RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03384-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03384-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Milton Chaves Garcia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03384-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Edburn Newball Robinson, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. 3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado. 4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03384-00

Consejero ponente: Milton Chaves Garcia

28 de julio de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ

Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: EDBURN NEWBALL ROBINSON
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Temas: Contra providencia judicial dictada en proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que denegó las pretensiones de
devolución del descuento de cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social en Salud respecto del retroactivo pensional. Falta de
relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Edburn Newball Robinson
contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

1.1. En ejercicio de la acción de tutela, en nombre propio, el señor Edburn Newball
Robinson pidió la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la
igualdad y a la seguridad social, que estimó vulnerados por la sentencia del 3 de febrero
de 2022, dictada por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A. En
concreto, formuló las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Tutelar el derecho fundamental a la IGUALDAD, DEBIDO PROCESO y A LA
SEGURIDAD SOCIAL.

SEGUNDO: Ordenar a la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección
A y/o quien corresponda, que emita una nueva providencia acorde a derecho y a las normas que
regulan la materia, ordenando el reintegro o reembolso de las sumas descontadas de mi
retroactivo pensional, y dejando sin efectos la sentencia proferida el 3 de febrero de 2022 y
notificada el 24 de febrero del año en curso.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:

2.1. El señor Edburn Newball Robinson presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Cajanal (hoy UGPP) a fin de que se ordenara el
reconocimiento de la pensión de jubilación.

2.2. El Consejo de Estado, Sección Segunda, mediante sentencia del 9 de abril de 2014,
ordenó el reconocimiento de la pensión de vejez. Mediante Resolución RDP-035857
del 26 de noviembre de 2014, la UGPP dio cumplimiento a la anterior decisión y
reconoció la prestación a favor del demandante. Dicho acto administrativo fue
modificado por medio de Resolución RDP-004497 del 4 de febrero de 2015, en lo
concerniente al reconocimiento de los intereses moratorios.

2.3. Que la Resolución RDP-035857 únicamente señaló el descuento por concepto de
1

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

aportes para pensión de factores de salario no efectuados, en un monto de $1.862.130.

2.4. El 25 de febrero de 2015, el FOPEP lo incluyó en nómina de pensionados
efectuando el pago de la mesada correspondiente al mencionado mes, así como las
atrasadas y adeudadas, lo cual ascendía a la suma de $877.763.628.23, de la cual se
descontó el valor de $1.862.130. Además, se realizó otras deducciones por
$90.499.513,62 y $8.630.600, esta última, por concepto de “Fondo de Solidaridad y
Otros Pagos”, sin embargo, alega que dichos descuentos no estaban incluidos en los
actos administrativos de cumplimiento.

2.5. El 6 de febrero de 2017, el señor Newball Robinson pidió al Fondo de Pensiones
Públicas el reintegro de las sumas descontadas por aportes a salud, esto es,
$90.499.513,62, la cual fue resuelta de forma negativa por medio del Oficio
S2017002359 del 13 de febrero de 2017. De igual manera, el 29 de marzo de 2017,
elevó la misma petición a la UGPP, la cual fue denegada a través de Oficio
201714001009371 del 4 de abril de 2017.

2.6. Inconforme con las anteriores respuestas, el señor Edburn Newball Robinson
presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Fondo de
Pensiones Públicas y la UGPP para que se declarara la nulidad de los anteriores actos
administrativos y se ordenara la devolución de las sumas descontadas del retroactivo
pensional.

2.7. La demanda correspondió al Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y
Santa Catalina Isla, que, en fallo del 28 de junio de 2018, negó las pretensiones de la
demanda. En concreto, estimó que, conforme con los artículos 157 a 203 de la Ley 100
de 1993, los pensionados son afiliados obligatorios al régimen contributivo, en
consecuencia, una vez se adquiere dicha calidad, en este caso la UGPP, ordena el
descuento respectivo y, por su parte, el FOPEP efectúa el pago efectivo de la pensión.

2.7.1. Que una vez se realiza el primer desembolso de la mesada pensional, surge la
obligación para la entidad pagadora de efectuar el descuento por cotización para salud.
Que, por lo tanto, si el reconocimiento se realiza con efectos retroactivos, se debe
realizar el descuento de los aportes a salud por el mismo periodo.

2.7.2. Por tanto, concluyó que el hecho de que la sentencia del Consejo de Estado no
hubiera indicado de manera explícita que la UGPP estaba autorizada a realizar los
descuentos de ley, no puede ser entendida como una negativa para atender las
disposiciones legales y reglamentarias que rigen la circunstancia analizada.

2.8. Inconforme con la decisión, el demandante presentó recurso de apelación y el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por sentencia del 3 de febrero de
2022, confirmó la decisión, en general, por las mismas razones que el a quo.

3. Argumentos de la acción de tutela

3.1. El señor Edburn Newball Robinson expuso que la providencia cuestionada incurrió
en defecto sustantivo al no haberse resuelto el problema jurídico en los términos
correctos y al dejar de aplicar el artículo 209 de la Ley 100 de 1993. Que, por el
contrario, se aplicaron normas que no ordenan el descuento al retroactivo pensional
por concepto de aportes a salud por lapsos donde no hubo afiliación o con la
suspensión de la afiliación.

3.2. Explicó que la sentencia cuestionada no fundamentó la decisión en norma que
permita que se puedan realizar los descuentos en salud al retroactivo pensional con
una afiliación suspendida, pues las disposiciones citadas como razón de la decisión,
de ninguna manera pueden interpretarse como sustento para dicho descuento.

2

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

3.2.1. Indicó que pese a que no tuvo acceso a los servicios de salud le fueron
descontados los aportes a salud a partir de la obtención de estatus pensional, lo que a
su juicio es una errada interpretación del juez de instancia pues se determina que la
afiliación está atada a la adquisición del estatus pensional, y son eventos diferentes
con efectos distintos.

3.3. Indicó que no le fue “garantizado el aseguramiento en salud por más de diez años
debido a la negligencia por parte del fondo de pensiones (CAJANAL hoy UGPP), razón
por la cual mi afiliación estuvo suspendida, lapso por el cual, se insiste, no es posible
cobrar retroactivamente aportes a salud por períodos donde la afiliación estaba
suspendida”

4. Trámite procesal

4.1. Por auto del 24 de junio de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, a los
magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A y, como terceros
con interés al Ministerio de la Protección Social y a la EPS Sanitas S. A.

4.2. En cumplimiento de la anterior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó
las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 29 de junio de
20221.

5. Intervenciones

5.1. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, por intermedio del
magistrado ponente de la decisión cuestionada solicitó que se declarara improcedente
la acción de tutela al no haberse acreditado los requisitos particulares para su viabilidad
previstos en la sentencia C-590 del 2005 de la Corte Constitucional.

5.1.1. En todo caso, explicó que la providencia cuestionada no vulneró ningún derecho
fundamental al actor, pues la decisión “además de haberse hecho alusión a todo el
material probatorio y su análisis puntual, también se absolvieron cada uno de los
reparos de aquel frente al fallo del a quo (…)”.

5.2. La apoderada del Ministerio de Salud y Protección Social solicitó que se
declarara improcedente la tutela por no cumplir con los requisitos generales de
procedibilidad en razón a que la decisión adoptada por el Consejo de Estado no incurrió
en ningún defecto, sino que, por el contrario, se ajustó al ordenamiento legal y al
precedente jurisprudencial de la jurisdicción.

CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela contra providencias judiciales

1.1. A partir del año 20122, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación aceptó la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
De hecho, en la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20143, se precisó que la
acción de tutela, incluso, es procedente para cuestionar providencias judiciales dictadas
por el Consejo de Estado, pues, de conformidad con el artículo 86 de la Constitución
Política, ese mecanismo puede ejercerse contra cualquier autoridad.

1.2. Para tal efecto, el juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos
generales (procesales o de procedibilidad) que fijó la Corte Constitucional, en la
sentencia C-590 de 2005. Esto es, la relevancia constitucional, el agotamiento de los

1 Índices 7 y 8 de Samai.
2 Ver sentencia del 31 de julio de 2012.
3 Expediente (IJ) 11001-03-15-000-2012-02201-01.

3

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

medios ordinarios de defensa, la inmediatez y que no se esté cuestionando una
sentencia de tutela.

1.3. Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales procesales, el juez
puede conceder la protección, siempre que advierta la presencia de alguno de los
siguientes defectos o vicios de fondo, que miran más hacia la prosperidad de la tutela:
(i) defecto sustantivo, (ii) defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv)
defecto orgánico, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento
del precedente y (viii) violación directa de la Constitución.

1.4. Las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que han
venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no se
convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones jurídicas
que son propias de los procesos ordinarios o expongan los argumentos que, por
negligencia o decisión propia, dejaron de proponer oportunamente.

1.5. Ahora, tratándose de tutela contra providencias judiciales proferidas por el Consejo
de Estado o por la Corte Suprema de Justicia, cuando ejercen funciones de órganos de
cierre en las respectivas jurisdicciones, la Corte Constitucional ha establecido un
requisito adicional, consistente en «la configuración de una anomalía de tal entidad que
exija la imperiosa intervención del juez constitucional»4.

2. Planteamiento del problema jurídico y solución del problema jurídico

2.1. De manera preliminar y previo a cualquier consideración sobre el fondo del asunto,
la Sala verificará si la tutela cumple el requisito de relevancia constitucional. De
encontrarse cumplido ese requisito, será estudiado el fondo del asunto, en los términos
propuestos en la demanda de tutela.

2.2. El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía
e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le
corresponde resolver a otras jurisdicciones.

2.2.1. En ese sentido, la Corte Constitucional5 ha señalado que la relevancia
constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de
los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la
acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el
ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los
derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

2.2.2. De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del
Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 6, para que un
asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o
vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede
utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos
eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se
alejan del objeto de la acción de tutela.

4 SU-573 de 2017.
5 Al respecto, ver sentencias C-590 de 2005, T-335 de 2000, T-102 de 2006, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505

de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de
2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014.
6 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001

03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
4

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales»7. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las
razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de
tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben
tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con
una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar,
mejorar o modificar los argumentos propuestos ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del
proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más
informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con
serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan
previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida
razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como
si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe
insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron
decididos por los jueces competentes.

2.3. En el caso concreto, la Sala advierte que el señor Edburn Newball Robinson
propone la misma discusión jurídica que presentó en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que promovió contra la UGPP y el Fondo De Pensiones
Públicas Del Nivel Nacional (FOPEP), respecto de si tiene derecho a que se le
reintegren las sumas descontadas del retroactivo pensional por concepto de aportes a
salud.

2.4. Si bien el demandante alega que la providencia objeto de tutela vulneró derechos
fundamentales e incurrió en defecto sustantivo, lo cierto es que, en últimas, lo que
pretende es que se reabra el debate respecto a si es o no procedente el descuento al
retroactivo pensional por concepto de aportes a salud por lapsos donde no hubo
afiliación o con la suspensión de la afiliación. Veamos.

2.4.1.1. En el recurso de apelación que presentó el demandante contra la sentencia de
primera instancia del proceso ordinario (resumido en la providencia de segunda
instancia), sostuvo lo siguiente:

(…)
Al respecto, manifestó que al no haber tenido la posibilidad de acceder a los servicios de salud,
habida cuenta de que se le había negado su derecho a la seguridad social, es improcedente que
la UGPP realice un cobro por un tiempo en el cual no tuvo acceso a la salud, lo contrario,
constituye «un cobro de lo no debido y un enriquecimiento sin causa». En este orden de ideas,
señaló que la Corte Constitucional en reiterada jurisprudencia ha sostenido que no es posible
efectuar una recaudación por un servicio que no ha sido prestado.
(…)
Sobre el punto añadió que, el principio de solidaridad se «predica para la ayuda mutua entre los
afiliados, y se exige a aquellos que tengan recursos económicos, esto es, del que más capacidad
económica tiene para contribuir a la financiación de la seguridad social de los de más escasos
recursos»; con lo afirmado, resulta entonces ilógico que se quiera exigir que el libelista realice

7 Ibidem.

5

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

cotizaciones por un periodo en el cual no estuvo ni vinculado ni fue beneficiario de los servicios
de salud.

Bajo esa óptica, consideró que el pago del retroactivo de manera alguna puede resarcir el perjuicio
causado que se le ocasionó con la omisión en el pago de la pensión de jubilación, empero, se le
obligó a realizar cotizaciones sobre un servicio del cual no fue favorecido y que no fue garantizado
durante más de 10 años. En consecuencia, la sentencia de primera instancia incurre en un error
al afirmar que debe cancelar aportes independientemente del tiempo que se demore la UGPP en
reconocer la prestación, pues dicha afirmación va en contravía del Estado Social de Derecho que
se fundamenta en el respeto de la dignidad humana y que se armoniza con los principios
consagrados en la Constitución.
(…)
Por consiguiente, «yerra» el a quo al concluir que el monto descontado son dineros parafiscales,
puesto que aquellos adquieren tal connotación cuando los aportes se causan debido a la
existencia de una afiliación y en el sub lite, no existió la obligación de cotizar por el lapso de 10
años, en esa medida las referidas cotizaciones no se causaron, por lo que se debe ordenar la
devolución de las mismas. Resaltó que la ausencia en el pago de los aportes, no es atribuible al
interesado sino debido al incumplimiento de la UGPP en reconocer el derecho a la pensión en
tiempo oportuno, luego, debe adjudicarse la carga a la mencionada entidad.

En este sentido, precisó que en la providencia recurrida no se realizó un estudio minucioso de la
litis, en tanto no analizó que la obligatoriedad de la cotización nace desde el acto jurídico de
afiliación y hacia el futuro, toda vez que aquella no produce efectos retroactivos, por tanto, el deber
de efectuar los aportes tampoco puede tener dicha connotación. (…)

2.4.1.2. Como se ve, el demandante formuló inconformidades que coinciden con las
que expuso en el recurso de apelación que presentó contra la sentencia de primera
instancia que denegó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho que promovió contra la UGPP. Evidentemente la tutela busca revivir la
discusión respecto a si es o no procedente los descuentos por concepto de aportes en
salud del retroactivo pensional, aspecto que ya fue resuelto por el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección A, en la sentencia del 21 de octubre de 2021.

2.4.1.3. De hecho, el problema jurídico planteado en la aludida providencia fue que:
“¿Es procedente el descuento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social
en Salud respecto del retroactivo pensional pagado al señor Edburn Newball Robinson,
con ocasión del reconocimiento de la pensión de vejez? ”. Y, al resolverlo, luego de
hacer un recuento sobre el derecho a la seguridad social y de la obligatoriedad de los
pensionados de cotizar en el sistema de salud, en lo que interesa, consideró:
(…)
De lo expuesto se puede concluir que todo pensionado debe contribuir a la sostenibilidad y
eficiencia del sistema General de Salud, no solo para recibir los distintos beneficios, sino para
financiar el sistema en su conjunto, colaborando con sus aportes a la prestación de la asistencia
médica de todas las personas que pertenecen al régimen subsidiado, en desarrollo del principio
de solidaridad consagrado en la Constitución.

De este modo, la entidad pagadora de la prestación tiene el deber de descontar de la mesada
pensional la respectiva cotización y trasladarla a la EPS o entidad de salud a la cual esté afiliado
el pensionado, asimismo, trasladará un porcentaje al fondo de solidaridad y garantía de salud.

Por otra parte, en cuanto a la naturaleza jurídica de las cotizaciones en salud, la jurisprudencia
Constitucional ha sido constante en afirmar que:

i) se trata de rentas parafiscales que constituyen un instrumento para la generación de ingresos
públicos, representadas en forma de gravamen que se establece con carácter impositivo por la
ley para afectar a un determinado y único grupo social o económico, y que debe utilizarse en
beneficio del propio grupo gravado8;

ii) es un gravamen que se cobra a un grupo de personas afiliadas al Sistema de Seguridad Social
en Salud, cuya destinación específica es financiar ese mismo Sistema 9, con fundamento en los
principios de solidaridad, eficiencia y universalidad;

8 Cita original. Sentencia C- 655 de 2003.
9 Cita original. Ver las sentencias C-490 de 1993, C-308 de 1994, C-253 de 1995, C-273 de 1996 y C-152 de 1997,

entre otras.
6

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

iii) se caracteriza, a su vez, por su obligatoriedad, en cuanto se exigen como los demás tributos
en ejercicio del poder coercitivo del Estado; su determinación o singularidad, pues solo grava a
un grupo, sector o gremio económico o social; su destinación específica, «toda vez que redunda
en beneficio exclusivo del grupo, sector o gremio que los tributa; su condición de contribución,
teniendo en cuenta que no comportan una contraprestación equivalente al monto de la tarifa fijada,
su naturaleza pública, en la medida en que pertenecen al Estado aun cuando no comportan
ingresos de la Nación y por ello no ingresan al presupuesto nacional; su regulación excepcional,
en cuanto así lo consagra el numeral 12 del artículo 150 de la Carta»10

En igual sentido, se ha pronunciado esta Subsección al señalar: «En conclusión, se puede decir
que las cotizaciones efectuadas por los cotizantes –afiliados-, se convierte en un tributo con
destinación específica, cuyos ingresos no entran a engrosar el Presupuesto Nacional, porque son
contribuciones que tienen como sujeto pasivo un sector específico de la población y se destinan
para su beneficio, y conforme al principio de solidaridad, se establecen para aumentar la cobertura
en la prestación del servicio de salud.».

➢ El demandante debe contribuir con las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en
Salud a partir del momento en que adquirió el estatus de pensionado

Ahora bien, tal como quedó analizado en acápites anteriores, de conformidad con el inciso 2° del
artículo 143 de la Ley 100 de 1993, los pensionados en su condición de afiliados obligatorios al
régimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud, deben asumir en su totalidad el
valor de la cotización, pues al contar con capacidad de pago están llamados a contribuir con el
financiamiento de aquel.

En esta medida, dado que al aquí demandante se le liquidó y pagó el retroactivo de la prestación
a partir del 22 de diciembre de 2004, consignada en su entidad bancaria el 25 de febrero de 2015,
es desde dicha fecha (22 de diciembre de 2004) que procede el descuento a salud, toda vez que
en esa fecha se causó el derecho pensional y por tanto la obligación en cabeza del beneficiario
de aportar a la sostenibilidad del sistema.

En relación con la procedencia del descuento por cotización para el sistema de salud, la Sala
Laboral de la Corte Suprema de Justicia 11 ha sido enfática en aseverar que la misma debe
realizarse desde la fecha en que se causa la prestación, pues no otra puede ser la interpretación
que se deriva sistemáticamente de las disposiciones citadas de la Ley 100 de 1993, al haberse
determinado que las cotizaciones de los afiliados son obligatorias, tal como se observa:
(…)
Acorde con las disposiciones legales y jurisprudenciales citadas en precedencia, resulta evidente
para esta Sala que la obligación de efectuar las cotizaciones por concepto de salud nace a partir
de que se adquiere el estatus de pensionado y se realizan por todas las mesadas pensionales
reconocidas, ello, toda vez que dichos recursos hacen parte del sistema y con los cuales se
financia aquel, con el fin de materializar los principios de solidaridad y universalidad, circunstancia
que permite a su vez, que la población sin capacidad de pago pueda beneficiarse de los servicios
que ofrece el Sistema General de Seguridad Social en Salud de forma eficiente y oportuna.

De esta forma, es claro que los descuentos realizados al demandante respecto de su retroactivo
pensional no tenían que ordenarse en la sentencia que reconoció su prestación ni tampoco en el
acto administrativo que le dio cumplimiento, habida cuenta de que es una obligación legal, en
virtud del deber que tienen las personas con capacidad de pago de contribuir con el
funcionamiento del sistema, a la luz de artículo 143 de la Ley 100 de 1993 y el inciso 3.° del
artículo 42 del Decreto 692 de 1994.

En todo caso, se advierte que en el artículo segundo de la Resolución RDP 035857 del 26 de
noviembre de 2014, se autorizó el pago de las mesadas atrasadas con las respectivas
deducciones de ley, entre las cuales se encuentran, las correspondientes a salud, de manera que
la UGPP solo dio cumplimiento a la normativa aplicable.

Para la Sala no es de recibo el argumento esgrimido por el demandante en el recurso de alzada
en el sentido de que al no haber tenido la posibilidad de acceder a los servicios de salud durante
la época en que no recibió pensión, es improcedente que la UGPP realice el cobro, pues ello
constituye «un cobro de lo no debido y un enriquecimiento sin causa». Lo anterior, toda vez que,
si bien durante los años 2004 a 2015 época en la que estuvo en discusión su derecho hasta que
fue incluido en nómina, no tuvo acceso a los servicios médico asistenciales como pensionado, sí
se garantiza el tiempo cotizado desde el momento en que adquirió el estatus de pensionado, con
la finalidad de que pueda acceder a aquellos servicios que requieren una permanencia en el
sistema.

10 Cita original. Entre otras, se pueden consultar las sentencias C-577 de 1995; C-828 de 2001, C-791 de 2002 y .C-

100 de 2007.
11 Cita original. Sentencia SL4948-2017 del 29 de marzo de 2017. Radicación: 66436

7

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

En esa medida, tampoco se presenta un enriquecimiento sin causa, pues a pesar de que durante
esas anualidades no tuvo acceso a tales servicios, lo cierto es que sí cuenta el tiempo de
cotización para atender cualquier contingencia de salud que se pueda presentar a futuro y que
requiera de un tiempo mínimo de aportes, aunado a ello, se insiste, dado que desde esa época
adquirió el derecho de pensionado, se encuentra en el deber de participar de forma solidaria con
el sistema y de esta forma éste puede sostenerse económicamente.

Ahora, estimar adecuada la mentada afirmación como lo insta el apelante, sería tanto como asumir
que en realidad debe presumirse la ilegalidad de los actos administrativos demandados, al
considerar que si bien desde el año 2004 adquirió la calidad de pensionado, su afiliación
obligatoria solo podría darse a partir de febrero de 2015 cuando fue incluido en nómina, lo que a
todas luces desdibuja los principios de la seguridad social, pues permitiría de un lado, que
adquiera todos los beneficios que trae el sistema, pero por otro, que se le exima de su deber de
efectuar los aportes para el sostenimiento de aquel, situación que es inconcebible bajo los
presupuestos de un Estado Social de Derecho como el nuestro que propende por satisfacer las
necesidades básicas de los ciudadanos, tanto económicas como sociales, y que se prevean los
mecanismos socioeconómicos efectivos que permitan la realización material de estos.

Lo anterior, se traduce en que si el señor Edburn Newball Robinson percibió una suma de dinero
como consecuencia de las mesadas atrasadas por concepto de pensión, lo cierto es que desde
el mismo momento que obtuvo dicho beneficio, debe contribuir al sistema, más aun cuando en
virtud del principio de solidaridad, los aportes efectuados por quienes cuentan con una capacidad
de pago, ayudan a financiar a las personas más vulnerables y que no cuentan con recursos para
satisfacer sus carencias más apremiantes, como en este caso, tener acceso a la salud a través
del régimen subsidiado, y de esta forma evitar que se pongan en riesgo los recursos necesarios
para la atención del resto de la población.
(…)

2.5. Así, queda demostrado que la tutela no cumple el requisito de relevancia
constitucional, por cuanto la parte actora reiteró los argumentos que expuso en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Lo que realmente se observa es la
inconformidad del demandante con las conclusiones a las que llegó el juez natural
respecto a la obligación de los pensionados en contribuir con el sistema de seguridad
social en salud, para lo cual, inclusive, es procedente el descuento de dicho concepto
en el retroactivo pensional.

2.5.1. De hecho, de los apartes trascritos de la providencia cuestionada, se logra
advertir con claridad que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A,
respondió las inconformidades propuestas por el demandante en el recurso de
apelación y con fundamento en las normas y la jurisprudencia, tanto de esta
Corporación como de las otras altas Cortes, concluyó que es procedente el descuento
de salud en el retroactivo pensional desde el momento en que el pensionado adquiere
el status jurídico, no solo porque se trata de una obligación con el sistema de seguridad
social, sino además porque es desde esa fecha que se pagan las mesadas pensionales.

2.5.2. La Sala debe precisar que los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela
son más estrictos cuando se cuestiona una decisión expedida por un órgano de cierre,
como ocurre en este caso, que se acusa una providencia proferida por el Consejo de
Estado, Sección Segunda. Así lo explicó la propia Corte Constitucional, en la sentencia
T-398 de 2017:
Cuando se trata de una acción de tutela contra una providencia de la Corte Suprema de Justicia o
del Consejo de Estado, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara en manifestar que los
requisitos de procedibilidad son más estrictos, pues se trata de decisiones judiciales de los órganos
de cierre de la jurisdicción ordinaria y contenciosa administrativa, quienes se encargan de unificar
jurisprudencia. Por ello, “la tutela contra providencias judiciales de las Altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con
la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte
Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el
control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás eventos los principios de
autonomía e independencia judicial, y especialmente la condición de órganos supremos dentro de
sus respectivas jurisdicciones, exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aun
cuando el juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado a otra
conclusión”.
8

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03384-00
Demandante: Edburn Newball Robinson

2.6. Lo anterior es suficiente para que la Sala se abstenga de hacer un pronunciamiento
de fondo sobre los defectos alegados por el demandante. Por tanto, la Sala declarará
improcedente la solicitud de amparo presentada por el señor Edburn Newball Robinson.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,

FALLA

1. Declarar improcedente la acción de tutela presentada por el señor Edburn Newball
Robinson, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

3. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

4. Si no se impugna, enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo
de su cargo.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

9

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.