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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03374-01

Fecha
10 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03374-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 19 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la presente providencia. 2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03374-01

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

10 de noviembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03374-01
Demandante: Wenceslao Estupiñán Murillo

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., diez (10) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03374-01
Demandante WENCESLAO ESTUPIÑÁN MURILLO
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad. Reconocimiento pensión de jubilación con
fundamento en convención colectiva.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por Wenceslao Estupiñán Murillo contra
la sentencia del 19 de agosto de 2022, proferida por el Consejo de Estado, Sección
Primera, que resolvió:

“PRIMERO: DECLARAR improcedente la solicitud de amparo constitucional de la referencia,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia”.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 8 de junio de 20221, el señor Wenceslao Estupiñán Murillo, interpuso acción de
tutela contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales UGPP,
por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, al
mínimo vital, a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a la dignidad
humana. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“1. Que se le tutelen los Derechos Fundamentales conculcados al señor ESTUPIÑAN
MURILLO, como son el Derecho a la vida, a la dignidad humana, al mínimo vital, a la
salud, a la seguridad social, al pago oportuno y completo de la mesada pensional, de
conformidad a los argumentos expuestos a lo largo de este escrito.
2. Que se les ordene a los funcionarios competentes dejar sin efectos o Revocar, la
decisión de fecha 30 de noviembre de 2020, emitida por el Magistrado Ponente Dr.
JHON ERICK CHAVES BRAVO, que dispuso la suspensión de los actos administrativos
Resolución No. 000502 de 05 de febrero de 1993, la Resolución No. 000635 de 16 de
febrero de 1993 y la Resolución No. 1914 de 18 de diciembre de 1997 y en
consecuencia dejar sin efectos la Resolución RDP 006067 de 09 de marzo de 2021.

1 Fecha del correo electrónico dirigido a la Corte Suprema de Justicia, donde fue inicialmente radicado el
escrito de tutela.

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Demandante: Wenceslao Estupiñán Murillo

3. Como consecuencia de lo anterior ordenar restablecer la vigencia de las Resoluciones
No, 000502 de 05 de febrero de 1993, Resolución No. 000635 de 16 de febrero de 1993,
Resolución No. 1914 de 18 de diciembre de 1997, y el restablecimiento de mi pensión
y la prestación del servicio médico, al señor ESTUPIÑAN MURILLO y a mi grupo
familiar.
4. Una vez producido el acto administrativo de reconocimiento como se venía haciendo
antes de la mentada Sentencia. Se ordene a la convocada UGPP que se reliquide y
pague todo el tiempo que estuvo sin Pensión ni Mesada Pensional el señor
WENCESLAO ESTUPIÑAN MURILLO, hasta el día que se encuentre en nómina de
pago”.

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El accionante Wenceslao Estupiñán Murillo laboró en distintas entidades y, el
último periodo laborado lo fue en Puertos de Colombia, Terminal Marítimo de
Buenaventura, del 2 de mayo de 1980 al 1º de junio de 1992 en el empleo de
gerente de vivienda, cargo de libre nombramiento y remoción.

2.2. Mediante la Resolución Nro. 000502 del 5 de febrero de 1993, le fue
reconocida pensión proporcional de jubilación en los términos de la convención
colectiva de trabajo vigente del Terminal Marítimo de Buenaventura para el
año 1991-1992, efectiva a partir del 16 de junio de 1992.

Posteriormente por la Resolución Nro. 1914 del 18 de diciembre de 1997, se
reajustó la pensión de jubilación del actor.

2.3. El 29 de julio de 1999 el actor presentó solicitud de reliquidación de la pensión
con la totalidad de las acreencias que devengó, lo que se negó por parte del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Grupo Interno de Trabajo para la
Gestión del Pasivo Pensional de Puertos de Colombia, mediante la Resolución
Nro. 004640 del 28 de diciembre de 1999, con el argumento de no haber
cumplido el actor con los requisitos exigidos en la convención colectiva vigente
para la época en que se causó el derecho.

2.4. En el año 2009 se inició una actuación administrativa tendiente a revocar el
acto administrativo de reconocimiento pensional del actor, por no cumplir con
los requisitos de la convención colectiva para la época en que se causó el
derecho, ya que esta cobijaba a los trabajadores oficiales y el actor se
desempeñó en un cargo de libre nombramiento y remoción por lo que tenía la
condición de empleado público. Se solicitó el consentimiento por parte de la
administración para revocar el acto administrativo de reconocimiento pensional
y no fue otorgado por el actor.

2.5. Por lo anterior, la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social UGPP, en ejercicio del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho en la modalidad de
lesividad, demandó al señor Wenceslao Estupiñán Murillo, pretendiendo la
nulidad del acto administrativo de reconocimiento pensional y, en
consecuencia, que se ordenara al hoy accionante al pago o devolución de las
sumas de dinero pagadas de manera indebida.

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Demandante: Wenceslao Estupiñán Murillo

2.6. Del asunto conoció en primera instancia al Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca (Radicado Nro. 76001-23-33-005-2015-00095-00) que, en sentencia
del 30 de noviembre de 2020 <<notificada por correo electrónico el 23 de diciembre
de 2020>>, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar
la nulidad del acto administrativo de reconocimiento pensional del señor
Estupiñán Murillo, y negó el reintegro de los dineros pagados por concepto de
reconocimiento de pensión de jubilación convencional al actor.

El tribunal se refirió a la naturaleza jurídica de Puertos de Colombia y de los
empleados que allí laboraban y a los lineamientos de la convención colectiva,
y concluyó que el actor era un empleado público, ya que ocupó el empleo de
gerente; y que tal calidad lo excluía de los beneficios de la convención colectiva
de trabajo.

Ahora, en cuanto a la devolución de dineros recibidos por este concepto, indicó
que era deber de la entidad demandante probar la mala fe del demandado y
que en el expediente no existían pruebas que evidenciaran tal circunstancia,
por lo que era improcedente la recuperación de las sumas pagadas por virtud
de los actos acusados.

2.7. El accionante manifestó haber presentado recurso de apelación contra la
anterior decisión el 30 de diciembre de 2020, sin embargo, sostuvo que el
correo automático le respondió que no era posible atender su mensaje porque
estaban en vacancia judicial y que regresaban el 12 de enero de 2021.

Sin embargo, manifestó que pese haberse dirigido al tribunal en busca de una
explicación frente al trámite dado al recurso de apelación presentado, no se
dio curso al mismo y se expidió constancia de ejecutoria del fallo el 28 de enero
de 2021.

2.8. Mediante Resolución Nro. RDP 006067 del 9 de marzo de 2021, La Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de
la Seguridad Social, UGPP, dio cumplimiento al fallo del tribunal.

3. Fundamentos de la acción

El accionante no estructuró el escrito de tutela a partir de un defecto contra
providencia judicial, sin embargo, expuso una serie de argumentos que dan cuenta
de su inconformidad con el sentido de la sentencia del 30 de noviembre de 2020,
proferida en primera instancia, por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en
el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho (lesividad) Nro. 76001-
23-33-005-2015-00095-00:

Indicó que no se probó que existió dolo o culpa de parte suya y que con el fin de
menoscabar su derecho se lo tildo de “empleado público”, de allí, entró a analizar la
Convención Colectiva de Trabajo vigente para los años 1991, 1992 y 1993, que en
el artículo 2º reguló lo relacionado con la aplicación de la convención, la extensión
a terceros.

Sostuvo que de acuerdo con el Decreto 3135 de 1968 en su artículo 5 y los artículos
3, 4 y 5 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969, precisaban cuáles eran las
actividades consideradas de dirección, confianza y manejo, que debían ser
desempeñadas por personas que adquirieran la calidad de “empleados públicos” y

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Demandante: Wenceslao Estupiñán Murillo

que en su caso, se vinculó al Terminal Marítimo de Buenaventura mediante un
“contrato de trabajo” el 2 de mayo de 1980 en el cargo de Psicólogo del
Departamento de Bienestar Social y Capacitación, vinculándose como miembro
activo del Sindicato de trabajadores.
Que con el Decreto 2310 del 9 de noviembre de 1988, la Junta Directiva Nacional
de la Empresa Puertos de Colombia, aprobó el Acuerdo 0021 del 2 de septiembre
de 1988, en el que se establecían los cargos de libre nombramiento y remoción y
que, quienes ocuparan dichos cargos eran considerados empleados públicos, pero
que dentro de dichos cargos no se encontraba el establecido el cargo de Psicólogo,
por lo que era cargo que debía ser ocupado por un Trabajador Oficial.
Consideró que la decisión del tribunal de dejar sin efectos el acto de reconocimiento
pensional, desconoce sus derechos fundamentales y que, la Corte Constitucional
se ha pronunciado en cuanto a la implicación que tiene el retardo en el pago de
mesadas pensionales, para lo cual citó la sentencia T-567 de 2005. De la Corte
Suprema de Justicia, citó las Sentencias CSJ STP 12079 – 2019, CSJ STP 13363
– 2019, CSJ STP 2372 – 2019, CSJ STP 2748 – 2020 Y CSJ STP 3291 – 2021 que
dijo, han amparado el derecho de los pensionados.
Dijo que, por regla general, quien vivió siempre del salario y ahora lo hace de su
pensión, especialmente si es exigua, y afectada su posibilidad real de subsistencia
al no poder procurarse por otros medios y que, por tanto, sus derechos esenciales
se ven atropellados por falta de pago de las mesadas que legítimamente le
corresponden. Agrega que es una persona de 79 años con diabetes e hipertensión
arterial y que, actualmente tiene suspendido el servicio de salud.

4. Trámite impartido

4.1. El escrito de tutela fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia,
Corporación que asignó el caso inicialmente a la Sala de Casación Penal que
en providencia del 13 de junio de 2022 ordenó remitir por competencia el
asunto al Consejo de Estado.
4.2. Remitida la tutela a esta Corporación, correspondió conocer a la Sección
Primera que, por auto del 30 de junio de 2022, inadmitió la demanda con el fin
de que se precisara lo pretendido con la presente acción constitucional,
quiénes eran accionados y mencionara con claridad la providencia y el proceso
al que correspondía la decisión que se cuestionaba.
4.3. Posteriormente en auto del 12 de julio de 2022, el juez de tutela de primera
instancia requirió al doctor Thomas Enrique Ortiz Hurtado, para que indicara
en qué calidad actuaba dentro del trámite constitucional, al evidenciar que los
derechos presuntamente vulnerados lo eran con respecto al actor Wenceslao
Estupiñán Murillo.
4.4. Superados los anteriores requerimientos, el a quo admitió la demanda de
tutela, ordenó notificar a las partes accionante y accionadas.

5. Intervenciones

5.1. La Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Seguridad Social UGPP, rindió informe
en el que manifestó que la decisión del tribunal hizo tránsito a cosa juzgada y

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que lo que pretende la parte actora es revivir una discusión ya definida por el
juez natural. Se pronunció en cuanto al deber que le asiste a la entidad de dar
estricto y cabal cumplimiento a las órdenes judiciales, razón por la que en este
caso se procedió a cumplir con el fallo judicial.

Señaló que en el caso no se cumplía con el requisito de inmediatez, en la
medida que la providencia cuestionada había sido proferida hace casi 2 años,
lo que superaba ampliamente el término razonable con el que contaba para
presentar la tutela.

Sostuvo que no podían discutirse por vía de tutela aspectos de orden
económico como lo pretendía el actor y que, era claro que no podía existir un
abuso en los reconocimientos pensionales que, en el caso, lo cierto era que el
accionante se benefició de una pensión colectiva a la que no tenía derecho y
que no cumplió con los requisitos de la Ley 33 de 1985 para ser acreedor de
la pensión de jubilación.

5.2. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, presentó informe en el que
indicó que no se señalaron los defectos en que incurrió la Corporación en la
sentencia del 30 de noviembre de 2020 que se discute en el presente asunto,
además, que la mencionada providencia se notificó el 23 de diciembre de 2020
y que la misma no fue apelada dentro del término de ejecutoria, tal como se
evidenciaba en constancia secretarial del 22 de octubre de 2021.

Informó que la parte demandada, estuvo inconforme con la ejecutoria de la
sentencia, pues indicaba que presentó el recurso dentro del término, razón por
la que se profirió auto el 16 de noviembre de 2021 requiriéndole que allegara
las pruebas o pantallazos en los que se evidenciara el correo enviado con el
recurso de apelación el 30 de diciembre de 2020 y la devolución o rechazo del
del mismo, así como las constancias electrónicas del envío a la oficina de
reparto y la respuesta recibida por esa oficina y que, al evidenciar que la parte
requerida no probó lo solicitado, se profirió auto del 1º de febrero de 2022 por
el que se declaró ejecutoriada la sentencia del 30 de noviembre de 2020. En
ese orden de ideas, advirtió que no se cumplió con la interposición de los
recursos ordinarios para que procediera la tutela contra la providencia
solicitada por el accionante.

Por último, indicó que no se incurrió en ningún defecto, que luego de un
análisis concienzudo y de fondo sobre las normas y los pronunciamientos
jurisprudenciales que el órgano de cierre ha aplicado en casos análogos al que
se analizó se llegó a la conclusión mencionada en la sentencia.

6. Providencia impugnada

En sentencia del 19 de agosto de 2022, el Consejo de Estado, Sección Primera,
declaró improcedente la solicitud de amparo constitucional, al considerar que no se
cumplía con el requisito de subsidiariedad ya que la decisión cuestionada era objeto
de recurso de apelación y que la parte actora no lo había interpuesto, por lo que no
era posible el estudio del caso por vía de tutela.

Señaló que, en relación con el auto de 1° de febrero 2022, a través del cual el
tribunal declaró ejecutoriada la sentencia aludida, al resolver las peticiones elevadas
por el actor en relación con el recurso de apelación que aducía haber interpuesto,

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advirtió que de acuerdo con el artículo 242 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esa providencia era susceptible
del recurso de reposición.

En relación con el perjuicio irremediable, indicó que la edad del actor no era un
hecho que por sí solo configurara un perjuicio irremediable que hiciera procedente
el estudio del fondo del asunto, además, porque no se acreditó de manera alguna
las presuntas afecciones que manifestó en la tutela y, en particular, que se le
estuviera negando la prestación de los servicios de salud que requería y que no
contara con más recursos que suplieran su mínimo vital.

7. Impugnación

La parte actora impugnó la decisión. Indicó que si bien el magistrado ponente de la
decisión cuestionada tenía la potestad de emitir su fallo cuando estimara
conveniente, la censura estaba en la comunicación que se hizo del mismo el 23 de
diciembre de 2020, lo que le llamaba poderosamente la atención, ya que para esa
fecha estaban cerrados los despachos judiciales y que, al haber sido notificado por
correo electrónico, por ese mismo medio presentó el recurso de apelación el 30 de
diciembre de 2020 y que , 3 días posteriores la secretaria que recibió el recurso le
informó por correo electrónico que los despachos judiciales estaban cerrados por lo
que no podían recibirle el recurso, de manera que lo que concluía era que los
términos solo corrían para el tribunal pero no para el usuario por vacancia judicial.

De otra parte, sostuvo que no se estudió el caso por parte del a quo, pues que en
la tutela se hacía una diferenciación entre un trabajador oficial y un empleado
público, que allí se dijo que, en la Empresa Puertos de Colombia, Terminal Marítimo
de Buenaventura, estaba claramente definida en la planta de personal quiénes eran
empleados públicos y quienes no y que en el presente caso él nunca fue empleado
público pero que pese a ello se le retira su derecho a percibir la pensión. Reiteró los
argumentos presentados en los fundamentos de la demanda de tutela.

En cuanto al perjuicio irremediable, censuró de manera enérgica que no se valorara
que no cuenta con una pensión y que tanto él como su grupo familiar carecen de
los medios para la subsistencia y presentan necesidades que no son evaluadas por
el juez constitucional.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,

2 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.

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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales3
y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

3. Planteamiento del problema jurídico

Teniendo en cuenta los antecedentes del caso y el escrito de impugnación,
corresponde a la Sala establecer si la acción de tutela cumple a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de subsidiariedad.

Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si las autoridades
accionadas incurrieron en vulneración de los derechos fundamentales al debido
proceso, al mínimo vital, a la salud en conexidad con el derecho a la vida y a la
dignidad humana del señor Wencesalo Estupiñán Murillo, que dice fueron
trasgredidos por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia del
30 de noviembre de 2020 proferida dentro del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho (lesividad) identificado con el Nro. 76001-23-33-005-
2015-00095-00 que fue favorable a la UGPP en calidad de parte demandante.

3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

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4. Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. La
subsidiariedad. Análisis en el caso concreto.

4.1. Dada su naturaleza subsidiaria, la acción de tutela solo procede cuando no
existen otros medios de defensa para amparar los derechos fundamentales
invocados o, en su defecto, siempre que ello sea necesario para evitar la
ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual procederá como
mecanismo transitorio de protección. Por esto, el artículo 6° del Decreto 2591
de 1991 establece que la acción de tutela es improcedente cuando existen
otros medios de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Que la acción de tutela sea un mecanismo subsidiario de protección de
derechos fundamentales implica que los mecanismos ordinarios de defensa
para la protección de los derechos no pueden ser desplazados o suplantados
por la acción de tutela, siempre que estos sean idóneos y eficaces.

La naturaleza subsidiaria y residual de la acción de tutela tiene por propósito
evitar que se convierta en un mecanismo judicial alternativo que pueda ser
utilizado para soslayar los términos procesales de los medios ordinarios de
defensa o para suplir falencias en las estrategias de jurídicas de los
apoderados, ya que no es dable al juez de tutela decidir asuntos que deben
ser debatidos en su escenario natural.

Por tal motivo, la Corte Constitucional ha indicado que si el actor no agotó los
mecanismos ordinarios de protección de sus derechos fundamentales no
podrá, posteriormente, ejercer la acción de tutela como medio para suplir su
inacción y que, en estas circunstancias, “(…) la acción de amparo constitucional no
podría hacerse valer ni siquiera como mecanismo transitorio de protección, pues tal
modalidad procesal se encuentra subordinada al ejercicio de un medio judicial ordinario
en cuyo trámite se resuelva definitivamente acerca de la vulneración iusfundamental y a
la diligencia del actor para hacer uso oportuno del mismo”.

4.2. Dicho lo anterior, la Sala considera que no se cumple con el requisito de
subsidiariedad, pues tal como advirtió el juez de tutela de primera instancia, el
accionante contó con otro mecanismo para discutir las inconformidades
respecto de la sentencia del 30 de noviembre de 2020 proferida por el tribunal
accionado, esto es, el recurso de apelación ante el superior, mecanismo que
resultaba idóneo para poner de presente los argumentos que trae ahora como
fundamento del escrito de tutela y que reitera en el escrito de impugnación
ante esta instancia.

4.3. Ahora bien, advierte la Sala que, en relación con la interposición del recurso
de alzada, se presentaron una serie de situaciones que se advierten en el
expediente ordinario y que, además, el accionante puso de presente en la
demanda de tutela y en la impugnación, concretamente con la manifestación
que hizo de haber presentado recurso de apelación dentro de los 3 días
siguientes a la notificación de la sentencia por parte del tribunal.

En efecto, en sede ordinaria se presentó tal discusión, pues el actor censura
haber sido notificado de la sentencia de primer grado el 23 de diciembre de
2020 por correo electrónico, cuando el tribunal se encontraba en vacancia
judicial y, pese a ello, manifestó haber presentado recurso de apelación el 30

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de diciembre de 2020 por ese mismo medio electrónico pero, precisó que
recibió un correo en el que se indicó que se encontraban en vacancia judicial
y que no se daría trámite al mensaje, todo lo cual, en el año siguiente esto es,
en el 2021, se buscó clarificar tanto por el tribunal accionado como por el
accionante, señor Estupiñán Murillo, siendo definido el tema por parte de la
autoridad judicial mediante auto del 1º de febrero de 2021 en el que se declaró
ejecutoriada la sentencia.

Es así como encuentra la Sala que, este aspecto puntual de la notificación y
de la interposición o no del recurso de alzada por parte del señor Wenceslao
Estupiñán Murillo, de una parte, no fue un aspecto cuestionado en la presente
acción constitucional, es decir, ni las pretensiones ni los fundamentos de la
acción estuvieron dirigidos a que se definiera este aspecto por el juez
constitucional, pues los argumentos del actor siempre estuvieron dirigidos a
cuestionar lo definido en la decisión de primera instancia que se emitió en el
proceso ordinario de nulidad y restablecimiento del derecho, en la modalidad
de lesividad, de manera que es con respecto a esta decisión que tanto el a quo
como esta instancia deben centrar su estudio, evidenciándose que en efecto,
no se supera el requisito de subsidiariedad, e incluso, en gracia de discusión,
tampoco se encuentra cumplido el de la inmediatez, pues se trata de una
decisión proferida hace casi 2 años, lo que supera ampliamente el término
razonable para la interposición de la tutela.

De otra parte, aún considerando que la discusión frente a la interposición del
recurso tendría una eventual implicación en el agotamiento de los recursos
procedentes contra la decisión que se cuestiona, como lo advirtió el a quo, no
se presentaron tampoco los recursos procedentes contra el auto del 1º de
febrero de 2021 que definió lo relacionado con la ejecutoria de la decisión,
frente al que, conforme con el artículo 242 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, procedía el recurso de
reposición.

4.4. La Sala considera relevante recordar a la parte actora el respeto debido a las
autoridades judiciales al momento de dirigirse a ellas, conforme lo dispone el
numeral 4º del artículo 78 del Código General del Proceso, pues los
argumentos que presentó en la impugnación, como que la judicatura debe
evidenciar que se “muere de hambre” para brindar protección constitucional o
que, no entiende en qué país se encuentra y en sus palabras: “donde nuestros
adultos mayores sufren el ser despojados de su Mesada Pensional por las entidades y acuden
a la justicia y esta les da la espalda y por el contrario felicitan a la entidad por tener un pobre
hambriento y desesperado, un delincuente en potencia, porque de alguna manera debe llevar
el sustento a su casa”, si bien pretenden manifestar un descontento, son
afirmaciones inadecuadas al momento de dirigirse a la judicatura.

5. Conclusión

Como en el presente asunto no se encuentra satisfecho el requisito general de
procedibilidad de la acción de tutela de la subsidiariedad, la Sala confirmará la
decisión impugnada, de conformidad con los motivos explicados en la presente
providencia.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03374-01
Demandante: Wenceslao Estupiñán Murillo

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 19 de agosto de 2022 por el
Consejo de Estado, Sección Primera, por las razones expuestas en la presente
providencia.

2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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