República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03375-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suarez Vargas
8 de junio de 2023
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-00
Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03375-00
Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra
Demandado: Presidencia de la República y otros
Tema: Improcedencia de la acción de tutela instaurada contra la Presidencia de la
República, la Agencia de Renovación del Territorio y la Dirección de
Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio,
en aras de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido
proceso, la vida en condiciones dignas, la participación, mínimo vital y los
principios constitucionales asociados, tales como confianza legítima y
buena fe, por versar el asunto sobre sobre aspectos estrictamente
económicos.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela instaurada por las señoras Jomary Ortegón Osorio
y Rosa María Mateus Parra integrantes del Colectivo de Abogados José Alvear
Restrepo (CAJAR) en agencia oficiosa de los campesinos y campesinas con
vinculación al Programa PNIS, en los municipios de San José, Retorno y Calamar del
departamento del Guaviare en contra de la Presidencia de la República, la Agencia de
Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Agencia
de Renovación del Territorio ART, en aras de obtener la protección de los derechos
fundamentales al debido proceso, la vida en condiciones dignas, la participación,
mínimo vital y los principios constitucionales asociados, tales como confianza legítima
y buena fe.
1. Antecedentes
1.1. La acción de tutela
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Los actores formulan acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Agencia
de Renovación del Territorio y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la
Agencia de Renovación del Territorio, por considerar que a los campesinos y
campesinas vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos -PNIS, en los municipios de San José, Retorno y Calamar del departamento del
Guaviare se les vulneraron sus derechos fundamentales con ocasión del presunto
incumplimiento de los compromisos pactados en el marco del referido programa.
1.2. Las pretensiones
Las accionantes elevan las siguientes pretensiones:
«PRIMERO: TUTELAR los derechos fundamentales de las familias campesinas ex-
cultivadoras de cultivos de uso ilícito que firmaron Acuerdos de Sustitución en el
departamento del Guaviare en los municipios de San José del Guaviare, Retorno y
Calamar, al DEBIDO PROCESO, CONFIANZA LEGÍTIMA Y PRINCIPIO DE BUENA
FE, LA VIDA EN CONDICIONES DIGNAS, LA PARTICIPACIÓN y EL MÍNIMO VITAL
vulnerados por la PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, LA CONSEJERÍA
PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN, LA
AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO Y LA DIRECCIÓN DE
SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS DE LA AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL
TERRITORIO.
SEGUNDO: DESEMBOLSAR de manera inmediata los valores de Asistencia
Alimentaria Inmediata a todas aquellas familias que a la fecha de esta acción no se
les ha entregado dicho valor.
TERCERO: EJECUTAR de manera inmediata y concertada tal como lo establece el
Formulario de vinculación de núcleo familiar y el Acuerdo Colectivo de los municipios
de San José del Guaviare, Retorno y Calamar el Proyecto de Seguridad Alimentaria
a todas aquellas familias que a la fecha de esta acción no se les ha entregado dicho
valor.
CUARTO: CUMPLIR de manera prioritaria, participativa, y concertada tal como lo
establece el Formulario de vinculación de núcleo familiar y el Acuerdo Colectivo de
los municipios de San José del Guaviare, Retorno y Calamar con los Proyectos de
ciclo corto y ciclo largo de manera que no sean impuestos de manera unilateral.
QUINTO: EXCLUIR del presupuesto dispuesto para la ejecución del PNIS los
contratos de uso del suelo y el descuento por concepto de la elaboración de estos
contratos por no encontrarse en ninguna de las hojas de rutas dispuestas para la
ejecución del programa en los municipios de San José del Guaviare, Retorno y
Calamar, ni haberse pactado de manera previa con las familias afiliadas al mismo.
SEXTO: ORDENAR el establecimiento de un mínimo vital extraordinario para todas
aquellas familias en situación de vulnerabilidad afiliadas al PNIS que cumplieron con
el Programa en los municipios de San José del Guaviare, Retorno y Calamar y que
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sin embargo no cuenta a la fecha con el Proyecto de ciclo corto y ciclo largo que
había sido dispuesto para los siguientes dos años.
SÉPTIMO: EXCLUIR Y DIFERENCIAR el pago de servicios ambientales del
presupuesto dispuesto para la ejecución del PNIS específicamente en lo que
respecta al Proyecto de ciclo corto y ciclo largo por no encontrarse en ninguna de las
hojas de rutas dispuestas para la ejecución del programa en los municipios de San
José del Guaviare, Retorno y Calamar, ni haberse pactado de manera previa con las
familias afiliadas al mismo.
OCTAVO: ORDENAR el acompañamiento y la revisión detallada de los entes de
control a la ejecución del Programa PNIS en los municipios de San José del Guaviare,
Retorno y Calamar, tanto en los procesos que se refieren a la suspensión y exclusión
del programa como en las quejas e irregularidades denunciadas por los campesinos
en la ejecución del proyecto de seguridad alimentaria. Para ello, ORDENAR una
nueva revisión de los casos en que fueron suspendidos campesinos previamente
adscritos al Programa PNIS, especialmente aquellos que en el pasado habían
pertenecido a otros programas gubernamentales -pero que ya no recibían
ningún tipo de auxilio- y por tal razón se les excluyó.
NOVENO: GARANTIZAR los espacios de CONCERTACIÓN para la formulación y
ejecución de cada uno de los proyectos y compromisos adquiridos por el Estado en
los Acuerdos Colectivos y Formularios de Vinculación, hasta ahora incumplidos.
DÉCIMO: ACTUALIZAR al valor de la inflación del año 2022 los valores
correspondientes a los proyectos de ciclo corto y ciclo largo dispuestos tanto en los
formularios de vinculación familiar como en el Acuerdo Colectivo.
DÉCIMO PRIMERO: INICIAR el proceso de cumplimiento de los PISDA dispuestos
en el Acuerdo Colectivo firmado por los municipios de San José del Guaviare,
Retorno y Calamar, así como las demás obligaciones, compromisos y solicitudes
hechas en el marco de dicho acto administrativo.
DÉCIMO SEGUNDO: ORDENAR la vinculación de todas aquellas familias de los
municipios de San José del Guaviare, Retorno y Calamar que manifestaron su
voluntad de acogerse al Programa PNIS y que sin embargo fueron excluidas sin
ninguna razón aparente.
DÉCIMO TERCERO: ORDENAR la revisión de todos aquellos procesos en donde
familias previamente adscritas al PNIS hayan sido excluidas de otros programas
como adulto mayor o su puntaje del SISBEN haya aumentado sin estar recibiendo en
la actualidad ningún tipo de beneficio en el marco del PNIS, sino encontrarse
únicamente afiliados.
DÉCIMO CUARTO: ENTREGAR Y SOCIALIZAR copia de los Formularios de
Vinculación de Núcleo Familiar a cada uno de los beneficiarios del PNIS así como al
menos una copia de los Acuerdos Colectivos firmados por los municipios de San José
del Guaviare, Retorno y Calamar a cada uno de los presidentes de las Juntas de
Acción Comunal.
DÉCIMO QUINTO: CONVOCAR las asambleas dispuestas por el Acuerdo Colectivo
firmado por los municipios de San José del Guaviare, Retorno y Calamar Guaviare a
fin de concertar la ejecución de los compromisos y obligaciones restantes del
Programa PNIS» (sic en todo el texto).
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1.3. Fundamentos fácticos
Como hechos relevantes, las accionantes señalaron los siguientes:
1.3.1- Sobre El PNIS y los Acuerdos Municipales para San José, Retorno y
Calamar.
i) El 1 de julio de 2017 el alcalde del municipio de El Retorno, el gobernador del
Departamento del Guaviare, el director de la Dirección para la Sustitución de Cultivos
Ilícitos de la Presidencia de la República; un delegado de las FARC EP, así como
representantes de organizaciones sociales, productivas y Juntas de Acción Comunal
firmaron el Acuerdo Colectivo del municipio de San José del Guaviare para la
Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos de Uso Ilícito del Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el Desarrollo Territorial, en el
marco de la implementación del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL
CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.
ii) El 9 de julio de 2017, el alcalde del municipio de San José del Guaviare, el
gobernador del departamento del Guaviare, el director de la Dirección para la
Sustitución de Cultivos Ilícitos de la Presidencia de la República; un delegado de las
FARC EP, así como representantes de organizaciones sociales, productivas y Juntas
de Acción Comunal firmaron el Acuerdo Colectivo del municipio de San José del
Guaviare para la Sustitución Voluntaria y Concertada de Cultivos de Uso Ilícito del
Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el
Desarrollo Territorial, en el marco de la implementación del ACUERDO FINAL PARA
LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ
ESTABLE Y DURADERA.
iii) El 11 de julio de 2017, el alcalde del municipio de Calamar, el gobernador del
departamento del Guaviare, el director de la Dirección para la Sustitución de Cultivos
Ilícitos de la Presidencia de la República un delegado de las FARC EP, así como
representantes de organizaciones sociales, productivas y Juntas de Acción Comunal
firmaron el Acuerdo Colectivo del municipio de Calamar para la Sustitución Voluntaria
y Concertada de Cultivos de Uso Ilícito del Programa Nacional Integral de Sustitución
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de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) y el Desarrollo Territorial, en el marco de la
implementación del ACUERDO FINAL PARA LA TERMINACIÓN DEL CONFLICTO Y
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PAZ ESTABLE Y DURADERA.
iv) El Acuerdo de El Retorno contempló 5 núcleos veredales de los cuales al menos
47 veredas se beneficiarían del PNIS. Aproximó a 1.880 el número de familias que
podrían acogerse al Acuerdo de Sustitución y, señaló, que aproximadamente se
erradicarían 846 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
v) El Acuerdo de San José del Guaviare contempló 12 núcleos veredales de los
cuales al menos 105 veredas se beneficiarían del PNIS. Aproximó a 4.863 el número
de familias que podrían acogerse al Acuerdo de Sustitución y, señaló, que
aproximadamente se erradicarían 3.200 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
vi) El Acuerdo para el municipio de Calamar contempló 4 núcleos veredales de los
cuales al menos 25 veredas se beneficiarían del PNIS. Así mismo aproximó a 885 los
núcleos familiares que podrían acogerse al Acuerdo de Sustitución y, señaló, que
aproximadamente se erradicarían 571 hectáreas de cultivos de uso ilícito.
vii) Con base en los Acuerdos Municipales el Gobierno Nacional construyó y
convocó a algunas familias a firmar el «Formulario de Vinculación de Núcleos
Familiares y establecimiento de compromisos para la sustitución voluntaria y
concertada de cultivos de uso ilícito del Programa Nacional Integral de Sustitución
(PNIS) y el Desarrollo Territorial, en el marco de la implementación del Punto 4 del
Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y
duradera».
viii) El proceso de vinculación iniciado el segundo semestre de 2017 en los
municipios del departamento del Guaviare se consolidó en varias jornadas. Los
campesinos afirmaron en los talleres que firmaron el formulario de vinculación, pero a
ninguno le entregaron copia de lo que estaban firmando.
ix) Del Acuerdo Colectivo tuvieron real conocimiento en septiembre de 2021
cuando se repartieron varias copias entre ellos, pues se hizo una solicitud a través de
derecho de petición a la Agencia de Renovación del Territorio ART para que allegara
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copia de los Acuerdos Municipales y de los Formularios de Vinculación de Núcleo
Familiar. El primero fue enviado, no obstante, respecto de los Formularios se
reservaron la copia por contener datos personales.
x) El formulario de vinculación entre las partes recogió los datos específicos del
núcleo familiar, el predio y una declaración de aceptación y compromisos. Así mismo
dispuso los mismos Compromisos ya adquiridos previamente en el Acuerdo Municipal,
solo que, de acuerdo con el documento obtenido, este los puntualizó por familia.
xi) El Gobierno Nacional se comprometió a cumplir con los componentes del Plan
de Atención Inmediata y Desarrollo de Proyectos Productivos, así como los demás
componentes relacionados con el Plan para la comunidad en general, los cuales serían
«concertados con la misma [comunidad]».
1.3.2.- Sobre el Incumplimiento del PNIS en los municipios de San José, Calamar
y Retorno en el departamento del Guaviare: erradicación, no sustitución
i) A partir de la firma de los Acuerdos Municipales y posteriormente la de los
Formularios de Vinculación en 2017, según estos documentos, empezó a correr el
plazo establecido por el propio Gobierno para el cumplimiento del PNIS.
ii) Una vez firmado el Acuerdo Municipal y los Formularios de Vinculación de
Núcleos Familiares, los campesinos de San José del Guaviare, El Retorno y Calamar
cumplieron con el plazo de los 60 días calendarios dados por el Gobierno Nacional
para la erradicación del cultivo de uso ilícito. Todas las obligaciones que dependían
exclusivamente del campesinado fueron cumplidas de buena fe en los cronogramas
pactados. Erradicaron y no resembraron.
iii) Entre noviembre y diciembre de 2017, inició el desembolso de los pagos por
concepto de Asistencia Alimentaria Inmediata. El Acuerdo tenía previsto que fueran 12
millones durante el primer (1) año que se consignarían cada dos (2) meses. A la fecha
de la presentación de esta acción, si bien algunas familias recibieron el monto
completo, a otras tantas no les ha sido desembolsado el valor a pesar de haber
erradicado hace casi 5 años; mientras que otras recibieron el monto en el plazo
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estimado para la totalidad del programa: 2 años (que es el compromiso principal a la
hora de vincularse al PNIS).
iv) Respecto del Proyecto de Seguridad Alimentaria - también llamado «Huerta
Casera»- estaba previsto que, para el primer año, de acuerdo con el Programa, cada
familia tenía derecho a una inversión por $1’800.000 y se hizo una caracterización para
dicho proyecto de sus fincas, dinero que no les fue entregado.
v) No se cumplió con el plazo establecido para la entrega de los insumos del
Proyecto de Seguridad Alimentaria, es decir, ya había pasado más de un año después
de la erradicación y variaron las necesidades de la población. Además, hubo
sobrecostos en la entrega de los insumos. Así mismo, algunos animales llegaban
enfermos, otros muertos. Las malas condiciones en las que venían los animales que
hacían parte del proyecto de seguridad alimentaria generaron afectaciones a la
comunidad.
vi) A la fecha de presentación de la acción de tutela, no solo no se han ejecutado
la totalidad de los Proyectos de Seguridad Alimentaria, sino que, tampoco se ha
prestado la Asistencia Técnica en los términos establecidos en el AFP, ni en los
Acuerdos firmados, lo que conllevó a que no fuera una asistencia idónea y eficaz.
vii) Estos incumplimientos en el plan de sustitución en esta zona del país han
generado una afectación grave a las familias, quienes se han quedado sin el sustento
que se supone iba a garantizar su alimentación y modus vivendi, en reemplazo de la
coca.
viii) Los campesinos de los diferentes municipios y veredas señalan que han
existido cambios en las condiciones del programa, lo cual los pone, de esta manera,
en una condición más desfavorable frente al programa de sustitución. Estos cambios
se refieren específicamente a que a los campesinos adscritos al PNIS se les constriñe
a firmar Contratos de Derecho de Uso –CDU- del suelo como condición para que se
les cumplan con los proyectos a corto y largo plazo.
ix) Hasta el momento, ninguna de las familias campesinas aquí representadas
conoce alguna disposición escrita donde esté contemplado de manera taxativa y no
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sorpresiva que las familias deben aceptar firmar CDU para que les cumplan con el
Programa de Sustitución.
x) Varias de las familias que hacen parte del listado allegado perdieron el acceso
a subsidios y beneficios de carácter social por su condición de vulnerabilidad pues
aparecen como beneficiarios del PNIS, a pesar de que han pasado casi 4 años de
incumplimiento del programa. Los campesinos manifiestan que a muchos les ha subido
el puntaje del SISBEN, a pesar de que hace tiempo no reciben ni un solo beneficio y
en cambio si ven limitado su acceso a derechos sociales que les permiten suplir su
alimentación día a día como los subsidios. También fueron excluidos o suspendidos
del Programa Colombia Mayor (para el adulto mayor).
xi) Las campesinos y campesinos del departamento del Guaviare erradicaron su
fuente de alimento y subsistencia a la espera de que el Gobierno Nacional cumpliera
una serie de compromisos que les permitirían establecer proyectos de vida dignos. No
obstante, esto no sucedió y aun así ellos no pueden resembrar porque en ese
escenario se enfrentan a la judicialización.
1.4. Fundamentos de derecho
En el libelo introductorio se exponen los siguientes aspectos:
1.4.1. Sobre el derecho a la vida digna, (subsistencia), alimentación y mínimo
vital
La Corte Constitucional ha señalado que las condiciones mínimas que garantizan la
subsistencia y el desarrollo de una vida digna, o mínimo vital, se caracterizan por ser
fundamentales, cualitativas y depender de las circunstancias y el estatus adquirido por
cada persona durante su vida.
De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el derecho al mínimo vital tiene
las siguientes características: i) es fundamental; ii) tiene carácter cualitativo; y iii)
depende de las circunstancias y el estatus adquirido por cada persona durante su vida.
Por esta razón, existe una carga soportable para cada sujeto, que es directamente
proporcional a su situación económica.
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Las situaciones de vulnerabilidad frente al mínimo vital y la tenencia de la tierra, así
como las asimetrías de poder entre el campesinado y el Estado y las demás razones
antes enunciadas, se presentan en el caso de las familias campesinas de los
municipios de San José, Retorno y Calamar, que suscribieron el Acuerdo de
Erradicación y Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. En este sentido, no se debe dejar
de lado que, cuando estas familias aceptaron dicho Acuerdo, depositaron sus
expectativas en los mecanismos conforme con los cuales el Estado iba a garantizar
unos recursos mínimos mientras se lograba una transición productiva en sus regiones.
Estos recursos, como ya fue mencionado, hacen parte del Plan de Atención Inmediata
y Desarrollo de Proyectos Productivos.
Las familias que erradicaron sus cultivos de uso ilícito, como las aquí representadas,
están en una posición de dependencia frente al Estado, ya que, a corto y mediano
plazo, este es el garante de las condiciones materiales mínimas de subsistencia de
sus hogares. El incumplimiento de dichos planes de atención inmediata, así como las
decisiones administrativas que, sin enfoque diferencial alguno, cambian la forma de
ejecución de los Acuerdos, además de que expulsan o suspenden a las familias del
programa de sustitución, ello implica, de un modo u otro, que éstas no tendrán «con
qué vivir».
Debido a los incumplimientos del programa y a la falta de alternativas ambiental y
económicamente sostenibles para los campesinos beneficiarios del programa, muchos
de ellos han encontrado en la «creación pasturas» para posteriormente destinarlas a
la cría de ganado, una nueva forma de garantizar sus necesidades de subsistencia.
Sin embargo, esta actividad es problemática debido a que sus implicaciones
ambientales son altas, pero se debe tener en cuenta que el otro derecho en tensión es
el mínimo vital de la población campesina ex cultivadora de coca, que confió en el
Estado para poder sustituir de una manera integral los cultivos de uso ilícito de los
cuales subsisten.
1.4.2. Sobre el derecho al debido proceso administrativo en las actuaciones
adelantadas por la administración en el marco del PNIS
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El debido proceso administrativo se hace manifiesto a través de una serie de complejos
principios, reglas y mandatos que la normatividad le impone a la Administración para
que funcione de manera ordenada; en virtud de éstos es indispensable notificar a los
administrados de los actos que repercuten en sus derechos, además de brindarles la
oportunidad de exponer sus posiciones y presentar las pruebas que demuestren sus
derechos. En todos los casos, estas actuaciones deben estar ajustadas a la
observancia de las disposiciones legales, a los términos y a las etapas procesales que
se describen en el ordenamiento jurídico.
Los obstáculos que se han impuesto a lo largo del programa, las demoras en el
cumplimiento y las decisiones arbitrarias sobre los proyectos productivos, en vez de
fortalecer el programa lo han saboteado. Esto ha representado un desajuste sobre la
hoja de ruta que los campesinos habían pactado con el gobierno.
Ninguna fase de la ejecución se ha ajustado a lo dispuesto en el Acuerdo Municipal, ni
al Formulario de vinculación de núcleo familiar. Esto ha tenido como consecuencia que
el dinero consignado se convirtiera «de bolsillo», pues el valor por concepto de la
Asistencia Alimentaria Inmediata que se disponía para un año se alargó a casi 2, lo
cual no solo desajustó el cronograma inicial pactado, sino que, no logró su objetivo
inicial: suplir la economía de la coca mientras se ejecutaban otros proyectos para
transitar a la sustitución.
Así mismo, la entrega de marranos y gallinas enfermas, insumos innecesarios en los
predios en que se implementó el programa, entre otros, vulneró el debido proceso
administrativo. Lo anterior, en tanto la ejecución del Proyecto de Seguridad Alimentaria
no se ajustó tampoco ni al parámetro de los Acuerdos Colectivos ni al de los
Formularios de Vinculación Familiar.
Aunque la vigencia del Programa PNIS es de 10 años, es importante señalar que la
primera fase que es la incumplida hasta el momento, tenía una vigencia de 24 meses
reconocida por la ART y, posteriormente, fue modificada. La ART modificó esta
vigencia (sin comunicar a los directamente interesados) debido a que consideró que el
Gobierno anterior no tuvo en cuenta una serie de dificultades en el trámite de ejecución
de dicho programa. Esta modificación en la hoja de ruta muestra lo que se había
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propuesto a las comunidades campesinas, es decir lo planeado que estaba previsto
hasta octubre de 2020. Luego de que la ART hiciera una nueva evaluación del
programa, previó que la ejecución de fases que se relacionan fuera en la realidad
hasta 14 meses después de septiembre de 2020, según se describe a continuación:
Lo anterior se reconoce en el Informe No. 23 de la Oficina Contra la Droga y el Delito
-UNODC- en diciembre de 2020, en el que señala que el Gobierno realizó un ajuste a
la ruta de intervención del PNIS, la cual quedó definida en las bases del Plan Nacional
de Desarrollo 2018-2022 de la siguiente manera:
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Es decir, los componentes de Asistencia Alimentaria Inmediata, Proyectos de
Seguridad Alimentaria y Proyectos Productivos estaban dispuestos para 29 meses
incluida la modificación hecha unilateralmente por la ART de la Hoja de Ruta.
Después de al menos 56 meses no ha sido terminada ni la primera fase del PNIS. Ad
portas de cumplirse 5 años de implementación del Programa, ni siquiera su primera
fase ha sido resuelta y si se puso en riesgo la seguridad alimentaria de los beneficiarios
del PNIS.
1.4.3. Sobre la vulneración al debido proceso y los principios de confianza
legítima por los cambios intempestivos en las condiciones del PNIS al vincular
los contratos de derechos de uso del suelo -CDU- al programa PNIS.
En el presente caso las entidades demandadas están vulnerando el derecho al debido
proceso administrativo de las familias campesinas del departamento del Guaviare que
se acogieron al PNIS de manera imprevista al cambiar y desconocer las condiciones
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formales bajo las cuales éstas firmaron los Formularios de Vinculación de Núcleo
Familiar.
Las nuevas condiciones y escenarios impuestos por la ART para cumplir con lo
restante del Programa nunca fueron objeto de consulta a las familias afiliadas al PNIS,
ni con las organizaciones ejecutoras ni en asambleas amplias y participativas; no se
propiciaron espacios de participación reales, efectivos, de doble vía en los términos
establecidos en el AFP y en el Decreto 362 de 2018.
La ART varió de manera unilateral y arbitraria las condiciones relacionadas con el pago
e implementación de los Proyectos productivos dispuestos por el Acuerdo a corto plazo
y largo plazo. Estos cambios se refieren específicamente a que los campesinos
adscritos al PNIS han sido constreñidos durante el último año a firmar Contratos de
Derecho Uso –CDU- del suelo como condición para que se les cumplan los proyectos.
Las presiones para firmar los CDU son visibles en el «Grupo de Pruebas 1 - Oficios
ART» donde esta entidad impone una fecha límite a las familias para la firma del
contrato de derecho de uso en el que advierten que no se continuará con la
implementación del Programa PNIS hasta que éstas no firmen. Es decir, a pesar de
que el propio Gobierno determinó previamente los acontecimientos futuros bajo los
cuales cumpliría con los compromisos que firmó en el marco del PNIS, y que las
familias adscritas cumplieron con estos, ahora decidió unilateralmente agregar nuevos
escenarios y condiciones para cumplir con los Acuerdos después de transcurrido el
tiempo en que debía haber implementado el Programa.
Las nuevas condiciones y escenarios impuestos por la ART para cumplir con lo
restante del Programa nunca fue objeto de consulta a las familias afiliadas al PNIS, ni
con las organizaciones ejecutoras ni en asambleas amplias y participativas; no se
propiciaron espacios de participación reales, efectivos, de doble vía en los términos
establecidos en el AFP.
Es necesario recordar que, precisamente, el Estado no ha respetado los derechos
mínimos de estas familias desde que inició la implementación del programa PNIS.
Empezando porque nunca se les proporcionó copia del formulario que firmaron, un
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deber al que debían atender los funcionarios públicos que hicieron todo el proceso de
vinculación.
La imposición de los CDU como obligación condicional para la implementación de los
proyectos productivos a corto y largo plazo, es contraria al debido proceso del cual las
familias PNIS son acreedoras. Esto en tanto que no es armónica con el principio de
legalidad y omite las formas administrativas que previamente se establecieron para
adelantar este tipo de proyectos.
Dicha violación de derechos se consolida al variar de manera intempestiva las
condiciones establecidas para estos proyectos, así como la naturaleza de éstos pues
el modo de ejecución propuesto no permite que se lleve a cabo en consonancia con
los criterios y objetivos del PNIS.
1.4.4. Sobre la buena fe y el principio de confianza legítima
El principio de buena fe puede entenderse como un mandato de:
«[h]onestidad, confianza, rectitud, decoro y credibilidad que acompaña la palabra
comprometida (…) permite a las partes presumir la seriedad en los actos de los
demás, dota de (…) estabilidad al tránsito jurídico y obliga a las autoridades a
mantener cierto grado de coherencia en su proceder a través del tiempo».1
Del principio de la buena fe se desprende el de confianza legítima, que pretende que
la Administración se abstenga de modificar:
«[s]ituaciones jurídicas originadas en actuaciones precedentes que generan
expectativas justificadas (y en ese sentido legítimas) en los ciudadanos, con base en
la seriedad que -se presume- informa las actuaciones de las autoridades públicas, en
virtud del principio de buena fe y de la inadmisibilidad de conductas arbitrarias, que
caracteriza al estado constitucional de derecho».2
Para la Corte Constitucional la confianza legítima protege las razones objetivas con
las que cuenta un ciudadano que le permite inferir la consolidación de un derecho que
no ha adquirido. Por ello, no resulta constitucionalmente admisible que la
1 Sentencia C-131 de 2004. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. En el mismo sentido ver las sentencias
T-248 de 2008. M.P. Rodrigo Escobar Gil, y T- 141 de 2013. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
2 Sentencia T-180 A de 2010. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
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Administración quebrante de manera intempestiva la confianza que había creado con
su conducta en los ciudadanos, más aún, cuando con ello puede afectar derechos
fundamentales.
El Estado está defraudando la confianza legítima de las familias que se acogieron al
Programa PNIS, así como el principio de buena fe que debe regir todas sus
actuaciones administrativas al cambiar de manera arbitraria e intempestiva las
condiciones para acceder a los montos económicos dispuestos para los proyectos
productivos dispuestos en el Acuerdo Municipal y el Formulario de Vinculación de
Núcleo Familiar.
1.4.5. Sobre la Vulneración al Derecho a la Participación
La ART y la Junta de Direccionamiento Estratégico del PNIS no han garantizado el
derecho a la participación de acuerdo con el estándar desarrollado por la Corte
Constitucional, esto ha implicado a su vez que no se han propiciado los espacios de
participación y concertación en los términos establecidos en el AFP, el Decreto 896
de 2017 y el Decreto 362 de 2018.
Las actuaciones de la ART han sido impositivas y arbitrarias, no solo se ha cumplido
a destiempo los compromisos que se pactaron, sino que las consultas sobre las
necesidades puntuales de los campesinos beneficiarios del PNIS en los municipios
han sido nulas.
Este desconocimiento del derecho a la participación y la concertación se evidencia
nuevamente en la imposición grosera de nuevas condiciones para la ejecución del
Proyecto a corto plazo y el Proyecto a largo plazo que no se encuentran ni en el
Acuerdo Municipal ni en los formularios de vinculación.
La manera en que el Gobierno se ha dirigido a los campesinos que han depositado de
buena fe la confianza en el Programa PNIS ha sido a través del desconocimiento de
derechos, el incumplimiento y la socialización de cómo deben reorganizar sus fincas
y sus casas como si se tratara de personas desprovistas de voluntad, proyectos de
vida y sueños.
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Esto desconoce completamente el carácter concertado que deben tener los planes de
inversión de los proyectos productivos y, en general, todo el PNIS. Es por tal razón
que resulta imperativo recordar que el derecho a la participación debe darse de
manera libre, significativa, activa, efectiva y eficaz.
Es evidente cómo las imposiciones por parte de la ART en la implementación del
programa no han asegurado las necesidades de las familias beneficiarias, en tanto
éste no se ha materializado de manera idónea. No solo se han incumplido los
compromisos y plazos que se pactaron, sino que las consultas sobre las necesidades
puntuales de los campesinos beneficiarios del PNIS y la construcción participativa en
los municipios han sido nulas lo cual deja de esta manera los principios de
participación y concertación del programa como una simple formalidad que no va más
allá del papel.
1.5. Trámite
1.5.1. A través de auto del 1° de julio de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez
Vargas inadmitió la acción de tutela y, en consecuencia, requirió a la parte accionante
para que dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, allegara
memorial aclaratorio mediante el cual indicara si la presente acción de tutela fue
interpuesta frente a iguales situaciones fácticas, pretensiones, y derechos vulnerados;
si las autoridades accionadas habían incurrido en iguales acciones u omisiones
vulneradoras frente a todos los agenciados y, además, realizara la individualización e
identificación de dichas personas.
1.5.2. Por auto del 26 de julio de 2022, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas
rechazó la acción de tutela, al evidenciar que, si bien la parte accionante presentó
memorial de corrección de la acción, no fue posible establecer la identidad de los
agenciados ni se dio cumplimiento a los requisitos de la acción de tutela presentada
por número plural de personas, lo cual impedía adelantar el trámite constitucional de
manera conjunta.
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1.5.3. El 9 de agosto de 2022, la parte accionante impugnó la decisión de rechazo de
admisión de la acción y, por auto del 10 de agosto de 2022, el consejero Rafael
Francisco Suárez Vargas concedió la impugnación interpuesta.
1.5.4. Mediante auto de mejor proveer, del 27 de septiembre de 2022, el Consejo de
Estado Sección Quinta avocó conocimiento y ordenó a la Defensoría del Pueblo para
que en el término de cinco (5) días ubicara a los agenciados, les brindara asesoría
legal y acompañamiento jurídico durante el trámite de la presente acción y les
informara sobre las formas en las cuales podían ser representados dentro del trámite
de la referencia.
Igualmente, ofició a la Agencia de Renovación del Territorio – Dirección de Sustitución
de Cultivos Ilícitos para que indicara, en el término de cinco (5) días, en qué estado se
encontraba el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, frente a
las personas agenciadas dentro de esta causa.
Finalmente, ordenó la suspensión de términos para decidir sobre la impugnación
presentada y, en adición, la notificación de la decisión a las agentes oficiosas, señoras
Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus Parra.
1.5.5. El 10 de octubre de 2022, el Defensor del Pueblo de Guaviare solicitó la
ampliación del término para adelantar las órdenes impartidas (en el auto del 27 de
septiembre de 2022), frente a lo cual la Sección Quinta del Consejo de Estado, según
auto del 31 de octubre de 2023, accedió a dicha solicitud y amplió el plazo a veinte
(20) días contados a partir de la notificación de la providencia y, en adición, reiteró las
órdenes impartidas en el auto del 27 de septiembre de 2023.
1.5.6. En virtud del auto del 19 de diciembre de 2022, la Sección Quinta del Consejo
de Estado revocó el auto impugnado por la parte actora y, en consecuencia, ordenó
remitir al despacho de origen, con el fin de decidir sobre la admisión de la demanda
incoada por las señoras Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus, como agentes
oficiosas, últimas a quienes debía, también, ser notificada esta decisión.
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1.5.7. Por medio de auto de mejor proveer del 26 de enero de 2023, previo a admitir la
acción de la referencia, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas requirió a la
Defensoría del Pueblo de Guaviare, para que, por un lado, aclarara el alcance del
memorial allegado el 15 de noviembre de 2022, en relación con incongruencias en el
número de accionantes contenidos en aquel y, por el otro, para que enviara los
nombres y documentos de identificación de todas las personas, así como de las
interesadas en vincularse a este proceso.
Así mismo, ordenó la notificación del proveído a las agentes oficiosas, señoras Jomary
Ortegón Osorio y Rosa María Mateus.
1.5.8. Mediante auto del 11 de abril de 2023, se admitió la acción de tutela de la
referencia presentada por las señoras Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus,
como agentes oficiosas de las siguientes personas:
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De igual manera, se admitió la presente acción para las siguientes personas, las cuales
tuvieron acompañamiento jurídico de la Defensoría del Pueblo de Guaviare:
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Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-00
Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra
1.5.9. El 3 de mayo de 2023, el consejero conductor del proceso por considerarlo
procedente, ordenó remitir el expediente de la referencia al despacho del consejero
Luis Alberto Álvarez Parra, para que decidiera sobre su posible acumulación con la
acción de tutela con radicado 11001-03-15-000-2022-00795-00 y, de ser el caso,
asumiera su conocimiento.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03375-00
Demandante: Jomary Ortegón Osorio y otra
1.5.10. El 12 de mayo de 2023, el consejero Álvarez Par negó la acumulación solicitada
por estimar que de la verificación de las dos acciones constitucionales el despacho
evidenció que, aunque presentaban similitud en la parte demandada, no se obtuvo ese
resultado respecto del objeto y la causa.
1.5.11. El 29 de mayo de mayo se elaboró informe secretarial de paso al despacho del
magistrado sustanciador para lo pertinente.
1.6. Intervenciones
1.6.1- De la Presidencia de la República
El apoderado del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, de
conformidad con la delegación realizada mediante Resolución No. SJ-01 de 12 de abril
de 2023, allegó informe en el que señaló lo siguiente:
i) Se configura la «Falta de legitimación material en la causa por pasiva del
presidente de la República», por cuanto los accionantes no acreditaron la forma en
que la Presidencia de la República vulneró o amenazó los derechos fundamentales
mencionados en la acción de tutela, dado que no se establecieron las funciones que
le corresponden a dicha entidad dentro del Programa de Sustitución de Cultivos Ilícitos.
ii) La Presidencia de la República es un Departamento Administrativo que forma
parte del sector central de la administración pública del orden nacional, creado
mediante el Decreto Legislativo No.133 del 27 de enero de 1956, convertido en
legislación permanente mediante la Ley 1ª de 1958. De acuerdo con lo establecido en
el artículo 1 del Decreto 1784 de 2019, modificado por el Decreto 2647 del 30 de
diciembre de 2022 «por el cual se modifica la estructura del Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República», se tiene que esta entidad tiene por
objeto asistir al presidente de la República en su calidad de Jefe de Estado, Jefe de
Gobierno y Suprema Autoridad Administrativa en el ejercicio de sus Funciones
iii) Las funciones de la Presidencia de la República se encuentran encaminadas a
prestar apoyo logístico y administrativo al señor presidente de la República en el
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cumplimiento de sus funciones, que son principalmente las consignadas en el artículo
189 de la Constitución.
iv) El señor presidente de la República no es representante legal ni judicial de
entidad alguna, incluida la Presidencia de la República, tal como lo dispone el artículo
3 del Decreto 1784 de 2019, modificado por el Decreto 2647 de 2022, pues ésta tiene
su propio representante legal y se pronuncia judicialmente a través de la Secretaría
Jurídica.
v) En cuanto al Programa Nacional de Cultivos de Uso Ilícito -PNIS- se precisa que
estuvo a cargo de la Consejería Presidencial para el Postconflicto; no obstante, dicho
programa ya no se encuentra a su cargo desde el 31 de diciembre de 2019, conforme
lo dispuesto en el Decreto 2107 del 22 de noviembre de 2019 «por el cual se modifica
la estructura de la Agencia de Renovación del Territorio y se dictan otras
disposiciones» el cual ordenó en su artículo 7º que la Agencia de Renovación del
Territorio ART tiene en su estructura a la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso
Ilícito.
vi) Se configura «Falta de legitimación en la causa por activa: ausencia de
cumplimiento de requisitos para actuar en calidad de agente oficioso», por cuanto en
el escrito de la acción de tutela no se desprende el motivo por el que quienes
aparentemente vieron afectados sus derechos fundamentales no pueden acudir de
manera directa ante el juez constitucional para hacer valer sus derechos
fundamentales. Por el contrario, del escrito se desprende que los campesinos
manifestaron un conjunto de inconformidades respecto a la ejecución del PNIS, lo que
evidencia que se encontraban en capacidad de acudir ante el juez para manifestar
dicha inconformidad y solicitar la protección de sus derechos.
vii) Además, el presente asunto no se encuentra dentro de las excepciones al
principio de subsidiariedad que justifique a utilización de la tutela en lugar de los
mecanismos referidos pues: i) los mecanismos existentes son idóneos para para
protección de los derechos reclamados por la parte actora; y ii) la parte accionante no
se encuentra ante un perjuicio inminente e irremediable.
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1.6.2- De la Agencia de Renovación del Territorio ART
El jefe de la Oficina Jurídica de la Agencia de Renovación del Territorio ART, solicita
que se declare improcedente el presente mecanismo de amparo, conforme a lo
siguiente:
No se cumple el requisito de subsidiariedad puesto que la parte actora no indicó ni
probó el motivo por el cual no puede acudir a los otros medios y acciones jurídicamente
procedentes como el procedimiento administrativo y los medios de control y acciones
constitucionales que propenden por la protección de los intereses y derechos
colectivos, ni acredita un perjuicio irremediable, circunstancia en la que la parte
accionante debe demostrar mediante los medios de prueba legalmente instituidos.
El ordenamiento jurídico ha previsto mecanismos de protección judicial diferenciados
según el tipo de derechos involucrados, así, si se invoca la amenaza o vulneración de
un derecho fundamental, el afectado dispone de la acción de tutela, según lo establece
el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, pero si la afectación
recae sobre un conjunto de derechos de los que es titular una colectividad, deberá
impetrar la acción popular, conforme lo dispone el artículo 88 de la Constitución Política
y la Ley 472 de 1998.
La acción de tutela resulta improcedente por la inexistencia de perjuicios irremediables;
la parte actora debió demostrar probatoriamente la necesidad, urgencia, gravedad e
inminencia del derecho vulnerado, lo cual, no solo no probó, sino que, además, no
enunció respecto a cada accionante en la acción de tutela.
Se configura la «FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA» de quienes
presentan la acción constitucional, esto teniendo en cuenta que se debe distinguir la
calidad que tiene como agente oficiosa y las cargas probatorias que se exigen a las
personas que obran como agentes, aún más al tener claro que revisado el expediente
no se cuenta con pruebas suficientes y efectivas que logren establecer la
manifestación de voluntad de las personas relacionadas en el auto admisorio para que
las accionantes actuasen en su nombre.
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En este mismo sentido, tampoco se logra establecer a través de soportes probatorios
la imposibilidad física o psíquica de estos para no suscribir debidamente poder para
actuar o en su defecto presentar la acción en nombre propio.
Por otra parte, no justifican ni adjuntan prueba del motivo que impide allegar el poder
especial, ya que es de conocimiento público que en materia de tutelas los poderes se
presumen auténticos y exigen menos formalidades que los requeridos en procesos
ordinarios ante la jurisdicción, por lo que, no es necesario que las partes acudan a
notarías a fin de autenticarlo o protocolizarlo.
En suma, no se deben acoger los pedimentos de los accionantes porque no tiene
legitimación en la causa por activa debido a que la presunta vulneración alegada no
afecta derechos propios, como tampoco se cumplió con la carga procesal destinada a
corroborar y sustentar el motivo que le impide a los agenciados actuar por sí mismos,
y aunque se brindó una justificante de su accionar en el componente financiero y
geográfico de las familias y la región donde estas habitan lo que conllevaría la
imposibilidad de obtener el poder en físico, lo cierto es que este argumento no es
idóneo para acreditar la condición de debilidad manifiesta que impida a las personas
agenciadas defender sus intereses directamente.
Se presenta «AUSENCIA DE PRUEBAS QUE VERIFIQUEN LA EXISTENCIA DE LA
VULNERACIÓN DE ALGÚN DERECHO», toda vez que del material probatorio anexado
al escrito tutelar no se cuenta con prueba siquiera sumaria que pueda llevar
inequívocamente al juzgador a determinar la existencia de la vulneración de derechos
alegada por la parte accionante.
Atendiendo a la naturaleza del PNIS como política pública derivada del Acuerdo Final
para la Terminación del Conflicto y, a la vez, contemplando su naturaleza de política
fiscal acorde al artículo 5 del Decreto Ley 896 de 2017, es menester tener en cuenta
los límites del juez de tutela en relación con los asuntos fiscales, por cuanto no resulta
procedente, en aras de proteger los derechos fundamentales en sede de tutela, proferir
órdenes tendientes a asignar erogaciones presupuestales a un sector de manera
particular.
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Se presenta «INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO FRENTE A
MODIFICACIONES EN LA ATENCIÓN», toda vez que se evidencian inconsistencias en
la información reportada al PNIS, es decir, se incurre en el incumplimiento de requisitos
y compromisos de acuerdo con sus actuaciones o a la falta de ellas y, para detectarlas
la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito no cuenta con un procedimiento
administrativo especial, ni sancionatorio para llevar a cabo la cesación de beneficios
de los núcleos familiares por dichas causas.
El procedimiento aplicable al caso de conformidad con la Ley 1437 de 2011, es aquel
denominado como procedimiento administrativo general, el que, a su vez, garantiza el
derecho al debido proceso administrativo de los núcleos familiares vinculados al
Programa en cualquier actuación administrativa que se derive de las gestiones de la
entidad.
El procedimiento adelantado por parte de la DSCI18- ART, no es violatorio al debido
proceso administrativo, por cuanto guarda relación con el cumplimiento de las
garantías de publicidad y notificación de las actuaciones. Tampoco se puede endilgar
una supuesta modificación de la atención a las familias en este escenario puesto que
a la fecha no existe ni es cierto la modificación de la atención a éstas.
Respecto a las familias que se encuentran retiradas del Programa, se adelantó el
procedimiento general administrativo y se les comunicó de manera individual y
concreta los motivos por los que no pueden continuar recibiendo los beneficios del
PNIS; por consiguiente, se presenta una situación consolidada y, además, la DSCI
adelantó el procedimiento que respetó el debido proceso.
En relación con las familias suspendidas, se ha agotado el procedimiento para notificar
las situaciones de incumplimiento a los compromisos y/o requisitos del Programa y se
otorgaron plazos para que las familias puedan presentar documentos y/o soportes que
justifiquen sus incumplimientos, siendo importante precisar que para estos casos se
evidencia una inactividad por parte de cada una de las familias que se encuentran en
esta situación.
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Se presenta «INEXISTENCIA DE VIOLACIÓN DEL DERECHO AL MÍNIMO VITAL», pues
revisados los registros del sistema de gestión documental «SISPNIS», se pudo
determinar que algunas de las personas relacionadas en el auto admisorio como
accionantes nunca han estado vinculadas al PNIS, por lo que al carecer de legitimación
en la causa por activa para reclamar a la DSCI la entrega de algunos de los
componentes que integran el plan de atención, la entidad no ha vulnerado el derecho
fundamental al mínimo vital derivado de un supuesto incumplimiento en la entrega de
aquellos.
Respecto a los accionantes que sí se encuentran vinculados al programa las familias,
se advierte que no están desprovistos de los componentes del plan de atención del
PNIS, en tanto los compromisos asumidos por el Gobierno Nacional e incorporados en
cada formulario de vinculación individual se han cumplido progresivamente de buena
fe, pese a las dificultades que se han presentado en la financiación del programa.
Se encuentran contratados los operadores para entregar en el departamento del
Guaviare los recursos correspondientes al proyecto productivo de ciclo corto. Además,
frente a las familias cultivadoras y no cultivadoras en los municipios de Calamar, El
Retorno y San José del Guaviare existe la apropiación de recursos para que reciban
12 millones cada una por asistencia alimentaria inmediata y 3 millones 200 mil pesos
de asistencia técnica; igualmente, el 94% ya ha recibido el proyecto de auto
sostenimiento y seguridad alimentaria.
Los accionantes alegan la vulneración al derecho al mínimo vital, sin embargo, no
existe ningún medio de prueba demuestre que en efecto sus necesidades básicas
están quedando insatisfechas, ni que carecen de los bienes y servicios esenciales para
garantizar su supervivencia y menos aún, que esas carencias tenga una relación de
causalidad con un supuesto incumplimiento de los componentes del plan de atención
del PNIS.
Se presenta «INEXISTENCIA DE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN»,
dado que este derecho tiene como la garantía fundamental poder intervenir en las
decisiones el Estado por parte de los ciudadanos de manera democrática y, en el
presente asunto, el componente participativo del PNIS se desarrolla en cumplimiento
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del Decreto 1081 de 2015 y 362 de 2018, el cual contiene instancias de ejecución,
coordinación y gestión, este componente lo conforman seis espacios en total.
Tales espacios cuentan con objetivos específicos destinados al apoyo, articulación
socialización y seguimiento de los componentes del PNIS, que no configuran
instancias decisivas pero que se garantizan por el carácter participativo y la
concurrencia de los diferentes integrantes para el aporte de ideas y pensamientos al
interior de estos espacios; por lo tanto, al establecer sólo uno como criterio de
calificación en la implementación por parte de las accionantes, no satisface la realidad
que actualmente atraviesa el Programa.
Los Consejos Asesores Territoriales se han convocado consecutivamente de acuerdo
con las necesidades de cada territorio, y en ese sentido se ha ejecutado tal
componente con los espacios restantes; para mejor comprensión de tal situación se
debe tener en cuenta que, los 56 municipios en los cuales tiene presencia el programa
presentan avances diferenciados frente a su implementación.
La Dirección desarrolla estos espacios de acuerdo con los postulados normativos y
jurisprudenciales que los regulan; frente a la asistencia de la población, se debe decir
que, el componente volitivo es parte fundamental para el desarrollo participativo y
concertado; por tal razón la DSCI convoca y desarrolla estos espacios por tener a
cargo la secretaría técnica, sin perjuicio de la voluntad de asistencia de los
participantes.
2. Consideraciones
2.1. Competencia
De acuerdo con el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015,
modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de
tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República , incluyendo las
relacionadas con seguridad nacional, así como, las actuaciones administrativas,
políticas, programas y/o estrategias del Gobierno nacional, autoridades, organismos,
consejos o entidades públicas relacionadas con la erradicación de cultivos ilícitos,
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serán repartidas para su conocimiento en primera instancia , al Consejo de Estado»,
esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela.
2.2. Cuestión Previa
Antes de entrar al fondo del asunto, la Sala se pronunciará respecto a las excepciones
propuestas por las entidades demandadas, así:
2.2.1. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva invocada
por la Presidencia de la República, se encuentra que no está llamada a prosperar, toda
vez que no solo la parte accionante le endilga la vulneración de sus derechos
fundamentales, sino que es la propia Presidencia de la República la que manifiesta
haber tenido a su cargo el PNIS, cuyo incumplimiento se alega en el presente asunto,
por lo que es necesario determinar si dicha entidad incurrió en desconocimiento de los
derechos invocados.
2.2.2. Frente a la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de las
agentes oficiosas Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus Parra, propuesta tanto
por la Presidencia de la República como por la Agencia de Renovación del Territorio
ART, las cuales, la fundamentaron, en síntesis, en el hecho de que no se acreditó la
imposibilidad del colectivo de campesinos suscriptores del PNIS para acudir
directamente a la acción, la Sala examina lo siguiente:
La Corte Constitucional en Sentencia SU-377 de 2014, reiteró que, si bien toda
persona puede instaurar la acción de tutela «por sí misma o por quien actúe a su
nombre», lo cierto es que no es necesario que el titular de los derechos interponga
directamente el amparo, pues un tercero puede hacerlo a su nombre, previa
acreditación de las siguientes calidades: i) representante del titular de los derechos, ii)
agente oficioso, o iii) Defensor del Pueblo o personero municipal.
Para obrar como agente oficioso puede el tercero hacerlo «cuando el titular de los
mismos [es decir, de los derechos] no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud».3
3
Artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.
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La referida corporación judicial en Sentencia T-020 de 2016, precisó que el análisis
acerca de la configuración de los referidos elementos constitutivos de la agencia
oficiosa debe realizarse:
«[e]n atención a las circunstancias propias del caso concreto, derechos
fundamentales invocados, calidad y condiciones de las partes, características socio
económicas de las mismas, lugar geográfico de la supuesta vulneración etc., esta
obligación que pesa sobre los jueces de tutela deriva directamente del principio de
eficacia de los derechos fundamentales que como ha reiterado la Sala inspira e
informa la figura procesal de la agencia oficiosa en materia de tutela».
En virtud de lo anterior, advierte la Sala que en el caso sub examine se encuentra
plenamente justificada la agencia oficiosa incoada por las señoras Jomary Ortegón
Osorio y Rosa María Mateus Parra, dado que tal como lo explicaron en el acápite C.
1. de la demanda, los campesinos accionantes son habitantes de los municipios de
San José, Calamar y El Retorno, departamento del Guaviare que se acogieron en el
año 2017 al Programa PNIS, los cuales se encuentran en una situación de dificultad
para acceder a una orientación jurídica y a la justicia per se, debido a su ubicación
geográfica, nivel académico y a las condiciones de vulnerabilidad económica que les
imposibilita transportarse en cualquier momento desde sus fincas hasta la cabecera
municipal para elaborar un poder o remitir incluso su firma de manera virtual, dado que
no cuentan con internet ni comunicación electrónica.
Por tal razón, es que los presidentes de las Juntas de Acción Comunal -JAC- de cada
una de las veredas de los municipios en mención entregaron la información específica
de las familias listadas. Así mismo, los presidentes y representantes de las JAC de
cada una de las buscaron asistencia jurídica en cabeza de las agentes oficiosas,4 para
acceder a la justicia con el fin de denunciar la vulneración de los derechos que en sus
veredas presuntamente se está viviendo.
Ahora bien, cabe aclarar que si bien es cierto que de manera general no es dable
reconocer a los campesinos y a los trabajadores agrarios como sujetos de especial
protección constitucional, también lo es que a nivel jurisprudencial se han establecido
4Profesionales del derecho que hacen parte del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo,
Organización No Gubernamental sin ánimo de lucro, defensora de Derechos Humanos en Colombia.
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algunos criterios bajo los cuales adquieren esa calidad, verbigracia, cuando se
encuentren en circunstancias de marginalización y vulnerabilidad, tal como se sucede
en el sub examine, pues se trata de personas que alegan encontrarse en condiciones
de necesidad económica y apartados territorialmente, por lo que se hace necesario
que las agentes oficiosas asuman la representación de sus derechos.
Conforme a lo anterior y en atención a que la jurisprudencia constitucional se ha
orientado a reconocer la procedencia de la agencia oficiosa cuando se evidencie la
imposibilidad del agenciado para interponer la acción de tutela «por sí mismo», es
pertinente reconocer a las citadas abogadas como agentes oficiosas del colectivo de
campesinos suscriptores del PNIS. Por consiguiente, la excepción de falta de
legitimación en la causa por activa de las agentes oficiosas tampoco está llamada a
prosperar, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
2.3. Problema jurídico
Las señoras Jomary Ortegón Osorio y Rosa María Mateus Parra, integrantes del
Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) instauraron acción de tutela en
calidad de agentes oficiosas de los campesinos vinculados al Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS, contra la Presidencia de la República,
la Agencia de Renovación del Territorio ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos
Ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, con el objeto de obtener el amparo
de sus derechos fundamentales que, consideraron vulnerados, por el presunto
incumplimiento de los compromisos pactados en el PNIS.
El presente asunto se contrae a establecer, en primer lugar, si la acción de tutela
resulta procedente, es decir, si cumple con el principio de subsidiariedad.
En segundo lugar, en caso de que no prospere lo anterior, la Sala entrará a examinar
el fondo del asunto, en el sentido de determinar si al colectivo de campesinos
suscriptores del PNIS se les vulneraron sus derechos fundamentales al debido
proceso, la vida en condiciones dignas, la participación, mínimo vital y los principios
constitucionales asociados tales como confianza legítima y buena fe con ocasión del
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presunto incumplimiento de los compromisos pactados en el Programa Nacional
Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –PNIS.
2.3.1. De la procedencia de la acción de tutela
2.3.1.1 Del principio de subsidiariedad
De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela solo
procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Sobre el carácter subsidiario de la acción, la Corte Constitucional señala que prevalece
la validez y viabilidad de los medios y/o recursos ordinarios de protección judicial, como
mecanismos legítimos para la salvaguarda de los derechos. Por consiguiente, se
obliga a los administrados de justicia a incoar los medios jurisdiccionales con los que
cuenten para conjurar la situación que estimen lesiva de sus derechos.
No obstante, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que el
presupuesto de subsidiariedad que rige la acción de tutela debe analizarse en cada
caso concreto. Por ende, en aquellos eventos en que existan otros medios de defensa
judicial, se ha determinado que existen dos excepciones que justifican su
procedibilidad:5
«(i) Cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las
controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso
estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a
existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un
perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo
transitorio».
En efecto, de verificarse la existencia de otros medios judiciales, siempre se debe
realizar una evaluación de la idoneidad de éstos, para determinar si tienen la capacidad
de restablecer de forma efectiva e integral los derechos invocados. Este análisis debe
ser sustancial y no simplemente formal, y se dirige a reconocer que el juez de tutela
5 Corte Constitucional, sentencia T-662 de 2016. M.P.: Dra. Gloria Stella Ortiz Delgado
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no puede suplantar al juez ordinario. Por tanto, en caso de evidenciarse la falta de
idoneidad del otro mecanismo, la acción puede proceder de forma definitiva.
De este modo, cuando el amparo es promovido por personas que requieren especial
protección constitucional el examen de procedencia de la tutela se hace menos
estricto, a través de criterios de análisis más amplios, pero no menos rigurosos.
2.3.1.2. Del mecanismo procedente para proteger los derechos individuales y
colectivos.
La Agencia de Renovación del Territorio señala en el escrito de intervención que no se
cumple el requisito de subsidiariedad puesto que la parte actora podía acudir a la
acción popular, por cuanto, la presunta afectación recae sobre un conjunto de
derechos de los que es titular una colectividad y, para ello, se deberá impetrar la acción
popular, conforme lo dispone el artículo 88 de la Constitución Política y la Ley 472 de
1998.
Sea lo primero señalar que la Corte Constitucional ha manifestado que el número de
personas que acceden a la administración de justicia o la calidad del sujeto legitimado
para interponer determinada acción es, por regla general, irrelevante, dado que el
criterio para determinar si procede la protección de derechos colectivos por medio de
la acción popular o la acción de tutela para la garantía de los derechos fundamentales,
no es cuantitativo, sino calificativo.
En efecto, la citada Corporación Judicial en sentencia T-659 de 2007 explicó los puntos
de encuentro y distanciamiento entre los derechos fundamentales y los colectivos, al
señalar que la tendencia actual está dirigida a analizar grupos de derechos que se
ubican en una posición intermedia entre los derechos individuales y colectivos, o
simplemente, a entender que un derecho puede tener diferentes facetas que lo ubican
en una u otra clasificación de acuerdo con las circunstancias del caso concreto.
La citada corporación puntualizó en la sentencia comentada que, desde la óptica de
los derechos fundamentales, también se ha considerado que algunos de ellos pueden
adquirir el carácter de derechos de prestación para la colectividad indeterminada o
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dirigida a un grupo determinado de personas, para lo cual se requiere de la
intervención estatal mediante la adopción de medidas generales que protejan, al igual
que la situación general, el derecho individual.
Al respecto, trajo a colación la sentencia T-087 de 2005, mediante la cual la Sala
Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, ordenó, por ejemplo, a la Empresa de
Transporte Masivo «Transmilenio S.A» a instruir a sus empleados para que, además
de los hijos de los demandantes, no cobren los pasajes a todos los niños menores de
dos años que, por su condición, no ocupen puestos diferentes a los que corresponden
a sus padres, puesto que se protege la dimensión prestacional del derecho a la
circulación mediante la efectividad del derecho de acceso al servicio público de
transporte.
En síntesis, la Corte6 precisó que:
«[L]os derechos colectivos pueden ser también derechos de los individuos y la
protección de los derechos fundamentales puede repercutir en la defensa de los
derechos del conglomerado. A esta conclusión sigue, entonces, la siguiente pregunta
obvia: si la definición de derechos colectivos y fundamentales no está dada por
el número de personas a quienes beneficia, ni por el número de personas que
ejercen la acción, ni por su denominación cerrada, o por su carácter de derecho
humano o derecho de la sociedad ¿Cómo hacer para definir el núcleo de
protección que encuentre sentido útil a la distinción de procedibilidad entre la acción
de tutela para la defensa de derechos fundamentales y la acción de popular para la
protección de derechos colectivos?
Indudablemente, como se dijo en precedencia, el criterio para determinar si procede
la protección de derechos colectivos por medio de la acción popular o la acción de
tutela para la garantía de los derechos fundamentales, no es cuantitativo, pues el
número de personas que acceden a la administración de justicia o la calidad del
sujeto legitimado para interponer determinada acción es, por regla general,
irrelevante. De hecho, algunos “sujetos colectivos” pretenden proteger
derechos individuales, tal es el caso de un sindicato a quien le han vulnerado su
debido proceso administrativo y algunas personas individualmente consideradas y,
sin que deban acreditar interés subjetivo al respecto, pretenden la protección de
derechos colectivos, como es el caso de una persona que preocupada por la tala
indiscriminada de árboles en una población que conoció de paso formula acción
popular para defender el equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional
de los recursos naturales. El criterio relevante será, entonces, el contenido del
derecho a proteger en cada caso concreto, pues si éste se individualiza y
materializa en un sujeto perfectamente determinado o determinable, podrá
tratarse de un derecho fundamental, pero si se trata de proteger los intereses
de una comunidad, un grupo o un conglomerado afectado por la misma causa
6 sentencia T-659 de 2007
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que corresponde a todos y a ninguno en particular, será un derecho colectivo».
(Negrillas y subrayas fuera del texto)
En Sentencia C-377 de 2002, la Corte Constitucional explicó que los «derechos
colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son excluyentes,
pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden existir sin la cooperación
entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. En este sentido los
derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y
colectiva, que trasciende el ámbito interno». Y, más adelante agregó que el interés
colectivo «pertenece a todos y cada uno de los miembros de una colectividad
determinada, el cual se concreta a través de su participación activa ante la
administración de justicia, en demanda de su protección».
En este orden de ideas, un derecho es fundamental, por consiguiente, puede ser
protegido por vía de tutela cuando se demuestre la afectación subjetiva o individual del
demandante y, será colectivo, preservado mediante la acción popular, cuando afecte
a una comunidad general que impida dividirlo o materializarlo en una situación
particular.
2.3.1.3. Del mecanismo idóneo en el caso sub examine.
De conformidad con las directrices señaladas en precedencia, encuentra la Sala que
en el caso bajo examen el mecanismo de protección judicial procedente para proteger
los derechos invocados por la parte accionante es la acción de tutela, toda vez que en
la forma en que se planteó en el caso sub lite, la presunta vulneración del debido
proceso, el derecho a la vida en condiciones dignas, el derecho a la participación y al
mínimo vital no se ubican en una posición intermedia entre los derechos individuales
y colectivos.
En efecto, los campesinos accionantes consideran que el presunto incumplimiento de
los compromisos pactados en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos –PNIS afectan derechos que les son inherentes a su condición de ser humano
en razón de su dignidad, dado que se les limitó el acceso a derechos sociales al
haberse subido el puntaje del SIBSEN, que les permitía suplir su alimentación día a
día a través de los subsidios; al igual, algunos fueron excluidos o suspendidos del
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Programa Colombia Mayor (para el adulto mayor) y, en general, los suscriptores del
referido Programa, no pueden resembrar los cultivos ilícitos que, eran su principal
fuente de subsistencia.
Lo anterior, permite evidenciar que se trata de derechos fundamentales que no
permean o transitan a derechos colectivos, pues en términos generales, en el presente
asunto los actores fundamentan sus alegaciones en que al concretarse el
incumplimiento del PNIS se les afectan las condiciones mínimas de subsistencia de
las familias campesinas accionantes, pues, a su juicio, debido a los Acuerdos, los
suscriptores, presuntamente adoptaron una posición de especial subordinación frente
al Estado, al depender del citado Programa para generar su fuente de subsistencia.
De igual forma, en conexidad con lo anterior, los derechos al debido proceso y a la
participación en las decisiones administrativas objeto de reproche, pueden afectar la
forma de ejecución de los Acuerdos, lo cual, a la postre, podría dar lugar a la expulsión
o suspensión de las familias del programa de sustitución, lo que al final, afectaría,
igualmente, su fuente de subsistencia mínima.
En este orden de ideas, la Sala procede a estudiar el fondo del asunto, sin embargo,
resulta del caso aclarar que el mecanismo de amparo no procede para el
reconocimiento de derechos económicos ni para resolver controversias contractuales,
pues se dirige exclusivamente al estudio de la defensa de derechos fundamentales.
Cabe resaltar, que la Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que, en virtud
del principio de subsidiariedad, las acciones de tutela no son el instrumento viable para
el reconocimiento y pago de derechos de carácter económico, es decir, que el presente
mecanismo es improcedente para dirimir conflictos de naturaleza patrimonial que se
avizora no tienen trascendencia iusfundamental. En efecto, la finalidad del amparo
constitucional es resolver controversias de estirpe contractual con connotación
estrictamente económica, y para resolver esta clase de contiendas, existen en el
ordenamiento jurídico las respectivas acciones y recursos judiciales.
Los únicos casos en que excepcionalmente la acción de tutela puede conocerse para
desatar pretensiones y conflictos de tipo económico o contractual, suceden cuando
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consecuencialmente concurre la defensa de una garantía fundamental o cuando se
promueve como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. de
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
En el presente asunto, las agentes oficiosas instauraron acción de tutela a nombre de
los campesinos vinculados al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos
Ilícitos –PNIS, por considerar que la Presidencia de la República, la Agencia de
Renovación del Territorio ART y la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos de la
Agencia de Renovación del Territorio, les vulneraron sus derechos fundamentales al
debido proceso, la vida en condiciones dignas, la participación, mínimo vital y los
principios constitucionales asociados tales como la confianza legítima y buena fe, con
ocasión del presunto incumplimiento de los compromisos pactados en el referido PNIS.
2.4.1 Hechos probados
i) Se identificaron a cada uno de los primeros campesinos accionantes con nombres
y apellidos, así como número de cédula, municipio, vereda y presuntos derechos
vulnerados (documento Excel). Cabe aclarar que cada campesino allí identificado
representa a una familia suscriptora.
ii) Posteriormente, se adhirieron más campesinos a los que inicialmente firmaron la
tutela, lo cual arrojó un total de 1889, según informó la Defensoría del Pueblo. Así
mismo, por error involuntario se omitió agregar a otros campesinos, cuyos datos se
allegaron al proceso. Finalmente, dicha entidad señaló un total de 1918 accionantes
campesinos, de acuerdo con el Oficio radicado 20220060184542071 del 15 de
noviembre de 2023.
iii) Se allegó documento Excel en el que se relacionaron a 1173 campesinos firmantes
de la acción, los cuales se identificaron con nombre, cédula y vereda. Allí se
discriminaron tanto los recursos presuntamente recibidos como los no recibidos por
dichos campesinos por concepto de Asistencia Alimentaria, Asistencia Técnica
Integral, Proyectos de Ciclo Corto e Ingreso Rápido, Proyectos Productivos (Largo
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Plazo), Proyectos de Auto Sostenimiento y Seguridad Alimentaria, Proyectos de Ciclo
Corto e Ingreso Rápido, Asistencia Técnica Integral, etc.
iv) Se acreditó que la Defensoría del Pueblo socializó la tutela de la referencia en la
zona rural del Boquerón el 26 y 27 de octubre de 2022.
v) Del listado enviado por las agentes oficiosas, según informe 2022200109591 del 5
de octubre de 2022, allegado por la Agencia de Renovación del Territorio ART a 42
firmantes no les asiste legitimación en la causa por activa por no pertenecer al PNIS y
por no haber manifestado su interés en transitar los caminos alternativos a los cultivos
ilícitos, por lo que no cuentan con la calidad de beneficiarios.
vi) En ese mismo informe, la ART manifestó la existencia de otros 45 campesinos que
se encontraban en estado retirado, por incumplimientos de requisitos y compromisos,
lo que significa que a estas personas se les cesó la atención y beneficios brindados
por el Programa a través de la Dirección luego de haber agotado el debido proceso.
vii) Igualmente, en el citado informe se puso de presente 4 familias en estado
suspendido.
viii) Se acreditó que el total de familias vinculadas al PNIS son 2614 y que de las
registradas en el auto admisorio existen algunas que aparecen de forma duplicada o
que pertenecen al mismo núcleo familiar, según informó la ART. Además, se allegó
reporte en el cual se discriminan a cada titular de la familia de campesinos vinculadas
citado Programa en el que se identifica el contrato, el beneficiario, municipio, vereda,
componente,7 actividad,8 valor y estado del recurso.
ix) En el reporte allegado por la ART, que consta de 2724 folios, se acreditó que a
cada familia se le han entregado recursos, algunos se encuentran en estado
«Ejecutado» y otros «En ejecución». Se infiere que tales recursos varían de acuerdo
con la actividad de la familia campesina.
7 Por ejemplo: asistencia alimentaria inmediata, asistencia técnica integral, proyectos de auto
sostenimiento y seguridad alimentaria, proyectos de ciclo corto e ingreso rápido, proyectos productivos,
etc-
8 cultivador, no cultivador, recolector
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De los considerandos presentados en la acción de tutela, la Sala advierte que su
propósito gira en torno al reconocimiento estricto de pretensiones esencialmente de
origen económico que no afectan derechos fundamentales.
Como se dilucida el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos –
PNIS tiene como beneficiarias a familias individualmente consideradas que, además,
deben suscribir los Acuerdos individuales de sustitución y cumplir con los requisitos
de temporalidad que fija la norma, por lo que los derechos invocados se encuentran
sujetos al principio de legalidad del gasto público en tanto que se busca avanzar con
el cumplimiento de varios componentes, esto es, Asistencia Alimentaria Inmediata,
Asistencia Técnica Integral, Seguridad Alimentaria y Proyecto Productivo de Ciclo
Corto.
Además, el material probatorio allegado, no permite dilucidar circunstancias de
amenaza a los derechos fundamentales, derivadas, verbigracia, de la falta de sustento
de las familias vinculadas al PNIS con incidencia en las necesidades básicas que
afecten su mínimo vital.
De otra parte, la Sala observa la inexistencia de elementos que permitan inferir que el
componente participativo del PNIS se desarrolla con incumplimiento de los Decretos
1081 de 2015 y 362 de 2018, que contienen instancias de ejecución, coordinación y
gestión, con objetivos específicos destinados al apoyo, articulación socialización y
seguimiento.
De igual manera, no se allegó ninguna probanza que demuestre que los CDU9 son
vulneradores de derechos, pues no se aportaron los contratos ni se acreditó que se
haya presentada alguna queja en su desenvolvimiento ante la Agencia de Renovación
del Territorio ART para que ésta, en atención al debido proceso, pudiese pronunciarse
respecto de solicitudes presentadas por los directamente interesados.
Cabe resaltar, que tal como lo mencionó la Agencia de Renovación del Territorio ART,
el PNIS es un programa de desarrollo alternativo creado para fungir como una
estrategia de lucha contra el problema de las drogas ilícitas y, por tanto, no está
9 Contratos de Otorgamiento de Derechos de Uso
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destinado para hacer frente a las condiciones de desigualdad económica, pues su
objetivo es asistir a las familias campesinas en alternativas para subsistir mediante el
ejercicio de actividades que se encuentren dentro del marco legal.
Incluso, se evidencia, de acuerdo con el reporte allegado por la ART, que a cada
familia se le han entregado recursos para la ejecución del programa, el cual, valga
aclarar, no es de ejecución inmediata,10 sino que, tiene un desarrollo paulatino en
consonancia con el surtimiento de los distintos trámites internos dispuestos para el
efecto, precisamente, en salvaguarda al debido proceso y en cumplimiento de las
disposiciones contenidas en el Decreto Ley 896 de 2017 y los Decretos 362 de 2018
y 1223 de 2020.
Así las cosas, aun si en gracia de discusión se admitiera que se incumplieron los
Acuerdos pactados en el PNIS (lo cual no se probó), ello per se, no implica la
vulneración automática de los derechos alegados en el caso sub lite pues era
menester acreditar su violación de manera clara y concreta con respecto a cada familia
vinculada en el PNIS, lo cual, no fue posible establecer en este asunto.
En este orden de ideas, con fundamento en las consideraciones precedentes, se
declarará improcedente el amparo solicitado, como en efecto se dispondrá en la parte
resolutiva de esta sentencia.
3. Conclusión
Con base en la preceptiva jurídica que gobierna la materia, en las directrices
jurisprudenciales trazadas por el Consejo de Estado en casos análogos fáctica y
jurídicamente al que ahora es objeto de estudio y en el acervo probatorio, se concluye,
que la acción de tutela deberá ser declarada improcedente, toda vez que gira en torno
a derechos económicos sin incidencia en los derechos fundamentales al debido
proceso, la vida en condiciones dignas, la participación, mínimo vital y los principios
constitucionales asociados tales como la confianza legítima y buena fe con respecto
a las familias suscriptoras del PINS.
10 A 10 años según Decreto 896 de 2017.
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En mérito de lo anterior, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por la autoridad que la ley le confiere,
Falla:
Primero: Declarar no probadas las excepciones de falta de legitimación en la causa
por activa de las agentes oficiosas y la falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Presidencia de la República, de conformidad con los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta providencia
Segundo: Declarar improcedente el amparo de los derechos fundamentales al
debido proceso, la vida en condiciones dignas, la participación, mínimo vital y
principios constitucionales asociados confianza legítima y principio de buena fe,
conforme a las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.
Tercero: En caso de no ser impugnada la presente decisión, remitir el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
La anterior providencia fue estudiada y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
Notifíquese y cúmplase
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado Electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
En comisión de servicios
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
MECG
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