Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03365-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03365-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
12 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Demandante: Darío José Montero Guerrero
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES –
Improcedencia/RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - la parte actora pretende reabrir
un debate ya surtido y crear una instancia adicional al no estar de acuerdo con lo
decidido en el proceso.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro
del recurso de amparo constitucional formulado por el señor Darío José Montero
Guerrero contra el Tribunal Administrativo del Atlántico y la Subsección B de la
Sección Segunda del Consejo de Estado.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 21 de junio de 2022, el señor Darío José Montero Guerrero, a través de
apoderado judicial, interpuso demanda de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Atlántico y la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado, con el fin
obtener la protección de sus derechos fundamentales de acceso a la administración
de justicia, debido proceso, igualdad y dignidad, así como el principio de prevalencia
del derecho sustancial sobre el formal, presuntamente vulnerados por las
autoridades judiciales accionadas, al proferir las sentencias de 6 de noviembre de
2018 y 25 de noviembre de 20212, respectivamente, dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho (rad. 08001-23-33-000-2016-01076-00/01) que
promovió contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional.
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 Dicha decisión fue notificada el 5 de abril de 2022, por estado.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente3:
<< 3.1.- Tutelar a mi poderdante DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, sus derechos
constitucionales fundamentales a la dignidad humana, igualdad, debido proceso, prevalencia
del derecho sustancial y acceso a la administración de justicia.
3.2.- Como consecuencia de la anterior declaración, sírvase señor Juez ORDENAR al
CONSEJO DE ESTADO - SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO - SECCIÓN
SEGUNDA, SUBSECCIÓN B y del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLANTICO –
SALA ORAL A, para que en el menor tiempo posible se sirva dictar nueva sentencia en la
que sean evaluadas y respetadas los derechos y garantías procesales y judiciales del señor
DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, que le fueron violados al actor.
3.3.- Las demás que los Honorables consejeros estimen pertinentes y necesarias, a fin de
lograr la debida tutela de los derechos constitucionales fundamentales violados por los
accionados >> (negrilla del texto original).
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico y probatorio que respaldan la protección
invocada, se tiene que:
3.1.- El 10 de octubre de 2014, el Jefe de la Oficina de Control Disciplinario de la
Policía Metropolitana de Barranquilla, a través de auto No. P-MEBAR-2014-159,
resolvió iniciar una investigación preliminar en contra del accionante, por abandono
de su cargo de forma injustificada.
3.2. Surtidas las actuaciones correspondientes, el 8 de mayo de 2015, la Oficina de
Control Interno disciplinario de la Policía Nacional Metropolitana de Barranquilla
sancionó al señor Montero Guerrero con la destitución de su cargo e inhabilidad
general por el término de 11 años.
3.3- En desacuerdo con lo anterior, el afectado interpuso recurso de apelación, que
fue decidido de manera negativa confirmando la decisión recurrida. Por
consiguiente, el 6 de mayo de 2016, a través de la Resolución No. 02222, la Policía
Nacional ejecutó la sanción impuesta a la parte actora.
3.4.- Por los hechos anteriormente expuestos, el ciudadano antes referido presentó
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación -Ministerio de
Defensa – Policía Nacional, con el propósito de que se declarara la nulidad de las
referidas decisiones y, en consecuencia, se ordenara su reintegro en el grado y
escalafón que ostentaban sus compañeros de curso. Además, se ordenara el
reconocimiento y pago de los salarios y demás prestaciones sociales dejadas de
percibir desde el momento de su retiro del servicio hasta que fuera reintegrado. Así
mismo, solicitó que se condenara a la entidad demandada al pago de 100 salarios
3 Expediente digital, Escrito de demanda, fl. 10.
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
mínimos legales mensuales vigentes por concepto de los perjuicios morales
ocasionados por su desvinculación “abiertamente ilegal”.
3.5.- El conocimiento del asunto, en primera instancia, le correspondió a la Sección
Segunda, Subsección A del Tribunal Administrativo del Atlántico que, en sentencia
de 6 de noviembre de 2018, negó las pretensiones de la demanda. Inconforme con
lo anterior, el accionante presentó recurso de apelación.
3.6.- El 25 de noviembre de 2021, la Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, confirmó la decisión adoptada por el A quo.
4.- La parte actora considera que las autoridades judiciales accionadas vulneraron
sus derechos al debido proceso, a la igualdad y al acceso a la administración de
justicia, al incurrir en los siguientes defectos:
4.1.- Violación directa de la Constitución, debido a que, al no comparecer a la
audiencia especial del proceso disciplinario adelantado en su contra, las entidades
encargadas de adelantar el proceso no le asignaron un defensor de oficio,
transgrediendo las disposiciones consagradas en el artículo 17 de la Ley 734 de
2002 y el artículo 2 de la Constitución Política.
De igual forma, indicó que, aun cuando las autoridades disciplinarias conocían que
el inicio de la audiencia verbal, su suspensión y reanudación fueron notificadas a
una dirección diferente a la aportada por el accionante al proceso, estas decidieron
continuar con su trámite, lo que, a su juicio, vulneró sus derechos a la defensa y
debido proceso.
También, manifestó que en el proceso disciplinario se violó el principio de
investigación integral, toda vez que el operador jurídico omitió su deber de verificar
las causas que podrían exonerar de responsabilidad al disciplinado y decretó
pruebas de oficio y no las practicó.
4.2.- Defecto fáctico, generado porque en el proceso disciplinario no se ordenó la
práctica de pruebas orientadas a corroborar los hechos contenidos en los informes
que dieron origen al proceso y debido a que el accionante no fue escuchado en
versión libre y espontánea.
Así mismo, señaló que la decisión de destituir e inhabilitar al accionante no contó
con el respaldo probatorio suficiente, en particular, porque en los procesos
disciplinarios no solo debe establecerse la responsabilidad objetiva del disciplinado,
razón por la cual se transgredieron los artículos 6, 13, 128, 129 y 150 de la ley 734
de 2002.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
4.3. Por último, sostuvo que debido a la naturaleza de las irregularidades a las cuales
se ha hecho referencia y por tratarse de violaciones graves a los derechos y a las
garantías del disciplinado, la nulidad de las actuaciones desplegadas por las
autoridades disciplinarias era insanable, aspecto que no fue tenido en cuenta en las
decisiones judiciales atacadas.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5.- Mediante auto de 28 de junio de 2022, el despacho admitió la acción de tutela,
ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas y vinculó a Nación –
Ministerio de Defensa – Policía Nacional, como tercero interesado en el proceso.
5.1.- También requirió al Tribunal Administrativo del Atlántico para que remitiera, en
calidad de préstamo, el expediente identificado con el radicado número 08001-23-
33-000-2016-01076-00/01.
(i) Ministerio de Defensa – Policía Nacional4
6.- El 7 de julio de 2022, la Policía Nacional solicitó negar las pretensiones
propuestas en el recurso de amparo, toda vez que: (i) el accionante siempre tuvo
conocimiento de las diligencias disciplinarias adelantadas en su contra y pese a esto
en ningún momento decidió manifestar su voluntad de nombrar un apoderado judicial
para que ejerciera su representación o solicitó la designación por parte de la entidad
de un defensor de oficio; (ii) los defectos descritos en el recurso de amparo no fueron
alegados en el trámite de las dos instancias del proceso disciplinario; (iii) en el trámite
de la segunda instancia del proceso disciplinario, el Inspector Delegado de la Región
de Policía número 8 decretó y practicó las pruebas testimoniales necesarias para
garantizar el debido proceso y garantías constitucionales del entonces investigado,
sin embargo, la valoración del mencionado material probatorio no fue favorable a los
intereses del accionante, razón por la cual resolvió confirmar la decisión proferida en
primera instancia por la Oficina de Control Interno disciplinario de la Policía Nacional
Metropolitana de Barranquilla.
Por último, señaló que, al pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por
el accionante, la Sección Segunda del Consejo de Estado, acertadamente, planteó
la existencia de la convalidación, por parte del investigado, de las actuaciones
surtidas en el expediente disciplinario, razón por la cual los cargos propuestos en el
recurso de amparo no están llamados a prosperar.
7.- A pesar de haber sido debidamente notificadas, las autoridades judiciales
accionadas, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
4 Expediente digital, intervención contenida en 9 folios.
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
C. La acción de tutela contra providencias judiciales
8.- La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales5.
8.1.- Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior6.
8.2.- Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados son los siguientes7:
• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
• Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
• Que se cumpla el requisito de inmediatez.
• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
• Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
• Que no se trate de sentencias de tutela.
8.3.- Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,
exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional 8.
En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
8.4.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional9 y, en ese sentido, evitar
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 10 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales11; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales12.
8.5.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
8 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
9 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
10 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-
896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-
182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
11 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
12 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
fundamentales13: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
8.6.- En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”14.
8.7.- Precisado lo anterior, le corresponde al juez de tutela verificar el cumplimiento
estricto de todos los requisitos generales, de tal manera que, una vez superado ese
examen formal, pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, los cuales deben ser adecuadamente formulados por el
interesado15.
D. Análisis del caso concreto
9.- La Sala se centrará en analizar los defectos invocados respecto de la decisión
adoptada por la Subsección B, de la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
cual se resolvió confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del
Atlántico. Lo anterior, debido a que este fue el fallo que puso fin a la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, radicada con el No. 08001-23-33-000-2016-
01076-00/01.
9.1.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las
circunstancias que se alegan en la presente causa acreditan los requisitos de
13 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
14 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
15 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de
noviembre de 2016, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542 de 2016 y
SU-490 de 2016.
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si cumple el
requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a
abordar el estudio de los demás criterios con el propósito de establecer si la Sección
Segunda de esta Corporación incurrió en los defectos o yerros invocados por la
accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.
10.- Revisado en su totalidad el escrito de tutela, las pruebas, las contestaciones y
el expediente digital allegado en préstamo contentivo del proceso ordinario del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, la Sala observa que el presente
asunto carece del requisito general de relevancia constitucional, en la medida en que
la parte actora acude a la acción de tutela con el propósito de reabrir y continuar con
el debate que se surtió en el proceso ordinario. Resulta evidente que la parte
demandante busca un nuevo análisis de los aspectos definidos por la autoridad
disciplinaria y por el juez natural de la causa, pues en la presente acción sigue
planteando e insistiendo en cuestionar los mismos argumentos que fueron resueltos
por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la sentencia proferida el 25 de
noviembre de 2021, dentro del proceso Rad. 08001-23-33-000-2016-01076-00/01.
De igual forma, la mayoría de los cargos propuestos por el accionante están
orientados a cuestionar actuaciones que tuvieron lugar en el marco del proceso
disciplinario que se surtió ante la Policía Nacional.
11- En primer lugar, se advierte que los reproches que hace el actor referentes a
que: (i) se le juzgó como persona ausente, (ii) se omitió designarle un defensor de
oficio, (iii) se le notificó de forma indebida la audiencia disciplinaria y (iv) que dichas
irregularidades son insubsanables, fueron planteados en el recurso de apelación,
dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, Rad. 08001-23-33-
000-2016-01076-00/01, de la siguiente manera:
“1.- El argumento esgrimido en la sentencia recurrida, es absurdo y por ende
equivocado, debido a que de conformidad con lo preceptuado en el código
disciplinario único concretamente en sus artículos 6, 17 y 177 de la ley 734 de 2.002
y el artículo 58 de la ley 1474 de 2.011, el sujeto disciplinable deberá ser investigado
por funcionario competente y con observancia formal y material de las normas que
determinen la ritualidad del proceso, ello implica que durante la actuación
disciplinaria el investigado tiene derecho a la defensa material y a la
designación de un abogado, si el procesado solicita la designación de un defensor
así deberá procederse y cuando se juzgue como persona ausente deberá estar
representado a través de apoderado judicial, si no lo hiciere se designará
defensor de oficio.
Es claro que, durante el desarrollo de la actuación disciplinaria, adelantada al interior
el proceso disciplinario instruido y fallado por. la oficina de control interno
disciplinario de la Policía Nacional Metropolitana de Barranquilla, en contra del
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
patrullero DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, se cercenaron sus derechos al
debido proceso, y muy especialmente el derecho a la defensa en su condición de
disciplinado, cuando al no haber asistido a la audiencia verbal disciplinaria
adelantada en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2.015), la cual
obra a folio 133 del expediente disciplinario y adelantarse ésta en su ausencia
y sin la designación de defensor de oficio, contrariaron con ello lo que sobre el
particular dispone la constitución, la ley y los tratados internacionales, en materia de
debido proceso,. derecho a la defensa, solicitud y contradicción de pruebas,
aniquilando abiertamente sus derechos y garantías como ciudadano reconocidas
legalmente gen el estado constitucional que nos regenta.
2.- La violación del derecho al debido proceso por su naturaleza es de carácter
insaneable y la única forma de solventarla es anulando los actos administrativos
demandados por haber siso obtenidos con violación del debido proceso.
3.- Es evidente que el proceso se adelantó en ausencia del disciplinado DARIO
JOSE MONTERO GUERRERO y sin la designación de defensor de oficio, tal y como
se dispone en el Estatuto Único Disciplinario (Articulo 17) y fue de esa irregular forma
que se surtió el juicio hasta la clausura del periodo probatorio, cuando se ordenó por
parte del Juez u operador jurídico disciplinario, la suspensión de la audiencia para
que se presentaran los alegatos de conclusión, en fecha cuatro (4) de mayo de dos
mil quince (2.015). Es decir, que el señor DARIO JOSE MONTERO GUERRERO
fue vencido en juicio donde no se pidieron pruebas en su favor, ni se controvirtieron
las que se practicaron en su contra.
4.- Las irregularidades antes anotadas de juzgamiento en ausencia y falta de
designación de defensor de oficio al interior del proceso disciplinario continuaron con
un agravante mayor, consistente en decisión de suspensión de la audiencia y se
intentó comunicar al disciplinado y en fecha treinta (30) de abril se dejó constancia
secretarial, en donde se señala lo siguiente:
‘Barranquilla, 30 de abril de 2.015.
CONSTANCIA SECRETARIAL
"En la fecha y siendo las 9: 30 horas, el suscrito funcionario de la Oficina de control
Disciplinario Interno De La Policía Metropolitana De Barranquilla, cumpliendo
funciones como estafeta de la oficina el día de hoy, dejo· expresa constancia que
siendo las 9:30 horas me traslade hasta el barrio siete de abril de Barranquilla para
ubicar la dirección calle 50 A No. 9-24 con el propósito de entregar el oficio No. S-
2015-009560 de fecha 27-04-2015, signado por el señor Subintendente
FERNANDO JOSE CORONELL MOREN, sustanciador de procesos disciplinarios
de esta oficina investigadora; mediante el cual comunica la continuación de
audiencia de la referencia al patrullero DARIO JOSE MONTERO GUERRERO; sin
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
embargo al llegar a la calle y carrera indicada verifique cada una de las
nomenclaturas pero la dirección exacta no fue encontrada, por lo cual realice
averiguaciones por el vecindario logrando ubicar el domicilio Carrera 9 sur No. 50 -
25 señalado por algunos ciudadanos como la residencia de la esposa del patrullero
requerido, entrevistándome con la señora JUDITH FLOREZ, quien manifestó ser
familiar de la compañera del patrullero, y que no se encontraba en el momento, no
obstante afirmo que recibiría el documento y se lo haría llegar al patrullero en
cuestión, procediendo el suscrito a entregarle copia de la comunicación oficial
quedándome con el respectivo soporte del recibo para que sea anexado a la citada
investigación.
Lo anterior para que obre como antecedente en la audiencia pública No. MEBAR-
2015-23, que se adelanta en este despacho, CONSTE.
Atentamente,
Patrullero ROBERTO ANTONIO SANTOS MENDOZA
Funcionario Oficina Control Disciplinario Interno MEBAR’
La anterior situación, muestra claramente la indebida notificación o
comunicación de la decisión de suspensión de la audiencia irregularmente
tramitada en fecha veintisiete (27) de abril de dos mil quince (2. 015), en
ausencia del disciplinado DARIO JOSE MONTERO GUERRERO y sin la
designación de defensor de oficio en representación de sus intereses y en
flagrante violación de los derechos al debido proceso, derecho a la defensa y
contradicción de las pruebas.
5.- Debe destacarse de igual forma, la naturaleza de la actuación administrativa
adelantada, lo cual nos dará la claridad de la existencia de los vicios de forma y
procedimiento de los actos administrativos demandados y que dan lugar a la
declaratoria de nulidad de los mismos. Del proceso disciplinario adelantado se
desprende que se trata de un procedimiento verbal disciplinario, el cual es un
procedimiento de naturaleza especial, reglado en los artículos 175 a 181 del código
disciplinario único.
En particular traemos a colación lo estatuido en el artículo 181 del código
disciplinario único, norma que a su tenor literal reza:
Artículo 181. Remisión al procedimiento ordinario. Los aspectos no regulados en
este procedimiento se regirán por lo dispuesto en el siguiente y por lo señalado
en el procedimiento ordinario, siempre y cuando no afecte su naturaleza especial.
La norma en mención, de forma directa hace un reenvió al procedimiento especial
disciplinario adelantado. ante el Procurador General De La Nación, establecido
10
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
de los artículos 182 a 191 del código disciplinario único, y en nuestro caso particular,
haremos referencia específica a la norma establecida en el artículo 186 ejusdem,
norma que a su tenor literal reza:
‘Artículo 186. Notificación y declaración de ausencia. La decisión que cita a
audiencia se notificará personalmente al servidor público investigado, dentro de los
dos días siguientes. Si no se lograre realizar la notificación personal en el término
indicado, se fijará edicto por dos días para notificar la providencia. Vencido este
término, si no compareciere el investigado, se le designará defensor de oficio,
a quien se le notificará la decisión y con quien se continuará el procedimiento,
sin perjuicio de que el investigado comparezca o designe defensor. Contra la
decisión que cita a audiencia no procede recurso alguno’.
Estas normas especiales y particulares del proceso disciplinario, zanjan la discusión
abierta al interior del proceso, dando la respuesta correcta al hecho de que se
debía y se debe designar defensor de oficio al interior del proceso
disciplinario, cuando hay juzgamiento en ausencia como en el caso del
patrullero DARIO JOSE MONTERO GUERRERO.
Lo anterior, nos aclara el punto de que los actos administrativos demandados fueron
expedidos con vicios de forma y procedimiento al haber juzgado al patrullero DARIO
JOSE MONTERO GUERRERO, EN AUSENCIA Y SIN LA DESIGNACION DE
DEFENSOR DE OFICIO, SIENDO ELLO OBLIGATORIO, a la luz de la
normatividad antes señalada y que confirma que los argumentos de la sentencia de
primera instancia son equivocados y que la decisión debe ser revocada en su
integridad y conceder en su totalidad las suplicas de la demanda.
Lo anterior, no solo es así por disposición de la Ley, sino que la única oportunidad
que tiene el disciplinado para aportar y pedir pruebas es en dicha audiencia y si no
comparece lo debe hacer el defensor de oficio dedignado” 16 (negrilla y subrayas del
texto original).
11.1.- Al analizar los alegatos mencionados, la Sección Segunda del Consejo de
Estado, en el fallo de 25 de noviembre de 202117, resolvió que los mismos no estaban
llamados a prosperar en tanto: (i) la Oficina de Control Disciplinario Interno Policía
Metropolitana de Barranquilla, a través del auto de 2 de octubre de 2014, dispuso la
apertura de la investigación disciplinaria en contra del investigado, ordenando en la
parte resolutiva escuchar al actor en diligencia de versión libre, decisión que fue
notificada el 27 de octubre de 2014, en la que se le informaron los derechos
contemplados en los artículos 17 y 92 de la Ley 734 de 2002. En la misma audiencia,
la autoridad disciplinaria procedió a preguntarle al accionante si quería rendir versión
libre por los hechos objeto de la diligencia, a lo que la parte actora contestó que no;
16 Expediente digital, Rad. 08001-23-33-000-2016-01076-00/01, Recurso de apelación, fl. 211 – 214.
17 Dicha decisión fue notificada el 5 de febrero de 2022, por estado.
11
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
(ii) a pesar de haber sido notificado en debida forma el 18 de abril de 2015 del auto
de 15 de abril de ese mismo año, mediante el cual se fijó fecha para la celebración
de la audiencia del 27 de abril de 2015, el accionante decidió voluntariamente no
comparecer a la misma; (iii) el presunto error en la notificación alegado por el actor,
se generó debido a que el demandante al momento de notificar el auto de citación a
audiencia dentro de sus datos personales anotó la dirección de su residencia la Calle
50 A No 9-24 Sur 22, así mismo en la notificación de la apertura de la indagación
preliminar colocó la dirección de residencia Calle 50 A No 9-24 Barrio Siete de Abril,
visto lo anterior, la notificación fue remitida a la Calle 50 A No 9-24 Barrio Siete de
Abril, la cual fue recibida por la señora Judith Flórez, el día 30 de abril de 2015.
Sobre la obligación del operador disciplinario de nombrar un defensor de oficio al
entonces demandante, la Sección Segunda indicó que, al notificarse del auto que
ordenó la apertura de la indagación preliminar, así como del auto de citación a
audiencia, y además haber participado activamente en algunas partes del proceso,
el accionante no podía ser calificado como persona ausente, razón por la cual la
autoridad disciplinaria no se encontraba obligada a designarle un abogado de oficio.
La autoridad judicial accionada, señaló que de conformidad con el artículo 228 de la
Constitución Política, en las actuaciones de la administración de justicia prevalece el
derecho sustancial sobre el procedimental, razón por la cual no cualquier defecto al
interior del proceso acarrea nulidades. En el caso del accionante, precisó que,
únicamente aquellas situaciones que, por su entidad, afectan los derechos
sustantivos de defensa y contradicción del investigado son las que generan nulidad,
escenario que en el caso bajo examen no se cumplió, como quiera que el investigado
resolvió no comparecer a la audiencia inicial; en cuanto a la continuación de esta,
fue debidamente citado y notificado en estrados, a la cual tampoco asistió. Así pues,
señaló que la parte demandante actuó dentro del proceso sin alegar la supuesta
nulidad, por lo que debe entenderse que la misma quedó saneada por su silencio.
Por último, resaltó que el artículo 143 de la Ley 734 de 2002 consagra como causales
de nulidad las siguientes: i) la falta de competencia del funcionario para proferir fallo;
ii) la violación del derecho de defensa del investigado; y iii) la existencia de
irregularidades sustanciales que afectan el debido proceso, reiterando que las dos
últimas causales consagradas en el mencionado artículo son saneables, de modo
que al actuar dentro del proceso sin alegar la supuesta nulidad generada por la
omisión de la notificación del auto de continuación de la audiencia verbal, y al no
proponer la nulidad dentro de las etapas procesales dispuesta por la ley para ello
debía entenderse que la situación propuesta por la parte actora en la demanda había
quedado saneada y convalidada por su silencio.
11.2- De conformidad con lo expuesto, se advierte que el defecto por violación directa
de la Constitución carece del requisito de relevancia constitucional, pues, el
accionante pretende convertir la acción en una tercera instancia al proceso ordinario
12
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
en el que se concluyó que: (i) el accionante fue debidamente notificado del inicio del
proceso disciplinario y voluntariamente decidió participar solo en algunas de las
diligencias a las cuales fue llamado a comparecer. (ii) que, de conformidad con el
precedente fijado por la Sección Segunda de esta Corporación, no puede calificarse
como violatorio del derecho a la defensa la conducta desplegada por el accionante
de asumir su propia representación y no otorgar poder a un abogado para que este
interviniera, a su nombre, en el proceso disciplinario adelantado por la Policía
Nacional. Esto debido a que, en el derecho disciplinario no se requiere la asistencia
de defensa técnica, de modo que el servidor público se encuentra facultado para
actuar por sí mismo, bajo el entendido de que las actuaciones que se le cuestionan
tienen que ver con las funciones y los servicios públicos que tiene encomendados,
por lo que podría dar explicaciones acerca de lo que ha dejado de hacer en relación
con ellos, o lo que ha hecho de manera inadecuada o excediéndose en las funciones
que tiene asignadas, sin necesidad de la intervención de un profesional en derecho18.
(iii) Y que no cualquier tipo de nulidad resulta suficiente para invalidar las actuaciones
surtidas en un proceso disciplinario, ya que para llegar a dicha conclusión el juez se
encuentra obligado a valorar su afectación en la esfera material del derecho al debido
proceso, para lo cual deben tenerse en cuenta los principios de protección,
convalidación y trascendencia.
11.3.- Ahora bien, frente a los cargos planteados en el recurso de amparo relativos
a la nulidad de los actos administrativos demandados por vicios de forma y
procedimiento por violación del principio de investigación integral y la configuración
del defecto fáctico derivado de las presuntas deficiencias probatorias identificadas
por el accionante, en el recurso de apelación se indicó que:
“En el caso sub. - lite, observamos que de conformidad con lo preceptuado en el
artículo 129 de la ley 734 de 2. 002, o código único disciplinario, se encuentra
debidamente reglado el principio de investigación integral, principio que fue
soslayado al expedir los actos administrativos demandados.
Ahora bien, integral en demandados la violación la formación dentro del
disciplinario se presentó de del principio de investigación de los actos
administrativos procedimiento administrativo la siguiente forma:
Como se ha manifestado los actos administrativos demandados fueron proferidos al
interior del proceso administrativo disciplinario seguido en contra del patrullero
DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, empero al interior de la instrucción y el
juzgamiento disciplinario los despachos instructores de primera y segunda instancia,
han desconocido el debido proceso el cual es de raigambre superior, estando
18 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, Sentencia de 9 de septiembre de 2021, Rad. 19001-23-
33-000-2015-00316-01(4109-17), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.
13
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
establecido en los principios rectores de la ley que rige este proceso concretamente
en el artículo 6° del código disciplinario único o ley 734 de 2.002.
Efectivamente, los actos administrativos cuya legalidad es objeto de ataque por este
medio, se profirieron con clara violación del principio de investigación integral,
como a continuación me permito exponerlo:
En el presente caso, los operadores jurídicos disciplinarios, se encontraban en la
obligación o deber de garantizar el principio de investigación integral, según el
cual debían investigar tanto lo desfavorable como lo favorable a los intereses del
disciplinado DARIO JOSE MONTERO GUERRERO.
En primera medida, porque el principio de investigación integral tiene plena
aplicación en el ámbito de los procesos disciplinarios, por mandato legal expreso; en
efecto, en el Código Disciplinario Único vigente al momento de la imposición de las
sanciones disciplinarias, desde la entrada en vigencia de la ley 200 de 1. 995, en su
artículo 77 y continuado por el- artículo 129 de la ley 734 de 2.002, en virtud del
principio de imparcialidad, y de la búsqueda de la verdad real y para ello el
funcionario deberá investigar con igual rigor los hechos y circunstancias que
demuestren la existencia de la falta disciplinaria y la responsabilidad del investigado,
y los que tiendan a demostrar su inexistencia o lo eximan de responsabilidad,
circunstancia que en el caso en estudio jamás tuvo suceso en donde fueron
proferidos los actos administrativos sobre los cuales se solicita nulidad en este libelo.
Todo lo anterior implica, entonces, que el operador jurídico disciplinario tiene la
obligación de materializar el principio de igualdad recaudando tanto lo favorable,
como lo desfavorable, respetando así el principio de investigación integral, como
la mayor acepción del principio de lealtad procesal dentro de la potestad
sancionadora del Estado, situación que en el caso no aconteció, porque el operador
jurídico hizo lo posible para sustraerse de esta obligación, a pesar de constituir uno
de sus deberes funcionales.
En el libelo introductorio de la demanda, se solicita la nulidad de los actos
administrativos demandados, porque en el proceso disciplinario seguido al patrullero
DARIO JOSE MONTERO GUERRERO, se violó abiertamente el principio de
investigación integral y demostrado esta que no se cumplió, porque nunca se
investigaron las causas exonerativas que fueron alegadas por el disciplinado y
conocidas por el operador jurídico disciplinario y debe por ello declararse la nulidad
de los actos demandados.
Igualmente, existe una situación que se torna notoriamente incomprensible; así:
Primero. Porque si la finalidad de la investigación disciplinaria es verificar la
ocurrencia de la conducta; determinar si es constitutiva de falta disciplinaria;
14
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en
las que se cometió la posible falta, el perjuicio causado a la administración pública
con la falta.
Segundo. - El hecho de que el instructor disciplinario de segunda instancia, por
medio de providencia de fecha nueve (9) de febrero de dos mil dieciséis (2.016),
visible a folios 316 a 321 del expediente, VIERA LA NECESIDAD DE PRACTICAR
PRUEBAS DE OFICIO, representada en evidenciar los soportes de la presunta
visita domiciliaria, realizada y la cual claramente no fue practicada; quiere decir
lo anterior, que estas circunstancias aún no están claras y si no se practicaron
las pruebas que podrían determinar dichas circunstancias favorables a los intereses
del disciplinado, es entonces claro que ante la duda y en aplicación del in dubio pro
disciplinado, el fallo de segunda instancia debió ser revocatorio del primero, por
estar presente la duda y ésta debe absolverse en favor del disciplinado (…)” 19
(negrillas y subraya del texto original).
11.4.- Al decidir la cuestión antes indicada, la Sección Segunda de esta Corporación
consideró que: (i) se incurre en la falta tipificada en el numeral 27 del artículo 34 de
la Ley 1015 de 2006, cuando un miembro de la Policía Nacional se separa o se
ausenta del lugar donde presta el servicio, de modo que para que se configure el tipo
disciplinario, solo se requiere que el policía actúe sin que medie una razón válida que
justifique su comportamiento. De igual forma, se incurre en la citada falta si la
ausencia se dio sin un permiso otorgado por parte del superior del uniformado; (ii) al
ser un integrante de la Fuerza Pública, el accionante se encontraba supeditado a
horarios y órdenes, ya que, al estar vinculado a la administración por medio de una
relación especial de sujeción, estaba obligado a rendir cuenta de sus actos, pues no
podía libremente disponer de su tiempo como servidor público sin informar a sus
superiores, ya que laboraba en una institución jerarquizada que tiene como pilar
fundamental la disciplina y subordinación.
Por lo anterior, señaló que el alegato según el cual no se estudió lo relacionado con
la existencia de una calamidad doméstica que justificaba la urgencia de retirarse del
servicio, no era suficiente para acceder a las pretensiones del accionante ya que: (i)
incluso ante la ocurrencia de una calamidad doméstica el accionante se encontraba
obligado a solicitar y obtener la autorización de sus superiores para ausentarse del
servicio y (ii) el accionante no solo no logró demostrar la ocurrencia de las
calamidades domésticas a partir de las cuales pretendía justificar su actuación en los
tres hechos por los cuales se dio inicio al proceso disciplinario, sino que de los
testimonios de los señores Hosmel Darío de Hoyos Arrieta y Luis Gabriel Barrios
Garcés era posible determinar que había utilizado estos argumentos para justificar
su falta de responsabilidad con el servicio.
19 Expediente digital, Rad. 08001-23-33-000-2016-01076-00/01, Recurso de apelación, fl. 216 – 218.
15
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
Finalmente, manifestó que las pruebas acopiadas fueron valoradas por la autoridad
disciplinaria en primera y segunda instancia la cual obtuvo la certeza de que el
patrullero Daría José Montero Guerrero incurrió en las faltas reprochadas. Esto,
debido a que las autoridades disciplinarias lograron establecer que el actor incurrió
en las faltas endilgadas, al ausentarse del lugar sin permiso y causa justificada;
además que en forma reiterativa incurrió en retardos al momento de prestar el
servicio, e igualmente dejó de asistir al servicio.
12.- Con base en lo anterior, se advierte no solo que la autoridad judicial accionada
resolvió en su totalidad las inconformidades planteadas por los demandantes y
demandados del proceso ordinario en los alegatos y recursos presentados, sino que,
de las circunstancias fácticas que dieron paso a la decisión sometida a estudio y los
fundamentos jurídicos que expuso la Sección Segunda, Subsección B de esta
Corporación, no se deduce que esta hubiere incurrido en una indebida motivación,
en un desconocimiento del precedente judicial o que se haya abstenido de efectuar
un examen riguroso de las pruebas, ni mucho menos que les haya otorgado un
alcance contraevidente que permita hacer factible la procedencia de la tutela
formulada. Por el contrario, la decisión cuestionada, encuentra claro sustento en el
principio de la libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva
o arbitraria, corresponde a una interpretación razonable del material probatorio
aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales que lo
delimitan y que resultaban aplicables al caso concreto; por lo anterior, se advierte
que es válida la conclusión arrimada de confirmar la decisión del A quo.
13.- Además, se observa que la valoración del material probatorio por parte de la
autoridad judicial accionada determinó, de forma coherente y razonable, las razones
por las cuales consideró que el material probatorio aportado por la entidad
demandada era suficiente para llegar a la certeza de los hechos y la responsabilidad
del accionante en el marco del proceso disciplinario al cual se ha hecho referencia.
14.- Visto lo anterior, la presunta deficiencia fáctica alegada por la parte actora,
responde, en realidad, a una discrepancia valorativa sobre la forma de los
argumentos jurídicos y la metodología de estimación de las pruebas evaluadas, que
no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad especial, pues
siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural el
llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate, conforme a los
criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e independencia.
15.- Sumado a lo anterior, se advierte que los cargos que propone la parte actora en
el recurso de amparo están orientados a cuestionar, nuevamente, aspectos
relacionados con la actuación administrativa que se surtió ante la Policía Nacional y
que deja de traer a juicio elementos de análisis frente a las decisiones judiciales
atacadas; razón por la cual la deficiencia argumentativa señalada se proyecta como
16
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03365-00
Accionante: Darío José Montero Guerrero
Accionado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B y otro
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)
un elemento adicional que acredita la ausencia de relevancia constitucional del
asunto estudiado.
16. Así las cosas, la acción de tutela que se examina no cumple con el requisito
general de relevancia constitucional, por lo cual, esta Sala declarará improcedente
el amparo impetrado por el señor Darío José Montero Guerrero.
17.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO. - DECLARAR improcedente el amparo constitucional.
SEGUNDO. - Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO. - De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE20
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDE
20 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
17
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.