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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03462-00

Fecha
11 de agosto de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03462-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Jesús Eduardo Godín Tatis. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03462-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

11 de agosto de 2022

Demandante: Jesús Eduardo Godíin Tatis
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03462-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03462-00
Demandante: JESÚS EDUARDO GODÍN TATIS
Demandados: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA –
SUBSECCIÓN “B” Y OTRO

Temas: Tutela contra providencia judicial – defectos procedimental por
exceso ritual manifiesto y por desconocimiento del precedente
– niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por el señor Jesús Eduardo Godín
Tatis, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 28 de junio de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Jesús Eduardo Godín Tatis,
actuando a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y el Tribunal Administrativo
de Córdoba, con el fin de que sea amparado su derecho fundamental a la
igualdad, en concordancia con el principio de favorabilidad.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la sentencia del 25 de noviembre de 2021, mediante la cual la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, confirmó lo
resuelto por el Tribunal Administrativo de Córdoba en la providencia del 19 de
mayo de 2016, en la que se declaró probada la prescripción de los derechos
reclamados y, en consecuencia, se negaron las pretensiones de la demanda. Lo
anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, que instauró contra el Municipio de Montelíbano, Córdoba, que se
identificó con el radicado N.º 23001-23-33-000-2014-00043-01.

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Demandante: Jesús Eduardo Godín Tatis
Demandados: Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03462-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“REVOCAR: la providencia proferida, en primera instancia por EL HONORABLE
TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE CÓRDOBA, M.P Dra. DIVA
CABRALES SOLANO, de fecha 19 de mayo de 2016, y decisión que (sic)
confirmada el pasado 25 de noviembre de 2021, por el Honorable Consejo de
Estado Sala del Consejo De Decisión Civil (sic) –y en cabeza del honorable
magistrado sustanciador (sic) Dr. Consejera Ponente Dra. SANDRA LISSET
IBARRA VÉLEZ.

En consecuencia, concederme las Pretensiones de la demanda”.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El señor Jesús Eduardo Godín Tatis laboró para el municipio de
Montelíbano desde el 1º de enero de 2004 hasta el 31 de diciembre de 2007, en el
cargo de jefe de la Sección de Tesorería1.

5. Explicó que, para la finalización de su relación laboral, únicamente le fueron
consignadas las cesantías correspondientes al año 2004, sin embargo, nunca se
le canceló el auxilio causado por los años 2005 a 2007, situación que en su criterio
lo hizo acreedor de las sanciones previstas en las Leyes 50 de 1990 y 244 de
1995.

6. Mencionó que, encontrándose vigente la relación laboral, el 18 de diciembre
de 2007, el señor Godín Tatis elevó solicitud ante el ente territorial, con el fin de
obtener el pago de las cesantías adeudadas, frente a lo cual la administración
guardó silencio.

7. Indicó que el 1º de diciembre de 2010 volvió a radicar una petición en la que
pretendía no solo la cancelación de la prestación social, sino también la sanción
moratoria prevista en la Ley 244 de 1995, sin embargo, la entidad tampoco se
pronunció respecto a ello.

8. Manifestó que el ente territorial demandado entró en el proceso de
saneamiento fiscal previsto en la Ley 550 de 19992, motivo por el que, teniendo en
cuenta las solicitudes anteriormente realizadas, “(…) esperó a que las sumas
adeudadas le fueran reconocidas dentro del acuerdo de reestructuración de pasivos, no

1
Según el Decreto N.º 005 del 2 de enero de 2004.
2
“Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la
reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr
el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal
vigente con las normas de esta ley”.

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Demandante: Jesús Eduardo Godín Tatis
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Subsección “B” y otro
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obstante, debido a que estas no fueron incluidas, a fin de recolectar material probatorio
realizó una inspección judicial, que arrojó como resultado la inexistencia de documentos
que acreditaran la liquidación y pago de las cesantías debidas”.

9. El 11 de febrero de 2014, el señor Godín Tatis instauró demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el
Municipio de Montelíbano, Córdoba, con el fin de obtener la nulidad del acto ficto
producto del silencio administrativo respecto de la petición que elevó el 1º de
diciembre de 2010, en la que pretendía “el reconocimiento y pago de mis cesantías
causadas desde el 1 de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2007 (…) y de la sanción
contenida en el artículo 2 de la Ley 244 de 1995”.

10. En sentencia del 19 de mayo de 2016, el Tribunal Administrativo de
Córdoba declaró probada la excepción de prescripción de los derechos
reclamados y, en consecuencia, negó las pretensiones de la demanda.

11. En primera medida, el tribunal a quo precisó que no se pronunciaría
respecto del reconocimiento y pago de la sanción moratoria de la Ley 50 de 1990,
toda vez que la conciliación prejudicial solo se agotó frente a la penalidad prevista
en la Ley 244 de 1995. En relación con el reconocimiento y pago de las cesantías
del periodo comprendido entre el 2005 y 2007, consideró que en el caso bajo
análisis operó la prescripción del derecho, toda vez que:

“(…) el actor interrumpió la prescripción por una sola vez y por lapso igual con
la reclamación de fecha de 18 de diciembre de 2007, por lo que a partir de ahí
contaba con 3 años para reprochar el acto ficto ante la presente jurisdicción,
los cuales vencían el 18 de diciembre de 2010, observándose que en su lugar
elevó petición nuevamente en sede administrativa el 1 de diciembre de 2010,
solicitud que no tenía vocación para suspender el término extintivo del
derecho, y presentó demanda el 11 de febrero de 2014, cuando ya había
fenecido el plazo legal para obtener el derecho pretendido.

15. En concordancia, estimó que al encontrarse prescrito el derecho a las
cesantías, la misma suerte corría la sanción moratoria prevista en la Ley 244
de 1995, por ser un derecho accesorio a la prestación social”.

12. Inconforme con dicha determinación, la parte demandante presentó recurso
de apelación. En providencia del 25 de noviembre de 2021, la Subsección “B” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado confirmó lo resuelto en primera
instancia. Como sustento de su decisión, el ad quem explicó que,

“(…) contrario a lo señalado por el a quo, (…) es a partir de la terminación de
la relación laboral entre el señor Godin Tatis y el municipio de Montelibano, la
cual tuvo lugar el 31 de diciembre de 2007, que empezaba a correr el término
de prescripción frente a las cesantías anualizadas causadas por el periodo de
2005 y 2006 y las cesantías definitivas originadas de la desvinculación, plazo
que vencía el 31 diciembre de 2010, observándose que el actor elevó petición
a fin obtener su pago el 1 de diciembre de 2010, esto es, dentro de la
oportunidad legal, de manera que el término extintivo se interrumpió por una
sola vez y por lapso igual.

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41. En ese sentido, el demandante tenía hasta el 31 de diciembre de 2013
para interponer demanda ante esta jurisdicción, observandose que aquella fue
presentada el 11 de febrero de 2014, cuando, tal como lo dispuso el a quo, ya
había operado la prescripción de los auxilios reclamados (…).

(…) se tiene que el demandante solicitó el pago de sus cesantías definitivas el
1 de diciembre de 2010, petición que tambien tuvo por propósito obtener el
reconocimiento de la sanción moratoria que regula la Ley 244 de 19953, de lo
que se colige, que el agotamiento de la via gubernativa frente a la penalidad
reclamada se realizó en sede adminsitrativa cuando la penalidad por mora
todavia no era exigible, pues es a partir de la fecha en que se radicó la
reclamación del auxilio definitivo que se debe contabilizar el término para su
causación.

53. Por consiguiente, para la Sala no es posible tener por agotada la via
gubernativa frente a la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995 en la
medida que se elevó su reclamación cuando todavia no era exigible, en otras
palabras, se pidió su reconocimiento y pago cuando no había transcurrido
para la adminsitración el término legal para efectuar su pago contabilizado a
partir de la fecha en que se radicó la solicitud, por lo que mal podría la Sala
ordenar el prenotado beneficio a favor del demandante, pues ello vulneraría el
derecho de defensa y contradicción de la adminsitración frente a una petición
que en lo que este punto respecta carece de validez por no haberse
consagrado el derecho pretendido para ese momento”. (Sic a toda la cita).

13. La referida decisión fue notificada por medio de mensaje de datos remitido
el 17 de enero de 2022 al correo electrónico de las partes.

1.4. Sustento de la vulneración4

14. La parte actora alegó que las autoridades judiciales demandadas
vulneraron su derecho a la igualdad, así como el principio de favorabilidad, con
ocasión de las sentencias del 19 de mayo de 2016 y 25 de noviembre de 2021,
mediante las cuales el Tribunal Administrativo de Córdoba y la Subsección “B” de
la Sección Segunda del Consejo de Estado, declararon probada la prescripción de
los derechos reclamados y, en consecuencia, negaron las pretensiones de la
demanda que instauró contra el Municipio de Montelíbano, Córdoba, por cuanto,
en su criterio, desconocen el precedente e incurren en exceso ritual manifiesto.

15. Explicó que en el proceso contencioso se desconoció que con el escrito del
1º de diciembre de 2010 se interrumpieron los términos para el reconocimiento y
pago de las cesantías definitivas, así como la sanción moratoria, razón por la que
dichos derechos se extendían hasta el 31 de diciembre de 2013, sumado al tiempo
que duró la conciliación pre judicial, que interrumpió los términos desde el 13 de
noviembre de 2013 hasta el 13 de febrero de 2014.

3
“Por medio de la cual se fijan términos para el pago oportuno de cesantías para los servidores
públicos, se establecen sanciones y se dictan otras disposiciones”.
4
Aunque en el escrito de tutela el actor dirigió diferentes argumentos contra ambas sentencias, en
esta instancia solo se tendrán en cuenta aquellos que presentó contra la providencia del 25 de
noviembre de 2021, por ser aquella que puso fin al proceso contencioso administrativo.

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16. Agregó que el ad quem del proceso ordinario desconoció la sentencia de
unificación del 18 de julio de 2018, en virtud de la cual “(…)solo basta con radicar la
solicitud [de reconomiento de las cesantías], esperar los 70 días que establece la norma,
para que se cause ipso facto la sanción moratoria

17. Aseguró que declarar probada la prescripción de la sanción contenida en el
artículo 2º de la Ley 244 de 1995, desconocía el principio de favorabilidad, puesto
que para ello basta con acreditar la no cancelación dentro del término previsto
para que la sanción se materialice.

18. Afirmó que el fallador de segunda instancia incurrió en exceso ritual
manifiesto, pues impuso la carga de agotar dos veces la vía administrativa. Indicó
que no tiene sentido que luego de radicar el escrito del 1º de diciembre de 2010,
en el que pretendía el pago de las cesantías definitivas, tenga que esperar que
transcurran 70 días para que la administración se pronuncie, para posteriormente
solicitar la sanción moratoria, toda vez que, el derecho se causa “ipso facto”.

19. Explicó que, para negar el derecho a la sanción contenida en la Ley 244 de
1995, la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado argumentó
que se solicitó antes de tiempo, es decir que a su juicio no se había causado el
derecho. Frente al punto, el actor manifestó que solicitar el pago de la sanción
dentro del mismo escrito del 1º de diciembre de 2010 no vulnera el derecho de
defensa y contradicción del ente territorial puesto que, si el municipio hubiese
tenido la intención de reconocer y pagar las cesantías definitivas, habría podido
negar el pago de la sanción aduciendo que se encontraba dentro del término de
ley, o defendiéndose dentro del proceso, sin embargo, ello no ocurrió puesto que
nunca respondió a las peticiones.

1.5. Trámite de la acción de tutela

20. A través de auto del 1º de julio de 2022, la magistrada ponente admitió la
tutela y ordenó la notificación de la parte accionante y de los magistrados del
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y del Tribunal
Administrativo de Córdoba, como autoridades judiciales demandadas, así como de
la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los
efectos previstos en el artículo 610 del Código General del Proceso.

21. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de tercero con interés del
Municipio de Montelíbano, Córdoba, como entidad accionada en el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho que originó el ejercicio de este
trámite, y ofició a la Secretaría del Tribunal Administrativo de Córdoba para que
publicara en su página web copia digital de la demanda de tutela, los anexos y el
auto admisorio, con el fin de que cualquier persona que tuviera interés, conociera
de dichos documentos e interviniera en el trámite constitucional.

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22. Finalmente, le reconoció personería para actuar al abogado Mauricio
Roberto Castrillón Mejía, como apoderado judicial de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”

23. La magistrada ponente de la decisión objeto de censura solicitó que se
declare la improcedencia de la tutela por no cumplir el requisito de relevancia
constitucional, puesto que lo que se pretende por esta vía es reabrir un debate
legal que se definió en las instancias judiciales correspondientes.

24. Explicó que a partir de la terminación del vínculo laboral del señor Godín
Tatis y el Municipio de Montelíbano, que tuvo lugar el 31 de diciembre de 2007,
empezó a correr el término frente a las cesantías anualizadas causadas por el
periodo de 2005 a 2006, así como las cesantías definitivas originadas de la
desvinculación, plazo que vencía el 31 de diciembre de 2010.

25. Comentó que el 1º de diciembre de 2010, el actor elevó petición para
obtener dicho pago, es decir, dentro de la oportunidad legal, de manera que el
término se interrumpió por una sola vez y por un lapso igual, razón por la que el
demandante tenía hasta el 1º de diciembre de 2013 para interponer la demanda
ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, como ello ocurrió el
11 de febrero de 2014, es evidente que para ese momento ya había operado la
prescripción de los auxilios reclamados.

26. Precisó que el demandante confunde el término de caducidad del medio de
control, con el término prescriptivo del derecho. Mencionó que el primero, es el
plazo establecido por el legislador para que los ciudadanos interpongan de
manera perentoria las acciones ordinarias que tienen a su alcance para propender
por la protección de sus derechos, mientras que el segundo, es la carga que tiene
el interesado de reclamar los derechos cuya adquisición pretende, so pena de
verse afectados por la extinción.

27. En relación con la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995,
comentó que una vez transcurridos más de 70 días, contados desde la fecha en
que se radicó la solicitud, la administración se hace acreedora de dicha penalidad.
Así las cosas, teniendo en cuenta que el demandante solicitó el pago de sus
cesantías definitivas el 1º de diciembre de 2010, petición que también tuvo por
propósito obtener el reconocimiento de la referida sanción regulada en el citado
cuerpo normativo, se concluye que el agotamiento de la vía gubernativa se realizó
cuando ésta todavía no era exigible.

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28. Lo anterior, sobre la base de considerar que, solo a partir del momento en
que se vencen los términos para que la administración pague las cesantías en
virtud de la reclamación, es que surge el derecho a exigir el reconocimiento y pago
de la sanción por mora y no antes, pues se insiste, no se ha causado.

29. En tal sentido, indicó que esas fueron las razones que no permitieron a la
sala tener por agotada la vía gubernativa frente a la sanción moratoria, en la
medida en que se elevó la reclamación cuando todavía no era exigible, es decir
que se solicitó su reconocimiento y pago cuando no había transcurrido para la
administración el término legal para efectuar la cancelación del auxilio de
cesantías contado a partir de la fecha en que se radicó la solicitud, por lo que mal
podía ordenar el pago de tal beneficio a favor del demandante.

1.6.2. Tribunal Administrativo de Córdoba

30. Por intermedio del secretario, la corporación remitió la copia digitalizada del
expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con
el radicado N.º 23001-23-33-000-2014-00043-00. Sin embargo, guardó silencio,
frente a los hechos y pretensiones de la demanda de tutela.

1.6.3. El Municipio de Montelíbano, Córdoba y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado, pese a haber sido notificados en debida forma,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

31. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

32. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

33. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B” y el Tribunal
Administrativo de Córdoba5 vulneraron los derechos fundamentales de la

5
Pese a que la parte actora dirigió el mecanismo de amparo contra las sentencias dictadas en
ambas instancias del proceso ordinario, en esta instancia sólo hay lugar a pronunciarse respecto

7
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parte actora al proferir las sentencias del del 19 de mayo de 2016 y 25 de
noviembre de 2021, a través de las cuales se declaró probada la
prescripción de las cesantías definitivas y, en consecuencia, se negaron las
pretensiones de la demanda, por presuntamente incurrir en los defectos por
desconocimiento del precedente y procedimental por exceso ritual
manifiesto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

34. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv) el
análisis del caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

35. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
6
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema7 y declaró su
procedencia8.

36. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

37. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

de la sentencia proferida por la Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado, por
ser la decisión que puso fin al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.
6
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
7
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
8
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

38. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

39. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra
superado por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de
las sentencias del del 19 de mayo de 2016 y 25 de noviembre de 2021, a través
de las cuales el Tribunal Administrativo de Córdoba y la Subsección “B” de la
Sección Segunda del Consejo de Estado, respectivamente, declararon probada la
prescripción de las cesantías definitivas y, en consecuencia, negaron las
pretensiones de la demanda, decisiones que, en criterio del señor Godín Tatis,
adolecen de los defectos por desconocimiento del precedente y procedimental por
exceso ritual manifiesto.

40. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión
pues, en efecto, el accionante consideró vulnerado su derecho fundamental a la
igualdad, en concordancia con el principio de favorabilidad con ocasión de las
decisiones que determinaron la prescripción de su derecho a las cesantías
definitivas, junto con la sanción moratoria derivada del pago tardío de dicha
prestación.

41. Lo anterior, toda vez que, en criterio de la parte actora, los operadores
jurídicos desconocieron que con la reclamación que elevó el 1º de diciembre de
2010, se interrumpieron los términos para el reconocimiento y pago de las
cesantías, sumado al tiempo que duró la conciliación prejudicial que lo interrumpió
hasta el 13 de febrero de 2014. Asimismo, aseguró que declarar probada la
prescripción de la sanción contenida en el artículo 2º de la Ley 244 de 1999,
desconocía el principio de favorabilidad, puesto que para ello basta con acreditar
la no cancelación dentro del término previsto para que la sanción se materialice.

42. En ese orden, se observa que la tensión entre la sentencia objeto de
censura y el núcleo esencial del derecho invocado es evidente, en la medida en
que el accionante adujo que, las autoridades judiciales accionadas, al momento de
contabilizar el término de la prescripción, desconocieron que este se suspendió
con la reclamación que elevó ante la entidad sumado al tiempo que duró la etapa
de la conciliación prejudicial. Asimismo, se puso en consideración de esta

9
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corporación que, el operador jurídico impuso una carga excesiva a la parte actora
al pretender que se agote dos veces la vía gubernativa a efectos de reclamar el
pago de las cesantías definitivas y la sanción moratoria derivada de la cancelación
tardía de las mismas.

43. En ese sentido, la controversia propuesta no se reduce a un asunto
netamente económico, dado el carácter irrenunciable de las cesantías, como
prestación de rango legal, situación que amerita la intervención del juez de tutela.

44. En virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando
prima facie resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los
derechos constitucionales, después de haber agotado el procedimiento judicial
establecido por la ley para su protección.

45. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.

2.5.2. Tutela contra tutela

46. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza9, pues la
sentencia que se ataca fue proferida en el marco del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 23001-23-33-000-
2014-00043-01.

2.5.3. Inmediatez10

47. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que la providencia que en esta instancia se ataca fue proferida el 25 de
noviembre de 2021, y se notificó el 17 de enero de 2022, por lo que, sin que sea
necesario identificar la fecha de su posterior ejecutoria, se advierte que la parte

9
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
10
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2021-06564-01.

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actora acudió al amparo constitucional antes de que culminara el plazo razonable
de los 6 meses, teniendo en cuenta que la tutela se radicó el 28 de junio de 2022.

48. En ese orden de ideas, para esta Sección del Consejo de Estado es claro
que este asunto sí supera el requisito adjetivo de la inmediatez. Ello, a la luz de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró
que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas, computados a
partir de la ejecutoria de la providencia controvertida en sede constitucional.

2.5.4. Subsidiariedad

49. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que la providencia objeto de censura
resolvió el recurso de apelación que se interpuso contra la sentencia que negó en
primera instancia las pretensiones del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, por lo que es claro que se agotó el instrumento
ordinario.

50. Con respecto a los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia el despacho advierte que tampoco son procedentes, toda vez que
los argumentos expuestos en la tutela no se enmarcan en las causales taxativas
previstas por el legislador en los artículos 248 y siguientes de la Ley 1437 de
2011, modificada por la Ley 2080 de 2021.

2.6. Generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Desconocimiento del precedente

51. La Sala precisa que el precedente es aquella regla creada por una Alta
Corte para solucionar un determinado conflicto jurídico, sin que sea necesario un
número plural de decisiones en el mismo sentido para que aquella sea
considerada como precedente. También se considera que constituyen precedente
las sentencias de constitucionalidad y las de unificación, expedidas tanto por la
Corte Constitucional, como por el Consejo de Estado.

52. Sin embargo, resulta necesario advertir que “…debe aceptarse que no todas
las decisiones judiciales que profieren las Altas Cortes, generan una regla o subregla,
pues son el resultado de la aplicación al caso concreto de la norma que viene al caso, sin
una actividad creadora del juez”11.

11
Consejo de Estado, Sentencia del 19 de febrero de 2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No.
11001-03-15-000-2013-02690-01.

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2.6.2. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto

53. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de
12
2014 , el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido.

54. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015,
manifestó:

“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el
derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un
caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma
irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de
las pruebas.”13

2.7. Posición jurisprudencial sobre las cesantías y la sanción moratoria, de
cara al derecho fundamental alegado

55. Previo a abordar el fondo del asunto, resulta pertinente analizar de manera
general la posición jurisprudencial vigente tanto de la Corte Constitucional, como
del Consejo de Estado, frente al punto de cesantías y sanción moratoria por el
pago tardío de las mismas y su impacto sobre algunos derechos fundamentales.

56. El máximo órgano de la jurisdicción constitucional en la sentencia SU-336 de
201714, aseguró que, “(…) El pago oportuno de las cesantías garantiza el
reconocimiento efectivo de los derechos al trabajo y a la seguridad social, y desarrolla la
finalidad constitucional por la cual fue establecida esa prestación social bajo el principio
de integralidad. De igual forma, se acompasa con lo establecido en los diferentes tratados
internacionales sobre la materia ratificados por Colombia”.

57. En punto de la exigibilidad de las cesantías anualizadas y definitivas, la
Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia del 25 de agosto de 201615,
unificó jurisprudencia frente a las controversias que rodeaban el reconocimiento de
dicho auxilio.

12
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
13
Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
14
Corte Constitucional, sentencia SU-336 del 18.5.2017, M.P. Iván Humberto Escrucería Mayolo.
15
Radicado: 08001-23-31-000-2011-00628-01.

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58. Al respecto, concluyó que: i) Cuando se trata de cesantías anualizadas, no
se puede hablar de prescripción del derecho hasta tanto no se rompa la relación
laboral, pues considerar lo contrario devendría en una vulneración de los derechos
laborales del empleado quien no debe soportar las cargas del incumplimiento de la
obligación correspondiente a la administración; y que, ii) Una vez finalizada la
relación laboral, las cesantías se convierten en definitivas y cesa la obligación del
empleador de cancelar la prestación antes del 15 de febrero del año
correspondiente, razón por la que, a partir del retiro del empleado, el reclamo de
las anualidades en mora se encuentra sujeto al término prescriptivo del derecho,
por ser el beneficiario quien deba cumplir con los requerimientos que el empleador
establece para disponer su pago, omisión que no puede constituir un beneficio a
su favor.

59. Ahora, en cuanto a la exigibilidad de la sanción moratoria prevista en la Ley
244 de 1995, la Sección Segunda del Consejo de Estado, en la sentencia de
unificación del 18 de julio de 201816, estableció que cuando el acto que reconoce
las cesantías se expide por fuera del término de ley, o cuando no se profiere; la
sanción moratoria corre 70 días hábiles después de radicada la solicitud de
reconocimiento, término que corresponde a: i) 15 días para expedir la resolución;
ii) 10 días de ejecutoria del acto; y iii) 45 días para efectuar el pago. Asimismo,
precisó que:

“(…) el acto que reconoce la cesantía debe ser notificado al interesado en las
condiciones previstas en el CPACA, y una vez se verifica la notificación,
iniciará el cómputo del término de ejecutoria. Pero si el acto no fue notificado,
para determinar cuándo corre la ejecutoria, deberá considerarse el término
dispuesto en la ley17 para que la entidad intentara notificarlo personalmente,
esto es, 5 días para citar al peticionario a recibir la notificación, 5 días para
esperar que compareciera, 1 para entregarle el aviso, y 1 más para
perfeccionar el enteramiento por este medio. De igual modo, que cuando el
peticionario renuncia a los términos de notificación y de ejecutoria, el acto de
reconocimiento adquiere firmeza a partir del día que así lo manifieste. En
ninguno de estos casos, los términos de notificación correrán en contra del
empleador como computables para sanción moratoria”.

60. En relación con el término prescriptivo de los derechos laborales, el Consejo
de Estado, Sección Segunda, en providencia del 6 de agosto de 202018 fijó la regla
jurisprudencial en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Código Procesal del
Trabajo y de la Seguridad Social, la reclamación de algún derecho o prestación
debida al empleado, tendrá que efectuarse dentro de los 3 años, so pena de la
prescripción, término que es susceptible de interrupción a través del simple
reclamo escrito del trabajador, pero solo por un lapso igual, es decir, un trienio.

16
Radicado. 73001-23-33-000-2014-00580-01(4961-15).
17
Artículos 68 y 69 CPACA.
18
Radicado: 08001-23-33-000-2013-00666-01.

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61. Frente a tal limitación, la Corte Constitucional en la sentencia C-916 de
201019, explicó que el hecho de que la ley fije un término no implica el
desconocimiento del núcleo esencial del derecho al trabajo, toda vez que lo que se
pretende es dotar de prontitud y oportunidad en el ejercicio de la acción laboral,
sino también la protección de la seguridad jurídica.

2.8. Caso concreto

62. La parte actora considera que el hecho de que en la sentencia del 25 de
noviembre de 2021 el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”
confirmara la negativa dispuesta en primera instancia, con fundamento en la
prescripción de su derecho al reconocimiento de las cesantías definitivas, vulneró
su derecho fundamental a la igualdad y desconoció el principio de favorabilidad.

63. Lo anterior, con fundamento en que el operador jurídico desconoció que con
la petición que elevó el 1º de diciembre de 2010, se interrumpió el término de
prescripción para reclamar las cesantías definitivas, a lo cual se debe sumar
también la suspensión que ocurrió con ocasión de la conciliación prejudicial desde
el 13 de noviembre de 2013 hasta el 13 de febrero de 2014.

64. Asimismo, reprochó que la autoridad judicial accionada desconoció la
sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, en virtud de la cual “(…) solo basta
con radicar la solicitud [de reconocimiento de las cesantías], esperar los 70 días que
establece la norma, para que se cause ipso facto la sanción moratoria”.

65. Finalmente, afirmó que el fallador de segunda instancia incurrió en exceso
ritual manifiesto, al imponer la carga de agotar dos veces la vía administrativa,
puesto que, no tiene sentido que luego de radicar el escrito del 1º de diciembre de
2010, con el que pretendía el pago de las cesantías definitivas, tenga que esperar
que transcurran 70 días para que la administración se pronuncie, para
posteriormente solicitar la sanción moratoria, toda vez que, el derecho se causa
“ipso facto”.

66. Al revisar la providencia objeto de censura, la Sala observó que la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado se enfocó en
determinar si en el asunto operó la prescripción de las cesantías definitivas del
señor Godín Tatis, para luego definir si el acaecimiento de dicho fenómeno
conllevaba a la extinción de la sanción moratoria prevista en la Ley 244 de 1995.

67. Para analizar el primer punto, precisó que en la certificación del 29 de mayo
de 2013, el secretario de hacienda del ente territorial hizo constar que dentro de
los archivos de la entidad no se encontraron pagos a favor del señor Godín Tatis
por concepto de las cesantías correspondientes a los años 2004 a 2007.

68. Asimismo, indicó que de las pruebas aportadas al expediente, se podía

19
Corte Constitucional, sentencia C-916 del 16.11.2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

14
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establecer que el demandante realizó dos reclamaciones ante la administración
para obtener el pago de las cesantías anualizadas correspondientes al periodo
2005 a 2006, a través de la petición del 18 de diciembre de 2007, así como la
elevada el 1º de diciembre de 2010, fecha para la cual ya había cesado el vínculo
laboral.

69. Mencionó que a partir de la terminación de la relación laboral, que tuvo
lugar el 31 de diciembre de 2007, empezó a correr el término de prescripción
frente a las cesantías, plazo que vencía el 31 de diciembre de 2010. Sin embargo,
teniendo en cuenta que el actor elevó petición dentro de la oportunidad legal -el 1º
de diciembre de 2010-, el término extintivo se interrumpió por una sola vez y por
un lapso igual, es decir que el plazo final para interponer la demanda ante la
jurisdicción contencioso corría hasta el 31 de diciembre de 2013.

70. Entonces, teniendo en cuenta que el actor presentó la demanda hasta el 11
de febrero de 2014, el operador jurídico concluyó que había operado la
prescripción de la prestación reclamada. Frente al punto, aclaró que aunque el
actor consideró que la interposición de la solicitud de conciliación prejudicial tenía
la capacidad de suspender el término de prescripción de las cesantías
reclamadas, lo cierto es que ello solo opera respecto al término de caducidad del
medio de control.

71. Al abordar el segundo interrogante, aclaró que, aunque en el plenario no
logró acreditarse que la administración hubiese cumplido con la obligación de
cancelar las cesantías definitivas del tutelante, ello no implica per se que el actor
tenga derecho a la penalidad por mora que reclama, teniendo en cuenta que dicha
sanción se hace exigible una vez transcurre el plazo legal correspondiente, que se
cuenta a partir de la fecha de radicación de la solicitud de la prestación.

72. En tal sentido, como el demandante solicitó el pago de las cesantías
definitivas el 1º de diciembre de 2010 y en esa misma petición reclamó el
reconocimiento de la penalidad que regula la Ley 244 de 1995, aseguró que el
agotamiento de la vía gubernativa frente a la penalidad reclamada se realizó
cuando la sanción todavía no era exigible, teniendo en cuenta que es partir de la
fecha en que se radica la reclamación que empieza a correr el término para que se
cause.

73. De lo expuesto hasta ahora, la Sala anticipa que negará el amparo
deprecado, de acuerdo con los argumentos que pasan a explicarse.

74. Lo primero que debe precisarse es que esta Sección de la Corporación
estudiará de manera conjunta los defectos que se alegaron, dado que el
fundamento de los mismos se encuentra íntimamente ligado. Inicialmente se
revisará el tema relacionado con la prescripción de las cesantías definitivas para,
posteriormente, analizar la regla de derecho que fijó la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia de unificación del 18 de julio de 2018, y de esa

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manera abordar los cargos relacionados con la sanción moratoria.

75. Se reitera que, frente a la prescripción del derecho a reclamar la
mencionada prestación, el señor Godín Tatis indicó que se desconoció que con la
solicitud del 1º de diciembre de 2010 se interrumpieron los términos, a lo cual en
su criterio, también se debe sumar la suspensión derivada de la solicitud de
conciliación pre judicial ante el Ministerio Público.

76. Atendiendo a lo expuesto, esta Sala de Decisión considera que el análisis
expuesto por el operador jurídico tutelado se ajusta a los parámetros normativos y
jurisprudenciales aplicables al caso en concreto, toda vez que, por disposición
legal, la exigencia de los derechos laborales se encuentra limitada en el tiempo, en
tanto que los trabajadores cuentan con tres años para reclamarlos, so pena de
que opere el fenómeno jurídico de la prescripción.

77. Al respecto, se observa que, contrario a lo manifestado por la parte actora,
la autoridad judicial accionada explicó por qué aunque con la petición del 1º de
diciembre se interrumpió el término de 3 años de prescripción, que inicialmente
vencía el 31 de diciembre de 2010 y se amplió para el 31 de diciembre de 2013,
en el caso del señor Godín Tatis sí operó la prescripción, teniendo en cuenta que
la demanda se radicó hasta el 11 de febrero de 2014, es decir, habiendo fenecido
el plazo máximo para reclamar las cesantías definitivas.

78. En ese orden de ideas, se evidencia que el cómputo del término que realizó
la autoridad judicial tutelada está conforme a derecho, teniendo en cuenta que la
fecha máxima para acudir a la jurisdicción contencioso administrativa era el 31 de
diciembre de 2013, luego, al haberse presentado la demanda el 11 de febrero de
2014, era evidente que en el caso del señor Godín Tatis había operado la
prescripción trienal del derecho reclamado.

79. Asimismo, esta Sala de Decisión coincide con el análisis que desplegó la
Subsección “B” de la Sección Segunda de esta Corporación respecto de la
suspensión del término por la radicación de la conciliación pre judicial pues, dicha
etapa favorece la interrupción de la caducidad de acudir a los medios ordinarios,
en este caso a los 4 meses previstos para la nulidad y restablecimiento del
derecho, pero no tiene la virtud de suspender la prescripción trienal de los
derechos laborales.

80. Al estudiar la exigibilidad de la sanción moratoria en los casos en los que la
administración guarda silencio frente a la solicitud de reconocimiento de las
cesantías parciales o definitivas, el máximo órgano en materia contencioso
administrativo estableció en la sentencia del 18 de julio de 2018 que, “(…) el
término para el cómputo de la sanción moratoria iniciará a partir de la radicación de la
petición correspondiente, de manera que se contarán 15 días hábiles para la expedición
del acto administrativo de reconocimiento (Art. 4 L. 1071/2006), 10 del término de
ejecutoria de la decisión (Arts. 76 y 87 de la Ley 1437 de 2011) [5 días si la petición se
presentó en vigencia del Código Contencioso Administrativo – Decreto 01 de 1984,

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artículo 51], y 45 días hábiles a partir del día en que quedó en firme la resolución. Por
consiguiente, al vencimiento de los 70 días hábiles discriminados en precedencia, se
causará la sanción moratoria de que trata el artículo 5 de la Ley 1071 de 2006”.

81. En ese orden, se observa que, contrario a lo señalado por el accionante, la
Subsección “B” de la Sección Segunda del Consejo de Estado no desconoció la
regla de derecho fijada en la referida providencia dado que, allí se determinó que,
vencidos los 70 días hábiles, contados a partir de la radicación de la petición de
reconocimiento y pago de las cesantías, es que se empezaba a causar la sanción
moratoria.

82. Entonces, teniendo en cuenta que el señor Godín Tatis reclamó la sanción
moratoria en la misma fecha en la que acudió a la administración para solicitar el
pago de las cesantías definitivas -1º de diciembre de 2010-, es evidente que pidió
el reconocimiento de la penalidad cuando ésta aún no se había causado, posición
que en manera alguna puede entenderse como un exceso ritual manifiesto del
juez natural de la causa pues, no es admisible que el interesado reclame al
empleador un derecho del que aún no es titular.

83. La sentencia de unificación fue clara en precisar que uno es el momento en
que se hace exigible la cancelación de la cesantía definitiva y otro distinto es
cuando ya puede solicitarse la sanción moratoria, derivada del pago tardío de la
referida prestación. Así las cosas, es evidente que el señor Godín Tatis acudió
anticipadamente a solicitar una penalidad que aún no se había causado.

2.8. Conclusión

84. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como los
fundamentos expuestos por el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
“B” para orientar el sentido de su providencia, esta Sala no observa que la
decisión objeto de censura adoleciera de ninguno de los defectos alegados por la
parte actora puesto que la misma obedece a la adecuada aplicación de los
criterios jurisprudenciales vigentes.

85. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales del señor
Jesús Eduardo Godín Tatis, con el proferimiento de la sentencia del 25 de
noviembre de 2021.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

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Demandante: Jesús Eduardo Godín Tatis
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Subsección “B” y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03462-00

FALLA:

PRIMERO: NEGAR el amparo de los derechos fundamentales del señor Jesús
Eduardo Godín Tatis.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

18
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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