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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03423-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
William Hernandez Gomez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03423-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA Primero: Confirmar la sentencia proferida el 5 de agosto de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la acción de tutela instaurada por la entidad precitada en contra del Juzgado Tercero Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 12 Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 3 42 3- 0 1 Ac c io n a nt e : U n id a d A d m in is tra t iv a Es pec i a l d e G es ti ó n P en s i o na l y C on tr ib uc i on es P ar a fis c a l es de la Pr ot ec c i ón Soc i a l ( UG P P) Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y del Tribunal Administrativo del Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Segundo:

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03423-01

Consejero ponente: William Hernandez Gomez

22 de septiembre de 2022

Ra d ic ad o : 11 0 01- 0 3- 1 5- 0 0 0- 20 2 2- 0 3 42 3- 0 1
Ac c io n a nt e : U n id a d A d m in is tra t iv a Es pec i a l d e G es ti ó n P en s i o na l
y C on tr ib uc i on es P ar a fis c a l es de la Pr ot ec c i ón Soc i a l ( UG P P)

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ

Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

F.T: 239
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03423-01
Accionante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL (UGPP)
Accionados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR Y OTRO

Temas: Acción de tutela en contra de providencias judiciales, emitidas en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, mediante las cuales se ordenó
el pago de una reliquidación pensional. Incumplimiento del requisito general de
subsidiariedad e inexistencia de un perjuicio irremediable.

FALLO DE SEGUNDA INSTANCIA

ASUNTO

La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, en sede de tutela,
decide la impugnación presentada por la parte accionante en contra de la sentencia
proferida el 5 de agosto de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera de esta
corporación.

HECHOS RELEVANTES

a) Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

La señora Elsy María Cotes Córdoba instauró demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de la Unidad Administrativa Especial de
Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP),
con el fin de obtener la nulidad de la Resolución núm. 48631 del 18 de septiembre
de 2008, por medio de la cual le fue reconocida su pensión vitalicia de vejez, y la
Resolución núm. RDP 037726 del 15 de diciembre de 2014, mediante la que le fue
negada su solicitud de indexación de la primera mesada pensional. Adicionalmente,
a título de restablecimiento del derecho, solicitó la reliquidación de su prestación,
junto con el retroactivo.

El 11 de diciembre de 2018 el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial
de Valledupar declaró no probadas las excepciones de inexistencia de la obligación

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y prescripción y, en consecuencia, declaró la nulidad de los actos administrativos
precitados y condenó a la entidad demandada a cancelar el valor de la actualización
de la primera mesada pensional causada, desde el 31 de enero del 2005 hasta el
31 de diciembre de 2008, incrementada conforme al Índice de Precios al
Consumidor. Por lo anterior, la parte demandada interpuso recurso de apelación en
contra de esta decisión y el 15 de diciembre de 2021 el Tribunal Administrativo del
Cesar confirmó la sentencia de primera instancia.

b) Inconformidad

La entidad accionante consideró que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar, al expedir las
sentencias del 11 de diciembre de 2018 y 15 de diciembre de 2021, vulneraron sus
derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia,
en conexidad con el principio de sostenibilidad financiera del sistema pensional.
Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades incurrieron en los siguientes
defectos:

1. Decisión sin motivación, puesto que, de un lado, la parte resolutiva de la
sentencia proferida el 11 de diciembre de 2018 por el Juzgado precitado no
es consecuente con la parte motiva, comoquiera que no se expusieron los
fundamentos facticos ni jurídicos, para no declarar probada la excepción de
prescripción de las mesadas pensionales, y, del otro, el Tribunal mencionado,
en la sentencia del 15 de diciembre de 2021, a pesar de indicar que esa
excepción fue propuesta en la contestación de la demanda y transcribir la
parte resolutiva del fallo de primera instancia, guardó silencio frente a esa
figura y confirmó en todas sus partes la decisión recurrida.

2. Defecto sustantivo, porque los accionados no solo debían limitarse a resolver
sobre la actualización de la mesada pensional, sino que, una vez resuelto lo
anterior, también debían evaluar los efectos sobre las mesadas que se
causaran en favor de la señora Elsy María Cotes, esto es, emitir un
pronunciamiento sobre las que se encontraban prescritas, máxime cuando (i)
la excepción de prescripción fue propuesta y (ii) entre la fecha de
presentación de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y la
de la solicitud que interrumpió la prescripción habían transcurrido más de tres
años, por lo que consideró que se desconocieron los artículos 41 del Decreto
3135 de 1968, 102 del Decreto Reglamentario 1848 de 1969 y 187 del
CPACA.

3. Desconocimiento del precedente judicial, al apartarse de las sentencias C-
230 de 1998, C-198 del mismo año, T-217 de 2013 y SU-140 de 2019, en las
cuales la Corte Constitucional sostuvo que el derecho pensional no prescribe,
pero sí las mesadas que surgen de aquel, dado que es el peticionario el que
está en la obligación de acudir a la administración o ante la jurisdicción y si
no lo hace en un plazo prudente, que en este caso es de 3 años desde que

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se hace exigible su obligación, genera que deba asumir la prescripción que
corresponda, pues el objeto de esta figura es justamente sancionar la
inactividad del interesado, para así afianzar la seguridad jurídica.

Adicionalmente, manifestó que se encuentra configurado el abuso palmario del
derecho, como circunstancia de procedencia excepcional de la acción de tutela,
puesto que, conforme a las sentencias SU-427 de 2016, T-591 de 2016, SU-631 de
2017, T-323 de 2017, T-034 de 2018 y T-039 de 2018, entre otras, la omisión de las
autoridades judiciales accionadas de declarar la prescripción de las mesadas
pensionales reconocidas a favor de la señora Cotes Córdoba, por el período
comprendido entre el 31 de enero de 2005 y el 25 de marzo de 2012, genera que
deba pagar una suma de dinero que asciende a $ 182.448.889, a pesar de que ya
había operado la prescripción de las mesadas pensionales anteriores al 25 de
marzo de 2012 y, además, que de dicha suma $140.000.000 corresponden a dobles
pagos por ordenarse entre el 31 de enero de 2005 y 31 de diciembre de 2008,
cuando la demandante aún no se había retirado del servicio y estaba devengando
su salario, lo que impide el pago por concepto de pensión en razón a que estaría
devengando dos asignaciones del tesoro público, situación que está prohibida
expresamente por el artículo 128 de la Constitución Política.

PRETENSIONES

La parte accionante, en primer lugar, solicitó amparar sus derechos fundamentales
previamente citados y, en consecuencia, requirió dejar sin efectos parcialmente las
sentencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar y el Tribunal Administrativo del Cesar el 11 de diciembre de 2018 y 15
de diciembre de 2021, respectivamente, en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho con número de radicado 2015-00160-00/01, para, en su lugar, ordenar
al Tribunal precitado modificar la sentencia dictada por el primer despacho
mencionado, en el sentido de declarar prescritas las diferencias de las mesadas
pensionales anteriores al 25 de marzo de 2012.

En segundo lugar, de manera subsidiaria y en caso de no encontrarse satisfecho el
requisito de subsidiariedad, peticionó acceder transitoriamente a sus pretensiones
y, en esa medida, suspender parcialmente las providencias referidas, en lo que se
refieren al pago de porcentaje del retroactivo pensional irregular, hasta tanto se
resuelva el recurso extraordinario de revisión que se promovería en cumplimiento
de la orden tutelar que aquí se dicte.

CONTESTACIONES AL REQUERIMIENTO

Tribunal Administrativo del Cesar

La presidenta de esa corporación, Doris Pinzón Amado, aseguró que la accionante
pretende edificar una vía de hecho, al indicar que en la sentencia del 15 de
diciembre de 2021 se omitió declarar la prescripción trienal, a pesar de que dicha

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excepción fue propuesta en la contestación de la demanda, sobre las mesadas
pensionales reconocidas. En esa medida, consideró indispensable analizar las
condiciones específicas que condujeron a adoptar la decisión de instancia, para lo
cual expuso que, al tenor de la jurisprudencia de la Corte Constitucional y del
Consejo de Estado, la indexación de la primera mesada pensional puede realizarse
en vía administrativa o judicial, siendo obligatoria para las pensiones de vejez,
jubilación, invalidez y sobrevivientes de los servidores públicos de todos los
órdenes, incluso quienes cuenten con un régimen especial y adquirieron la pensión
con anterioridad a la promulgación de la Constitución Política de 1991 y la Ley 100
de 1993, teniendo en cuenta que es un derecho que se deriva directamente de los
postulados fundamentales del Estado Social de Derecho, que promueven por el
mantenimiento del poder adquisitivo de las mesadas pensionales.

Asimismo, explicó que, del material probatorio allegado, esa corporación encontró
que a la señora Elsy María Cotes le fue reconocida su pensión de vejez desde el
1.° de febrero de 2005, pero su pago ocurrió a partir del 2011, indexando el valor
solo a partir del 2009, fecha en la cual ya estaba retirada del servicio, por lo que
consideró que si bien no podían cancelarse las mesadas que estaban suspendidas
hasta demostrar el retiro, su base pensional sí debía indexarse para el año en que
se causó, es decir, del 2005 al 2008, lo anterior con el fin de que conservaran el
poder adquisitivo, luego de transcurrir más de 3 años entre la adquisición del estatus
pensional y el reconocimiento efectivo, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 178 del CCA, el cual se encontraba vigente para la época en que se efectuó
el reconocimiento pensional.

Agregó que la sala de decisión, en aras de verificar si efectivamente el valor de la
mesada pensional pagada a la demandante habría sufrido los efectos de la inflación
y depreciación en relación al tiempo en el cual fue cancelada, solicitó al contador
liquidador analizar los actos administrativos que reconocían y ordenaban el pago de
la pensión de vejez, así como la fecha en la cual fue realizado este y en la cual fue
retirada del servicio, cuyos apartes fueron transcritos en la providencia atacada. Por
lo anterior, indicó que le asistió razón a la demandante en la actualización de su
primera mesada pensional, motivo por el cual esa corporación confirmó la sentencia
apelada.

En esos términos, concluyó que la providencia cuestionada no incurrió en la vía de
hecho alegada, por lo que solicitó denegar la presente acción de tutela, ante la
ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados por la parte
accionante.

El Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar solo
aportó copia del expediente digital del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 2015-00160-00/01.

La señora Elsy María Cotes Córdoba no intervino en el presente trámite, a pesar
de que fue debidamente notificada del auto admisorio de la acción de la referencia.

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SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El 5 de agosto de 2022 el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, declaró
improcedente la acción de tutela, al considerar que no se encontraba satisfecho el
requisito de subsidiariedad, comoquiera que la entidad accionante, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, contaba con otro medio de
defensa judicial, esto es, el recurso extraordinario de revisión contenido en el artículo
248 del CPACA, el cual es procedente para discutir los argumentos esgrimidos en esta
sede constitucional.

Ahora bien, en cuanto a la procedencia transitoria de la acción de tutela, para evitar
un perjuicio irremediable, con ocasión al abuso del derecho en el que presuntamente
incurrieron las autoridades judiciales accionadas, al no declarar probada la excepción
de prescripción trienal sobre las mesadas pensionales reconocidas dentro del
proceso contencioso, precisó que aquellas, conforme a la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, no interpretaron de forma contraria a la Constitución Política las
disposiciones normativas aplicables, que las llevaron a concluir que era procedente
el reconocimiento de la indexación de las mesadas pensionales a favor de la señora
Elsy María Cotes Córdoba, pues esta, prima facie, se dio con observancia de los
requisitos de ley y la normativa aplicable según las particularidades del caso y,
además, no se produjo un reconocimiento económico por una suma excesiva que
genere un detrimento considerable al erario, en lo que tiene que ver con la
mencionada indexación.

IMPUGNACIÓN

La entidad accionante impugnó la sentencia de primera instancia, para lo cual indicó
que en el presente asunto no solo se encuentra configurado el abuso del derecho,
sino también un grave perjuicio al sistema pensional con el pago de unas mesadas
a las cuales no se tiene derecho y por la grave omisión de las accionadas de
declarar la prescripción trienal, a pesar de que fue planteada en el proceso
contencioso, lo que hace que esta acción de tutela en este caso sea el mecanismo
idóneo para garantizar la protección de los derechos fundamentales vulnerados, aun
cuando exista un mecanismo alternativo de defensa judicial como lo es el recurso
extraordinario de revisión, el cual, debido a sus ritualidades procesales, posterga la
salvaguarda.

En esa medida, frente al abuso palmario del derecho, afirmó que esta irregularidad
se presenta al ordenar la actualización de la mesada pensional de la señora Elsy
María Cotes, con dobles pagos y sin aplicar prescripción trienal que genera un
perjuicio cierto e inminente, pues deberán pagar dichas mesadas, situaciones que
hacen procedente la protección constitucional por este medio excepcional.

Asimismo, en lo que tiene que ver con el perjuicio irremediable, sostuvo que el juez
de primera instancia no realizó una valoración de los argumentos que presentó para
demostrar la ocurrencia de este, pues en el escrito de tutela manifestó que el

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perjuicio (i) es inminente y está próximo a suceder, en razón a que la decisión
adoptada en las sentencias reprochadas debe ser acatada por la entidad,
comoquiera que tiene plenos efectos y, tal como lo señala el parágrafo del artículo
253 del CPACA, el trámite del recurso de revisión no suspende el cumplimiento de
la sentencia; (ii) es grave, porque deben efectuarse una serie de pagos de sumas
de dineros que comprometen seriamente los recursos del sistema general de
pensiones y su sostenibilidad financiera; (iii) requiere de medidas urgentes para
superar el daño, puesto que si bien es cierto que es posible presentar el recurso de
revisión, también lo es que este no reviste las mismas características que la acción
de tutela que permitan superar de forma urgente y rápida la vulneración a los
derechos fundamentales deprecados, sino que, por el contrario, debido a las
ritualidades procesales de este, puede prolongarse en el tiempo la afectación sufrida
a los recursos del sistema general de pensiones; y (iv) requiere de medidas
impostergables, ya que se genera una grave afectación a los recursos públicos.

Adicionalmente, frente al requisito de subsidiariedad, manifestó que si bien es cierto
que procede el recurso extraordinario de revisión no lo es menos que este no es el
medio pertinente y eficaz para evitar el perjuicio irremediable que se genera por el
pago de un retroactivo superior al que realmente tiene derecho la beneficiaria de la
prestación, lo que hace que la Unidad pueda utilizar la facultad conferida en la
sentencia SU 427 de 2016, para acudir de manera preferente y directa a la acción
de tutela en protección del erario que se está afectando por un reconocimiento
evidentemente ilegitimo, más aún cuando en ese medio de defensa no procede la
suspensión de las sentencias que se pretenden dejar sin efectos por su
irregularidad.

De otra parte, insistió en que las autoridades accionadas incurrieron en las causales
específicas de decisión sin motivación, defecto sustantivo y desconocimiento de
precedente judicial. Por todo lo expuesto, solicitó, como medida provisional,
suspender la ejecución de las sentencias proferidas el 11 de diciembre de 2018 y el
15 de diciembre de 2021, mientras se resuelve esta acción constitucional de
amparo, con el fin de evitar pagar el retroactivo que asciende a la suma aproximada
de $ 182.448.889, al cual no tiene derecho la señora Elsy Cotes, pues se da por la
omisión de decretar la prescripción de mesadas, retroactivo irregular que de
pagarse, por tratarse de un único pago, sería imposible de recuperar al estar
amparada la señora prenombrada por el principio de buena fe.

CONSIDERACIONES

Competencia

La Subsección “A” de la Sección Segunda del Consejo de Estado es la competente
para conocer del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la
Constitución Política y el artículo 25 del Acuerdo 080 de 20191, en cuanto regula

1 Por medio del cual se modificó el reglamento interno del Consejo de Estado.

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que «Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto».

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

Tratándose de la acción de tutela contra providencias judiciales la postura reiterada
y uniforme de la Corte Constitucional2 y del Consejo de Estado3 ha sido admitir su
procedencia excepcional, siempre que se cumplan los requisitos generales de
procedibilidad (exigencias generales) y las causales específicas de procedencia
(defectos).

La posición ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional empezando por la
tesis de la vía de hecho fijada en las sentencias C-543 de 1992 y T-079 de 1993,
entre otras providencias, y su redefinición en la T-949 de 2003, hasta llegar a su
sistematización en la sentencia C-590 de 2005.

Por su parte, el Consejo de Estado, en sentencia de unificación por importancia
jurídica del 5 de agosto de 2014, con ponencia de Jorge Octavio Ramírez, concluyó
que la acción de tutela procede contra providencias judiciales siempre y cuando se
respete el principio de autonomía del juez natural, y se cumplan los requisitos
generales y específicos precisados por la Corte Constitucional. Veamos:

Requisitos generales: Los requisitos generales de procedibilidad son exigibles en
su totalidad, porque la ausencia de alguno de ellos impide el estudio de fondo de la
vía de hecho planteada. Estos son los siguientes:(i) la cuestión que se discute tiene
relevancia constitucional; (ii) se agotaron todos los medios de defensa judicial con
los que cuenta la persona afectada; (iii) se cumple el requisito de inmediatez; (iv)
cuando se alegue una irregularidad procesal, la misma debe ser decisiva en la
sentencia que se controvierte y afectar derechos fundamentales; (v) se expresaron
de manera clara los hechos y argumentos que controvierten la providencia bajo
estudio y (vi) la providencia objeto de la presente acción no fue dictada dentro de
una acción de tutela.

Causales específicas: Las causales específicas de procedencia de la acción de
tutela contra providencia judicial son aquellos defectos o errores en los cuales puede

2 Al respecto ver, entre otras, sentencias T-573 de 1997, T-567 de 1998, T-001 de 1999, T-377 de 2000, T-1009

de 2000, T-852 de 2002, T-453 de 2005, T-061 de 2007, T-079 de 1993,T-231 de 1994, T-001 de 1999, T-814
de 1999,T-522 de 2001, T-842 de 2001, SU-159 de 2002, T-462 de 2003,T-205 de 2004, T-701 de 2004, T-807
de 2004, T-1244 de 2004, T-056 de 2005, T-189 de 2005, T-800 de 2006, T-061 de 2007, T-018 de 2008, T-
051 de 2009, T-060 de 2009, T-066 de 2009, T-889 de 2011, T- 010 de 2012, T- 1090 de 2012, T-074 de 2012,
T- 399 de 2013, T-482 de 2013, T- 509 de 2013, , T- 254 de 2014, T- 941 de 2014 y T-059 de 2015.
3Sentencia de unificación por importancia jurídica, proferida por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo

el 5 de agosto de 2014. M.P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Exp. n.º 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ)
Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.

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incurrir la decisión cuestionada. Son las siguientes4: a) defecto orgánico, que se
presenta cuando el juez carece de forma absoluta de competencia; b) defecto
procedimental, el cual ocurre cuando la autoridad judicial actúa completamente al
margen del procedimiento establecido; c) defecto fáctico, esto ocurre cuando: el juez
carece de apoyo probatorio, la valoración es absolutamente equivocada o no tiene
en cuenta el material probatorio obrante en el expediente para proferir la decisión;
d) defecto material o sustantivo, el cual se origina cuando exista un error judicial
ostentoso, arbitrario y caprichoso que desconozca lineamientos constitucionales y/o
legales, específicamente ocurre cuando: se decida con fundamento en normas
inexistentes o inconstitucionales, en contravía de ellas o exista una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión; e) error inducido, cuando
la autoridad judicial es víctima de engaño por terceros y el mismo lo condujo a tomar
una decisión que afecta derechos fundamentales; f) decisión sin motivación; g)
desconocimiento del precedente judicial y h) violación directa de la Constitución
Política.

Es importante advertir que si la decisión judicial cuestionada incurrió en alguna de
las causales específicas podrá ser razón suficiente para el amparo constitucional.

Problema jurídico

Antes de plantear el problema jurídico, se advierte que la parte accionante, en el
escrito de impugnación, solicitó una medida provisional. Sin embargo, al
encontrarse el proceso para proferir fallo de segunda instancia, la Subsección
estima que no hay lugar a examinar la procedencia de dicho requerimiento, en aras
de garantizar la celeridad propia de este mecanismo constitucional y dado que se
va a adoptar la decisión de fondo.

De igual forma, debe aclararse que el estudio se centrará únicamente en la decisión
del Tribunal Administrativo del Cesar, al ser la autoridad que puso fin al proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto que confirmó la providencia dictada
por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar.

Así las cosas, el problema jurídico en esta instancia puede resumirse en las
siguientes preguntas:

1. ¿La entidad accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo
y eficaz para discutir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del
Cesar, en la sentencia del 15 de noviembre de 2021?

2. En caso de una respuesta afirmativa al anterior interrogante, deberá
resolverse el siguiente: ¿Está acreditada la probable e inminente
configuración de un perjuicio irremediable?

4Sentencias T-352 de 2012, T-103 de 2014, T-125 de 2012, T-176 de 2016, SU-573 de 2017, entre otras.

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Para resolver el problema así planteado, se abordarán las siguientes temáticas: (I)
exigencia general de subsidiariedad, (II) análisis de la existencia de otro mecanismo
de defensa judicial, (III) perjuicio irremediable y (IV) inexistencia de ese perjuicio en
el caso bajo estudio. Veamos:

• Primer problema jurídico

¿La entidad accionante cuenta con otro mecanismo de defensa judicial idóneo y
eficaz para discutir la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Cesar, en
la sentencia del 15 de noviembre de 2021?

I. Exigencia general de subsidiariedad

La jurisprudencia de la Corte Constitucional5 como de esta corporación ha sostenido
que, debido al carácter subsidiario y residual de la acción de tutela, en principio,
este medio de defensa judicial resulta improcedente cuando: 1. El accionante dejó
de interponer los recursos judiciales ordinarios que estaban a su alcance para
confrontar la vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales; 2. El
accionante acude directamente a la acción de tutela, a pesar de existir otro
mecanismo de defensa judicial a su disposición o 3. El proceso o asunto se
encuentra en trámite.

Pese a lo anterior es dable reconocer que la mencionada regla general tiene algunas
excepciones. En relación con el primero de los casos, la acción de tutela resulta
procedente cuando logre demostrarse que dicha acción es el único mecanismo de
defensa para proteger un daño gravísimo a un derecho fundamental y que el
accionante no utilizó los mecanismos ordinarios de defensa por encontrarse en una
situación que se lo impedía por completo. Ahora, en cuanto a la excepción frente al
segundo y tercero de los eventos, se configura cuando los otros mecanismos no
resultan idóneos para proteger el derecho fundamental presuntamente vulnerado
y/o no son expeditos para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

II. Análisis de la existencia de otro mecanismo de defensa judicial

La UGPP solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
acceso a la administración de justicia y la salvaguarda del principio de sostenibilidad
financiera del sistema pensional, los cuales consideró vulnerados por el Juzgado
Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y el Tribunal
Administrativo del Cesar, con la expedición de las sentencias del 11 de diciembre
de 2018 y 15 de diciembre de 2021, respectivamente, en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con número de radicado 2015-00160.

5 Corte Constitucional, sentencia T-011 de 2007. Magistrado Ponente: Dr. Rodrigo Escobar Gil. «[…]En este

orden de ideas, si la parte afectada no interpuso en su debido momento, los recursos establecidos en el
ordenamiento jurídico para salvaguardar los derechos amenazados o vulnerados, es innegable que la acción
de amparo constitucional no tiene la virtualidad de revivir los términos vencidos ni de convertirse en un recurso
adicional o supletorio de las instancias ordinarias previstas en el desarrollo de cada actuación procesal, como
de forma reiterada lo ha manifestado esta Corporación […]»

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Para el efecto, afirmó que aquellas autoridades incurrieron en decisión sin
motivación, defecto sustantivo y desconocimiento de precedente judicial, al no
pronunciarse sobre la prescripción trienal de las mesadas reconocidas a favor de la
señora Elsy María Cotes, a pesar de que esta excepción fue planteada en la
contestación de la demanda. Adicionalmente, sostuvo que incurrieron en vía de
hecho, al ordenar el pago de diferencias desde el 31 de enero de 2005, fecha en la
cual la señora prenombrada se encontraba laborando y devengaba un salario, lo
que impide el pago por concepto de pensión, en razón a que se estarían percibiendo
dos asignaciones del tesoro público, lo cual desconocería la prohibición contenida
en el artículo 128 de la Constitución Política.

En esa medida, se advierte que, como la propia solicitante del amparo lo admite,
cuenta con otro mecanismo de defensa judicial, concretamente con el recurso
extraordinario de revisión de que trata el artículo 20 de la Ley 797 de 2003, el cual,
precisamente, se instituyó para permitir la revisión del reconocimiento y
reliquidación de pensiones a cargo del tesoro público o de fondos de naturaleza
pública por parte del Consejo de Estado, cuando aquel se haya obtenido con
violación del debido proceso o la cuantía del derecho excediere lo debido, de
acuerdo con la ley, pacto o convención colectivas aplicables.

Aunado a ello, se repara en que el Gobierno Nacional delegó como función de la
UGPP adelantar o asumir, cuando haya lugar, las acciones previstas en el artículo
20 de la Ley 797 de 2003 o normas que la adicionen o modifiquen, en el ordinal 6.°
del artículo 6.° del Decreto 5021 de 2009, y que el artículo 251 de la Ley 1437 de
2011 regula que el recurso referido debe presentarse dentro de los cinco años
siguientes a la ejecutoria de la providencia judicial. En ese orden de ideas, se colige
que la accionante tiene a su disposición el precitado recurso y se encuentra en
tiempo para su formulación, por lo cual deberá acudir primero a este para exponer
los disensos expuestos en esta sede.

Sobre el particular, resulta importante señalar que la instauración de la tutela
requiere que previamente se hayan agotado todos los medios de defensa idóneos
y eficaces fijados por el ordenamiento para la salvaguarda de los derechos
reclamados en protección, lo cual encuentra su justificación en el carácter residual
y subsidiario de este tipo de trámites. Siendo así, se concluye que la acción de la
referencia no cumple con el requisito general de subsidiariedad, para su
procedibilidad en contra de providencias judiciales. No obstante, en el acápite
posterior se examinará si, como la accionante lo alega, se está ante la configuración
de un perjuicio irremediable que permita flexibilizar dicha exigencia.

• Segundo problema jurídico

¿Está acreditada la probable e inminente configuración de un perjuicio
irremediable?

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III. El perjuicio irremediable

El perjuicio que determina la procedencia de la acción de tutela de manera
transitoria es aquel que genera un daño de imposible reparación, lo cual justifica la
intervención del juez en orden a evitar el menoscabo de los derechos y garantías
constitucionales. De conformidad con lo establecido por la Corte Constitucional6, el
perjuicio debe reunir varias características, que deben ser identificadas por la
autoridad judicial para poder conocer el fondo del asunto, estas son: 1. Inminencia,
lo cual implica que el solicitante debe demostrar que el daño está por suceder
prontamente y que no se trata de una simple posibilidad y 2. Gravedad, esto es, que
revista gran relevancia para el ordenamiento jurídico y que, por ende, amerita la
atención inmediata de las autoridades públicas.

De igual manera, para que se acredite un perjuicio irremediable debe probarse que
las medidas necesarias para evitar su configuración son urgentes, pues de aplazar
su adopción no podría evitarse la ocurrencia del daño. Así las cosas, se reitera que
para que la acción de tutela proceda, a pesar de la existencia de otro medio de
defensa judicial, es necesario que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
esa afectación.

IV. Inexistencia de un perjuicio irremediable en el caso bajo estudio

La UGPP aseguró que, si bien dispone del recurso extraordinario de revisión, lo
cierto es que, por un lado, este no es el medio pertinente y eficaz, por sus
ritualidades procesales, para superar de forma rápida y urgente la vulneración de
los derechos fundamentales reclamados, por la grave irregularidad que se presenta
y que constituye un abuso palmario del derecho, al ordenarse pagar una suma
superior, sin que la beneficiaria tenga derecho a ella, lo que hace que la tutela sea
el medio adecuado para proteger el erario, y, del otro, no es procedente la
suspensión provisional. Agregó que lo anterior le permite utilizar la facultad
extraordinaria otorgada tanto en el artículo 86 constitucional y en el Decreto 2591
de 1991 como en la sentencia SU-427 de 2016, esto es, acudir directamente a esta
acción como medio principal de defensa.

Al respecto, se repara en que a pesar de que la accionante conocía la procedencia
del recurso extraordinario varias veces referido no demostró ni siquiera que a la
fecha lo haya instaurado, lo que desvirtúa la urgencia que alega. Igualmente, es
relevante aclarar que en la sentencia SU-427 de 2016 la Corte Constitucional unificó
la posición en relación con las acciones de tutela instauradas por la UGPP para
controvertir sentencias judiciales dictadas años atrás cuando Cajanal era la entidad
encargada de administrar el sistema pensional de los funcionarios. En esa medida,
determinó que el término de caducidad del recurso mencionado no podría
contabilizarse antes del 12 de junio de 2013, fecha en que aquella asumió la defensa
de esta última, lo cual difiere de la situación que aquí acontece, dado que la entidad

6 Corte Constitucional. Sentencia T-1316 del 7 de diciembre de 2001. M.P: Rodrigo Uprimny Yepes.

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está en tiempo, como se explicó de instaurar el recurso con el que cuenta, pues el
proveído discutido fue dictado por el Tribunal Administrativo del Cesar el 15 de
noviembre de 2021.

Adicionalmente, debe esclarecerse que en la providencia referida en el párrafo
previo el máximo tribunal constitucional determinó que únicamente en los casos en
que de manera palmaria se evidenciara la ocurrencia de un abuso del derecho era
posible conocer de fondo la solicitud de amparo, a pesar de la existencia del recurso
extraordinario de revisión.

Al respecto, la UGPP considera que la supuesta omisión de las autoridades
accionadas de declarar la prescripción trienal de las mesadas pensionales
reconocidas, a pesar de que dicha excepción fue planteada en el proceso
contencioso, e incurrir en dobles pagos, al cancelar las diferencias pensionales por
el período comprendido entre el 31 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008,
constituye un abuso palmario del derecho, pues esas irregularidades generaron que
se reconociera un retroactivo superior al que aquella tiene derecho, lo que
compromete seriamente los recursos del sistema general de pensiones y su
sostenibilidad financiera.

Sin embargo, no se avizora que ello ocurra en el sub lite, comoquiera que, prima
facie, y tal como lo concluyó el juez de primera instancia, no se advierte la
configuración de una irregularidad de tal entidad que permita emitir un
pronunciamiento sobre las pretensiones y obviar la existencia de otro mecanismo,
por lo que será en esa sede donde se defina si la reliquidación ordenada se obtuvo
con violación al debido proceso. Así mismo, y por las razones referidas, tampoco se
denota la necesidad de acceder al amparo transitorio requerido.

En suma, se concluye que la UGPP no demostró una justificación que permita
flexibilizar el requisito de subsidiariedad para estudiar el amparo solicitado. Por lo
tanto, se confirmará la sentencia proferida el 5 de agosto de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por la entidad precitada en contra del Juzgado Tercero
Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y del Tribunal Administrativo del
Cesar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

Primero: Confirmar la sentencia proferida el 5 de agosto de 2022 por el Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección C, mediante la cual declaró improcedente la
acción de tutela instaurada por la entidad precitada en contra del Juzgado Tercero

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Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar y del Tribunal Administrativo del
Cesar, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

Segundo: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto
2591 de 1991. Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Tercero: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

Cuarto: Registrar la presente providencia en el programa “SAMAI”.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Subsección en la sesión de
la fecha.

WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ
Firma electrónica
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firma electrónica

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firma electrónica

ARF

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