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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03512-00

Fecha
31 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03512-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Reconócese personería al abogado Virgilio Leiva Sánchez identificado con cédula de ciudadanía número 19.372.960 y con Tarjeta Profesional número 62.029 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe como apoderado de Luis Ángel Durán García 2°) Niegase la acción de tutela presentada por los señores Luis Carlos Durán Tiafe, Derly Yineth Rengifo Parra, Orfilia Parra Sánchez, Sanly Durán García, Víctor Alfonso Durán García, Jhon Fredy Durán García, María Angela Durán García y Luis Angel Duran Garcia de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 12 Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00 Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros Acción de tutela 4°)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03512-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

31 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, treinta y uno (31) de agosto de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: LUIS CARLOS DURAN TIAFE Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
MEDIO DE CONTROL: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. SE
NIEGA EL AMPARO PRETENDIDO

Síntesis del caso: los demandantes estimaron vulnerados sus derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso y reparación integral por motivo del fallo de segunda
instancia proferido por el Tribunal Administrativo de Casanare en el que se negaron las
pretensiones del medio de control de reparación directa que presentaron contra el Ejército
Nacional. Reclamaron que esa providencia adolece de un defecto fáctico por indebida
valoración probatoria, además de citar un desconocimiento del precedente. La Sala
encontró que la autoridad demanda sí hizo una valoración de las pruebas aportadas al
proceso ordinario y debido a esto la decisión no contradijo el precedente citado, motivo por
el que se negarán las pretensiones de la acción de tutela.

La Sala decide la acción de tutela presentada por los señores Luis Carlos Durán
Tiafe, Derly Yineth Rengifo Parra, Orfilia Parra Sánchez, Sanly Durán García, Víctor
Alfonso Durán García, Jhon Fredy Durán García y María Angela Durán García, por
intermedio de apoderado judicial, por la presunta vulneración de sus derechos
constitucionales fundamentales del debido proceso y reparación integral.

I. ANTECEDENTES

Los hechos de la demanda

Mediante escrito presentado el 1 de julio de 2022, los demandantes formularon
acción de tutela con el fin de que les sean amparados sus derechos fundamentales
antes referidos.

2
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

Como fundamento fáctico de la acción los demandantes señalaron, en síntesis, lo
siguiente:

1) Presentaron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa
contra el Ejército Nacional a efecto de que les sean reconocidos los perjuicios
ocasionados con motivo de la muerte causada a Héctor Andrés Durán García por
un integrante del Ejército Nacional en hechos ocurridos el 20 de septiembre de
2009.

2) El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia profirió
sentencia de primera instancia el 30 de agosto de 2019 en la que accedió a las
pretensiones de la demanda y condenó a la parte demandada por los daños
antijuridicos ocasionados a los demandantes.

3) Las partes demandante1 y demandada2 apelaron la decisión y con sentencia de
10 de marzo de 2022 el Tribunal Administrativo de Casanare revocó la decisión del
a quo para en su lugar negar las suplicas de la demanda.

Los fundamentos de la vulneración

Los accionantes enumeraron varias pruebas que, según su apreciación, no fueron
tomadas en cuenta en el fallo cuestionado, por lo cual consideraron que la decisión
incurrió en un defecto factico puesto que careció del apoyo probatorio que permitiera
la aplicación del supuesto legal en el que se sustentó la decisión.

Sobre el particular, manifestaron que no se logró comprobar que el señor Héctor
Andrés Durán García perteneciera a un grupo al margen de la ley y, según su
concepto, se acreditó que en hechos ocurridos el 20 de septiembre de 2009, en el
caserío conocido como Campoalegre – Paneya Jurisdicción del Municipio de Solano
(Caquetá), el occiso fue retenido ilegalmente a las 4.30 pm por los militares cuando
se desplazaba hacia su lugar de trabajo, para después ser ultimado haciéndolo
pasar como un miliciano de las FARC, en la modalidad conocida como “falso
positivo”.

1
Solicitó que se adicione dentro de la sentencia el reconocimiento de perjuicios por concepto de
alteración grave a las condiciones de existencia en favor de los demandantes.
2
Solicitó revocar y negar las pretensiones de la demanda puesto que no se encontraban probadas
las circunstancias de tiempo, modo y lugar que alegaron los accionantes.

3
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

Hubo varias inconsistencias que rodearon los hechos y que generaron dudas
respecto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar reales de los acontecimientos
según los informes, actas y declaraciones de los soldados que participaron de la
misión.

Existió una indebida valoración probatoria por parte del Tribunal Administrativo de
Casanare por darle plena credibilidad a los testigos desmovilizados en contravía del
precedente de la Corte Constitucional3 y del Consejo de Estado4, según el cual las
versiones suministradas por los informantes no tienen valor probatorio, sin perjuicio
de lo cual el Tribunal Administrativo del Casanare les dio plena credibilidad a los
testigos desmovilizados, en contravía del precedente.

La autoridad judicial no tuvo en cuenta las pruebas testimoniales suministradas por
los demandantes que demostraban que el fallecido no hizo parte de grupos al
margen de la ley y que los responsables de su muerte fueron miembros del Ejército
Nacional.

El Tribunal Administrativo de Casanare no analizó las pruebas que acreditaban la
aprehensión y posterior muerte del Señor Héctor Durán García por parte del Ejercito
Nacional y, en particular las pruebas testimoniales de Jesús Alirio Figueroa Celis,
Roque Vela Nuñez, Sandra Milena Cardona Castaño, Luis Carlos Durán Tiafe y el
concepto evaluativo rendido por el Fiscal 45 Especializado – UNDHDIN, los cuales
darían cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar en que se suscitaron los
hechos, así como de que el homicidio fue premeditado y perpetrado por miembros
del Ejército.

Por último, afirmó que no es cierto que la víctima portara un arma de fuego, que
haya realizado disparos o mucho menos que haya mediado un combate.

Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

3
Corte Constitucional. Sentencia C-392 de 2000.
4
Sentencia del 2 de julio de 2019 del Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, MP Dr. Carlos Alberto Zambrano Barrera, con radicación no. 76001-
23-31-000-2006-03646-01 (47330), Acción de Reparación Directa.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

“1. Declarar que el Tribunal Administrativo de Casanare, o quien haga sus
veces han vulnerado los derechos incoados por los señores Luis Carlos
Durán Tiafe, Derly Yineth Rengifo Parra, Orfilia Parra Sánchez, Sanly
Durán García, Víctor Alfonso Durán García, Jhon Fredy Durán García y
María Angela Durán García.

2. Conceder la Tutela de los derechos al debido proceso y el derecho a
una reparación integral efectiva.

3. Dejar sin efecto la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022 por el
Tribunal Administrativo de Casanare dentro de la acción de reparación
directa incoada por Luis Carlos Duran Tiafe y otros contra La Nación –
Ministerio de Defensa - Ejercito Nacional, por medio de la cual se revoca
la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las suplicas
de la demanda.

4. En consecuencia, se le Ordene al Tribunal Administrativo de Casanare
(o a quien haga sus veces ) que dentro de los 40 días siguientes a la
notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo, en el
sentido de acceder a las suplicas de la demanda.” (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI).

Actuación procesal

A través de auto de 25 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó la
notificación al presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo
de Casanare, entregándoles copia de la demanda y los anexos con el fin de que
allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción

En la misma providencia se inadmitió la acción de tutela presentada por el señor
Luis Ángel Durán García y se le otorgó el término de 3 días para que allegara el
respectivo poder.

El apoderado del demandante atendió esa solicitud el 28 de julio de 2022, fecha en
la que aportó el poder del señor Luis Ángel Durán García, razón por la cual en la
parte resolutiva de esta providencia se dispondrá su reconocimiento en dicha
calidad.

Actuación de la autoridad judicial demandada

El magistrado ponente de la decisión atacada manifestó que no trasgredió los
derechos fundamentales de los actores o incurrió en una vía de hecho, pues la
decisión que se adoptó estuvo ajustada a las reglas procedimentales y sustanciales,

5
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

en especial la aplicación de los principios de la sana crítica y una inferencia legítima
de lo debatido y probado.

La tutela no es una tercera instancia o un procedimiento adicional al de reparación
directa establecido para debatir la situación ya juzgada, sino un medio de control
extraordinario cuando se transgredieron derechos fundamentales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: i) finalidad de la acción de tutela y ii) el
caso concreto.

1. La finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por
una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco
para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o
para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos
fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Tribunal
Administrativo de Casanare con el fin de que se proteja el derecho constitucional
fundamental del debido proceso y a la reparación integral presuntamente

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
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vulnerados con ocasión de la sentencia de segunda instancia que negó las
pretensiones del medio de control de reparación directa que presentaron los
demandantes en contra del Ejército Nacional porque, a su juicio, incurrió en un
defecto fáctico.

De manera previa, se advierte que el demandante alegó expresamente la
configuración de un defecto fáctico, sin embargo, del escrito de demanda es posible
inferir que la parte demandante invocó también la presunta configuración de un
desconocimiento del precedente judicial.

Por su parte, la autoridad demandada manifestó que no se vulneraron los derechos
de los demandantes, por lo que se deben negar las pretensiones de la acción de
tutela.

En los términos en que se propuso la controversia la Sala negará las pretensiones
de la demanda de tutela por ausencia de vulneración de los derechos
fundamentales invocados.

1) En cuanto al defecto fáctico se tiene que, según los actores, “contrario a lo
afirmado en la decisión aquí objeto de reproche, sí se logró comprobar que el señor
Héctor Andrés Durán García no pertenecía a ningún grupo armado al margen de la
ley.”

2) Por consiguiente, para resolver el defecto aludido la Sala considera necesario
poner de presente que en el fallo de segunda instancia del 10 de marzo de 2022 el
tribunal tuvo en cuenta las pruebas que había en el expediente, entre ellas los
testimonios de varios desmovilizados quienes manifestaron que conocían al occiso
y lo identificaron como colaborador de un grupo subversivo, así:

"Los 3 desmovilizados López Valencia, Cantillo Casallas y Rodolfo Sebais
en su testimonio manifestaron que conocían a Héctor Andrés Durán
García como colaborador de las FARC y la autoridad judicial les da
credibilidad precisamente porque por ser miembros de esa agrupación
tienen por qué saber quiénes son militantes colaboradores y su actuación
dentro de la agrupación criminal. De igual manera testificaron que
ejercieron la actividad guerrillera en ese sector.” (archivo disponible en
medio magnético en el aplicativo SAMAI)

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

3) El señor López Valencia, reinsertado de las Farc, informó en su declaración que
uno de los comandantes de este grupo subversivo le había dado a Durán García
una pistola y una granada, las que, según las declaraciones de los miembros del
Ejército y la prueba documental allegada, fueron encontradas en el sitio donde
falleció. Por su parte, los otros dos testigos proporcionaron detalles sobre la víctima
que concordaban con los suministrados por sus familiares, lo que para el tribunal
fue suficiente para inferir que aquellos sí lo conocían y sabían de su actuar.

4) Por otra parte, los demandantes también manifestaron que el tribunal no tuvo en
consideración los testimonios que, a su juicio, acreditaban que Héctor Andrés Durán
no pertenecía a ese grupo ilegal, sino que fue retenido ilegalmente y ejecutado por
parte del Ejercito Nacional.

5) Sin embargo, para la Sala el tribunal sí acogió y analizó los testimonios e incluso
se manifestó sobre el particular en los siguientes términos:

“(...) la Corporación descarta la afirmación de que fue retenido por el
Ejército Nacional el 20 de septiembre de 2009 a eso de las 4:30 de la
tarde, ya que tal situación no está demostrada.
En cambio, da plena credibilidad a la versión del centinela José González
Peña, pues no existe prueba en contrario, y por lo mismo da por
demostrado que Héctor Andrés Durán García fue muerto por aquel
cuando este se acercaba en forma sigilosa a eso de las 4:30 a.m. y
armado a donde se encontraba el centinela.

Héctor Andrés Durán García no tenía por qué acercarse armado y en
forma sigilosa al sitio donde se encontraba el centinela a eso de las 4:30
a.m. y en descampado donde acampaban miembros de Ejército. Además,
hay prueba suficiente de que las FARC estaban ejerciendo su labores
delictivas en el sitio de Campo hermosa, motivo por el cual el Ejército
programó precisamente ‘la operación' Antorcha Debe. Por ende, resulta
improcedente la voz de alta qué indica el a-quo, pues dada la hora y las
condiciones anotadas, lo procedente era ejercer legítima defensa, tal se
realizó.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

6) El tribunal también valoró las declaraciones de los señores Luis Carlos Durán
Tiafe y Jhon Fredy Durán García y frente a ellos, contrario a lo dicho por los actores,
sí se pronunció para destacar que sus afirmaciones no eran concordantes, en el
siguiente sentido:

”Declaró en varias oportunidades el padre de Héctor Andrés Durán
García, señor Luis Carlos Durán Tiafe, y en una oportunidad el hermano
Jhon Fredy Durán García. Cuando se examinan las versiones dadas por
el primero se establece que no son concordantes pues en una ocasión
dijo que reconoció el cadáver de su hijo pero no se lo entregaron porque

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Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

no supo dar cuenta de la ropa que vestía el día de la muerte, motivo por
el cual llamó a su otro hijo Fredy quien dijo que ese no era su hermano.
Por esta razón el cadáver no les fue entregado por el CTI de la Fiscalía,
pero no por el Ejército, pues este dejó el cadáver en el sitio donde fue
muerto por el centinela y allí practicó la diligencia de levantamiento de
cadáver la Fiscalía.”.(archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI)

7) En esa misma dirección, la Sala denotó que el Tribunal Administrativo de
Casanare también valoró los testimonios que la parte actora invocó como
desconocidos y se pronunció puntualmente frente a aquellos que afirmaron que el
Ejército Nacional retuvo ilegalmente a Héctor Andrés Duran García y, a partir de
ellos arribó a la conclusión:

“Ninguno de ellos es testigo presencial de que el Ejercito haya retenido a
Héctor Andrés Duran y lo luego lo haya asesinado como resulta del
análisis de dichas declaraciones. Ni de estas ni de las demás
declaraciones resulta que el Ejercito haya escondido el cadáver de la
persona que resultó muerta por el centinela el 21 de septiembre de 2009”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

8) Así las cosas, lejos de predicarse un defecto fáctico por la presunta omisión en
el estudio de tales pruebas la Sala advierte que la autoridad judicial accionada sí las
analizó, sin embargo, ninguna de esas pruebas era concluyente para demostrar los
hechos que pretendían los demandantes y, en especial, que la víctima fue retenida
y ultimada sin que mediara un combate.

9) Por otra parte, se observa que los actores en la demanda también manifestaron
que “el Tribunal Administrativo de Casanare no tuvo en cuenta pruebas muy
importantes que dan cuenta de las situaciones en que se suscitaron los hechos en
donde fue muerto – de manera premeditada por los miembros del ejército” ”.(archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

10) Para darle validez a esa afirmación relacionaron los testimonios de los señores
Jesús Alirio Figueroa Celis, Roque Vela Núñez, Sandra Milena Cardona Castaño,
Luis Carlos Durán Tiafe y, principalmente, el concepto evaluativo rendido por el,
Fiscal 45 Especializado – UNDHDIN- en el que afirmó: “para este despacho, se
configura el delito de Homicidio en Persona Protegida”.

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11) Al respecto, de entrada la Sala destaca que, a diferencia de lo sostenido por los
actores, sí se analizó por parte de la autoridad judicial cada una de esas pruebas,
como se puede evidenciar en la decisión de segunda instancia, así:

“El a-quo, para fundamentar su decisión, argumentó entre otras cosas
que, las investigaciones disciplinaria y penal se abrieron por homicidio en
persona protegida, pero tal situación no sirve ni puede servir de base para
fundamentar una sentencia de reparación directa, por las siguientes
razones:

1. El auto por medio del cual se abre una investigación penal es
meramente indicativo, es una simple guía para adelantar la investigación.

2. Al momento en que se produjo el fallo de primera instancia, esas
investigaciones no habían culminado, “la fecha de esta sentencia se
desconoce cuál fue el resultado por lo tanto, el argumento al que nos
venimos refiriendo ni siquiera constituye un indicio leve, respecto de los
hechos y la responsabilidad “ (Archivo disponible en medio magnético en
el aplicativo SAMAI)

12) Sobre los testimonios de los señores Jesús Alirio Figueroa Celis, Roque Vela
Núñez, Sandra Milena Cardona Castaño, Luis Carlos Durán Tiafe, como se
evidencia de la transcripción del párrafo 7 de esta decisión, la autoridad judicial
sostuvo que no eran testigos presenciales y sus declaraciones no permitían
establecer que la víctima haya sido asesinado ni su cadáver escondido, como lo
alegaron los actores.

10) En conclusión, la Sala considera que la autoridad judicial demandada sí realizó
un análisis concreto frente a cada uno de los medios de prueba aportados al proceso
y cuya valoración echa de menos la parte actora, razón suficiente para concluir que
no se configuró el defecto fáctico alegado.

2. Del defecto por desconocimiento del precedente judicial.

1) En cuanto a este punto, la parte accionante consideró que se desconoció el
precedente de la sentencia de la Corte Constitucional C-392 de 20005, toda vez que
la providencia judicial indicó que los testimonios aportados no cuentan con validez
probatoria.

5“Sentencia C-392-200 “el artículo 50 incorpora un inciso final al art. 313 del Código de
Procedimiento Penal en el sentido de señalar que en ningún caso los informes de la Policía Judicial
y las versiones suministradas por informantes tendrán valor probatorio en el proceso”.

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Acción de tutela

2) Puntualmente, la Sala entiende que los actores reprochan la valoración de las
declaraciones que rindieron los señores Arnovi López Valencia, Antonio Cantillo
Casallas y Rodolfo Sebais, por cuanto se trata de desmovilizados de las FARC.

3) Sobre el particular, la Sala reconoce que, como lo indica el citado precedente las
versiones de informantes no pueden ser valoradas como plena prueba, sino, a lo
sumo, como indicios, no obstante, en este caso lo cierto es que el Tribunal
Administrativo de Casanare hizo un análisis individual y en conjunto de todas las
pruebas dentro del proceso y la decisión que se adoptó no se fundó de manera
exclusiva ni principal en las declaraciones de los desmovilizados, sino, por el
contrario, en todas las pruebas aportadas, las que dicho sea de paso una vez
analizadas en su conjunto guardaban concordancia con tales declaraciones,
decisión que esta instancia aprecia como razonable y que constituye una clara
expresión del principio de la autonomía judicial.

4) En ese mismo sentido, la Sala que destaca que en la sentencia del “Caso de las
Comunidades Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca Del Río Cacarica
(Operación Génesis) Vs. Colombia” la Corte IDH se refirió a dichas declaraciones
en los mismos términos que aquí se indican, así:

“Es por las razones anteriores que este Tribunal considera que las
versiones libres de los paramilitares desmovilizados tienen valor
probatorio, tomando en consideración prioritariamente las declaraciones
que ya fueron investigadas, verificadas, confrontadas con otras pruebas,
calificadas y ponderadas tanto por la Fiscalía General de la Nación como
por la justicia penal colombiana y, además, tomando en cuenta los otros
elementos de prueba y de contexto para determinar cuál de las versiones
resulta más consistente con el resto de la evidencia presentada.”.

5) En ese orden de ideas, la Sala advierte que el Tribunal Administrativo de
Casanare tuvo en cuenta todos los elementos de convicción y en la medida que
estos resultaban consistentes con lo dicho por los desmovilizados concluyó que no
se demostró que el actor haya sido dado de baja por parte de miembros de la
institución castrense. Es más, aun si se admitiera que el tribunal no podía siquiera
tener en cuenta tales declaraciones en todo caso ello no habría cambiado el sentido
de la decisión, pues lo cierto es que lo que se concluyó, a partir de todo el material
probatorio, fue que la parte demandante no pudo probar las condiciones de modo,
tiempo y lugar en que, según dijo, ocurrieron los hechos.

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Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
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6) Así, lo cierto es que el tribunal no encontró indicios suficientes a partir de los
cuales se pudiera inferir de manera razonada que se trató de un falso positivo, pues
no se demostró que se haya manipulado la escena de los hechos, que se haya
movido o manipulado el cuerpo, no hubo una prueba técnica que permitiera
establecer que le dispararon a corta distancia o mientras se encontraba en
incapacidad de resistir, etc., como suele ocurrir tratándose de ejecuciones
extrajudiciales.

7) Así las cosas, no es posible que por la vía de tutela el actor pretenda que se
imponga un criterio diferente al del juez natural de la causa por el simple hecho de
estar inconforme con una sentencia contraria a sus intereses y perseguir por la vía
de la acción de tutela una decisión en diferente sentido para que se modifique la
apreciación probatoria realizada por el juez natural de la causa.

8) En consecuencia, para esta Sala no hay lugar a declarar la configuración de un
desconocimiento del precedente y un defecto factico en la providencia atacada y,
en consecuencia, se negarán las pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B–,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA

1º) Reconócese personería al abogado Virgilio Leiva Sánchez identificado con
cédula de ciudadanía número 19.372.960 y con Tarjeta Profesional número 62.029
del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe como apoderado de Luis
Ángel Durán García

2°) Niegase la acción de tutela presentada por los señores Luis Carlos Durán Tiafe,
Derly Yineth Rengifo Parra, Orfilia Parra Sánchez, Sanly Durán García, Víctor
Alfonso Durán García, Jhon Fredy Durán García, María Angela Durán García y Luis
Angel Duran Garcia de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

12
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03512-00
Demandante: Luis Carlos Duran Tiafe y Otros
Acción de tutela

4°) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

5°) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de
Secretaría

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI,
en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta
de conformidad con el artículo artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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