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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03400-01

Fecha
27 de octubre de 2022
Consejero ponente
Stella Jeannette Carvajal Basto

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03400-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE: Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 12 de agosto de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí expuestas. Segundo.-

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03400-01

Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto

27 de octubre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03400-01
Demandante: MARÍA EDELINA DÁVILA GONZÁLEZ

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veintisiete (27) de octubre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03400-01
Demandante: MARÍA EDELINA DÁVILA GONZÁLEZ
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,
SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN “F” Y JUZGADO ÚNICO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE LETICIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo.
Indexación de la primera mesada pensional. Requisito objetivo
de inmediatez

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la parte actora, a través de apoderado judicial, contra la sentencia
de 12 de agosto de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado dentro de la solicitud de tutela, en la que la declaró
improcedente por desatender los requisitos de procedibilidad de inmediatez y
relevancia constitucional.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

La accionante afirmó que era compañera permanente del señor Pedro Kuyoteca
Komeneetjano, quien en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho demandó al departamento del Amazonas con el fin
de que se anulara el oficio N° 00171 de 1° de marzo de 2010, por medio del cual
se le negó la actualización de la primera mesada pensional.

Sostuvo que mediante sentencia de 30 de agosto de 2012, el Juzgado Único
Administrativo del Circuito de Leticia accedió parcialmente a las pretensiones, y a
título de restablecimiento del derecho ordenó al Departamento del Amazonas
reliquidar la pensión de jubilación del señor Kuyoteca a partir del 16 de diciembre
de 1999, con base en el 75% del salario devengado en el último año de servicios,
esto es, del 16 de diciembre de 1998 hasta el 15 de diciembre de 1999, tomando
en cuenta los factores devengados durante este tiempo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03400-01
Demandantes: MARÍA EDELINA DÁVILA GONZÁLEZ

Indicó que esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección “F”, Sala de Descongestión, en
providencia de 30 de septiembre de 2014.

Adujo que, en virtud de lo anterior, el departamento de Amazonas expidió la
Resolución N° 0692 de 10 de marzo de 2016, en la que, sin embargo, no liquidó
todos los factores salariales devengados en el último año de servicios; no aplicó el
incremento anual iniciando con el IPC vigente para el año anterior al último año de
servicios; no aplicó la fórmula de indexación adoptada por la jurisprudencia
relevante; tampoco la fórmula mes por mes para las mesadas pensionales de los
años posteriores, ni para las diferencias dinerarias generadas hasta el
cumplimiento total de los fallos judiciales; y tampoco liquidó día a día ni pagó los
intereses moratorios causados desde la ejecutoria de la sentencia de segunda
instancia el 29 de octubre de 2014.

Refirió que, dado lo anterior, mediante oficio de 31 de marzo de 2016 solicitó el
cumplimiento las sentencias judiciales mediante las que se ordenó la reliquidación
pensional, y que a través de la Resolución N° 1449 de 26 de mayo de 2016, el
departamento de Amazonas negó dicha petición luego de concluir que las
mesadas pensionales fueron debidamente indexadas.

Arguyó que por considerar que el departamento del Amazonas no cumplió con lo
ordenado en las sentencias judiciales, el señor Kuyoteca instauró demanda
ejecutiva ante el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia, con el fin
que se librara mandamiento de pago “por la suma de TRESCIENTOS
CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL PESOS ($355’252.381) por concepto de
retroactivo causado debidamente indexado mes por mes, por los reajustes
ordenados en las sentencias base de esta ejecución, con efectos fiscales a partir
del 2 de febrero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2016, por la suma de
DOSCIENTOS CATORCE MILLONES CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS
CUATRO PESOS OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($214'190.204.85) por
concepto de intereses moratorias generados desde el 29 de octubre de 2014,
fecha de ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, hasta el 31 de diciembre
de 2016, y por las diferencias dinerarias o retroactivos mensuales causados
debidamente indexados mes a mes según la fórmula establecida por las altas
cortes, hasta que el pago se realice”.

Narró que mediante auto de 1º de junio de 2018, el Juzgado Único Administrativo
del Circuito Judicial del Circuito de Leticia libró mandamiento de pago parcial, esto
es, solo por los intereses moratorias adeudados, y negó el pagó del retroactivo
indexado mes por mes a causa de los reajustes pensionales y de la actualización
de la primera mesada pensional.

Afirmó que inconforme con esa decisión, el demandante interpuso recurso de
apelación del que conoció el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”, que por auto de 1º de junio de 2021 confirmó el
mandamiento de pago en los mismos términos, providencia en la que también se

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le reconoció como sucesora procesal del extremo activo con ocasión del
fallecimiento de su compañero permanente.

Agregó que el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia por auto de 5
de noviembre de 2021, obedeció y cumplió lo resuelto por el superior, y que
posteriormente el departamento del Amazonas expidió la Resolución N° 03943 de
27 de diciembre de 2021, en la que reconoció a su favor la suma de $15.239.569,
por concepto de intereses moratorios.

Finalmente, sostuvo que el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia en
providencia de 9 mayo de 2022, ordenó seguir adelante con la ejecución para el
cumplimiento de la obligación determinada en el mandamiento de pago de 1º de
junio de 2018, esto es, solamente por los intereses moratorios.

2. Fundamentos de la acción

La accionante promovió acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
i) el auto de 1º de junio de 2018, mediante el cual el Juzgado Único Administrativo
del Circuito Judicial del Circuito de Leticia libró mandamiento de pago, ii) el auto
de 1º de junio de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F” que lo confirmó, iii) el auto de 5 de noviembre de 2021,
en el que el juzgado accionado obedeció y cumplió lo resuelto por el superior y iv)
el auto de 9 de mayo de 2022, en el que el tribunal accionado ordenó seguir
adelante con la ejecución, providencias todas proferidas en el marco del proceso
ejecutivo que el señor Pedro Kuyoteca Komeneetjano interpuso contra el
departamento del Amazonas, con el fin de que se pagaran a su favor las sumas
dejadas de cancelar por la actualización de la primera mesada pensional que se
ordenó a su favor mediante sentencia judicial.

Sostuvo que, en su criterio, las providencias censuradas incurren en i)
desconocimiento del precedente judicial, contenido en las sentencias de i) la
Sección Segunda, Subsección A, de 30 de abril de 2020, radicación número:
25000-23-42-000-2014-01302-01 (2319-17); ii) Sección Segunda, Subsección B,
auto del 21 de octubre de 2021, radicación número: 25000-23-42- 000-2017-
02843-01 (877-2018); auto del 18 de mayo de 2017, radicación número: 15001-23-
33-000-2013-00870-02(0577-17), y auto del 8 de agosto de 2017, radicación
número: 68001-23-33-000-2016-01034-01 (1915-2017), las cuales, afirma,
contienen la fórmula de indexación no observada en el caso y han instituido que
“para el caso de las mesadas pensionales, por tratarse de obligaciones de tracto
sucesivo, dicha fórmula se debe aplicar separadamente mes por mes, desde la
causación de la primera mesada pensional”.

Indicó que en el precedente señalado como desconocido se sostiene que “por
tratarse de obligaciones de tracto sucesivo, la fórmula se debe aplicar
separadamente mes por mes desde la causación de la primera mesada pensional,
teniendo en cuenta todos los incrementos legales, cálculos y consecuentes pagos,
los cuales no se evidencian se hayan realizado, ni dentro del proceso declarativo
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ni dentro del expediente constitutivo de la acción ejecutiva, por parte del ejecutado
Departamento del Amazonas, entidad que, acorde con lo sostenido en el
precedente judicial señalado como desconocido, confundió y se limitó a efectuar
solo el incremento legal estipulado anualmente para mesadas pensionales, sin
indexar separadamente mes por mes desde su causación, cada mesada pensional
debidamente reajustada, ni las diferencias dinerarias o retroactivos generados
mes por mes entre estas y las efectivamente pagadas sin indexar, sobre los
cuales es que el ente ejecutado, debe proceder a liquidar y pagar los intereses
moratorias causados por cada día de retardo desde la ejecutoria de las sentencias
declarativas que integran el título ejecutivo”.

Finalmente, señaló que al no ordenar el pago de la indexación y el ajuste de la
asignación de retiro con base en la prima de actualización, las decisiones
censuradas desconocieron lo previsto en los incisos 8 y 13 del artículo 48 y el
artículo 53 la Constitución y que, además, incurrieron en ii) defecto
sustantivo, por la indebida aplicación del artículo 187 de la Ley 1437 de 2011 y
de los artículos 430, 431, 440, 442, 443, y 446 del Código General del Proceso,
“donde se establecen las reglas a seguir, encaminadas a evitar cualquier tipo de
prejuzgamiento sobre lo pedido en una acción ejecutiva contencioso
administrativa”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA. Tutelar a la accionante, señora María Edelina Dávila González,
sus derechos constitucionales fundamentales a la igualdad en la aplicación
de la ley, junto con la afectación de los principios constitucionales de
seguridad jurídica, buena fe y confianza legítima; como, asimismo, sus
derechos constitucionales fundamentales de la seguridad social (reajuste
pensional - actualización de la primera mesada pensional) , mínimo vital, vida
digna, debido proceso, y acceso a la administración de justicia. Los cuales,
según los hechos y fundamentaciones puestas de presente en esta
tutela, considera están siéndole transgredidos por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, al proferir en segunda
instancia la providencia del 1º de junio de 2021 que confirmó auto de
mandamiento de pago parcial; como también, por el Juzgado Único
Administrativo Oralidad de Leticia Amazonas al adoptar en primera instancia,
el auto del 1º de junio de 2018 donde ordenó librar mandamiento de pago
parcial, el auto del 5 de noviembre de 2021 de obedézcase y cúmplase lo
resuelto por el superior, y el auto del 9 de mayo de 2022 donde ordenó seguir
adelante con la ejecución para el cumplimiento de la obligación determinada
en el mandamiento de pago parcial del 1º de junio de 2018, esto es,
solamente por intereses moratorios. Dentro del proceso ejecutivo radicado
bajo el número 91001-3333-001-2017-00017-02, ejecutante María Edelina
Dávila González (sucesora procesal), y parte ejecutada, el Departamento del
Amazonas.

SEGUNDA. A consecuencia de los amparos decretados, se ordene dejar sin
efectos tanto; la providencia del 1º de junio de 2021 proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda Subsección F, que
confirmo auto de mandamiento de pago parcial; como también, el auto del 1º
de junio de 2018 donde se ordenó librar mandamiento de pago parcial, el auto
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del 5 de noviembre de 2021 de obedézcase y cúmplase lo resuelto por el
superior, y el auto del 9 de mayo de 2022 donde se ordenó seguir adelante
con la ejecución para el cumplimiento de la obligación determinada en el
mandamiento de pago parcial del 1º de junio de 2018, esto es, solamente por
intereses moratorios; proferidos por el Juzgado Único Administrativo Oralidad
de Leticia Amazonas. Dentro del proceso ejecutivo radicado bajo el número
91001-3333-001-2017- 00017-02, ejecutante María Edelina Dávila González
(sucesora procesal), y parte ejecutada, el Departamento del Amazonas.

TERCERA. Como consecuencia de lo dispuesto en el numeral anterior, se
ordene, tanto al Tribunal Administrativo de Cundinamarca Sección Segunda
Subsección F, como del mismo modo; al Juzgado Único Administrativo
Oralidad de Leticia Amazonas. Dar trámite al proceso ejecutivo radicado bajo
el número 91001-3333-001-2017-00017-02 , ejecutante María Edelina Dávila
González (sucesora procesal), y parte ejecutada, el Departamento del
Amazonas; atendiendo las consideraciones del Honorable Consejo de Estado
Sala de lo Contencioso Administrativo, en los precedentes judiciales
invocados como desconocidos; establecidas para el debido proceso ejecutivo,
y la aplicación de la fórmula de indexación separadamente mes por mes,
iniciando desde la primera mesada pensional que se causó, dentro del
reconocimiento, cálculo, y pago, de obligaciones ”.

4. Pruebas relevantes

Se allegó copia de las sentencias de primera y segunda instancia proferidas en el
proceso ejecutivo con radicado Nº 2017-00017-01, actor: Pedro Kuyoteca
Komeneetjano.

5. Trámite procesal

Por auto de 26 de julio de 2022, la Sección Tercera, Subsección “A” de esta
Corporación admitió la demanda y ordenó notificar a la demandante y a las
autoridades judiciales accionadas. Igualmente, a la Gobernación del
Departamento de Amazonas como tercero con interés en el resultado del proceso.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “F”

La ponente de la decisión objetada rindió informe en el solicitó declarar
improcedente la acción de tutela en tanto, adujo, en el caso no se cumple con el
requisito de inmediatez, pues el auto que confirmó el mandamiento de pago del
que se desprende la vulneración de derechos se dictó el 1° de junio de 2021 y fue
notificado el 15 de junio del mismo año y la solicitud fue instaurada más de un año
después, lo que desestima la urgencia e impostergabilidad del amparo solicitado.

Sostuvo que la parte actora pretende reabrir un aspecto del debate que ya fue
analizado por el juez natural, y afirmó que esa Corporación no ha incurrido en la
vulneración de los derechos fundamentales que se señala, dado que no
desconoció las normas aplicables para la ejecución de obligaciones contenidas en
sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la jurisdicción contencioso
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administrativa en las cuales se condene a una entidad pública al pago de sumas
dinerarias, ni los precedentes jurisprudenciales que rigen la materia.

6.2. Las demás autoridades vinculadas al trámite constitucional guardaron silencio,
aun cuando fueron debidamente notificadas del auto admisorio de la acción de
tutela.

7. Sentencia de tutela impugnada

El Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, mediante sentencia de 12
de agosto de 2022, declaró improcedente la solicitud por desatender los requisitos
de procedibilidad de inmediatez y relevancia constitucional, habida cuenta de que,
declaró, entre el momento de notificación del auto que confirmó el mandamiento
de pago y la presentación de la solicitud había transcurrido más de un año,
término que excede el plazo fijado jurisprudencialmente para ese efecto.

Sostuvo que en tanto la demandante centra su inconformidad en la negativa de las
autoridades judiciales a reconocer los reajustes de las mesadas pensionales y su
indexación mes a mes, el término de 6 meses se debía contabilizar a partir del 15
de junio de 2021, fecha de notificación del auto que confirmó el mandamiento de
pago librado por el Juzgado Único Administrativo del Circuito de Leticia, por
cuanto fue a partir de ese momento que la actora pudo advertir las supuestas
equivocaciones o imprecisiones de las autoridades judiciales demandadas, “al no
reconocer la obligación adeudada por el Departamento del Amazonas por
concepto del retroactivo pensional debidamente indexado mes por mes, y por
inaplicar la fórmula de indexación establecida en la sentencia que constituyó el
título ejecutivo y en el precedente judicial”.

Indicó que, en este sentido, como la solicitud de amparo se radicó el 23 de junio
de 2022, esto es, más de un año después de la notificación de la referida
providencia, la tutela no se interpuso en un tiempo razonable.

Agregó que no desconocía que el auto que ordenó seguir adelante la ejecución se
profirió el 9 de mayo de 2022, sin embargo, aclaró, no existe ninguna razón que
justifique que el plazo de los 6 meses se contabilice a partir de esa fecha, pues,
como advirtió, la vulneración alegada por la accionante se conoció a partir de la
notificación del auto que libró el mandamiento de pago, punto de partida y
derrotero de la obligación económica demandada, “de tal manera que, las
excepciones que se propongan y la eventual orden de seguir adelante la ejecución
está supeditada a lo establecido en la mencionada providencia”.

Añadió que, frente a los criterios valorativos de la inmediatez, no está acreditado
en el expediente (i) que la señora María Edelina Dávila González pertenezca a un
grupo vulnerable, (ii) la existencia de especiales circunstancias que impidieran
acudir al juez de tutela, (iii) el aislamiento geográfico, (iv) vulnerabilidad
económica, (v) la afectación de derechos de terceros y, por último, (vi) no se
advierte diligencia en la presentación de la solicitud de amparo por parte del
accionante, ni que (vii) la presente acción de tutela represente una seria afectación
a la seguridad jurídica.
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Demandantes: MARÍA EDELINA DÁVILA GONZÁLEZ

Finalmente, refirió que al margen del incumplimiento del requisito de inmediatez, la
solicitud de amparo también carece de relevancia constitucional, toda vez que, los
argumentos planteados en esta instancia pretenden reabrir un asunto que ya fue
resuelto por el juez natural, en tanto los fundamentos del recurso de apelación
interpuesto contra el mandamiento de pago refieren los mismos supuestos aquí
planteados.

8. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
accionante, por intermedio de apoderado judicial, impugnó el fallo de primera
instancia y solicitó que se revocara, en escrito en el que sostuvo que en el caso se
debe flexibilizar el requisito de la inmediatez, por cuanto se trata de una
vulneración que permanece en el tiempo, que afecta a un sujeto de especial
protección constitucional como lo es un adulto mayor.

Afirmó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, en sentencia
de tutela de 7 de octubre de 20191, en un caso semejante al presente, amparó los
derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso, fijando unos criterios
de restricción del requisito de inmediatez frente a vulneraciones que permanecen
en el tiempo, y frente a sujetos de especial protección constitucional como los
adultos mayores.

Añadió que, de conformidad con dicha sentencia, en virtud del derecho a la
igualdad, y los principios de seguridad jurídica, buena fe, y confianza legítima, en
el caso el requisito de la inmediatez no se debe exigir, por cuanto, “(i) la actora es
una persona adulta mayor de 68 años de edad al haber nacido el 27 de octubre de
1953, la cual, según la jurisprudencia en cita, se entiende en situación de debilidad
manifiesta en razón de su edad, lo que a su vez la hace acreedora de una especial
protección constitucional, y (ii) la vulneración de sus derechos constitucionales
fundamentales es permanente y actual, pues, la mesada pensional que recibe mes
por mes y año por año, esta devaluada, a raíz de que no existe prueba dentro del
expediente ejecutivo, como acción idónea que se instauro para hacer efectivo el
cumplimiento de las órdenes impartidas en los fallos declarativos objeto de
recaudo ejecutivo; que la mesada pensional de la cual ella ahora es beneficiaria,
haya sido actualizada desde la primera mesada que se causó, con los
incrementos legales, conforme a la fórmula establecida para tal fin, en las órdenes
judiciales”.

De otra parte, adujo que la etapa procesal pertinente para la concreción de la
deuda no es en el auto de mandamiento de pago, pues, afirmó, conforme con la
jurisprudencia del Consejo de Estado, el mandamiento de pago es una orden
judicial provisional donde puede constituirse un prejuzgamiento sobre las
pretensiones, como en el presente caso sucedió, por lo que, indicó “la verificación
total del cumplimiento de las obligaciones de origen judicial y la concreción de la
deuda, previo el agotamiento de las oportunidades procesales legalmente
establecidas posteriores al auto de mandamiento de pago, está reservada para el

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Radicación número: 11001-03-15-000- 2019-03358-00(AC). M.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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auto de la liquidación del crédito, y la providencia que ordena seguir adelante con
la ejecución, sea auto o sentencia, que, para el asunto traído a sede
constitucional, fue proferida el 9 de mayo de 2022 y notificada el 11 del mismo
mes y año, es decir, 29 días antes de la radicación de la solicitud de protección
constitucional”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir la presente
impugnación.

2. Planteamiento del problema jurídico

Corresponde a la Sala, en los términos del escrito de impugnación, determinar si
el fallo de 12 de agosto de 2022, proferido por la Sección Tercera, Subsección “A”
de esta Corporación que declaró improcedente la solicitud por desatender los
requisitos de procedibilidad de inmediatez y relevancia constitucional, se debe
confirmar, o si se debe revocar, en tanto el requisito de la inmediatez se debe
flexibilizar para el caso, teniendo en cuenta que se trata de una vulneración que
permanece en el tiempo, y que la accionante es un sujeto de especial protección
constitucional por ser un adulto mayor.

3. Requisito de la inmediatez como presupuesto general de procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales

El artículo 86 de la Constitución Política establece que “toda persona tendrá
acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante
un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”.
Ahora bien, aun cuando la Carta Política hace uso de la expresión “en todo
momento y lugar”, lo que podría dar a entender que la acción de amparo puede
solicitarse en cualquier tiempo, sin importar la urgencia, ni la relevancia de los
derechos vulnerados, lo único cierto es que se trata de un requisito que se debe
valorar en cada caso concreto.

Sin embargo, la Corte Constitucional2 ha señalado que si bien no es posible
establecer un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción de la tutela,
ésta no puede presentarse en cualquier tiempo y por lo tanto debe existir un
término razonable entre la ocurrencia de la vulneración o puesta en riesgo de los
derechos fundamentales del actor y la presentación de la demanda, en la medida
en que la naturaleza misma de este medio de defensa judicial no sólo tiene que
ver con la urgencia en la protección de las garantías constitucionales de una

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Corte Constitucional, sentencia T- 123 de 2007, M.P. Álvaro Tafur Galvis.
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persona, sino también con el respeto de la seguridad jurídica y de los derechos de
los terceros afectados.

En este orden de ideas, la inmediatez es más bien una condición que busca que la
acción se presente en un término razonable contado desde el momento en que se
tuvo conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales y no
un término de caducidad. Justamente, porque la acción de tutela es un medio
excepcional para la protección pronta y eficaz, es que se requiere que se ejerza en
un tiempo prudencial. Por ello, el presupuesto de la inmediatez constituye un
requisito para habilitar el estudio de fondo de la acción de tutela, pues se evita “el
uso de este mecanismo constitucional como herramienta que consienta la
negligencia o indiferencia de los actores, o que propicie la inseguridad jurídica.” 3

La jurisprudencia constitucional ha identificado cinco criterios orientadores para
que el juez de tutela pueda determinar4, en cada caso, si se ha cumplido con el
requisito de la inmediatez. Tales criterios se precisaron en la sentencia SU-391 de
20165, así: “(i) La situación personal del peticionario: debe analizarse la situación
personal del peticionario, pues en determinados casos esta hace desproporcionada la
exigencia de presentar la acción de tutela en un término breve; (ii) El momento en el
que se produce la vulneración: pueden existir casos de vulneraciones permanentes a
los derechos fundamentales. En estos casos, para analizar la inmediatez el juez de
tutela no debe contar el término desde el momento en el que la vulneración o
amenaza inició hasta la fecha de presentación de la tutela, sino que debe tomar en
cuenta el tiempo por el que esta se prolongó; (iii) La naturaleza de la
vulneración: existen casos donde se presenta un nexo causal entre el ejercicio
inoportuno de la acción de tutela y la vulneración de los derechos de los interesados.
De acuerdo con este criterio, el juez debe analizar si la demora en la presentación de
la tutela guarda relación con la situación de vulneración de derechos fundamentales
que alega el peticionario; (iv) La actuación contra la que se dirige la tutela: la
jurisprudencia constitucional ha señalado que el análisis de la inmediatez puede variar
dependiendo de la actuación que se identifica como vulneratoria de los derechos
invocados en la tutela. Específicamente, ha señalado que este análisis debe ser más
estricto tratándose de acciones de tutela contra providencias judiciales y (v) Los
efectos de la tutela: la Corte ha considerado que, aún si se encuentra un motivo que
justifique la demora en la interposición de la tutela, el juez debe tener en cuenta los
efectos que esta tendría en los derechos de terceros si se declarara procedente”6

Específicamente, en torno a la verificación de este presupuesto cuando la tutela
que se analiza está dirigida contra una providencia judicial, la Sala Plena de esta
Corporación mediante sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014 7
estableció, como regla general, que el mecanismo de amparo debe promoverse en
un plazo máximo de seis (6) meses contados a partir de la notificación o ejecutoria

3
Ibídem.
4
Ver al respecto: Corte Constitucional, sentencia SU 391 de 2016 M.P. Alejandro Linares Cantillo, sentencia
T-246 de 2015 M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez, sentencia T-594 de 2008 M.P. Jaime Córdoba Triviño ,
sentencia T-158 de 2006 M.P. Humberto Antonio Sierra Porto, sentencia T-1110 de 2005 M.P. Humberto
Antonio Sierra Porto, sentencia SU-961 de 1999 M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.
5
Corte Constitucional. M. P. Alejandro Linares Cantillo.
6
Ibídem.
7 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)

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de la sentencia o providencia objeto de reproche constitucional, límite temporal
que también ha sido acogido por la Corte Constitucional8.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante promovió acción de tutela con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales a la igualdad, a la vida digna, al mínimo vital, al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia, supuestamente vulnerados por
i) el auto de 1º de junio de 2018, mediante el cual el Juzgado Único Administrativo
del Circuito de Leticia libró mandamiento de pago, ii) el auto de 1º de junio de
2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección
“F” que lo confirmó, iii) el auto de 5 de noviembre de 2021, proferido por el
mencionado juzgado que obedeció y cumplió lo resuelto por el superior y iv) el
auto de 9 de mayo de 2022, en el que el tribunal accionado ordenó seguir adelante
con la ejecución, providencias todas proferidas en el marco del proceso ejecutivo
que el señor Pedro Kuyoteca Komeneetjano interpuso contra el departamento del
Amazonas, con el fin de que se pagaran a su favor las sumas dejadas de cancelar
por la actualización de la primera mesada pensional que se ordenó a su favor
mediante sentencia judicial.

En primera instancia, el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, por
sentencia de 12 de agosto de 2022 declaró improcedente la solicitud por
desatender los requisitos de procedibilidad de inmediatez y relevancia
constitucional, habida cuenta de que, declaró, en tanto la demandante centra su
inconformismo en la negativa de las autoridades judiciales a reconocer los
reajustes de las mesadas pensionales y su indexación, correspondía contabilizar
el término de 6 meses a partir del 15 de junio de 2021, fecha de notificación del
auto que confirmó el mandamiento de pago librado por el Juzgado Único
Administrativo del Circuito de Leticia, por lo que la solicitud de amparo radicada el
23 de junio de 2022, esto es, un año después de la notificación de la referida
providencia, se interpuso por fuera del término razonable.

Agregó que la solicitud de amparo también carece de relevancia constitucional,
toda vez que los argumentos planteados en esta instancia pretenden reabrir un
asunto que ya fue resuelto por el juez natural, en tanto los fundamentos del
recurso de apelación interpuesto contra el mandamiento de pago refieren los
mismos supuestos planteados en la solicitud.

En la impugnación, la accionante indicó que en el caso se debe flexibilizar el
requisito de la inmediatez, por cuanto se trata de una vulneración que permanece
en el tiempo, y que afecta a un sujeto de especial protección constitucional como
lo son los adultos mayores, como fue sostenido en la sentencia de tutela de 7 de
octubre de 2019 del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”.

4.2. Como quiera que fue la razón principal de la decisión de primera instancia y el
objeto de la impugnación presentada, la Sala debe verificar si la presente acción
de tutela cumple el requisito adjetivo de inmediatez, pertinente para la procedencia

8 T-031 de 2016, M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez y T-619 de 2019, M. P. Antonio José Lizarazo Ocampo.

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de la acción de tutela contra providencias judiciales.

Al respecto, la Sala, en concordancia con los argumentos expuestos por el a quo,
encuentra que en el caso el requisito de la inmediatez debe contabilizarse desde
la fecha en que se notificó el auto de 1º de junio de 2021, mediante el que el
tribunal accionado confirmó el mandamiento de pago librado por el Juzgado Único
Administrativo del Circuito de Leticia, esto es, el 15 de junio de 2021, en tanto a
partir de ese momento la accionante conoció las supuestas irregularidades del
mandamiento de pago, relacionadas con la falta de indexación, mes por mes, del
reajuste de la mesada pensional reconocido al señor Kuyoteca mediante
sentencia.

En este sentido, conforme con la copia del auto de 1º de junio de 2021, aportada
como prueba, la Sala observa que aquel se notificó mediante estado Nº 39
desfijado el 15 de junio de 2021, por lo que, en tanto la solicitud de amparo fue
promovida el 23 de mayo de 2022, transcurrieron once (11) meses y ocho (8)
días entre el momento de la notificación y el de la interposición de la acción
constitucional, término que desborda el límite establecido, por regla general,
jurisprudencialmente por la Sala Plena de esta Corporación y la Corte
Constitucional, como fue establecido por el a quo.

En el escrito de impugnación la actora adujo que en el caso el requisito de
procedibilidad de la inmediatez se debe flexibilizar por cuanto se trata de una
vulneración que permanece en el tiempo que afecta a un adulto mayor, sujeto de
especial protección constitucional.

Para la Sala dicho argumento no es de recibo, habida cuenta de que si bien se
observa que en la actualidad la accionante cuenta con 68 años de edad, no allegó
ninguna prueba al presente trámite tendiente a demostrar que se encuentra en
una situación de vulnerabilidad económica, o que exista alguna circunstancia que
le impidiera acudir al juez de tutela a presentar la solicitud dentro del término
prudencial, por lo que el mencionado requisito debe contabilizarse conforme con
las reglas generales.

Por el contrario, del expediente se observa que en el caso el departamento del
Amazonas asumió el pago de la condena impuesta en el proceso ejecutivo que
originó la controversia, lo que evidencia que la inconformidad de la accionante
está relacionada con el reconocimiento de unas sumas de dinero adicionales, lo
que desestima la vulnerabilidad económica alegada en la impugnación. A lo
anterior se agrega, como lo sostuvo la propia demandante en el escrito de
impugnación, que todos los meses percibe una mesada pensional9, lo que
desvirtúa una posible afectación de sus derechos fundamentales al mínimo vital y
a la vida en condiciones dignas.

En este sentido, la Sala no evidencia que este caso esté inmerso en alguno de los
supuestos que justificarían que se tuviera que analizar la inmediatez a partir de un

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Fue sustituida la pensión de jubilación por medio de la Resolución N° 1718 de 19 de octubre de
2020.
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momento diferente al de la notificación de la providencia de la cual se desprende
la vulneración iufundamental alegada, como lo estableció la Sala Plena del
Consejo de Estado en la de 5 de agosto de 201410.

Por lo demás, frente al argumento conforme con el cual “la concreción de la deuda
está reservada para la providencia que ordena seguir adelante con la ejecución,
que para el asunto fue proferida el 9 de mayo de 2022”, la Sala aclara que, como
se explicó, dicho parámetro no puede tenerse en cuenta para la contabilización del
término de la inmediatez en el caso, pues, conforme con los fundamentos de la
acción, fue a partir del mandamiento de pago y su confirmación que la accionante
evidenció las supuestas irregularidades que vulneran sus derechos
fundamentales, frente a las que “la concreción de la deuda” resulta irrelevante.

4.3. Se reitera que no siempre el simple transcurso del tiempo puede llevar al juez
a concluir que la tutela se ha presentado de forma tardía, toda vez que pueden
existir circunstancias especiales que no solo justifiquen que la acción de tutela no
se haya presentado en un término razonable, sino que demuestren que el hecho o
la omisión que vulnera el derecho fundamental sean permanentes, persisten en el
tiempo, y hacen que la violación sea siempre actual. En el presente caso, como se
indicó en el fallo impugnado, no se presentaron circunstancias especiales, y la
parte actora no manifestó motivos serios y fundados para justificar el retardo en la
interposición de la solicitud de amparo y así flexibilizar el requisito de la
inmediatez, por lo que el requisito se encuentra incumplido.

En este sentido la Sala despachará desfavorablemente los argumentos de la
impugnación y confirmará el fallo de primera instancia que declaró improcedente la
solicitud por falta del requisito general de procedibilidad de inmediatez, habida
cuenta de que la tesis expuesta en el escrito de tutela el accionante para efectuar
el conteo del requisito objetivo no es de recibo para excepcionar el requisito de la
inmediatez en alguno de los supuestos que ha indicado la jurisprudencia
constitucional y acogidos por esta Sección, que, por regla general, es de seis (6)
meses a partir del acto de notificación de la providencia, el cual se encuentra
ampliamente superado.

Sobre el particular, cabe agregar que la imposibilidad de controvertir
indefinidamente decisiones judiciales se cimienta en la protección de los principios
constitucionales de seguridad jurídica, cosa juzgada y autonomía judicial, cuya
garantía debe observarse igualmente en las acciones de tutela que se interpongan
contra decisiones judiciales.

Se insiste que cuando se cuestionan providencias judiciales dictadas en el marco
de las acciones o medios de control que se tramitan en la jurisdicción contencioso
administrativa, la oportunidad de la solicitud de amparo, por regla general, es de
seis (6) meses, que se determinan a partir del momento en que se notifica la
providencia acusada, pues la notificación supone que las partes tienen
conocimiento de las decisiones judiciales.

En conclusión, la acción de tutela fue presentada con desconocimiento del

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requisito de inmediatez y, en esa medida, se debe confirmar el fallo de primera
instancia que declaró improcedente la solicitud.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

RESUELVE:

Primero.- CONFÍRMASE la sentencia de 12 de agosto de 2022, dictada por la
Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, por las razones aquí
expuestas.

Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.

Cuarto.- REMÍTASE el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que
surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución
Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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