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Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03447-00

Fecha
29 de julio de 2022
Consejero ponente
Marta Nubia Velasquez Rico
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 11001-03-15-000-2022-03447-00

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 11001-03-15-000-2022-03447-00

Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico

29 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., veintinueve (29) de julio de dos mil veintidós (2022)

Radicación número: 110010315000202203447 00

Accionante: FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ

Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN CUARTA

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA)

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA DE UNA ALTA CORTE –
Procedencia excepcional. Además de los presupuestos generales y específicos de
procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial se debe evidenciar la
configuración de una anomalía de tal entidad que imponga la intervención del juez
constitucional / DEFECTO SUSTANTIVO – No existe interpretación irrazonable del
artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 ni del parágrafo 2º del artículo 15 de la
Ley 1579 de 2012 / DEFECTO FÁCTICO – No se configuró porque sí se valoraron las
pruebas allegadas al proceso ordinario.

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela
instaurada por el señor Fabio Alberto Ortega Márquez, de conformidad con el
Decreto 333 de 2021.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

El señor Fabio Alberto Ortega Márquez instauró demanda de tutela contra la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia. El
tutelante elevó las siguientes pretensiones (se trascribe de manera literal, con
posibles errores incluidos):

Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas,
respetuosamente solicito a los señores Consejeros, TUTELAR en favor del
suscrito FABIO ALBERTO ORTEGA MÁRQUEZ, los derechos fundamentales
al DEBIDO PROCESO y ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA,

1

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

ordenando a la autoridad judicial accionada, que deje sin valor y efecto la
Sentencia de segunda instancia proferida el 10 de marzo del año 2022,
Consejera Ponente Myriam Stella Gutiérrez A, dentro del proceso con
radicado 050012333000 2019-03229 01, y ORDENE a la SECCIÓN CUARTA,
que profiera una nueva providencia, SIN QUE EN ELLA SE INAPLIQUE el
artículo 137 del Decreto 1018 de 2013 del Municipio de Medellín, y que se
avalúe y analicen la TOTALIDAD de las pruebas recaudadas, y se CONFIRME
la decisión de primera instancia, accediendo a las pretensiones de nulidad
TOTAL de los actos administrativos acusados (negrilla del original).

2. Hechos relevantes

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el
tutelante demandó al municipio de Medellín, con el fin de que se declarara la
nulidad de la resolución mediante la cual la Subsecretaría de Ingresos de ese
municipio “practicó liquidación oficial de aforo a cargo del contribuyente Fabio
Alberto de Jesús Ortega Márquez, por el período gravable 2013, en cuantía de
$89’883.000” y de su acto confirmatorio”. Como consecuencia de lo anterior,
solicitó que se ordenara “modificar la liquidación oficial de aforo, tomando como
base gravable los ingresos que no constituyen actos notariales”.

Por medio de sentencia de 9 de diciembre de 2020, el Tribunal Administrativo de
Antioquia dispuso (trascripción literal con posibles errores incluidos):

PRIMERO. SE DECLARA la nulidad parcial de la Resolución 63144 del 21 de
junio de 2018, expedida por la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de
Hacienda del municipio de Medellín, y de su acto confirmatorio, la Resolución
201950061270 del 4 de julio de 2019, emitida por la Secretaría de Hacienda
Municipal.

SEGUNDO. A título de restablecimiento del derecho, SE ORDENA al
municipio de Medellín, modificar la liquidación de aforo del impuesto de
industria y comercio correspondiente al periodo gravable 2013, a cargo del
señor Fabio Alberto de Jesús Ortega Márquez, en el sentido de excluir de la
base gravable los ingresos percibidos por concepto de actos notariales y de
registro.

TERCERO. Se niegan las demás pretensiones de la demanda.

Tanto la parte demandante como la demandada apelaron la anterior decisión ante
la Sección Cuarta del Consejo de Estado, la que, mediante fallo del 10 de marzo
de 2022, resolvió: “inaplicar el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 en
virtud de la excepción de ilegalidad”; revocar la sentencia de primera instancia y
negar las pretensiones de la demanda.

2

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

3. Fundamentos de la demanda

El accionante señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto
sustantivo por interpretación irrazonable.

Explicó que no existe contrariedad entre el artículo 1371 del Decreto Municipal
1018 de 2013 y los artículos 662 de la Ley 383 de 1997 y 593 de la Ley 788 de
2002.

Afirmó que (trascripción literal con posibles errores incluidos):

… si lo que se pretende es advertir que la norma territorial era más gravosa
-como lo dice la sentencia objeto de esta acción-, es necesario recalcar que el
artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013, NO HACE MÁS GRAVOSO
EL PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO previsto en el Estatuto Tributario
Nacional; por el contrario, lo torna más beneficioso y garantista para el
contribuyente, pues establece que, previo a proferir la liquidación oficial de
aforo, el ente municipal debe imponer la sanción por no declarar y resolver el
recurso de reconsideración que se encuentre pendiente frente a esta última.

Agregó que la norma municipal inaplicada tampoco contraría los artículos 643,
715, 716 y 717 del Estatuto Tributario.

Refirió que “las normas tributarias nacionales establecen un procedimiento claro
para la expedición de la liquidación oficial de aforo, el cual se realiza una vez se
profiere la sanción por no declarar. Precisamente, es ese el procedimiento que
consagra y determina el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013
inaplicado, pues indica que el municipio debe primero imponer la sanción por no

1
Artículo 137. CONSECUENCIA DE LA NO PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN CON
MOTIVO DEL EMPLAZAMIENTO. Vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata el
artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la Subsecretaría de
Ingresos procederá a proferir el acto administrativo imponiendo la sanción por no declarar prevista
en el artículo 195 del Acuerdo Municipal 64 de 2012 y agotado este procedimiento con su
respectivo recurso de reconsideración, procederá la liquidación oficial de aforo.
2
Artículo 66. ADMINISTRACIÓN Y CONTROL. Los municipios y distritos, para efectos de las
declaraciones tributarias y los procesos de fiscalización, liquidación oficial, imposición de
sanciones, discusión y cobro relacionados con los impuestos administrados por ellos, aplicarán los
procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario para los impuestos del orden nacional.
3
Artículo 59. PROCEDIMIENTO TRIBUTARIO TERRITORIAL. Los departamentos y municipios
aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto Tributario Nacional, para la administración,
determinación, discusión, cobro, devoluciones, régimen sancionatorio incluida su imposición, a los
impuestos por ellos administrados. Así mismo aplicarán el procedimiento administrativo de cobro a
las multas, derechos y demás recursos territoriales. El monto de las sanciones y el término de la
aplicación de los procedimientos anteriores, podrán disminuirse y simplificarse acorde con la
naturaleza de sus tributos, y teniendo en cuenta la proporcionalidad de estas respecto del monto
de los impuestos.
3

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

declarar y resolver el recurso de reconsideración que haya presentado frente a la
misma, para luego proferir la liquidación oficial de aforo”.

Precisó que, contrario a lo afirmado en la decisión cuestionada, el artículo 137 del
Decreto Municipal 1018 de 2013 no desconoce el procedimiento de las normas
tributarias de carácter nacional, sino que “es plenamente concordante y
coincidente con las exigencias legales allí previstas para la expedición de la
liquidación oficial de aforo”.

Indicó que “a lo único que es contrario el artículo 137 del Decreto Municipal (…) es
a una interpretación que hace la misma Sección de que la entidad territorial puede
proferir la liquidación de aforo y la sanción por no declarar en trámites
simultáneos, separados o acumulados”, pero que ello no es suficiente para
concluir que esa norma es contraria a la ley o a la constitución.

Añadió que debía tenerse en cuenta que, el artículo 148 del CPACA prevé que el
control por vía de excepción solo es aplicable cuando el acto administrativo sea
contrario a la ley o a la constitución, pero no cuando sea contrario a la
jurisprudencia o a la doctrina ni a una interpretación de una sección del alto
tribunal y menos cuando no se trata de una sentencia de unificación
jurisprudencial.

Por lo anterior, estimó que no podía inaplicarse la disposición normativa, pues “ello
equivaldría a darle un alcance desproporcionado e incluso riesgoso al control por
vía de excepción, al sobreponer una interpretación jurisprudencial, sobre la ley y la
Constitución, con la ostensible deslegitimación y desconocimiento de los principios
de legalidad y seguridad jurídica, y la violación consecuente a los derechos
fundamentales al debido proceso y acceso a la administración de justicia de los
administrados, que ello conlleva”.

Concluyó (trascripción literal con posibles incluido):

Es por todo lo anterior que esta accionante considera que la SECCIÓN
CUARTA, en la providencia objeto de esta solicitud de amparo constitucional,
incurrió en un DEFECTO SUSTANTIVO POR INTERPRETACIÓN
IRRAZONABLE, al haber otorgado al artículo 137 del Decreto Municipal 1018
de 2013, UN SENTIDO O ALCANCE QUE NO TIENE, y haber llegado a una
conclusión CONTRAEVIDENTE, al decir que esta norma vuelve más gravoso

4

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

el procedimiento tributario y viola el artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del
artículo 59 de la Ley 788 de 2002, o los artículos 642, 715, 716 y 717 del
Estatuto Tributario, cuando dicha disposición municipal no solo es más
favorable y garantista para el contribuyente (al requerir que se le resuelva el
recurso de reconsideración pendiente antes de proferírsele la liquidación
oficial de aforo); sino que además es concordante y coincidente con las
normas que consagran el procedimiento tributario nacional.

De otra parte, el tutelante trascribió el salvamento de voto de uno de los
integrantes de la Sala y precisó que, como quedó allí establecido, la decisión
cuestionada desconoce que la norma, aunque es territorial, no trasgrede ni
contraría el ordenamiento jurídico.

Manifestó que la decisión atacada contradice el parágrafo 2º del artículo 15 de la
Ley 1579 de 2012, que prevé que “ningún acto notarial ni de registro podrá ser
gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o departamentales,
con excepción del Impuesto de Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las
que lo modifiquen o adicionen”.

Refirió (trascripción literal con posibles incluido):

Al tratarse de un mandato legal y frente, incluso, al reconocimiento del
Municipio de Medellín de este precepto, al proceder a excluir de la base
gravable del año gravable 2013 lo correspondiente a los Actos Notariales,
teniendo solo en cuenta los ingresos por servicios notariales, tal como lo
señala la Ley; llama la atención la postura de la SECCIÓN CUARTA al
desconocer la Base Gravable fijada en la Resolución 201950101449 del 22 de
octubre de 2019, en valor de $156.530.728, argumentando que no se trata en
este asunto del análisis de la legalidad de la Resolución Sanción por No
Declarar, cuando si bien se tratan de actos separados, ambos actos
(Resolución sanción y Liquidación Oficial de Aforo), hacen parte de un solo
procedimiento, el denominado ‘PROCESO DE OMISOS’, regulado
actualmente por los artículos 116 a 119 del Decreto 350 de 2018.

De similar manera es preciso recordar que la Base Gravable, como elemento
esencial de la obligación tributaria, en el caso del trámite de omisos, es fijada
no solo para tasar la imposición de la sanción, sino también para la tasación
del tributo en el evento de llegarse a la Liquidación Oficial de Aforo. Quizás
por ello la sabiduría del legislador al prever que la Resolución de Aforo solo
debe proferirse una vez se haya agotado el procedimiento de la Resolución
Sanción por No declarar, con su respectivo recurso de reconsideración, tal
como lo contempla el artículo 137 del Decreto 1018 de 2013, antes objeto de
análisis dentro de esta acción de tutela.

De otra parte, sostuvo que se configuró un defecto fáctico, porque la autoridad
judicial accionada no tuvo en cuenta que, con la respuesta al requerimiento de
información No. 37203 de 14 de agosto de 2019, del período gravable 2013,

5

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

allegó: el rut, el consolidado de ingresos por servicios excluyendo los actos
notariales del año 2013, la certificación expedida por el ingeniero de sistemas José
Ángel Hurtado y el acta de posesión como notario 15 de Medellín.

Agregó que estas pruebas hicieron parte de la base gravable que llevó a que el
Municipio modificara la resolución No. 201950101449 de 22 de octubre de 2019, la
sanción por no declarar de $53’930.000 a $1’080.000, acto administrativo que se
encuentra en firme y que hizo parte de las pruebas allegadas con la demanda.

Precisó que, en la referida resolución, “se plasmó la respuesta al requerimiento de
información No. 37203 por el período gravable 2013, dejándose escaneado la
certificación de ingresos por servicios excluyendo actos notariales 2013, donde se
registró como ingresos gravables la suma de $156.530.728, la cual fue tomada por
el Municipio de Medellín”.

Por lo anterior, afirmó que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no tuvo en
cuenta la totalidad de las pruebas recaudadas, sino que “tuvo en cuenta una
información parcial y anterior al hecho narrado, al concluir con base en un
requerimiento anterior que: ‘...el demandante no controvierte las afirmaciones
contenidas en los actos administrativos acusados, por lo que aceptó que no aportó
pruebas durante el trámite administrativo para demostrar cuáles fueron los
ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio en el Municipio de
Medellín durante el año 2013’”.

4. La oposición

4.1. Mediante providencia de 1º de julio de 2022, se admitió la demanda de tutela,
se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como tercero con
interés, al municipio de Medellín, los que se pronunciaron en los siguientes
términos:

4.1.1. La Alcaldía de Medellín –Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e
Innovación– se opuso al amparo solicitado, tras considerar que la decisión
cuestionada no vulneró los derechos fundamentales del tutelante.

6

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Informó que, en atención a la sentencia de segunda instancia, se verificó el estado
de cuenta del ahora tutelante “encontrando que por la vigencia 2013, tiene
facturados el impuesto, interés y sanción, conforme a la resolución
N°201950061270 de 04 de julio de 2019 y N°201950101449 del 22 de octubre de
2019, que quedaron confirmadas con el fallo, por un total de $134.495.845”.

En línea con lo anterior, indicó que la acción de tutela es un mecanismo
subsidiario y que no está instituida “para reemplazar procedimientos, como en este
caso, el procedimiento tributario y menos aun para suplir la falta de pruebas no
allegadas en el procedimiento administrativo como bien lo señala el Consejo de
Estado en la sentencia de segunda instancia”.

4.1.2. La Sección Cuarta del Consejo de Estado guardó silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo de
31 de julio de 2012, unificó la postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales4.

Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena de
la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia de la acción
constitucional contra providencia judicial y reiteró que la tutela es un mecanismo
residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo
señala el artículo 86 Constitucional y, por ende, se consideró que el amparo frente
a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características5.

4
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de
2012, exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01, C.P. María Elizabeth García González.
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de
2014, exp. 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Con fundamento en lo anterior, esta Corporación ha sostenido que los requisitos
generales para la procedencia del mecanismo de amparo de derechos
fundamentales que deben ser cuidadosamente verificados, son6:

• Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional,
dado que el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no
tienen una clara y marcada importancia constitucional, so pena de involucrarse en
asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones.

• Que se hayan agotado todos los medios –ordinarios y extraordinarios– de
defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la
consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable.

• Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se haya
interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó
la vulneración.

• Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma
tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que
afecta los derechos fundamentales de la parte actora.

• Que la parte actora identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible.

• Que no se trate de sentencias de tutela.

A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la sentencia C-590 de 2005, acogida por la Sala
Plena de esta Corporación, son los siguientes:

• El defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada carece, absolutamente, de competencia para ello.

6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de
febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00(AC), M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto,
entre muchas otras providencias.

8

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

• El defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

• El defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

• El defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

• El error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

• La decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

• El desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

• La violación directa de la Constitución Política.

Así pues, la Corporación ha determinado que le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que una vez superado ese examen formal pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser alegados
por el interesado7.

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de
diciembre de 2016, exp. 2016 00134-01, C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp.
2016-02213-01, C.P. Carlos Enrique Moreno Rubio; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp.
Nº 2016-02568-01, C.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 27 de noviembre de 2016, C.P. Roberto
Augusto Serrato Valdés, entre otras.
9

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Conviene mencionar que, cuando se controvierten providencias dictadas por las
altas cortes, como ocurre en el caso bajo estudio, la Corte Constitucional ha
establecido que, además de verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
los especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales,
se debe evidenciar “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional”. Puntualmente, en sentencia
SU–573 de 2017, se indicó:

Además de los anteriores requisitos, cuando se trate de acciones de tutela
contra providencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo
de Estado, se ha determinado un criterio adicional, en atención a que ‘dichos
organismos judiciales son los llamados a definir y unificar la jurisprudencia en
sus respectivas jurisdicciones’8. En este sentido, la sentencia SU-917 de 2010,
reiterada en la SU-050 de 2017, determinó que:

‘La tutela contra providencias judiciales de las altas Corporaciones es más
restrictiva, en la medida en que sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de
manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la
jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites
de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad
que exige la imperiosa intervención del juez constitucional. En los demás
eventos los principios de autonomía e independencia judicial, y especialmente
la condición de órganos supremos dentro de sus respectivas jurisdicciones,
exigen aceptar las interpretaciones y valoraciones probatorias aún cuando el
juez de tutela pudiera tener una percepción diferente del caso y hubiera llegado
a otra conclusión’.

Así las cosas, para determinar la procedencia de la acción de tutela contra
una providencia judicial proferida por una Alta Corporación, la jurisprudencia
constitucional ha delimitado tres requisitos: (i) el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias
judiciales; (ii) el cumplimiento de uno de los requisitos especiales de
procedencia; y (iii) la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la
imperiosa intervención del juez constitucional.

2. Caso concreto

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configura el defecto
sustantivo alegado por la parte actora, al proferirse la sentencia de 10 de marzo de
2022, en la que la Sección Cuarta del Consejo de Estado resolvió (trascripción
literal e in extenso):

Corte Constitucional, sentencias SU-556 de 2016, M.P. María Victoria Calle Correa; SU-542 de
2016, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado; SU-490 de 2016, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo;
SU-659 de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
8
Original de la cita: “SU-050 de 2017”.
10

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

Corresponde a la Sala decidir sobre la legalidad de la Liquidación Oficial de
Aforo Nro. 63144 del 21 de junio de 2018 y de la Resolución Nro.
201950061270 del 4 de julio de 2019 proferidas por el Municipio de Medellín,
que determinaron el Impuesto de Industria y Comercio a cargo de Fabio
Alberto Ortega Márquez por el año gravable 2013, según los argumentos
propuestos en los recursos de apelación.

1. Los procedimientos para proferir la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar son autónomos e independientes.

1.1 Esta Sección, en sentencia del 1° de agosto de 20199, expuso las
diferentes posturas jurisprudenciales sobre la posibilidad de proferir la
liquidación oficial de aforo de forma separada o acumulada con la sanción por
no declarar.

En dicha providencia, la Sección señaló que el artículo 66 de la Ley 383 de
1997 y el artículo 59 de la Ley 788 de 2002 establecen que los departamentos
y los municipios aplicarán los procedimientos establecidos en el Estatuto
Tributario Nacional para la determinación de los tributos territoriales y para la
imposición de sanciones tributarias, entre otros aspectos. Además, el artículo
59 de la Ley 788 de 2002 permite que el monto de las sanciones y el término
de la aplicación de los procedimientos puedan disminuirse o simplificarse
según la naturaleza de los tributos que administran y teniendo en cuenta el
principio de proporcionalidad.

Esto significa que al procedimiento de aforo adelantado por las entidades
territoriales le son aplicables las mismas disposiciones de los artículos 715,
716 y 717 del Estatuto Tributario, salvo que la respectiva entidad territorial
establezca reglas especiales que simplifique dicho procedimiento.

Ahora, con base en las normas del Estatuto Tributario, la Sección Cuarta del
Consejo de Estado inicialmente consideró que no procedía la expedición de la
liquidación oficial de aforo y la imposición de la sanción por no declarar en un
mismo acto administrativo, so pena de que fuera violado el derecho al debido
proceso del contribuyente10.

No obstante, la Sección modificó esta postura a partir de la sentencia del 26
de mayo de 201611 porque nada se opone a que la liquidación oficial de aforo
y la sanción por no declarar sean proferidas en trámites administrativos
separados, de forma simultánea o acumulados, pues esto atiende los
principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía, según lo permite el
artículo 637 del Estatuto Tributario. En todo caso, la sentencia del 1° de agosto
de 2019 precisó lo siguiente:

9
Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 25000-23-37-000- 2013-00367-01 (21977). Sentencia del 1° de agosto de 2019. CP:
Milton Chaves García”.
10
Original de la cita: “Las providencias citadas por la sentencia del 1° de agosto de 2019 sobre esta
postura son las siguiente: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Cuarta. Proceso: 17001-23-31-000- 2002-01149-01 (15530). Sentencia del 3 de octubre de 2007.
CP: María Inés Ortiz Barbosa; ii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo.
Sección Cuarta. Proceso: 25000-23-27-000-2009-00083-01 (18425). Sentencia del 11 de octubre
de 2012. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia; y iii) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23-33-000-2012-00486-01 (20979). Sentencia del
4 de febrero de 2016. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia”.
11
Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 25000-23-27-000- 2011-00296-01 (19732). Sentencia del 26 de mayo de 2016. CP: Hugo
Fernando Bastidas Bárcenas”.
11

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

«Teniendo en cuenta la disparidad de criterios, la Sala consideró necesario
tomar una posición, por lo que, en lo sucesivo, se entenderá que la liquidación
oficial de aforo y la sanción por no declarar pueden expedirse de forma
independiente o en un mismo acto administrativo, sin embargo, cuando la
Administración impida al contribuyente tener acceso a la sanción reducida
prevista en el parágrafo 2 del artículo 643 del Estatuto Tributario, procede el
reconocimiento de la sanción reducida por violación al debido proceso».

De otro lado, en sentencia del 3 de julio de 2020, esta Sección también señaló
que debe ser inaplicada la norma procedimental del orden municipal que hace
más gravoso el procedimiento previsto en el Estatuto Tributario Nacional, pues
contraría el mandato del artículo 66 de la Ley 383 de 1997 y del artículo 59 de
la Ley 788 de 2002, así como la Sentencia C-232 de 199812.

1.2. Fabio Alberto Ortega Márquez, en la apelación, sostuvo que la expedición
de la liquidación oficial de aforo antes de la firmeza de la sanción por no
declarar constituye un vicio sustancial, cuya consecuencia es la nulidad total
de los actos administrativos acusados por la violación del artículo 137 del
Decreto Municipal 1018 de 2013, norma que es aplicable a este caso, a pesar
de haber sido derogada por el Decreto Municipal 350 de 2018, porque estaba
vigente al momento de la expedición el emplazamiento para declarar, según lo
reconoció el Tribunal.

En contraposición, el Municipio de Medellín afirmó que la jurisprudencia
actualmente admite que la resolución sanción y la liquidación oficial de aforo
sean expedidas en procedimientos administrativos separados, sean
simultáneos o sucesivos, por lo que la determinación del tributo antes de la
firmeza de la sanción por no declarar no vulneró los derechos del
contribuyente.

Para decidir los cuestionamientos planteados, debe tenerse en cuenta que el
procedimiento de fiscalización se rige por la norma vigente al momento de la
presentación de la declaración o de que finaliza el plazo para hacerlo, según
sea el caso, pues en ese momento empieza a correr el término para proferir la
respectiva liquidación oficial e imponer las sanciones procedentes. Esto
significa que, para este caso, debe aplicarse el Decreto Municipal 1018 de
2013, norma que estaba vigente al momento en que finalizó el plazo para
presentar la declaración del impuesto de industria y comercio por el año
fiscalizado (2013) y al momento de la expedición del emplazamiento para
declarar (23 de agosto de 2017).

Ahora, el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013 dispone lo
siguiente: (…)

Como se observa, esta norma expresamente exige al Municipio de Medellín
imponer la sanción por no declarar y, en caso de que sea interpuesto el
recurso de reconsideración en su contra, decidirlo, antes de proferir la
liquidación oficial de aforo. Sin embargo, esta norma debe ser inaplicada por
la excepción de ilegalidad en la medida que no simplifica el procedimiento
previsto en el Estatuto Tributario.

En efecto, como fue expuesto, la jurisprudencia de la Sección interpretó que el
Estatuto Tributario Nacional permite que la liquidación oficial de aforo y la
sanción por no declarar sean proferidas en trámites administrativos
separados, de forma simultánea o acumulados, puesto que de esta manera se

12
Original de la cita: “En este sentido ver: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 76001-23-31-000-2008-00759-01 (24584). Sentencia del
3 de julio de 2020. CP: Stella Jeannette Carvajal Basto”.
12

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

materializan los principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía.
Contrario sensu, estos mismos principios son desconocidos en los eventos en
que se restrinja esta posibilidad, sometiendo la expedición de la liquidación
oficial de aforo al previo agotamiento del procedimiento para imponer la
sanción por no declarar.

En todo caso, debe tenerse en cuenta que la expedición de la liquidación
oficial de aforo antes de que quede en firme la sanción por no declarar
impuesta, en el asunto bajo examen, no viola el derecho al debido proceso del
demandante por dos motivos. El primero, consiste en que, como lo destaca la
línea jurisprudencial decantada desde el 26 de mayo de 2016, el
procedimiento sancionatorio y el de fiscalización son autónomos, de tal
manera que nada impide que sean adelantados de forma conjunta o
separada. Incluso, luego de que se anunció el cambio jurisprudencial, la
sentencia del 15 de septiembre de 2016 señaló que la expedición de la
liquidación oficial de aforo sin la previa imposición de la sanción por no
declarar no vulnera el derecho al debido proceso de los contribuyentes, en los
siguientes términos:

«(...) Si el contribuyente no presenta la declaración, bien puede la
administración imponer la sanción por no declarar y la liquidación de aforo. Pero
si la administración tributaria decide no imponer la sanción por no declarar en
acto previo e independiente de la liquidación de aforo, eso no implica vulnerar ni
el debido proceso ni el derecho de defensa, como lo alegó la demandante.

En efecto, una vez formulado el emplazamiento para declarar, cada actuación
sigue su curso de manera independiente, simultánea o de manera acumulada,
sin que pueda considerarse que la actuación administrativa prevista para
imponer la sanción constituye una etapa previa e ineludible para adelantar la
actuación administrativa para formular la liquidación de aforo»13 (subraya la
Sala).

El segundo motivo por el que no fue violado el derecho al debido proceso es
que la entidad territorial profirió y notificó el emplazamiento para declarar,
hecho que está probado en el expediente. En efecto, según lo indicó la misma
sentencia del 15 de septiembre de 2016 antes citada, «cada actuación
administrativa (liquidación oficial de aforo y sanción por no declarar) requiere
indispensablemente del emplazamiento para declarar, para garantizar el
derecho de defensa». En consecuencia, en el asunto bajo examen, el
demandante pudo ejercer su derecho de defensa en la oposición al
emplazamiento para declarar, por lo que la Sala no encuentra que se le haya
violado el derecho al debido proceso.

En este orden de ideas, se inaplicará el artículo 137 del Decreto Municipal
1018 de 2013 con base en la excepción de ilegalidad del artículo 148 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

1.3. No obstante, lo anterior no es suficiente para revocar la sentencia de
primera instancia porque, además, el Tribunal también consideró que el
Municipio de Medellín debió tener en cuenta la decisión tomada en la
Resolución Nro. 201950101449 de 2019 por los siguientes motivos: (…)

Según lo transcrito, el Tribunal concluyó que los actos administrativos
acusados, que determinaron oficialmente el tributo, son parcialmente nulos
porque el mismo Municipio de Medellín reconoció, al resolver el recurso de

13
Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 54001-23-31-000- 2007-00349-01 (20181). Sentencia del 15 de septiembre de 2016. CP:
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas”.
13

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

reconsideración contra la resolución sanción, que debía reducir la base de la
sanción (que coincide con la base gravable del impuesto de industria y
comercio) por la exclusión de los ingresos derivados de los actos notariales y
de registro.

Debido a lo anterior, la Sala procederá analizar los cargos propuestos en los
recursos de apelación presentados por ambas partes.

2. Determinación de la base gravable del impuesto de industria y
comercio en el caso bajo examen.

2.1. El actor, en su apelación, no discutió que tiene la obligación de declarar el
impuesto de industria y comercio en el Municipio de Medellín porque
desempeñó la actividad de notario por el año gravable 2013, tal como lo
señaló el Tribunal en la sentencia de primera instancia.

En todo caso, se evidencia que esta Sección14 consideró que las actividades
notariales se subsumen en la definición de actividades de servicio del artículo
14 de la Ley 14 de 1983 porque: i) en la prestación del servicio no media una
relación laboral, ii) el servicio consiste en la ejecución de una obligación de
hacer mediante la función de dar fe pública, iii) existe una contraprestación por
la labor realizada y iv) es una actividad análoga a la lista enunciativa dispuesta
por el legislador.

Ahora, el parágrafo 2° del artículo 15 de la Ley 1579 de 2012 dispone que
«Ningún acto notarial ni de registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o
contribuciones municipales o departamentales, con excepción del Impuesto de
Registro autorizado por la Ley 223 de 1995 y las que lo modifiquen o
adicionen».

Respecto de esta norma, la Sentencia C-260 de 2015 concluyó lo siguiente:
(…)

En este mismo sentido, la Sección afirmó que los actos notariales y de registro
son distintos a los ingresos que las notarías perciben en virtud de todos los
trámites que los ciudadanos realizan ante ellas. Así las cosas, se precisó que:
‘(...) una cosa es que no puedan gravarse con tributos locales los actos
sujetos a registro; por ejemplo, una escritura pública de compraventa de un
inmueble, y otra, muy distinta, el ejercicio del servicio notarial, que es gravado
con el impuesto de industria y comercio, en los términos de las normas
tributarias y de la jurisprudencia de esta’15 (subraya la Sala).

Con base en lo expuesto, todos los ingresos percibidos por el contribuyente
por la prestación del servicio notarial están gravados con el impuesto de
industria y comercio.
14
Original de la cita: “En este sentido ver: i) Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso
Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:17001-23-31-000-2012-00197-01 (22593). Sentencia del 9
de mayo de 2019. CP: Jorge Octavio Ramírez Ramírez; ii) Consejo de Estado. Sala de lo
Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 08001-23- 31-000-2013-00182-01 (21108).
Sentencia del 14 de junio de 2018. CP: Julio Roberto Piza Rodríguez; y iii) Consejo de Estado.
Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso: 05001-23-31-000- 2012-00378-01
(20754). Sentencia del 9 de abril de 2015. CP: Martha Teresa Briceño de Valencia”.
15
Original de la cita: “Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta.
Proceso: 08001-23-31-000- 2013-00182-01 (21108). Sentencia del 14 de junio de 2018. CP: Julio
Roberto Piza Rodríguez. Además, esta providencia reiteró la postura asumida en el siguiente fallo:
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta. Proceso:
66001-23-31-000-2012-00156-01 (20416). Sentencia del 9 de octubre de 2014. CP: Martha Teresa
Briceño de Valencia”.
14

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

2.2. El Municipio de Medellín, en la apelación, sostuvo que Fabio Alberto
Ortega Márquez no cumplió su carga de la prueba porque no acreditó cuáles
son los ingresos gravados. De esta forma, concluyó que procedía tomar como
ingresos gravables los ingresos brutos de las declaraciones del IVA por los
seis bimestres del mismo año.

Por el contrario, el demandante afirmó en su recurso que el Municipio de
Medellín excedió sus competencias al tomar como la base gravable del tributo
los ingresos brutos liquidados en las declaraciones del IVA porque desconoció
el procedimiento para determinar este elemento del tributo, regulado por el
numeral 3° del artículo 32 del Acuerdo Municipal 064 de 2012.

2.3. Como fue expuesto anteriormente, al caso bajo examen le es aplicable el
Decreto Municipal 1018 de 2013, que en el artículo 182 dispone lo siguiente:
(…)

Como se observa, esta norma establece que los ingresos gravados por
impuestos territoriales en el Municipio de Medellín pueden constatarse, entre
otros, por el cruce de información con la DIAN. En todo caso, la entidad
territorial debe tener en cuenta que el artículo 743 del Estatuto Tributario y el
artículo 166 del Decreto Municipal 1018 de 2013 establecen que la idoneidad
de los medios de prueba depende de su conexión con el hecho que trata de
probarse y el grado de convencimiento que le sea atribuible con base en las
reglas de la sana crítica.

Ahora, el numeral 3° del artículo 32 del Acuerdo Municipal 064 de 2012
invocado por el demandante en el recurso de apelación no reguló los medios
probatorios para determinar los ingresos gravables de los contribuyentes en el
Municipio de Medellín. En realidad, dicha norma solamente delimitó los
ingresos que serán tenidos en cuenta para determinar el valor del impuesto de
industria y comercio, así: (…)

En este orden, el Municipio de Medellín puede determinar la base gravable del
impuesto de industria y comercio con base en las pruebas obtenidas por los
cruces de información con la DIAN, pero siempre debe valorar esta
información con base en las reglas de la sana crítica y contrastarla con las
demás pruebas practicadas en el procedimiento de fiscalización, sean de
oficio o a petición del contribuyente.

2.4. En el caso bajo examen, los documentos que obran en el expediente
demuestran lo siguiente:

La Liquidación Oficial de Aforo Nro. 63144 al momento de determinar el valor
del tributo a cargo del contribuyente por el año gravable 2013, señaló:

«5. Que por lo tanto, la Administración Municipal practicará la liquidación oficial
de aforo, según lo establecido en los artículos 96, 118 y 119 del Decreto
Municipal 350 de 2018, tomando como base gravable por el período gravable
2013 los ingresos brutos declarados en IVA por $7.860.495.000, reconociendo
como descontable devoluciones en ventas por $44.574.000, quedando como
base gravable $7.815.921.000 aplicando la tarifa 10 por mil según código de
actividad 305, para un total del impuesto a cargo $89.883.000 incluido avisos y
tableros, según lo establecido en el artículo 173 del Decreto Municipal 350 de
2018».

La Resolución Nro. 201950061270 del 4 de julio de 2019 (que confirmó la
liquidación oficial) realiza un estudio más detallado del periodo probatorio
previo a la decisión del recurso de reconsideración. En él se puso de presente
que dicho recurso se fundamentó en que la entidad territorial incluyó en la
15

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

base gravable del impuesto de industria y comercio ingresos no gravados, por
lo que, antes de decidir el recurso, se decretó una inspección contable
mediante el Auto Nro. 156 del 8 de mayo de 2018.

En cumplimiento de lo anterior, fue proferido el Requerimiento de Información
Nro. 70609 el 21 de mayo de 2019. Sin embargo, el contribuyente no
suministró la información solicitada, sino que dio respuesta al requerimiento
señalando que no procede la práctica de pruebas luego de recurrida la
liquidación oficial de aforo.

Debido a lo anterior, mediante oficio del 15 de junio de 2019, la Subsecretaría
de Ingresos informó que no pudo practicar la inspección contable decretada.
Sin embargo, señaló que al verificar la base de datos suministrada por la DIAN
se evidencia que el actor presentó declaraciones del IVA por el año 2013 con
un total de ingresos brutos de $7.860’495.000 y devoluciones de ventas por
valor de $44’574.000.

En este orden de ideas, la Resolución Nro. 201950061270 señaló que «tenía
el contribuyente el deber formal de presentar a la Administración las pruebas
tendientes a desvirtuar la base gravable tomada para practicar la liquidación
de aforo (ingresos brutos declarados en IVA), pues es sobre este sujeto sobre
quien recae la carga de la prueba (...)».

Finalmente, debe tenerse en cuenta que el demandante no controvierte las
afirmaciones contenidas en los actos administrativos acusados, por lo que
aceptó que no aportó pruebas durante el trámite administrativo para demostrar
cuáles fueron los ingresos gravados con el impuesto de industria y comercio
en el Municipio de Medellín durante el año 2013.

Por lo expuesto, el Municipio de Medellín estaba facultado para determinar la
base gravable del impuesto de industria y comercio a cargo de Fabio Alberto
Ortega Márquez por el año gravable 2013 con base en la información
registrada en las declaraciones del IVA presentadas por ese mismo periodo,
según lo previsto en el artículo 182 del Decreto Municipal 1018 de 2013 y en
el artículo 173 del Decreto Municipal 350 de 2018.

La anterior conclusión se refuerza en que el contribuyente no desplegó
ninguna actividad probatoria en el trámite administrativo ni en el proceso
judicial para desvirtuar que los ingresos informados a la DIAN, mediante las
declaraciones del IVA, no están gravados con el impuesto de industria y
comercio ante el Municipio de Medellín.

2.5. Como fue expuesto, el Tribunal señaló que la entidad territorial debió
reducir la base gravable del impuesto de industria y comercio en la liquidación
oficial de aforo tal como lo hizo en la Resolución Nro. 201950101449 de 2019.

Dicho acto administrativo señaló que Fabio Alberto Ortega Márquez suministró
la información mediante respuesta del 11 de septiembre de 2019 (luego de
proferidos los actos administrativos acusados), en la que consta que el ingreso
gravable por el año 2013, excluyendo el ingreso derivado de actos notariales,
asciende a solo $156’530.728.

No obstante, como fue expuesto, la prohibición del parágrafo 2° del artículo 15
de la Ley 1579 de 2012 solo es aplicable a los actos notariales, pero no para
los ingresos por la prestación del servicio notarial.

Lo anterior significa que la base gravable utilizada por la entidad demandada
para determinar el tributo corresponde con las disposiciones legales que rigen

16

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

la materia. Ahora, esta Sección señaló, en sentencia del 2 de octubre de 2019
que la base del ICA y de la sanción por no declarar deben coincidir porque es
un factor común entre ambos conceptos, motivo por el que en ese caso se
redujo la sanción impuesta que había sido liquidada con una base superior a
la determinación del tributo. No obstante, esta regla jurisprudencial no es
aplicable a este caso porque no se discute la legalidad de la sanción, sino el
monto del impuesto a cargo de Fabio Alberto Ortega Márquez. Así las cosas,
reducir el valor del impuesto que fue determinado de forma ajustada a la ley
(como ocurrió en este caso) solo porque la autoridad demandada redujo la
base de su sanción, desconocería el principio de justicia, que impone a los
contribuyentes colaborar con el funcionamiento del Estado en lo que le
corresponde por mandato legal.

Repárese, en que la información que el actor entregó a la administración
territorial para que se disminuyera la sanción por no declarar no fue allegada
al expediente judicial de la referencia. En todo caso, según consta en la
misma Resolución Nro. 201950101449 de 2019, la información aportada no
fue certificada por contador ni se anexó ningún soporte que demuestre su
veracidad. Es decir, en realidad el documento que dio lugar a la disminución
de la sanción únicamente consistió en una afirmación realizada por el
contribuyente, que no tiene ninguna prueba que la respalde.

Además, el hecho que la liquidación oficial de aforo y la sanción por no
declarar estén contenidos en actos administrativos separados, implica que
frente a cada uno de ellos pueden presentarse cargos de nulidad diferentes y,
«por lo tanto, su juicio es independiente, y los efectos de la decisión que se
adopte frente a uno, no afectan (sic) necesariamente el análisis de legalidad
que corresponde hacer de cara al otro.

Debido a lo anterior, los actos administrativos acusados en este caso no
incurrieron en una causal de nulidad porque tomaran como ingreso gravable
de Fabio Alberto Ortega Márquez por el periodo 2013 los ingresos brutos
declarados para el IVA por el mismo año, menos las devoluciones en ventas.

2.6. Con base en lo expuesto, no prospera el recurso de apelación presentado
por el actor. En cambio, lo expuesto hasta ahora es suficiente para declarar la
prosperidad del recurso interpuesto por el Municipio de Medellín, por lo que no
es necesario analizar los argumentos propuestos por la entidad territorial con
relación a la debida fundamentación de los actos acusados y la improcedencia
de la condena en costas en primera instancia, la que pierde fundamento.

2.1. Defecto sustantivo

El tutelante indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en este defecto,
porque inaplicó el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de 2013, pese a que no
desconoce el procedimiento de las de las normas tributarias de carácter nacional.

De otra parte, manifestó que la decisión atacada contradice el parágrafo 2º del
artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, que prevé que “ningún acto notarial ni de
registro podrá ser gravado con impuestos, tasas o contribuciones municipales o

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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

departamentales, con excepción del Impuesto de Registro autorizado por la Ley
223 de 1995 y las que lo modifiquen o adicionen”.

La Corte Constitucional ha establecido que el “… defecto sustantivo parte del
‘reconocimiento de que la competencia asignada a las autoridades judiciales para
interpretar y aplicar las normas jurídicas, fundada en el principio de autonomía e
independencia judicial, no es en ningún caso absoluta’16. En consecuencia este
defecto se materializa cuando ‘la decisión que toma el juez desborda el marco de
acción que la Constitución y la ley le reconocen al apoyarse en una norma
evidentemente inaplicable al caso concreto’17”18 (negrilla del original).

Pues bien, revisado el contenido de la providencia cuestionada, se observa que la
interpretación realizada por la Sección Cuarta del Consejo de Estado no fue
irrazonable ni caprichosa. Otra cosa es que, en ejercicio de la autonomía funcional
que caracteriza la actividad el juez, adoptara una decisión diferente a la esperada
por el tutelante.

En efecto, se tiene que la autoridad judicial accionada realizó el estudio de las
normas aplicables al caso y concluyó que, en atención a lo previsto en el artículo
148 del CPACA, debía inaplicarse el artículo 137 del Decreto Municipal 1018 de
2013, que establece: “vencido el término que otorga el emplazamiento de que trata
el artículo anterior, sin que se hubiere presentado la declaración respectiva, la
Subsecretaría de Ingresos procederá a proferir el acto administrativo imponiendo
la sanción por no declarar prevista en el artículo 195 del Acuerdo Municipal 64 de
2012 y agotado este procedimiento con su respectivo recurso de reconsideración,
procederá la liquidación oficial de aforo”.

Lo anterior, porque se estimó que el hecho de que se previera que primero debía
agotarse el procedimiento para imponer la sanción por no declarar para luego
efectuar la liquidación oficial de aforo “no simplifica el procedimiento previsto en el
Estatuto Tributario”.

16
Original de la cita: “Ver sentencia SU-210 de 2017”.
17
Original de la cita: “Cfr. Sentencia T-156 de 2009. Ver también Sentencias T-008 de 1998 y C-984
de 1999”.
18
SU 632 -17.
18

Radicación número: 110010315000202203447 00
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Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En la decisión cuestionada se aclaró que, según la postura fijada por la misma
Sección en la sentencia del 26 de mayo de 2016, el ET permite que la liquidación
oficial de aforo y la sanción por no declarar sean proferidas “en trámites
administrativos separados, de forma simultánea o acumulados”, en atención a los
principios de eficiencia, celeridad, eficacia y economía.

Aunado a lo anterior, se afirmó que el hecho de que se expidiera la liquidación
oficial de aforo antes de que quedara en firme la sanción por no declarar que se le
impuso al ahora tutelante no transgredía su derecho al debido proceso, en primer
lugar, porque son procedimientos autónomos y, en segundo lugar, porque la
entidad territorial profirió y notificó el emplazamiento para declarar y, en ese
sentido, el contribuyente tuvo la oportunidad de presentar su oposición a dicho
emplazamiento.

Así las cosas, la Sala considera que no puede predicarse la configuración de un
defecto sustantivo por la inaplicación del artículo 137 del Decreto Municipal 1018
de 2013, bajo el entendido de que la autoridad judicial accionada, de manera clara
y suficiente, expuso las razones de su decisión, las que se fundamentaron en
posturas de la misma Sección Cuarta del Consejo de Estado –especializada en la
materia–.

Aunado a lo anterior, la Subsección estima que tampoco puede predicarse la
configuración de un defecto sustantivo por el desconocimiento del parágrafo 2º del
artículo 15 de la Ley 1579 de 2012, porque, de la revisión de la decisión
cuestionada, se evidencia que se aceptó que dicha norma prohíbe que los actos
notariales y de registro sean gravados con impuestos. Otra cosa, es que estimara
que dicha prohibición “solo es aplicable a los actos notariales, pero no para los
ingresos por la prestación de servicio notarial”.

Lo que fundamentó en la sentencia C-260 de 2015, en la que puntualmente se
precisó que “la prohibición contenida en la norma demandada no afecta la noción
de actividad de servicio notarial ni de registro, razón por la cual, no se extiende al
impuesto de industria y comercio que grava el servicio notarial, y el que debe ser
transferido por los notarios en atención a la función que cumplen”.

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Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En ese contexto, la Subsección estima que el hecho de que se considerara que
los actos a los que se refiere el parágrafo 2º del artículo 15 de la Ley 1579
–notariales y de registro– son distintos a los ingresos notariales percibidos por las
notarías con ocasión a los trámites que se efectúan en ellas y que estos últimos sí
están gravados con el impuesto de industria y comercio, no implica la
configuración de un defecto sustantivo, pues como lo ha establecido la Corte
Constitucional, ese defecto se configura, entre otras cosas, cuando la aplicación
de una norma “no se encuentra, prima facie, dentro del margen de interpretación
razonable”19, lo que no se evidencia en el caso bajo estudio.

Diferente es que, en ejercicio de la autonomía funcional que caracteriza la
actividad del juez, se hubiera analizado e interpretado de manera contraria a como
se plantea en la demanda de tutela, lo que no autoriza la intervención del juez de
tutela, pues como se indicó, para ello se hace necesario que se evidencie la
configuración de una grosera e irrazonable interpretación de la norma.

En otras palabras, a pesar de que la decisión no se dictó en los términos
pretendidos por el señor Fabio Alberto Ortega Márquez, no se puede predicar que
la labor de la Sección Cuarta del Consejo de Estado fue contraria a derecho y
menos aun cuando se trata de una providencia dictada por una alta corte, en la
que, tal como lo estableció la Corte Constitucional en sentencia SU-573 de 2017,
debe existir “la configuración de una anomalía de tal entidad que exija la imperiosa
intervención del juez constitucional”.

2.2. Defecto fáctico

Sostuvo el tutelante que se configuró un defecto fáctico, porque la autoridad
judicial accionada no tuvo en cuenta que, con la respuesta al requerimiento de
información No. 37203 de 14 de agosto de 2019, del período gravable 2013,
allegó: el rut, el consolidado de ingresos por servicios excluyendo los actos
notariales del año 2013, la certificación expedida por el ingeniero de sistemas José
Ángel Hurtado y el acta de posesión como notario 15 de Medellín.

La Subsección tampoco encuentra configurado el defecto fáctico alegado, porque
la autoridad judicial accionada sí tuvo en cuenta la referida prueba, al punto de
19
Sentencia T-321 de 2017.
20

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

que afirmó que en la Resolución Nro. 201950101449 de 2019 se señaló “que
Fabio Alberto Ortega Márquez suministró la información mediante respuesta del 11
de septiembre de 2019 (luego de proferidos los actos administrativos acusados),
en la que consta que el ingreso gravable por el año 2013, excluyendo el ingreso
derivado de actos notariales, asciende a solo $156’530.728” (se destaca).

Otra cosa es que concluyera que ello no incidía en la liquidación del impuesto,
toda vez que, como se estableció, la prohibición del parágrafo 2º del artículo 15 de
la Ley 1579 de 2012 solo es aplicable a los actos notariales, pero no a los ingresos
por la prestación del servicio notarial.

A lo anterior se agrega, que la Sección Cuarta del Consejo de Estado también
precisó que “la información que el actor entregó a la administración territorial para
que se disminuyera la sanción por no declarar no fue allegada al expediente
judicial de la referencia” y que, en todo caso, “según consta en la misma
Resolución Nro. 201950101449 de 2019, la información aportada no fue
certificada por contador ni se anexó ningún soporte que demuestre su veracidad.
Es decir, en realidad el documento que dio lugar a la disminución de la sanción
únicamente consistió en una afirmación realizada por el contribuyente, que no
tiene ninguna prueba que la respalde”.

Así las cosas, la Sala estima que las conclusiones de la autoridad judicial
accionada son producto de un análisis probatorio fundado en la sana crítica, con
una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador
judicial frente a la apreciación de las pruebas.

En esos términos, la Subsección considera que la Sección Cuarta del Consejo de
Estado analizó en debida forma las normas aplicables al caso y valoró las pruebas
allegadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por el
ahora tutelante, cuestión diferente es que concluyera que los actos administrativos
demandados no incurrieron en causal de nulidad al tomar “como ingreso gravable
de Fabio Alberto Ortega Márquez por el periodo 2013 los ingresos brutos
declarados para el IVA por el mismo año, menos las devoluciones en ventas”.

Por lo expuesto, se negará el amparo solicitado, al no encontrarse configurados
los defectos alegados por la parte actora.
21

Radicación número: 110010315000202203447 00
Accionante: Fabio Alberto Ortega Márquez
Accionado: Consejo de Estado – Sección Cuarta
Referencia: Acción de tutela (fallo primera instancia)

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado, por las razones expuestas en la parte
motiva de esta decisión.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE AUSENTE CON PERMISO
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

VF

22

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