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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03386-01

Fecha
29 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03386-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 5 de agosto de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, NIÉGASE el amparo solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia. SEGUNDO:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03386-01

Consejero ponente: Martin Gonzalo Bermudez Muñoz

29 de septiembre de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Accionado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca

Temas: Tutela contra providencia judicial / Acción de cumplimiento / Desconocimiento del
precedente / Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de tutela y, en su
lugar, se niega el amparo solicitado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada contra la sentencia proferida
el 5 de agosto de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado, mediante la cual se declaró improcedente por falta de relevancia
constitucional la acción de tutela presentada por Camilo Andrés León Wilches en
contra del Tribunal Administrativo del Cundinamarca. El accionante consideró que
la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al proferir la
sentencia del 21 de junio de 2022, que revocó el fallo proferido el 20 de mayo de
2022 por el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá, dentro de la
acción de cumplimiento con radicado No. 11001-33-35-026-2022-00132-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente
para conocer de la impugnación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86
de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, 1983 de
2017 y 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 22 de junio de 2022 Camilo Andrés León Wilches interpuso acción de tutela
contra la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca porque estimó vulnerados sus derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones, que se
transcriben textualmente:

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

<<PRIMERO: Amparar los derechos fundamentales al Debido Proceso y Acceso
efectivo a la administración de justicia del suscrito CAMILO ANDRÉS LEÓN
WILCHES.

SEGUNDO: REVOCAR la sentencia de segunda instancia de fecha 21 de junio del
año 2022, proferida dentro del medio de control de Acción de cumplimiento
adelantado por CAMILO ANDRÉS LEÓN WILCHES en contra de la SECRETARIA
DISTRITAL DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ, bajo el radicado N° 2022 – 132;
proferida por la SUBSECCIÓN B, DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, en cabeza del magistrado HENRY
ALDEMAR BARRETO MOGOLLÓN.

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, CONFIRMAR en todas sus partes,
la providencia de fecha 20 de mayo del año 2022, proferida por el JUEZ 26
ADMINISTRATIVO DE LA SECCIÓN SEGUNDA DE BOGOTÁ.

CUARTO: Conceder el amparo de los Derechos Ultra y Extra petita del accionante
CAMILO ANDRÉS LEÓN WILCHES, que se encuentren conculcados por el
vulnerados por la autoridad encartada en el presente tramite, teniendo en cuenta las
facultades otorgadas a usted como autoridad constitucional>>.

B. Hechos

3.- El accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 28 de octubre de 2014 se le impuso un comparendo por conducir bajo los
efectos del alcohol, conducta tipificada en el artículo 5 de la Ley 1696 de 2013, y se
inició un procedimiento contravencional en su contra.

3.2.- El 26 de noviembre de 2014, agotado el procedimiento, la Secretaría Distrital
de Movilidad de Bogotá profirió resolución que lo declaró contraventor por conducir
en estado de embriaguez y fue sancionado con la cancelación de su licencia de
conducción y la prohibición de conducir vehículos automotores. Esto, de
conformidad con el inciso 1º del parágrafo del artículo 26 de la Ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 3 de la Ley 1696 de 20131. Además, la Secretaría Distrital
de Movilidad de Bogotá consideró que el término para solicitar nuevamente la
licencia de conducción era de veinticinco años.

1 <<Artículo 3. Modifíquese el parágrafo del artículo 26 de la Ley 769 de 2002, artículo modificado por el artículo

7o de la Ley 1383 de 2010, el cual quedará así: Parágrafo. La suspensión o cancelación de la Licencia de
Conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la
sanción por el periodo de la suspensión o a partir de la cancelación de ella. La resolución de la autoridad de
tránsito que establezca la responsabilidad e imponga la suspensión o cancelación de la licencia de conducción,
deberá contener la prohibición expresa al infractor de conducir vehículos automotores durante el tiempo que se
le suspenda o cancele la licencia. La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de conducción
se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo. Una vez se encuentre en firme la resolución de la autoridad de tránsito mediante
la cual cancela la licencia de conducción, por las causales previstas en los numerales 6o y 7o de este artículo,
se compulsarán copias de la actuación administrativa a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su
competencia. [Inciso condicionalmente exequible] Transcurridos veinticinco (25) años desde la cancelación,
el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia de conducción>> (negrilla fuera de texto).

2

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

3.3.- El 29 de marzo de 2022 el actor solicitó de nuevo la expedición de su licencia
de conducción ante el RUNT S.A., solicitud que fue rechazada en la misma fecha.

3.4.- El 5 de abril de 2022 el actor radicó ante la Secretaría de Movilidad de Bogotá
una solicitud de cumplimiento de lo establecido en el inciso 3 del parágrafo del
artículo 7 de la Ley 1383 de 20102, con el fin de que se levantara la sanción. Sin
embargo, el 25 de abril de 2022 la entidad le manifestó que debía esperar que se
cumpliera el término de veinticinco años.

3.5.- El actor presentó acción de cumplimiento en la que solicitó que se ordenara a
la Secretaría de Movilidad de Bogotá aplicar el inciso 3 del parágrafo del artículo 7
de la Ley 1383 de 2010 en virtud de la exequibilidad condicionada del inciso final
del artículo 3 de la Ley 1696 de 20133, según la sentencia C-428 de 2019.

3.6.- El 20 de mayo de 2022 el Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de
Bogotá accedió a las pretensiones y declaró el incumplimiento de lo establecido en
el inciso 3 del parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010 por parte de la
Secretaría de Movilidad de Bogotá.

3.6.1.- Consideró que de conformidad con la sentencia C-428 de 2019, el término
de veinticinco años previsto en el artículo 3 de la Ley 1696 de 2013 solo debía
aplicarse a la causal contemplada en el numeral 4 del artículo 26 de la Ley 769 de
2002, referida a la reincidencia en la conducción en estado de embriaguez o bajo el
efecto de sustancias alucinógenas. Para las demás conductas, como aquella en la
que incurrió el actor, debía aplicarse la norma anterior, esto es, la Ley 1383 de 2010,
que contempla un término de tres años para volver a solicitar una nueva licencia de
conducción.

3.6.2.- En consecuencia, el juzgado ordenó a la Secretaría de Movilidad de Bogotá
que adelantara el trámite de expedición de una nueva licencia de conducción para
el actor por haber transcurrido más de tres años desde su cancelación.

3.7.- La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá presentó recurso de apelación.
Sostuvo que es cierto que la sentencia C-428 de 2019 condicionó el plazo de
veinticinco años únicamente para una de las causales desarrolladas en la norma,
pero recordó que dicha sentencia exhortó al Congreso de la República para que
regulara dicho término para las otras causales contenidas en el artículo 26 de la Ley
769 de 2002.

2 <<Artículo 7°. El artículo 26 de la Ley 769 de 2002, quedará así: Artículo 26. La licencia de conducción se

suspenderá: […] Parágrafo. La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega
obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la
suspensión o a partir de la cancelación de ella. La notificación de la suspensión o cancelación de la licencia de
conducción se realizará de conformidad con las disposiciones aplicables del Código Contencioso Administrativo.
Transcurridos tres años desde la cancelación, el conductor podrá volver a solicitar una nueva licencia
de conducción>> (negrilla fuera de texto).
3 El artículo 3 de la Ley 1696 de 2013 modificó el artículo 26 de la Ley 769 de 2002, artículo que anteriormente

había sido modificado por el artículo 7 de la Ley 1383 de 2010.

3

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

3.7.1.- Sostuvo que en tanto a la fecha el Congreso de la República no había
adelantado dicho trámite, si se interpretara que existía un vacío normativo este no
podía resolverse con la <<reviviscencia>> del artículo 7° de la Ley 1383 de 2010.

3.7.2.- Por último, mencionó que en casos similares la Subsección E de la Sección
Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca ha determinado la
improcedencia de la acción de cumplimiento, al considerar que no es el mecanismo
idóneo frente a normas que no contienen un mandato imperativo, inobjetable y
expreso a cargo de una autoridad pública.

3.8.- El 21 de junio de 2022 la Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal
Administrativo de Cundinamarca revocó la decisión de primera instancia y declaró
la improcedencia de la acción de cumplimiento. Lo anterior, pues el inciso 3 del
parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010 no contiene un mandato imperativo,
indudable e inobjetable que pueda ordenarse cumplir por el juez constitucional.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- El actor alega que la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca incurrió en defecto sustantivo, violación directa de la Constitución y
desconoció el precedente. Considera que el tribunal incurrió en transgresión a la
Constitución por ignorar <<la temporalidad y limitaciones contenidas en el inc. 3°
del parágrafo del artículo 7° de la Ley 1383 de 2010, definidas por la Corte
Constitucional en sentencia C-428 del año 2019>>.

4.1.- Señala que la autoridad judicial accionada desconoció la sentencia C-428 de
2019 al afirmar que en dicha providencia no se estableció el término y la normativa
aplicable al vacío que generó la modificación del artículo 26 de la Ley 769 de 2002
frente a las causales de cancelación de la licencia de conducción y el término de
duración para solicitar de nuevo dicha licencia.

4.2.- Aduce que la decisión atacada conduce a que la Secretaría Distrital de
Movilidad de Bogotá continúe inaplicando durante dieciocho años más el inciso 3
del parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010. Agrega que la Corte
Constitucional fue clara al manifestar que el término de veinticinco años opera
únicamente a la causal de reincidencia, de manera que aplicar dicho término a las
demás causales conduciría a un <<desconocimiento frontal de la Constitución>>.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá solicita declarar la improcedencia
de la acción de tutela porque, entre otras razones, no hay perjuicio irremediable y el
accionante no acreditó el cumplimiento de los requisitos para que la acción de tutela

4

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

proceda como mecanismo de protección subsidiario y/o transitorio. Además, cita
una sentencia de tutela del Consejo de Estado4 que se refiere a un caso similar, en
el cual se negó la solicitud de amparo.

6.- La Subsección B de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de
Cundinamarca aduce que la acción es improcedente por falta de relevancia
constitucional, pues lo que pretende el accionante es controvertir los argumentos
expuestos en la sentencia de segunda instancia, los cuales no eran susceptibles de
valoración mediante el mecanismo constitucional. Considera que los argumentos de
la acción de tutela son una reiteración de los fundamentos que dieron lugar a la
acción de cumplimiento, sumado al hecho de que el actor en su solicitud de amparo
no desarrolló el concepto de violación a la Constitución ni su relevancia
constitucional.

7.- El Juzgado Veintiséis Administrativo del Circuito de Bogotá solicita su
desvinculación al considerar que con su actuación no violó ninguno de los derechos
invocados por el accionante. Aduce que las decisiones tomadas en el proceso
aludido no son arbitrarias o contrarias a derecho. Considera que en el trámite
procesal se garantizó el debido proceso de las partes, ya que todas las providencias
estaban ajustadas a derecho y fueron notificadas en debida forma.

E. Fallo impugnado

8.- En sentencia del 5 de agosto de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado declaró improcedente la acción de tutela por falta de relevancia
constitucional. Aclaró que si bien se alegaron tres defectos distintos, el argumento
central del accionante es que no se aplicó el contenido de la sentencia C-428 de
2019 proferida por la Corte Constitucional que declaró condicionalmente exequible
el inciso final del parágrafo del artículo 3 de la Ley 1969 de 2013. Esto, en el
entendido de que la sanción de veinticinco años de cancelación de la licencia de
conducción se aplica exclusivamente a la causal prevista en el numeral 4 del artículo
26 de la Ley 769 de 2002, es decir, a la reincidencia en la conducción en estado de
embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas.

8.1.- Adujo que el accionante no planteó argumentos que demostraran cómo el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca erró al concluir que la acción de
cumplimiento era improcedente. Por el contrario, se limitó a exponer su teoría del
caso desde un reparo meramente legal y de cómo se debía aplicar la normativa
citada con el fin de obtener una decisión favorable. Concluyó que el actor pretende
volver sobre el debate ya resuelto en el proceso de acción de cumplimiento.

8.2.- Añadió que en la demanda de la acción de cumplimiento el actor manifestó
que la solicitud era procedente, pues al tenor del artículo 9 de la Ley 393 de 1997

4 Radicado No. 11001-03-15-000-2022-01383-00/01.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

no contaba con otro mecanismo para lograr el cumplimiento del inciso 3 del
parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010. Sin embargo, la Subsección C de
la Sección Tercera del Consejo de Estado consideró que el actor podía hacer uso
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que el
juez definiera sobre la legalidad o no de la decisión que negó su solicitud.

F. Impugnación

9.- Mediante escrito del 26 de agosto de 2022 la parte actora impugna la sentencia
del 5 de agosto de 2022 proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. Solicita que se haga un análisis de fondo de su acción de tutela,
se revoque la providencia impugnada y se amparen sus derechos fundamentales.

9.1.- Afirma que para la fecha en la que la administración resolvió
desfavorablemente su situación (24 de marzo de 2015) e impuso la sanción, la Corte
Constitucional no había proferido la sentencia C-428 de 2019. Por esto, para el
momento en el cual la Corte condicionó la temporalidad de la sanción, el término
para ejercer el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ya había
fenecido. En todo caso, aclara que sí promovió dicho medio de control, pero que
mediante auto No. 061 del 17 de febrero de 2021, la Procuraduría General de la
Nación declaró que el asunto no era susceptible de conciliación por haber operado
el fenómeno de la caducidad. Concluye que no era viable este medio de control en
2015, y tampoco era procedente en 2021, debido a que había operado la caducidad.

9.2.- En cuanto a la relevancia constitucional, afirma que esta sí fue acreditada en
la medida que identificó y argumentó los derechos fundamentales que consideró
vulnerados. Considera que dichos derechos fueron vulnerados con ocasión del fallo
de segunda instancia, el cual se alejó <<caprichosamente del orden constitucional
e imperativo que le dio el máximo órgano de cierre en materia constitucional>>.

II. CONSIDERACIONES

10.- La Sala revocará la decisión de primera instancia que declaró improcedente la
acción de tutela por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional y, en su
lugar, negará el amparo solicitado por no encontrar configurado el defecto por
desconocimiento del precedente. Si bien el actor alega tres defectos distintos, lo
cierto es que su reparo se centra en el supuesto desconocimiento de la sentencia
C-428 de 2019, pues aduce que si se hubiese observado debidamente, se habría
concluido que el inciso 3 del parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010 sí
contenía una norma susceptible de acción de cumplimiento.

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Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

G. Se encuentran satisfechos los requisitos generales que habilitan la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

11.- Los requisitos se cumplen pues: i) la parte actora indicó de manera clara los
hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el asunto es de evidente
relevancia constitucional porque se afirma la vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia, y se
explica el defecto en el que habría incurrido la providencia acusada
(desconocimiento del precedente); adicionalmente, el cargo elevado por el actor,
según el cual el Tribunal Administrativo del Cundinamarca desconoció la sentencia
C-428 de 2019 al afirmar que el inciso 3 del parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383
de 2010 no contenía una norma susceptible de acción de cumplimiento, no fue
cuestionado por el actor en el proceso ordinario en tanto él no apeló la sentencia de
primera instancia, que fue favorable a sus intereses5; iii) se encuentra cumplido el
requisito de subsidiariedad porque la parte actora utilizó todos los mecanismos
judiciales a su alcance para la protección de sus derechos fundamentales; iv) la
solicitud se presentó en un término prudencial (inmediatez), puesto que la
providencia cuestionada se profirió el 21 de junio de 2022 y la tutela se presentó el
22 de junio de 2022, es decir, dentro del término de los seis meses precisado tanto
por esta Corporación6 como por la Corte Constitucional7; y v) no se trata de una
decisión proferida en sede de tutela.

H. No se configura el desconocimiento del precedente alegado porque el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca no desconoció la sentencia C-428
de 2019 y concluyó de forma adecuada que el inciso 3 del parágrafo del
artículo 7 de la Ley 1383 de 2010 no contiene un mandato imperativo,
indudable e inobjetable

12.- El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizó de forma explícita la
sentencia que el actor alega como desconocida en el trámite de tutela, pues estudió
si la acción de cumplimiento era procedente para hacer efectivo el cumplimiento del
inciso 3 del parágrafo del artículo 7 de la Ley 1383 de 2010, en virtud de la
exequibilidad condicionada al artículo 26 de la Ley 769 de 2002, modificada por el
artículo 3 de la Ley 1696 de 2013 realizada mediante sentencia C–428 de 2019.
Esto para determinar si, como consecuencia de lo anterior, se debía ordenar a la
Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá la expedición de una nueva licencia de
conducción para el actor.

5 Además, de acuerdo con la posición mayoritaria de la Sala, el asunto es de evidente relevancia constitucional

porque los cargos no fueron objeto de análisis en la sentencia de segunda instancia, pues el accionante no
apeló la decisión de primera instancia, que fue favorable a sus intereses. En este sentido, el accionante no ha
interpuesto ningún recurso en el cual eleve argumentos similares a los presentados en su escrito de tutela, por
lo cual no se aprecia reiteración alguna en el presente proceso constitucional.
6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-2012-02201-

01(IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
7 Corte Constitucional, sentencia T-031 de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

12.1.- Al respecto, concluyó que el inciso 3 del parágrafo del artículo 7 de la Ley
1383 de 2010 no contiene un mandato imperativo, indudable e inobjetable que
pueda ordenarse cumplir a través de la acción de cumplimiento. Esto, pues si bien
se condicionó la Ley 1696 de 2013 al delimitar el tiempo de cancelación de la
licencia de conducción solo en aquellos casos de reincidencia, ello no quiere decir
que se pueda realizar una interpretación sistemática de los términos aplicables a las
demás causales, pues la jurisprudencia no determinó el término que se debía tener
en cuenta o en su defecto qué norma supliría dicho vacío jurídico.

12.2.- La autoridad accionada anotó, por el contrario, que la Corte Constitucional
exhortó al Congreso de la Republica para efectos de reglamentar dicha situación 8,
sin que a la fecha exista tal norma que lo reglamente. Por esto, consideró que la ley
referenciada por el accionante para su cumplimiento actualmente no contiene un
mandato imperativo e inobjetable para la entidad accionada9. Esta conclusión se
estima adecuada, máxime cuando a través de la acción de cumplimiento no es
posible ordenar que se ejecute toda clase de disposiciones, sino solo aquellas que
contienen prescripciones que se caracterizan como deberes imperativos e
inobjetables, los cuales deben contener mandato perentorio, claro y directo a cargo
de determinada autoridad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: REVÓCASE la sentencia de primera instancia proferida el 5 de agosto
de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado que
declaró improcedente la acción de tutela y, en su lugar, NIÉGASE el amparo
solicitado por las razones expuestas en la parte motiva de esta sentencia.

SEGUNDO: NOTIFÍQUESE la presente decisión a las partes por el medio más
expedito y eficaz.

8 <<Por consiguiente, exhortará al Congreso de la República para que regule la materia con respecto a los

numerales 1°, 2°, 5°, 6° y 7° de la segunda parte del artículo 26 de la Ley 769 de 2002 en lo que concierne al
término de duración de la cancelación de la licencia de conducción>>.
9 <<Así pues, se tiene que si bien se condicionó la norma para efectos de interpretar el inciso final del parágrafo

de la Ley 1696 de 2013, al delimitar el tiempo de cancelación de la licencia de conducción solo en aquellos
casos de reincidencia, ello no quiere decir que se pueda realizar una interpretación sistemática de lo términos
aplicables a las demás causales, pues la jurisprudencia no determinó el término que se debía tener en cuenta
o en su defecto que (sic) norma supliría dicho vació jurídico, en tal sentido el alto Tribunal exhorto al
Congreso de la República para efectos de reglamentar dicha situación, sin embargo, a la fecha no existe
la norma que lo reglamente ocasionando con ello que la Ley referenciada por el accionante para su
cumplimiento, actualmente no sea un mandato imperativo e inobjetable para la entidad accionada>>.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03386-01
Accionante: Camilo Andrés León Wilches
Se revoca la sentencia que declaró improcedente la acción de
tutela y, en su lugar, se niega el amparo solicitado

TERCERO: ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

CUARTO: PUBLÍQUESE la presente providencia en la página web de la
Corporación.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

Con firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente

Con firma electrónica Con firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado

9

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