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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03357-00

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03357-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el señor Rafael Díaz Martínez, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03357-00

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

15 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03357-00
Demandante: Rafael Díaz Martínez

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03357-00
Demandante: RAFAEL DÍAZ MARTÍNEZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA, SALA
PRIMERA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial. Recurso de insistencia.
Reserva de actuaciones adelantadas durante el proceso
ordinario o verbal de responsabilidad fiscal

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Rafael Díaz Martínez contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, en la que pide el amparo constitucional de
los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, de petición y de acceso a la información y a documentos públicos, que
considera vulnerados con la providencia de 15 de junio de 2022, que declaró bien
denegada la información solicitada por el actor en el escrito presentado el 16 de
mayo de 2022 ante la Contraloría General de Antioquia, en el marco del recurso
de insistencia radicado con el No. 05001-23-33-000-2022-00661-00.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El demandante manifestó que el 3 de mayo de 2017 radicó una queja ante la
Contraloría General de Antioquia bajo el radicado No. 2017200003267, en la que
puso en conocimiento de la entidad presuntas irregularidades en relación con el
contrato de obra No. 2014-00-20-0013 y el contrato de interventoría No. 2014-SS-
20-0018.

Indicó que el 17 de enero de 2018 presentó otro escrito bajo el radicado No.
2018100000694, en el que dio a conocer al organismo de control fiscal que la
firma DIS S.A.S., a la cual se le había adjudicado el contrato No. 2014-SS-20-
0018, se encontraba inhabilitada para participar en el concurso de méritos, toda
vez que se había dictado fallo en su contra en el proceso núm. 6-010-09; agregó
que el 25 de octubre de 2018 había radicado otra denuncia bajo el radicado No.
201820006927 referida a otras irregularidades que afectaron el patrimonio público
en los mismos contratos de obra e interventoría.

Señaló que el 8 de enero de 2019 recibió mediante correo electrónico la
comunicación No. 2018100016282 de 28 de diciembre de 2018, cuyo asunto era
“Respuesta denuncia con radicado 20182000006927 del 25 de octubre de 2018,
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Gobernación de Antioquia – Secretaría de Infraestructura Física”, en la cual se le
informó que se le había dado traslado a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad
Fiscal y Jurisdicción Coactiva por el presunto detrimento en que había incurrido el
Departamento de Antioquia.

Aseveró que el 8 de febrero de 2021, mediante solicitud con radicado No. CYC-
021-730 pidió a la Contraloría Auxiliar de Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción
Coactiva de la Contraloría General de Antioquia, que le informara el trámite dado a
la “ADICIÓN DE LA QUEJA – APERTURA DE PROCESO DE
RESPONSABILIDAD FISCAL – AUTO 213 DEL 12/09/2019”, y que esta fue
resuelta a través del oficio No. 2021100002058 de 23 de febrero de 2021, en el
que se le comunicó que el proceso cuya información se solicitaba estaba en
trámite de apertura e imputación de proceso verbal, el cual se había dado
mediante auto No. 213 de 12 de septiembre de 2019.

Informó que en respuesta de 28 de abril de 2021, se le indicó que existían 2
procesos de responsabilidad fiscal, el No. 306-2019 y el No. 311-2019, frente a los
cuales todavía no se había terminado la etapa probatoria, toda vez que faltaba por
recibir la versión libre de un indiciado, faltando entonces la realización de las
audiencias de versión libre y de descargos en ambos procesos.

Adujo que el 16 de mayo de 2022, nuevamente mediante comunicación CYC-022-
730 se dirigió a la Contraloría General de Antioquia con el propósito de solicitar
información de los referidos procesos de responsabilidad fiscal y que mediante
correo recibido el 18 de mayo de 2022, el contralor auxiliar de la Contraloría
Auxiliar para Responsabilidad Fiscal y Jurisdicción Coactiva de la Contraloría
General de Antioquia, le respondió que de conformidad con el artículo 20 de la Ley
610 de 2000, no le podía dar respuesta a la solicitud de información presentada
por él en relación con el proceso No. 311-2019, en tanto no era sujeto procesal, lo
cual también le fue informado frente al proceso No. 306-2019 en respuesta de 23
de mayo de 2022.

El 2 de junio de 2022, el solicitante presentó recurso de insistencia en el que
señaló que se le estaba negando el suministro de información de contenido
general de un proceso fiscal, lo cual no constituía afectación alguna a la protección
de reserva como institución jurídico procesal, aunado a que de conformidad con el
artículo 20 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo 133 del Decreto Ley
430 de 2020, las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el
proceso ordinario o verbal de responsabilidad fiscal eran reservados hasta cuando
se culminara el periodo probatorio establecido para su práctica, periodo que ya
debía haber finalizado, teniendo en cuenta que las actuaciones empezaron en el
año 2019.

Por lo anterior, el recurso de insistencia fue remitido el 6 de junio de 2022 por la
Contraloría General de Antioquia y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión (exp. No. 05001-23-33-000-
2022-00661-00).

El recurso fue resuelto mediante sentencia de 15 de junio de 2022, en la que se
declaró bien denegada la información solicitada, por considerar que a la luz de lo
dispuesto en el artículo 20 de la Ley 610 de 2000, modificado por el artículo 133
del Decreto Ley 430 de 2020, “no es posible entregar la información solicitada por
el peticionario, toda vez que la misma tiene que ver directamente con las
actuaciones adelantadas en los procesos de responsabilidad fiscal núms. 306 y
311 de 2019, cuya etapa probatoria no ha finalizado aun, tal y como se le informó

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al peticionario la Contraloría General de Antioquia en respuestas del 18 y 23 de
mayo de 2022”.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, Sala Primera de Decisión, con el fin de que se amparen sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido proceso, de
petición y de acceso a la información y a documentos públicos y, en consecuencia,
se ordene dejar sin efectos la sentencia de 15 de junio de 2022 y que se profiera
decisión de reemplazo en la que se declare infundada la reserva legal invocada
por la Contraloría General de Antioquia ordenando la entrega de la información
solicitada.

Indicó que la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de
procedencia, pues (i) no cuenta con otro medio de defensa judicial para
controvertir la providencia demandada ni para acceder a la información que le fue
denegada; (ii) se interpuso dentro de un plazo razonable porque la decisión objeto
de reproche constitucional le fue notificada el 15 de junio de 2022 y la solicitud se
radicó el 21 de junio de 2022 y, por último, (iii) goza de relevancia constitucional
en la medida en que “no se trata de una discusión de índole legal, sino que por el
contrario, trata de dilucidar si efectivamente el H. Tribunal Administrativo de
Antioquia vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia que me asisten”.

Manifestó que la providencia demandada incurrió en los defectos de
desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución, al dar aplicación estricta a lo establecido en el artículo 20 de la Ley
610 de 2000, según el cual “las actuaciones adelantadas durante la indagación
preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su
culminación”, sin tener en cuenta que dicha disposición fue declarada exequible
por la Corte Constitucional en la sentencia C-477 de 2001, en el entendido de que
“la reserva a que se refiere deberá levantarse tan pronto se practiquen
efectivamente las pruebas a que haya lugar y, en todo caso, una vez expire el
término general fijado por la ley para su práctica”.

Aseveró que el asunto bajo examen el plazo para la práctica de pruebas en los
procesos No. 306-2019 y el No. 311-2019 ya fue superado, en tanto a ambos se
dio apertura mediante autos de septiembre de 2019, por lo que debió levantarse la
reserva alegada por la Contraloría General de Antioquia.

Al respecto, refirió que no se tuvo en cuenta que de conformidad con “la Ley
Anticorrupción [Ley 1474 de 2011] la práctica de pruebas no puede exceder de un
año contados a partir del momento en que se notifique la providencia que las
decreta, ni que adicionalmente una vez vencido el término para la presentación de
los descargos después de la notificación del auto de imputación de
responsabilidad fiscal, el servidor público competente de la Contraloría deberá
decretar las pruebas a que haya lugar a más tardar dentro del mes siguiente,
medidas que apuntan a remover las prácticas dilatorias de los investigados
permitiéndole al organismo de control tomar las decisiones que en derecho
corresponda”.

Mencionó que de conformidad con la sentencia C-038 de 1996, “los datos y
hechos que se debaten dentro del proceso disciplinario o de responsabilidad fiscal,
revisten interés general, y por lo tanto no pueden quedar sustraídos del libre
escrutinio público, de manera tal que la reserva como la aplicó el aquí demandado,
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suprime de tajo un espacio necesario de conocimiento, información, expresión,
reflexión y debate públicos que no puede eliminarse”.

Señaló que de conformidad con el marco de protección del derecho fundamental
de petición, las actuaciones que se lleven a cabo en un organismo de control fiscal
“no pueden ser oscuras so pretexto de violarse una reserva legal ABSOLUTA y
contraria al querer del legislador, quien la restringió a una etapa concreta, hasta
que se culmine el período probatorio establecido para su práctica, negándoseme
incluso la información referida a dicho periodo a fin de poder verificar si en realidad
ya se superó dicha etapa”.

Por último, sostuvo que la providencia demandada incurrió en defecto sustantivo
pues resolvió el recurso de insistencia con base en normas inexistentes ya que se
tomó como “vigente la modificación introducida al artículo 20 de la Ley 610 de
2000 por el artículo 133 del Decreto Ley 430 de 2020”, a pesar de que dicha
norma fue declarada inexequible mediante la sentencia C-090 de 2022, según se
observa en el comunicado de 9 y 10 de marzo de 2022.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela el actor formuló las siguientes peticiones:

“PRIMERO: CONCEDER el amparo de mis derechos constitucionales
fundamentales DE ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y AL
DEBIDO PROCESO.

SEGUNDO: Disponer que se deje sin efectos la sentencia del H. TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA – SALA PRIMERA DE DECISIÓN, Exp.
No. 05001-23-33-000-2022-00661-00, con ponencia del H. Magistrado JOHN
JAIRO ALZATE LÓPEZ, emitida el quince (15) de junio de dos mil veintidós
(2022), dentro del RECURSO DE INSISTENCIA Exp. No. 05001 33 33 000
2020 00018 00 y en su lugar, ordenar que en el plazo de 10 días se profiriera
la providencia de reemplazo, en la cual se valoren adecuadamente las
pruebas, se aplique el precedente judicial vertical de la Sentencia C-477/01 y
la Sentencia C-038/96, entre otras, según lo anotado en precedencia, y, en su
lugar se estime mal negado o infundada la negativa a acceder al Expediente
del proceso de responsabilidad fiscal 306-2019 y al Expediente del proceso de
responsabilidad fiscal 311-2019”.

4. Pruebas relevantes

Con la acción de tutela, el actor aportó los siguientes documentos:

• Copia de la sentencia de 15 de junio de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en el marco del
recurso de insistencia radicado bajo el No. 2022-00661-00.
• Recurso de insistencia remitido por el actor el 2 de junio de 2022 a la
Contraloría General de Antioquia.

5. Trámite procesal

Por auto de 22 de junio de 2022, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda
y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como a la Contraloría
General de Antioquia, como tercera interesada en el resultado del proceso, a
quienes sea quien se le remitió copia de la solicitud de amparo.

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La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº
72254 a 72257 de 30 de junio de 2022, con el fin de darle cumplimiento a la
referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta de la Contraloría General de Antioquia

Mediante memorial de 5 de julio de 2022, el apoderado de la entidad pidió que se
nieguen las pretensiones formuladas por el actor dado que ni el órgano de control
fiscal ni el Tribunal Administrativo de Antioquia desconocieron los derechos
fundamentales invocados por el actor.

Además, pidió que se conmine al señor Rafael Díaz Martínez a abstenerse de
continuar interponiendo acciones de tutela y recursos de insistencia para acceder
a la información solicitada, pues desde el 2019 ha acudido a dichos mecanismos
de forma desmedida y arbitraria. En particular, mencionó las siguientes acciones
de tutela iniciadas en su contra: (i) No. “2021-00046”, la cual se tramitó ante el
Juzgado Veinte Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá; (ii)
No. 11001-40-88-008-2021-00034-00, que correspondió por reparto al Juzgado
Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá y (iii) exp.
No. 05001-31-05-023-2019-00098-00, radicado ante el Juzgado Veintitrés Laboral
del Circuito Medellín. Además, hizo referencia a los recursos de insistencia No.
05001-23-33-000-2021-00689-00; 05001-23-33-000-2021-00529-00 y 05001-23-
33-000-2021-00661-00, los cuales se tramitaron ante el Tribunal Administrativo de
Antioquia y en todos fue declarada bien denegada la solicitud de información
sobre procesos de responsabilidad fiscal.

Aseguró que no ha vulnerado el derecho fundamental de petición del actor, porque
todas sus solicitudes han sido debidamente atendidas y la negativa en otorgar la
información solicitada se encuentra debidamente justificada por la reserva legal
establecida en la Ley 1437 de 2011, Ley 1712 de 2014, Ley 1755 de 2015, artículo
20 de la Ley 610 de 2000, Decreto Ley 430 de 2020, pues “involucra derechos de
privacidad e intimidad de las personas y el derecho de presunción de inocencia y
el debido proceso de los sujetos procesales que se investigan”.

Explicó que el proceso de responsabilidad fiscal No. 306-2019 es “VERBAL”, cuya
normatividad especial para su trámite es la Ley 1474 de 2011; asimismo aseguró
que en ese proceso se citó para audiencia de descargos, la cual aún no ha sido
posible iniciarla y es allí donde se decretan las pruebas hasta antes de la
audiencia de decisión del fallo. En cuanto al proceso de responsabilidad fiscal No.
311-2019, indicó que su trámite es “ORDINARIO” y la normatividad que se sigue
es la Ley 610 de 2000, en este proceso se citó a rendir versión libre a los sujetos
procesales, en el que tampoco ha sido posible la asistencia de los mismos.

De acuerdo con lo anterior, informó que “en ambos procesos todavía no se han
decretado pruebas y menos se han practicado”, por lo que se debe mantener en
reserva la información. Máxime si se tiene en cuenta que el señor Rafael Díaz
Martínez no es sujeto procesal en ninguno de ellos.

Por último, adujo que el Tribunal Administrativo de Antioquia al proferir las
decisiones en las que declaró bien denegada la información solicitada por el

1 Las partes demandante y demandada, así como el tercer con interés fueron notificadas a las siguientes

direcciones de correo electrónico: rafaeldiaz@padecasa.com; spdgarrido@yahoo.es;
sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co; sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co;
tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co y notificacionesjudiciales@cga.gov.co.
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accionante ha obrado en derecho y en justicia, en tanto ha dado aplicación a la
legislación en materia de reserva.

6.2. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, remitió
copia digital del expediente que contiene el recurso de insistencia con radicado
No. 05001-23-33-000-2021-01584-00, sin embargo, no emitió ningún
pronunciamiento en cuanto a los hechos y las pretensiones formuladas en el
escrito de tutela.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Antioquia,
Sala Primera de Decisión, vulneró los derechos fundamentales de acceso a la
administración de justicia, al debido proceso, de petición y de acceso a la
información y a documentos públicos al emitir la providencia de 15 de junio de
2022, en la que, supuestamente, incurrió en desconocimiento de precedente
judicial y violación directa de la Constitución por no aplicar la sentencia C-477 de
2001 de la Corte Constitucional, en cuanto a que la reserva en procesos de
responsabilidad fiscal debe levantarse una vez se practiquen las pruebas a que
haya lugar o expire el término general fijado por la ley para su práctica. Así como
en defecto sustantivo por aplicar el artículo 20 de la Ley 610 de 2000, con la
modificación contenida en el artículo 133 del Decreto Ley 430 de 2020, a pesar de
que dicha norma fue declarada inexequible mediante sentencia C-090 de 2022.

3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).

Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.

Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de

2 Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
3 Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
4 Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.

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20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.

Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.

Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.

5 Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6 M. P. Jaime Córdoba Triviño.
7 Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de

competencia para ello.
8 Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9 Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que

se sustenta la decisión.
10 Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que

presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11 Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo

condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12 Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y

jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13 Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez

ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
14 Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),

Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15 Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella

Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia

En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional porque debe definirse si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, al debido
proceso, de petición y de acceso a la información y a documentos públicos pues la
aplicación normativa efectuada en la decisión demandada no tuvo en cuenta las
subreglas de constitucionalidad que establecieron el alcance de las mismas,
debate que gravita en el contenido, alcance y goce de los precitados derechos
fundamentales, a lo que se debe agregar que no se pretende reabrir la discusión
litigiosa resuelta por la autoridad judicial accionada que, valga indicar, dictó la
providencia objetada en el marco de un trámite judicial de única instancia.

De igual modo, (ii) el actor no cuenta con otro medio de defensa judicial para
reclamar la protección constitucional de los derechos fundamentales
supuestamente vulnerados con la emisión de la providencia objeto de reproche
constitucional, en tanto fue proferida en el trámite de única instancia del recurso de
insistencia; (iii) se cumple el requisito de la inmediatez, toda vez que la última
providencia emanada en el trámite judicial del recurso de insistencia tiene data de
15 de junio de 2022 y se notificó ese mismo día, mientras que la acción la acción
de tutela se presentó el 21 de junio de 2022, esto es, seis (6) días después, dentro
del término prudencial precisado por esta Corporación y la Corte Constitucional16;
(iv) se identificaron de manera razonable los hechos que generaron la supuesta
vulneración de los derechos fundamentales y (v) la acción no se dirige contra un
fallo de tutela.

Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.

4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en los defectos alegados en
la acción de tutela

4.2.1. El 16 de mayo de 2022 el señor Rafael Díaz Martínez radicó petición ante la
Contraloría General de Antioquia mediante la cual solicitó que se le informara lo
siguiente:

“1. Estado del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 306-2019, indicando
lo siguiente:

1.1. Nombre y apellido del quejoso o denunciante.
1.2. Fecha de expedición del auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.
1.3. Lugar, fecha y hora fijada para dar inicio a la audiencia de descargos; en caso de
haber sido reprogramada dicha diligencia indicar la nueva fecha dispuesta para
llevarla a cabo indicando si a la fecha ya se surtió dicha diligencia.
1.4. Nombres y apellidos de los presuntos responsables vinculados al proceso.

16Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Demandante: Rafael Díaz Martínez

1.5. Sírvase certificar si ya culminó la etapa probatoria? En caso negativo sírvase
indicar cuál es la razón por la cual no ha culminado dicha etapa.
1.6. Sírvase certificar qué pruebas fueron incorporadas al proceso en el auto de
apertura e imputación?
1.7. Sírvase certificar qué pruebas fueron decretadas en la Audiencia de Descargos y
practicadas dentro o fuera de la misma?
1.8. Sírvase certificar la fecha en que venció el término para la presentación de los
descargos después de la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal?
1.9. Sírvase certificar si se le ha dado aplicación a las disposiciones legales
contenidas en los artículos 98 y siguientes de la Ley Anticorrupción, en cuanto al
TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE DESCARGOS -Art. 100-, TRÁMITE DE LA
AUDIENCIA DE DECISIÓN - Art. 101-, la PRECLUSIVIDAD DE LOS PLAZOS EN EL
TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL -Art. 107- y la
PERENTORIEDAD PARA EL DECRETO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE
DESCARGOS -Art. 108-
1.10. Solicito copia de todas las piezas del expediente que no tengan carácter de
reservadas, incluidas las pruebas incorporadas y las decisiones que a la fecha se
hayan adoptado.
1.11. Sírvase certificar si ya se llevó a cabo la AUDIENCIA DE DECISIÓN.
1.12. En caso de no haberse llevado a cabo las audiencias públicas de DESCARGOS
y de DECISIÓN, solicito se sirvan notificarme de la fecha y hora en que se llevarán a
cabo y el medio por el cual podré asistir teniendo en cuenta que son PÚBLICAS.

2. Estado del PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL No. 311-2019, indicando lo
siguiente:

2.1. Nombre y apellido del quejoso o denunciante.
2.2. Fecha de expedición del auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal.
2.3. Lugar, fecha y hora fijada para dar inicio a la audiencia de descargos; en caso de
haber sido reprogramada dicha diligencia indicar la nueva fecha dispuesta para llevar
la a cabo indicando si a la fecha ya se surtió dicha diligencia.
2.4. Nombres y apellidos de los presuntos responsables vinculados al proceso.
2.5. Sírvase certificar si ya culminó la etapa probatoria? En caso negativo sírvase
indicar cuál es la razón por la cual no ha culminado dicha etapa.
2.6. Sírvase certificar qué pruebas fueron incorporadas al proceso en el auto de
apertura e imputación?
2.7. Sírvase certificar qué pruebas fueron decretadas en la Audiencia de Descargos y
practicadas dentro o fuera de la misma?
2.8. Sírvase certificar la fecha en que venció el término para la presentación de los
descargos después de la notificación del auto de imputación de responsabilidad fiscal?
2.9. Sírvase certificar si se le ha dado aplicación a las disposiciones legales
contenidas en los artículo 98 y siguientes de la Ley Anticorrupción, en cuanto al
TRÁMITE DE LA AUDIENCIA DE DESCARGOS -Art. 100-, TRÁMITE DE LA
AUDIENCIA DE DECISIÓN - Art. 101-, la PRECLUSIVIDAD DE LOS PLAZOS EN EL
TRÁMITE DE LOS PROCESOS DE RESPONSABILIDAD FISCAL -Art. 107- y la
PERENTORIEDAD PARA EL DECRETO DE PRUEBAS EN LA ETAPA DE
DESCARGOS -Art. 108-
2.10. Solicito copia de todas las piezas del expediente que no tengan carácter de
reservadas, incluidas las pruebas incorporadas y las decisiones que a la fecha se
hayan adoptado.
2.11. Sírvase certificar si ya se llevó a cabo la AUDIENCIA DE DECISIÓN. 2.12. En
caso de no haberse llevado a cabo las audiencias públicas de DESCARGOS y de
DECISIÓN, solicito se sirvan notificarme de la fecha y hora en que se llevarán a cabo
y el medio por el cual podré asistir teniendo en cuenta que son PÚBLICAS”.

4.2.2. La solicitud fue resuelta mediante oficios de 18 y 23 de mayo de 2022, en el
sentido de informarle al peticionario que no se le podía suministrar la información
solicitada en relación con los procesos de responsabilidad fiscal No. 311 y No. 306
de 2019, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 610
de 2000, las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el
proceso de responsabilidad fiscal son reservadas.

4.2.3. Por lo anterior, el 2 de junio de 2022 el solicitante formuló recurso de
insistencia, bajo el argumento de que se le estaba negando el suministro de
información de contenido general de un proceso fiscal, lo cual no constituía
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Demandante: Rafael Díaz Martínez

afectación alguna a la protección de reserva como institución jurídico procesal.
Además, indicó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley
610 de 2000, las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el
proceso ordinario o verbal de responsabilidad fiscal son reservadas hasta la
culminación del periodo probatorio establecido para su práctica, periodo que ya
debía haber finalizado, teniendo en cuenta que las actuaciones empezaron en el
año 2019.

4.2.4. El mencionado recurso de insistencia fue resuelto por el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Primera de Decisión, en sentencia de 15 de junio
de 2022, en los siguientes términos:

“Ahora, una vez analizada la petición presentada por el señor Rafael Díaz Martínez a
la luz de lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 610 de 2000 modificado por el artículo
133 del Decreto Ley 430 de 2020, la Sala concluye que no es posible entregar la
información solicitada por el peticionario, toda vez que la misma tiene que ver
directamente con las actuaciones adelantadas en los procesos de responsabilidad
fiscal núms. 306 y 311 de 2019, cuya etapa probatoria no ha finalizado aun, tal y como
se le informó al peticionario la Contraloría General de Antioquia en respuestas del 18 y
23 de mayo de 2022.

Sobre el tema, se tiene que tal y como se le indicó en las respuestas antes citadas,
ambos procesos fiscales se encuentran pendientes de que se agote el periodo
probatorio y, de conformidad con el numeral 7º del artículo 99 de la Ley 1474 de 2011,
en la audiencia de descargos -pendiente aún de realizar-, los sujetos procesales
pueden intervenir con todas las garantías procesales, con el fin de que se realicen las
actuaciones enunciadas en dicho artículo, entre ellas, las de aportar y solicitar
pruebas, a la vez que el numeral 8º del artículo citado, dispone que también se podrán
decretar o denegar la práctica de pruebas.

Igualmente, revisados los expedientes antes mencionados, se observa que el señor
Rafael Díaz Martínez no tiene la calidad de parte ni de representante de algunas de
estas en el proceso de responsabilidad fiscal, además de no estar incluido en ninguna
de las excepciones planteadas por las normas aplicables a la reserva de información.
En este sentido, considera la Sala que se debe estimar bien denegada la información
pedida por el señor Rafael Díaz Martínez ante la Contraloría General de Antioquia, en
la medida en que lo pedido se encuentra sometido a reserva legal y el mismo no está
exceptuado frente a esta protección”.

4.2.5. Al respecto, la Sala advierte que la providencia judicial demandada no
desconoció los derechos fundamentales invocados por el actor, pues la decisión
de declarar bien denegada la información solicitada se justifica en que la misma se
relaciona con los procesos de responsabilidad fiscal No. 306 y 311 de 2019, cuya
etapa probatoria aún no había finalizado.

En efecto, como lo indicó la Contraloría General de Antioquia en el informe
presentado en el trámite de tutela, el proceso de responsabilidad fiscal No. 306 -
2019 es verbal, cuya normatividad especial para su trámite es la Ley 1474 de
2011. Luego de emitir el auto de apertura e imputación de responsabilidad fiscal,
se citó para la audiencia de descargos, la cual aún no ha sido posible iniciar,
siendo en esa la oportunidad en la que se decretan las pruebas, como lo establece
el artículo 98 de dicha normativa.

Además, en relación con el proceso de responsabilidad fiscal No. 311-2019, cuyo
trámite se rige por la Ley 610 de 2000, el órgano de control fiscal aseguró que si
bien ya se citó a rendir versión libre a los sujetos procesales, no ha sido posible la
asistencia de los mismos, siendo esta la etapa previa a la emisión del auto que
decreta práctica de pruebas.

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En cuanto a las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y el
posterior proceso de responsabilidad fiscal ante los órganos de control fiscal a
nivel nacional y territorial, cabe resaltar que el artículo 20 de la Ley 610 de 2000,
establece lo siguiente:

“Artículo 20. Reserva y expedición de copias. Las actuaciones adelantadas durante la
indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal son reservadas hasta su
culminación. En consecuencia, hasta no terminarse el proceso de responsabilidad
fiscal, ningún funcionario podrá suministrar información, ni expedir copias de piezas
procesales, salvo que las solicite autoridad competente para conocer asuntos
judiciales, disciplinarios o administrativos.

El incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria, la cual será
sancionada por la autoridad competente con multa de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos mensuales.

Los sujetos procesales tendrán derecho a obtener copia de la actuación para su uso
exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligación de guardar reserva sin
necesidad de diligencia especial”.

En cuanto a la reserva contemplada en dicha norma, la sentencia C-477 de 2001,
en la que se reiteró el criterio expuesto en la sentencia C-038 de 199617 y en aras
de garantizar el principio de participación ciudadana en el control fiscal y el
derecho del ciudadano al acceso a los documentos públicos, declaró la
exequibilidad de dicha norma, bajo el entendido que “la reserva a que se refiere
deberá levantarse tan pronto se practiquen efectivamente las pruebas a que
haya lugar y, en todo caso, una vez expire el término general fijado por la ley
para su práctica”. Es decir, que la reserva no cobija todo el proceso fiscal, sino
que la misma debe levantarse una vez se practiquen las pruebas o finalice el
término previsto en la ley para su práctica.

En cuanto al término para la práctica de dichas pruebas el artículo 107 de la Ley
1474 de 2011, establece que “la práctica de pruebas en el proceso ordinario de
responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años contados a partir del
momento en que se notifique la providencia que las decreta. En el proceso
verbal dicho término no podrá exceder de un año”.

El artículo 133 del Decreto Ley 430 de 2020, que modificó el artículo 20 de la Ley
610 de 2000, introdujo de forma expresa que la reserva de las actuaciones
adelantadas durante la indagación preliminar y el proceso ordinario o verbal de
responsabilidad fiscal se aplica hasta la culminación del “periodo probatorio
establecido para su práctica”. Así lo dispuso la referida norma:

“ARTÍCULO 133. Modificar el artículo 20 de la Ley 610 de 2000, el cual quedará así:

ARTÍCULO 20. Reserva y expedición de copias. Las actuaciones adelantadas durante
la indagación preliminar y el proceso ordinario o verbal de responsabilidad fiscal son
reservadas hasta que se culmine el periodo probatorio establecido para su práctica.

En consecuencia, ningún funcionario podrá suministrar información, ni expedir copias
de piezas procesales, salvo que las solicite autoridad competente para conocer
asuntos judiciales, disciplinarios, fiscales o administrativos.

El incumplimiento de esta obligación constituye falta disciplinaria, la cual será
sancionada por la autoridad competente con multa de cinco (5) a diez (10) salarios
mínimos mensuales.

17 Mediante en la que se estudió la constitucionalidad de artículos 3 (parcial), 6, 17 (parcial), 33, 36, 78
(parcial) y 82 de la Ley 190 de 1995 "Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la
Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa en
Colombia".
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Demandante: Rafael Díaz Martínez

Los sujetos procesales tendrán derecho a obtener copia de la actuación para su uso
exclusivo y el ejercicio de sus derechos, con la obligación de guardar reserva sin
necesidad de diligencia especial. Mediante constancia simple se registrará la
actuación y su comunicación al solicitante, la cual se incorporará al expediente".

No obstante, el título XIII del Decreto Ley 430 de 2020 (artículos 124 a 148), fue
declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-090 de 10
de marzo de 202218, al encontrar que el Presidente de la República lo expidió en
extralimitación del ejercicio de sus facultades extraordinarias, pues no existía
relación de conexidad entre los artículos demandados y la norma habilitante
(parágrafo transitorio del artículo 268 de la Constitución Política 19), ni desarrollaban
las reformas que el Acto Legislativo 04 de 201920 introdujo a la Constitución
Política, sino que se limitaban a reformar, adicionar o introducir nuevos elementos
al proceso de responsabilidad fiscal.

Lo anterior, teniendo en cuenta que ninguno tiene por objeto regular la
equiparación de la asignación básica mensual de la Contraloría General de la
República y de su planta transitoria a los empleos equivalentes de otros
organismos de control de nivel nacional, ni se relaciona con el control
concomitante y preventivo, unificación de competencias de la Contraloría General
y las contralorías territoriales, ni asignan funciones jurisdiccionales.

En ese sentido, declaró la inexequibilidad de la norma con la precisión de que lo
decidido tenía efectos inmediatos y hacia el futuro. En cualquier caso, con el fin de
evitar un vacío normativo respecto a la regulación del proceso de responsabilidad
fiscal, lo cual afectaría las garantías del debido proceso, la Corte consideró
necesario precisar que en operaba la reviviscencia de los artículos de las Leyes
610 de 2000 y 1474 de 2011 que habían sido modificados o adicionados por los
artículos declarados inexequibles, por lo que se entiende que en cuanto a la
reserva que cobija las actuaciones adelantadas durante la indagación preliminar y
el proceso de responsabilidad fiscal se aplica lo dispuesto en el artículo 20 de la
Ley 610 de 2000, con el condicionamiento efectuado en la sentencia C-477 de
2001, es decir, que la reserva rige hasta la finalización del periodo probatorio o
hasta que expire el término general fijado por la ley para la práctica de pruebas.

4.2.6. En este orden de ideas, como quiera que en el asunto bajo examen, la
autoridad judicial demandada tuvo en cuenta que el periodo probatorio ni el
término con el que contaba la entidad para la práctica de pruebas había finalizado,
es claro que la decisión proferida por la autoridad judicial demandada no resulta
contraria a las subreglas establecidas en la mencionada sentencia invocada como
desconocida por el actor, la sentencia C-477 de 2001 que reiteró el criterio
expuesto en la sentencia C-038 de 1996, en la medida en que en ninguno de los
procesos se ha emitido auto que ordena el decreto y práctica de pruebas, por lo
que el término perentorio de 1 o 2 años al que ha referencia la Ley 1474 de 2011
puede aplicarse para levantar la reserva.

De este modo, quedan descartados los defectos de desconocimiento de
precedente judicial y de violación directa de la Constitución en los términos
señalados por el actor, pues la decisión demandada se sustentó precisamente en
que la reserva se puede levantar cuando finalice el periodo probatorio, conclusión
que se acompasa con lo dispuesto en el precedente constitucional.

18 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo. La decisión se divulgó mediante comunicado No. 7 de 9 y 10 de

marzo de 2022.
19 Parágrafo transitorio. La asignación básica mensual de los servidores de la Contraloría General de la

República y su planta transitoria será equiparada a los de los empleos equivalentes de otros organismos de
control de nivel nacional.
20 Por medio del cual se reforma el Régimen de Control Fiscal.

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Demandante: Rafael Díaz Martínez

En este sentido, contrario al entendimiento dado por el demandante, al no haberse
iniciado la etapa probatoria en los procesos de responsabilidad fiscal No. 311 y
No. 306 de 2019, no es posible suministrarle información solicitada acerca de las
actuaciones adelantadas en dichos trámites administrativos.

Además, tampoco ha finalizado el término de dos (2) años en el proceso ordinario
y de un (1) año en el proceso verbal para la práctica de pruebas, pues de
conformidad con lo establecido en el artículo 107 de la Ley 1474 de 201121, dicho
término se cuenta a partir del momento en que se notifica la providencia que las
decreta y no desde el auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal como
lo pretende el accionante, término que, valga indicar, es de carácter preclusivo. Se
insiste, en ninguno de los referidos procesos se ha dado inicio a la etapa
probatoria.

4.2.7. Por otro lado, en cuanto a la configuración del defecto sustantivo por
haberse aplicado en la decisión judicial demandada el artículo 133 del Decreto Ley
430 de 2020, a pesar de que el mismo ya había sido declarado inexequible por la
Corte Constitucional en la sentencia C-090 de 10 de marzo de 2022, la Sala
advierte que en efecto el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Primera de
Decisión, no debió incluir en su análisis dicha disposición porque la misma había
sido retirada del ordenamiento jurídico.

Como lo ha advertido la Corte Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 45 de la Ley 270 de 1996, las sentencias de inexequibilidad tienen, por
regla general, efectos hacía el futuro y rigen desde el día siguiente a su adopción,
siempre y cuando sean debidamente comunicadas por los medios ordinarios
adoptados por dicha Corporación (Ley 270 de 1996, artículo 56)22.

Además, la Corte ha precisado que la declaratoria de inexequibilidad de una
norma conlleva necesariamente “la imposibilidad de su aplicación por ser contraria
a la Constitución, para lo cual se requiere que el operador jurídico constate la
existencia de esa irregularidad o vicio que generalmente acompaña a la norma
desde que nace a la vida jurídica, pero que sólo es declarado cuando es sometida
a análisis de constitucionalidad. Tal restricción impone a los operadores jurídicos
al momento de resolver los casos sometidos a estudio, la no aplicación de las
normas retiradas del ordenamiento jurídico por el juez constitucional”23.

En este orden de ideas, como quiera que la sentencia C-090 de 2022, mediante la
cual se declaró la inexequibilidad del título XIII del Decreto Ley 430 de 2020,
incluido el artículo 133, fue comunicada desde el 10 de marzo de 2022, es decir,
antes de proferirse la decisión objetada, dicha norma debió excluirse del análisis
efectuado por el tribunal accionado en el recurso de insistencia presentado por el
actor.

En cualquier caso, aun cuando la aplicación del Decreto Ley 430 de 2020, en
principio conllevaría la configuración del defecto sustantivo, lo cierto es que en
esta ocasión no tiene efecto útil ordenar que se profiera una decisión de
reemplazo en la que se excluya dicha norma, dado que, como se precisa en la

21 “ARTÍCULO 107. Preclusividad de los plazos en el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal. Los

plazos previstos legalmente para la práctica de las pruebas en la indagación preliminar y en la etapa de
investigación en los procesos de responsabilidad fiscal serán preclusivos y por lo tanto carecerán de valor las
pruebas practicadas por fuera de los mismos. La práctica de pruebas en el proceso ordinario de
responsabilidad fiscal no podrá exceder de dos años contados a partir del momento en que se notifique la
providencia que las decreta. En el proceso verbal dicho término no podrá exceder de un año”.
22 Sentencias C-973 de 2004 M.P. Rodrigo Escobar Gil y C-473 de 2013, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23 Sentencia T-772 de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.

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sentencia C-090 de 2022 al declarar entre otros la inexequibilidad del artículo 133,
se revivió lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 610 de 2000, lo que incluye el
condicionamiento de la sentencia C-477 de 2001, por lo que independientemente
de la vigencia del Decreto Ley 430 de 2020, las actuaciones adelantadas durante
la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal continúan siendo
reservadas hasta la culminación del periodo probatorio.

Por lo anterior, es claro para la Sala que la decisión de declarar bien denegada la
solicitud de información radicada por el accionante el 16 de mayo de 2022, resultó
acertada pues, se insiste, en ninguno de los dos procesos de responsabilidad
fiscal ha finalizado la etapa de decreto y práctica de pruebas.

Por último, en relación con la solicitud formulada por la Contraloría General de
Antioquia consistente en que se le ordene al actor que se abstenga de presentar
tutelas y recursos de insistencia, se advierte que no le corresponde al juez de
tutela, en este caso concreto, establecer limitaciones en abstracto para que haga
uso de los medios judiciales que le provee el ordenamiento jurídico, para lo cual se
establecen mecanismos como la temeridad o la duplicidad de acciones de
deberán ser analizadas, caso a caso, ni tampoco le concierne limitar el ejercicio
del recurso de insistencia que es una garantía reforzada del derecho de petición.

Así las cosas, la Sala negará las pretensiones formuladas en el escrito de tutela,
por las razones antes expuestas.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta de
su Sala de lo Contencioso, administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela presentada por el
señor Rafael Díaz Martínez, por las razones aquí expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03357-00
Demandante: Rafael Díaz Martínez

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

15

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