Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03294-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03294-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03294-00
Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez
19 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 110010315000202203294-00
Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros1
Demandado: Tribunal Administrativo de Santander
Temas: Improcedencia de la acción de tutela por falta de cumplimiento del
requisito general de subsidiariedad y de relevancia constitucional
Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso
Derecho Fundamental Amparado: Ninguno
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela presentada por los actores contra el Tribunal
Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 14 de
diciembre de 2021, dentro del proceso del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 686793333003201500347-01,
vulneró su derecho fundamental invocado supra.
La presente providencia tiene tres partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de
la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollarán a continuación.
1 María Ismenia Gamboa Saavedra, María Isabel Sánchez Agudelo, José Édison Saavedra Gamboa y María
Martha Saavedra Gamboa.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203294-00
Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
I.ANTECEDENTES
La solicitud
1. Los actores, a través de apoderada2, presentaron solicitud de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Santander, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de
14 de diciembre de 2021, dentro del proceso del medio de control de reparación
directa identificado con el número único de radicación
686793333003201500347013, vulneró su derecho fundamental invocado supra.
Presupuestos fácticos
2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela,
en síntesis, son los siguientes:
3. Indicaron que, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura de Santander – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Santander, la Fiscalía General de la Nación y el Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional, con el fin de que se les declarara administrativa y
patrimonialmente responsables por la presunta privación injusta de la libertad del
señor Jorge Alberto Sánchez Agudelo, desde el 25 de octubre de 2011 hasta el
24 de octubre de 2012.
4. Señalaron que, el Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San
Gil, mediante sentencia de 13 de junio de 2016, resolvió lo siguiente:
“[…] Primero: DECLARAR administrativa y solidariamente responsables a la
Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y, a la
Fiscalía General de Nación por la Privación injusta de la Libertad del Señor
JORGE ALBERTO SANCHEZ AGUDELO identificado con cedula (sic) de
ciudadanía No. […] de Cimitarra, conforme lo expuesto en la parte motiva de esta
providencia.
2 Documento denominado “ED_DEMANDA_16_6_20221(.pdf) Nr oActua 2”. Archivo aportado en forma
digital.
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El Despacho sustanciador precisa que, la actora en el escrito de demanda y subsanación de la tutela,
manifiesta que el número del radicado de la sentencia reprochada es “68679333375120150034701”, al
realizar la búsqueda del mismo en la Página de Web consulta de procesos de la Rama Judicial, se advierte
que el número único de radicado correcto es el 68679333300320150034701.
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Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
Segundo: CONDENAR a la Nación- Rama Judicial- Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y, a la Fiscalía General de Nación a pagar a pagar (sic)
las siguientes sumas de dinero:
A título de perjuicios morales la suma de:
Demandante Calidad SMLMV
Jorge Alberto Sánchez
Víctima directa 80
Gamboa
María Ismenia Saavedra Cónyuge
80
Gamboa (fol.25)
Ronald Andrés Sánchez
Hijo (fol.33) 80
Saavedra
Mayra Alejandra Sánchez
Hija (fol.34) 80
Saavedra
Hermana (fol.
María Isabel Sánchez Agudelo 40
16)
José Edinson Saavedra Cuñado
20
Gamboa. (fol.18)
María Martha Saavedra Cuñada (fol.
20
Gamboa. 17)
A título de lucro cesante la suma de TRECE MILLONES OCHOCIENTOS
NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS ($13.896.783).
Tercero: DENEGAR las demás pretensiones de la demanda de conformidad con lo
expuesto en la parte motiva de esta providencia […]”. (Resaltado del texto original)
Sentencia proferida el 14 de diciembre de 2021 por el Tribunal
Administrativo de Santander dentro del proceso del medio de control de
reparación directa identificado con el número único de radicación
686793333003201500347-01
5. El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia de 14 de
diciembre de 2021, resolvió:
“[…] PRIMERO: REVÓCASE la sentencia apelada, por las consideraciones
expuestas en la parte motiva de esta providencia. En su lugar se dispone:
“NIÉGANSE las pretensiones de la demanda, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta providencia” […]”.
5.1. Como fundamento de su decisión consideró que:
“[…] Conforme a lo anterior, es posible concluir que con la privación de la libertad
del señor JORGE ALBERTO SÁNCHEZ desde el 25 de octubre de 2011 hasta el
24 de octubre de 2012 cuando fue liberado, se configuró un daño en la medida en
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que, la privación de la libertad conlleva la limitación de obrar y movilizarse a
voluntad sin restricciones. Siendo además un daño directo, personal y cierto.
Sin embargo, para esta Corporación el mismo no es antijurídico y por tanto el aquí
demandante, si estaba en el deber jurídico de soportarlo. Lo anterior, porque del
material probatorio arrimado a este proceso y que igualmente fue llevado por la
Fiscalía a la audiencia preliminar, en donde se impuso la medida de
aseguramiento, específicamente de lo narrado por la madre de la víctima -DIANA
ISABEL JARAMILLO- al interponer la denuncia en contra del aquí demandante, es
posible destacar lo siguiente: “MANIFIESTA QUE EL 01 DE ABRIL DE ESTE AÑO
SU HIJA MV LE CONTO (sic) QUE EL DÍA QUE LE DIO PERMISO PARA QUE
DURMIERA DONDE EL VECINO EL SEÑOR JORGE SANCHEZ (sic) EL CUAL
RESIDE EN PRADOS DE OCCIDENTE Y TIENE MÁS DE 40 AÑOS Y TRABAJA
COMO TAXISTA PUESTO QUE LA SEÑORA ISMENIA ESTE DÍA LE DIJO QUE
LA MENOR SE QUEDARA EN SU CASA ESTA LE CUENTA A SU MAMÁ QUE
ESA NOCHE CUANDO LA SEÑORA ISMENIA SE QUEDÓ DORMIDA EL SEÑOR
JORGE SANCHEZ (sic) APODADO EL GUAYACO LE BAJO LOS CALZONES Y
LE TOCO LA VAGINA QUITÁNDOLE LAS MANOS POR PARTE DE LA MENOR
ENTONCES GUAYACO AGARRA LAS MANOS DE LA NIÑA Y SE LAS LLEVA
HACIA EL PENE Y TAMBIÉN MANIFIESTA LA NIÑA QUE POSTERIORMENTE
ELLA LE DIO LA ESPALDA Y QUE EL GUAYACO EMPEZÓ A TOCARLE LA
COLA POR LO QUE LA MENOR SE ASUSTÓ Y SE VOLTIO (sic) BOCA ARRIBA
Y EL TIPO EMPEZÓ A BESARLA EN LA BOCA Y EN ESE MOMENTO SE
DESPERTÓ DOÑA ISMENIA Y LA MENOR LE DIJO QUE NO QUERÍA
QUEDARSE EN LA CASA Y QUE SE IBA PARA LA CASA Y COMO A LAS 11:30
DE LA NOCHE LLEGO (sic) A SU CASA MANIFESTANDO QUE SE HABÍA IDO
PORQUE TENÍA CALOR”, lo que deja ver que, en un primer momento, el señor
JORGE ALBERTO SÁNCHEZ fue señalado como responsable de la conducta
punible investigada, pues las manifestaciones hechas por la menor y retransmitidas
por su madre apuntaban a que éste aprovecho que la infante se quedó en su casa
para hacerle tocamientos inapropiados en su cuerpo, evidencia que resultó
relevante para el juez de control de garantías, quien consideró procedente la
imposición de la medida de aseguramiento ante una probable autoría del imputado
en los hechos y, que además valga la pena resaltar que por tratarse de delitos
sexuales en contra de una menor, no son objeto de ningún subrogado penal.
Bajo este orden de ideas, se reitera, no es posible afirmar que el daño –
PRIVACIÓN-es antijurídico, como para adentrarnos en el estudio de la imputación
y de que fue su propia culpa la que ocasionó el daño como lo sostiene el apelante y
por tanto se rompe el nexo de causalidad, pues los elementos materiales
probatorios presentados por la Fiscalía en su momento insinuaban que el señor
JORGE ALBERTO SÁNCHEZ era responsable del delito que se le imputaba y por
tanto estaba obligado a soportar la medida restrictiva de su libertad. No se
desconoce que este es un derecho inalienable de toda persona, pero en el
presente caso hubo pruebas y circunstancias que apuntaban a que él
probablemente era responsable de los hechos investigados.
Ahora, si bien, se absuelve al imputado, al no probarse más allá de toda duda
razonable su responsabilidad, es del caso señalar que esta es una circunstancia
que difiere de lo que en un principio generó la imposición de la medida de
aseguramiento, pues en su momento los elementos encontrados y recolectados
fueron suficientemente razonables y, se insiste, de ellos se infería la posible
comisión de la conducta punible por parte del aquí demandante, por lo que
acertada fue la solicitud de la fiscalía y la decisión del Juez, toda vez que no puede
olvidarse que los presupuestos para la detención preventiva y para la pena son
diferentes y por tanto solo (sic) podemos hablar de privación injusta cuando la
medida o providencia a través de la cual se restringe la libertad es abiertamente
desproporcionada o violatoria de procedimientos legales y derechos
fundamentales, que no es el caso […]”.
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La solicitud de tutela
Pretensiones
6. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:
“[…] Con base lo la relación (sic) fáctica y jurídica de manera atenta solicito SE
TUTELE;
1) Tutélese el Derecho Universal a la Declaración Universal de los Derechos
Humanos en su artículo 11 a favor del accionante.
2) Tutélese a favor del accionante el ARTICULO (sic) 29 DE LA CARTA MAGNA,
CON RELACION (sic) AL DERECHO A LA PRESUNCION (sic) DE INOCENCIA.
3) Como consecuencia revóquese la sentencia EXPEDIENTE TUTELADO DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER: 68679333375120150034701 en
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DIRECTA.
4) Aplíquense los postulados en unificación de jurisprudencia del H. CONSEJO DE
ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- Sección Tercera
Subsección B, Acción de tutela radicación 11001-03-15-000-2019-00169-01 […]”.
7. Como fundamento de su solicitud, los actores señalaron lo siguiente:
“[…] del defecto de violación directa de la Constitución por el desconocimiento
A LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS en su
artículo 11, sobre la Presunción de Inocencia y VIOLACION AL ARTICULO 29 DE
LA CARTA MAGNA […]”.
[…]
“[…] El Tribunal Administrado de Santander, fue en notoria contravía de los
postulados del H. CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO- Sección Tercera Subsección B, Magistrado ponente: Martín
Bermúdez Muñoz Bogotá D.C., quince (15) de noviembre de dos mil diecinueve
(2019) Tema: SENTENCIA Acción de tutela radicación 11001-03-15-000-2019-
00169-01 Martha Lucia Ríos Cortés y otros Consejo de Estado - Sección Tercera,
que trato sobre Tutela contra providencia judicial
Señores Magistrados del H. Consejo de Estado, tal como sucedió en la acción de
tutela en la que he tomado como fundamento base de esta acción constitucional,
(H. CONSEJO DE ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-
Sección Tercera Subsección B, Acción de tutela radicación 11001-03-15-000-2019-
00169-01), el Accionado Tribunal Administrativo de Santander, realizo (sic) unos
juicios de valores como nuevo juez penal […]”.
[…]
“[…] El Tribunal Administrado de Santander; también ignoro (sic) las
consideraciones en los casos de privación injusta de la libertad de mi poderdante
violando el derecho fundamental de presunción de inocencia; puesto que lo volvió
a juzgar violando incluso el principio de “non reformatio in pejus” al tratar su
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presunción de inocencia al reabrir un debate con juicios subjetivos de valor del
señor accionante […]”. (Resaltado por la Sala)
Actuación
8. El Despacho sustanciador, mediante auto de 7 de julio de 2022; i) admitió
la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal
Administrativo de Santander; y iii) vinculó, en calidad de terceros con interés
legítimo, al Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil, a la
Nación – Fiscalía General de la Nación, a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Policía Nacional y a la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de
la Judicatura – Consejo Seccional de la Judicatura de Santander – Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial de Santander, concediéndoles el término de tres (3) días para que
rindieran informe sobre el particular.
9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 25 de julio de 2022, requirió a
la abogada Juliana Andrea Gómez Sandoval para que allegara el poder otorgado
por la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
concediéndole el término de tres (3) días.
Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo
10. El Juzgado Tercero Administrativo Oral del Circuito de San Gil rindió
informe en los siguientes términos:
“[…] Al respecto, el despacho se abstendrá de emitir algún pronunciamiento sobre
la legalidad de las actuaciones surtidas al interior del proceso, como quiera (sic)
que el debate jurídico se encuentra legalmente concluido con las providencias que
aquí se enjuician, sobre las cuales se dieron las oportunidades procesales y se
garantizaron los mecanismos previstos en nuestro ordenamiento jurídico para ser
controvertidas […]”.
11. El Consejo Seccional de la Judicatura de Santander solicitó su
desvinculación al considerar que “[…] En la situación expuesta en el escrito tutelar,
se debe precisar que en ningún momento esta Corporación ha vulnerado los
derechos fundamentales del accionante, por cuanto las funciones del Consejo
Seccional de la Judicatura, están establecidas en el Art. 101 de la Ley 270 de
1996, Estatutaria de Administración de Justicia, y en ellas no se establece el
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intervenir y no le es dable incidir, frente a las decisiones que dentro de su
autonomía profieren Jueces y Magistrados […]”.
12. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bucaramanga – Santander solicitó declarar la improcedencia de la acción de
tutela o, en su defecto, negar la solicitud de amparo, al considerar que:
“[…] al no encontrarse acreditados los requisitos de procedencia excepcional de la
acción de tutela contra providencias judiciales. Ello, teniendo en cuenta que no se
acreditó o enunció por la parte accionante el cumplimiento de los requisitos de
procedibilidad de tutela contra providencia judicial contemplados por la Corte
Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, y demás jurisprudencia concordante
[…] ni esta entidad y ni los Despachos judiciales que profirieron las providencias
atacadas han menoscabado los derechos fundamentales de la parte accionante;
actuaciones adelantadas con el respeto al debido proceso, y con valoración de la
prueba conforme la constitución y la ley […]”.
13. La Fiscalía General de la Nación solicitó negar la acción de tutela, al
considerar que “[…] no se ha vulnerado derecho fundamental alguno al señor
Jorge Alberto Sánchez Agudelo y/o a los integrantes de su grupo familiar, y que,
en todo caso, la tutela impetrada a través de apoderada es a todas luces
improcedente […] así como tampoco se cumple con el requisito de subsidiariedad
y no se vulnera el precedente judicial […]”.
14. La Policía Nacional solicitó negar la acción de tutela, al considerar que
“[…] no se vislumbra la existencia de vulneración de sus derechos […]”.
14.1. Señaló que:
“[…] la decisión del fallador de instancia tuvo en cuenta elementos de juicio para
decidir en el asunto de acuerdo al principio de la autonomía funcional del Juez
Natural de la causa frente a la valoración probatoria y aplicabilidad del derecho en
el sub lite, como situación autónoma para el ejercicio dentro de la libertad
hermenéutica otorgada por el marco constitucional, convencional y legal en
concordancia con las reglas de la sana crítica; aspectos tenidos en cuenta en el
desarrollo de la providencia dictada por el ad-quem siendo la misma desfavorable a
los intereses de la parte accionante […]”.
15. El Tribunal Administrativo de Santander guardó silencio en esta oportunidad
procesal.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Competencia de la Sala
16. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de
conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de
19914, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86
de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm.
333 de 6 de abril de 20215 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre
de 20186 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 7, que
asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.
Generalidades de la acción de tutela
17. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y
sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos
constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por
las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente
indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se
utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.
Cuestión previa
18. La Sala advierte que previo al planteamiento del problema jurídico, resulta
necesario precisar el presupuesto procesal sobre la legitimación en la causa por
pasiva, para efectos de determinar, tanto el punto de derecho en discusión, como
el alcance del contenido de la sentencia.
19. Ahora bien, el artículo 13 del Decreto 2591 frente a la legitimación en la
causa por pasiva, señala expresamente lo siguiente:
“[…] La acción se dirigirá contra la autoridad pública o el representante del órgano
que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. Si uno u otro
4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''
5 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela”.
6 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”.
7 Reglamento Interno del Consejo de Estado.
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hubiesen actuado en cumplimiento de órdenes o instrucciones impartidas por un
superior, o con su autorización o aprobación, la acción se entenderá dirigida
contra ambos, sin perjuicio de lo que se decida en el fallo. De ignorarse la
identidad de la autoridad pública, la acción se tendrá por ejercida contra el
superior.
Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él
como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se
hubiere hecho la solicitud […]”.
20. De igual manera la Corte Constitucional, mediante sentencia T-1001 de 30
de noviembre de 20068, se refirió a la falta de legitimación en la causa por pasiva
en los siguientes términos:
“[…] En relación con la falta de legitimidad por pasiva, esta Corporación en la
Sentencia T-416/97 M.P. José Gregorio Hernández, dijo lo siguiente:
“2.1. La legitimación en la causa es un presupuesto de la sentencia de fondo
porque otorga a las partes el derecho a que el juez se pronuncie sobre el mérito de
las pretensiones del actor y las razones de la oposición por el demandado,
mediante sentencia favorable o desfavorable. En resumen, la legitimación en la
causa es una calidad subjetiva de las partes en relación con el interés sustancial
que se discute en el proceso. (…).
La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le atribuye
al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la reclamación que
el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión de contenido
material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción.
La identificación cabal del demandado es una exigencia que tanto la
Constitución como del decreto 2591 de 1991 avalan. Según aquélla, la acción
de tutela se promueve contra autoridad pública y, en ciertos casos, contra los
particulares por la acción u omisión que provoque la violación de los
derechos fundamentales de las personas, y lo mismo señala el segundo
estatuto."[9]. (Negrilla fuera de texto).
Y más adelante, en sentencia T-519 de 2.001 M.P. Clara Inés Vargas esta misma
Corporación anotó que: "... cuando del trámite procesal se deduce que el
demandado no es responsable del menoscabo de los derechos fundamentales del
actor, no puede, bajo ninguna circunstancia, concederse la tutela en su contra. La
legitimación por pasiva de la acción de tutela se rompe cuando el demandado no es
el responsable de realizar la conducta cuya omisión genera la violación, o cuando
no es su conducta la que inflige el daño […]”.
8 Corte Constitucional, sentencia T-1412872 de 30 de noviembre de 2006, M.P. Jaime Araújo Rentería.
9 “Esta posición, fue reiterada, entre otras, por la sentencia: T-213 de 2.001 M.P. Carlos Gaviria Díaz y T-562
de 2.002 M.P. Álvaro Tafur Galvis, T-959 de 2.002 M.P. Eduardo Montealegre Lynett”.
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21. La Sala advierte que el Consejo Seccional de la Judicatura de Santander
solicitó su desvinculación, por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la
causa por pasiva.
22. Al respecto, es preciso indicar que la autoridad mencionada supra fue
vinculada al proceso de tutela de la referencia como tercero con interés, por ser la
autoridad demandada dentro del proceso objeto de debate.
23. En ese orden de ideas, de conformidad con el Decreto 2591 y la
jurisprudencia anteriormente citada, la Sala concluye que al Consejo Seccional de
la Judicatura de Santander le asiste interés en la decisión de tutela que esta Sala
profiera.
24. En tal virtud, la Sala declarará no probada la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva alegada respecto del Consejo Seccional de la
Judicatura de Santander.
Problemas jurídicos
25. Corresponde a la Sala establecer si, en efecto, es procedente la acción de
tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de
procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente
si se cumplió con el requisito general de la subsidiariedad y de la relevancia
constitucional.
26. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes
temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii)
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige
contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho
fundamental al debido proceso, iv) análisis del caso concreto y finalmente las v)
conclusiones de la Sala.
Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
27. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
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Plena10, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que
debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en
presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las
profiera - que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al
efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en
el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.
Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra
decisiones judiciales
28. Esta Sección adoptó11 como parámetros a seguir los señalados en la
sentencia C-590 de 8 de junio de 200512, proferida por la Corte Constitucional, sin
perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el
tema.
29. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición
jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta
acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia
constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.
30. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce
una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera
“dejar sin efecto o modular la decisión”13 que encaje en dichos parámetros.
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra.
María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P.
María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328
12 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
13 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.
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31. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer
principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.
32. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201414.
Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela en el caso concreto
33. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento del requisito
general de la subsidiariedad y la relevancia constitucional.
Requisito de subsidiariedad de la solicitud de tutela
34. La jurisprudencia constitucional, en armonía con lo dispuesto en los
artículos 86 superior y 6.º del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 15,
indica que la solicitud de tutela es un medio de defensa de carácter subsidiario
para obtener la protección inmediata y efectiva de los derechos fundamentales, lo
que impone su procedencia siempre y cuando en el ordenamiento jurídico no
exista otra acción idónea y eficaz para el amparo judicial de estos derechos.
35. Asimismo, esta Sección16 respecto de este requisito de subsidiariedad ha
señalado:
14 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.
15 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 15 de diciembre
de 2017, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación 11001031500020170300600
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Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
“[…] la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 201317, advirtió que al
analizar el requisito de subsidiariedad es necesario considerar si el proceso ha
culminado o está en curso, pues en el último evento “la intervención del juez
constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela no
es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria para evitar
un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de derechos
fundamentales”.
La misma Corte Constitucional, de manera reiterada, ha señalado que la acción
de tutela contra una providencia judicial es improcedente por no cumplir con el
requisito de subsidiariedad cuando: “(i) el asunto está en trámite18; (ii) no se
han agotado los medios de defensa judicial ordinarios y extraordinarios19; y (iii) se
usa para revivir etapas procesales en donde se dejaron de emplear los recursos
previstos en el ordenamiento jurídico”20”.21
Lo anterior atiende a que, en primer lugar, es el juez ordinario quien debe corregir
las irregularidades que llegaren a presentarse en el curso del proceso, de manera
oficiosa o a solicitud de parte, a efecto de dictar una sentencia que materialice el
derecho a la tutela judicial efectiva y sea el resultado de una actuación conforme a
las garantías procesales […]”.
36. De lo anterior se colige la competencia subsidiaria y residual del juez de
tutela para la protección de los derechos constitucionales, salvo que no exista
otro medio de defensa judicial de comprobada eficacia para lograr que cese
inmediatamente la vulneración. Al respecto la Corte Constitucional ha
considerado22:
“[…] La regla general es que el mecanismo constitucional de protección no puede
superponerse a los mecanismos ordinarios establecidos en el ordenamiento
jurídico de forma que los suplante o que se actúe como una instancia adicional
para debatir lo que ya se ha discutido en sede ordinaria. En particular, la Sala
insiste en que esta regla general conduce a que en los procedimientos
administrativos, la tutela no procede contra actos expedidos por una autoridad
administrativa, pues para ello se han previsto otros instrumentos judiciales, sin
embargo, sólo de manera excepcional esta acción procede transitoriamente
cuando se compruebe la existencia de un perjuicio irremediable […]”.
37. Así las cosas, de acuerdo con el requisito general de subsidiariedad, la
tutela resulta improcedente cuando es utilizada como mecanismo que desplaza
los medios ordinarios de defensa previstos por la ley. Sin embargo, tal regla
17 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
18 La subregla mencionada ha sido aplicada en las sentencias SU-1299 de 2001, T-886 de 2001, T-212 de
2006, T-113 de 2013, T-103 de 2014, entre otras.
19 Al respecto, la sentencia C-590 de 2005 afirmó que es “un deber del actor desplegar todos los
mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no
ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el
riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción
constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el
cumplimiento de las funciones de esta última”. Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime
Córdoba Triviño. La subregla jurisprudencial expuesta previamente fue aplicada en la sentencia SU-858 de
2001, SU-1299 de 2001, entre otras.
20 Corte Constitucional, Sentencia T-103 de 2014, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
21 Corte Constitucional, Sentencia T-001 de 2017
22 Sentencia T-030 26 de enero de 2015
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Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
general encuentra la excepción si el juez constitucional logra determinar que los
mecanismos y recursos ordinarios de defensa no son suficientemente idóneos y
eficaces para garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados
o amenazados; y se requiere el amparo constitucional como mecanismo
transitorio para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
38. Para que el perjuicio tenga categoría de irremediable ha de ser actual y las
medidas que se requieran para conjurarlo han de ser urgentes; no basta
cualquier perjuicio, se requiere que sea grave, lo que equivale a una gran
intensidad del daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la
persona; la urgencia y la gravedad determinan que la acción de tutela sea
impostergable, debido a que tiene que ser adecuada para restablecer el orden
social justo en toda su integridad.
Acerca del requisito de la relevancia constitucional
39. Sobre este asunto en particular, la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, en la citada Sentencia de Unificación de 5
de agosto de 201423, al referirse al requisito de relevancia constitucional, sostuvo
lo siguiente:
“[…] 3.3.5. Relevancia constitucional.
La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos
puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte
Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra
providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.
El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que
interesa para efectos de esta sentencia.
La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos
fundamentales. Por un lado, protege “el principio constitucional de la autonomía
funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [24]; por otro, evita que la
acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que
corresponde definir a otras jurisdicciones” [25].
23 Ut supra página 6.
[24] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.”
[25] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
15
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Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos
fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la
conjunción de dos elementos necesarios [26].
El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para
demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la
afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración
de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela
contra providencias judiciales.
A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su decisión,
explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el
actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para
que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena de rechazar o
declarar improcedente el amparo constitucional [27].
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o
declararla improcedente.
La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a
derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad
o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional.
En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado
Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:
“En primer lugar la jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende
discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente
relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias
judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos
ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción
suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la
tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente
relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera
legalidad [28]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia
constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha
sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación
razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la
Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos
ámbitos del derecho al debido proceso. El primero que emerge de la propia
Constitución y que es el denominado debido proceso constitucional, y otro que
es fruto de la labor legislativa, al que se denomina simplemente debido proceso [29].
[26] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones
judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”
[27] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal
Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda
justificará la especial trascendencia constitucional del recurso”) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50
(“el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón
de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la
interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del
contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC),
respecto de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias
judiciales.”
[28] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”
[29] “Ver sentencias: SU-159 de 2002, SU-1159 de 2003, T-685 de 2003.”
16
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En palabras de la Corte, el debido proceso constitucional - art. 29 CN-, aboga por la
protección de las garantías esenciales o básicas de cualquier proceso. En criterio
de la Corte, tales garantías esenciales son el derecho al juez natural [30]; el derecho
a presentar y controvertir las pruebas; el derecho de defensa –que incluye el
derecho a la defensa técnica-; el derecho a la segunda instancia en el proceso
penal; el principio de predeterminación de las reglas procesales o principio de
legalidad; el derecho a la publicidad de los procesos y decisiones judiciales y la
prohibición de juicios secretos. […]”.
[…]
“[…] Atendiendo el precedente constitucional, sería válido predicar la relevancia
constitucional de un caso, por violación al debido proceso, por ejemplo, cuando el
asunto que se estudia hace parte de su núcleo esencial o cuando se presentan
desvíos caprichosos y arbitrarios del Juez que conduzcan a la inexistencia de
defensa y contradicción dentro del proceso, anulándose o restringiéndose de
manera grave el equilibrio procesal entre las partes.
3.4.- No sobra reiterar que la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
impone un estudio riguroso de los requisitos de procedibilidad y de
prosperidad de la acción, más cuando se trata de atacar las providencias de
las altas Cortes, tal como lo ha manifestado la Corte Constitucional en la sentencia
SU-917 de 2013: […]”. (Resaltado por la Sala).
40. De la misma manera frente al tema la Corte Constitucional ha señalado31:
“[…] La Corte Constitucional ha venido exigiendo como requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales ‘que el asunto
objeto de debate sea de evidente relevancia constitucional’ es decir, que el asunto
puesto a consideración de esta Corporación, revista una gran trascendencia para la
interpretación del estatuto superior, para su aplicación o en procura de su desarrollo
eficaz, así como para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales.”32
Este tribunal, en un caso similar al ahora dilucidado, decidió declarar la
improcedencia de la acción al no revestir el estudio del reconocimiento de los
intereses moratorios, un asunto de relevancia constitucional. En aquella ocasión la
Corte advirtió:
“En el presente caso, se cuestiona una sentencia de la Corte Suprema de Justicia –
Sala Laboral-, por cuanto se negó el reconocimiento y pago de los intereses
moratorios de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993.
La Corte Suprema de Justicia –Sala Laboral-, en reiterada jurisprudencia, ha venido
sosteniendo que los mencionados intereses no proceden cuando se trata de
reajustes pensionales, sino que los mismos sólo se causan cuando la entidad
obligada al pago de la pensión entra en mora de reconocer la prestación o una vez
reconocida la misma, retrasa el pago de las mesadas correspondientes.
Más allá de las condiciones personales del actor, quien no demuestra la calidad de
sujeto de especial protección, la primera apreciación que puede hacerse, es que el
asunto que nos ocupa tiene, en principio, una relevancia de tipo legal, y que aún
haciendo una interpretación armónica del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 junto
con las disposiciones constitucionales contenidas en los artículos 13 (derecho a la
igualdad), artículo 25 (derecho al trabajo), artículo 48 (derecho a la seguridad
[30] “Sobre este derecho y su configuración constitucional, ver sentencia SU-1184 de 2001.”
31 Corte Constitucional, Sentencia T-586 de 2012. Magistrado ponente: Dr. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
32Corte Constitucional, sentencia T-635 de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
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social) y el artículo 53 (derecho a la situación más favorable al trabajador y al pago
oportuno y reajuste de las pensiones) del Estatuto Superior, se llegaría a la
conclusión de que el contenido de dicho artículo, por el sólo hecho de derivarse de
postulados constitucionales no tiene ‘per se’ vocación de derecho fundamental.”33
En esta ocasión, la Corte acoge y reitera el citado pronunciamiento máxime
teniendo en cuenta que el sujeto que aduce la vulneración no demuestra, ni siquiera
sumariamente, un perjuicio irremediable que haga de este caso, un asunto de
relevancia constitucional que permita el estudio de fondo, menos aún si se tiene en
cuenta que los jueces ordinarios laborales reconocieron la indexación de la mesada
pensional y negaron, bajo argumentos sólidos y no caprichosos, los intereses
moratorios sobre la indexación […]”.
41. En ese orden de ideas, el requisito de la relevancia constitucional se
acredita cuando: i) en el caso bajo estudio por parte del juez constitucional se
involucra la amenaza o vulneración de derechos fundamentales y ii) cuando el
actor en su escrito de tutela cumple con satisfacer una carga argumentativa
mínima de establecer las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial
demandada incurrió en algunas de las causales especiales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, y trajo como consecuencia la
afectación de los derechos fundamentales.
Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso
42. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:
“[…] ARTÍCULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.
Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.
En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.
43. Atendiendo a que, la Corte Constitucional34 ha definido el derecho al
debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento
jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
33 Ibidem.
34 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.
18
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derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.
Análisis del caso concreto
44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.
45. La Sala procederá a apreciar y valorar todas las pruebas decretadas y
aportadas, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del
artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la
lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de
decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos
planteados en la acción de tutela.
Acervo y análisis probatorios
46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo
siguiente:
46.1. Copia digital del proceso del medio de control de reparación directa
identificado con el número único de radicación 686793333003201500347-01.
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Solución del caso concreto
Análisis del requisito de la relevancia constitucional
47. Los actores en su escrito de tutela indicaron que el Tribunal Administrativo de
Santander incurrió en un “[…] defecto de violación directa de la Constitución
por el desconocimiento A LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS en su artículo 11, sobre la Presunción de Inocencia y VIOLACION AL
ARTICULO 29 DE LA CARTA MAGNA […]”. (Resaltado por la Sala)
48. Al respecto, para la Sala los actores no cumplieron con la carga
argumentativa mínima para estructurar la causal de violación directa de la
Constitución, toda vez que se limitaron a hacer referencia a dos disposiciones,
pero no indicaron específicamente i) cuál fue la interpretación contraria a la
Constitución Política que realizó el Tribunal demandado, ii) las razones por las que
esa interpretación no se ajustaba a la Constitución Política, y iii) que lo anterior era
relevante para cambiar el sentido de la decisión, al constituir una actuación
grosera, arbitraria e irrazonable que trajo como consecuencia la afectación de
derechos fundamentales.
49. Frente al cumplimiento del requisito de la relevancia constitucional, es decir,
la carga argumentativa mínima que debe cumplir el actor dentro del marco de la
acción de tutela contra providencias judiciales y no solamente identificar que en el
caso concreto se vulneran derechos fundamentales, esta Sección ha dicho35:
“[…] De esta manera, aun cuando la Sala como Juez Constitucional interpretara
la inconformidad de la accionante, no existe objeto de examen, comoquiera que
no se argumentó la acción u omisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado,
la vulneración de los derechos fundamentales, ni la descripción de manera clara y
contundente de las circunstancias relevantes por las cuales el actor consideró
que se vulneraron sus derechos […]”.
50. Esta Sección debe reiterar que el principio de informalidad que gobierna a
la acción de tutela no puede considerarse absoluto36, pues es necesario
satisfacer ciertos presupuestos básicos que le permitan al Juez conocer con
claridad aspectos como la acción o la omisión que la motiva, el derecho que se
35 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de
2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00725-00.
36 Sobre el principio de informalidad, ver Corte Constitucional, Auto A165 de 21 de julio de 2011, M.P. Jorge
Iván Palacio Palacio.
20
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considera violado o amenazado y, de ser posible, el nombre de la autoridad
pública o del órgano autor de la amenaza o del agravio37, el señalamiento de las
causales especiales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales lo
que implica cumplir con la carga argumentativa para demostrar su configuración
en el caso concreto, entre otros aspectos.
Análisis del requisito general de subsidiariedad
51. Los actores en su escrito de tutela indicaron que “[…] El Tribunal
Administrado de Santander; también ignoro (sic) las consideraciones en los casos
de privación injusta de la libertad de mi poderdante violando el derecho
fundamental de presunción de inocencia; puesto que lo volvió a juzgar violando
incluso el principio de “non reformatio in pejus” al tratar su presunción de
inocencia al reabrir un debate con juicios subjetivos de valor del señor accionante
[…]”. (Resaltado por la Sala)
52. En lo que concierne a la vulneración del principio de la “non reformatio in
pejus” de la sentencia que alegaron los actores, esta Sección considera que no
se cumple con el requisito general de la subsidiariedad, toda vez que los actores
cuentan con otro medio de defensa judicial para controvertir la sentencia de 14 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Santander, que es el
recurso extraordinario de revisión.
53. En efecto, la Sala advierte que la Sección Quinta del Consejo de Estado38 y
la Sala Catorce Especial de Decisión39 de la misma Corporación ha defendido la
posibilidad de interponer el recurso extraordinario de revisión por vulneración al
“principio de “non reformatio in pejus”. Al respecto, se han pronunciado, en los
siguientes términos:
“[...] Es de resaltar que esta Corporación40 ha defendido la posibilidad de que se
interponga el recurso extraordinario de revisión por vulneración al principio de “non
reformatio in pejus”. Al respecto, se ha pronunciado, en los siguientes términos:
37 Decreto 2591 de 1991, artículo 14.
38 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 8 de octubre de
2020, número único de radicación: 11001-03-15-000-2020-04038-00 (AC), C.P. Alberto Enrique López
Fajardo.
39 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
40 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de Decisión. Sentencia
del 5 de abril del 2016. C.P. Danilo Rojas Betancourt. Radicación: 110010315000 2008 00320 00.
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“IV. La nulidad originada en la sentencia como causal de revisión
7. La nulidad originada en la sentencia, como causal de revisión, está instituida
para atacar las irregularidades procesales generadas en ella, ya que se trata de un
acto jurídico sujeto al cumplimiento de precisas ritualidades que de ser desoídas y
“ante la improcedencia de recursos ordinarios contra ella subsistirían
groseramente”41.
8. Para la configuración de esta causal, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha
señalado algunos requisitos. El primero es que el vicio se presente en la sentencia
y no durante el trámite del proceso, pues en tal caso debe alegarse por el
interesado durante las oportunidades previstas en el artículo 140 del C.P.C., “sin
perjuicio del deber que el artículo 145 ibídem, impone al juez de declarar de oficio
las nulidades insaneables que observe antes de dictar sentencia”42.
(…)
11. El segundo requisito consiste en que la sentencia presente un vicio grave o
insaneable que afecte su validez. La jurisprudencia de esta Corporación ha
identificado los siguientes defectos como causantes de nulidad en la sentencia43:
11.1. Dictarse sentencia a pesar de la terminación previa del proceso por
desistimiento, transacción o perención, porque revive un proceso legalmente
concluido.
11.2. Dictarse sentencia cuando el proceso se encuentra suspendido.
11.3. Dictarse sentencia sin las mayorías necesarias para la decisión, por la firma
de más o menos jueces de los requeridos legalmente.
11.4. Pretermitir la instancia, por ejemplo: (i) al proferir una sentencia sin
motivación; (ii) violar el principio de la non reformatio in pejus (como cuando se
condena al demandado por cantidad superior o por objeto distinto al pretendido en
la demanda o por causa distinta a la invocada) o (iii) proferir sentencia
condenatoria contra un tercero que no fue vinculado al proceso.
11.5. Decidir aspectos que no corresponden, por falta de jurisdicción o
competencia del juez.
11.6. Proferir sentencia con fundamento en una prueba obtenida con violación del
debido proceso.” (Negrillas de la Sala)
En consecuencia, la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha
aceptado la posibilidad de alegar como nulidad originada en la sentencia aquella
que transgreda el principio de la “non reformatio in pejus”, tal como ocurre en el
presente caso. En época más reciente, la Sala Plena precisó que sólo podían
considerarse motivos de nulidad originada en la sentencia, para efectos del recurso
extraordinario de revisión, las causales que como nulidad del proceso
41 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia de 3 de abril de 1999, exp. 6390, C.P. Carlos Arturo
Orjuela Góngora, reiterada en las sentencias de 17 de abril de 2013, exp. 1164-08, C.P. Gustavo Gómez
Aranguren y de 20 de octubre de 2009, rad. 2003-00133-00(REV), C.P. Enrique Gil Botero.
42 Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia de marzo 2 de 2010, rad. 2001-0091-01. C.P. Mauricio Torres
Cuervo, reiterada en las sentencias 15 de mayo de 2014, rad. 2004-01432-01(18740), C.P. Hugo Fernando
Bastidas y de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
43 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencias de 11 de mayo de 1998, rad.
REV-093; de 18 de octubre de 2005 rad. 2000-00239, de 20 de octubre de 2009, rad. REV-2003-00133; y de
sentencia de 7 de abril de 2015, rad. 2013-02724-00(REV), C.P. Jorge Octavio Ramírez; Sección Segunda,
Subsección “B”, sentencia de 11 de junio de 2009, rad. 836-06; y Sección Primera, sentencia de 14 de
diciembre de 2009, rad. 2006-00123.
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taxativamente señala el artículo 140 del Código de Procedimiento Civil44, vigente
para la época del pronunciamiento hoy consagradas en el artículo 133 del Código
General del Proceso.
Para la Sala, es importante precisar con especial énfasis que, cuando una tutela es
improcedente, por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, toda vez que la
parte actora cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, como acontece en el
caso particular, con ello no se afirma que al desatar dicho recurso prosperarán
las pretensiones de la parte recurrente, pues es importante resaltar que, un
asunto es la procedencia del mecanismo, y otra su prosperidad, de manera
que, más allá de si le asistía la razón o no a la parte accionante en la
existencia de la referida violación al principio de la “non reformatio in pejus”,
lo cierto es que su reparo se encuadra en la causal mencionada para la
procedencia (se insiste, diferente de la prosperidad) del recurso extraordinario de
revisión.
Así las cosas, ante la existencia de un mecanismo judicial idóneo de defensa de los
intereses del accionante, no se estudiará este cargo, toda vez que el juez
constitucional no puede pronunciarse sobre el fondo de esta pretensión, pues ello
implicaría reemplazar al juez ordinario, a quien el legislador le confirió la potestad
de resolver los recursos extraordinarios de revisión [...]”.
54. En ese orden de ideas, la Sala encuentra que con fundamento en la
jurisprudencia citada supra, existía en el caso sub examine otro mecanismo de
control judicial para garantizar la protección del derecho de los actores, como lo
es el recurso extraordinario de revisión, previo al cumplimiento de los requisitos
legales, para controvertir lo decidido en la sentencia respecto del cargo de la
presunta vulneración del principio de la “non reformatio in pejus”, antes de
acudir a la acción de tutela45. En esa medida, la Sala declarará la improcedencia
de la tutela frente a este cargo como se dispondrá en la parte resolutiva de la
presente providencia.
Análisis del perjuicio irremediable
55. Finalmente, la Sala deberá analizar si en el presente caso se configura la
existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la acción de tutela
como mecanismo transitorio.
44 Sobre la causal de nulidad originada antes del fallo pero que no pudo advertirse en el proceso se pueden
consultar las siguientes sentencias: Consejo de Estado, Sala Plena, sentencia del 20 de abril de 2004, Rad.
REV-00132. Sobre las causales de nulidad del proceso como motivos de nulidad originados en la sentencia:
Consejo de Estado, Sala Plena, sentencias de 11 de mayo de 1998, Rad. REV-00093.y del 18 de octubre de
2005, Rad. REV- 00239.
45 Frente al incumplimiento del requisito de subsidiariedad dentro del marco de la acción de tutela contra
providencias judiciales cuando se alega un defecto procedimental por violación del principio de congruencia y
la parte actora cuenta con un mecanismo idóneo y eficaz para lograr la protección de sus derechos
fundamentales, como lo es el recurso extraordinario de revisión, ver: Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de noviembre de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03664-00, Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 10 de diciembre de 2018, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2018-03870-00.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203294-00
Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
56. Frente a la configuración del perjuicio irremediable dentro del marco de la
acción de tutela ha dicho la Corte Constitucional46:
“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha precisado que éste
debe reunir las siguientes características: “debe ser inminente o próximo a
suceder. Este exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la causa del daño.
(…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento sobre un bien
altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible
de determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas urgentes para superar el
daño, entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta
adecuada frente a la inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con
las particularidades del caso. Por último, las medidas de protección deben ser
impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin
de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.”47[…]”.
57. En el presente caso no se evidencia la existencia de un perjuicio
irremediable que haga procedente la acción de tutela como mecanismo transitorio.
En efecto, del análisis del acervo probatorio no es posible establecer que los
actores se encuentren en una situación de debilidad manifiesta que implique
adoptar medidas urgentes, impostergables e inmediatas para la protección de sus
derechos fundamentales.
58. La Sala considera que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo
para lograr la protección del derecho alegado, en atención a que se trata de un
mecanismo residual y subsidiario, es decir que solo procede cuando no existan
otros recursos o medios de defensa judicial que permitan proteger los intereses de
los afectados, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable que en el presente caso no se configuró.
59. Finalmente, frente al argumento según el cual “[…] El Tribunal Administrado
de Santander, fue en notoria contravía de los postulados del H. CONSEJO DE
ESTADO -SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- Sección Tercera
Subsección B, Magistrado ponente: Martín Bermúdez Muñoz Bogotá D.C., quince
(15) de noviembre de dos mil diecinueve (2019) Tema: SENTENCIA Acción de
tutela radicación 11001-03-15-000-2019- 00169-01 Martha Lucia Ríos Cortés y
otros Consejo de Estado - Sección Tercera, que trato (sic) sobre Tutela contra
providencia judicial […]”, la Sala precisa que, reiterando lo dicho por esta
46 Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.
47 Corte Constitucional, Sentencia T-1316 de 7 de diciembre de 2001, M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.
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Núm. único de radicación: 110010315000202203294-00
Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
Sección48 en pronunciamientos recientes, la sentencia que se alega desatendida
no constituye precedente judicial, toda vez que sus efectos son inter partes, tal
como lo prevé el artículo 48 de la Ley 270 de 7 de marzo de 199649, que prevé que
“[...] las decisiones judiciales adoptadas en ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación sólo constituye
criterio auxiliar para la actividad de los jueces [...]”.
Conclusiones de la Sala
60. Con fundamento en lo anterior, la Sala declarará improcedente la solicitud
de amparo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
III. RESUELVE:
PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva formulada por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Santander, por lo expuesto en esta providencia.
SEGUNDO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo que presentaron
Jorge Alberto Sánchez Agudelo, María Ismenia Gamboa Saavedra, María Isabel
Sánchez Agudelo, José Édison Saavedra Gamboa y María Martha Saavedra
Gamboa contra el Tribunal Administrativo de Santander, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 4 de marzo de
2022, C.P Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-07479-01, Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de marzo de 2022, C.P
Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 110010315000202110975-01 y Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 5 de mayo de 2022, C.P Hernando
Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2021-10262-01.
49 Estatutaria de Administración de Justicia
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Núm. único de radicación: 110010315000202203294-00
Actores: Jorge Alberto Sánchez Agudelo y otros
CUARTO: Si no fuere impugnada la sentencia conforme lo señala el artículo 31
del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a
la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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