Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03480-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03480-01
Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03480-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03480-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez
29 de septiembre de 2022
1
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá, D.C, veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Expediente: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Accionante: Luis Felipe Cano Casas
Accionado: Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y el
Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión
Tesis: No cumple con el requisito de relevancia constitucional frente a los derechos
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, la acción de tutela en
la que no se explica la afectación al núcleo esencial de dichos derechos, se trata de
un asunto meramente legal y se pretende abrir el debate de instancia.
Cumple con el requisito de relevancia constitucional frente al derecho a la igualdad,
la acción de tutela en la que se explica la afectación al núcleo esencial de dicho
derecho, no se trata de un asunto meramente legal y no se pretende abrir el debate
de instancia.
No incurre en desconocimiento del precedente judicial la providencia judicial a
través de la cual una autoridad judicial, declaró la improcedencia de una acción de
cumplimiento por falta del agotamiento del requisito de subsidiariedad, bajo el
argumento que el demandante podía instaurar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto que le denegó la prescripción de la sanción
de tránsito.
ACCIÓN DE TUTELA – SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por el señor Luis Felipe Cano Casas
contra la sentencia dictada el 28 de julio de 2022 por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, mediante la cual denegó las pretensiones de la acción de tutela de la
referencia.
I. SÍNTESIS DEL CASO
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
1.1. El señor Luis Felipe Cano Casas, actuando a nombre propio, formuló la
presente acción de tutela pidiendo la protección de los derechos fundamentales a la
“seguridad jurídica, debido proceso, cosa juzgada, administración de justicia”, que
estimó vulnerados por el Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito Judicial de
Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, con
ocasión de la expedición de las sentencias del 8 de junio de 2022 y del 24 del mismo
mes y año, a través de los cuales las autoridades judiciales accionadas denegaron las
pretensiones de la acción de cumplimiento con radicado 05-001-33-33-034-2022-
0202-01, promovida contra el Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de
Movilidad.
Para el efecto formuló las siguientes pretensiones:
“1. REVOCAR SENTENCIAS DE LOS JUECES HORIZONTALES
ACCIONADOS.
2. TUTELAR DERECHO AL DEBIDO PROCESO.
3. AMPARAR EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA PREVISTO EN LA LEY 769
DE 2002 ARTICULO 159 COMO NORMA ESPECIAL COMO ESTA EN LA LEY
1437 DE 2011 ARTICULO 100 NUMERAL 1. Y DESARROLLADO POR LOS
HONORABLES MAGISTRADOS DEL CONSEJO DE ESTADO (11001-0315000-
2015-03248-00)”1.
1.2. Como fundamento de la anterior solicitud, esbozó los argumentos que pasan a
sintetizarse:
Dijo que el 7 de abril de 2022 solicitó al Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría
de Movilidad, la prescripción del comparendo No. 99999999000002293926 del 13 de
diciembre de 2015, petición que fue atendida por la entidad mediante comunicación
del 18 de abril de 2022, en la que señaló que, de acuerdo con lo consagrado en los
artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, no había operado la prescripción porque
no habían trascurrido cinco (5) años desde el 21 de agosto de 2019, fecha en la que
se expidió el mandamiento de pago.
Adujo que el pronunciamiento del Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de
Movilidad, era “temerario” porque señalaba que el mandamiento de pago había sido
1
Folio 13 del escrito de tutela.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
expedido el 21 de agosto de 2019, cuando este en realidad se produjo el 3 de agosto
de 2018.
Que, además, al denegar la prescripción, la entidad desconoció el artículo 100,
numeral 1º, de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (en adelante CPACA), que establece que los
procedimientos de cobro coactivo que tengan reglas especiales se regirán por éstas.
Es decir, que la ejecución de las sanciones que se impongan por violación de las
normas de tránsito está regulada por la Ley 769 de 2002, cuyo artículo 159 establece
que éstas prescriben en tres (3) años contados a partir de la ocurrencia del hecho,
término que se interrumpe con la notificación del mandamiento de pago.
Señaló que interpuso la acción de que trata el artículo 146 del CPACA contra el
Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad, con la finalidad de
obtener el cumplimiento del inciso primero del artículo 159 de la Ley 769 de 2002,
modificado por el artículo 206 del Decreto Ley 019 de 2012, y en tal sentido, que se
declarara la prescripción del comparendo de tránsito No. 99999999000002293926 del
13 de diciembre de 2015.
Afirmó que el asunto fue resuelto en primera instancia por el Juzgado 34 Administrativo
Oral de Medellín, mediante sentencia del 8 de junio de 2022, y en segunda instancia
por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, a través del fallo
del 22 de junio de 2022, los cuales denegaron las pretensiones de la demanda.
Manifestó que las autoridades judiciales demandadas reconocieron que el Municipio
de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad, realizó una interpretación
equivocada de la norma, pero buscan que el actor se desgaste en un extenso proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, mientras que sus ingresos son
embargados, afectándole el mínimo vital, y además, sin que pueda llevar a cabo
procesos ante dicha autoridad, lo cual lo deja en alto grado de indefensión, pues es
un campesino cuyos ingresos solo alcanzan para su propio sostenimiento y el de su
grupo familiar.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Por otro lado, alegó que las providencias cuestionadas desconocieron el precedente
fijado por la Sección Primera del Consejo de Estado en el fallo de tutela del 11 de
febrero de 2016, bajo el radicado 11001-03-15-000-2015-03248-002.
Finalmente, se refirió al requisito de subsidiariedad de la acción de tutela y dijo que
éste únicamente la hace improcedente cuando exista otro mecanismo de defensa
igualmente eficaz.
II. TRÁMITE DE LA TUTELA
2.1. La acción de tutela correspondió al Consejo de Estado, Sección Quinta,
autoridad que, mediante auto del 1° de julio de 2022, admitió la demanda y ordenó
notificar al Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, y vincular al Municipio de Santa
Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad, entidad que actuó como parte demandada
en la acción de cumplimiento con radicado 05001-33-33-034-2022-00202-00.
2.2. El Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín3
sostuvo que se ratificaba en todos los argumentos expuestos en la sentencia de 8
de junio de 2022, que resolvió la acción de cumplimiento en primera instancia, y
enfatizó que la decisión se encuentra debidamente motivada, salvaguardó el debido
proceso, valoró integralmente las pruebas aportadas de acuerdo con las reglas de
la sana crítica y la normativa aplicable, y está conforme al precedente judicial
vinculante sobre la materia.
2.3. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión,4
reiteró las razones expuestas en la decisión del 22 de junio de 2022, que resolvió la
acción de cumplimiento en segunda instancia. Además, sostuvo que los argumentos
expuestos en la tutela son los mismos que presentó en la acción de cumplimiento,
por lo que es claro que pretende convertir este mecanismo subsidiario en una
tercera instancia.
2
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés.
3
Índice 10 del expediente en el sistema SAMAI, visible en el enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/Casos/list_procesos.aspx?guid=11001031500
0202203480001100103
4
Índice 11 del expediente en el sistema SAMAI, visible en el mismo enlace.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
2.4. El Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad, guardó
silencio.
III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en providencia del 28 de julio de 20225,
denegó la tutela impetrada por el señor Luis Felipe Cano Casas, con base en lo que
sigue a continuación:
Manifestó que el problema jurídico a resolver era el siguiente:
“En primer lugar, esta Colegiatura advierte que el estudio de esta acción se limitará
a la providencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera
de Decisión, por ser la decisión que puso fin al proceso.
Corresponde a la Sala determinar si procede el amparo de los derechos
fundamentales aludidos por la parte accionante, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la providencia de 24 de junio de 2022 que confirmó la decisión que
negó las pretensiones de la acción de cumplimiento, al establecer que el
mecanismo era improcedente.6”.
Para resolver el problema jurídico, el a quo sostuvo que la demanda cumple con los
requisitos generales de la tutela contra providencias judiciales. En particular, señaló
que el asunto tiene relevancia constitucional, porque la parte actora solicitó la
protección de los derechos fundamentales a la “seguridad jurídica y al debido
proceso”, y porque resultaba evidente una tensión entre la razonabilidad de la
decisión y el núcleo esencial de los mencionados derechos, comoquiera que se
alega la configuración del desconocimiento del precedente, por lo que el asunto
trasciende a un estudio de lo meramente legal.
En consecuencia, estudió el fondo del asunto y señaló que la sentencia de tutela del
11 de febrero de 2016, dictada por esta Corporación bajo el radicado 11001-03-15-
000-2015-03248-00, no se considera precedente porque no fue proferida por la Sala
Plena de la Corte Constitucional, por lo que, a lo sumo, se considera un criterio
auxiliar.
5
Índice 12 del expediente en el sistema SAMAI, visible en el mismo enlace.
6
Folio 5 de la sentencia de primera instancia.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Luego señaló que, en la sentencia del 27 de octubre de 20217, la Sección Quinta ya
se había pronunciado en sede de tutela sobre un asunto similar y había concluido
que en la “acción de cumplimiento no es posible asumir el estudio de la alegada
infracción de las normas invocadas en la demanda (…)-comoquiera- que el
propósito específico de la acción de cumplimiento es la eficacia material de las
normas con fuerza material de ley y de los actos administrativos”, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 87 de la Constitución.
Adujo que la acción de cumplimiento era improcedente porque el actor había tenido
a su disposición los recursos procedentes en vía administrativa contra el
mandamiento de pago y, eventualmente, el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual habría podido alegar la prescripción de la
sanción de tránsito, cuya declaratoria pretendió a través de dicha acción y, después,
mediante la tutela.
Por último, señaló que al demandante no le asistió la razón al manifestar que la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho no es el medio idóneo para lograr
la protección de sus derechos debido a que el tiempo que ésta tarda en resolverse
lo dejaría en estado de indefensión, pues ello no demuestra per se que exista un
perjuicio irremediable.
IV. LA IMPUGNACIÓN
El señor Luis Felipe Cano Casas, mediante escrito radicado el 3 de agosto de 2022,
impugnó la sentencia del 28 de julio del presente año, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, e insistió en que, debido a su condición de
campesino, no debe sometérsele al desgaste de un proceso ordinario de nulidad y
restablecimiento del derecho, el cual solo lo dejaría en un mayor grado de
vulnerabilidad a él y a su familia.
Con base en lo anterior, solicitó la aplicación del artículo 159 de la Ley 769 de 2002,
norma especial que rige el asunto, de acuerdo con lo consagrado en el numeral 1º
del artículo 100 del CPACA, y en los términos expuestos por esta Sección en la
7
Al respecto, invocó la sentencia del 27 de octubre de 2021, expediente con radicado 11001-03-15-
000-2021-06721-00(AC), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
sentencia de tutela del 11 de febrero de 2016, dictada por esta Corporación bajo el
radicado 11001-03-15-000-2015-03248-00.
V. CONSIDERACIONES
5.1. Competencia
De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo 2.2.3.1.2.1 del
Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333
de 20218, y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de
2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las
acciones de tutela entre las secciones, y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de
estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente
asunto.
5.2. Hechos
5.2.1. El 7 de abril de 2022 el señor Luis Felipe Cano Casas solicitó al Municipio de
Santa Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad, la prescripción del comparendo No.
99999999000002293926 del 13 de diciembre de 2015, por el cual se configuró la multa
de tránsito No. 691 de 15 de diciembre 2015, cuyo cobro coactivo correspondió al No.
1113 de 03 de agosto de 2018.
5.2.2. El Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad, denegó lo
pedido mediante oficio del 18 de abril de 2022, en el que manifestó que al asunto
resultaban aplicables los artículos 817 y 818 del Estatuto Tributario, de acuerdo con
los cuales la acción de cobro prescribe luego de cinco (5) años contados desde la
expedición del mandamiento de pago.
8
“Artículo 1°. Modificación del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015. Modifíquese el artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, el cual quedará así:
(…)
7. Las acciones de tutela dirigidas contra la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado serán
repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a la misma Corporación y se resolverá por la
Sala de Decisión, Sección o Subsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que
se refiere el artículo 2.2.3.1.2.4 del presente decreto. (…)”
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
5.2.3. El 23 de abril de 2022, el señor Cano Casas presentó nueva solicitud a la
entidad, esta vez con el fin de agotar el requisito de renuencia para la interposición de
la acción de cumplimiento. Específicamente, solicitó:
“Que, con mucho respeto, sírvanse dar cabal cumplimiento al imperativo de ley
conforme al (Inciso Primero del artículo 159 de la Ley 769/20022 CNTT),
modificado por el artículo 206 del Decreto Ley 019 de 2012, incluso, desarrollado
y explicado por el Consejo de Estado (Ver sentencia, 11001 0315000 2015 03248
00); en el entendido que, como es su obligación legal, NO CAPRICHOSA, debe
de oficio, declarar la prescripción y por ende, terminar cualquier proceso
administrativo en mi contra de cualquier naturaleza, producto de las sanciones
cuya génesis son los comparendos que se mencionan a continuación: (…)
5.2.4. Constituida la renuencia, el 17 de mayo de 2022, interpuso acción de
cumplimiento contra el Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de Movilidad,
la cual se tramitó bajo el radicado 05001-33-33-034-2022-00202-01, y alegó que en
su caso la prescripción no era la de cinco (5) años, consagrada en los artículos 817 y
818 del Estatuto Tributario, sino la de tres (3) años, establecida en el artículo 159 de
la Ley 769 de 2002.
5.2.5. Mediante sentencia del 8 de junio de 2022, el Juzgado 34 Administrativo Oral
de Medellín concluyó que, en los términos del artículo 9 de la Ley 393 de 1993, la
acción de cumplimiento en este caso era improcedente por falta del requisito de
subsidiariedad, pues el actor podía instaurar el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra el acto que le denegó la prescripción de la sanción
de tránsito.
Además, sostuvo que en la acción de cumplimiento se planteó un conflicto
interpretativo sobre el contenido y alcance de las normas aplicables al caso, finalidad
para la que es improcedente dicha acción constitucional.
5.2.6. El demandante interpuso recurso de apelación contra la anterior providencia y,
mediante fallo del 22 de junio de 2022, el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala
Tercera de Decisión, la confirmó, por las mismas razones.
5.2.7. Contra las anteriores providencias, el demandante impetró la acción de tutela
en la que alegó que las autoridades judiciales demandadas desconocieron sus
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
derechos fundamentales a la “seguridad jurídica, debido proceso, cosa juzgada,
administración de justicia”9.
5.2.8. Mediante sentencia del 28 de julio de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado denegó la petición de amparo de la referencia, fallo que fue impugnado
oportunamente por el accionante.
5.3. Planteamiento
De acuerdo con los argumentos de la impugnación, la controversia planteada en
esta instancia gira en torno al desconocimiento del precedente fijado por esta
Corporación en la sentencia de tutela del 11 de febrero de 2016, radicado 11001-
03-15-000-2015-03248-00, pues el actor alegó que la misma debió ser tenida en
cuenta por las autoridades judiciales que resolvieron la acción de cumplimiento
instaurada por el actor contra el Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de
Movilidad; pero el Consejo de Estado, Sección Quinta, señaló que esa providencia
no constituía precedente obligatorio.
Por otro lado, se discute la procedibilidad de la acción de cumplimiento para obtener
la prescripción de una sanción de tránsito, pues, mientras el a quo sostuvo que al
actor tenía a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, el demandante considera que, debido a su condición de campesino y a
sus escasos ingresos, no debe sometérsele al desgaste de un proceso ordinario, el
cual solo lo dejaría en un mayor grado de vulnerabilidad a él y a su familia.
En tal orden, considera necesario la Sala estudiar el cumplimiento de los requisitos
de procedencia de la acción de tutela presentada, habida cuenta que el objeto de la
controversia recae sobre una providencia judicial.
5.4. Sobre el requisito general de relevancia constitucional
En la sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En
9
Página 9 de la demanda.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones
que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de
involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En
consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa
por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de
relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.
Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las
razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si
no lo hace corre el riesgo de involucrarse en aspectos que solo corresponde resolver
al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen
del requisito de relevancia constitucional.
La mencionada sentencia precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela
contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la
relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a
estudiar esta cuestión y ninguna otra”.
A partir de esta importante sentencia, el concepto de la relevancia constitucional ha
sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–
573 de 201910, el alto tribunal constitucional explicó que este requisito persigue tres
finalidades:
(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales.
(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones
diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice
para discutir asuntos de mera legalidad.
(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional
para controvertir las decisiones de los jueces.
10 M.P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y
SU-103 de 2022.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada
sentencia SU-215 de 202211, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve
al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y
del problema jurídico”.
5.4.1. Las cuestiones de relevancia constitucional
Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la acción de
tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que afecten los derechos
fundamentales, la Corte Constitucional, en la referida sentencia SU-573 de 2019,
explicó que este elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:
“el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido,
alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al
unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’
relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela es la protección
efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales
fundamentales. Por tal razón, es necesario que ‘la causa que origina la
presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho
fundamental’. Esto significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la
interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv)
la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo
anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la
cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia
constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se
destaca].
De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia constitucional
le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste en que la acción de
tutela que se promueve contra providencia judicial proponga un debate sobre el
contenido, alcance o goce de un derecho fundamental o que el caso concreto, en
los términos del fallo SU-215 de 2022, tenga “la entidad para interpretar, aplicar,
desarrollar la Constitución Política o un derecho fundamental”, pues solo así se
podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello
quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es
11 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección
de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la
acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales;
y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos
adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza
eminentemente legal”.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
12
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales
considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.
En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU-573 de 2019,
manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia
constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga
una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la
existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho
fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. (Subrayas de
la Sala). Este criterio fue luego reiterado en los fallos SU-128 de 202112, SU-103 de
202213, y más recientemente en la ya citada SU-215 de 2022.
En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó la sentencia de
segunda instancia que esta Sala profirió el 20 de agosto de 2021, en el trámite de
la acción de tutela formulada por una sociedad contra la sentencia proferida el 4 de
marzo de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por presunta violación
de los derechos al debido proceso y acceso efectivo a la administración de justicia,
la Corte explicó que la cuestión discutida no tenía relevancia constitucional, toda
vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos invocados se
tradujera en “una decisión favorable a través de la imposición de una lectura
alternativa del litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de
revisión que profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.
Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T-422 de 201814,
la Corte Constitucional confirmó una decisión de la Sección Primera del Consejo de
Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los
requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en
esa oportunidad la Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba
cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias
demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional
de un asunto no se determina con la mera enunciación de los derechos
fundamentales presuntamente comprometidos, sino mediante la acreditación
12 M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
13 M.P. Alejandro Linares Cantillo.
14 M.P. Carlos Bernal Pulido.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
13
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos”. (Subrayas de la
Sala),
El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T–422 de 2018, SU-573 de 2019,
SU-128 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022, entre otros, consistente en
que, para superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de
los derechos fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de
justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie
desproporcionada respecto de un derecho fundamental; evidencia que es
precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acreditación de este
primer elemento que integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el
escrito de tutela, (i) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (ii) exponga
los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales
derechos fundamentales y (iii) compruebe que la transgresión supone un atentado
contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez
de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar que
hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo
esencial del mismo.
Ello es así porque si, en efecto, la vulneración del derecho acontece en lo que se
denomina su núcleo esencial, solo así es posible advertir que el caso reviste la
relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este
mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de cosa
juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se funda nuestro
sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el
requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un derecho
fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados
en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del mismo.
El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del derecho
cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”15 y ha explicado que,
desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el núcleo esencial se define así16:
15 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz).
16 Ibidem.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
14
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
“Métodos para la determinación del núcleo esencial
22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo esencial de
un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas jurídicas
complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el
contenido esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades
o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible
como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a ese
tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de intereses ha
diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental
es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los
intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real,
concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce
el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo
hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la
necesaria protección”. (Subrayas de la Sala).
En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho
fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de
otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de
las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial
de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es
o lo convierte en otro derecho diferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho
fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede
verse como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en
caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria
protección”17.
5.4.2. La competencia e independencia jurisdiccional
La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la
competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la
constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir
asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico. La Corte
Constitucional ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia18:
“La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no
meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las
discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole
económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios
17 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).
18 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
15
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela
inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o
reglamentario’, so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde
definir a otras jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de relevancia
constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se
limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la
correcta interpretación o aplicación de una norma “de rango reglamentario o
legal”, salvo que de esta ‘se desprend[a]n violaciones a los derechos y deberes
constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido
económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con
connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general”.
En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora
es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-
215 de 2022, al respecto se señaló que:
“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y
aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de
relevancia constitucional (…) en la labor judicial la indebida aplicación de
normas de rango legal puede derivar en una violación de derechos
fundamentales. Justamente esa situación es la que sustenta la existencia,
caracterización y definición del defecto sustantivo. En todo caso, la relevancia
constitucional exige que el accionante vincule la discusión legal con la violación
de una garantía fundamental o, en otros términos, que explique con suficiencia
el por qué la interpretación o aplicación de una norma de rango legal afectó
garantías constitucionales”.
Para precisar aún más el alcance de este planteamiento, el referido fallo de
unificación advirtió:
“Esto no significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en
un asunto de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos
se puede llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo
en acciones de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se
discute: (i) el reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de
reparación directa; (iii) laudos arbitrales y las sentencias de anulación; (iv)
procesos ejecutivos, entre otras materias que implican pretensiones
económicas, la Corte ha reconocido la relevancia constitucional del asunto
siempre que se advierta con claridad que la acción de tutela está dirigida a
obtener la protección de un derecho fundamental y no a reabrir la discusión
definida ante los jueces ordinarios.”.
En suma, el asunto debe trascender al plano constitucional, y ello se logra cuando
la argumentación no se limita a buscar la protección de los intereses económicos
y/o legales que identifican particularmente a la parte actora, sino que justifica
razonablemente la afectación desproporcionada de los derechos fundamentales
que se invocan.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
16
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
5.4.3. La instancia adicional
Por último, el tercer propósito del criterio de relevancia constitucional es impedir que
la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir
las decisiones de los jueces. Frente a este elemento, la Corte Constitucional ha
dicho19:
“Tercero, la tutela no es una instancia o recurso adicional orientado a discutir
asuntos de mera legalidad. Según la jurisprudencia constitucional, ‘la tutela
contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede
reemplazar los recursos ordinarios’, pues la competencia del juez de tutela se
restringe “a los asuntos de relevancia constitucional y a la protección efectiva
de los derechos [fundamentales] y no -se enfatiza- a problemas de carácter
legal’. En este orden de ideas, la tutela en contra de una sentencia dictada, en
particular, por una Alta Corte, exige valorar, prima facie, si la decisión se
fundamentó en una actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial,
violatoria de derechos fundamentales. Solo así se garantizaría “la órbita de
acción tanto de los jueces constitucionales, como de los de las demás
jurisdicciones”, en estricto respeto a la independencia de los jueces ordinarios”.
En desarrollo de la finalidad comentada, en la sentencia SU-215 de 2022, y
reiterando lo expuesto en la SU-128 de 2021, la Corte estableció que “la tutela
contra providencias judiciales implica un juicio de validez y no un juicio de corrección
del fallo cuestionado”, pues, según explicó, solo de esa forma se previene la
irrupción del juez de tutela en asuntos que no son de su competencia y se previene
que el recurso de amparo sea utilizado indebidamente como una instancia adicional
para discutir los asuntos de índole probatorio o de interpretación de la ley que dieron
origen a la controversia judicial.
A este efecto, la Sala destaca que el proceso judicial debate sobre las pretensiones,
las excepciones y los hechos que proponen demandante y demandado y que la
decisión del juez se fundamenta precisamente en las razones de la demanda y de
la contestación, las pruebas y el derecho que ellas ponen a su disposición, o, en los
casos excepcionales que la ley prevé, de conformidad con las facultades oficiosas
que tiene. Por lo tanto, en los eventos en los cuales el juez decide precisamente
sobre la controversia que se le ha planteado, otorgándole la razón a alguna de las
partes, simplemente está ejerciendo las funciones que le han sido atribuidas por la
19 Cfr. la ya citada sentencia SU-573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
17
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Constitución y la ley, en el ámbito de sus competencias; y cualquier
desconocimiento que a tales atribuciones hiciera el juez constitucional constituiría
claramente un pronunciamiento por fuera de las competencias que le corresponden,
utilizando además el trámite de una acción que no ha sido diseñada con ese
propósito, como lo es la tutela.
En una condición de esta naturaleza, sería entonces el juez constitucional el que
vulneraría el derecho al debido proceso constitucional, pues, sin competencia,
entraría en la valoración legal y fáctica del proceso, para modificar una decisión del
juez competente para conocer del asunto, en el escaso término que le da la ley para
pronunciarse, y siguiendo un procedimiento totalmente atípico para tal efecto, con
el evidente riesgo de equivocarse en su decisión en un tema para el cual, valga
decirlo, no tiene la formación requerida.
Bajo tales premisas, cuando el juez de la causa se limita a pronunciarse sobre las
cuestiones fácticas y de derecho que fueron el objeto del debate, porque así le
fueron planteadas por el demandante y el demandado en sus pretensiones,
excepciones y hechos, resuelve simplemente la controversia que le ha sido
sometida, atendiendo sus facultades constitucionales y legales; y no es el juez
constitucional el llamado a decirle cómo debe decidir el caso en particular,
rompiendo por demás el equilibrio entre las partes que precisamente se garantiza
con el proceso diseñado para dirimir la controversia.
Asunto distinto se presenta cuando la decisión que se controvierte no ha atendido
el debate planteado y sorprende a las partes con la decisión que se toma, cuando
ella está por fuera de los planteamientos que en los hechos y en derecho han
formulado demandante y demandado, pues, en este caso, la decisión puede
comprometer el núcleo fundamental del debido proceso, en su elemento del derecho
a la defensa, en la medida en que tal decisión no haya podido ser controvertida.
5.5. Caso concreto
Bajo estos parámetros jurisprudenciales, la Sala examinará el reclamo traído ante
el juez de tutela a la luz de cada uno de los tres criterios que hacen parte de la
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
18
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
relevancia constitucional, para determinar si, en el presente caso, este requisito
general de procedencia está cumplido.
5.5.1. Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia
constitucional que afecten los derechos fundamentales
a. La parte actora invocó como violados los derechos fundamentales a la
“seguridad jurídica, debido proceso, cosa juzgada, administración de justicia”, los
cuales consideró vulnerados con ocasión de las sentencias del 8 de junio de 2022 y
del 24 del mismo mes y año, proferidas por el Juzgado 34 Administrativo Oral del
Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de
Decisión. Sin embargo, la seguridad jurídica y la cosa juzgada no comportan la
connotación ius fundamental requerida y por ende no procede su estudio en la
instancia propuesta; lo cual sí se predica de los derechos de acceso a la administración
de justicia y debido proceso, lo mismo que de la igualdad, puesto que el demandante
alegó que esas providencias desconocieron el precedente fijado por esta Sección en
la sentencia de tutela del 11 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-
03248-00.
En este orden, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la Sala
deberá analizar las razones por las cuales el ciudadano considera que las
sentencias atacadas vulneran los derechos fundamentales al debido proceso, de
acceso a la administración de justicia y a la igualdad, para así determinar si, prima
facie, dicha transgresión supone el desconocimiento de su núcleo esencial.
b. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
proceso como el “conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a
través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación
judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se
logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías del debido
proceso: (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre
e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones
motivadas, a impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al
cumplimiento de lo decidido en el fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado
como el funcionario con capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
19
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la
calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la
ley; (iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios
legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión favorable. De este
derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los medios adecuados para la
preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado cuando sea
necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la
actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el
derecho a la independencia del juez, que solo es efectivo cuando los servidores
públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar justicia, ejercen
funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre
deberán decidir con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del
orden jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”20
Sin embargo, para el caso bajo examen la Sala advierte que no existe vulneración
o amenaza del núcleo esencial del derecho al debido proceso pues la acción de
cumplimiento se tramitó ante las autoridades judiciales competentes, se adelantó
conforme a las reglas previstas en la ley, no se pretermitió ninguna de las etapas
procesales, las partes tuvieron la oportunidad de ejercer su defensa, se garantizó el
derecho de contradicción y la publicidad de las actuaciones, y, por último, las
providencias proferidas en el curso del proceso se fundamentaron en derecho.
c. Tampoco se advierte la violación del núcleo esencial del derecho al acceso
a la administración de justicia, en la medida que la parte accionante obtuvo dos (2)
pronunciamientos judiciales en sede de acción de cumplimiento. Situación distinta
es que se encuentre en desacuerdo con el criterio aplicado por el juez de la acción
de cumplimiento, y que, además, las providencias atacadas no hayan sido emitidas
a su favor.
20
Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
20
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Vale señalar sobre el particular que el hecho de que una acción constitucional sea
declarada improcedente por falta del presupuesto de subsidiariedad, en virtud de la
existencia otros medios de defensa, no configura per se vulneración del núcleo
esencial del debido proceso o del acceso a la administración de justicia, pues
precisamente, al emitir tal declaración, el juez constitucional está evidenciando que
existen mecanismos judiciales que hacen viable la misma pretensión que ha
incoado pero mediante el ejercicio de un medio de control equivocado.
Tampoco son de recibo los argumentos del accionante relacionados con que se
encuentra en una situación de vulnerabilidad por su condición de campesino, debido
a que tal condición en sí misma no determina la necesidad de un tratamiento
especial, dado que no se arrimaron las pruebas que permitieran siquiera inferir que
un eventual embargo que pueda ser adoptado dentro del proceso de cobro de la
infracción de tránsito podrían afectar su sustento diario o el de su familia, como se
alega en el escrito introductorio, de manera que no se acreditó que el demandante
pueda ser destinatario de alguna acción afirmativa.
Por lo expuesto, no se advierte prima facie que en este caso los fallos atacados
comprometan o involucren el contenido de estos derechos fundamentales.
d. Ahora, en lo relacionado con la vulneración del derecho fundamental a la
igualdad, es preciso señalar que la Corte Constitucional, en sentencia T -030 de
2017, explicó que aquel tenía tres (3) dimensiones, siendo estas:
“La Corte ha determinado que la igualdad es un concepto multidimensional pues
es reconocido como un principio, un derecho fundamental y una garantía. De
esta manera, la igualdad puede entenderse a partir de tres dimensiones: i)
formal, lo que implica que la legalidad debe ser aplicada en condiciones de
igualdad a todos los sujetos contra quienes se dirige; y, ii) material, en el sentido
garantizar la paridad de oportunidades entre los individuos; y, iii) la prohibición
de discriminación que implica que el Estado y los particulares no puedan aplicar
un trato diferente a partir de criterios sospechosos construidos con fundamento
en razones de sexo, raza, origen étnico, identidad de género, religión y opinión
política, entre otras.”21
Así las cosas, se observa que en el sub judice, el demandante alega que las
sentencias del 8 de junio de 2022 y del 24 del mismo mes y año, proferidas por el
21
Corte Constitucional. Sentencia T-030 del 24 de enero de 2017. Magistrada Ponente: Gloria Stella
Ortiz Delgado.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
21
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Juzgado 34 Administrativo Oral del Circuito Judicial de Medellín y el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Tercera de Decisión, que resolvieron la acción de
cumplimiento instaurada contra el Municipio de Santa Fe de Antioquia, Secretaría de
Movilidad, desconocieron el precedente fijado por esta Sección en el fallo del 11 de
febrero de 2016.
De acuerdo con lo anterior, la Sala entiende superado, en cuanto al derecho
fundamental a la igualdad, el requisito orientado a restringir el ejercicio de la acción
de tutela a asuntos de relevancia constitucional, pues es claro que el señor Cano
Casas considera que las providencias que controvierte resolvieron su situación
particular de manera diferente a como lo hizo esta Corporación en un fallo que, a su
juicio, constituía precedente obligatorio para las autoridades judiciales demandadas.
Por lo tanto, prima facie, es clara la posible existencia de vulneración del núcleo
esencial de este derecho fundamental.
5.5.2. Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las
jurisdicciones diferentes a la constitucional y evitar que la acción de tutela se
utilice para discutir asuntos de mera legalidad
a. En este caso, en cuanto a los derechos fundamentales al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia, la parte actora no propuso un debate sobre
un asunto constitucional, a lo que se agrega en este segundo criterio que, del escrito
de tutela, se desprende que el reparo que motivó la presentación de este
mecanismo constitucional, sigue siendo una discusión meramente económica, pues
el actor simplemente busca que la administración se abstenga de hacerle exigible
una multa de tránsito.
Así las cosas, se observa que, en cuanto a esos dos derechos, el debate planteado
por la parte actora es ajeno al derecho constitucional. Se trata en realidad de un
debate de alcance meramente económico que, como lo mencionó la Corte
Constitucional, es del resorte exclusivo del juez de lo contencioso administrativo.
b. No ocurre lo mismo en relación con el derecho fundamental a la igualdad,
pues la posible existencia de un trato diferenciado por parte de las autoridades
judiciales en casos idénticos es un hecho que trasciende lo meramente legal o
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
22
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
económico. En efecto, la obligatoriedad del precedente se funda en los principios
de buena fe, confianza legítima y seguridad jurídica, en virtud de los cuales las
decisiones judiciales deben ser razonablemente previsibles, respetar las
expectativas generadas por las reglas judiciales en la comunidad y mantener la
coherencia en el sistema jurídico22.
5.5.3. Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso
adicional para controvertir las decisiones de los jueces
a. En este caso, resulta evidente que lo que busca el señor Cano Casas es que
el juez de tutela realice una nueva interpretación sobre las normas que regulan la
acción de cumplimiento y que llegue a una conclusión distinta sobre la procedibilidad
de ésta para discutir la interpretación de las leyes que rigen los procedimientos
administrativos, en este caso, el de cobro coactivo, y en tal sentido, para proponer
juicios de legalidad contra las decisiones que en éstos se emiten.
En esa medida, advierte la Sala que, en este caso, la parte actora está utilizando la
acción de tutela para reabrir el debate, comoquiera que lo controvertido es la
valoración que el juez natural realizó sobre la procedibilidad de la acción de
cumplimiento para agotar la discusión por él propuesta; en otras palabras, el
accionante no alega que el juez se haya desviado de los hechos o el derecho
propuesto en el proceso, sino que se limita a argumentar que decidió sin tener en
cuenta el alcance que, según su parecer, le debió dar a las normas aplicables.
De acuerdo con todo lo expuesto, la Sala concluye que no aparece acreditado el
requisito de la relevancia constitucional en cuanto a los alegatos expuestos en la
demanda en relación con los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia, lo que por sí solo conduce a la improcedencia
de la acción de tutela respecto de estos.
b. Consideración distinta merece la posible vulneración del derecho
fundamental a la igualdad como consecuencia del supuesto desconocimiento del
precedente, pues es evidente que, al alegar la configuración de este defecto, en la
tutela no se pretende simplemente reabrir el debate ya agotado para obtener un
22
Sentencia T-086 de 2007.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
23
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
nuevo pronunciamiento que resulte favorable a los intereses del demandante, sino
que se busca que el asunto sea analizado a la luz de un pronunciamiento anterior
que, a su juicio, constituía un precedente obligatorio que fue desatendido por la
autoridad judicial.
Aunado a lo expuesto debe indicarse que la controversia frente al desconocimiento
del precedente fijado en la citada sentencia del 11 de febrero de 2016 no fue
expuesta dentro del trámite ordinario, de modo que el mismo constituye un
argumento novedoso en este trámite, circunstancia que pone en evidencia que, con
el estudio de fondo de dicho reparo, no se están invadiendo las esferas del Juez
natural de la causa.
En consecuencia, la Sala estima que se encuentra acreditada la relevancia
constitucional de la presente acción de tutela, en lo relacionado con la posible
vulneración del derecho a la igualdad, por el supuesto desconocimiento del
precedente fijado por esta Sección en la sentencia del 11 de febrero de 2016. Por
lo tanto, a continuación, procederá a analizar si las autoridades judiciales
demandadas incurrieron en tal defecto.
Lo anterior, atendiendo a que los demás presupuestos generales que dan viabilidad
a la tutela contra providencia judicial ya se encuentran satisfechos, pues: no
procedían otros medios de defensa en contra de la providencia del 22 de junio de
2022 el Tribunal Administrativo de Antioquia pues a través de ésta dicha autoridad
judicial resolvió el recurso de apelación en contra de la sentencia del 8 de junio de
los corrientes, proferida por el Juzgado 34 Administrativo Oral de Medellín, (ii) fue
cumplido el requisito de inmediatez por cuando no han pasado más de seis (6)
desde la notificación de la primera providencia en comento, (iii) por otro lado, el
accionante esgrimió que las decisiones enjuiciadas habían desconocido el
precedente constitucional en la materia, y (iv) no se impugna una providencia
contenida de una sentencia de tutela.
5.6. Del desconocimiento del precedente
5.6.1. De manera previa a abordar el alcance del defecto aludido, se debe precisar
que la Corte Constitucional a través de su jurisprudencia ha definido como
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
24
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
precedente judicial “la sentencia o conjunto de ellas, anteriores a un caso
determinado, que por su pertinencia o semejanza en los problemas jurídicos
resueltos, debe necesariamente considerarse por las autoridades judiciales al
momento de emitir un fallo”23. Al respecto, estableció como criterios para concluir
cuando se está ante un precedente, los siguientes: “i) que en la ratio decidendi de
la sentencia anterior se encuentre una regla jurisprudencial aplicable al caso a
resolver; ii) que esta ratio resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en
el nuevo caso y iii) que los hechos del caso sean equiparables a los resueltos
anteriormente”24.
Bajo los parámetros indicados, un precedente se configura cuando la sentencia
pretende resolver un idéntico problema, desde la perspectiva jurídica y fáctica, lo
que supone un mismo aspecto jurídico a considerar y unos mismos hechos
relevantes, probados y debidamente connotados. A estos efectos, el examen de los
requisitos que deben cumplirse para que se ataque la sentencia en sede de tutela
por desconocimiento del precedente, impone al actor la carga de identificar el
problema jurídico que resolvió la sentencia cuestionada para compararlo con el
problema jurídico resuelto por el precedente, determinando consecuentemente su
identidad en los hechos y en el objeto del litigio.
Visto así, el desconocimiento del precedente supone que la sentencia cuestionada
se identifica con aquél en su objeto y en los hechos. No habrá entonces
desconocimiento del precedente si la sentencia analizada difiere en cualquiera de
los aspectos indicados.
Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional25 ha hecho la distinción entre
precedente horizontal y precedente vertical, entendiendo por el primero aquellas
decisiones proferidas por el mismo funcionario, mientras que el segundo se refiere
a las decisiones que son emitidas por el superior jerárquico o la autoridad encargada
de unificar la jurisprudencia. La fuerza vinculante del precedente horizontal se
predica de las decisiones de la misma autoridad y se genera en atención a los
principios de buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima y al derecho a la
23
. Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018, T-499 de 2017, T-292 de 2006 y Auto 397 de
2014.
24
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y SU-053 de 2015.
25
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-460 de 2016.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
25
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
igualdad26; mientras que el precedente vertical, al provenir de la autoridad de cierre
dentro de cada jurisdicción, limita la autonomía del juez, en tanto se debe respetar
la postura del superior27.
Ahora bien, debe destacarse que el deber de respeto o sometimiento a los
precedentes judiciales no es absoluto. En efecto, una comprensión excesiva del
deber de atenerse a ellos podría suponer la negación de los principios de autonomía
e independencia judicial (artículos 228 y 230 CP).
Precisamente por lo anterior la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
establecido que el juez puede apartarse válidamente de los precedentes, bien sean
estos verticales u horizontales, siempre y cuando se justifiquen de manera clara y
precisa las razones para ello. A este respecto, dicha Corporación precisó
que resulta válido que las autoridades judiciales, merced a la autonomía que les
reconoce la Carta Política, puedan en eventos concretos apartarse del precedente;
pero aclaró que, en cualquier caso, esa opción argumentativa está sometida a
estrictos requisitos, entre otros (i) hacer explícitas las razones por las cuales se
aparte de la jurisprudencia en vigor sobre la materia objeto de escrutinio judicial –
requisito de transparencia-, y (ii) demostrar suficientemente que la interpretación
alternativa que se ofrece desarrolla de mejor manera los derechos, principios y
valores constitucionales –requisito de suficiencia-28.
En el escenario hasta aquí esbozado, es posible concluir que, cuando un juez
desconoce una regla jurisprudencial vinculante y plenamente aplicable a
determinada situación, sin cumplir con la carga argumentativa descrita, incurre en
la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
relacionada con el desconocimiento del precedente judicial y, en consecuencia,
vulnera el derecho fundamental a la igualdad de las personas que acudieron a la
administración de justicia. Contrario sensu, cuando la sentencia que difiere del
precedente fundamenta su decisión de manera razonable y suficiente, justificando
tal posición, no resultará procedente la acción de tutela por esta causal específica.
26
Corte Constitucional. Sentencia T-049 de 2007, M.P.: Clara Inés Vargas Hernández.
27
Corte Constitucional. Sentencia SU-354 de 2017, M.P.: Iván Humberto Escrucería Mayolo.
28
Corte Constitucional. Sentencia C-634 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
26
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
Finalmente, la jurisprudencia ha sido reiterativa en señalar las premisas bajo las
cuales habrá de interpretarse una decisión judicial acusada de incurrir en el defecto
en mención, anotando al respecto que se debe: “i) determinar la existencia de un
precedente o de un grupo de precedentes aplicables al caso concreto y distinguir
las reglas decisionales contenidas en estos precedentes; ii) comprobar que el fallo
judicial impugnado debió tomar en cuenta necesariamente tales precedentes pues
de no hacerlo incurriría en un desconocimiento del principio de igualdad; iii) verificar
si el juez tuvo razones fundadas para apartarse del precedente judicial por encontrar
diferencias fácticas entre el precedente y el caso analizado, o por considerar que la
decisión debería ser adoptada de otra manera para lograr una interpretación más
armónica en relación con los principios constitucionales, y más favorable a la
vigencia y efectividad de los derechos fundamentales, de acuerdo con el principio
pro homine”29.
5.6.2. Así las cosas, tendrá que definirse si incurre en desconocimiento del
precedente judicial, vulnerando el derecho fundamental a la igualdad, la providencia
judicial a través de la cual una autoridad judicial declaró la improcedencia de una
acción de cumplimiento, por falta del agotamiento del requisito de subsidiariedad,
bajo el argumento que el demandante podía instaurar el medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho contra el acto que le denegó la prescripción de la
sanción de tránsito.
En el caso objeto de estudio, el accionante alega como como desconocida la siguiente
sentencia: del 11 de febrero de 2016, radicado 11001-03-15-000-2015-03248-00,
proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado, razón por la cual, el estudio
de este cargo procederá a partir del siguiente cuadro:
Problema jurídico analizado por el Consejo
Hechos relevantes
de Estado
(i) El municipio de Bucaramanga, instauró ¿Vulneran el derecho fundamental al debido
acción de tutela en contra del Juzgado Tercero proceso e incurren en defecto sustantivo, las
Administrativo de Bucaramanga y el Tribunal providencias judiciales que, en un proceso de
Administrativo de Santander por considerar acción de cumplimiento, decretaron la
vulnerado su derecho fundamental al debido prescripción del cobro de unas multas de
proceso. tránsito por haber transcurrido más de tres (3)
años sin ser reclamadas?
29
Corte Constitucional. Sentencias T-088 de 2018 y T-351 de 2011.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
27
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
(ii) Como sustento de dicha afirmación
explicó que dichas autoridades judiciales Tesis: No vulneran el derecho al debido
mediante fallos proferidos el 17 de septiembre y proceso las providencias censuradas.
el 16 de octubre de 2015, decretaron la
prescripción de la acción de cobro de unas Fuente: Artículos 29 de la Carta Política 5º de
multas de tránsito por haber transcurrido más de la Ley 1066 de 2006 en consonancia con el
tres (3) años sin ser reclamada, aplicando una artículo 818 del Estatuto Tributario.
norma del Estatuto Tributario sin que dicha
entidad sea recaudadora de impuestos.
Por ende, expresó que las providencias
cuestionadas habían incurrido en el defecto
sustantivo.
(iii) El proceso correspondió al Consejero de
Estado Roberto Augusto Serrato Valdés quien
en sentencia del 11 de febrero de 2016, denegó
el amparo solicitado
Para sustentar dicha decisión, la Sala de Decisión de esta Sección realizó las
siguientes consideraciones:
“Por tanto, si bien, en el Código de Tránsito Terrestre (Ley 769 de 2002,
modificado por Ley 1383 de 2010), como norma de carácter especial, se
establece que las sanciones por infracciones a las normas de tránsito
prescriben a los tres (3) años del hecho, la cual se interrumpe con el
mandamiento de pago; también ha de tenerse presente que una norma
posterior (Ley 1066 de 2006) que rige de manera especial el cobro coactivo,
establece el procedimiento para que éste se lleve a cabo por todas las
autoridades que se encuentren investidas de dichas facultades, y dentro de las
excepciones en ella contenidas no se encuentran las autoridades de tránsito.
En ese orden de ideas, debido a que no existe incompatibilidad ni incongruencia
en las normas referidas, se deberá entender que las autoridades de tránsito, en
ejercicio de sus actividades de cobro coactivo de las sanciones impuestas por
infracciones a las normas de tránsito, deberán aplicar, en lo no contenido en el
Código de Tránsito Terrestre, el procedimiento establecido en el Estatuto
Tributario.
En tal virtud, la aplicación del Estatuto Tributario al procedimiento de cobro
coactivo de las multas de tránsito se aplica no por la calidad o características
de los dineros públicos a recaudar, toda vez que, como bien lo afirma el actor,
éstas no se consideran de carácter tributario; sino por el hecho de que son
dineros públicos que deben ser recaudados por autoridades investidas con
facultades de cobro coactivo.
Así, para armonizar las dos disposiciones, deberá considerarse que primará el
contenido de la norma especial, pero en lo no contenido en ella deberá acogerse
lo establecido en el Estatuto Tributario. En consecuencia, como quiera que el
término de prescripción y su interrupción, en ambas normas es idéntico, no
existe conflicto si se aplica una u otra. Sin embargo, debido a que en el artículo
159 de la Ley 769 de 2002 no alude al transcurso del tiempo de inactividad de
la autoridad una vez se dicte mandamiento de pago, deberá acudirse a lo
dispuesto en el Estatuto Tributario, en atención a lo dispuesto por el artículo 5º
de la Ley 1066 de 2006, que en el artículo 818 si establece que el término
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
28
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
interrumpido con el mandamiento de pago empezará a correr de nuevo desde
el día siguiente a la notificación del mismo.
De esa manera, se logra una interpretación armónica a las normas vigentes
sobre cobro coactivo de las sanciones impuestas por las autoridades, por
infracción a las normas de tránsito.
Ahora bien, una vez establecida la debida interpretación y alcance de las
normas relativas al cobro de las multas de tránsito y de las remisiones al
Estatuto Tributario, la Sala estudiará la aplicación que de éstas efectuó el
Tribunal Administrativo de Santander en la decisión cuestionada”.
Resulta evidente, pues, que la decisión invocada por el demandante como
precedente desconocido resolvió un problema jurídico completamente distinto del
que se abordó en las decisiones judiciales que aquí se controvierten.
En efecto, mientras la providencia invocada como precedente resolvió una acción
de tutela, cuyo objeto era el amparo al derecho de rango ius fundamental como lo
es el debido proceso, en el presente asunto las decisiones que se atacan tenían por
finalidad determinar si una autoridad pública había incurrido en el incumplimiento de
una norma con fuerza de ley o de un acto administrativo, al iniciar el cobro de una
sanción de tránsito.
De manera que no existe similitud de objeto ni de fundamentos fácticos que hagan
viable concluir que las providencias cuestionadas incurrieron en el defecto de
violación del precedente.
En consecuencia, la Sala confirmará la decisión impugnada, pero por las razones
aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de los Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la Ley,
VI. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 28 de julio de 2022, proferida por la Sección
Quinta del Consejo de Estado, pero por las razones aquí expuestas.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
29
Radicado: 11001 03 15 000 2022 03480 01
Demandante: Luis Felipe Cano Casas
SEGUNDO: Dentro del término de ley, envíese el expediente a la Corte Constitucional
para que se surta la eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, comuníquese y cúmplase.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión del 29 de septiembre de 2022.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en
la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.