Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03498-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03498-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03498-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
11 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03498-00
Demandante: Pedro Elías Celis Useche
Demandado: UGPP
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03498-00
Demandante: PEDRO ELÍAS CELIS USECHE
Demandado: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP
Temas: Tutela contra acto administrativo – declara la improcedencia
por no superar el requisito adjetivo de la subsidiariedad
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo presentado por el señor Pedro Elías Celis Useche,
en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. A través de escrito radicado el 30 de junio de 2022, en la ventanilla de
atención virtual del Consejo de Estado, el señor Pedro Elías Celis Useche,
presentó acción de tutela contra la Unidad Administrativa Especial de Gestión
Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social – UGPP, con el fin
de que sean amparados sus derechos fundamentales al “debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y el derecho adquirido a obtener la
pensión de jubilación”.
2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión de la Resolución N.º RDP 012526 del 18 de mayo de 2022, a través de la
cual, el director de pensiones de la UGPP confirmó lo dispuesto en la Resolución
N.º RDP 5989 del 8 de marzo de 2022, en la que el subdirector de determinación
de derechos pensionales de la entidad negó1 el reconocimiento de la pensión
convencional solicitada por el señor Celis Useche.
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A través de la Resolución N.º RDP del 11 de abril de 2017, la entidad ya había negado el reconocimiento de la pensión
convencional solicitada por el señor Pedro Elías Celis Useche, en sede de apelación. En dicha ocasión se confirmó la
negativa dispuesta mediante la Resolución N.º RDP 049710 del 29 de diciembre de 2016.
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Demandante: Pedro Elías Celis Useche
Demandado: UGPP
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora pidió:
“PRIMERO: Tutelar los derechos fundamentales constitucionales a la
igualdad, derecho adquirido de la pensión de jubilación, la dignidad humana,
el mínimo vital y el debido proceso.
SEGUNDO: Ordenar a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCIÓN SOCIAL, la resolución de mi pensión de jubilación derecho
adquirido, según el artículo 98 de la convención colectiva de trabajo ISS –
SINTRAISS – 2001 – 2004, que continua (sic) vigente según SENTENCIA SU
555 de 2014 de la HONORABLE CORTE CONSTITUCIONAL, y el respectivo
retroactivo”.
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El señor Pedro Elías Celis Useche afirmó que el 3 de junio de 1986 se
vinculó laboralmente al Instituto de Seguros Sociales en calidad de trabajador
oficial, en el cargo de ayudante de mantenimiento clase III, grado 10, hasta el 25
de junio de 2003.
5. Explicó que el 26 de junio de 2003, cuando se determinó la escisión del
ISS, mediante el Decreto 1750 de 2003, fue “(…) incorporado automáticamente sin
solución de continuidad a la planta de personal de la ESE FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER con el mismo cargo, hasta el 1 de diciembre de 2008, fecha en que fui
desvinculado”.
6. Afirmó que el 5 de marzo de 2016 cumplió 55 años, “único requisito que me
faltaba para acceder a la pensión de jubilación según el artículo 98 de la convención
colectiva de trabajo celebrada entre el ISS – SINTRAISS 2001 – 2004”.
7. El 26 de agosto de 2016, el señor Celis Useche solicitó a la UGPP el
reconocimiento y pago de la pensión convencional del ISS, petición que le fue
negada a través de la Resolución N.º RDP 049710 del 29 de diciembre de 2016,
con fundamento en que, “(…) los certificados no fueron aportados en original o copia
auténtica”.
8. Mediante la Resolución N.º RDP 015275 del 11 de abril de 2017, la entidad
resolvió el recurso de apelación y confirmó lo dispuesto en la Resolución N.º RDP
049710 del 29 de diciembre de 2016, con fundamento en que no se acreditaron
los requisitos mínimos exigidos por la convención colectiva de trabajo, antes del
31 de julio de 2010, fecha en la que cesaron los efectos jurídicos de todos los
convenios colectivos de trabajo o actos jurídicos de cualquier clase que
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Demandado: UGPP
establecieran sistemas pensionales distintos a los implementados por la Ley 100
de 1993 y la Ley 797 de 2003.
9. A través del Auto N.º ADP 000750 del 29 de enero de 2018, la UGPP le
indicó al interesado que con las resoluciones previamente mencionadas “(…) ya
había resuelto la misma solicitud de reconocimiento de una pensión convencional del ISS
y dicho acto administrativo se encuentra en firme”.
10. Por conducto del Auto N.º ADP 6762 del 26 de septiembre de 2018, la
UGPP dispuso la improcedencia de reconocer una pensión de jubilación
convencional.
11. Mediante el Auto N.º 009981 del 20 de diciembre de 2018, la entidad
declaró la fuerza ejecutoria de los actos administrativos que negaron la pensión de
jubilación convencional solicitada por el señor Celis Useche.
12. Con el Auto N.º ADP 1011 del 26 de febrero de 2020, la UGPP remitió el
cuaderno administrativo del tutelante a Colpensiones -antes ISS-, para lo de su
competencia.
13. En la Resolución N.º RDP 005989 del 8 de marzo de 2022, la UGPP negó
el reconocimiento de la pensión convencional a favor del señor Pedro Elías Celis
Useche, decisión que fue confirmada en sede de apelación a través de la
Resolución N.º RDP 012526 del 18 de mayo de 2022.
1.4. Sustento de la vulneración
14. La parte actora solicitó el amparo transitorio de sus derechos
fundamentales debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al mínimo vital y el
derecho adquirido a obtener la pensión de jubilación”, los cuales consideró vulnerados
con ocasión de la Resolución N.º RDP 012526 del 18 de mayo de 2022, a través
de la cual, el director de pensiones de la UGPP confirmó lo dispuesto en la
Resolución N.º RDP 5989 del 8 de marzo de 2022, en la que el subdirector de
determinación de derechos pensionales de la entidad negó el reconocimiento de la
pensión convencional que solicitó.
15. Señaló que es “hombre cabeza de familia” y que convive en unión marital de
hecho desde hace 38 años con la señora Esperanza Becerra, hogar que también
ocupa su suegra la señora Marina Becerra de Pinzón. Explicó que actualmente se
encuentra en una situación económica difícil y que no cuenta con ningún tipo de
ingreso que le permita solventar sus necesidades, así como pagar el impuesto
predial de su vivienda.
16. Destacó que la acción de tutela es procedente aún existiendo otros medios
de defensa judiciales, cuando se compruebe que en la práctica no son aptos para
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proteger sus derechos, bien sea por la tardanza en la resolución del conflicto o
porque no ofrezca el mismo grado de protección que se logra por esta vía.
1.5. Trámite de la acción de tutela
17. Mediante auto del 19 de junio de 2022, la magistrada ponente de esta
providencia admitió la demanda de tutela de la referencia y ordenó la notificación
de la parte accionante y de la UGPP, como autoridad accionada. Asimismo,
vinculó a Colpensiones.
18. Finalmente, requirió al señor Pedro Elías Celis Useche para que,
atendiendo a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 37 del Decreto 2591 de 1991,
manifestara bajo la gravedad de juramento que no ha presentado otra tutela
respecto de los mismos hechos y derechos.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:
1.6.1. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales – UGPP
19. El subdirector de Defensa Judicial Pensional y apoderado de la entidad
solicitó que se declare la improcedencia del mecanismo por no superar el
presupuesto de subsidiariedad, con fundamento en que la acción de tutela no es el
medio idóneo para obtener el reconocimiento o la reliquidación de pensiones, pues
ello es un asunto que debe debatirse ante la jurisdicción contencioso
administrativa en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho del
artículo 138 de la Ley 1437 de 2011.
20. Asimismo, explicó que el actor no demostró la ocurrencia de un perjuicio
irremediable que permitiera establecer la procedencia excepcional del instrumento
de amparo.
1.6.2. Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones
21. La directora de Acciones Constitucionales de la entidad solicitó la
desvinculación del trámite tutelar, por considerar que lo solicitado dentro del
presente proceso no hace parte de las obligaciones del ISS liquidado, aunado a
que tampoco tiene responsabilidad en la presunta transgresión de los derechos
fundamentales alegados.
1.6.3. El señor Pedro Elías Celis Useche, pese a haber sido notificado en debida
forma, no atendió el requerimiento elevado por el despacho ponente.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
22. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela presentada
por el señor Pedro Elías Celis Useche, de conformidad con lo establecido en el
artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991
y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
23. En su escrito de intervención, Colpensiones solicitó su desvinculación del
trámite constitucional por no ser la entidad responsable de la presunta
transgresión que se alega.
24. La Sala no accederá a dicha petición dado que la administradora de
pensiones fue notificada de esta tutela como tercera al considerar que le asistía un
interés legítimo por ser la accionada del trámite ordinario que originó la radicación
de este instrumento de amparo, y no como parte demandada.
2.3. Problema jurídico
25. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Si la UGPP vulneró los derechos fundamentales del señor Pedro Elías
Celis Useche, con ocasión de la Resolución N.º RDP 012526 del 18 de
mayo de 2022, a través de la cual, el director de pensiones de la UGPP
confirmó lo dispuesto en la Resolución N.º RDP 5989 del 8 de marzo de
2022, en la que el subdirector de determinación de derechos pensionales
de la entidad negó el reconocimiento de la pensión convencional que
solicitó?
2.4. Razones jurídicas de la decisión
26. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) naturaleza de la acción de tutela; (ii) improcedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos y; (iii) análisis del caso concreto.
2.5. Naturaleza de la acción de tutela
27. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que
indica el Decreto 2591 de 1991.
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28. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha
señalado que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa
judicial de los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y
residual. Lo anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera
supletiva, es decir, cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo
que se promueva para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable2.
2.6. De la improcedencia de la acción de tutela contra actos administrativos
29. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y
determina que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.
30. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a
estos y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces
naturales de cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas
y la jurisprudencia.
31. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones
paralelas a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado
bajo su competencia3.
32. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.
33. Por tanto, esta Sala reitera4 su posición en el sentido de que la jurisdicción
de lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para
2
Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
3
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones.”
4
Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del Consejo de Estado, del 10 de septiembre de
2015. M.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. M.P. Rocío Araújo
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conocer de las controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto
administrativo, en atención a la existencia del medio de control de nulidad y de
nulidad y restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas
cautelares en los términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de
2011.
34. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven,
toda vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una
decisión administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre
revestida de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido
constitucionalmente vinculante de derechos de rango superior o resulte
abiertamente arbitraria o discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna
procedente para precaver la eventual conculcación de estas garantías de orden
superior.
2.7. Caso concreto
35. El señor Pedro Elías Celis Useche considera que la UGPP desconoció sus
garantías constitucionales, con ocasión de la Resolución N.º RDP 012526 del 18
de mayo de 2022, a través de la cual, el director de pensiones de la UGPP
confirmó lo dispuesto en la Resolución N.º RDP 5989 del 8 de marzo de 2022, en
la que el subdirector de determinación de derechos pensionales de la entidad
negó el reconocimiento de la pensión convencional que solicitó.
36. Para el efecto, señaló que es “hombre cabeza de familia” y actualmente se
encuentra en una situación económica difícil y no cuenta con ningún tipo de
ingreso que le permita solventar sus necesidades, así como pagar el impuesto
predial de su vivienda.
37. En ese orden de ideas, esta Sala anticipa que en el asunto objeto de
estudio habrá de declararse la improcedencia de la tutela porque, por regla
general, este instrumento constitucional no es apto para controvertir actos
administrativos.
38. De conformidad con el escrito de tutela, las pretensiones elevadas por el
señor Celis Useche se dirigen a atacar la legalidad de la decisión contenida en la
Resolución N.º RDP 012526 del 18 de mayo de 2022 pues, de la simple lectura de
las súplicas de la demanda se observa que lo que persigue es que se deje sin
efectos el referido acto administrativo y que, en su lugar, se ordene a la UGPP que
le reconozca y pague la pensión de jubilación convencional a la que, en su criterio,
tiene derecho.
Oñate. Rad 66001-23-33-000-2016-00293-01; del 27 de mayo de 2021. M.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-
2021-01934-00 y; del 10 de febrero de 2022, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil, Rad. 11001-03-15-000-2022-00322-00.
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39. Teniendo en cuenta que los actos de la administración gozan de presunción
de legalidad, deben ser controvertidos ante la jurisdicción contencioso
administrativo a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho dispuesto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011, cuando se trata de
actos de contenido particular como el presente.
40. Lo anterior, pues, se insiste, el reproche del tutelante se centra en atacar lo
resuelto por la UGPP que, luego de revisar los requisitos que hacen procedente el
reconocimiento de la pensión de jubilación, concluyó que el señor Celis Useche no
los reunía, situación que no le permitía acceder a lo pretendido.
41. A partir de ello, para esta Sección del Consejo de Estado se configura la
causal de improcedencia de que trata el artículo 6.1. del Decreto 2591 de 1991
que establece que, “(…) la acción de tutela no procederá: 1. Cuando existan otros
recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será
apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se
encuentra el solicitante”.
42. Así las cosas, esta Sala de Decisión advierte que los argumentos expuestos
por la parte actora no permiten concluir la ineficacia del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho atendiendo a que, de acuerdo con lo
expuesto por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 17 de marzo
de 20155:
“(…) las medidas cautelares proceden antes de que se notifique el auto
admisorio y en cualquier etapa del proceso, y que su fin consiste en proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la
sentencia, a través de un pronunciamiento que no implica prejuzgamiento.
Conforme al artículo 230 ibídem, las medidas cautelares pueden ser
preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, debiendo tener
relación directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Dentro de
este último criterio, en el numeral 3°, se estipuló la suspensión provisional de
los efectos de los actos administrativos, garantía concordante con lo dispuesto
en el artículo 238 de la Constitución Política”.
43. Ahora, si bien en los procesos ordinarios las partes pueden solicitar el
decreto de medidas cautelares con la finalidad de proteger el objeto de la
controversia, lo cierto es que la Corte Constitucional establece que la acción de
tutela será procedente, de manera excepcional y como mecanismo transitorio,
siempre que, i) se pretenda evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable y que,
del contenido del acto censurado ii) se evidencie una clara afectación de un
derecho fundamental.
44. En relación con lo anterior, el máximo órgano en materia constitucional
señaló que para que, “(…) únicamente se considerará que tal es la magnitud cuando,
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Radicación 11001-03-15-000-2014-03799-00, M.P. Sandra Lisset Ibarra Vélez.
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“dadas las circunstancias del caso particular, se constate que (iii) el daño es cierto e
inminente, esto es, que no se debe a conjeturas o especulaciones, sino que se halla
sustentado en la apreciación razonable de hechos reales y apremiantes; (iv) que involucra
gravedad, desde el punto de vista de su incontrastable trascendencia y de la naturaleza
del derecho fundamental que lesionaría; y (v) de urgente atención, en el sentido de que
sea necesario e inaplazable precaverlo o mitigarlo, evitando que se consume una lesión
antijurídica de connotación irreparable”6.
45. En ese contexto, esta Colegiatura observa que en este caso no se acreditó el
perjuicio irremediable, teniendo en cuenta que, como punto agravante el señor
Celis Useche alegó ser un “hombre cabeza de familia”, que no cuenta con ingresos
que le permitan solventar sus necesidades básicas, ni pagar el impuesto predial
de su vivienda.
46. Así las cosas, se observa que el actor basó la afectación de su mínimo vital
en que actualmente no tiene ingresos que le permitan cancelar el impuesto predial
de su casa, frente a lo cual resulta pertinente precisar que la preocupación que
aqueja al actor en relación con las obligaciones con las que cuenta no son un
argumento que permita evidenciar la vulneración de sus garantías
constitucionales.
47. Al respecto, vale la pena precisar que la Corte Constitucional definió el
mínimo vital como "la porción de los ingresos del trabajador o pensionado que están
destinados a la financiación de sus necesidades básicas, como son la alimentación, la
vivienda, el vestido, el acceso a los servicios públicos domiciliarios, la recreación, la
atención en salud, prerrogativas cuya titularidad es indispensable para hacer efectivo el
derecho a la dignidad humana, valor fundante del ordenamiento jurídico constitucional".
48. En ese orden de ideas, esta Judicatura encuentra que el señor Celis Useche
no aportó ningún elemento probatorio que permita evidenciar la existencia de un
perjuicio irremediable que pueda afectar su mínimo vital, puesto que sus
argumentos no revisten el carácter de inminentes, urgentes e impostergables que
permitan desconocer el ejercicio de los mecanismos judiciales que otorga el
ordenamiento jurídico.
49. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otros mecanismos de defensa judicial que resulten idóneos
y eficaces para solicitar la protección de los derechos que se consideran
amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos y no a la acción de tutela
pues, se insiste, lo que pretende por esta vía el señor Celis Useche es controvertir
la legalidad de la decisión contenida en la Resolución N.º RDP 012526 del 18 de
mayo de 2022.
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«T-1316 de diciembre 7 de 2001, M. P. Rodrigo Uprimny Yepes».
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2.8. Conclusión
50. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión, declarará la improcedencia del
mecanismo de amparo, toda vez que la parte actora cuenta con el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho contenido en el artículo 138 de la
Ley 1437 de 2011 para controvertir la Resolución N.º RDP 012526 del 18 de mayo
de 2022 ante operador contencioso administrativo.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Administradora
Colombiana de Pensiones - Colpensiones.
SEGUNDO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA de la acción de tutela que
presentó el señor Pedro Elías Celis Useche contra la UGPP por no superar el
requisito adjetivo de la subsidiariedad.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
CUARTO: En el evento de no ser impugnada esta decisión, REMITIR el
expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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