decisión proponga una mejor solución al caso. De otro lado, no advirtió que las
decisiones cuestionadas fueran caprichosas o arbitrarias o que los argumentos
expuestos por los solicitantes estuvieran encaminados a volver sobre la controversia
decidida por los jueces naturales.

2 Expediente digital de tutela.
3 Expediente digital de tutela.

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Además, concluyó que como el proceso ordinario está en curso y el amparo no es un
mecanismo para interferir en las decisiones de los jueces competentes, los actores
para corregir los eventuales errores contenidos en las providencias bien podían pedir
la aplicación del artículo 286 del CGP.

1.7. Impugnación

Luego de fundamentar jurisprudencialmente4 la procedencia de la acción de tutela
contra providencias y autos interlocutorios, sustentaron que no procedía declarar su
improcedencia pues agotaron todos los medios de defensa que tenían a su alcance,
esto es, los recursos de reposición y apelación.

Reiteraron que en el presente caso se configura el defecto sustantivo teniendo en
cuenta que al negar el decreto de la declaración de parte, se viola el principio de
libertad probatoria en los términos ya consignados

Consideraron que es necesario aceptar que las versiones de parte se pueden
presentar de diferentes modos y para fines diversos conforme al artículo 165 del CGP,
que consagra la declaración de parte como medio de prueba.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, interpuesta contra
el fallo de tutela proferido por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86 constitucional y en el inciso segundo del
artículo 25 del Acuerdo 80 de 2019,5 según el cual «las tutelas que sean de
competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se
someterán a reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso

4 Corte Constitucional, Auto 230 de 2001, T-343 de 2012.
5 Por medio del cual se expide el reglamento interno del Consejo de Estado

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Administrativo y serán resueltas por la sección o subsección de la cual haga parte el
magistrado a quien le haya correspondido el reparto».

2.2. Problema jurídico

Se contrae a determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia quebrantó los
derechos fundamentales invocados por los accionantes al proferir el auto del 13 de
junio de 2022 dentro del medio de control de reparación directa con radicado 05001
33 33 002 2019 00540 00 [01], por medio del cual resolvió confirmar la providencia
proferida el 18 de marzo de 20216 por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín,
que negó la práctica de la prueba de interrogatorio de parte solicitada por los
demandantes.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra autos
interlocutorios

De acuerdo con la jurisprudencia constitucional7 el concepto de providencia judicial
comprende tanto las sentencias como los autos que son proferidos por las autoridades
judiciales.

En materia de decisiones adoptadas en autos interlocutorios, la Corte Constitucional
ha señalado que éstos, por regla general, deben ser discutidos por medio de los
recursos ordinarios que el legislador ha dispuesto para el efecto, a excepción de
que en el caso objeto de estudio: (i) se evidencie una vulneración o amenaza de los
derechos fundamentales de las partes, que no puede ser reprochada mediante otros
medios de defensa judicial. En este evento, la acción constitucional no será procedente
cuando han vencido los términos para interponer los recursos ordinarios y la parte
afectada no hizo uso de ellos, o cuando fueron utilizados, pero en forma indebida; (ii)
a pesar de que existen otros medios, éstos no resultan idóneos para proteger los

6 Audiencia inicial del 18 de marzo de 2021.
7
Ver sentencias T 125 de 2010 y SU-817 de 2010, entre otras.

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derechos afectados o amenazados; o (iii) cuando la protección constitucional es
urgente para evitar un perjuicio irremediable.8

En todo caso, para que proceda, deberán reunirse los «requisitos generales de
procedencia» de la acción de tutela y al menos uno de los «requisitos especiales de
procedibilidad» del amparo de tutela fijados por la Corte Constitucional.

2.3.2. La procedencia de la acción de tutela de la referencia

Contrario a lo sostenido por el juez a quo de tutela, conforme a la Sentencia SU-157
de 2022, es indispensable verificar que la acción de tutela no sea utilizada como una
instancia adicional para remplazar las vías judiciales ordinarias, parámetro conforme
al cual el caso objeto de estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez
que el debate gira en torno a la presunta vulneración de los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

La Sala considera que el presente asunto cumple con el requisito de subsidiariedad,
debido a que se dirige contra el auto proferido por el Tribunal Administrativo de
Antioquia, que resolvió la apelación propuesta contra la decisión adoptada en
providencia del 18 de marzo de 2021 por el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín, de modo que la parte accionante agotó todos los medios ordinarios de
defensa, es decir, acudió al juez constitucional de forma subsidiaria.

De otra parte, se encuentra satisfecho el requisito de inmediatez, en cuanto la
providencia acusada fue dictada el 13 de junio de 2022, mientras que la acción de
tutela de la referencia fue radicada el 15 de junio de 2022, es decir, dentro de los 6
meses siguientes, término que ha sido acogido por esta corporación como prudencial
para acudir al medio de amparo constitucional.

La solicitud de tutela identifica razonablemente los hechos y los argumentos con
fundamento en los cuales se cuestiona la vulneración de derechos fundamentales en
la providencia enjuiciada.

8
Ver al respecto la sentencia T-489 de 2006, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

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El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, toda vez que la decisión objeto de
litis se profirió dentro del trámite del medio de control de reparación directa.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer
lo siguiente:

2.4.1. El 3 de diciembre de 2019, los señores Mayra Catalina Yepes Fernández y
Carlos Andrés Moreno Bermúdez, a través de apoderado presentaron demanda en
ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación - Ministerio de
Defensa Nacional, Policía Nacional y la Nación -Fiscalía General de la Nación, con el
propósito de que fueran declarados administrativamente responsables de los daños y
perjuicios con ocasión del registro y allanamiento realizado el día 30 de mayo de 2018
en su vivienda.9

2.4.2. El 18 de marzo de 2021, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín, en la
instalación de audiencia inicial -acápite de decreto de pruebas-, resolvió:10

9.1. PRUEBAS DE LA PARTE DEMANDANTE:
[…]

9.4. Interrogatorio de Parte.

A folio 14 de la demanda, la parte actora solicita como prueba, interrogatorio o
declaración de su misma parte.

Frente al particular, el Consejo de Estado, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, en
decisión del 6 de febrero de 2013, rad. 73001 23 31 000 2008 00288 01, 41922, ha
considerado lo siguiente:

La declaración o interrogatorio de parte constituye el medio de prueba a través del
cual las partes, dentro de las oportunidades procesales para solicitar pruebas en el
trámite de la primera instancia, esto es, cuando se presenta la demanda -si se trata
de la parte demandante o en la contestación de la misma -si se trata de la parte
demandada-, tienen la posibilidad de citar a su contraparte, a efectos de que deponga
sobre los hechos que le Interesan al proceso y, con ello, "... si se dan los requisitos
que la ley prescribe, de su versión se estructure una confesión”.

9 Folios 1 a 16 expediente digital original de reparación directa.
10 Expediente digital original de reparación directa.

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otros

Por manera que, dados los requisitos y la naturaleza del medio de prueba, resulta
claramente improcedente que la misma parte pida su propia declaración, en tanto que
ésta última debe ser provocada por su contraparte.

Lo dicho en precedencia resulta acompañado por la doctrina en tanto se ha considerado
que, tan no es cierto que el CGP haya autorizado a la parte a pedir su propia declaración
en el curso de un proceso, que al regular el decreto de la misma prueba en el escenario
extraprocesal, expresamente se previó que puede solicitarla una parte, pero solamente
respecto de su «presunta contraparte». En este sentido, el doctrinante Ramiro Bejarano
Guzmán, en cuanto a la declaración de parte ha dicho: (sic a toda la transcripción)

«Ni por asomo puede decirse que el hecho de haber suprimido la frase “cualquiera de
las partes podrá pedir la citación de la contraria” significa que cada quien puede pedir
su propia declaración. Ni en la exposición de motivos del CGP, ni en las actas que
reposan en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal de la Comisión que elaboró
ese estatuto, se advierte que la tesis de la declaración de la propia parte hubiese sido
siquiera discutida. Si no lo fue, menos pudo haber quedado incluida para la vía del
silencio o de la supresión de una frase. (...) A lo anterior ha de agregarse un detalle
que seguramente no han advertido los defensores de la tesis de la declaración a
instancias de la propia parte, que es contundente. En efecto, si fuese cierto que la
supresión de la expresión “cualquiera de las partes podrá pedir la citación de la
contraria” significa que la parte puede pedir su propia declaración, no se entiende,
entonces, la razón por la cual el artículo 184 del CGP, al regular lo relativo al
interrogatorio de parte extraprocesal, previó que “quien pretenda demandar o tema
que se le demanda podrá pedir por una sola vez, que su presunta contraparte
conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser materia del
proceso”.»11

Así entonces, atendiendo a la doctrina y jurisprudencia que hemos citado anteriormente,
y por considerar también innecesaria la prueba, toda vez que en los hechos de la
demanda se narra lo pertinente, y con las declaraciones de los testigos decretadas en
precedencia, se podrá tener un recuento de lo sucedido, y siendo también recurrente el
criterio del despacho por considerarla impertinente esta prueba, se niega la prueba de
interrogatorio de parte a los demandantes MAYRA CATALINA LÓPEZ FERNÁNDEZ Y CARLOS
ANDRÉS MORENO, como medio de prueba solicitado por la misma parte actora.
(exposición completa en audios) (sic a todo el texto)

2.4.3. La parte actora presentó recurso de apelación, el cual fue sustentado en el
sentido de indicar que si bien el a quo negó por improcedente la prueba de la
referencia, a su juicio ésta es pertinente, conducente y útil porque sus poderdantes,
Mayra Catalina López y Carlos Andrés Moreno, estuvieron presentes al momento de
la diligencia de allanamiento, y, por tanto, conocen de los presuntos perjuicios
causados.12

11 Bejarano Guzmán, Ramiro (11 de octubre de 2017). La parte no puede pedir su propia declaración. Ámbito

Jurídico. Recuperado de https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/civil-y-familia/la-parte-no-
puede-pedirsu-propia-declaración.
12 Expediente digital original de reparación directa.

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2.4.4. El 13 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la
providencia proferida por el juez a quo que negó el interrogatorio de parte.13

2.5. Caso concreto. Análisis de la Sala

Los accionantes sostienen que las autoridades judiciales con los autos objeto de litis,
cercenaron sus derechos fundamentales al desatender sin justificación alguna la
solicitud de la práctica del interrogatorio de parte y actuar en contravía de lo previsto
en el artículo 165 del CGP,14 norma procesal aplicable al sub lite y pertinente para
garantizar el debate probatorio.

Valga precisar que en el caso bajo estudio, el Juzgado Segundo Administrativo de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia cimentaron sus decisiones en la
jurisprudencia,15 en la normativa aplicable y en la doctrina,16 al argumentar que dados
los requisitos y la naturaleza del interrogatorio de parte, resulta improcedente que la
misma parte pida su propia declaración, en tanto que ésta última debe ser provocada
por su contraparte.

13 Expediente digital original de reparación directa.
14 ARTÍCULO 165. MEDIOS DE PRUEBA. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el

testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes y
cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del juez. El juez practicará las
pruebas no previstas en este código de acuerdo con las disposiciones que regulen medios semejantes o según su
prudente juicio, preservando los principios y garantías constitucionales.
15 Consejo de Estado, i) Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 22 de febrero de 2021, expediente

radicado núm.11001 03 15 000 2020 00740 00 «De acuerdo con la jurisprudencia señalada supra, para verificar: i)
en la pertinencia de una prueba se debe revisar que la misma guarde relación con los hechos que se pretenden
demostrar; ii) en la conducencia de una prueba se debe revisar que el medio probatorio propuesto sea adecuado
para demostrar el hecho; para lo cual: a) el medio probatorio respectivo debe estar autorizado y no prohibido
expresa o tácitamente por la ley; y b) el medio probatorio no debe estar prohibido en particular para el hecho que
con él se pretende probar; iii) en la utilidad de una prueba se debe revisar que no sea manifiestamente superflua,
es decir, que no tenga razón de ser, porque ya están probados los hechos o porque el hecho está exento de prueba;
y iv) en la licitud de la prueba se debe revisar que no haya sido obtenida con violación de derechos
fundamentales», ii) Sección Tercera, del 6 de febrero de 2013, expediente radicado núm. 73001 23 31 000 2008
00288 01.
16
Bejarano Guzmán, Ramiro (11 de octubre de 2017). La parte no puede pedir su propia declaración. Ámbito
Jurídico. Recuperado de https://www.ambitojuridico.com/noticias/columnista-impreso/civil-y-familia/la-parte-no-
puede-pedirsu-propia-declaración.

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Al efecto, con fundamento en el artículo 198 del CGP17 -en concordancia con el artículo
184 ibidem-18 se destacó que «si bien el citado artículo [198 del CGP] no señaló la
delimitación del sujeto pasivo contra quien se pueda solicitar el interrogatorio, no por
ello, puede entenderse que el interrogatorio de la misma parte está permitido, además,
porque acceder a su decreto contraría los principios de pertinencia, conducencia y
utilidad de la prueba, comoquiera que el fin del interrogatorio es obtener la confesión,
por lo que pierde objetividad y sentido su práctica».

En esta misma dirección argumentativa, en torno a la conducencia, pertinencia y
utilidad de la prueba solicitada por los accionantes, las autoridades judiciales adujeron
que en los hechos de la demanda se narraba de manera suficiente lo pertinente a las
pretensiones, circunstancia que aunada a las declaraciones de los testigos practicadas
en la audiencia inicial marcaban el recuento real de lo sucedido y permitían definir el
litigio.

De otra parte, el Tribunal resaltó que conforme al artículo 168 del CGP: «[e]l juez
rechazará, mediante providencia motivada, las pruebas ilícitas, las notoriamente
impertinentes, las inconducentes y las manifiestamente superfluas o inútiles ».

A partir de lo anterior, advierte la Sala que el criterio prohijado por la autoridad en la
providencia objeto de litis da cuenta que la decisión no fue producto de una actuación

17 ARTÍCULO 198. INTERROGATORIO DE LAS PARTES. El juez podrá, de oficio o a solicitud de parte, ordenar la citación

de las partes a fin de interrogarlas sobre los hechos relacionados con el proceso. Las personas naturales capaces
deberán absolver personalmente el interrogatorio. Cuando una persona jurídica tenga varios representantes o
mandatarios generales cualquiera de ellos deberá concurrir a absolver el interrogatorio, sin que pueda invocar
limitaciones de tiempo, cuantía o materia o manifestar que no le constan los hechos, que no esté facultado para
obrar separadamente o que no está dentro de sus competencias, funciones o atribuciones. Para estos efectos es
responsabilidad del representante informarse suficientemente. Cuando se trate de incidentes y de diligencias de
entrega o secuestro de bienes podrá decretarse de oficio o a solicitud del interesado el interrogatorio de las partes
y de los opositores que se encuentren presentes, en relación con los hechos objeto del incidente o de la diligencia,
aun cuando hayan absuelto otro en el proceso. Si se trata de terceros que no estuvieron presentes en la diligencia
y se opusieron por intermedio de apoderado, el auto que lo decrete quedará notificado en estrados, no admitirá
recurso, y en él se ordenará que las personas que deben absolverlo comparezcan al juzgado en el día y la hora
señalados; la diligencia solo se suspenderá una vez que se hayan practicado las demás pruebas que fueren
procedentes. Practicado el interrogatorio o frustrado este por la no comparecencia del citado se reanudará la
diligencia; en el segundo caso se tendrá por cierto que el opositor no es poseedor.
El juez, de oficio, podrá decretar careos entre las partes.
18 ARTÍCULO 184. INTERROGATORIO DE PARTE. Quien pretenda demandar o tema que se le demande podrá pedir, por

una sola vez, que su presunta contraparte conteste el interrogatorio que le formule sobre hechos que han de ser
materia del proceso. En la solicitud indicará concretamente lo que pretenda probar y podrá anexar el cuestionario,
sin perjuicio de que lo sustituya total o parcialmente en la audiencia.

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caprichosa u obstinada, sino del acatamiento del precedente jurisprudencial vertical
aludido y de las normas aplicables al caso concreto.

Finalmente, una vez analizadas las actuaciones del Tribunal demandado, no se
encuentra vulneración alguna a los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, toda vez que no se desconocieron las garantías propias del medio de control
de reparación directa y no se advierte una irregularidad flagrante en su trámite.

Encontrándose debidamente justificada la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo del Antioquia, no existe mérito alguno para que la Sala les ordene
revocar sus decisiones, pues es el mismo juez natural, en ejercicio de su
independencia judicial, quien puede determinar la conducencia, utilidad y pertinencia
de las pruebas.

3. Conclusión

De los argumentos expuestos, la Sala concluye que el auto del 13 de junio de 2022
proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, no vulneró los derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, al no acceder a la práctica del interrogatorio de parte solicitado en el medio de
control de reparación directa interpuesto por los accionantes contra la Nación -
Ministerio de Defensa Nacional y la Nación-Fiscalía General de la Nación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

Falla

Primero: Revocar la providencia proferida el 19 de agosto de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, por medio de la cual declaró improcedente la
acción de tutela promovida por los señores Mayra Catalina Yepes Fernández y Carlos
Andrés Moreno Bermúdez, en nombre propio y en representación de Mariana Moreno

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13

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03263 01
Demandante: Mayra Catalina Yepes Fernández y
otros

Yepes García, para en su lugar denegar el amparo conforme a lo expuesto en la parte
considerativa que antecede.

Segundo: Ejecutoriada esta sentencia, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente

CRG

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186
del CPACA.

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