Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03443-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
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Consejo de Estado · Sección Cuarta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03443-00
Consejo de Estado · Sección Cuarta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Cuarta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03443-00
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
28 de julio de 2022
Demandante: Nacional de Seguros S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03443-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03443-00
Demandante: NACIONAL DE SEGUROS S.A.
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCIÓN
CUARTA SUBSECCIÓN A Y OTRO
Tema: Tutela contra providencia judicial – declaración informativa
individual de precios de transferencia ante la DIAN
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por Nacional de Seguros S.A.,
mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A y el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. La accionante interpuso acción de tutela contra las autoridades judiciales
referenciadas en procura de la salvaguarda de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia1.
2. En criterio de la parte actora, tales garantías resultaron quebrantadas con
ocasión de las sentencias proferidas el 25 de noviembre de 2021 y el 5 de mayo de
2022 por el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, respectivamente2.
En tales decisiones, no se accedió a las pretensiones formuladas al interior del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido contra la DIAN a fin
1 Remitida el 28 de junio de 2022 al buzón electrónico apptutelasbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.
2 Al interior del medio de control promovido de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
N.° 11001-33-37-041-2019-00373-00/1.
1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nacional de Seguros S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03443-00
de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 322412018000428 del 24 de
octubre de 2018 y 992232019000017 del 23 de octubre de 2019.
1.2 Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte tutelante solicitó, entre otras, lo siguiente:
Primero. DECLARAR que, tanto en la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta y Uno (41) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, el
día 25 de noviembre de 2021, así como la sentencia expedida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN
CUARTA, proferido el día 5 de mayo de 2022; violaron los artículos 29 y
229 de la Constitución Política de Colombia.
Segundo. DECLARAR que, tanto en la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta y Uno (41) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, el
día 25 de noviembre de 2021, así como la sentencia expedida TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA, proferido
el día 5 de mayo de 2022; violaron los artículos 29 y 229 de la Constitución
Política de Colombia.
Tercero. DECLARAR la NULIDAD de la sentencia proferida por el Juzgado
Cuarenta y Uno (41) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, del
día 25 de noviembre de 2021, así como del fallo expedido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA, proferido
el día 5 de mayo de 2022; por violar los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política de Colombia.
Cuarto. REVOCAR tanto la sentencia proferida por el Juzgado Cuarenta y
Uno (41) Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá D.C, el día 25 de
noviembre de 2021, así como el fallo expedido por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA – SECCIÓN CUARTA, proferido
el día 5 de mayo de 2022; por violar los artículos 29 y 229 de la
Constitución Política deColombia.
Quinto. DECLARAR la nulidad de las Resoluciones Nos 322412018000428
del 24 de octubre de 2018 y 992232019000017 del 23 de octubre de 2019;
por violar el artículo 29 de la Constitución Política deColombia.
Sexto. TUTELAR los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO y al
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA establecido en los
artículos 29 y 229 de la Constitución Política de Colombia. (sic a toda la
cita)
1.3. Hechos
A continuación, se relacionan los hechos relevantes para la decisión que se adoptará
en la presente sentencia:
4. El 16 de julio de 2015, la sociedad accionante presentó la declaración
informativa individual de precios de transferencia correspondiente al año gravable
2014. En la casilla 29 denominada “Monto Total de las operaciones de egreso”
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registró un valor de $14.254.420.000,oo y en la casilla anterior, esto es, la 28: “Monto
total de las operaciones de ingreso” no consignó información alguna. El mismo día,
presentó la documentación comprobatoria de precios de transferencia del año
declarado.
5. El 23 de diciembre de 2016, la DIAN, a través de la Subdirección de Gestión
de Fiscalización Internacional de la Dirección de Gestión de Fiscalización, profirió
auto de verificación o cruce de información con el objeto de iniciar investigación
respecto de la sociedad accionante. Para el efecto, comisionó a funcionarios para
que practicaran las diligencias de verificación de las operaciones realizadas por
Nacional de Seguros S.A. con sus vinculados económicos, en el año 2014.
6. El 23 de marzo de 2018, y luego de finalizar la etapa probatoria, se expidió un
informe final y el Pliego de Cargos Nro. 322402018000099, en los que la DIAN
estableció que el contribuyente en la documentación comprobatoria de Precios de
Transferencia del año gravable 2014, omitió la información relacionada con las
operaciones de ingresos por comisiones con su vinculado Barents Re Reinsurance
Company por valor de $3.445.959.000.oo. Por tal motivo, propuso la sanción prevista
en el Numeral 3° del Literal A del Articulo 260-11 del Estatuto Tributario, que fijó en la
suma de $ 68.919.000,oo.
7. Mediante escrito del 26 de abril de 2018, Nacional de Seguros S.A. respondió
el acto acusatorio preparatorio oponiéndose al mismo por considerar que la
información presuntamente omitida se encontraba contenida en la documentación
comprobatoria remitida. Además, presentó corrección de la declaración informativa
individual de precios de transferencia correspondiente al año 2014. En la casilla 28
denominada “Monto Total de las operaciones de ingreso” registró un valor de
$3.445.959.000.oo. No obstante, con la citada declaración de corrección, no
acompañó documento adjunto alguno.
8. El 24 de octubre de 2018, la DIAN expidió la Resolución Nro.
322412018000428, mediante la cual sancionó a Nacional de Seguros S.A. por la
omisión de presentar la documentación comprobatoria de que trata el artículo 260-5
del Estatuto Tributario, infracción prevista en el inciso A) del numeral 3 del artículo
260-11 idem. Para dicha entidad, la actora omitió información en la documentación
comprobatoria de precios de transferencia por el año gravable 2014, toda vez que no
reportó las operaciones de ingresos por concepto de comisiones del contrato de
reaseguro con la compañía vinculada Barents Re Reinsurance.
9. El 21 de diciembre de 2018, la parte actora presentó recurso de
reconsideración contra dicho acto administrativo, el cual fue confirmado mediante
Resolución Nro. 992232019000017 del 23 de octubre de 2019.
10. Inconforme con lo anterior, la compañía actora promovió demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, contra la DIAN a fin
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de que se declarara la nulidad de las Resoluciones 322412018000428 del 24 de
octubre de 2018, por medio de la cual le fue impuesta sanción económica por
omisión en la información de la documentación comprobatoria de precios de
transferencia, y la 992232019000017 del 23 de octubre de 2019 que confirmó la
anterior al desatar el recurso de reconsideración interpuesto.
11. El conocimiento del asunto correspondió al Juzgado 41 Administrativo del
Circuito Judicial de Bogotá y se identificó con el número de radicado 11001-33-37-
041-2019-00373-00/1. Dicho despacho judicial, mediante sentencia del 25 de
noviembre de 2021, negó las pretensiones formuladas en la demanda.
12. En síntesis, consideró que la sociedad tutelante omitió presentar la
información respecto de la operación de ingresos-comisión de reaseguros por la
suma de $3.445.959.000.oo con su vinculado Barents Re Reinsurance Company, en
la forma exigida en la ley. Esto es, mediante una documentación comprobatoria que
detallara dicha operación de ingreso, con lo cual se causó daño a la Administración
Tributaria, que se tradujo en el despliegue de actividades fiscales para detectar la
omisión de la actora de informar las operaciones de ingresos por comisiones
celebradas.
13. La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la decisión de
primera instancia, cuyo conocimiento correspondió al Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta Subsección A. Mediante sentencia del 5 de mayo de
2022, dicha colegiatura confirmó la decisión objeto de la alzada.
14. Lo anterior, por cuanto constató que la imposición de la sanción se planteó
porque se determinaron operaciones de ingresos que no fueron reportadas por
Nacional de Seguros S.A. en su declaración, ni tampoco fueron documentadas
(documentación comprobatoria respecto a su vinculado). Aunque la demandante
corrigió su declaración para incluir el valor de las operaciones de ingresos por
$3.445.959.000, no lo hizo en cuanto a lo correspondiente en la documentación
comprobatoria, como era su deber legal para que la Administración pudiera
determinar la base gravable del impuesto de renta y complementarios.
1.4. Fundamentos de la vulneración
15. La parte actora aseguró que el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial
de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A, a través de las providencias dictadas en primer y segundo grado i)
vulneraron el principio de congruencia, e incurrieron en los defectos ii) sustantivo y iii)
fáctico.
16. Frente a la afectación al principio de congruencia, la sociedad demandante
aseveró que se presentó una falta de correspondencia entre el tipo sancionable y la
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motivación esgrimida en las sentencias de primera y segunda instancia.
Puntualmente, expresó que en estas providencias se confundió la omisión de
información con la conducta de no allegar documentación.
17. Para la sociedad actora, omitir información y no documentar las operaciones
sujetas a estudio de precios son conductas diferentes. En específico, indicó que los
jueces de la causa afirmaron que la sociedad actora “nunca presentó la
documentación comprobatoria requerida por la ley”, situación que es absolutamente
diferente a omitir información.
18. En lo que atañe al defecto sustantivo, señaló que los despachos judiciales
accionados desconocieron que, en el momento de presentar la declaración
informativa individual de precios de transferencia correspondiente al año 2014, no
existía sanción por la ausencia de documentación de operaciones del régimen de
precios de transferencias, sino que dicha consecuencia pecuniaria fue un desarrollo
establecido solo hasta la Ley 1819 de 2016. En este sentido, aseveró que se
desconoció el principio de tipicidad en materia sancionatoria.
19. En lo que se refiere al defecto fáctico, aseguró que la información objeto de
debate, aparece en múltiples partes de la documentación comprobatoria presentada,
y pese a ello, tal situación fue desconocida por las autoridades judiciales accionadas.
1.5. Actuaciones relevantes
1.5.1. Admisión de la acción de tutela
20. Mediante auto del 5 de julio de 2022, el magistrado ponente de esta
providencia admitió la tutela de la referencia y ordenó notificar a la parte accionante y
al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A y al
Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá por ser las autoridades que
profirieron las sentencias cuya resolutiva se cuestiona por esta vía.
21. A su vez, se ordenó la vinculación como terceros con interés de i) la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – UAE DIAN;
y ii) de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
1.5.2. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
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1.5.2.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección “A”
22. Sostuvo que en la sentencia proferida en segunda instancia, no se presentó
ninguno de los defectos invocados por la parte accionante. Por el contrario, aseveró
que la providencia contó con una interpretación normativa razonada con relación a
los actos demandados, y además, un análisis suficiente del material probatorio que
sustentó la decisión.
23. Indicó que del análisis de los hechos, se arribó a la conclusión que la
demandante sí incurrió en la omisión de la información comprobatoria imputada,
pues no aportó los documentos relacionados con sus operaciones de ingresos. Así,
expuso que no era exigible a la DIAN realizar inferencias para dar por cumplida una
obligación de la actora, aun cuando las operaciones de los egresos e ingresos se
derivaran de la misma actividad relacionada con el reaseguro pactado con su
vinculada económica.
24. Manifestó que lo cierto es que la documentación comprobatoria y el respectivo
estudio de precios de transferencia presentado por la tutelante ante la DIAN, se
centra en las operaciones de los egresos de la contribuyente frente a su vinculado
económico, debiendo cada una tener su documentación con el nivel de detalle
requerido para demostrar la correcta aplicación de los criterios de comparabilidad.
25. Puso de presente que la actora sí incurrió en el hecho sancionable
contemplado en el numeral 3 del literal A del artículo 260-11 del Estatuto Tributario, y
que el mismo estaba vigente para la época de los hechos, por lo que era correcto
negar las pretensiones de la demanda y por ende se procedió a confirmar la
sentencia apelada.
26. Aseveró que no es de recibo que a través de la acción de tutela se busque
mantener un debate jurídico que ya fue objeto de pronunciamiento por parte de los
jueces naturales y conforme a la autonomía judicial de la que gozan. Por ello, solicitó
que no se accediera a la protección constitucional pretendida por la parte actora, al
no haberse demostrado la afectación de derecho fundamental alguno en el curso del
proceso ordinario tramitado.
1.5.2.2. DIAN
27. Refirió que no se acreditó el requisito general de procedibilidad de la tutela
contra providencia judicial relativo a la relevancia constitucional. Ello, por considerar
que los cargos formulados en la acción constitucional son los mismos que se
formularon en el proceso ordinario, lo que permite evidenciar la intención de utilizar el
mecanismo como una tercera instancia, para reabrir discusiones jurídicas que fueron
resueltas por los jueces naturales de la causa.
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28. Señaló que los cargos propuestos no están llamados a prosperar por cuanto
los jueces naturales, con base en la normatividad aplicable y los elementos
probatorios arrimados, advirtieron que la sociedad actora omitió presentar la
información respecto de la operación de ingresos-comisión de reaseguros con su
vinculado Barents Re Reinsurance Company, en la forma exigida en la ley. Esto es,
mediante una documentación comprobatoria que detallara dicha operación de
ingreso.
29. Expuso que la intención de la parte accionante es reabrir, por vía
constitucional, un debate zanjado en sede ordinaria. Lo anterior, sumado al hecho de
no presentarse la transgresión de ninguna de las garantías fundamentales y a que no
existía una anomalía de tal entidad que exigiera la intervención del juez
constitucional.
1.5.2.3. Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá
30. Este despacho judicial se limitó a remitir el vínculo del expediente del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número de radicado
11001-33-37-041-2019-00373-00/1.
1.5.2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a ser
notificada del presente trámite, guardó silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
31. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada por
Nacional de Seguros S.A contra el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A.
Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la
Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa – del estudio de providencias
32. La parte actora cuestionó tanto la sentencia proferida en primera instancia el
25 de noviembre de 2021 por el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de
Bogotá, como la del 5 de mayo de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A en sede de apelación. Frente a este
punto, se pone de presente que el análisis recaerá respecto de la segunda
providencia, por ser la que puso fin al proceso ordinario.
7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Demandante: Nacional de Seguros S.A.
Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03443-00
2.3. Legitimación en la causa
33. La Sala advierte que la sociedad Nacional de Seguros S.A., está legitimada en
la causa por activa, a la luz de lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución
Política y los artículos 1, 10, 46 y 49 del Decreto Ley 2591 de 1991.
34. Lo anterior por cuanto fue demandante en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho promovido contra la DIAN, en el que pretendía la
nulidad de las Resoluciones 322412018000428 del 24 de octubre de 2018 3 y
992232019000017 del 23 de octubre de 20194.
35. Por otro lado, esta Sala de Decisión observa que el Juzgado 41 Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A están legitimados en la causa por pasiva, por ser las
autoridades judiciales que profirieron las decisiones censuradas mediante la presente
acción de tutela.
2.4. Problema jurídico
36. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
¿Se superan en el caso concreto los requisitos generales de procedibilidad de
la tutela contra providencia judicial?
37. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, se resolverá:
¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A
vulneró los derechos fundamentales invocados, al incurrir en violación del
principio de congruencia, en defecto sustantivo y fáctico señalados por la parte
actora, por presuntamente existir una falta de correspondencia entre el tipo
sancionable y la motivación esgrimida, haber desconocido el principio de
tipicidad en materia sancionatoria, así como los elementos de convicción que
evidenciaban que la accionante no incurrió en la conducta por la cual fue
sancionada?
Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los siguientes temas:
(i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela
contra providencias judiciales; (ii) requisitos generales de procedibilidad, y de
superarse; (iii) caso concreto de cara a las generalidades de los defectos alegados.
3 Por medio de la cual le fue impuesta sanción por omisión en la información de la documentación
comprobatoria de precios de transferencia.
4 Que resolvió negativamente el recurso de consideración interpuesto contra el acto administrativo que
determinó la sanción por omisión en la información de la documentación comprobatoria de precios de
transferencia.
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2.5. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales
38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de
criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias
judiciales, en fallo de 31 de julio de 20125. Lo anterior, porque hasta ese momento,
las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este
tema 6 . En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias
judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y
excepcionales7.
39. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una
acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de
esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 2014 8. En esta sentencia se
establecieron seis requisitos generales de procedencia9 y ocho defectos especiales
en los que puede incurrir una providencia judicial10.
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012,
M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01.
6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”.
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 05 de agosto de
2014, M.P. Jorge Octavio Ramírez, Rad. No. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
9 Los seis criterios adjetivos establecidos en la sentencia de unificación del 05 de agosto del 2014 son:
i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; ii) Que se hayan
agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; iii)
Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. iv); Cuando se trate
de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante
en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; v) Que la
parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto
hubiere sido posible y vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
10 Los ocho defectos materiales son los siguientes: i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió́ la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia
para ello; ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó́ completamente al
margen del procedimiento establecido; iii) Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo
probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; iv) Defecto
material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la
decisión; v) Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por
parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos
fundamentales; vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales
de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que
precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional; vii). Desconocimiento del
precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el
alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerad y viii) Violación directa de
la Constitución.
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40. Por tanto, previo a estudiar de fondo el asunto y determinar si se configura
alguno de los defectos especiales, la Sala determinará si se superan los siguientes
requisitos generales de procedencia i) que no se trate de tutela contra tutela, ii)
inmediatez, iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y
extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección
del derecho que se dice vulnerado, iv) relevancia constitucional, v) que la parte
actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la
vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en
el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y vi) cuando se trate de una
irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o
determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos
fundamentales de la parte actora.
41. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos
presupuestos, se declara improcedente la acción de amparo, sin que se analice el
fondo del asunto. Cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala estudiar si se
configura uno o más de los defectos materiales o especiales de procedencia de la
acción de tutela contra providencia judicial. En este mismo sentido, la sala ha
establecido que, para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá:
i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad
que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
42. Es importante recalcar que la acción de tutela no puede ser considerada como
una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las
anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Análisis sobre los requisitos generales de procedibilidad
2.6.1. Tutela contra tutela
43. En el caso objeto de estudio, no existe reparo alguno frente al presente
requisito de procedibilidad, toda vez que no se trata de una tutela contra decisión de
la misma naturaleza, pues la providencia que se censura fue proferida dentro del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho reseñado en líneas
precedentes.
2.6.2. Inmediatez
44. En relación con este requisito, tampoco se advierte ningún reproche, si se
tiene en cuenta que la providencia que puso fin al proceso y sobre la que recaerá el
presente análisis fue dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca,
Sección Cuarta, Subsección A el 5 de mayo de 2022, mientras que la presente
acción constitucional fue incoada el 28 de junio del año en curso.
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45. Así las cosas, sin necesidad de determinar la fecha en que adquirió ejecutoria,
se observa que se interpuso dentro de los seis meses que esta Sala ha considerado
razonable para el uso del mecanismo excepcional.
46. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201411,
en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado
adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de
200512, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia
judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el
amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de
providencias judiciales.
2.6.3. Subsidiariedad
47. De la redacción del artículo 86 de la Constitución Política y de las normas que
lo desarrollan consagradas en el Decreto Ley 2591 de 1991, se desprende el
carácter subsidiario de la acción de tutela, en cuanto procede únicamente cuando el
afectado no haya dispuesto o disponga de otros medios de defensa judicial, en ese
segundo evento, esto es, que aun cuente con ellos, salvo que se utilice como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
48. Descendiendo al caso concreto, según se advirtió de los argumentos
esgrimidos por el accionante en su escrito de tutela, a la autoridad judicial accionada
se le atribuyó, al proferir la sentencia de segunda instancia, haber transgredido el i)
principio de congruencia e incurrido, a su vez, en los defectos ii) sustantivo y iii)
fáctico.
49. Respecto al cargo relacionado con el desconocimiento del principio de
congruencia, la Sala advierte que de los planteamientos por medio de los cuales el
actor argumenta que se materializó tal irregularidad se enmarcan en una de las
causales de procedibilidad del recurso extraordinario de revisión. En específico, la
contemplada en el numeral 5 del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011, a saber,
“existir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y contra la que no
procede recurso de apelación”.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina
Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez.
12 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un
término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto
es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se
sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones
judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos
institucionales legítimos de resolución de conflictos.
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50. Ciertamente, para la sociedad actora se presentó una falta de
correspondencia entre el tipo sancionable y la motivación esgrimida en la sentencia
de segunda instancia, que la tornaron incongruente.
51. En lo atinente a la procedencia del recurso extraordinario de revisión cuando
se alega lo mencionado existe una nulidad originada en la sentencia que puso fin al
proceso y contra la que no procede recurso de apelación, el reiterado derrotero
jurisprudencial 13 ha sido claro en establecer que pueden existir otros motivos no
contemplados en los estatutos procesales como causales de nulidad 14, como es el
caso de la violación al debido proceso constitucional en la sentencia, contemplado en
el artículo 29 de la Constitución Política.
52. Ahora bien, al margen de la razonabilidad de esta tesis, lo cierto es que esta
Sala, investida como juez constitucional, no es competente para determinar si el
proveído bajo cuestionamiento carece de congruencia, circunstancia que, como se
explicó, se enmarca en la causal quinta (5º) del artículo 250 de la Ley 1437 de 2011,
ya que tal análisis le corresponde al juez natural del recurso extraordinario de
revisión.
13 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sala Catorce Especial de
Decisión. Sentencia del 5 de abril de 2016. Rad. 11001-03-15-000-2008-00320-00. Citada en Consejo
de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. Sentencia del 14 de mayo de 2021.
Rad. 11001-03-15-000-2020-00074-01.
14 En cuanto al desconocimiento del principio de congruencia como causal de nulidad de la sentencia,
la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Veintidós Especial de Decisión, en sentencia del
2 de febrero de 2016 señaló: En este orden de ideas, esta Sala Especial advierte, conforme a lo
expuesto, que la causal de revisión contenida en el numeral 5º del artículo 250 del CPACA -antes 6
del artículo 188 del C.C.A.-, es decir, nulidad originada en la sentencia, se puede configurar cuando el
fallo objeto de revisión ha desatendido la congruencia interna y/o la externa, pues, en uno y otro caso,
el fallador incurre en una clara violación del debido proceso, artículo 29 constitucional, dado que la
providencia proferida en esos términos resulta contraria a las formas propias de cada juicio, en
específico, la falta de competencia del juez para abordar asuntos frente a los cuales no se podía
pronunciar.
Sobre este punto, basta señalar que la Corte Constitucional en relación con este principio y la
violación del derecho al debido proceso ha considerado que:
‘…El principio de congruencia es uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al
debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, ‘en la medida que impide
determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él
se pidió, debatió, o probó’. En este orden, se erige con tal importancia el principio de congruencia que
su desconocimiento es constitutivo de las antes denominadas vías de hecho, hoy causales de
procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales’.
Fuerza concluir, entonces, que la sentencia debe ser objeto de revisión cuando falta al principio de
congruencia, es decir, cuando aquella carece de la coherencia externa o interna, razón suficiente para
calificar de inválida la decisión, porque el fallador excede su competencia, la que se repite está
determinada por los cargos y pretensiones de la demanda.
Pues bien, estas reflexiones, con apoyo en jurisprudencia del Consejo de Estado y en la doctrina de la
Corte Constitucional, ratifican la tesis según la cual la congruencia de los fallos es un elemento de
validez de los mismos, cuya inobservancia configura la causal de revisión de nulidad originada en la
sentencia, artículo 250, numeral 5 del CPACA.
Sin embargo, para la Sala es importante indicar que para que la incongruencia externa o interna
pueda generar la invalidez de la decisión debe ser fundamental o radical, es decir, ha de ser de tal
magnitud que no exista remedio distinto a su nulidad”. Sentencia del 2 de febrero de 2016. Rad.
11001-03-15-000-2015-02342-00
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53. Debido a lo expuesto, el cargo de la tutela relacionado con la afectación del
principio de congruencia de la sentencia no supera el requisito de agotamiento de
todos los medios de defensa judicial, comoquiera que en tal caso procede el recurso
extraordinario de revisión y, por lo tanto, la Sala se abstendrá de su estudio.
54. Ahora bien, con respecto a los demás yerros propuestos por el accionante, se
tiene que no cuenta con otro medio de defensa judicial distinto a la tutela para
conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión del Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A pudiera causarle a sus derechos
fundamentales; esto, toda vez que contra tal providencia no procede ningún recurso
ordinario ni extraordinario.
55. En este sentido, la Sala abordará el estudio del caso a partir de los defectos
sustantivo y fáctico por considerar que los argumentos en los que se edifican y que
fueron expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas previstas por
el legislador en el artículo 250 de la Ley 1437 de 2011 y en el artículo 71 de la Ley
2080 de 2021, con relación a la procedencia del recurso extraordinario de revisión y
al de unificación de jurisprudencia, con lo cual se considera superado el requisito de
subsidiariedad frente a los mismos.
2.6.4. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados
56. Tal y como sostuvo la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 la
acreditación de este requisito resulta comprensible “pues, sin que la acción de tutela
llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no
previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al
fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la
haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de
pretender la protección constitucional de sus derechos”.
57. De conformidad con lo anterior, la Sala considera que la parte actora ha
presentado de manera razonable que la transgresión de sus derechos al debido
proceso y de acceso a la administración de justicia se produjo por el hecho que el
Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A,
presuntamente, desconoció que, al momento de los hechos, la conducta en que
incurrió la accionada no era objeto de sanción y, además, no se analizó en debida
forma las pruebas que obraban en el plenario, de las cuales se advertía que no se
incurrió en la actuación endilgada.
2.6.5. Relevancia constitucional
58. Para el caso en concreto, la Sala encuentra que este requisito sí se encuentra
cumplido, por cuanto, al revisar el escrito que dio origen a la acción de tutela en
relación con los supuestos fácticos de la demanda, las pretensiones y los
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argumentos expuestos, se advierte que en el sub judice se discute, principalmente, si
la autoridad judicial accionada avaló la legalidad de unos actos administrativos que
sancionaron a la accionante por una actuación que, en su concepto, no era
sancionable de conformidad con la normatividad vigente al momento de los hechos,
situación que aparejó una transgresión al derecho fundamental al debido proceso y al
principio de tipicidad en materia sancionatoria.
59. Igualmente, se discute si la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo
de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A, en segunda instancia, tal y como
sostuvo la actora, carece del apoyo probatorio para la aplicación de las normas en
que se sustentó.
60. De acuerdo con lo anterior, en el presente caso, se cumple con el requisito de
evidenciar una tensión entre la providencia censurada y el núcleo esencial de los
derechos fundamentales alegados.
61. Dichas pericias argumentativas en la exposición del criterio del demandante
con respecto a la relación entre la providencia judicial y la vulneración de sus
derechos fundamentales, es lo que permite la superación de este requisito y
evidencia que la controversia trasciende de un orden exclusivamente legal; lo
anterior, se cumple con independencia de los yerros en el razonamiento jurídico en
que pueda incurrir la parte actora, pues precisamente lo acertado o erróneo de su
proceder argumentativo es lo que debe ser indagado con suficiencia por el juez en
las consideraciones de fondo que sustenten su decisión.
2.7. Caso concreto
62. Como se ha mencionado con antelación, la Sala determinará si la autoridad
judicial accionada al proferir la providencia del 5 de mayo de 2022 incurrió en los
defectos i) sustantivo y ii) fáctico.
63. Bajo tal perspectiva, se caracterizarán brevemente los yerros en comento y
enseguida se analizarán los mismos con el fin de dilucidar si procede o no el amparo
de los derechos fundamentales sobre los que se invocó la protección constitucional.
2.7.1. Defecto sustantivo
64. La Corte Constitucional ha explicado que el defecto sustantivo se presenta
cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de
aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación que contraríe los postulados
mínimos de la razonabilidad jurídica” 15 . Puntualmente, lo configuran los siguientes
supuestos:
15 Corte Constitucional, Sentencia SU-159 de 2002.
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a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso
concreto, por impertinente o porque ha sido derogada, es inexistente, inexequible o
se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador.
b) No se hace una interpretación razonable de la norma.
c) La disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución.
d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en
la disposición.
e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma.
f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o
justificó de manera insuficiente su actuación.
65. Conforme lo anterior, procederá entonces el amparo constitucional cuando se
acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que
se han presentado anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la
carga argumentativa suficiente.
2.7.1.2 Análisis del defecto sustantivo
66. La sociedad accionante aseveró que el tribunal accionado desconoció que,
para la época de los hechos, no existía sanción por la no documentación de
operaciones del régimen de precios de transferencias, sino que dicha consecuencia
solo se estableció con la expedición de la Ley 1819 de 201616.
67. Del análisis de la sentencia del 5 de mayo de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta, Subsección A en sede de
apelación, y que puso fin al proceso, se tiene lo siguiente:
68. El tribunal accionado señaló que, de conformidad con la jurisprudencia de la
Sección Cuarta de esta Corporación, en materia tributaria, el Régimen de Precios de
Transferencia está regulado a partir del artículo 260-1 del Estatuto Tributario y las
operaciones que ejecuten los contribuyentes, derivadas de este régimen tienen
relevancia para efectos de la determinación del impuesto sobre la renta y
complementarios de dichos sujetos pasivos.
16
Por medio de la cual se adopta una reforma tributaria estructural, se fortalecen los mecanismos
para la lucha contra la evasión y la elusión fiscal, y se dictan otras disposiciones.
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69. Expuso que, según el artículo 260-9 del Estatuto Tributario 17 , los
contribuyentes sometidos al Régimen de Precios de Trasferencia están obligados,
anualmente, a presentar ante la DIAN una declaración informativa de las operaciones
realizadas con vinculados económicos o partes relacionadas del exterior.
70. Igualmente, que según la jurisprudencia del Consejo de Estado 18 el
ordenamiento establece, a cargo de contribuyentes con ciertos montos de
patrimonio, una serie de deberes “de hacer” que se concretan en la presentación de
tres tipos de documentos: la i) declaración informativa individual, ii) la declaración
consolidada y iii) la documentación comprobatoria.
71. En este sentido, manifestó que la presentación de la Declaración de Precios
de Transferencia es una obligación tributaria de ciertos contribuyentes que implica el
suministro de información sobre las relaciones económicas con vinculados. Así, la
declaración que se presenta es informativa, y, con el cumplimiento de esta
obligación, la Administración puede posteriormente liquidar el impuesto de renta de
los sujetos sometidos a este régimen.
72. Con tales precisiones, advirtió que la sociedad tutelante, en su declaración
inicial para el año 2014, en la casilla 29 denominada “Monto Total de las operaciones
de egreso” registró un valor de $14.254.420.000,oo y en la casilla anterior, esto es, la
28: “Monto total de las operaciones de ingreso” no consignó información alguna. Así,
arribó a la conclusión que Nacional de Seguros S.A., no reportó los ingresos de
sus operaciones con su vinculada económica, sino que, únicamente, refirió sus
egresos y acompañó la respectiva documentación comprobatoria, aun cuando, de
manera posterior, procedió a corregir su declaración a fin de señalar de manera
expresa el valor de los ingresos de $3.445.959.000, sin que tampoco hubiese
arrimado la documentación comprobatoria necesaria.
73. En virtud de lo anterior, el juez natural de la causa no encontró motivos para
declarar la nulidad del acto administrativo que sancionó a la sociedad tutelante ni
aquel que resolvió el recurso de reconsideración.
74. Debe recordarse que, para la actora, la sanción impuesta no estaba prevista
para el 16 de julio de 2015, fecha en la que se presentó la declaración informativa
17 “Artículo 260-9.-Modificado. Ley 1607 del 2012, art. 119. Obligación de presentar declaración
informativa. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, obligados a la
aplicación de las normas que regulan el régimen de precios de transferencia, cuyo patrimonio bruto en
el último día del año o periodo gravable sea igual o superior al equivalente a cien mil (100.000) UVT o
cuyos ingresos brutos del respectivo año sean iguales o superiores al equivalente a sesenta y un mil
(61.000) UVT, que celebren operaciones con vinculados conforme a lo establecido en los artículos
260-1 y 260-2 de este estatuto, deberán presentar anualmente una declaración informativa de las
operaciones realizadas con dichos vinculados.
18 Sentencia del 5 de septiembre de 2013 del Consejo de Estado- Sección Cuarta, expediente No.
11001-03-27-000-2011-00002-00 (18635).
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correspondiente al año gravable 2014 19 , sino que dicha consecuencia económica
solo se estableció con la expedición de la Ley 1819 de 2016.
75. Con relación a este punto, y respecto del cual se edifica el presunto defecto
sustantivo por la presunta aplicación de una sanción que la tutelante considera
inexistente para el momento de los hechos, la Sala anuncia que no le asiste razón a
Nacional de Seguros S.A., cuando realiza tal aseveración.
76. Ciertamente, contrario a lo manifestado por Nacional de Seguros S.A., la
conducta imputada por la DIAN, sí era sancionable de conformidad con la
normatividad vigente para la época en que presentó la declaración informativa que
suscitó la presente controversia.
77. En efecto, el artículo 260-11 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo
121 de la Ley 1607 del 2012, disponía las sanciones procedentes ante el
incumplimiento de las obligaciones tributarias en lo referido con la documentación
comprobatoria y la declaración informativa de los precios de transferencia, así:
Art. 260-11.-Modificado. L. 1607 del 2012, art. 121. Sanciones respecto a la
documentación comprobatoria y a la declaración informativa. Respecto a la
documentación comprobatoria y a la declaración informativa se aplicarán las
siguientes sanciones:
A. Documentación comprobatoria. (…) 3. Sanción por omisión de información
en la documentación comprobatoria. Cuando en la documentación
comprobatoria se omita información relativa a las operaciones sometidas al
régimen de precios de transferencia habrá lugar a la imposición de una
sanción del dos por ciento (2%) sobre el valor total de dichas operaciones, sin
que la sanción exceda la suma equivalente a cinco mil (5.000) UVT, además
del desconocimiento de los costos y deducciones originados en las
operaciones respecto de las cuales no se suministró información. Cuando se
trate de contribuyentes cuyas operaciones sometidas al régimen de precios de
transferencia, en el año o periodo gravable al que se refiere la documentación
comprobatoria, tengan un monto inferior al equivalente a ochenta mil (80.000)
UVT, la sanción consagrada en este inciso no podrá exceder la suma
equivalente a mil cuatrocientas (1.400) UVT. Cuando de la documentación
comprobatoria no sea posible establecer la base para determinar la sanción
por omisión de información, dicha base será determinada teniendo en cuenta
la información relacionada con las operaciones respecto de las cuales se
omitió la información consignada en la declaración informativa. En el evento
en que no sea posible liquidar la sanción teniendo en cuenta la información
consignada en la declaración informativa, dicha sanción corresponderá al uno
por ciento (1%) de los ingresos netos reportados en la última declaración de
renta presentada por el contribuyente. Si no existieren ingresos, la sanción
corresponderá al uno por ciento (1%) del patrimonio bruto reportado en la
última declaración de renta presentada por el contribuyente, sin que dicha
sanción exceda la suma equivalente a veinte mil (20.000) UVT.
19
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B. Declaración Informativa. (…) 3. Sanción por omisión de información en
la declaración informativa. Cuando en la declaración informativa se omita
información relativa a las operaciones sometidas al régimen de precios de
transferencia habrá lugar a la imposición de una sanción del uno punto tres
por ciento (1.3%) sobre el valor total de dichas operaciones, sin que la
sanción exceda la suma equivalente a tres mil (3.000) UVT, además del
desconocimiento de los costos y deducciones originados en las
operaciones respecto de las cuales no se suministró información.
Cuando se trate de contribuyentes cuyas operaciones sometidas al
régimen de precios de transferencia, en el año o periodo gravable al que se
refiere la declaración informativa, tengan un monto inferior al equivalente a
ochenta mil (80.000) UVT, la sanción consagrada en este inciso no podrá
exceder el equivalente a mil (1.000) UVT.
78. De lo anterior, se tiene que para la época de los hechos, esto es, el 16 de julio
de 2015, ya existían múltiples sanciones respecto al incumplimiento de los deberes
relacionados con la declaración informativa y la documentación comprobatoria, con
ocasión de la expedición de la Ley 1607 del 2012, artículo 121, que modificó en estos
aspectos el Estatuto Tributario.
79. Debe recordarse que a la sociedad tutelante se le endilga que en su
declaración inicial para el año 2014 solo registró un monto relacionado con las
operaciones de egreso, mientras que respecto de las de ingreso no consignó
información alguna y, además, acompañó una documentación comprobatoria que
no incluyó una comisión de reaseguros. Igualmente, que de manera posterior y luego
de que la DIAN constatara que Nacional de Seguros S.A., no reportó los ingresos de
sus operaciones con su vinculada económica por valor de $3.445.959.000, la
tutelante corrigió tal situación en la declaración presentada primigeniamente, pero,
una vez más, tampoco acompañó la respectiva documentación comprobatoria en lo
referido a tal comisión de reaseguros obtenida.
80. Contrario a lo considerado por el extremo actor, tal evento de incumplimiento
respecto de los deberes en materia tributaria, aparejaba una sanción según la
normatividad aplicable en el momento de los hechos y que se trajo a colación en
líneas anteriores.
81. En consecuencia, el defecto propuesto por la compañía aseguradora no tiene
vocación de prosperidad.
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2.7.2. Defecto fáctico
82. Respecto al defecto fáctico, esta Sala en decisión del 12 de noviembre del
20
2015 precisó los alcances y requisitos que deben atenderse al momento de
alegarse la ocurrencia de este en una providencia judicial, los cuales son traídos a
colación en la presente decisión así:
i) Omisión de decretar o practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii)
desconocimiento del acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de
los hechos alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las
pruebas aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que
alega, solicitó al juez el decreto de una prueba relevante
para resolver el problema jurídico sometido a
consideración, y ésta fue negada; ello sin desconocer la
facultad del juez ordinario de negar pruebas que no
atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e
idoneidad. Así las cosas, es importante considerar que no
Omisión de toda negativa a un decreto de pruebas abre la posibilidad
decreto y a la configuración del defecto, ya que este procederá
práctica de cuando se rechace el decreto y práctica de la prueba que,
pruebas solicitada oportunamente, no cumpla con los parámetros
indispensables arriba señalados.
para fallar el
asunto De esta manera, se requiere:
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que
solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad
legal
c) Que se expongan las razones por las cuales la prueba
solicitada era conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada el motivo por el cual, de
haberse decretado la prueba, el sentido de la decisión
hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción
en el expediente, y estos resultan decisivos frente a los
hechos que se pretenden probar, éstos no son tenidos en
Desconocimiento cuenta por el fallador ordinario. En este punto, se requiere
del acervo que de forma específica, se concrete en el escrito de
20 Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez,
Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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probatorio amparo, cuáles pruebas, aportadas oportuna y legalmente,
determinante fueron desconocidas por el juez.
para identificar la
veracidad de los Así las cosas, se configura siempre que:
hechos alegados
por las partes a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados
por el juez.
b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma
legal y oportunamente al proceso
c) Se señalen las razones por las cuales eran
relevantes para la decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los
mismos para variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana
crítica, la apreciación efectuada por el fallador, resulta
manifiestamente equivocada o arbitraria, y por ello, el
peso otorgado a la prueba se entiende alterado.
Valoración Requiere entonces que:
irracional o
arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas
pruebas fueron objeto de indebida valoración por el juez
aportadas b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las
reglas de la lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados, resulta de
vital importancia, pues es claro que un sencillo
desacuerdo en relación con la conclusión a la cual
arribó el juez de instancia, de ninguna manera puede
ser razón para ordenar el amparo constitucional por
este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría una
sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide
Dictar sentencia el asunto con base en pruebas que no observaron los
con fundamento requisitos legales para su producción o introducción al
en pruebas proceso. Así las cosas, el juez no ignora la prueba ni se
obtenidas con equivoca en su apreciación, pero yerra al haberla tenido
violación del en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
debido proceso planteado, al ser esta una prueba que desconoce el
debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios
aportados con violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha
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vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron
el sustento de la decisión.
83. Como se observa, la parte accionante debe precisar en su escrito el cargo que
plantea, para demostrar no solo la configuración del defecto, sino también, su
incidencia en la decisión judicial.
84. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad jurídica,
la buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
85. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen entre
sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una misma
prueba, como suele ocurrir, pues ello resulta desacertado.
2.7.2.1. Análisis del defecto fáctico
86. La compañía actora considera que el fallador de segunda instancia
desconoció la documentación comprobatoria allegada y que daba cuenta de la
existencia de la comisión de reaseguro, con lo cual no es acertado afirmar que omitió
información en lo que a este punto respecta.
87. En relación con este punto, debe mencionarse que la propia entidad
accionante, mediante escrito del 26 de abril de 2018, presentó corrección de la
declaración informativa individual de precios de transferencia correspondiente al año
2014 en el sentido de registrar en la casilla 28 denominada “Monto Total de las
operaciones de ingreso” un valor de $3.445.959.000.oo por concepto de comisiones
del contrato de reaseguro con la compañía vinculada Barents Re Reinsurance.
88. En este sentido, la existencia de la comisión de reaseguro no era objeto de
discusión, sino el hecho de que tal operación, en su modalidad de ingresos, no hizo
parte la documentación comprobatoria presentada inicialmente con la declaración, ni
tampoco luego de que la actora corrigiera la casilla 2821 con ocasión al pliego de
cargos formulado por la DIAN. Se insiste que ni siquiera en ese momento, y pese a la
corrección en lo referido al monto total de las operaciones de ingreso, se acompañó
la documentación frente a tal comisión.
21Denominada “Monto Total de las operaciones de ingreso” y en la que incluyó un valor de
$3.445.959.000.oo por concepto de comisiones del contrato de reaseguro con la compañía vinculada
Barents Re Reinsurance
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89. Ciertamente, tal y como puso de presente la autoridad judicial accionada:
[l]a determinación bajo el Principio de Plena Competencia de los ingresos,
costos, deducciones, activos y pasivos por las operaciones entre vinculados
se debe realizar por cada tipo de operación, siendo que los ingresos y los
egresos son tipos independientes, por lo que cada una debía tener su
documentación con el nivel de detalle requerido para demostrar la correcta
aplicación de los criterios de comparabilidad de que trata el artículo 260-4 del
ET. Aunado a lo anterior si bien la demandante invoca que sus operaciones de
ingresos y egresos se encuentran estrechamente ligadas entre sí y que por
ende debieron ser evaluadas conjuntamente usando el método más
apropiado, ello era predicable de la documentación comprobatoria y no del
estudio realizado por la Administración, reiterándose que la aludida
documentación sólo (sic) versa en cuanto a los egresos de la demandante.
(Énfasis de la Sala).
90. Debe mencionarse que la autoridad judicial expuso que “la documentación
comprobatoria y el respectivo estudio de precios de transferencia presentado por la
demandante ante la DIAN se centra en las operaciones de los egresos de la
contribuyente frente a su vinculado económico”, con lo cual se evidencia que sí se
realizó un análisis de los elementos de convicción que integraban la documentación
comprobatoria.
91. En ese orden de ideas y pese a la inconformidad de la compañía tutelante,
esta Sala de Decisión encuentra que el estudio del tribunal reprochado se encuentra
ajustado a derecho, fue dictado en virtud del principio de la autonomía judicial del
cual están revestidos todos los jueces de la República y, presenta simetría con las
pruebas arrimadas al expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho, medio de control en el cual la carga de la prueba estaba en cabeza de la
parte activa.
92. Debe tenerse en cuenta, además, que cuando se trata de cuestionar el
análisis probatorio hecho por los operadores jurídicos de instancia, el juez de tutela
se encuentra limitado, pues solo puede tomar medidas ante la existencia de una
valoración a todas luces arbitraria o caprichosa. Lo anterior, debido a que no cuenta
con la inmediatez para evaluar los medios de convicción, como sí la tienen los
juzgadores naturales, que realizan el estudio probatorio en ejercicio de su autonomía
e independencia. Sobre el punto se pronunció la Corte Constitucional en la sentencia
SU-132 del 2002:
Los jueces son autónomos e independientes para proferir sus decisiones. La
jurisdicción constitucional establecida en sede de tutela no está llamada a
sustituirlos ni a erigirse en última instancia de decisión, ni a resolver las
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cuestiones litigiosas en los procesos. En materia probatoria, la revisión que
efectúa el juez de tutela es, entonces, muy limitada por la dificultad que éste
encuentra para calificar de fondo el comportamiento del fallador al valorar los
elementos probatorios allegados al proceso bajo su conocimiento, dada la
falta de inmediatez del juez constitucional con respecto de la práctica de los
mismos. Escapa de la órbita de la competencia del juez de tutela, no
obstante la argumentación de la violación de derechos fundamentales de las
personas, ejercer una valoración de los medios de prueba tal y como le
correspondería efectuar al juez de la causa. El análisis que debe realizarse
en la sede de tutela, no se compara con los alcances de las potestades de
los jueces para la práctica y valoración de los medios de prueba dentro de un
proceso en especial, ni para concluir sobre la conducencia de los mismos
para la demostración de los hechos en discusión. El juez de tutela cumple
con la función de verificar si en la decisión pertinente se evidencia una
irregularidad protuberante con las características de una vía de hecho. De
advertirla, emite las órdenes con los parámetros constitucionales que sean
necesarios para que el juez natural enmiende el error en que se incurrió con
violación del ordenamiento superior.
(…)
En la valoración probatoria efectuada por una autoridad judicial, prima la
autonomía e independencia del juez que la realiza. Lo que se rechaza de la
misma es el posible exceso en que se pueda llegar a incurrir, por un ejercicio
arbitrario de esa discrecionalidad. Esto es lógico, puesto que como director
del proceso, el juez de la causa es el que está llamado a determinar la
utilidad, pertinencia y procedencia del material probatorio, a través de
criterios objetivos y razonables, de manera que pueda formar su
convencimiento y sustentar la decisión final, utilizando las reglas de la sana
crítica.
93. Por lo tanto, como en el presente asunto no se advirtió una valoración
caprichosa ni irrazonable del juez natural, quien en ejercicio de su autonomía e
independencia analizó los medios de convicción, sin que la Sala encuentre ningún
reproche al estudio realizado, el defecto fáctico invocado por la parte accionante será
negado.
2.8. Conclusión
94. Para esta Colegiatura, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Cuarta, Subsección A, al proferir la sentencia del 5 de mayo de 2022, no incurrió en
los defectos alegados por la parte tutelante.
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III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela presentada por Nacional
de Seguros S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A y el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá respecto
del cargo relacionado con la vulneración del principio de congruencia.
SEGUNDO: NEGAR, en lo demás, la solicitud de amparo presentada por Nacional
de Seguros S.A. contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Cuarta,
Subsección A y el Juzgado 41 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTA: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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