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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03420-02

Fecha
21 de octubre de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03420-02

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

R E S U E L V E: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03420-02

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

21 de octubre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintiuno (21) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Accionante: María del Carmen Martínez Zambrano
Accionado: Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y otros
Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA PARA LA PROTECCIÓN DE FUERO DE MATERNIDAD /
Medida de protección consistente en el pago de cotizaciones a la seguridad social hasta que
se garantice el pago de la licencia de maternidad / Improcedencia para obtener el reintegro
o reubicación.

Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por la señora María del Carmen
Martínez Zambrano en contra de la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado mediante la cual se resolvió:

<< (…) Segundo.- AMPÁRANSE los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital,
a la salud y a la seguridad social de la señora María del Carmen Martínez Zambrano. En
consecuencia,

Tercero.- ORDÉNASE al Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Santa
Marta que, si no lo ha hecho, proceda de inmediato a efectuar el pago de los aportes al sistema
de seguridad social en salud en los términos precisados en la Resolución No. DESAJSMR22-
602 de 8 de julio de 2022, “Por medio de la cual reconoce pago de aportes a seguridad social
a MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ZAMBRANO en virtud de Licencia de Maternidad”.

Cuarto.- NIÉGANSE las demás pretensiones de la acción de tutela, por las razones aquí
expuestas.

Quinto. – NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo
dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Sexto.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Séptimo.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela
a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo
86 de la Constitución Política>> (Negrilla propia del texto original).

I. ANTECEDENTES

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 14 de junio de 2022, la señora María del Carmen Martínez Zambrano, promovió
demanda de tutela contra el Consejo Superior de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta y el Juzgado

1

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santa Marta, con el
fin de que se protejan sus derechos fundamentales al trabajo, a la igualdad, al
mínimo vital, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada y al fuero de
maternidad. Adujo que dichas prerrogativas fueron vulneradas por las entidades
estatales demandadas al haberla desvinculado del cargo de Oficial Mayor del
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Santa
Marta que ocupaba en provisionalidad, aun cuando se encontraba en estado de
embarazo. Además, alega que las accionadas le negaron la posibilidad de ser
reubicada en otro cargo de la misma categoría.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente1:

<<De conformidad con los hechos expuestos, solicito respetuosamente a usted Señor Juez,
se amparen mis derechos constitucionales fundamentales al trabajo, a la igualdad, al mínimo
vital, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada y al fuero de maternidad y, en
consecuencia, se ordene a las entidades accionadas que dentro del término de cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la emisión del fallo: (i) me reintegren y estudien la posibilidad de
ser reubicada en otro lugar de trabajo en el cargo de Oficial Mayor de un Juzgado Municipal;
(ii) se ordene al pago de los salarios dejados de percibir desde que fui desvinculada del cargo
de Oficial Mayor del Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías
de Santa Marta hasta que se produzca mi reintegro; (iii) se ordene de manera retroactiva e
ininterrumpida efectuar los aportes al sistema de salud posterior a mi desvinculación laboral, y
se realice inmediatamente la movilidad en mi estado de afiliación del régimen subsidiado al
régimen contributivo; y (iv) se ordene la aplicación de las medidas de protección necesarias y
correspondientes, con el fin de garantizar de manera plena mis derechos fundamentales y los
de mi hijo que está por nacer>>.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada, de
las pruebas allegadas y de lo expuesto por la accionante se tiene, que:

3.1.- Mediante el Acta de Posesión No. 56 y el Decreto No. 118 de 16 de enero de
2021, se nombró a la señora María del Carmen Martínez Zambrano en el cargo de
Oficial Mayor en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Función de Control de
Garantías de Santa Marta, en provisionalidad.

3.2.- El 2 de noviembre de 2021, la actora notificó sobre su estado de embarazo al
área de Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta, a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena y al Juez Cuarto Penal Municipal con Función de Control
de Garantías donde laboraba, a fin de que se tomaran las medidas de protección
que se consideraran pertinentes.

3.3.- Alegó que, el 3 de noviembre de 2021, recibió respuesta del Presidente del
Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena, en la que se le informó que era
el juez nominador el que debía “respetar la estabilidad laboral reforzada en virtud de
la jurisprudencia de la materia que protege la maternidad” 2 . Adujo que dicha
respuesta fue reiterada mediante oficio del 10 de febrero de 20223.

1 Expediente digital, folios 4 y 5 del escrito de tutela.
2 Expediente digital, folio 44 del escrito de tutela y sus anexos.
3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

3.4.- Expuso que, al advertir que estaban posesionándose los ganadores del
concurso de méritos de la Rama Judicial para proveer cargos de oficial mayor o
sustanciador en juzgados municipales, acorde con la lista de elegibles contenida en
el Acuerdo No. CSJMAA21-123 de 2021, el 1° de diciembre de dicha anualidad,
presentó escrito al Consejo Seccional de la Judicatura del Magdalena y al área de
Talento Humano de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Santa Marta, en el que informó tener 9 semanas de gestación, ser madre soltera y
estar en peligro de sufrir un perjuicio irremediable derivado de su inminente
desvinculación, por lo que, más allá del reconocimiento y pago de los respectivos
aportes a seguridad social en salud, en atención a que el salario percibido era su
única fuente de ingresos, pidió estudiar la posibilidad de ser reubicada en otro
despacho judicial.

3.5.- Manifestó que, mediante Resolución No. 119 del 7 de diciembre de 2021, el
Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa
Marta nombró al señor Adalberto Rubén Moncada Rivadeneira para desempeñar el
cargo de oficial mayor en propiedad, quien se posesionó el 10 de febrero de 2022.
A su vez, señaló que en el mismo acto administrativo, en atención a su estado de
embarazo, el despacho nominador exhortó al Consejo Seccional de la Judicatura
del Magdalena para que: (i) garantizara que la accionante contara “con su afiliación
en el sistema de seguridad social y sus beneficios por su estado de gestación, luego
de quedar cesante por la provisión del cargo”; y, (ii) estudiara la posibilidad de
reubicar a la señora Martínez Zambrano “en aras de garantizar su estabilidad laboral
reforzada por embarazo” 4 . Sin embargo, alegó que el Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena no adoptó ninguna medida de protección a su favor.

3.6.- La accionante aseguró que las entidades involucradas guardaron silencio ante
la solicitud de reubicación laboral, por lo que, el 13 de enero de 2022, reiteró dicha
petición, informando además que ya tenía 15.4 semanas de gestación y debía hacer
entrega del cargo el 17 de enero de 20225.

3.7.- El 19 de enero de 2022, el presidente del Consejo Seccional de la Judicatura
del Magdalena dio respuesta a la solicitud presentada por la actora indicándole que
no está dentro de sus competencias estudiar y decidir la posibilidad de ser reubicada
en otro despacho judicial6.

3.8.- A continuación, expuso que el 31 de mayo de 2022 informó a las entidades
demandadas que su fecha probable de parto era entre el 27 al 30 de junio siguientes.
Así, manifestó que teniendo la convicción de que las accionadas estaban estudiando
las medidas a adoptar para la protección de sus derechos, se sorprendió al ser
notificada el 6 y 7 de junio de 2022 por la EPS Mutual Ser que, dada su
desvinculación pasó de ser afiliada del régimen contributivo al subsidiado desde el

4 Expediente digital, folio 87 del escrito de tutela y sus anexos.
5 Expediente digital, folio 48 del escrito de tutela y sus anexos.
6 Igualmente, precisó que, si bien es cierto para dicha fecha “se [venían] adelantando las etapas correspondientes

a la convocatoria No. 4” del concurso de la Rama Judicial y para el despacho en el cual laboraba se encontraba
en firme la lista de elegibles para proveer su cargo, “es deber del nominador de conformidad con lo establecido
en la sentencia de unificación CC SU-05-2018, la cual reiteró los criterios señalados en la sentencia CC SU070-
2013, dentro de los cuales se desarrolla la protección reforzada de la maternidad en toda relación laboral o
prestacional” (expediente digital, folio 90 del escrito de tutela y sus anexos), buscar una solución armónica que
garantizara la protección de sus derechos fundamentales.
3

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

10 de abril de 2022, pues no se realizaron más aportes a nombre suyo al Sistema
de Seguridad Social en Salud.

4. Como fundamento de derecho de su pretensión de amparo, indica que las
autoridades demandadas desconocieron sus derechos fundamentales al trabajo, a
la igualdad, al mínimo vital, al debido proceso, a la estabilidad laboral reforzada y al
fuero de maternidad, puesto que fue desvinculada laboralmente en desconocimiento
de su condición de sujeto de especial protección en razón a su estado de gestación
y ser madre cabeza de familia, cuya única fuente de ingresos era el salario percibido
al trabajar para la Rama Judicial.

4.1.- Sobre el particular, refirió que desde que fue desvinculada ha “padecido
muchas dificultades económicas”7 que repercutieron ostensiblemente en su estado
de salud, sin poder llevar una vida en condiciones dignas para ella y su hijo pues no
cuenta con ingresos adicionales para sufragar sus necesidades básicas. En
consecuencia, relató que ha solicitado “préstamos informales, a altas tasas de
interés, para sufragar deudas y compromisos financieros, con el agravante que dicha
desvinculación trajo consigo la movilidad en [su] afiliación en salud, la cual cambio
del régimen contributivo al régimen subsidiado”8.

4.2.- Seguidamente, afirmó que no hay justificación alguna para que las entidades
demandadas no hayan tomado ninguna medida de protección a su favor, pues
desde el 2 de noviembre de 2021 informó debidamente sobre su estado de gestación
e incluso, el juez nominador en la Resolución No. 119 de 2021 exhortó al Consejo
Seccional de la Judicatura del Magdalena, para que, dando cumplimiento a lo
dispuesto en la sentencia SU-075 de 2018 proferida por la Corte Constitucional, se
garantizara la continuación de su afiliación en salud y se estudiara la posibilidad de
ser reubicada laboralmente.

4.3.- Con todo, citó lo dispuesto en la sentencia T-464 de 2019, en la que la Corte
Constitucional determinó que, al estar ocupado un cargo en provisionalidad por un
sujeto de especial protección como lo es una mujer en estado de embarazo, es
necesario que antes de nombrar a quien gane el respectivo concurso de méritos, se
tomen las medidas necesarias para garantizar que será una de las últimas personas
en ser desvinculada o si es posible, reintegrarla en cargo de igual o similar jerarquía.
A su vez, expuso que la Sección Quinta del Consejo de Estado, en sentencia de
tutela del 1° de junio de 20179, determinó que era posible reconocer a favor de la
gestante el pago de manera retroactiva e ininterrumpida, de los aportes al Sistema
General de Seguridad Social en Salud correspondientes al periodo de gestación
posterior a la terminación de su vínculo laboral y hasta tres meses después del parto,
con el propósito de que se le garantice a futuro el reconocimiento y disfrute efectivo
del derecho a la licencia de maternidad.

B. Trámite procesal y contestación de la demanda

5.- La Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió la acción de tutela interpuesta
por la accionante, notificando de su presentación al Consejo Superior de la

7 Expediente digital, folio 4 del escrito de tutela.
8 Ídem.
9 Rad. 05001-23-33-000-2017-00849-01.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, al Consejo Seccional de
la Judicatura del Magdalena y al Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Santa Marta, y vinculó a la EPS Mutual Ser y al señor
Adalberto Rubén Moncada Rivadeneira, como terceros interesados en las resultas
del proceso. Seguidamente, negó la medida provisional solicitada por la actora10.

(i) Unidad de Administración de la Carrera Judicial del Consejo Superior de la
Judicatura11

6.- Solicitó desvincular a la entidad del presente asunto ante su falta de legitimación
por pasiva, pues reiteró que la decisión sobre los nombramientos de los empleados
de los despachos judiciales y las decisiones sobre estabilidad laboral reforzada,
corresponden al juez titular del despacho, sin que el Consejo Superior de la
Judicatura, representado por dicha Unidad, tenga o pueda tener injerencia alguna.
Igualmente, adujo que la falta de legitimación por pasiva se justifica en las
pretensiones de la acción de tutela y en que la entidad no es la llamada a darles
cumplimiento. Igualmente, indicó que no es la responsable de ordenar el gasto para
pago de salarios y aportes a seguridad social, pues ello es competencia de la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta.

6.1.- A su vez, manifestó que acorde con lo dispuesto por el Consejo Superior de la
Judicatura en el Acuerdo No. 756 de 2000, no es procedente la solicitud de
reubicación laboral de la accionante.

6.2.- Finalmente, pidió que, en caso de no accederse a la desvinculación de la
entidad, se declare improcedente el amparo o en todo caso, se nieguen las
pretensiones de la demanda, dado que el Consejo Superior de la Judicatura no
amenazó o vulneró de forma alguna los derechos fundamentales de la señora
Martínez Zambrano.

(ii) Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta

7.- El apoderado de la entidad pidió declarar la improcedencia de la acción de tutela,
toda vez que, en el caso concreto se configuró la carencia actual de objeto por hecho
superado, pues en virtud de sus competencias, profirió la Resolución No.
DESAJSMR-602 del 8 de julio de 202212, notificada ese mismo día a la accionante
vía correo electrónico, y en la que se ordenó el pago de los aportes a la seguridad
social en salud desde el 10 de febrero de 2022 hasta la fecha de finalización de su
licencia de maternidad, siguiendo lo dispuesto en la sentencia SU-075 de 2018.

10 La accionante pidió que se ordenara a las entidades demandada efectuar de manera retroactiva e
ininterrumpida el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud posteriores a su desvinculación
laboral e igualmente, que se conminara a la EPS Mutual Ser a que realizara inmediatamente el cambio de su
afiliación del régimen subsidiado al contributivo. Sin embargo, la Magistrada sustanciadora de la decisión de
primera instancia negó la medida, al considerar que, prima facie, analizado lo expuesto en el escrito de tutela no
se advirtió circunstancia alguna que demostrara la violación o amenaza seria y real de los derechos
fundamentales invocados, así como tampoco que existiera riesgo inminente de causarse un perjuicio
irremediable. Además, se indicó que conceder las medidas implicaba un estudio de fondo del asunto el cual
debía surtirse al dictarse sentencia.
11 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.
12 “Por medio de la cual reconoce pago de aportes a seguridad social a MARIA DEL CARMEN MARTINEZ

ZAMBRANO en virtud de licencia de maternidad”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

7.1.- Seguidamente, sobre la realización de los referidos pagos a favor de la
accionante, explicó que cada Dirección Seccional, a fin de cubrir los gastos generales
y de personal que le corresponde sufragar, mensualmente debe realizar un
procedimiento liderado por el Área Financiera que es la encargada de solicitar el PAC
a la Dirección Ejecutiva (Nivel Central), con fundamento en todas las proyecciones
que hacen las demás áreas sobre gastos de personal y generales, para que la
Dirección Ejecutiva gestione ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público la
consecución de dichos recursos. Una vez, esa cartera ministerial asigne el PAC, el
Área Financiera procede a obligar el compromiso (gasto de personal y general) a
esos recursos para que se proceda al pago de cada obligación.

7.2.- Ahora bien, en lo referente a la pretensión de reintegro laboral, aseveró que esta
no es procedente, puesto que, acorde con lo dispuesto por el Departamento de la
Función Pública en el Concepto No. 108461 de 2020, cuando hay un cargo ocupado
en provisionalidad por una trabajadora embarazada y este se debe proveer en
propiedad, puede darse por terminado su nombramiento, siendo este uno de los
últimos en asignarse y, en todo caso, se deberá pagar a la mujer gestante la
protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de
maternidad.

7.3.- Finalmente, aseveró que la accionante puede acudir a la jurisdicción
contencioso administrativa a debatir lo referente al acto administrativo mediante el
cual se nombró a otra persona en el cargo que aquella ostentaba en el despacho
nominador. Además, aseguró que a la accionante no le asiste razón en afirmar que
tiene derecho a permanecer en el cargo de oficial mayor que ocupa desde enero del
2021, pues prevalece el derecho de quien ganó el concurso de méritos respectivo,
toda vez que los cargos en provisionalidad tienen una protección relativa.

(iii) María del Carmen Martínez Zambrano

8.- En el trámite de primera instancia, la accionante presentó escrito adicional
exponiendo que su hijo nació el 23 de junio de 2022 y le fueron otorgados 127 días
de incapacidad por maternidad. A su vez, reiteró que su situación económica era
precaria, pues no contaba con los recursos suficientes para solventar los gastos de
su congrua subsistencia y la de su hijo.

8.1.- Posteriormente, los días 14 y 27 de julio de 2022, presentó nuevos memoriales
en los que manifestó que, si bien la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial del Magdalena aseguró que en el presente caso debía declararse
improcedente el amparo solicitado, toda vez que mediante la Resolución
DESAJSMR22-692 de 2022, había ordenado el pago de los aportes a seguridad
social dejados de cancelar desde su desvinculación laboral hasta la finalización de
su licencia de maternidad, lo cierto es que, para esa fecha, la entidad no había
realizado ningún aporte, motivo por el cual seguía desprotegida junto con su hijo
recién nacido13.

13 Allegó certificaciones expedidas por la EPS Mutual Ser en las que se indica que, en su base de datos, tiene

la calidad de madre cabeza de familia.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

(iv) Otras intervenciones

9.- La Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, el Consejo Seccional de la
Judicatura del Magdalena, el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de
Control de Garantías de Santa Marta, la E.P.S. Mutual Ser y el señor Adalberto
Rubén Moncada Rivadeneira, guardaron silencio.

C. Sentencia de primera instancia

10.- Mediante sentencia de 4 de agosto de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado, amparó los derechos fundamentales a la vida digna, al mínimo vital, a la
salud y a la seguridad social de la señora Martínez Zambrano, y
consecuencialmente, ordenó al Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta que, si no lo había hecho, procediera a efectuar
inmediatamente el pago de los aportes al sistema de seguridad social en salud en
los términos previstos en la Resolución No. DESAJSMR22-602 de 2022, negando
las demás solicitudes de la demanda.

10.1.- Para empezar, no accedió a las pretensiones relacionadas con el reintegro y
el pago de los salarios y prestaciones dejadas de percibir, al considerar que la
desvinculación del cargo que la actora ocupaba en provisionalidad no fue producto
de una discriminación de orden subjetivo debido a su embarazo, sino que obedeció
a una justa causa, legítima y razonable, esto es, el nombramiento en propiedad de
quien superó el respectivo concurso de méritos.

10.2.- Seguidamente, indicó que en casos como el que se analiza, acorde con la
jurisprudencia constitucional, cuando se debe proveer el cargo de una mujer
embarazada nombrada en provisionalidad, lo procedente es que se paguen las
prestaciones sociales que garanticen el pago de la licencia de maternidad. No
obstante, acorde con lo informado por la accionante, desde su desvinculación la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Santa Marta no ha
efectuado los pagos al sistema de seguridad social en salud, situación que se
constató con copia del correo electrónico de 6 de junio de 2021 en el que la EPS
Mutual Ser informó a la señora Martínez Zambrano que a partir del 10 de abril de
2022, pasó a estar afiliada en salud a través del régimen subsidiado.

Por ende, al no reposar prueba adicional en el expediente que demostrara que en
efecto la entidad accionada hizo los respectivos aportes, concluyó que no podía
declararse la carencia actual de objeto por hecho superado y sostuvo que la falta de
pago de los aportes desconocía lo dispuesto en la sentencia SU-075 de 2018.
Además, dicha omisión en el pago de los aportes vulneraba los derechos a la vida
digna, al mínimo vital, a la salud y a la seguridad social de la accionante, pues se le
impedía gozar de la cobertura en salud requerida y obtener el reconocimiento de la
licencia de maternidad. Por tanto, estimó procedente el amparo en este aspecto.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

D. Incidentes de desacato

11.- El 17 de agosto de 2022, la señora María del Carmen Martínez promovió
incidente de desacato contra la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta por incumplimiento del fallo de 4 de agosto de 202214.

11.1.- Mediante auto del 15 de septiembre de 2022, la Sección Cuarta del Consejo
de Estado, se abstuvo de dar apertura al incidente de desacato presentado por la
señora María del Carmen Martínez, declaró el cumplimiento de la sentencia de tutela
del 4 de agosto de 2022, e instó al Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Santa Marta o a quien haga sus veces, para que, acorde con lo dispuesto
en el artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012, adelantara ante la EPS Mutual Ser
el trámite de reconocimiento de la licencia de maternidad a favor de la señora María
del Carmen Martínez Zambrano. Así mismo, dispuso que debía continuar dando
cumplimiento a lo ordenado en el fallo de tutela de primera instancia, es decir, seguir
efectuando el pago de los aportes a seguridad social correspondientes hasta que la
demandante tenga derecho a la licencia de maternidad15.

11.2.- El 30 de septiembre de 2022, la señora María del Carmen Martínez Zambrano
promovió un nuevo incidente de desacato, esta vez contra la EPS Mutual Ser. Al
respecto, indicó que la Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de
Santa Marta efectuó a su favor los respectivos aportes en el Sistema de Seguridad
Social en Salud, pero la EPS a la que se encuentra afiliada no le ha pagado la licencia
de maternidad respectiva, por lo que solicitó información sobre el particular sin
obtener respuesta alguna.

E. Impugnación.

12.- La accionante recurrió la decisión del a quo. Reiteró que, si bien su
desvinculación se dio en razón a una justa causa, esto es, el nombramiento de quien
superó el respectivo concurso de méritos, el juez de primera instancia pasó por alto
que la Corte Constitucional ha determinado que, en casos como el que se analiza,
en los que se debe desvincular a un sujeto de especial protección, debe estudiarse
la posibilidad de nombramiento en otro lugar de trabajo de igual o similares
características al que venía desempeñando. Expuso que, a la fecha de interposición
de la impugnación, las entidades accionadas no habían realizado “ninguna acción

14
En concreto, señaló que, para dicha fecha, la entidad no había efectuado a su favor el pago de los aportes
reconocidos al sistema general de seguridad social en salud. Por ende, pidió sancionar al Director Ejecutivo
Seccional con 6 meses de arresto y multa de 20 SMMLV.
15 Sobre el particular, el a quo tuvo en cuenta que el 30 de agosto de 2022 el apoderado de la Dirección

demandada manifestó que se dio cumplimiento al fallo de tutela, pues el 16 de agosto de 2022 efectuó el pago
de los aportes a prestaciones sociales correspondientes a los meses de febrero a julio de 2022. A su vez, expuso
que en esa misma fecha la actora alegó que la violación de derechos se mantenía pues según lo informado por
Mutual Ser EPS estaba pendiente que la Dirección Ejecutiva Seccional realizara la solicitud de transcripción y
posterior pago de la licencia de maternidad. Sin embargo, concluyó que, contrario a lo manifestado por la
accionante, la entidad accionada “al efectuar el pago de los aportes al sistema de seguridad social
correspondientes a los meses de febrero a julio de 2022, dio cumplimiento a la orden de tutela contenida en la
sentencia de tutela de primera instancia... Lo anterior, teniendo en cuenta que la orden dada consistió en que se
efectuaran los pagos al sistema de seguridad social sin que el alcance de la misma abarcara el trámite posterior
de pago de la licencia de maternidad”.
No obstante, precisó que la entidad demandada debía seguir efectuando el pago de los aportes correspondientes
hasta la fecha de terminación de la licencia de maternidad, es decir, “aun resta el pago de los meses de agosto,
septiembre y octubre de 2022, si se tiene en cuenta que el alumbramiento tuvo lugar el 23 de junio de 2022”.

8

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

donde se estudie la posibilidad para ser nombrada en un cargo igual o equivalente
al que ocupada en el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de
Garantías de [Santa Marta], más grave aún, evidenciándose tal situación, el juez de
instancia solo se limitó a estudiar la procedencia en el pago de las prestaciones
sociales que garantice la licencia de maternidad remunerada”. Por demás, aludió
nuevamente a su condición de madre cabeza de familia y puso de presente la
ausencia de ingresos adicionales para sufragar los gastos de subsistencia propios y
de su hijo recién nacido.

II. CONSIDERACIONES

F. Competencia

13.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada, en virtud
de lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199116.

G. Análisis del caso concreto

14.- Le corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca el fallo
impugnado, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que negó el
amparo solicitado en la demanda, en lo relacionado con el nombramiento en otro
lugar de trabajo de igual o similares características al que venía desempeñando.

15.- En el caso objeto de estudio, la accionante manifiesta su inconformidad con la
decisión recurrida al estimar que, si bien se reconoció a su favor el pago de los
aportes a seguridad social en salud hasta la finalización de su licencia de maternidad,
se negó la solicitud de protección de estabilidad laboral reforzada, tendiente a buscar
su reubicación en un cargo de iguales o similares características, en cualquier
despacho judicial que contara con vacantes disponibles.

16.- Frente a la petición antes referida, la Sala estima que la decisión de primera
instancia acoge los criterios definidos por la jurisprudencia de la Corte Constitucional
en materia de protección a las mujeres en estado de embarazo y período de
lactancia, de conformidad con los cuales: “[c]uando deba surtirse el cargo de la mujer
embarazada o lactante por quién ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la
mujer embarazada la protección consistente en el pago de prestaciones que
garanticen la licencia de maternidad”17.

En este contexto, tal como se definió por esa Alta Corte, se garantiza una
ponderación adecuada de los intereses constitucionales involucrados en este tipo de
situaciones pues, de una parte, se garantiza el mínimo vital de la mujer gestante o
en período de lactancia y de su hijo y, de otra, se asegura la vigencia del principio
de acceso a la función pública según el mérito y las reglas propias de la provisión de
cargos en la Rama Judicial.

16.1.- De este modo, no resulta procedente la petición de la actora en relación con
el reintegro o la reubicación, tal y como lo concluyó el a quo. pues lo cierto es que
mediante la Resolución No. 119 de 7 de diciembre de 2021, el Juzgado Cuarto Penal

16 “por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
17 Sentencia SU-075 de 2018 que, sobre este particular, cita la Sentencia SU-070 de 2013.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

Municipal con Funciones de Control de Garantías, exhortó al Consejo Seccional de
la Judicatura del Magdalena para que, a partir de la desvinculación de la señora
María del Carmen Martínez Zambrano y como medida de protección a su favor,
garantizara su afiliación al Sistema General de Seguridad Social, desde el periodo
de gestación hasta el de lactancia, habida cuenta de su condición de gestante.

16.2.- Dando cumplimiento a lo anterior, la Dirección Ejecutiva Seccional de la
Administración Judicial de Santa Marta profirió la Resolución No. DESAJSMR22-
602 del 8° de julio de 2022, en cuyo artículo primero dispuso: “Reconocer y pagar a
favor de la señora MARIA DEL CARMEN MARTINEZ ZAMBRANO, identificada con
la cédula de ciudadanía No. 1.120.382.145, mes a mes el pago de la afiliación al
sistema de seguridad social en salud sobre la base del cargo que venía ocupando
como cargo OFICIAL MAYOR MUNICIPAL en PROVISIONALIDAD en el JUZGADO
004 PENAL MUNICIPAL DE SANTA MARTA, hasta el momento en que termine el
disfrute de la licencia de maternidad”18.

16.3.- Luego, durante el trámite del incidente de desacato promovido contra la
Dirección Ejecutiva Seccional de la Administración Judicial de Santa Marta, esta
entidad expuso, mediante escrito allegado el pasado 30 de agosto, que se había
dado cumplimiento a la orden de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo
de Estado en sentencia de 4 de agosto de 2022, dado que ya efectuó el pago 19 de
los aportes correspondientes a los meses de febrero a julio de este año con la
participación de la pareja sentimental de la actora. Igualmente, en memorial del 16
de septiembre de esta anualidad, puso en conocimiento del juez de tutela que la
Dirección Seccional efectuó los trámites para que la EPS Mutual Ser pagara la
licencia de maternidad.

16.4.- Por lo anterior, no se advierte afectación alguna a su mínimo vital, dado que
se garantizó la atención en salud de la accionante y el disfrute de la licencia de
maternidad, y por ello, a la fecha, la Dirección demandada ya efectuó el pago de los
aportes pendientes al Sistema General de Seguridad Social.

16.5.- Sumado a lo anterior, no se evidencia situación alguna que imposibilite a la
actora ejercer una actividad productiva, sea como profesional del derecho o aquella
que defina, en tanto no obra hecho o circunstancia que afecte sus capacidades para
trabajar, como tampoco se avizora alguna limitación o discapacidad que le impida
desarrollar las diferentes labores que eventualmente le sean atribuidas en el ámbito
laboral; más aún, cuando, en el presente caso, la edad no se advierte como un
obstáculo para acceder a las diferentes oportunidades que ofrece el mercado
laboral.

17.- En este punto, la Sala vuelve sobre la condición que tenía la actora cuando
estaba vinculada a la administración de justicia, en la que estaba designada en
provisionalidad en un cargo de carrera. Ese tipo de vinculación, por su naturaleza,
es de carácter excepcional y transitorio, por cuanto tiene como fin atender las
necesidades del servicio, así como garantizar la correcta administración de justicia,

18 Expediente digital, archivo contenido en 2 folios, disponible en el aplicativo SAMAI.
19 Como consta en la planilla de pago de 16 de agosto de 2022.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

mientras se realizan los procedimientos respectivos para cubrir la vacante
respectiva20.

17.1.- En ese sentido, el nombramiento en provisionalidad no puede llegar a
considerarse de carácter inmutable o permanente en el tiempo, pues dicha
vinculación permite proveer cargos de forma temporal, en aquellos casos en que no
existan servidores de carrera que cumplan con los requisitos para ocuparlos. Lo
anterior, por cuanto el legislador previó, como regla general, el régimen de carrera
para proveer cargos en la Rama Judicial, de conformidad con lo establecido en el
artículo 156 de la Ley 270 de 199621.

17.2.- De acuerdo con lo expuesto, la demandante no se encuentra amparada por
el régimen de carrera y las prerrogativas que el mismo otorga, pues aquellos
servidores vinculados en provisionalidad no agotaron los requisitos que exige la
Constitución y la ley para gozar de tales beneficios.

18.- La Sala insiste en que la decisión de primera instancia no resulta caprichosa ni
arbitraria y, por el contrario, observó debidamente los mandatos previstos en la
Constitución y la ley, en la medida en que la desvinculación del cargo que la
accionante ocupaba en provisionalidad no se originó en una discriminación derivada
de su estado de gestación, sino que obedeció a una justa causa, legítima y
razonable, esto es, el nombramiento en propiedad de quien superó el respectivo
concurso de méritos.

19.- Así las cosas, habrá de confirmarse el fallo proferido el 4 de agosto de 2022 por
la Sección Cuarta del Consejo de Estado. De conformidad con lo anterior, se negará
la solicitud que eleva la impugnante para que se le provea empleo o reubicación
laboral, según se ha indicado. Esto, en tanto y cuanto, el régimen de protección a
madres gestantes ha operado y se ha garantizado bajo las órdenes ya emitidas y las
acciones implementadas.

20.- En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

III. R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, de conformidad con lo expuesto en la parte
motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito y eficaz.

TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

20 Corte Constitucional, Sentencia T-147 de 2013.
21 Ley Estatutaria de Administración de Justicia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03420-02
Demandante: María del Carmen Martínez Zambrano
Demandado: Consejo Superior de la Judicatura y otros
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE22
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

22

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
12

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