RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03274-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03274-01

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Julio Roberto Piza Rodriguez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03274-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03274-01

Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez

8 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: JUDITH RIAÑO CUBIDES
Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B Y
OTRO

Temas: Contra providencia judicial. Nulidad y restablecimiento del derecho.
Reconocimiento de cesantías a docente con el régimen de
retroactividad.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la señora Judith Riaño Cubides contra la
sentencia del 13 de julio de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección B, que declaró improcedente la acción de tutela.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. El 15 de junio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, por medio de apoderado
judicial, la señora Judith Riaño Cubides pidió la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y seguridad social, que estimó vulnerados
por las sentencias del 11 de octubre de 2019 y el 17 de marzo de 2022, dictadas, en su
orden, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
F, y por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B. En concreto, formuló
las siguientes pretensiones:

PRIMERA: Comprobados como están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción,
respetuosamente solicito que SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el CONSEJO DE
ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B de fecha 17 de marzo de 2022, mediante la
cual se confirmó la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
– SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN F el 11 de octubre de 2019.

SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ORDENE al
HONORABLE CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B proferir
sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO –
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a pagar el valor de la cesantía definitiva con retroactividad a la
señora JUDITH RIAÑO CUBIDES, identificada con la cédula de ciudadanía No. 51.719.530
expedida en Bogotá, tomando como salario base de liquidación la asignación básica
correspondiente al año de retiro del servicio.

TERCERA: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar ORDENE al HONORABLE
CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B para que allegue en su
integralidad el expediente de radicado No. 5000-23-42-000-2018-02314-00/01, como quiera que
el expediente ya ha sido devuelto del tribunal al despacho de origen.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. La señora Judith Riaño Cubides laboró como docente oficial en la Secretaría de
Educación de Bogotá. Entre el 23 de febrero de 1989 y el 1° de diciembre de 1992 fue
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

vinculada temporalmente por cuatro periodos y posteriormente fue nombrada en
propiedad desde el 8 de febrero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2018.

2.2. La señora Riaño Cubides solicitó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio (FOMAG), el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas
correspondientes a los servicios prestados como docente oficial. La entidad mediante
Resolución 7216 del 3 de agosto de 2018, reconoció y ordenó el pago de las cesantías
definitivas de manera anualizada y sin retroactividad.

2.3. La demandante presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Fomag, para obtener el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas con
retroactividad, teniendo en cuenta que se vinculó como docente a partir de 1989, por lo
que le era aplicable el numeral 3 del artículo 15 de la Ley 91 de 1989.

2.4. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección F, que, por sentencia del 11 de octubre de 2019, denegó las
pretensiones. En concreto, señaló que no era posible tener en cuenta la vinculación de
la actora a partir del 23 de febrero de 1989 para efectos de aplicar el régimen de
cesantías retroactivas, como quiera que dicha vinculación no se dio sin solución de
continuidad, esto es, fue interrumpida. Al respecto, explicó que entre el 30 de noviembre
de 1992 y el 8 febrero de 1993 la señora Riaño Cubides no estuvo vinculada y que ello
no respondió a las vacaciones escolares, pues estas terminaron el 15 de enero de 1993.

2.5. Inconforme con la decisión, la demandante interpuso recurso de apelación y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, por sentencia del 17 de marzo de
2022, confirmó la decisión, en general por las mismas razones de la primera instancia.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. La señora Judith Riaño Cubides, de manera preliminar, manifestó que la tutela
cumple los requisitos generales de procedibilidad contra providencias judiciales. En
cuanto al fondo del asunto, manifestó que las providencias cuestionadas incurrieron:

3.1.1. En defecto sustantivo, pues, a su juicio, la autoridad judicial interpretó de manera
restrictiva las normas que regulan el reconocimiento de las cesantías retroactivas, ya que
para el caso de la demandante debía tenerse en cuenta la vinculación temporal de tiempo
completo, pues para la época en la que los estudiantes se encuentran en vacaciones no
se debe entender como una interrupción del vínculo laboral.

3.1.2. En desconocimiento del precedente respecto al reconocimiento y pago de las
cesantías definitivas con retroactividad, para lo cual citó las sentencias (i) del 23 de
agosto de 2018 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,
Subsección D, expediente 11001-33-42-047-2016-00612-01; (ii) del 19 de octubre de
2017, del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección A,
expediente 11001-33-35-007-2015-00508-01; (iii) del 30 de octubre de 2019, del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección C, expediente 11001-
33-35-016-2016-00467-01; (iv) del 9 de septiembre de 2021 de la Sala Plena de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, expediente 05001-23-33-000-2013-01143-01;
(v) del 2 de febrero de 2006 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
expediente 0800-1233-1000-1996-11550; y (vi) del 4 de mayo de 2017, del Consejo de
Estado, Sección Segunda, Subsección B expediente 08001-23-31-000-2007-00062-01.

4. Intervenciones

4.1. El Ministerio de Educación Nacional solicitó la desvinculación de la acción de tutela
al no ser el responsable de la conducta cuya acción u omisión generó la presunta
vulneración alegada. Explicó que la entidad no tiene injerencia sobre las decisiones
judiciales que se tomaron en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que la demandante adelantó en su contra.
2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

4.2. La Fiduprevisora S. A., en representación del Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio, solicitó que se declarara la improcedencia de la solicitud de
amparo. Sostuvo que no se vulneraron los derechos fundamentales de la actora y que,
además, la demanda no cumple con las causales genéricas y específicas de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Adicionalmente, pidió
que se le desvinculara del proceso, toda vez que considera que carece de legitimación
en la causa por pasiva.

4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección F, no intervinieron,
pese a que fueron notificados de la admisión de la demanda de tutela.

5. Sentencia impugnada

5.1. El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, por sentencia del 13 de julio
de 2022, declaró improcedente la acción de tutela, por falta del requisito de relevancia
constitucional, en la medida en que la acción de tutela reitera los mismos argumentos
que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario.

5.2. Que, en todo caso, “(…) a la actora no le asiste razón en que sus cesantías definitivas
deben liquidarse con base en el régimen retroactivo, toda vez que su vinculación al
servicio docente se dio sin solución de continuidad únicamente desde 1993, después de
la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989. Cabe aclarar que no es relevante que haya
sido vinculada en propiedad a través de la Resolución No. 202 del 1° de febrero de 1993
y que su posesión haya tenido lugar hasta el 8 de febrero de 1993 debido a una
sobrecarga administrativa pues, de todas formas, con base en lo dicho en los anteriores
acápites, no es posible tener en cuenta los periodos comprendidos entre 1989 y 1992
para efectos de reconocer y pagar las cesantías definitivas con retroactividad”.
Adicionalmente, explicó que no se presentó desconocimiento del precedente pues, “fue
con base en esa jurisprudencia que la subsección accionada decidió negar la
reliquidación del auxilio de cesantías a favor de la accionante”.

5.3. Finalmente, se debe advertir que uno de los magistrados que conformaron la Sala
salvó el voto, pues, a su juicio, cuando una tutela se declara improcedente por falta del
requisito de relevancia constitucional “(…) no hay razones para examinar el fondo de la
controversia ni mucho menos para explicar el por qué se debe negar la solicitud de
amparo, como se hizo en este caso (…)”.

6. Impugnación

6.1. La señora Judith Riaño Cubides impugnó la sentencia del 13 de julio de 2022. Solicitó
que se revocara y que, en su lugar, se concediera el amparo solicitado. Para el efecto,
insistió en los argumentos propuestos en el escrito de tutela y, específicamente, señaló
que para el caso de la demandante no existió solución de continuidad entre las
vinculaciones temporales y el nombramiento en propiedad ya que estas se dan con
ocasión al año lectivo escolar.

6.2. Adicionalmente, solicitó que se tuviera en cuenta (i) la sentencia de unificación
CESUJ2 No. 5 de 2016, expediente 23001233300020130026001 (0088-15), en la que
aduce “se determinó que respecto de la labor docente se ha concluido que no se trata de
una labor autónoma, puesto que cierto es que, deben cumplir instrucciones, directrices y
orientaciones de sus superiores en el centro educativo de las secretarias de educación y
del ministerio; se someten permanentemente a la inspección y vigilancia de las
autoridades educativas y; desarrollan su actividad según horario académico de los
establecimientos, de manera que en aplicación del principio de realidad sobre las formas
merecen especial protección del Estado”, y (ii) la sentencia dictada por el Consejo de
Estado Sección Segunda, Subsección B, expediente 17001-23-33-000-2014-00282-01
(2093-16), en el cual se analiza “la solución de continuidad en detalle, ahondando en el
caso particular, de manera tal que, aunque la interrupción temporal entre los contratos es
3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

de finales de noviembre a febrero, al ser la demandante docente, se toma ese periodo
como la vacancia escolar, lo que permitía que según el principio de realidad sobre las
formas, esos intervalos de tiempo no generaran solución de continuidad por tratarse de
una situación fáctica especial”.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20121, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 2, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad pública.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia
C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los medios
ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una sentencia de
tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela: (i)
defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto
orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del
precedente, y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han venido
aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se convierta
en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas que son
propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por negligencia o
decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un requisito
adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional»3.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico

2.1. En los términos de la impugnación, lo primero que debe decidirse es si el a quo acertó
al desestimar la procedencia de la tutela interpuesta por Judith Riaño Cubides, por no
cumplir el requisito de relevancia constitucional.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional4 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
1 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
2 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.
3 SU-573 de 2017.
4 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio
de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2.2.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 5, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para
plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos
o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de
tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las
razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe
referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación
con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa
de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar, mejorar
o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea
la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el
interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los
argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por
los jueces competentes.

2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Judith Riaño Cubides propone la
misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de
Prestaciones Sociales del Magisterio.

2.3.1. Si bien la demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos
fundamentales e incurrió en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente, lo
cierto es que, en últimas, lo que pretende es que se reabra el debate, respecto de si
procedía la reliquidación y pago de las cesantías aplicando el régimen de retroactividad,

5 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03

15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
6 Ibidem.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

al haberse vinculado como docente antes de la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989.
Veamos.

2.4. En el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia del
proceso ordinario la demandante adujo:
Motivos de inconformidad:

Liquidación de la cesantía con retroactividad: Ley 91 del 28 de 1989

Por la cual se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-FNPSM- precise el marco
normativo que gobierna las prestaciones sociales de los docentes oficiales nacionales y nacionalizados,
mantuvo el sistema de liquidación de cesantías que se venía aplicando a los docentes nacionales.

A la vez esta norma, reafirmo que a los docentes nacionalizados nombrados antes del 31 de diciembre
de 1989 se les pagara un auxilio de cesantía equivalente a un mes de salario por cada año de servicio
o proporcional por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado
en los tres últimos meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año (Sistema de
cesantías retroactivas).

De igual manera, esta Ley estableció una nueva fórmula de liquidación de cesantías para los docentes
que se vinculen a partir del 1° de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con
anterioridad a dicha fecha, pero solo con respecto a las cesantías generadas a partir de la misma, al
determinar que el FNPSM reconocerá y pagará a estos docentes un interés anual sobre saldos de las
cesantías existentes a 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad,
equivalente a la suma que resulte de aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con la certificación de
la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero
durante el mismo periodo. (Sistema de cesantías anuales acumuladas con pago de intereses).

Fundamento jurisprudencial:

En sentencia del 10 de febrero de 2011 la Sala de lo Contencioso Administrativa Sección Segunda
Subsección "B" del Consejo de Estado, radicado No. 52001-23-31-000-2006-01365-01(0088 -
2010), Consejo ponente: Víctor Hernando Alvarado Ardila, índico: (…)

Para el reconocimiento de las cesantías con retroactividad se debe tener en cuenta la vinculación
temporal tiempo completo: en reciente jurisprudencia emitida el día 23 de agosto de 2018, por la
Subsección "D" de la SECCION SEGUNDA del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CUNDINAMARCA, con ponencia del Honorable magistrado Cerveleón Padilla Linares dentro del
proceso N° 110013342047201600612-01 demandante Rosa María Martínez Morales, al entrar a
analizar el problema Jurídico del reconocimiento y pago de las Cesantías con RETROACTIVIDAD
de los Docentes oficiales vinculados con "tiempos temporales, tiempo completo" por periodos atados
al calendario escolar anteriores a la entrada en vigencia de la ley 91 de 1989, precisó:

(…)

Así mismo en la referida sentencia, al referirse a los tiempos de vinculación, así fueran en calidad
de "docente temporal de tiempo completo" al prestarse en la época del año lectivo en que los
estudiantes se encuentran en las instituciones educativas, no se debe entender que hay una
interrupción de vínculo laboral tal y como se observa en sentencias del Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección "A" del 02 de febrero de 2006, radicado 080012331000199611550(4250-
2005) demandante: Irina del Rosario Ruiz Baena, con Ponencia del Magistrado Alberto Arango
Mantilla y en reciente sentencia del 04 de mayo de 2017 con ponencia de la Magistrada Dr. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, Radicación N 2007 - 00062-01 (1736-15).

También bajo similares argumentos, en providencia emitida por el Honorable Tribunal administrativo
de Cundinamarca sección Segunda, Subsección "A" de fecha 19 de octubre de 2017, con ponencia
del Magistrado Néstor Javier Calvo Chaves, dentro del proceso radicado con el N°
110013335007201500508-01, mediante el cual, revoco la sentencia de primera instancia y accedió
a las pretensiones de la demanda y ordeno liquidar y pagar las cesantías del demandante con
retroactividad.

2.4.1. Por su parte, en la demanda de tutela, la señora Judith Riaño Cubides sostuvo lo
siguiente:

(…)
La decisión adoptada por el Honorable Tribunal es Errónea puesto que para el reconocimiento de
las cesantías con retroactividad se debe tener en cuenta la vinculación temporal tiempo completo,
ya que se debe tener en cuenta los tiempos otorgados por el calendario escolar tan es así que en
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

sentencia emitida el día 23 de agosto de 2018, por la Subsección “D” de la Sección Segunda del
Tribunal Administrativo De Cundinamarca, con ponencia del Honorable magistrado Cerveleón
Padilla Linares dentro del proceso No. 1100133420472016000612-01 demandante Rosa María
Martínez Morales, al entrar a analizar el problema jurídico del reconocimiento y pago de las
cesantías con retroactividad de los docentes oficiales vinculados con “tiempos temporales, tiempo
completo” por periodos atados al calendario escolar anteriores a la entrada en vigencia de la Ley 91
de 1989, precisó:
(…)
Así mismo en la referida sentencia, al referirse a los tiempos de vinculación, así fueran en calidad
de “docente temporal de tiempo completo” al presentarse en la época del año lectivo en que los
estudiantes se encuentran en las instituciones educativas, no se debe entender que hay una
interrupción de vínculo laboral tal y como se observa en sentencias del Consejo de Estado – Sección
Segunda Subsección “A” del 02 de febrero de 2006, radicado 0800123310001996611550 (4250-
2005) demandante: Irina del Rosario Ruíz Baena, con Ponencia del Magistrado Alberto Arango
Mantilla y en reciente sentencia del 04 de mayo de 2017 con ponencia de la Magistrada Dr. Sandra
Lisset Ibarra Vélez, Radicación No. 2009-00062-01 (1736-15)”
(…)
La sentencia de unificación SUJ-025-S2-2021 de fecha 09 de septiembre de 2021, emitida por el
Honorable Consejo De Estado, Sala De Lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda,
demandante Gloria Luz Manco Quiroz, Radicado: 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317-2016), a
través de la cual se vislumbran los criterios para identificar la existencia de una relación encubierta,
con fundamento en una subordinación continuada, conforme al derecho sustancial que prevalece
en las relaciones laborales en beneficio del trabajador.

2.5. Como se ve, la demandante formuló inconformidades que coinciden con las que
expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera instancia
que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
que promovió contra el Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Evidentemente la tutela busca revivir la discusión jurídica
respecto de si las cesantías definitivas de la demandante debían liquidarse con el régimen
retroactivo o no, asunto que ya fue resuelto por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, en sentencia del 17 de marzo de 2022, que, en lo que interesa, consideró:

2.3.2. Regímenes de cesantías de los empleados públicos
(…)
El régimen anualizado de liquidación de cesantías se extendió a los empleados del nivel territorial
por disposición del Decreto 1582 de 1998 “por el cual se reglamenta parcialmente los artículos 13
de la Ley 344 de 1996 y 5 de la Ley 432 de 1998, en relación con los servidores públicos del nivel
territorial y se adoptan otras disposiciones en esta materia”, que en el artículo primero remitió a las
normas pertinentes sobre el auxilio anualizado de la Ley 50 de 1990 señalando:
(…)
En el caso de aquellos que se hubieran vinculado con anterioridad a la entrada en vigencia de la
Ley 344 de 1996, con régimen de retroactividad y que se acojan al previsto en la precitada Ley 344
de 1996, el artículo 3 del Decreto 1582 de 1998, previó el siguiente procedimiento:
(…)
Lo anterior, fue acogido por esta Corporación, que en sentencia de unificación jurisprudencial del
25 de agosto de 20167 , en la cual se señaló:

“En ese orden, se puede decir que los empleados que ingresaron a la administración pública
con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, están cobijados por el
régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad
pero que se hubieran acogido al régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago
de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas
concordantes, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998.”

Conforme con lo anterior, coexisten dos regímenes de cesantías, las retroactivas, para quienes se
vincularon a la administración pública hasta el 30 de diciembre de 1996 y las anualizadas creadas
por la Ley 50 de 1990, inicialmente para el sector privado, extendidas por la Ley 344 de 1996 a los
servidores públicos vinculados con posterioridad a su entrada en vigencia (31 de diciembre de
1996), incluidos los del nivel territorial.
(…)
2.3.3. Régimen de cesantías aplicable a los docentes: el legislador dispuso en la Ley 43 de 1975,
que la Nación se encargaría del costo de la prestación del servicio de educación, con ello asumió
los salarios y prestaciones sociales de los docentes de primaria y secundaria, que laboraban para
los departamentos, el Distrito Especial de Bogotá, los municipios, las intendencias y comisarías.

7 Cita original: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Sentencia de 25 de agosto

de 2016. Radicación 8001-23-31-000-2011-00628-01(0528-14) CE-SUJ2-004-16.
7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

En el año 1989, la Ley 91 creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, para
atender el pago de las prestaciones sociales de los docentes nacionales y nacionalizados que se
encontraran vinculados a la fecha de la promulgación de la ley, con observancia del régimen ya
señalado, y de los que ingresaran con posterioridad a ella.
(…)
Sobre las cesantías el numeral 3 del artículo 15 ibidem establece una distinción entre los docentes
nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para quienes el Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio “pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada
año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario
devengado”; y los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y los nacionales
vinculados desde antes (pero solo en lo que respecta a las cesantías que se causen desde el 1º de
enero 1990), respecto de quienes el Fondo “pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías
existentes al 31 de diciembre de cada año, liquidadas anualmente y sin retroactividad (…)”.

De la lectura de estas normas, se concluyó en la sentencia del 30 de noviembre de 2017 que: “i).
los docentes nacionalizados vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989 mantendrían el régimen
prestacional previsto en la normativa vigente de la entidad territorial, es decir, el sistema de
retroactividad y ii) a los docentes nacionales y a los vinculados a partir del 1 de enero de 1990 «lo
que según la definición contenida en los artículos 1 y 2, corresponde a los nacionales o territoriales
que por cualquier causa se lleguen a vincular en tal calidad, sin hacer distinción entre nacionales y
territoriales», se les aplicarán las disposiciones vigentes para los empleados públicos del orden
nacional, es decir, un sistema anualizado de cesantías, sin retroactividad y sujeto al reconocimiento
de intereses”8.

En similar sentido en la providencia del 31 de mayo de 2018, se señaló que, a todos los docentes
vinculados desde el 1 de enero de 1990, se les aplica el sistema anualizado de cesantías, así:
(…)
Es así como el artículo 6 de la Ley 60 de 1993, señaló que el régimen prestacional aplicable a los
docentes nacionales o nacionalizados que se incorporen a las plantas departamentales o distritales,
sin solución de continuidad, y los de las nuevas vinculaciones, será el reconocido por la Ley 91 de
1989. Por lo que, el personal docente que continuaba con vinculación departamental, distrital y
municipal9 sería incorporado al Fondo Nacional de Prestaciones del Magisterio y se les respetaría
el régimen prestacional vigente de la respectiva entidad territorial.
(…)
Según el Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral de fecha 7 de marzo
de 2018, se observa que la demandante prestó sus servicios como docente, bajo la modalidad de
vinculación temporal tiempo completo, al servicio de la Secretaría de Educación de Bogotá (ff. 8 –
9), así:

• Del 23 de febrero al 3 de diciembre de 1989
• Del 22 de enero al 3 de diciembre de 1990
• Del 21 de enero al 2 de diciembre de 1991
• Del 21 de enero al 1 de diciembre de 1992

La señora Judith Riaño Cubides fue nombrada como docente en propiedad al servicio del Distrito
Capital de Bogotá, a través de la Resolución 202 del 1 de febrero de 1993, con fecha de posesión
a partir del 8 de febrero de 1993 (f. 9).
(…)
En virtud de lo anterior, se advierte que, si bien la demandante prestó sus servicios como docente
con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, dichas vinculaciones tuvieron el
carácter de temporales, lo cual no comporta permanencia en el cargo de manera ininterrumpida y
discontinuas, por lo que existió una solución de continuidad de la relación laboral cuando la
demandante terminó el cubrimiento del cargo e iniciara otro en una fecha posterior.

Así se estableció del certificado allegado al expediente, en el que se pudo constatar que entre cada
vinculación temporal transcurrió un lapso de 1 mes y 20 días en el primer caso (3 de diciembre de
1989 al 22 de enero de 1990), 1 mes y 19 días, en el segundo caso (3 de diciembre de 1990 al 21
de enero de 1991), y un mes y 20 días, en el tercer caso (2 de diciembre de 1991 al 21 de enero de
1992), motivo por el cual no existe certeza de la continuidad entre estos y el cargo del cual la
demandante tomó posesión el 8 de febrero de 1993, pues fue a partir de esta fecha que prestó sus
servicios sin interrupción sin que implique la culminación del vínculo laboral.

Esta Corporación, en un caso de similar al presente, aclaró que: “la interrupción del tiempo de
servicio prestado resulta óbice para la inclusión de dichos periodos en la liquidación del auxilio de
cesantías, pues si bien el Legislador ha sido diáfano en prever que el trabajador tiene derecho al

8 Cita original. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, M.P. William Hernández Gómez, sentencia del 30

de noviembre de 2017, proceso con radicado 70001-23-33-000-2014-00290-01 (4992-15).
9 Cita original. Docentes designados por los entes territoriales sin el cumplimiento de las previsiones del artículo 10 de

la Ley 43 de 1975, esto es, en plazas nuevas que no contaran con el aval de la Nación, los que conservaban el régimen
prestacional de cada entidad territorial.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

pago de este beneficio por el tiempo laborado de manera continua o discontinuamente, mal se haría
al extender esta posibilidad cuando la relación legal y reglamentaria se ha disuelto por la ausencia
de los elementos materiales y formales que configuran el vínculo laboral. Aspecto que ha sido
desarrollado por la Sección Segunda de esta Corporación 10, al sostener que:
(…)
Por consiguiente, la Sala reitera que la demandante no tiene derecho a beneficiarse del régimen
retroactivo de cesantías, ya que en aplicación de las normas de la Ley 91 de 1989, por haberse
vinculado a la docencia en el 8 de febrero de 1993, esto es, después del 1 enero de 1990, la
liquidación de sus cesantías se realiza cada año. De igual forma, esta Corporación no encontró
demostrado que en el curso del proceso se haya demostrado que las suspensiones o interrupciones
en la labor temporal realizada por la demandante, fueron con ocasión a licencias, enfermedad,
accidentes de trabajo o cualquier otra situación laboral que no conlleve de manera inexorable a la
solución de continuidad de la relación laboral.

Advierte la Sala, que el auxilio de las cesantías reconocidas a la demandante, fueron liquidadas
durante el período comprendido entre 1993 a 2017, esto es, en fecha posterior a la entrada en
vigencia de la Ley 91 de 1989, por lo que se reitera, que el sistema que corresponde para liquidar
la prestación es el anualizado, ante la imposibilidad de tener en cuenta las vinculaciones laborales
bajo la modalidad de temporales, más aún, cuando estos tiempos, fueron debidamente reconocidos
y liquidados una vez terminado cada período, conforme a las pruebas que obran dentro del plenario.

Unido a lo anterior, se aclara que los docentes tienen una regulación en materia de cesantías
contenida en la Ley 91 de 1989, que por ser norma especial prima frente a la Ley 344 de 1996, que
contempló el régimen anualizado de cesantías para las personas que se vinculen a los órganos y
entidades del Estado. Además, la misma Ley 344 de 1996 en el inciso primero del artículo 13
sostiene que el referido régimen anualizado se aplica “sin perjuicio de los derechos convencionales,
y lo estipulado en la Ley 91 de 1989, a partir de la publicación de la presente Ley”.

2.6. Así, queda demostrado que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que expuso en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que realmente se observa es la
inconformidad de la demandante con las conclusiones a las que llegó el juez natural
respecto al régimen de cesantías aplicable al caso concreto.

2.6.1. De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra advertir
con claridad que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, respondió las
inconformidades propuestas por la demandante en el recurso de apelación y con
fundamento en las normas y la jurisprudencia de esta Corporación, concluyó que a la
señora Riaño Cubides no le era aplicable el régimen de cesantías retroactivas ya que fue
vinculada con posterioridad a la entrada de la Ley 91 de 1989.

2.6.2. Conviene recordar que la tutela es un mecanismo residual y subsidiario de defensa
y que, por tanto, no puede utilizarse para reabrir debates resueltos por los jueces
ordinarios. Y, aunque la parte demandante alegó la vulneración de los derechos
fundamentales al debido proceso, igualdad y a la seguridad social, lo cierto es que
termina promoviendo indebidamente la tutela para obtener un pronunciamiento que
acceda a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho.

2.6.3. La Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre,
como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia
T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control
abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige

10 Cita original. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A. Sentencia

del 19 de agosto de 2010. Número interno: 1004-2007.
9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03274-01
Demandante: Judith Riaño Cubides

la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de autonomía
e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de sus
respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun cuando
el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra conclusión”.

2.7. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por la demandante.

2.8. Se resuelve, entonces, el problema jurídico propuesto: la sentencia de tutela de
primera instancia acertó al concluir que la acción de tutela es improcedente por no cumplir
con el requisito de relevancia constitucional. Por lo tanto, se confirmará la decisión de
primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por
autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la sentencia impugnada, por las razones expuestas en esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

10

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.