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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03419-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03419-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2022, proferida por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. 19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo de 2021, C.P. Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00641-00. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01 Accionante: John Jairo Mejía Carvajal Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03419-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: JOHN JAIRO MEJÍA CARVAJAL
Accionados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN
B Y OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – se
confirma el fallo impugnado – el mecanismo de amparo no satisface
el requisito de la inmediatez

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por la apoderada judicial de la accionante
en contra de la sentencia de 19 de agosto de 2022, proferida por la Subsección C
de la Sección Tercera del Consejo de Estado y a través de la cual se declaró
improcedente el amparo solicitado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano John Jairo Mejía Carvajal, por intermedio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo
vital y a la seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 27 de
noviembre de 2019 y de 9 de septiembre de 2021, proferidas, respectivamente, por
la Sala Cuarta Oral del Tribunal Administrativo del Meta y por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 50001-23-33-000-
2014-00174-00/02.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones
que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que, mediante Resolución No. 59368 de 4 de diciembre de 2008, la
extinta Caja Nacional de Previsión Social -Cajanal- le reconoció pensión de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

jubilación, la cual fue liquidada teniendo en cuenta los factores salariales
devengados durante los últimos 10 años al momento del retiro del servicio.

2.2. Indicó que, al no estar de acuerdo con la forma en que se liquidó su prestación
económica, promovió demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la UGPP.

2.3. Indicó que la Sala Cuarta Oral del Tribunal Administrativo del Meta, mediante
sentencia de 27 de noviembre de 2019, negó las pretensiones de la demanda.

2.4. Adujo que la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado,
mediante sentencia de 2 de diciembre de 2021, confirmó la decisión de primera
instancia, luego de considerar que el IBL de la pensión de vejez se debía liquidar
conforme lo dispone el artículo 21 de la Ley 100 de 1993.

2.5. Anotó que tiene a su cargo el cuidado de sus padres, quienes son adultos de la
tercera edad, padecen de múltiples enfermedades graves y no se encuentran
pensionados por ninguna entidad pública o privada, por lo que la negativa de las
autoridades judiciales accionadas en acceder a la reliquidación pensional afecta su
mínimo vital.

2.6. Afirmó que en las decisiones acusadas se incurrió en desconocimiento del
precedente y en defecto fáctico.

2.7. Advirtió que el presente mecanismo de amparo cumple con el requisito de la
inmediatez, bajo el entendido que la afectación de sus derechos fundamentales es
permanente y se mantiene en el tiempo y, además, que la decisión enjuiciada quedó
ejecutoriada en el mes de marzo de 2022.

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

«[…] 1. Solicito que se TUTELEN los derechos fundamentales a la igualdad
jurídica, al debido proceso y seguridad jurídica, a la seguridad social, al mínimo
vital y los demás que pudieran haberse conculcado al Sr. Jhon Jairo Mejía
Carvajal por parte de los despachos judiciales accionados al apartarse del
precedente jurisprudencial y haber incurrido en una vía de hecho; en razón y en
particular por las sentencias proferidas: en primera instancia por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL META SALA 4 ORAL respecto del fallo proferido el 27
de noviembre de 2019, donde se resolvió “Negar las suplicas de la demanda
(sin condena en costas) al considerar que el actor no es beneficiario del régimen
contenido en la ley 32 de 1986, porque a la entrada en vigencia de la ley 100
de 1993, contaba con 30 años de edad y menos de 15 años de servicios, por lo
que no se demostro haber acreditado los requisitos para ser beneficiario del
regimen de transición previsto en el decreto 2090 de 2003”. y en contra, de la
SALA DE LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B respecto del fallo proferido el 9 de septiembre de 2021, en el

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

proceso número 5001-33-33000- 2014-00174-00, al proferir sentencia de
segunda instancia donde resolvió: […]

2. Se DEJEN SIN EFECTOS: la sentencia de primera instancia proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META SALA 4 ORAL radicado 5001-33-
33000- 2014-00174-00) que negó las pretensiones de la demanda; así mismo
se DEJE SIN EFECTOS la sentencia proferida en segunda instancia SALA DE
LO CONSTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B, radicado 5001-33-33000- 2014-00174-02) donde ordeno
declarar la nulidad del Auto 2397 del 14 de febrero y la resolución 15548 del 8
de abril, ambos de 2013 para que fueran incluida la reliquidación pero
únicamente por nuevos tiempos desde el 27 de mayo de 1999 hasta el 27 de
mayo de 2009, donde reitera la liquidación sobre los 10 últimos años anteriores
al retiro del servicio de mi mandante y no sobre el último año.

3. Que, como consecuencia de revocar las sentencias de primera y segunda
instancia, proferidas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL META SALA4
ORAL y por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONSTENCIOSO
ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA SUBSECCIÓN B; se ORDENE, en el
proceso número radicado 5001-33-33000-2014-00174-00 y DICTE DECISIÓN
DE REEMPLAZO donde se declare la nulidad parcial de la Resolución No.
59368 del 4 de diciembre de 2008, No. RDP 015548 del 8 de abril de 2013 y
auto No. ADP 00297 del 14 de febrero de 2013 y se ORDENE a la UNIDAD
ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL- UGPP a
RELIQUIDAR la pensión del Sr. JOHN JAIRO MEJIA CARVAJAL sobre el 75 %
del promedio salarial de lo devengado en el último año de servicios desde el 28
de mayo de 2008 a 28 de mayo de 2009, teniendo en cuenta el artículo 96 de
la ley 32 de 1986, el artículo 45 del decreto 1045 de 1978, el acto legislativo 01
de 2005 y las normas más favorables en su caso como trabajador de alto riesgo
por haber ingresado al INPEC en 1987 desde antes que entrara en vigencia la
ley 100 de 1993 y el decreto 2090 de 2003 como han fallado en otros casos de
similares circunstancias y del mimo INPEC.

4. Se decrete el reconocimiento y pago de la pensión con todos los factores
salariales recibidos durante el último año de servicio, en especial el pago de la
prima de riesgo, prima de vacaciones, prima de navidad, prima de servicios,
prima de capa drago, prima de clima, de vigilancia y de instrucción y demás
prestaciones reclamadas en el libelo de la demanda. […]» (sic en toda la cita)

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Elmagistrado de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de
Estado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 5 de julio de
2022, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó
como tercero con interés directo en los resultados del proceso «[…] a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social (UGPP) […]».

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se
allegó el siguiente informe:

4

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

5.1. La UGPP, a través del subdirector de la defensa judicial pensional de la entidad,
rindió informe en el que advirtió que el presente mecanismo de amparo devenía en
improcedente por incumplimiento del requisito de procedibilidad atinente a la
inmediatez, dado que el mecanismo constitucional se presentó después de haber
transcurrido más de seis (6) meses desde la notificación de la providencia objeto de
censura.

5.2. Igualmente, expuso que no se cumplía con el requisito de la relevancia
constitucional, dado que la acción de amparo se estaba utilizando como una tercera
instancia, máxime cuando, en todo caso, las autoridades judiciales accionadas no
incurrieron en los defectos alegados.

VI. EL FALLO IMPUGNADO

6. Mediante sentencia de tutela de 19 de agosto de 2022, la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado declaró improcedente el amparo
solicitado por el accionante, luego de considerar que no satisfacía el requisito
general de procedibilidad atinente a la inmediatez, en tanto que el mecanismo
constitucional se promovió después de haber transcurrido más de seis (6) meses
desde que se notificó la decisión enjuiciada.

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

7. El
accionante, por conducto de apoderada judicial, impugnó la sentencia de
primera instancia, argumentando que el presente mecanismo constitucional sí
cumple con el requisito de la inmediatez por las siguientes razones:

8. En primer lugar, señaló que el juez de primera instancia no tuvo en cuenta para
determinar la inmediatez en su caso concreto que «[...] el 17 de diciembre de 2021
salieron a vacancia judicial y se están contando quince (15) días hábiles que esta
corporación no atendía, ni recibía tutelas; por ende se deben contar bien los
términos para que se haga el estudio de la presente acción de tutela [...]».

9. Por lo anterior, aseguró «[...] no se podía en ese momento interponer la acción de
tutela contra esta corporación en vacancia judicial y se le daría un trato desigual a
mi mandante el contabilizarle unos términos que por cierre de esta instancia en ese
momento sean contabilizados para efectos procesales; de tal manera que si al
revisar los términos en que duro la vacancia judicial y contando los quince (15) días
hábiles estaríamos en términos de ley para que se abra el estudio de la presente
acción [...]».

10. Como segunda medida, expuso que la vulneración de sus derechos
fundamentales permanece en el tiempo, en tanto se trata de una prestación
periódica, por lo que, en su criterio, «[...] la afectación se mantendrá mes a mes en
la mesada pensional de mi mandante que afecta su mínimo vital ya que no cuenta

5

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

con otra fuente de ingresos y reitero sus padres adultos mayores dependen
económicamente de mi representado y su madre cuenta con enfermedades
degenerativas y los ingresos que percibe a través de su mesada pensional no
cubren las necesidades básicas que debe mantener en su hogar, afectando de
manera notable y ostensible, su mínimo vital [...]».

11. Por todo lo anterior, la parte impugnante solicitó revocar el fallo impugnado y que,
como consecuencia de ello, se amparen los derechos fundamentales invocados.

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia de la Sala

12. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
de conformidad con lo establecido en el artículo 32 del Decreto Ley 2591 del 19 de
noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069
de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de
noviembre de 20173.

VIII.2. Problemas jurídicos

13. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado, modificado o revocado4, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si las sentencias aquí enjuiciadas vulneraron los
derechos fundamentales invocados por la parte accionante, al haber
incurrido, supuestamente, en defecto fáctico y en desconocimiento del
precedente.

14. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia
de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a
(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y
cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

1
"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".
2
"Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho".
3
“Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

6

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

15. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

16. Ahorabien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

17. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

18. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución 7.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

5
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
6
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
7
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.
Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»

7

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «[…] dejar sin efecto o modular la decisión […]»8 que se encaje en
dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. El caso concreto

22. El ciudadano John Jairo Mejía Carvajal, por intermedio de apoderada judicial,
presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos
fundamentales a la igualdad, al debido proceso, a la seguridad social, al mínimo
vital y a la seguridad jurídica, cuya vulneración le atribuyó a las sentencias de 27 de
noviembre de 2019 y de 9 de septiembre de 2021, proferidas, respectivamente, por
la Sala Cuarta Oral del Tribunal Administrativo del Meta y por la Subsección B
de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 50001-23-33-000-
2014-00174-00/02.

23. El juez de primera instancia declaró improcedente el presente mecanismo de
amparo, luego de considerar que no cumplía con el requisito de la inmediatez.

24. La impugnante enfatizó que su mecanismo de amparo sí cumple con el requisito
de la inmediatez: (i) teniendo en cuenta que se contabilizó el período de la vacancia
judicial, cuando resultaba imposible radicar la acción de tutela para esa época, y (ii)
dado que la vulneración de los derechos fundamentales permanece en el tiempo,
por tratarse de una prestación económica periódica.

25. En este contexto, valga señalar que la acción de tutela no tiene un plazo
específico para su interposición; sin embargo, la Corte Constitucional ha precisado
que el requisito de inmediatez exige que: «[…] la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración9. De
lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años

8
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
9
Ver entre otras, Sentencia T-315 de 2005.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y
seguridad jurídica […]»10.

26. Al respecto, la jurisprudencia constitucional11, ha señalado lo siguiente:

[…] En el caso específico de tutelas contra providencias judiciales, el requisito
de inmediatez adquiere una connotación aún más precisa y exigente, pues el
carácter excepcional de esta figura obedece precisamente a la necesidad que
existe de conciliar la protección de derechos fundamentales con los principios
constitucionales de seguridad jurídica y autonomía judicial, que podrían
comprometerse si la tutela contra providencias judiciales se convierte en
práctica generalizada. De ahí que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional haya sido particularmente reiterativa en considerar que el
principio de inmediatez es particularmente importante cuando se trata de
examinar la procedencia de tutelas contra providencias judiciales. En la
citada sentencia C-590 de 2005, se afirmó que “de permitir que la acción de
tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre
todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las
desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de
conflictos” […]12.

27. Igualmente, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, señaló que, en
tratándose de acciones contra de providencias judiciales, el plazo considerado
como razonable era el de seis (6) meses, contados a partir de la notificación de la
decisión judicial objeto de tutela. Ello con sustento en el siguiente raciocinio:

[…] Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la
protección pronta y eficaz de tales derechos, se requiere que la acción se
ejerza en un tiempo razonable, prudencial, requisito que garantiza la
realización del principio de seguridad jurídica y, por ende, el de la cosa
juzgada, al asegurar que la decisión judicial alcance el grado de certeza
material, que la hace definitiva e inmutable.

[...]

Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del
acto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los
recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela
judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge,
además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como
razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de
una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]13. (negrillas
del despacho)

10
Sentencia C-590 de 2005, T-743 de 2008, T-343 de 2012.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-739 de 2010.
12
Ibidem.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 5 de agosto de 2014, expediente 11001-03-
15-000-2012-02201-01, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

28. La jurisprudencia constitucional14 ha establecido excepciones a la aplicación del
presupuesto de inmediatez, las cuales deberán demostrarse y justificarse por el
accionante en cada caso particular15, así:

[…] La acción de tutela sería procedente cuando fuere promovida transcurrido
un extenso espacio entre el hecho que generó la vulneración, siempre que: i)
exista un motivo válido para la inactividad de los accionantes, por ejemplo, el
estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de edad, incapacidad
física, entre otros; ii) la inactividad injustificada vulnere el núcleo esencial de
los derechos de terceros afectados con la decisión; iii) exista un nexo causal
entre el ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de
los interesados; o iv) cuando se demuestre que la vulneración es permanente
en el tiempo y que, pese a que el hecho que la originó es muy antiguo respecto
de la presentación de la tutela, la situación desfavorable del actor derivada del
irrespeto por sus derechos, continúa y es actual […]16.

29. Precisado lo anterior, la Sala pone de presente que, para determinar si la
presente acción de tutela satisface el requisito general de procedibilidad atinente a
la inmediatez, se debe tener en cuenta la fecha de notificación de la sentencia de
9 de septiembre de 2021, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda
del Consejo de Estado. Ello en razón a que la jurisprudencia tanto de esta
Corporación como de la Corte Constitucional -previamente citadas- sostiene que el
plazo razonable se contabiliza partir de la fecha en que se notifique la providencia
acusada por vía de tutela.

30. Con fundamento en la anterior premisa, en el caso de autos se tiene que la
providencia aquí enjuiciada se notificó el 26 de noviembre 202117, y la acción de
tutela se recibió, vía electrónica, el 24 de junio de 202218, lo que significa que el
mecanismo de amparo se promovió seis (6) meses y veintiocho (28) días después
del momento en que se tuvo conocimiento de la decisión judicial; plazo que, sin
lugar a duda, no resulta razonable.

31. Sumado a lo anterior, es de resaltar que los argumentos expuestos por la parte
actora tendiente a justificar la tardanza en la presentación de la presente acción de
tutela carecen de vocación de prosperidad, por las siguientes razones:

31.1. El accionante no puede pretender que se deje de contabilizar el término que
transcurrió por el período de la vacancia judicial, por cuanto el plazo no feneció para
esa fecha, de tal manera que la tardanza en la presentación de la acción de tutela
no puede ser considerado como consecuencia del cese de actividades en la Rama
Judicial.

14
Sentencia T-584 de 2011.
15
Sentencia T-695 de 2017 de la Corte Constitucional. Cfr. Sentencia de Unificación proferida por la Sala Plena del Consejo
de Estado el 5 de agosto de 2014. Exp. 2012-02201-01 (IJ).
16
Sentencia T-246 de 2015, Corte Constitucional.
17
Tal como se advierte del índice 21 del aplicativo Samai del expediente objeto de tutela.
18
Tal como se advierte de los documentos contenidos en el índice 1 del aplicativo Samai.

10

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

31.2. En cuanto al hecho consistente en que la vulneración de los derechos
fundamentales persiste en el tiempo, por tratarse de una prestación económica
periódica, debe advertirse que tal circunstancia no significa que automáticamente
se omita el examen del requisito de la inmediatez, simplemente se atenúa su
rigurosidad, siempre y cuando la parte accionante demuestre, además de lo
expuesto, que padece de una situación de especial vulnerabilidad,19 o que se
encuentra en un estado de indefensión, interdicción, abandono, minoría de
edad o incapacidad física; circunstancias que claramente no se presentan en el
caso de que nos ocupa.

32. En este contexto, cabe recordar que, aunque es cierto que excepcionalmente
se tiene por satisfecho el requisito de la inmediatez pese a que se haya ejercido la
acción constitucional por fuera del término de seis (6) meses, la realidad es que
dicha habilitación se encuentra fundada en circunstancias reales que
imposibilitaban al extremo accionante acudir a la administración de justicia para
solicitar la protección de los derechos fundamentales que estimaba vulnerados.

33. Así las cosas, y comoquiera que no se justificó la tardanza en la presentación del
mecanismo de amparo de la referencia y tampoco se cumplen los presupuestos
para acceder a la aplicación de la sentencia SU-354 de 2017, dictada por la Corte
Constitucional, la Sala considera que, en el presente asunto, no se cumple con el
requisito de la inmediatez. Por tanto, se confirmará el fallo impugnado que declaró
su improcedencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 19 de agosto de 2022, proferida por la
Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las
consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria, de conformidad con
el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

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Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 26 de marzo de 2021, C.P.
Nubia Margoth Peña Garzón, radicación número: 11001-03-15-000-2021-00641-00.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03419-01
Accionante: John Jairo Mejía Carvajal

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente Ausente en comisión

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley. P(18)

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