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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03374-00

Fecha
19 de agosto de 2022
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03374-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 25 Número único de radicación: 110010315000 2022 03374 00 Actor: WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03374-00

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

19 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintidós (2022)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2022-03374-00
Referencia: Acción de tutela
Actor: WENCESLAO ESTUPIÑÁN MURILLO

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO POR NO
CUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. EL ACTOR NO RECURRIÓ EN
APELACIÓN LA SENTENCIA QUE CUESTIONA Y TAMPOCO EL AUTO A TRAVÉS
DEL CUAL SE RESOLVIERON LAS SOLICITUDES EN LAS QUE ADUCÍA HABER
INTERPUESTO DICHO RECURSO.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA DEFENSA, A LA
SEGURIDAD SOCIAL, A LA VIDA, AL MÍNIMO VITAL, A LA DIGNIDAD HUMANA
Y A LA SALUD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra la

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN

PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA

PROTECCIÓN SOCIAL -UGPP1- y el TRIBUNAL

1
En adelante UGPP.

2

Número único de radicación: 110010315000 2022 03374 00
Actor: WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA2.

I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor WENCESLAO ESTUPIÑÁN MURILLO, actuando a través

de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en

el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus

derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la

seguridad social, a la vida, al mínimo vital, a la dignidad humana y a

la salud, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UGPP y

el TRIBUNAL, este último por haber proferido la sentencia de 30 de

noviembre de 2020, dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 760012333 005 2015 00095 00.

I.2.- Hechos

Manifestó que laboró en la EMPRESA PUERTOS DE COLOMBIA -

2
En adelante el TRIBUNAL.

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Actor: WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO

COLPUERTOS entre el 2 de mayo de 1980 y el 1o. de junio de 1992,

ocupando como último cargo el de gerente de vivienda en el terminal

de Buenaventura.

Precisó que a través de resoluciones núms. 502 de 5 de febrero de

1993, 635 de 16 de febrero de la misma anualidad y 1914 de 18 de

diciembre de 1997, COLPUERTOS le reconoció y reajustó una

pensión de jubilación, en los términos de la Convención Colectiva de

Trabajo vigente del Terminal Marítimo de Buenaventura.

Explicó que, en el año 2015 la UGPP, entidad que asumió el pago de

su pensión, promovió el medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho con la finalidad de desvirtuar la

presunción de legalidad de los actos administrativos a través de los

cuales se le reconoció la prestación aludida.

Expuso que el proceso referido fue identificado con el numero único

de radicación 760012333005-2015-00095-00 y atribuido para su

trámite en primera instancia al TRIBUNAL que, mediante sentencia

de 30 de noviembre de 2020, declaró la nulidad de los actos de

reconocimiento de la prestación, al establecer que había ocupado un

empleo público, por lo que no podía beneficiarse del régimen

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Actor: WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO

pensional previsto en la convención colectiva aplicable sólo a los

trabajadores oficiales, sin que tampoco cumpliera con los requisitos

para adquirir una pensión acorde con la Ley 33 de 29 de enero 19853,

así:

“[…] Así las cosas, el señor Wenceslao Estupiñán Murillo tenía la
calidad de empleado público del Terminal Marítimo de
Buenaventura, razón por la cual no podía beneficiarse de las
prerrogativas pensionales que contienen las convenciones
colectivas, pues estas con exclusivas de los trabajadores
oficiales y además, no cumplió con el tiempo de servicio
requerido, acorde con la Ley 33 de 1985, para el reconocimiento
pensional, razón por la cual hay lugar a acceder a las
pretensiones de la demandan y se declarará la nulidad de los
actos administrativos demandados […]”.

Agregó que la referida decisión le fue notificada vía correo electrónico

el 23 de diciembre de 2020, por lo que el 30 de diciembre siguiente

remitió el recurso de apelación respectivo por el mismo medio, no

obstante, el mensaje fue respondido así:

“[…]
Office 365

No se ha podido entregar el mensaje a
rpmemorialestaadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Una regla de flujo de correo personalizada creada por un
administrador en cendoj.ramajudicial.gov.co ha bloqueado el
mensaje.

Señor Usuario: Gracias por contactarnos. Su mensaje no puede

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“Por la cual se dictan algunas medidas en relación con las Cajas de Previsión y con las prestaciones
sociales para el Sector Público.”

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Actor: WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO

ser atendido, estamos en vacancia judicial, regresamos
12/01/2021 […]”.

Explicó que, mediante Resolución núm. RDP 006067 de 9 de marzo

de 2021, la UGPP dio cumplimiento al fallo judicial aludido y, en

consecuencia, le quitó de forma definitiva la pensión de jubilación de

la que era titular.

Comentó que: “[…] después de adelantar varias peticiones

(solicitudes), ante el Tribunal […]”, a través de auto de 1o. de febrero

de 2022, dicha autoridad declaró ejecutoriada la sentencia de 30 de

noviembre de 2020, en los siguientes términos:

“[…] de la revisión del correo institucional del suscrito y de la
Corporación, no se evidencia recurso de apelación presentado
por el apoderado judicial de la parte demandada ni remitido de
ninguna oficina de reparto, razón por la cual, en aras de
esclarecer dicha situación, garantizar el debido proceso y la
tutela efectiva, por auto del 16 de noviembre de 2021, se
requirió al apoderado judicial de la parte demandada, para que
allegue con destino a este proceso el pantallazo en el que se
evidencie el correo enviado con el recurso de apelación y la
devolución o rechazo del recurso presentado. De igual forma las
constancias electrónicas del envío a la oficina de reparto y la
respuesta recibida por esa oficina, indicando a que correo y que
funcionario de la oficina de reparto se enviaron. Lo anterior, con
la finalidad de constatar el envío del recurso y tomar las
determinaciones del caso, inclusive so pena de declarar
ejecutoriada la sentencia.

De conformidad con lo expuesto en la constancia secretarial
visible en el archivo No. 013 del expediente digital, el apoderado
judicial de la parte demandada, contestó el requerimiento
reiterando los argumentos expuestos en sus escritos anteriores,

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en el sentido de indicar que presentó el recurso de apelación
contra la sentencia el 30 de diciembre de 2020 y para respaldar
dicha afirmación aportó imagen con pantallazo en el que se
evidencia lo siguiente:

[…]

Así pues, de lo anterior se colige que el 30 de diciembre de 2020
a las 04:36 pm, se envió recurso de apelación al correo
electrónico
rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, mismo
que fue devuelto por encontrarse bloqueada dicha dirección
electrónica, al encontrarse la Rama Judicial en vacancia judicial,
aspecto que quedo debidamente enterado el recurrente.

Ahora bien, de conformidad con la Circular PCSJC20-371 ,
expedida el 27 de noviembre de 2020, por la Presidenta del
Consejo Superior de la Judicatura, se ordenó realizar un bloqueo
masivo de cuentas de correo electrónico institucional de
despachos durante la vacancia judicial, es decir del 19 de
diciembre de 2020 al 11 de enero de 2021 y de conformidad con
el artículo 622 de la Ley 4ª de 19133 , no se contaran los días
de vacancia , ni los feriados, por lo que se entiende que la
providencia se notificó el primer día hábil y que los términos
empezaron a correr después de esa fecha, tal y como se
evidenció en la constancia secretarial visible en el archivo No.
008 del expediente digital.

Por lo anterior, observa el Despacho que del 15 al 28 de enero
de 2021, el apoderado judicial de la parte demandada no
presentó recurso de apelación y solo hasta el 26 de febrero de
2021, se evidenció escrito presentado, sin que obre en el
plenario alguna otra prueba o evidencia con la que se pueda
constatar que el recurso de apelación fue recibido en otra
dependencia judicial dentro de ese término o con anterioridad,
razón por la cual se debe declarar que la sentencia del 30 de
noviembre de 2020 se encuentra debidamente ejecutoriada.

En consecuencia,

R E S U E L V E:

PRIMERO: Declarar ejecutoriada la sentencia del 30 de
noviembre de 2020, que se profirió dentro del presente asunto,
por las razones expuestas en este proveído […]”.

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Actor: WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentó que el hecho de que se le haya quitado la pensión de la

que era titular, sin que se haya dado trámite al recurso de apelación

que interpuso contra la sentencia de 30 de noviembre de 2020,

resulta arbitrario y vulnera los derechos fundamentales deprecados.

Agregó que durante el proceso ordinario origen de la controversia no

se probó que haya existido dolo o culpa grave de su parte, además

aseguró que de forma errónea el TRIBUNAL llegó a la conclusión de

que había sido un empleado público.

Afirmó que si bien conforme con el artículo 2 de la Convención

Colectiva de Trabajo, vigente entre 1991 y 1993, quedaba

exceptuado de su aplicación el personal que ejerciera funciones de

dirección, administración o de representación de la empresa, lo cierto

es que en el año 1980 su vinculación se efectuó a través de contrato

de trabajo al cargo de psicólogo del departamento de bienestar social

y capacitación.

Arguyó que en el artículo 2 del Decreto 2318 de 9 de noviembre de

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19884, fueron definidos los cargos de libre nombramiento y

remoción, considerados empleos públicos, listado dentro del cual no

está enunciado el cargo de psicólogo.

Sostuvo que conforme con la jurisprudencia del Consejo de Estado,

por norma general las personas que prestan sus servicios en las

empresas industriales y comerciales del Estado son trabajadores

oficiales.

Comentó que conforme con el Decreto 1848 de 4 de noviembre

19695, en lo que concierne a las empresas industriales y comerciales

del estado, la clasificación de los empleados públicos y trabajadores

oficiales se efectúa en los estatutos respectivos, con la precisión de

que las actividades de dirección, manejo y confianza solo es

procedente cuando estén insertos en dichos actos de constitución.

Agregó que es una persona de 79 años, con múltiples afecciones de

salud que requieren atención médica, además que las decisiones

cuestionadas transgreden su derecho al mínimo vital.

4
Por el cual se aprueba el Acuerdo número 0021 de 2 de septiembre de 1988, originario de la Junta
Directiva de la Empresa Puertos de Colombia "Colpuertos”.
5
“Por el cual se reglamenta el Decreto 3135 de 1968.”

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…]1. Que se le tutelen los Derechos Fundamentales
conculcados al señor ESTUPIÑAN MURILLO, como son el Derecho
a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la salud, a la
seguridad social, al pago oportuno y completo de la mesada
pensional, de conformidad a los argumentos expuestos a lo largo
de este escrito.

2.-Que se les ordene a los funcionarios competentes dejar sin
efectos o Revocar, la decisión de fecha 30 de Noviembre de
2020, emitida por el Magistrado Ponente Dr. JHON ERICK
CHAVES BRAVO, que dispuso la suspensión de los actos
administrativos Resolución No. 000502 de 05 de febrero de
1993, la Resolución No. 000635 de 16 de febrero de 1993 y la
Resolución No. 1914 de 18 de diciembre de 1997 y en
consecuencia dejar sin efectos la Resolución RDP 006067 de 09
de marzo de 2021.

3. Como consecuencia de lo anterior ordenar restablecer la
vigencia de las Resoluciones No, 000502 de 05 de Febrero de
1993, Resolución No. 000635 de 16 de febrero de 1993,
Resolución No. 1914 de 18 de Diciembre de 1997, y el
restablecimiento de mi pensión y la prestación del servicio
médico, al señor ESTUPIÑAN MURILLO y a mi grupo familia.

4. Una vez producido el acto administrativo de reconocimiento
como se venía haciendo antes de la mentada Sentencia. Se
ordene a la convocada UGPP que se reliquide y pague todo el
tiempo que estuvo sin Pensión ni Mesada Pensional el señor
WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO, hasta el día que se
encuentre en nómina de pago […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL señaló que el actor no indicó los defectos en

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que presuntamente incurrió la sentencia de 30 de noviembre de

2020, “[…] aspecto indispensable para establecer la procedencia en

las acciones de tutela contra providencia judicial […]”.

Destacó que la providencia aludida no fue apelada dentro del término

de su ejecutoria, como fue evidenciado en la constancia secretarial

de 22 de octubre de 2021.

Explicó que, en todo caso, al advertir que el apoderado del actor se

encontraba inconforme con la ejecutoria de la sentencia, “[…] pues

indicaba que presentó el recurso dentro del término, el despacho,

profirió auto de 16 de noviembre de 2021, requiriéndole que allegara

las pruebas o pantallazos en el que se evidenciara el correo enviado

con el recurso de apelación el 30 de diciembre de 2020 y la

devolución o rechazo del mismo […]”.

Adujo que, al evidenciar que la parte requerida no probó lo solicitado,

profirió el auto de 1o. de febrero de 2022, en el que declaró

ejecutoriada la sentencia de 30 de noviembre de 2020, por lo que no

se cumplió con la interposición de los recursos ordinarios para que

proceda la tutela contra providencia judicial.

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Arguyó que no ha incurrido en ningún defecto o vía de hecho, dado

que el análisis que efectuó al caso tuvo en cuenta las normas y

jurisprudencia aplicables, por lo que no hay lugar a concederse el

amparo pretendido.

I.5.2.- La UGPP, vinculada en calidad de tercera con interés directo

en las resultas del proceso, sostuvo que la acción de tutela es

improcedente dado que, en su criterio, lo pretendido por el actor es

controvertir una decisión judicial en firme y convertir la acción

constitucional en una instancia adicional.

Agregó que el fondo del asunto planteado por el actor fue decidido

en una sentencia proferida cerca de 2 años atrás, por lo que la acción

de tutela también carece del requisito de inmediatez.

Sostuvo que la decisión del TRIBUNAL no incurrió en defecto

alguno, dado que se ajustó al ordenamiento legal y al precedente

jurisprudencial aplicable, al evidenciarse que el actor en su calidad

de empleado público no podía ser beneficiado por una convención

colectiva.

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de

11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y

del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma

Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de

tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012

(Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello,

Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a

unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de

tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento

jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como

parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin

perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella

elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de

unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso

Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez

Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los

requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de

tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia
constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no
puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y
marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y

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de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es
genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que
afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y
extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un
perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un
deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales
ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de
sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de
tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría
el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades
judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas
las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde
institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la
tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la
vulneración . De lo contrario, esto es, de permitir que la acción
[6]

de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales
se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría
como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar
claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en
la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora[7]. No obstante, de acuerdo
con la doctrina fijada en la Sentencia C-591-05, si la
irregularidad comporta una grave lesión de derechos
fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas
susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad,
la protección de tales derechos se genera independientemente
de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la
anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los

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hechos que generaron la vulneración como los derechos
vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso
judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia
es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a
rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza
y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor
tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de
derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al
momento de pretender la protección constitucional de sus
derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela[9]. Esto por cuanto
los debates sobre la protección de los derechos fundamentales
no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si
todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso
proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud
del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por
decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para
que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial
es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales
especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente
demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte,
para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere
que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que
adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario
judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando
el juez actuó completamente al margen del
procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en
que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue
víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los
servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos
y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente
en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta,
por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance
de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley
limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la
tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia
jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del
derecho fundamental vulnerado.

i. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del
texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la

sentencia de 30 de noviembre de 2020, proferida en primera

instancia por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 760012333 005 2015 00095 00, mediante la cual dicha

autoridad anuló los actos administrativos a través de los cuales se le

había reconocido una pensión de jubilación.

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Por una parte, el actor reprochó el hecho de que no se haya surtido

el trámite al recurso de apelación que adujo haber interpuesto contra

la referida providencia, actuación que se materializó a través del auto

de 1o. de febrero 2022, mediante el cual el TRIBUNAL declaró

ejecutoriada la sentencia aludida, al resolver unas solicitudes

elevadas por aquel, en las que sostenía haber recurrido la sentencia

aludida.

Por otra parte, el actor formuló una serie de reproches contra la

sentencia de 30 de noviembre de 2020, para ilustrar que, en su

sentir, sí reunió los requisitos para que le fuera reconocida en su

momento la pensión de jubilación origen de la controversia.

En ese orden de ideas, la Sala advierte que el objeto de la solicitud

de amparo recae en la sentencia de 30 de noviembre de 2020, así

como en el auto de 1o. de febrero de 2022 aludidos, además que los

argumentos del actor corresponden a los lineamientos de los defectos

sustantivo y procedimental.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el presente caso cumple

con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de

tutela contra providencia judicial y, de ser así, establecer si el

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TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los

defectos sustantivo y procedimental, al proferir la sentencia de 30 de

noviembre de 2020 y el auto de 1o. de febrero de 2022 aludidos.

En ese orden de ideas, la Sala entra a examinar el cumplimiento de

los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

providencias judiciales, en especial el requisito de la

subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del

requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el

cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86

de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que

«existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo

que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un

perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será

apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las

circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y

negrillas fuera del texto).

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Lo anterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un

carácter excepcional y subsidiario, pues solo es procedente

cuando el interesado no cuenta con otros medios jurisdiccionales

para que sus peticiones sean examinadas, a menos que, existiendo

tales mecanismos, esta acción se instaure en forma transitoria, en

aras de obtener una protección urgente e inmediata de sus derechos.

Así pues, el no atender dicho carácter excepcional y subsidiario,

afecta el ordenamiento jurídico, habida cuenta que la garantía de los

derechos fundamentales no sería examinada por su juez natural

idóneo para resolver las controversias jurídicas de acuerdo con las

competencias establecidas por el legislador.

No obstante, solo en caso de que se vislumbre la ocurrencia de

un perjuicio irremediable, el Juez Constitucional podría

intervenir, pero únicamente para la protección de los derechos

fundamentales que encuentre amenazados o vulnerados, de lo

contrario «deberá declarar la improcedencia de la acción de

amparo y en consecuencia se exhortará a los tutelantes para que se

dirijan ante el juez ordinario que de manera preferente debe conocer

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del fondo del asunto.»6 (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Ahora bien, precisado lo anterior, la Sala advierte que la presente

acción de tutela es improcedente por subsidiariedad,

comoquiera que las inconformidades de los actores pudieron ser

discutidas en el proceso ordinario origen de la controversia.

En primer lugar, en relación con la sentencia de 30 de noviembre de

2020, en la medida que esta fue proferida en primera instancia,

conforme con el artículo 243 del Código de Procedimiento

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA, era

procedente el recurso de apelación, por lo que, al no haber sido

interpuesto en debida forma, el estudio del fondo del asunto frente a

lo decidido en dicha providencia resulta improcedente para ser

resuelto en sede de tutela.

En segundo lugar, en relación con el auto de 1o. de febrero 2022, a

través del cual el TRIBUNAL declaró ejecutoriada la sentencia

aludida, al resolver las peticiones elevadas por el actor en relación

con el recurso de apelación que aducía haber interpuesto, la Sala

6 Corte Constitucional, sentencia T-175 de 14 de marzo de 2011, Magistrado Ponente Jorge Iván Palacio
Palacio.

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advierte que conforme con el artículo 242 del CPACA, dicha

providencia era susceptible del recurso de reposición.

Al respecto la norma mencionada prevé:

“[…] ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. El recurso de reposición
procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario.
En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto
en el Código General del Proceso […]”.

En ese orden de ideas, no es procedente que a través de la acción de

tutela el actor pretenda cuestionar las providencias aludidas, cuando

no hizo uso de los mecanismos ordinarios dispuestos al interior del

proceso ordinario para tal efecto.

Cabe destacar que la acción de tutela no es un mecanismo alternativo

para sanear la inutilización de las instituciones procesales dispuestas

en los trámites ordinarios para discutir los disensos que se tengan.

Ahora bien, con el fin de analizar si en el presente caso se configura

la existencia de un perjuicio irremediable que haga procedente la

acción de tutela como mecanismo transitorio, la Sala se remite a lo

dispuesto por la Corte Constitucional7:

7
Corte Constitucional, Sentencia SU-439 de 13 de julio de 2017, M.P. Alberto Rojas Ríos.

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“[…] A propósito del perjuicio irremediable, esta Corporación ha
precisado que éste debe reunir las siguientes
características: “debe ser inminente o próximo a suceder. Este
exige un considerable grado de certeza y suficientes elementos
fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. (…) el perjuicio ha de ser grave, es decir, que
suponga un detrimento sobre un bien altamente significativo
para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. (…) deben requerirse medidas
urgentes para superar el daño, entendidas éstas desde una
doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la
inminencia del perjuicio, y como respuesta que armonice con las
particularidades del caso. Por último, las medidas de
protección deben ser impostergables, esto es, que
respondan a criterios de oportunidad y eficiencia a fin de evitar
la consumación de un daño antijurídico irreparable. […]”

En los argumentos de la solicitud de amparo el actor puso de

presente su edad y afirmó que padece de algunas afecciones de salud

que requieren tratamientos médicos, además que se ha afectado su

mínimo vital.

Al respecto la Sala advierte que la edad del actor no es un hecho que

por sí solo configure un perjuicio irremediable que haga procedente

el estudio del fondo del asunto, además, porque no se acredita de

manera alguna las presuntas afecciones y, en particular, que se le

esté negando la prestación de los servicios de salud que requiere y

que, en efecto, no cuente con más recursos que suplan su mínimo

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vital, esto último sobre lo cual se ha señalado8:

“[…] Aunado a lo anterior, la parte actora sostuvo que la decisión
controvertida vulnera su derecho fundamental al mínimo vital;
sin embargo, no allegó ningún medio probatorio para corroborar
que ello es así y verificar que se encuentra en un estado de
vulnerabilidad, dado que, de conformidad con la jurisprudencia
constitucional, le corresponde al accionante demostrar la
vulneración de su mínimo vital, señalando qué necesidades
básicas están siendo insatisfechas, pues “no sólo basta hacer
una afirmación llana respecto de la afectación del mínimo vital,
sino que dicha aseveración debe venir acompañada de pruebas
fehacientes y contundentes de tal afectación, que le permitan al
juez de tutela tener la certeza de tal situación” […]”.

Cabe precisar que, en todo caso, las circunstancias que aduce el actor

no justifican la falta de interposición de los recursos que eran

procedentes al interior del proceso ordinario origen de la

controversia, máxime si se tiene en cuenta que en este estuvo

representado por un profesional del derecho.

Sobre este aspecto, esta Sala ha precisado9:

“[…] Así las cosas, la Sala concluye que el amparo solicitado a
través de la presente acción de tutela es improcedente, toda vez
que no se puede aceptar su utilización automática cuando no se
ha hecho uso de los mecanismos establecidos en el proceso

8
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 11 de
noviembre de 2021, CP Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2021-
04089-01(AC).

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 25 de
noviembre de 2021, CP Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 76001-23-33-000-
2021-01015-01(AC).

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ordinario para la defensa de los derechos que la actora considera
transgredidos.

[…]

Además, la pérdida de capacidad laboral de la actora no es una
situación que justifique el hecho de que no haya recurrido la
providencia mediante la cual el JUZGADO LABORAL asumió el
conocimiento de su litigio, ni una justificación para que hasta el
momento no hubiese propuesto su disenso ante esa instancia
judicial, máxime si se tiene en cuenta que está representada por
una profesional del derecho […]”.

En las condiciones anotadas, la Sala declarará improcedente la

solicitud de amparo de la referencia por incumplir el requisito de la

subsidiariedad, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de

esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE la solicitud de amparo

constitucional de la referencia, por las razones expuestas en la parte

motiva de la presente providencia.

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SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: En caso de que esta providencia no sea impugnada y

quede en firme, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional

para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 19 de agosto de 2022.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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