Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03396-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03396-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03396-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
1 de diciembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., primero (1°) de diciembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: ANTONIO SANTOS TEHERAN BELEÑO
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR y otros
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE DECLARA IMPROCEDENTE - No
cumple requisito de la subsidiariedad y no se configuró la mora
judicial alegada
Sentencia de segunda instancia
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Antonio Santos Teherán
Beleño en contra de la sentencia de 22 de septiembre de 2022, proferida por la
Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
I. LA SOLICITUD DE TUTELA
1. Elciudadano Antonio Santos Teherán Beleño solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la pensión y al mínimo vital,
cuya vulneración le atribuyó: (i) al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena por haber expedido las resoluciones números 1477 de 3 de mayo de
2011, 3639 de 29 de septiembre de 2011 y los oficios números AMC-OFI-0009984
de 2017 y AMC-OFI-0062405 de 2017, y (ii) al Tribunal Administrativo de Bolívar
con ocasión de la presunta mora judicial en que incurrió en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2017-
01138-00.
II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA
2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:
2.1. Manifestó que tiene 76 años y que, desde el año 2011, ha venido solicitando el
reconocimiento de su pensión al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena.
2.2. Refirió que, a través de las resoluciones números 1477 de 3 de mayo de 2011 y
3639 de 29 de septiembre de 2011, el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito
de Cartagena negó su derecho pensional.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
2.3. Precisó que, posteriormente, solicitó la revocatoria directa de los actos
administrativos referidos, y agregó que, mediante los oficios N° AMC-OFI-0009984 de
2017 y AMC-OFI-0062405 de 2017, la misma entidad denegó tal solicitud.
2.4. Indicóque, con ocasión a lo anterior, promovió demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho con miras a que se declarara la nulidad de los oficios
números AMC-OFI-0009984 de 2017 y AMC-OFI-0062405 de 2017, y de las
Resoluciones números 1477 de 3 de mayo de 2011 y 3639 de 29 de septiembre de
2011, y, a título de restablecimiento del derecho, deprecó que le fuera reconocida
su pensión por la suma de $2.286.621,93.
2.5. Manifestó que, desde el momento en que promovió la demanda de nulidad y
restablecimiento, se encuentra a la espera de que la administración de justicia le
permita acceder a su derecho pensional, a lo que agregó que han transcurrido cinco
años sin que se resuelva su proceso judicial.
2.6. Señaló que presenta «[…] problemas de la visión QUE ME IMPIDEN CONDUCIR
VEHICULOS como lo hice durante toda mi vida o por lo menos debo conducir bajo
restricciones de visibilidad-, súmese que el dinero que me pagaban como conductor
me servía para los gastos del hogar y de allí me quitaban como el 30% a aportes de
eps y pensión porque me obligaban a cotizar como independiente ambos a pesar de
tener ya la edad y semanas de pensión bajo el régimen de transición al cual
pertenezco […]». [Sic en toda la cita]
2.7. Adicionalmente, adujo lo siguiente: «[…] he vivido toda una odisea con el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO y el DISTRITO DE CARTAGENA- FONDO DE
PENSIONES- ya que a pesar de que hay una persona de tercera edad esperando su
primera mesada le han dilatado de forma innecesaria la pensión y es más triste que el
distrito en cabeza de sus directores del fondo de pensiones emita resoluciones ajenas
a derecho alegando que ya caduco o prescribió mi derecho cuando el derecho al
reconocimiento pensional no caduca […]».
III. PRETENSIONES
3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:
[…] 1. SOLICITO SE ME RECONOZCA LA PENSION DE JUBILACION POR
APORTES de la ley 71 de 1988 y su decreto reglamentario dec. 2709 de 1994
POR TENER MAS DE 1029 SEMANAS Y 55 AÑOS O en su defecto se
reconozca la pensión de vejez con Colpensiones por estar en transición antes
de diciembre de 2014 y tener más de 60 años y más de 1000 semanas
cotizadas.
2. Que debido a que hay demanda de nulidad y restablecimiento del derecho
en curso archivada hace más de un año- cumplirá 5 años en julio de este año-,
solicito se ordene pagar la pensión desde que cumplí con los requisitos con su
retroactivo pensional dado que reclame antes de julio de 2017 e interrumpí la
prescripción de las mesadas hasta julio de 2014 inclusive.
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Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
3. SOLICITO que se traslade todo el BONO(s) PENSIONAL(es), las cuotas
partes y demás rendimientos financieros, intereses causados, a favor del
FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA y/o
el distrito de Cartagena de parte de los empleadores y/o fondos o cajas de
previsión que concurren en el pago de la pensión de forma indexada.
4. Que se le ordene a la entidad responsable incluir en nómina de pensionados
de forma urgente al actor dado lo avanzada de su edad
5. OFICIAR al TIRBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR, MAGISTRADO
PONENTE DOCTOR OSCAR IVÁN CASTAÑEDA DAZA a fin de que remitan a
quien tramite la acción copia del expediente digital completo ya que se trata de
un voluminoso expediente y seria injusto que me corresponda anexar mas de
200 folios en pdf para que se resuelva mi caso cuando ya el accionado lo tiene
en su poder. Al respecto solicito que el TRIBUNAL remita el link del expediente
para que el magistrado sustanciador de la acción de la tutela lo abra fácilmente
sin necesidad de tener que aportarlo en la radicación de la acción en la pagina
tutela en línea que lo exige y es demasiado pesado.
6. Solicito OFICIAR a mi EPS e IPS a efectos de que certifiquen estado actual
de salud, remitan copia de historia clínica y demás documentación que de fe del
procedimiento del ojo al que fui sometido y que me limita para seguir trabajando
de forma particular con 76 años como conductor de vehículos. […]. [Sic en toda
la cita]
IV. TRÁMITE DE LA TUTELA
4. La Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación, a través del
consejero a cargo de la sustanciación del proceso y mediante auto de 29 de junio
de 2022, admitió la presente acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena –
FONPECAR, el Fondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales –
FONPET, la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, la
Asamblea Departamental de Bolívar, el departamento de Bolívar, el Cuerpo de
Bomberos de Cartagena y el distrito de Cartagena. Igualmente, solicitó en
calidad de préstamo el expediente contentivo del proceso N° 13001-23-33-000-
2017-01138-00.
V. INTERVENCIONES
5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas, se allegaron los
siguientes informes:
6. El Tribunal Administrativo de Bolívar, a través del magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso, se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque no
existía mora judicial en el trámite del proceso N° 13001-23-33-000-2017-01138-00.
Al respecto señaló:
[…] El señor Antonio Santos Teherán Beleño presentó demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Distrito
de Cartagena – Fondo Territorial de Pensiones, con el fin que se declare la
nulidad de los actos administrativos por los cuales se negó el reconocimiento
de una pensión por aportes, a la que considera tiene derecho.
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Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
La demanda fue admitida por auto de fecha 17 de julio de 2018, en la que se
ordenó notificar al representante legal del Distrito de Cartagena y al director del
Fondo Territorial de Pensiones.
(…)
Por auto del 15 de noviembre de 2019 se fijó el 20 de febrero de 2020 a las
2:00 p.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial. No
obstante, por auto del 24 de febrero de 2020 se dispuso vincular al trámite del
proceso al Departamento de Bolívar, como litisconsorte necesario; la
contestación de la demanda por esta última entidad fue presentada el 8 de julio
de 2020.
El expediente pasó al despacho el 11 de marzo de 2021, y por auto del 8 de
julio de 2022 se fijó el 3 de agosto de 2022 a las diez de la mañana (10:00
a.m.), como fecha y hora para realizar la audiencia inicial. Dicha providencia
fue notificada en el estado del 12 de julio, como consta en el registro de
actuaciones de la página web de la Rama Judicial […].
7. Igualmente, señaló que se encuentra a cargo del despacho referido desde el 1°
de julio de 2021 y que tienen una carga laboral de 460 expedientes, más las
acciones constitucionales.
8. ElFondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales –FONPET, a
través de apoderado judicial, se opuso a la prosperidad de las pretensiones porque
dicha entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales del accionante y la
presente acción de amparo desconoce el requisito de subsidiariedad.
9. Igualmente, indicó que carecía de legitimación en la causa por pasiva.
10. La Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones, a través de la
directora de acciones constitucionales, puso de relieve que la presente acción
constitucional no cumplía con el requisito de subsidiariedad porque «[…] toda
controversia que se presente en el marco del Sistema de Seguridad Social entre
afiliados, beneficiarios o usuarios, empleadores y entidades administradoras deberá
ser conocida por la jurisdicción ordinaria laboral […]».
11. El Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de Cartagena – FONPECAR, a
través del director administrativo, se opuso a la prosperidad de la presente acción
de tutela por no cumplir con el requisito de subsidiariedad.
VI. FALLO IMPUGNADO
12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, mediante
sentencia de 22 de septiembre de 2022, declaró improcedente la presente acción
de amparo por no cumplir con el requisito de subsidiariedad, pero únicamente
respecto de las pretensiones relacionadas con que reconociera la pensión de vejez
al señor Antonio Santos Teherán Beleño.
13. Como fundamento de lo anterior señaló lo siguiente:
5
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Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
[…] 24. a) La Sala advierte que el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación por aportes, junto con la nulidad de los actos administrativos que
negaron ese reconocimiento, constituyen las pretensiones del medio de control
en curso.
25. En ese orden, comoquiera que la demanda ordinaria se encuentra en
trámite, no se puede tener por cumplido el requisito de subsidiariedad.
26. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, al interior de ese mecanismo
ordinario, el demandante podía e, incluso, puede solicitar el decreto de medidas
cautelares, tal como lo dispone el artículo 229 del CPACA, las cuales pueden
ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión. Sin embargo,
revisado el expediente ordinario allegado, se evidenció que la parte
demandante, a la fecha, no ha acudido a esta figura.
27. b) Además, la parte accionante solicitó la intervención del juez de tutela
para evitar que se consumara un perjuicio irremediable, consistente, según su
criterio, en su eventual fallecimiento o el deterioro de su estado de salud.
28. Sobre el particular, la Sala considera que, aspectos como el deterioro de su
estado de salud o su eventual fallecimiento, por sí mismos, no constituyen un
perjuicio irremediable relacionado con la aparente vulneración de derechos
fundamentales por el no reconocimiento pensional, en la medida que las
afecciones de salud que padece se encuentran en tratamiento a través de la
entidad prestadora de salud a la que se encuentra afiliado. Motivo por el que,
ante la inexistencia de una situación que ponga en riesgo su salud, no se
evidenció el perjuicio alegado […].
14. De otra parte, señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar no había
incurrido en una demora injustificada en la resolución del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho número 13001-23-33-000-2017-01138-00 porque
«[…] dentro del proceso cuestionado, la autoridad judicial ha proferido varios Autos,
entre ellos, el de 17 de julio de 2018, a través del cual se admitió la demanda, el de
15 de noviembre de 2019 que fijó fecha y hora para llevar a cabo audiencia inicial,
el de 24 de febrero de 2020 que dispuso vincular al trámite al departamento de
Bolívar, y el de 8 de julio de 2022, a través del que se fijó nuevamente hora y fecha
para llevar a cabo audiencia inicial […]»; y además «[…] se evidenció que el 3 de
agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial de la que trata el artículo 180 del
CPACA […]».
15. A partir de lo anterior, concluyó que la autoridad judicial accionada «[…] ha
adelantado los trámites correspondientes dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, a través de las etapas procesales respectivas y, de
ello no se desprende la existencia de una conducta negligente o dilatoria, necesaria
para la configuración de una mora judicial injustificada […]».
VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN
16. Mediante escrito de 20 de octubre de 2022, el accionante impugnó el fallo de
primera instancia porque no compartía las conclusiones a las que se arribaron,
relativas a que el Tribunal Administrativo de Bolívar no incurrió en mora judicial
6
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Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
y que la acción de tutela era improcedente para reconocer la prestación económica
solicitada.
17. Al respecto señaló lo siguiente: «[…] este CONSEJO DE ESTADO de forma
facilista me niega el derecho pensional a pesar de que por mi edad – mas de 76
años-, tener problemas en la vista y no tener salario o rentas la corte constitucional
ha señalado que la via adecuada que es la via administrativa no es la eficaz, de
hecho, tuve que interponer tutela para que desarchivaran el expediente y fijaran
audiencia pero el proceso desde agosto otra vez esta en las mismas, no se mueve
[…]». [sic en toda la cita]
18. Adicionalmente, manifestó lo siguiente:
[…] Les informo que mi edad avanza y el proceso administrativo no se va a
fallar este año por lo que veo, en mi opinión una vez el tribunal de Bolívar recibió
la tutela en contra debió ponerle fin a un proceso que meti en el 2017 – tengo
mas de la edad exigida como funcionario publico en transición, mas de 55, 60
años, mas de 1029 semanas y los requisitos o ambos los cumplí entes del año
2008, revisen el expediente y verán que no es falso por eso como ciudadano al
ver que la demanda no camino en ese tribunal en 5 años y por mi edad
avanzada donde ya tengo problemas de vista y me toca rebuscarme por mi
cuenta haciendo carreras particulares con carro ajeno para ganarme menos de
un mínimo, pagar como independiente eps y pagarle a Colpensiones porque
ellos me exigen que pague cada mes ya que dicen que no puedo pagar solo
eps sino ambos porque no tengo pension, cada mes son mas de 300 mil pesos
que me quitan de menos de un millón que recibía- digo recibía porque al estar
en incapacidad actual ya no hago nada, entonces? Debo morirme o ponerme
peor para saber que el proceso que me toco iniciar va a acabar¡ […]. [Sic en
toda la cita]
VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA
VIII.1. Competencia
19. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía
con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución de negocios
al interior de las secciones del Consejo de Estado.
VIII.2. Cuestión previa
20. ElFondo Nacional de Pensiones de Entidades Territoriales –FONPET, a
través de apoderado judicial, solicitó la desvinculación del presente trámite
constitucional por cuanto, a su juicio, carece de legitimación en la causa por pasiva.
1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
21. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la Corte
Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006, señaló:
[…] La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión
de contenido material.
Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente y
sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr que
la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y contradicción […].
22. En este contexto, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad la
solicitud de desvinculación formulada por la entidad referida porque el accionante
en su escrito de amparo dirigió la presente acción constitucional contra la referida
entidad.
23. Por
lo anterior, la Sala concluye que el Fondo Nacional de Pensiones de
Entidades Territoriales –FONPET sí tiene interés en el presente asunto, por lo que
se negará la solicitud de desvinculación.
VIII.3. Problemas jurídicos
24. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado3, la Sala debe establecer:
a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos de procedencia de la
acción de tutela. Y si ello es así se deberá:
b) Determinar si hay lugar a reconocer el derecho a la pensión del señor
Antonio Santos Teherán Beleño por vía de acción de tutela. Asimismo,
establecer si el Tribunal Administrativo de Bolívar vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, al haber incurrido en una
presunta mora judicial en el trámite del proceso No. 13001-23-33-000-2017-
01138-00.
25. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) presupuestos para que se configure la mora judicial; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.
3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
8
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Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
VIII.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales
26. Cabe poner de presente que, por mandato de la Constitución, el trámite de las
actuaciones judiciales deberá adelantarse con diligencia y cumplimiento de los
términos legales, con el propósito que el interesado pueda acceder a una decisión
en firme, oportuna y efectiva, por cuanto, de no ser así, se configuraría una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.
27. Ahora bien, la Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un «[…]
fenómeno multicausal y estructural […]»4, que se presenta en razón al «[…] alto
número de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente
congestión judicial […]»5.
28. En atención a la circunstancia endémica originada por el sistemático
incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, sin desconocer las especiales situaciones en que se desarrolla la
función judicial en Colombia, ha reconocido que existen circunstancias en las cuales
la mora judicial vulnera gravemente «[…] los derechos fundamentales como el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política
expresamente consagra, exige y trata de proteger […]».6
29. Sinembargo, de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, para que se
estructure la violación amparable del debido proceso y al acceso a la administración
de justicia, por la falta de resolución oportuna del asunto sometido a conocimiento
de un servidor judicial, resulta imprescindible analizar: (i) el volumen de trabajo y el
nivel de congestión judicial de la respectiva dependencia; (ii) el desarrollo y
cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la complejidad del caso sometido a
decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las partes de sus deberes de impulso
procesal7.
VIII.5. Caso concreto
30. El
ciudadano Antonio Santos Teherán Beleño solicitó la protección de sus
derechos fundamentales al debido proceso, a la salud, a la pensión y al mínimo vital,
cuya vulneración le atribuyó: (i) al Fondo Territorial de Pensiones del Distrito de
Cartagena por haber expedido las resoluciones números 1477 de 3 de mayo de
2011, 3639 de 29 de septiembre de 2011 y los oficios números AMC-OFI-0009984
de 2017 y AMC-OFI-0062405 de 2017, y (ii) al Tribunal Administrativo de Bolívar
con ocasión de la presunta mora judicial en que incurrió en el trámite del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-23-33-000-2017-
01138-00.
4
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle Correa.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010. M.P.: Nilson Pinilla.
6
Ibidem.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 2007.
9
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
31. Teniendo en cuenta que esta acción constitucional se promueve por dos razones
diferentes, la Sala estudiará en forma separada las pretensiones del accionante. En
tal sentido, se precisa que, de una parte, se analizará si la solicitud de amparo
cumple con el requisito de subsidiariedad para obtener el reconocimiento de la
pensión de vejez; y, seguidamente, se examinará si el Tribunal Administrativo de
Bolívar incurrió en una mora judicial en el trámite del proceso de nulidad y
restablecimiento número 13001-23-33-000-2017-01138-00.
VIII.5.1. Incumplimiento del requisito de subsidiariedad
32. Cabe recordar que, dado el carácter subsidiario, excepcional y residual de la acción
de tutela consignada en el artículo 86 de la Carta Política, la regla general es que tal
mecanismo de protección de derechos fundamentales solo será procedente cuando
se hayan agotado todos los mecanismos de defensa judicial previstos por la norma o
cuando dicho mecanismo no resulta idóneo para la protección de los derechos
fundamentales que se consideran vulnerados. Este carácter excepcional y residual
está previsto en el artículo 6º del Decreto Ley 2591 de 19918.
33. De acuerdo con lo anterior, para acudir a la acción de amparo el interesado debe
agotar todos los medios que prevea el ordenamiento legal (acción, recurso,
incidente o cualquier mecanismo de defensa judicial cualquiera que sea su
naturaleza9), lo que significa que el solicitante tiene la obligación de interponer en
tiempo los recursos establecidos en la ley o las acciones que estén a su alcance.
34. La Corte Constitucional se ha pronunciado respecto del carácter subsidiario de la
acción de tutela, en los siguientes términos:
[…] Dado el carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, el afectado
sólo podrá acudir a ella en ausencia de otro medio de defensa judicial para la
protección del derecho invocado, ya que debe entenderse que esta acción
constitucional no puede entrar a sustituir los recursos o medios ordinarios
previstos por el legislador para el amparo de un derecho.”
“La naturaleza subsidiaria y excepcional de la acción de tutela, permite
reconocer la validez y viabilidad de los medios y recursos ordinarios de
protección judicial, como dispositivos legítimos y prevalentes para la
salvaguarda de los derechos. Al existir tales mecanismos, los ciudadanos se
encuentran obligados a acudir de manera preferente a ellos, cuando son
conducentes para conferir una eficaz protección constitucional. De allí que
quien alega la vulneración de sus derechos fundamentales deba haber agotado
los medios de defensa disponibles por la legislación para el efecto.
Exigencia que se funda en el principio de subsidiariedad de la tutela descrito,
que pretende asegurar que una acción tan expedita no sea considerada en sí
misma una instancia más en el trámite jurisdiccional, ni un mecanismo de
defensa que reemplace aquellos diseñados por el legislador, y menos aún, un
8
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''.
9
Corte Constitucional, auto 132 de 2015, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
10
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
camino excepcional para solucionar errores u omisiones de las partes en los
procesos judiciales […]10.
35. En este mismo sentido se pronunció esta Sala de Decisión, en sentencia de 25
de abril de 2019, cuando expuso lo siguiente: «[…] la tutela no puede ser utilizada
como acción judicial sustitutiva de los mecanismos judiciales ordinarios,
salvo que estos medios ordinarios no sean idóneos o eficaces para proteger los
derechos fundamentales controvertidos o cuando la acción de tutela se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable [...]»11.
36. Sin embargo, el mismo texto constitucional y el Decreto Ley 2591 de 1991 señalan
una excepción a la regla anteriormente expuesta, consistente en que cuando se trate
de evitar un perjuicio irremediable se podrá interponer la acción de tutela sin agotar
los mecanismos judiciales ordinarios. Por ende, no es necesario, bajo este supuesto
excepcional, agotar los mecanismos judiciales ordinarios cuando con la acción de
tutela se pretende evitar un perjuicio irremediable.
37. El concepto de perjuicio irremediable está relacionado con la existencia de una
grave e inminente afectación o detrimento del derecho fundamental que deba ser
conjurada con medidas urgentes, de aplicación inmediata e impostergable, para
neutralizar, cuando ello sea posible, la vulneración del derecho.
38. En relación con tales criterios interpretativos se ha definido lo siguiente:
[…] la inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto
de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que
hace evidente la impostergabilidad de la tutela como un mecanismo necesario
para la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La
concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de
considerar la situación fáctica que legitima la acción de tutela, como mecanismo
transitorio y como medidas precautelativas para garantizar la protección de los
derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados […].12
39. Con fundamento en las anteriores premisas, la Sala procede a analizar si la
presente solicitud de amparo cumple o no el requisito general de procedibilidad
atinente a la subsidiariedad.
40. La parte accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales a
los actos administrativos que negaron la solicitud de pensión de vejez. Con ocasión
de lo anterior solicita que esta autoridad judicial: (i) reconozca y liquide su pensión
de vejez conforme a «[…] la ley 71 de 1988 y su decreto reglamentario dec. 2709
de 1994 POR TENER MAS DE 1029 SEMANAS Y 55 AÑOS O en su defecto se
reconozca la pensión de vejez con Colpensiones por estar en transición antes de
diciembre de 2014 y tener más de 60 años y más de 1000 semanas cotizadas […]»;
y (ii) ordene el traslado de todo el bono pensional «[…] las cuotas partes y demás
rendimientos financieros, intereses causados, a favor del FONDO TERRITORIAL
10
Al respecto, ver Corte Constitucional. Sentencia T-890-11 y T-580-06.
11
Consejo de Estado, Sección Primera, Radicación 11001-03-15-000-2018-04033-01(AC), Sentencia de 25 de abril de
2019. Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Sentencia T-225 de1993, reiterado en la sentencia SU-617 de 2013.
11
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
DE PENSIONES DEL DISTRITO DE CARTAGENA y/o el distrito de Cartagena de
parte de los empleadores y/o fondos o cajas de previsión que concurren en el pago
de la pensión de forma indexada […]».
41. El juez de primera instancia concluyó que estas pretensiones no cumplían con el
requisito de subsidiariedad porque se encontraba un proceso judicial en trámite, a
través del cual el juez natural de la causa debía definir la legalidad de los actos
administrativos que negaron el derecho a la pensión del actor.
42. Adicionalmente, indicó que no se encontraba acreditada la configuración de un
perjuicio irremediable.
43. La Sala comparte lo afirmado por el juez de primera instancia, ya que en el
presente caso existe un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que se
encuentra en trámite, lo que significa que esta acción de tutela es claramente
improcedente, dada la naturaleza residual del mecanismo de amparo.
44. Asimismo, en el sub examine no está acreditada la configuración de un perjuicio
irremediable. Aunque el accionante afirma que tiene 76 años y que carece de la
capacidad económica para autosostenerse, lo cierto es que esta Sala ha precisado
que el simple hecho de que una persona sea de la tercera edad no habilita al juez
constitucional para efectuar un estudio de fondo en el caso13.
45. Esto es así porque uno de los requisitos del perjuicio irremediable consiste en el
carácter inminente de la amenaza, lo cual exige que el juez de tutela adopte
medidas urgentes e impostergables para evitar su materialización. En ese orden de
ideas, si bien la edad es un factor de riesgo, ello no significa prima facie que, por
este hecho, un adulto mayor se encuentra bajo el riesgo inminente de configuración
de un perjuicio irremediable.
46. En ese sentido,resulta exigible a cualquier ciudadano el agotamiento de los
recursos ordinarios, y la acción de tutela únicamente procederá como un
mecanismo transitorio cuando se acrediten circunstancias particulares y
objetivas de debilidad y vulnerabilidad, además de la edad, que permitan
evidenciar una amenaza inminente a un derecho fundamental.
47. En el caso de autos no existe ninguna evidencia que demuestre la amenaza
inminente sobre los derechos fundamentales del señor Antonio Santos Teherán
Beleño, por lo que la Sala considera que esta acción constitucional tampoco es
procedente como mecanismo transitorio, para evitar la configuración de un perjuicio
irremediable.
48. Por último, no se puede ignorar que en el marco del proceso contencioso la parte
accionante puede hacer uso de las medidas cautelares; institución que tanto esta
13 Véase: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 4 de
febrero de 2021. Exp. N° 25000-23-15-000-2020-02874-01(AC). C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés; y
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Sentencia de 28 de febrero de
2020. Exp. N° 25000-23-15-000-2019-00576-01. C.P.: Roberto Augusto Serrato Valdés.
12
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
Corporación como la Corte Constitucional han dicho que son un medio de defensa
idóneo y eficaz para obtener la suspensión provisional de los actos administrativos
que se cuestionen ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por lo que
ya no es de recibo el argumento según el cual los medios de control no son eficaces
ni oportunos para la salvaguarda de las garantías fundamentales.
49. En virtud de lo anterior, la Sala confirmará por este aspecto el fallo impugnado.
VIII.5.2. De la presunta mora judicial en el trámite del proceso N° 13001-23-33-
000-2017-01138-00
50. Sobre este aspecto de la controversia el actor destacó que desde el mes de julio de
2017 acudió a la administración de justicia para que, mediante una demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, se anularan los actos administrativos que le
negaron el derecho a la pensión y se reconociera por la vía judicial el derecho
prestacional en discusión.
51. En ese orden de ideas, puso de relieve que habían transcurrido más de cinco
años sin que la justicia hubiese emitido sentencia de primera instancia en su caso.
52. Porotro lado, se evidencia, según el informe rendido por el magistrado
sustanciador del proceso con radicado número 13001-23-33-000-2017-01138-00,
que en el trámite de dicho medio de control se han realizado las siguientes
actuaciones:
[…] El señor Antonio Santos Teherán Beleño presentó demanda, en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra el Distrito
de Cartagena – Fondo Territorial de Pensiones, con el fin que se declare la
nulidad de los actos administrativos por los cuales se negó el reconocimiento
de una pensión por aportes, a la que considera tiene derecho.
La demanda fue admitida por auto de fecha 17 de julio de 2018, en la que se
ordenó notificar al representante legal del Distrito de Cartagena y al director del
Fondo Territorial de Pensiones.
Por auto del 15 de noviembre de 2019 se fijó el 20 de febrero de 2020 a las
2:00 p.m., como fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial. No
obstante, por auto del 24 de febrero de 2020 se dispuso vincular al trámite del
proceso al Departamento de Bolívar, como litisconsorte necesario; la
contestación de la demanda por esta última entidad fue presentada el 8 de julio
de 2020.
El expediente pasó al despacho el 11 de marzo de 2021, y por auto del 8 de
julio de 2022 se fijó el 3 de agosto de 2022 a las diez de la mañana (10:00
a.m.), como fecha y hora para realizar la audiencia inicial. Dicha providencia
fue notificada en el estado del 12 de julio, como consta en el registro de
actuaciones de la página web de la Rama Judicial […].
53. Seguidamente, el magistrado sustanciador del proceso puso de relieve que tomó
posesión en el empleo público el pasado 1° de julio de 2021 y que tiene asignados
460 procesos judiciales. Además, resaltó que, entre el 16 de marzo de 2020 y el 30
de junio de 2020, estuvieron suspendidos los términos judiciales con ocasión de la
13
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
emergencia sanitaria producida por el coronavirus Covid - 19. Por todo lo anterior,
consideró que no existía falta de diligencia en la resolución de los casos a su cargo.
54. Revisado el expediente contencioso la Sala observa lo siguiente:
54.1. El 11 de diciembre de 2017 el señor Antonio Santos Teherán Beleño presentó
la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho N° 13001-23-33-000-2017-
01138-00.
54.2. Mediante auto de 17 de julio de 2018, el consejero sustanciador admitió la
demanda, ordenó la notificación de los demandados y les corrió traslado por el
término de treinta días.
54.3. El 24 de julio de 2018 el demandante pagó los gastos del proceso.
54.4. El 26 de octubre de 2018 se envió copia de la demanda y del auto admisorio al
alcalde del distrito de Cartagena, al director del Fondo Territorial de Pensiones de
Cartagena y al Ministerio Público.
54.5. El
25 de enero de 2019 se corrió traslado a la parte demandante de la
contestación de la demanda presentada por el distrito de Cartagena.
54.6. Mediante escrito de 3 de mayo de 2019 se radicó solicitud de impulso procesal.
54.7. Mediante auto de 15 de noviembre de 2019 se fijó fecha para celebrar audiencia
inicial.
54.8. Mediante auto de 24 de febrero de 2020 se dictó una medida de saneamiento
consistente en la vinculación del departamento de Bolívar al proceso de nulidad y
restablecimiento, y se corrió traslado por el término de treinta días a la entidad
vinculada.
54.9. El 28 de febrero de 2020 el demandante aportó constancia de pago de los
gastos del proceso.
54.10. El 3 de marzo de 2020 el Tribunal Administrativo de Bolívar notificó al
departamento de Bolívar de la demanda, del auto admisorio y de la providencia que
vinculaba a dicha entidad al proceso.
54.11. El
8 de julio de 2020, el departamento de Bolívar presentó escrito de
contestación de la demanda.
54.12. El
22 de septiembre de 2020 se corrió traslado de las excepciones al
demandante.
54.13. Mediante escrito radicado el 24 de septiembre de 2020, el apoderado judicial
del demandante descorrió el traslado de las excepciones.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
54.14. El 19 de febrero de 2021 el apoderado judicial del demandante presentó
memorial de impulso procesal.
54.15. El 11 de marzo de 2021 el expediente subió al despacho sustanciador.
54.16. Mediante auto de 8 de julio de 2022 se fijó fecha de audiencia inicial para el 3
de agosto de 2022, a las 10:00 A.M.
54.17. El 3 de agosto de 2022 se llevó a cabo la audiencia inicial, y mediante los
oficios N° 1535OICD-D003 y 1438-OICD--D003 de 24 de agosto y de 7 de
septiembre de 2022, se solicitó información al Cuerpo de Bomberos de Cartagena.
55. De acuerdo con las actuaciones que se han surtido dentro del proceso de nulidad
Nº 13001-23-33-000-2017-01138-00, la Sala estima que no se ha configurado una
mora judicial porque la autoridad judicial accionada ha actuado en forma diligente
en el trámite de este.
56. Valela pena aclarar que, aunque no se ha proferido sentencia de primera
instancia, ello se debe a que en este proceso se han adoptado medidas de
saneamiento y, con ocasión a ello, se integró el litis consorcio. Adicionalmente, el
proceso se encuentra en etapa probatoria, por lo que el juez contencioso se
encuentra practicando las pruebas solicitadas por las partes.
57. En ese orden de ideas, para la Sala no es de recibo el argumento del accionante
consistente en que en el sub examine se ha superado el tiempo razonable para
emitir una decisión que resuelva de fondo el asunto.
58. Así las cosas, esta Sección considera que en el caso que nos ocupa no es
predicable la existencia de una mora judicial, motivo por el cual no se vulneraron
los derechos fundamentales del accionante.
59. En conclusión, la Sala confirmará el fallo 22 de septiembre de 2022, proferido por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación propuesta por el Fondo Nacional
de Pensiones de Entidades Territoriales –FONPET, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de septiembre de 2022, proferida por
la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03396-01
Accionante: Antonio Santos Teherán Beleño
TERCERO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.
CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P:(15)
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