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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03470-00

Fecha
12 de agosto de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03470-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03470-00

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

12 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03470-00
Actor: GUSTAVO ADOLFO MARTÍNEZ CÁRDENAS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CALDAS
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Gustavo Adolfo Martínez
Cárdenas contra el Tribunal Administrativo de Caldas.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 29 de junio de la presente anualidad 1 , el señor Gustavo Adolfo Martínez
Cárdenas interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas, por
considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de la
providencia proferida el 20 de mayo de 2022, en el proceso de nulidad y
restablecimiento con radicado 17001-33-33-002-2015-00253-02. Formuló las
siguientes pretensiones:

1 Se advierte que, el 12 de julio de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03470-00
Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

1. De conformidad con los hechos narrados anteriormente me permito solicitar:
tutelar mi derecho fundamental al debido proceso administrativo, hoy
desconocido y vulnerado flagrantemente y de manera arbitraria y antijurídica
por el Tribunal Administrativo de Caldas, Sala 4 de decisión.

2. Dejar sin efecto jurídico alguno la sentencia proferida por la Sala de Decisión
cuatro del Tribunal Administrativo de Caldas, fechada 22 de mayo de 2022, al
interior del radicado numero 17001-33-33-02-2015-00253-02.

3. Confirmar en su integridad la sentencia proferida en primera instancia por el
Juzgado Segundo Administrativo de Caldas, fechada 10 de diciembre de 2018,
al interior del radicado 17001-33-33-02-2015-00253-02.

4. Ordenar a la Sala de Decisión Cuatro del Tribunal Administrativo de Caldas,
la remisión inmediata del expediente digital y/o físico al Juzgado Segundo
Administrativo de Caldas, con el objeto se proceda por parte de dicho ente a la
liquidación de costas respectiva.

5. Subsidiariamente y de manera respetuosa solicito que de no accederse a la
totalidad de mis pretensiones, se haga uso de las facultades constitucionales
ultra y extrapetita, dada la protuberancia de la vulneración del derecho
invocado, y se proceda al amparo efectivo del mismo como jurídicamente
corresponda.

1.2 Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos
jurídicamente relevantes:

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor
Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas demandó a la Nación – Rama Judicial, Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial, con el fin de que se declarara la nulidad de los
fallos disciplinarios del 17 de octubre de 2014 y del 4 de marzo de 2015, proferidos,
respectivamente, por el coordinador y el Comité Coordinador del Centro de
Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de Manizales, por medio de los
cuales se le sancionó con destitución e inhabilidad para desempeñar cargos
públicos por 11 años; así mismo solicitó la nulidad del auto del 6 de marzo de 2015,
suscrito por el mismo comité, mediante el cual se declaró improcedente el recurso
de reposición interpuesto contra de la decisión disciplinaria.

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03470-00
Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Mediante providencia del 10 de diciembre de 2018, el Juzgado Segundo
Administrativo de Manizales accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, decisión que fue objeto de apelación ante el Tribunal Administrativo de
Caldas, el que, en fallo del 20 de mayo de 2022, revocó la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.

1.3. Argumentos de la tutela

Como fundamento de la acción de la referencia, el señor Martínez Cárdenas
considera que las providencias proferidas en el proceso disciplinario adolecen de
defecto procedimental, toda vez, a su juicio, la conducta endilgada no tenía relación
alguna con las funciones propias del cargo que ejercía y que, además, los
funcionarios que dictaron las decisiones carecían de competencia para adelantar
dicha investigación.

Según el accionante, los acuerdos PSAA12-9584 y PSAA12-9698 de 2012 le
otorgaron al coordinador del Centro de Servicios una facultad que no tenía, para
definir situaciones administrativas de los servidores judiciales, por lo que, teniendo
en cuenta que los hechos que dieron origen a la investigación disciplinaria
acaecieron el 1° de mayo de 2011, esto es, antes de la expedición de los acuerdos
en mención, resultaba evidente que el referido coordinador no tenía la competencia
para adelantar ninguna investigación en su contra, independientemente de que la
queja se hubiera interpuesto en 2013.

En el mismo sentido, considera el accionante que el Tribunal Administrativo de
Caldas, en sentencia del 20 de mayo de 2022, revocó la decisión de primera
instancia sin el respectivo sustento jurídico que avalara la imposición una sanción
disciplinaria con una ley posterior a la ocurrencia de los hechos por los cuales se le
investigó, lo cual es contrario al precepto establecido en el artículo 29 de la
Constitución Política. Por tanto, concluyó, se configuró el defecto sustantivo.

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Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1. Mediante auto del 1° de julio de 2022, se admitió la acción de tutela y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados del Tribunal Administrativo de
Caldas, como parte demandada, y, como tercero con interés, al director ejecutivo
de Administración Judicial. Así mismo, se ordenó la notificación de la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. La Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Caldas rindió el
informe respectivo y señaló que no son de recibo los argumentos expuestos por el
accionante, en el entendido que no puede pretender que se inicie una investigación
bajo normas que han sido subrogadas, es decir, que, si bien para la fecha de
ocurrencia de los hechos el juez coordinador era quien debía investigar, dichas
facultades fueron trasladadas al coordinador del Centro de Servicios, quien, a la
fecha de interposición de la queja, contaba con plena autonomía para realizar la
respectiva investigación disciplinaria.

2.3. El Tribunal Administrativo de Caldas, por conducto del magistrado ponente de la
decisión atacada, solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de la
referencia, por considerar que no se incurrió en defecto alguno, ni se vulneraron los
derechos fundamentales invocados por el accionante.

Expresó que esa corporación expuso los fundamentos jurídicos, probatorios,
jurisprudenciales y legales suficientes, que le otorgan solidez y legitimidad a la
decisión, mismos que pueden apreciarse en el texto de la sentencia, la que,
además, se fundó en conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado, en lo concerniente al ejercicio de la función disciplinaria y a las
competencias en primera y segunda instancia para conocer de tales procesos.

2.4. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado guardó silencio.

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Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad pública o por un particular, en el último caso, cuando así lo
permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.

En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
20122, aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.

2Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03470-00
Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y
específicos que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de
evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales
causales, así:
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Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «solo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional3».

2. Problema jurídico

Lo primero que la Sala deberá determinar es si la solicitud de amparo cumple los
requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales y, en caso afirmativo,
deberá abordar el estudio de fondo del asunto, con el fin de establecer si se
configuró el defecto sustantivo alegado por la parte actora en contra de la
providencia del 20 de mayo de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo de
Caldas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001-
33-33-002-2015-00253-02.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la relevancia constitucional: la cuestión que aquí se discute sí tiene
relevancia constitucional, toda vez que la parte actora alegó que la autoridad judicial
accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso, derecho
tradicionalmente relevante en la institución de la acción de tutela. Además, se
observa que la parte actora cumplió con la carga argumentativa en relación con el
defecto sustantivo endilgado a la providencia objeto de tutela y que no se está

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

utilizando el mecanismo de amparo constitucional como una instancia adicional al
proceso ordinario.

3.1.2. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que
la sentencia atacada data del 20 de mayo de 2022, mientras que la solicitud de
amparo se presentó el 29 de junio de la misma anualidad, esto es, dentro de los seis
meses siguientes a la expedición de la decisión. Este término resulta razonable.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que
este requisito también está acreditado, por cuanto se agotaron los recursos
disponibles en el proceso ordinario.

3.1.4 Finalmente, la providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de
tutela.

Cumplidos los requisitos generales de procedibilidad, corresponde a la Sala estudiar
los requisitos especiales para la prosperidad de la tutela contra providencias
judiciales.

3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora

3.2.1. Del defecto sustantivo

Lo primero que conviene decir es que, en general, el defecto sustantivo es una
forma auténtica de violación directa de la ley (norma), que, a su vez, ocurre por falta
de aplicación, por indebida aplicación o por interpretación errónea.

Por lo general, la falta de aplicación de una norma ocurre cuando el juzgador ignora
su existencia o porque, a pesar de que la conoce, no la aplica a la solución del
caso. También sucede esa forma de violación cuando el juez acepta la existencia
ineficaz de la norma en el mundo jurídico, pues no tiene validez en el tiempo o en el
espacio. En los dos últimos supuestos, el juzgador examina la norma, pero cree,
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equivocadamente, que no es la aplicable al asunto que resuelve. Ese es un evento
típico de violación por falta de aplicación, no de interpretación errónea, en razón de
que la norma por no haber sido aplicada no trascendió al caso y no se hizo valer en
la parte resolutiva de la sentencia.

La aplicación indebida, por su parte, ocurre cuando el precepto jurídico, que se
hace valer, se aplica, a pesar de no ser pertinente para resolver el asunto que es
objeto de decisión. Por ejemplo, porque la norma empleada no se ajusta al caso, no
se encuentra vigente por haber sido derogada, o ha sido declarada inconstitucional.

Y, finalmente, la interpretación errónea sucede cuando la norma que se aplica es la
que regula el asunto por resolver, pero el juzgador le da un alcance errado y así, la
aplica. Es decir, ocurre cuando el juzgador le asigna a la norma un sentido que no
le corresponde.

En el mismo sentido, la Corte Constitucional considera que el defecto sustantivo se
presenta cuando4: (i) la decisión judicial se sustenta en una norma inaplicable al
caso concreto; (ii) a pesar del amplio margen interpretativo que la Constitución y la
ley le reconoce a las autoridades judiciales, la interpretación o aplicación que se
hace de la norma en el caso concreto desconoce sentencias con efectos erga
omnes que han definido el alcance de la norma; (iii) la interpretación de la norma se
hace sin tener en cuenta otras disposiciones aplicables al caso y que son
necesarias para efectuar una interpretación sistemática; (iv) la norma aplicable al
caso concreto es desatendida y, por ende, inaplicada, o (v) a pesar de que la norma
en cuestión está vigente y es constitucional, no se adecúa a la situación fáctica a la
que se aplicó.

3.2.2. Caso concreto

En el caso bajo estudio, concretamente, el señor Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
alegó que, en la decisión del 20 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de

4 Ver sentencias T-804 de 1999, T-522 de 2001, T- 189 de 2005, T-244 de 2007 y T-972 de 2007.

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Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

Caldas incurrió en defecto sustantivo, al avalar la sanción disciplinaria impuesta por
una autoridad que, a su juicio, no tenía competencia para investigar, teniendo en
cuenta que, si bien la queja fue presentada en 2013, cuando ocurrieron los hechos
materia de investigación, esto es, mayo de 2011, el coordinador del Centro de
Servicios Judiciales no contaba con esa función. Agregó que:

[P]ese a que la decisión de segunda instancia fue discutida en Sala, y a su vez,
signada por le Magistrado ponente, Augusto Morales Valencia, y los Magistrados
Augusto Ramón Chávez Marín y Publio Martín Andrés Patiño Mejía, la misma no
se encuentra ajustada a derecho y es violatoria del Artículo 29 de la Constitución
Política Colombiana, toda vez que pretende la aplicación de normativas
posteriores a hechos anteriores, sesgando de manera definitiva e
irremediablemente el derecho fundamental al debido proceso.

En orden a resolver el problema jurídico planteado, conviene citar, en lo pertinente,
la providencia judicial atacada:

Examinando el caso concreto, es dable concluir, sin hesitación alguna, que el
Juez Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales
de la ciudad de Manizales ostentaba la calidad de superior administrativo del
señor Martínez Cárdenas, toda vez que fue quien efectuó su nombramiento en
propiedad en el año 2009, y le concedió tanto la comisión de servicios en enero
de 2011, así como la licencia no remunerada en agosto de la misma anualidad.

Es fundamental anticipar a esta altura del discurso judicial que, tal como se
expondrá en el apartado siguiente, a través de los Acuerdos PSAA12-9584 y
PSAA12-9698 de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura creó el cargo de
Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de
Manizales, asignándole todas las funciones administrativas que dirigía,
coordinaba y orientaba hasta ese momento el Juez Coordinador, de modo tal
que en cabeza de este último continuaron solo las funciones de carácter judicial,
las cuales se desarrollaban con el apoyo de los demás jueces de control de
garantías de la respectiva unidad judicial, de acuerdo con los turnos que para el
efecto señale la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la
Judicatura […].

Resulta claro que el Juez Coordinador tenía entre sus funciones administrativas
la de conocer de los procesos disciplinarios que se adelantaran contra los
empleados del Centro; no obstante, tal como se enunció al finalizar el apartado
anterior, a través del Acuerdo PSAA12-9584 del 5 de julio de 2012, se creó el
cargo del Coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los Juzgados
Penales de Manizales y, mediante el Acuerdo PSAA12-9698 del 20 de
septiembre de 2012, el Consejo Superior de la Judicatura aclaró el Acuerdo
PSAA12-9584 en relación con las funciones que tendría a cargo el Coordinador
del Centro de Servicios Judiciales, estableciendo lo siguiente:

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03470-00
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“ARTÍCULO 1º.- Aclarar el artículo 4º del Acuerdo PSAA12-9584 de 2012,
el cual quedará así: “Artículo 4.- Funciones del Coordinador. La función
básica del Coordinador general del Centro será la de dirigir, coordinar y
orientar todas las funciones administrativas a cargo del Centro y las que le
sean asignadas por el Comité Coordinador del mismo”.

Las funciones de carácter judicial continuarán en cabeza del Juez
Coordinador, con el apoyo de los demás jueces de control de garantías de
la respectiva unidad judicial, de acuerdo con los turnos que para el efecto
señale la Sala Administrativa del respectivo Consejo Seccional de la
Judicatura.

ARTÍCULO 2º.- Aclarar el Artículo 5º del Acuerdo PSAA12-9584 de 2012,
el cual quedará así: “Artículo 5º.- Provisión de Cargos: La provisión de los
cargos en el Centro de Servicios Judiciales y Administrativos y la
respectiva expedición de los actos administrativos, la efectuará el
Coordinador del Centro de Servicios, en su calidad de superior funcional,
previa revisión, valoración y selección de las hojas de vida por parte del
Comité Coordinador del mismo”.

ARTÍCULO 3º.- Vigencia. El presente Acuerdo rige a partir de su
publicación en la gaceta de la Judicatura y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias”.

De acuerdo con lo anterior, la función disciplinaria —que hacía parte de las
funciones administrativas del Juez Coordinador— quedó, a partir del 20 de
septiembre de 2012, en cabeza del Coordinador del Centro de Servicios
Judiciales para los Juzgados Penales de la ciudad de Manizales, por lo cual,
teniendo en cuenta que la radicación de la queja tuvo lugar en el año 2013, el
Coordinador del Centro de Servicios, de manera atinada, abocó la competencia
para conocer del proceso disciplinario contra el demandante, señor Martínez
Cárdenas.

Colofón de lo expuesto, a juicio de esta Sala Plural, carecen de razón los
planteamientos expresados por la parte actora que fueran acogidos por el A quo,
respecto al hecho de que los multicitados Acuerdos no otorgaron facultades
disciplinarias al Coordinador del Centro de Servicios, ni modificaron en lo
absoluto las facultades del Juez Coordinador en lo relacionado con el
conocimiento de los procesos disciplinarios; siendo menester recordar que las
actuaciones adelantadas en materia disciplinaria por parte de la Procuraduría
General de la Nación, de las Personerías Distritales y Municipales, de las
oficinas de control disciplinario interno y de los funcionarios con potestad
disciplinaria en las diferentes ramas, órganos y entidades del Estado, frente a los
servidores públicos de sus dependencias, no tienen carácter judicial (salvo con
respecto a funcionarios judiciales), sino administrativo, y son independientes de
cualquier otra acción que pueda surgir a partir de la comisión de la falta.

Así mismo se recuerda que, tal como se concluyó en el primer apartado, la
autoridad nominadora y competente para definir las diversas situaciones
administrativas del servidor de marras fue, hasta la expedición de los Acuerdos
PSAA12-9584 y PSAA12-9698 de 2012, el Juez Coordinador del Centro de
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Servicios Judiciales para los Juzgados Penales de la ciudad de Manizales; esto
porque, en adelante, dicha autoridad recayó también sobre el Coordinador del
Centro de Servicios, como ya se expuso […].

De lo anterior, se evidencia que el Tribunal Administrativo de Caldas estableció
razonablemente que el coordinador del Centro de Servicios estaba plenamente
facultado para iniciar la investigación disciplinaria, en virtud de los Acuerdos
PSAA12-9584 y PSAA12-9698 de 2012, pues, si bien los hechos motivo de
investigación acontecieron en 2011, lo cierto era que la queja había sido presentada
en 2013, esto es, cuando ya se encontraban en vigencia los acuerdos en mención.

Aunado a lo precedente, se tiene que la decisión cuestionada se basó en un
concepto emitido en 2019 por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de
Estado (radicación número 11001-03-06-000-2019-00109-00), en el que se advirtió
que «corresponde a las oficinas de control disciplinario interno y a los funcionarios
con potestad disciplinaria de las ramas, órganos y entidades del Estado, conocer de
los asuntos disciplinarios contra los servidores públicos de sus dependencias»; y,
teniendo en cuenta que, a través del Acuerdo PSAA12-9584 del 5 de julio de 2012,
se creó el cargo del coordinador del Centro de Servicios Judiciales para los
Juzgados Penales de Manizales y, mediante el Acuerdo PSAA12-9698 del 20 de
septiembre de 2012, se le otorgaron facultades disciplinarias, era razonable concluir
que el coordinador del Centro de Servicios estaba facultado para adelantar el
proceso disciplinario en contra del demandante.

A juicio de la Sala, esos argumentos son razonables y no merecen reproche alguno
desde el punto de vista constitucional. El hecho de que el señor Gustavo Adolfo
Martínez Cárdenas no los comparta, no habilita al juez de tutela para volver a
estudiar un asunto que ya fue decidido por Tribunal Administrativo de Caldas. Como
ya se indicó, la Corte Constitucional ha sostenido que el juez de tutela solo puede
inmiscuirse en los asuntos que involucran la afectación de derechos fundamentales,

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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03470-00
Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

lo que no se evidencia en el caso bajo estudio, pues, para la Subsección5, es claro
que en el presente caso no se demostró la vulneración de los derechos
fundamentales invocados por la parte actora.

Ahora, si bien las pretensiones de la tutela van dirigidas principalmente en contra del
Tribunal Administrativo de Caldas, precisa la Sala que los alegatos presentados en
el libelo demandatorio también se fundan en la actuación surtida en el proceso
disciplinario. Al respecto, precisa la Sala que el análisis de dichos señalamientos no
es del resorte del juez de tutela, por cuanto lo relativo a las supuestas
irregularidades cometidas durante el proceso disciplinario justamente fueron
expuestas y resueltas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
culminó con la sentencia que aquí se cuestiona, lo que torna improcedente la
solicitud de amparo por incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

Cabe decir que el fundamento de la subsidiariedad consiste en impedir que la
acción de tutela, que tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un
mecanismo principal de protección de los derechos fundamentales, pues la
Constitución y la ley estipulan una serie de mecanismos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

En ese aspecto particular, resulta evidente la improcedencia de la acción de tutela
objeto de análisis, pues insiste en las supuestas irregularidades cometidas en el
proceso disciplinario, a pesar de que ya se ejerció un mecanismo judicial para tal fin,
esto es, el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se
procuraron todos sus derechos y garantías procesales, sin que se hubiera
demostrado vulneración o arbitrariedad alguna.

Tampoco hay lugar a analizar si la tutela procede como mecanismo transitorio de
protección para evitar un perjuicio irremediable, en primer lugar, porque ello no se
alegó y, además, porque ese tipo de protección transitoria supone que el otro medio

5 En similar sentido, ver sentencias del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, del 14 de

junio de 2019, exp. 11001-03-15-000-2019-01740-00 y del 25 de julio de 2019, exp. 11001-03-15-
000-2019-02973-00, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.
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Radicación número: 11001-03-15-000-2022-03470-00
Actor: Gustavo Adolfo Martínez Cárdenas
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia

de defensa todavía se encuentre disponible, lo cual, como es evidente, no ocurre en
este caso.

Bajo este contexto, la Sala negará las pretensiones de la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Declarar improcedente la acción de tutela ejercida por el señor Gustavo
Adolfo Martínez Cárdenas, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito
y eficaz.

TERCERO. Si no se impugna, por Secretaría General, envíese el expediente de
tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI,
de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la
integridad y autenticidad del presente documento en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

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