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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03512-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03512-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 31 de agosto de 2022 por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03512-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: Acción de tutela
Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros1
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare

Temas: Defecto fáctico/alcance

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial/alcance

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) reparación integral

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por los actores contra la sentencia de
tutela de 31 de agosto de 2022 proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado, por medio del cual negó las pretensiones del
amparo.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a
continuación.

I. ANTECEDENTES
La solicitud

1. Los actores, obrando mediante apoderado, presentaron solicitud de tutela
contra el Tribunal Administrativo de Casanare, porque, a su juicio, al proferir la

1
Derly Yineth Rengifo Parra, Orfilia Parra Sánchez, Sanly Durán García, Víctor Alfonso Durán García, Jhon
Fredy Durán García y María Angela Durán García.

25

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

sentencia de 10 de marzo de 2022, dentro del proceso de reparación directa
identificado con número único de radicación 18001-3331-701-2011-00325-01,
vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la reparación integral.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en
síntesis, son los siguientes:

3. Los actores presentaron demanda contra la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Ejército Nacional, en ejercicio del medio de control de reparación
directa, con el fin de que se les declarara administrativamente responsables por
los daños y perjuicios ocasionados, como consecuencia de la retención ilegal,
desaparición forzada, y presunta muerte de Héctor Andrés Durán García por parte
de miembros del Ejército Nacional en hechos ocurridos el 21 de septiembre de
2009.

4. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia profirió sentencia de
primera instancia el 30 de agosto de 2019, accediendo parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo de Casanare2 profirió sentencia de segunda instancia
el 10 de marzo de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Florencia - Caquetá el 30 de agosto de 2019, de
conformidad con lo señaalado (sic) en las consideraciones. En su lugar, NEGAR
las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: No CONDENAR en costas en esta instancia […]”.

2
El Tribunal profirió la respectiva sentencia en virtud de lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura
en el PCSJA21-11814 del 16 de julio de 2021 “Por medio del cual se adopta una medida de descongestión de
procesos del sistema procesal anterior a la Ley 1437 de 2011 en la Jurisdicción de lo Contencioso
Administrativo”.

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Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

6. Consideró que:

“[…] Al revisar el fallo de primera instancia, la Corporación encuentra que el a-quo
no revisó ni analizó las tesis de las partes ni las pruebas en debida forma, por las
razones que se indicaron en el acápite valoración probatoria.

Por lo tanto y con base en los argumentos expuestos en el numeral 6.3. de las
consideraciones, da pleno valor probatorio a las declaraciones de los 3
desmovilizados de las FARC, así como a las actas de levantamiento de cadáver
de la persona muerta por el centinela del Ejército José González Peña.

En relación con la muerte de Héctor Andrés Durán García, como quiera que no
obra registro civil de defunción y dadas las dificultades para establecer la identidad
de este occiso a pesar de las diligencias adelantadas por la Fiscalía, CTI, Medicina
Legal y la Justicia Penal Militar, y dando credibilidad a la afirmación hecha por el
declarante Cantillo Casallas, alias caballo, quien lo reconoció inmediatamente
después de que amaneció el 21 de septiembre de 2009, debemos concluir que esa
fue la persona a quien dio muerte el centinela referido.

En lo que respecta a la forma en que murió Héctor Andrés Durán García, acorde
con las pruebas allegadas, la Corporación descarta la afirmación de que fue
retenido por el Ejército Nacional el 20 de septiembre de 2009 a eso de las 4:30 de
la tarde, ya que tal situación no está demostrada.

En cambio, da plena credibilidad a la versión del centinela José González Peña,
pues no existe prueba en contrario, y por lo mismo da por demostrado que Héctor
Andrés Durán García fue muerto por aquel cuando este se acercaba en forma
sigilosa a eso de las 4:30 a.m. y armado a donde se encontraba el centinela.

No comparte las apreciaciones del a-quo porque Héctor Andrés Durán García no
tenía por qué acercarse armado y en forma sigilosa al sitio donde se encontraba el
centinela a eso de las 4:30 a.m. y en descampado donde acampaban miembros
del Ejército. Además, hay prueba suficiente de que las FARC estaban ejerciendo
sus labores delictivas en el sitio de Campohermoso y otras partes, motivo por el
cual el Ejército programó precisamente la operación Antorcha. Debe agregarse
que, según consta en el expediente, en días anteriores se habían hecho
hostigamientos al Ejército sin que hubiera víctimas fatales, aunque si lesionados.
Por ende, resulta improcedente la voz de alta que indica el a-quo, pues dada la
hora y las condiciones anotadas, lo procedente era ejercer legítima defensa, tal
como se realizó.

En esas condiciones, debemos acoger los planteamientos hechos por la parte
demandada en su recurso de apelación, revocar la sentencia emitida por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia - Caquetá el 30 de agosto
de 2019, a través de la cual se declaró no probada la excepción de la falta de
legitimación por pasiva de la entidad accionada y declaró responsable de los
perjuicios antijurídicos causados los demandantes, al Ministerio de Defensa -
Ejército Nacional y lo condenó a pagar los perjuicios inmateriales por daño moral y
además perjuicios materiales lucro cesante. Se negaron las demás pretensiones.
Consecuencialmente se negarán las pretensiones de la demanda […]”.

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La solicitud de tutela

Pretensiones

7. Los actores solicitaron en su escrito de tutela:

“[…] 5. PETICIONES

Comedidamente solicito al honorable Consejo de Estado lo siguiente:

1. DECLARAR que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE - o quien
haga sus veces - han vulnerado los derechos incoados por los señores LUIS
CARLOS DURÁN TIAFE, DERLY YINETH RENGIFO PARRA, ORFILIA PARRA
SÁNCHEZ, SANLY DURÁN GARCÍA, VÍCTOR ALFONSO DURÁN GARCÍA, LUIS
ÁNGEL DURÁN GARCÍA, JHON FREDY DURÁN GARCÍA y MARÍA ÁNGELA
DURÁN García.

2. CONCEDER la tutela de los derechos al debido proceso y el derecho a una
reparación integral efectiva.

3. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida el 10 de marzo de 2022 por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE dentro de la acción de reparación
directa incoada por LUIS CARLOS DURÁN TIAFE Y OTROS contra LA NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL, por medio de la cual se
revoca la sentencia de primera instancia que accedió parcialmente a las súplicas de
la demanda.

4. En consecuencia, se le ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE (o a quien haga sus veces) que dentro de los 40 días siguientes a la
notificación de la providencia, emita una decisión de remplazo (sic), en el sentido de
acceder a las súplicas de la demanda […]”.

8. Los actores en su escrito de tutela señalaron que la autoridad judicial accionada
incurrió en un defecto fáctico.

Actuación

9. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por auto de 25
de julio de 2022; i) admitió la acción de tutela, ii) ordenó notificar a los magistrados
del Tribunal Administrativo de Casanare, y iii) vinculó al Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito de Florencia y al comandante del Ejército Nacional de
Colombia en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de
tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

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Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Tribunal Administrativo de Casanare expresó que:

“[…] En cambio, no les asiste la razón a los tutelantes cuando aducen que el
Tribunal Administrativo de Casanare les violó los derechos fundamentales que
ellos invocan. No, la Corporación de la cual hago parte analizó todas y cada una
de las situaciones planteadas por los sujetos procesales dentro del proceso de
reparación directa e hizo un análisis individual y en conjunto de todas y cada una
de las pruebas allegadas en forma regular y oportuna; citó las normas legales y
algunas de las posiciones jurisprudenciales que se han dado sobre el tema
debatido; y todo ello le permitió concluir que había lugar a revocar el fallo recurrido
y a negar las pretensiones.

El hecho de que el apoderado de los accionantes no comparta la valoración de las
pruebas que hizo el Tribunal no implica que tal valoración no corresponda a la
realidad procesal, pues si se revisa el contenido de dichas pruebas, las situaciones
personales de los testigos, el sitio donde se encontraban cuando dicen haber visto
a quien posteriormente apareció muerto y demás condiciones espacio temporales,
se dará la razón al Tribunal […]”.

11. El Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia y el comandante del
Ejército Nacional de Colombia guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

La sentencia impugnada

12. La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado mediante
sentencia de 31 de agosto de 2022, resolvió lo siguiente:

“[…] 1º) Reconócese personería al abogado Virgilio Leiva Sánchez identificado
con cédula de ciudadanía número 19.372.960 y con Tarjeta Profesional número
62.029 del Consejo Superior de la Judicatura para que actúe como apoderado de
Luis Ángel Durán García

2°) Niegase la acción de tutela presentada por los señores Luis Carlos Durán
Tiafe, Derly Yineth Rengifo Parra, Orfilia Parra Sánchez, Sanly Durán García,
Víctor Alfonso Durán García, Jhon Fredy Durán García, María Angela Durán
García y Luis Angel Duran Garcia de conformidad con las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

13. Consideró que:

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Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

“[…] Así las cosas, lejos de predicarse un defecto fáctico por la presunta omisión
en el estudio de tales pruebas la Sala advierte que la autoridad judicial accionada
sí las analizó, sin embargo, ninguna de esas pruebas era concluyente para
demostrar los hechos que pretendían los demandantes y, en especial, que la
víctima fue retenida y ultimada sin que mediara un combate.

9) Por otra parte, se observa que los actores en la demanda también manifestaron
que “el Tribunal Administrativo de Casanare no tuvo en cuenta pruebas muy
importantes que dan cuenta de las situaciones en que se suscitaron los hechos en
donde fue muerto – de manera premeditada por los miembros del ejército”
”.(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI)

10) Para darle validez a esa afirmación relacionaron los testimonios de los señores
Jesús Alirio Figueroa Celis, Roque Vela Núñez, Sandra Milena Cardona Castaño,
Luis Carlos Durán Tiafe y, principalmente, el concepto evaluativo rendido por el,
Fiscal 45 Especializado – UNDHDIN- en el que afirmó: “para este despacho, se
configura el delito de Homicidio en Persona Protegida […]”.

[…]

“[…] Sobre los testimonios de los señores Jesús Alirio Figueroa Celis, Roque Vela
Núñez, Sandra Milena Cardona Castaño, Luis Carlos Durán Tiafe, como se
evidencia de la transcripción del párrafo 7 de esta decisión, la autoridad judicial
sostuvo que no eran testigos presenciales y sus declaraciones no permitían
establecer que la víctima haya sido asesinado ni su cadáver escondido, como lo
alegaron los actores.

10) En conclusión, la Sala considera que la autoridad judicial demandada sí realizó
un análisis concreto frente a cada uno de los medios de prueba aportados al
proceso y cuya valoración echa de menos la parte actora, razón suficiente para
concluir que no se configuró el defecto fáctico alegado […]”.

[…]

“[…] En cuanto a este punto, la parte accionante consideró que se desconoció el
precedente de la sentencia de la Corte Constitucional C-392 de 2000, toda vez que
la providencia judicial indicó que los testimonios aportados no cuentan con validez
probatoria […]”.

[…]

“[…] Sobre el particular, la Sala reconoce que, como lo indica el citado precedente
las versiones de informantes no pueden ser valoradas como plena prueba, sino, a
lo sumo, como indicios, no obstante, en este caso lo cierto es que el Tribunal
Administrativo de Casanare hizo un análisis individual y en conjunto de todas las
pruebas dentro del proceso y la decisión que se adoptó no se fundó de manera
exclusiva ni principal en las declaraciones de los desmovilizados, sino, por el
contrario, en todas las pruebas aportadas, las que dicho sea de paso una vez
analizadas en su conjunto guardaban concordancia con tales declaraciones,
decisión que esta instancia aprecia como razonable y que constituye una clara
expresión del principio de la autonomía judicial […]”.

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Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

La impugnación

14. Los actores impugnaron la sentencia proferida por la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado. En ese orden de ideas, expresaron lo
siguiente:

“[…] En el presente caso, para fundamentar las decisiones aquí objeto de reproche
se omitieron y no se tuvieron en cuenta una serie de elementos probatorios que
constan en el proceso, que de no ser así, hubieran incidido de manera notoria y,
por ende, el fallo se hubiera emitido en un sentido diametralmente opuesto.
Material probatorio que vuelvo a poner de presente, ya que en la decisión
impugnada no se valoró o analizó. Material probatorio inobservado o
indebidamente analizado por parte de la aquí accionada y que se traducen en
defecto fáctico.

Se evidencia que en la decisión del Cuerpo Colegiado accionado no se estudió en
debida forma los medios probatorios descritos y que la misma sólo se centró en
valorar y darle máxima importancia a los testimonios de los señores ARNOVI
LÓPEZ VALENCIA. ANTONIO CANTILLO CASALLAS y RODOLFO SEBAIS,
exguerrilleros desmovilizados de las FARC.

Ahora bien, el Tribunal accionado, no analizó la totalidad de los cargos formulados
en la demanda, mantenidos y sustentados en todo el decurso del proceso
(alegatos de 1ª instancia, escrito de apelación y alegatos de 2da instancia);
tampoco tuvo en cuenta el vasto caudal probatorio que evidencia la
responsabilidad del Estado en este caso en concreto, lo que sin lugar a dudas
constituye en defecto fáctico, tal como se demostrará a continuación, advirtiendo,
además, que en el fallo aquí impugnado la Sala de lo Contencioso Administrativo -
Sección Tercera, Subsección B. del Honorable Consejo de Estado NO ESTUDIÓ
TODOS Y CADA UNO DE LOS CARGOS PRESENTADOS Y SUSTENTADOS
EN EL ESCRITO DE TUTELA. En relación con el defecto fáctico alegado,
simplemente se limitó a mencionar que en la sentencia proferida por el Tribunal se
habían analizado todas las pruebas, afirmación que no es acertada.

Es por ello, que no es cierta la afirmación realizada en el fallo aquí impugnado en
el sentido de que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CASANARE valoró la
totalidad de las pruebas aportadas al expediente y las discriminó una a una, al
punto de especificar los hechos probados que derivaban de cada una, pues,
precisamente, hay varias pruebas de suma importancia que no fueron valoradas
por la autoridad judicial accionada y que nuevamente fueron señaladas y
explicadas, como defecto fáctico, en la solicitud de tutela.

Indudablemente. Honorables Consejeros, en el presente caso sí existió una
evidente ausencia de valoración probatoria. Insisto: el simple hecho de enlistar las
pruebas en una providencia no significa que las mismas hayan sido valoradas o
valoradas en debida forma. Respecto de estas pruebas no existió el más mínimo
asomo de análisis. Defecto fáctico por ausencia de valor y análisis probatorio.

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Siendo así, los cargos formulados, es decir, las pruebas obrantes en el expediente
que no fueron debidamente analizadas por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL
CASANARE y que en el escrito de tutela fueron resaltadas, no fueron objeto de
estudio por parte del fallador constitucional.

Es más. Está claro que las únicas pruebas que tuvo en cuenta el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CASANARE para sustentar su fallo para denegar las
pretensiones de la familia del señor a HÉCTOR ANDRÉS DURAN GARCÍA
(q.e.p.d.) fueron las mencionadas versiones de los exguerrilleros reinsertados,
colaboradores del Ejército Nacional. Por eso se advirtió la inobservancia de
muchas otras pruebas […]”.

[…]

“[…] Es claro, Honorables Magistrados, que no existen pruebas que vinculen al
señor DURÁN GARCÍA con grupos al margen de la ley, no existen antecedentes
penales, informes de inteligencia u otro medio de prueba que llevará el
convencimiento de su afirmación. Por el contrario, en el Radiograma 0975,
elaborado el 23 de septiembre de 2009 sobre los hechos ocurridos el 21 de ese
mes, no se informa que el HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA perteneciera al
frente 15 ONT FARC.

2).- Por el contrario, se logró acreditar de manera fehaciente que el señor DURÁN
GARCÍA era una persona de buenas costumbres, honrada, colaboradora,
dedicada a las labores del campo. ampliamente conocido y apreciado en la
comunidad del caserío Campoalegre Peneya, jurisdicción del municipio de Solano,
Caquetá, y sus alrededores llamado cariñosamente como pollo tonto por su
deficiente desarrollo psicomotor, y que pese a la discapacidad mental que padecía,
siempre fue conocido en el casero. gracias a que laboraba jornaleando y haciendo
trabajos de este tipo en la finca de don ROQUE VELA NUNEZ; que para el día 20
de septiembre de 2009, de manera sorpresiva desapareció, lo cual era extraño
como quiera y que los militares no se hubiesen percatado de ello, cuando tenían
dominio para esos días de todo el territorio. Asimismo, manifestaron que les
asombra que el occiso al día siguiente haya sido dado de baja por ser
presuntamente un integrante de las FARC y que pretendía atacarlos, cuando
nunca fue observado en malos pasos, como tampoco portando armas, ni
perteneciente a ningún grupo a margen de la Ley […]”

[…]

“[…] TESTIMONIO DEL SEÑOR JESÚS ALIRIO FI GUEROA CELIS […]”.

[…]

“[…] Reitero, en ningún caso, las versiones suministradas por los informantes
tienen valor probatorio y en el presente caso, los datos consignados en los
informes de Policía Judicial se obtuvieron a partir de versiones realizadas por
desmovilizados de la FARC, por lo que éstas no podían tenerse como prueba
sólida para cimentar un fallo absolutorio en caso de delitos de lesa humanidad y
violación del derecho internacional humanitario.

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Por lo anterior, no deja de sorprender que la decisión del TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE CASANARE se produjo con base en las declaraciones de
un grupo de guerrilleros desmovilizados. dado que la jurisprudencia enseña que
ese tipo de pruebas pueden servir de elemento orientador de las investigaciones,
pero no constituyen una prueba, era evidente que en este caso las mismas
carecían de entidad suficiente para dar por cierta la posición de la NACIÓN -
MINISTERIO DE DEFENSA - EJÉRCITO NACIONAL.

Con base en lo anterior, el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
desconoció el precedente judicial, en relación con el valor probatorio de las
versiones de informantes desmovilizados, por cuanto consideró que aquellos eran
prueba y tenían el pleno valor probatorio para que se revocara la sentencia de
primera instancia que declaró la responsabilidad del Estado y, por ende, estimar
que el daño reclamado no tuviera el carácter de antijurídico.

Se tiene entonces, que las pruebas obrantes en el plenario no fueron valoradas en
conjunto, ni se especificó el método de valoración utilizado, sino que se tomaron
como ciertas las aportadas por el Ejército Nacional y sus informantes, guerrilleros
desmovilizados. Y simplemente se hizo una traslación de la carga de la prueba a la
parte actora, cuando el Honorable Consejo de Estado ha considerado en estos
casos que por la gran dificultad para probar los hechos, son admisibles los indicios
para determinar la responsabilidad administrativa y el presente asunto existen no
sólo indicios sino plenas pruebas de la imputabilidad del daño a la entidad
demandada.

Con fundamento en todo lo anterior, dejo sentado que la omisión en valorar UNA
GRAN CANTIDAD DE PRUEBAS por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
CASANARE configuró vía de hecho notoria por defectos fácticos y desatención e
inaplicación de precedentes jurisprudenciales de suma importancia jurídica, tal
como de manera detallada se sustentó en el escrito de solicitud de amparo, que
vulneraron a los accionantes el derecho fundamental al debido proceso, y de
contera, el derecho a obtener una reparación integral, por lo que solicito de
manera muy respetuosa que en esta instancia si se valoren todos y cada uno de
los cargos propuestos y sustentados en el escrito de tutela y afianzados en el
presente escrito […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15.Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad
con los artículos 1.º y 32 del Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991, por
el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de

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abril de 20213 y en armonía con el Acuerdo 377 del 11 de diciembre de 20184 y
con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, que asigna a esta
sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario,
destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales
fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades
públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a
falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo
transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas Jurídicos

17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala
consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela
acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra sentencias judiciales, y de ser así, ii) establecer si el
Tribunal Administrativo de Casanare, al proferir la sentencia de 10 de marzo de
2022 dentro del proceso de reparación directa identificado con el número único de
radicación 18001-3331-701-2011-00325-01, incurrió en defecto fáctico y en
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial, lo que trajo como
consecuencia que no declarara la responsabilidad del Estado por la retención
ilegal, desaparición forzada, y presunta muerte de Héctor Andrés Durán García
por parte de miembros del Ejército Nacional en hechos ocurridos el 21 de
septiembre de 2009.

18. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los
siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela frente a providencias

3
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
4 “Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de
tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento
de los requisitos de procedibilidad en el caso concreto; iv) el defecto fáctico; v) el
defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial; vi) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vii) marco
normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación integral; viii)
análisis del caso concreto y finalmente las ix) conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania
Álvarez Bello5, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala
Plena, en sentencia del 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe
acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia
de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profiera -
que resulten violatorias de derecho fundamentales, observando al efecto los
parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro
determine la Ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela
cuando se dirige contra providencias judiciales

20. Esta Sección6 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia
C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de
los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

21. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial,
estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción
constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.
6
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de
2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.

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constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo
la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la
providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos
causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de
tutela contra tutela.

22. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C–590 de
2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos
especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha
considerado como las causales concretas que “de verificarse su ocurrencia
autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”7.

23. Así pues, el juez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los
siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o
sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del
precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole
de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”8 que encaje en dichos
parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los
presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar
que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer

7
Corte Constitucional. Sentencia T- 619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
8 Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.

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principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido
proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso
jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20149.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de
tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del
cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela
contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005,
proferida por la Corte Constitucional.

28. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con
los requisitos generales de procedibilidad, así:

28.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional,
comoquiera que se controvierte la vulneración de los derechos fundamentales de
los actores al debido proceso y a la reparación integral.

28.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el
requisito de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela
contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación de
los derechos fundamentales citados supra, y además, ii) los actores cumplieron
con la carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la
autoridad judicial accionada incurrió en un posible defecto fáctico y sustantivo por
desconocimiento del precedente judicial.

9
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P
Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.

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28.3. Para la Sala exigirle a la parte actora una carga argumentativa mínima se
justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica
principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la
prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales10, en el escenario
del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el
principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover
dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la
argumentación jurídica del actor, que realmente el operador judicial profirió una
providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos
fundamentales.

28.4. Cumplió con el principio de inmediatez11.

28.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces
y eficientes con los cuales los actores puedan lograr la protección de los derechos
invocados.

28.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario
hacer un análisis de este requisito;

28.7. Los actores identificaron los hechos y los derechos cuya vulneración alegan;
y

28.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto fáctico -reiteración jurisprudencial-

29. Esta Sección ha identificado los eventos en que se configura una causal de
procedibilidad por defecto fáctico:
12

10
“Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será
sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
11
Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada la providencia de 10
de marzo de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare.

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“[…] En lo que respecta al defecto fáctico, la jurisprudencia13 ha determinado
que se presenta cuando la valoración probatoria realizada por el juez resulta
arbitraria o abusiva por: a) dejar de valorar pruebas debidamente allegadas, b)
valorar las que debió haber desconocido (por no haber sido arrimadas en debida
forma); y, c) por interpretar el acervo de manera irracional; siempre que esas
pruebas resulten ser determinantes en el sentido del fallo; de lo contrario, se
entiende que las interpretaciones que realice el juez de instancia se encuentran
dentro de la autonomía e independencia propias del juez natural.

El defecto fáctico se estructura desde cualquiera de sus dos dimensiones, i) la
negativa que se presenta “cuando el juez niega o valora la prueba de manera
arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da
por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y
objetivamente. Esta dimensión comprende las omisiones en la valoración de
pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por
el juez;”14 mientras que, ii) la positiva, se configura “cuando el juez aprecia
pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada
que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente
recaudadas (artículo 29 C.P.) y al hacerlo el juez desconoce la
Constitución.”15[…]“. 16

30. En ese orden de ideas, el defecto fáctico se configura cuando el juez de
manera arbitraria y caprichosa i) omite valorar los medios probatorios
debidamente allegados al proceso, ii) le da pleno valor a las pruebas que debió
haber desconocido y iii) por haber efectuado una interpretación irrazonable del
acervo probatorio.

31. Se debe resaltar que para la configuración de dicho defecto la prueba en
cuestión debe ser determinante o relevante para el sentido de la decisión judicial y
que con fundamento en los principios constitucionales de independencia y

12
“En términos generales, dicha figura resulta de la actuación de los funcionarios con poder judicial de manera
arbitraria y caprichosa, sin fundamento objetivo y razonable, apartada de los parámetros constitucionales y
legales, sin operancia de los principios de legalidad y seguridad jurídica, por la imposición del interés propio
de aquéllos, mediante comportamientos que prima facie parecieran reflejar los mandatos contenidos en el
ordenamiento jurídico vigente, dada la calidad de autoridad del funcionario que la profiere y de la potestad que
ejercita, pero que bajo un examen más estricto tales supuestos resultan descartados.” (Corte Constitucional,
Sentencia T-204 de 28 de febrero de 2008, M.P. Hernando Herrera Vergara).
13
Corte Constitucional. Sentencia T-737 de 25 de septiembre de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Sobre
el tema, ver también: Sentencias SU-447 de 26 de mayo de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo y T-535 de
20 de agosto de 2015, M.P. Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional.
15
Ibídem.
16
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 30 de marzo de
2017, C.P. Roberto Augusto Serrano Valdés, número único de radicación: 11001-03-15-000-2017-00420-00.

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autonomía judicial, los jueces tienen un amplio margen de apreciación para la
valoración de las pruebas. La Corte dijo:

“[…] La jurisprudencia ha reconocido, a partir del principio constitucional de
autonomía e independencia judicial, el amplio margen que tienen los jueces al
momento de efectuar la valoración de las pruebas aportadas al proceso conforme
a las reglas de la sana crítica; no obstante, también ha advertido que tal poder
comporta un límite ya que no puede ser ejercido de manera arbitraria, en tanto
puede lesionar derechos fundamentales […]”17

Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial

32. La Sala considera que es necesario señalar que en nuestro ordenamiento
jurídico se han desarrollado en torno a las decisiones judiciales, entre otras, las
siguientes figuras jurisprudenciales: la doctrina probable, el antecedente
jurisprudencial, el precedente jurisprudencial, la sentencia de unificación y la
extensión de la jurisprudencia.

33. Dichas figuras encuentran su fundamento legal en los artículos 4.º de la Ley
169 de 31 de diciembre de 189618 y el 270 de la Ley 1437 de 18 de enero de
2011 ; así como su respaldo jurisprudencial las sentencias C-836 de 200120; C-
19

816 de 201121; C-179 de 201622; y T-102 de 201423.

34. En relación con esta causal, la Corte Constitucional”24 ha desarrollado,
ampliamente, el concepto del precedente judicial, señalando que es el “[…]
conjunto de sentencias previas al caso que se habrá de resolver que por su
pertinencia para la resolución de un problema jurídico constitucional, debe
considerar necesariamente un juez o una autoridad determinada, al momento de

17
Corte Constitucional, Sentencia T-267 de 8 de mayo de 2013, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
18
“Sobre reformas judiciales”. (Doctrina probable).
19
“se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las que profiera o haya proferido el Consejo de
Estado por importancia jurídica o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las relativas al mecanismo eventual de
revisión previsto en el artículo 36A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de
2009”.
20
Corte Constitucional, sentencia C – 836 de 9 de agosto de 2001, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
21
Corte Constitucional, sentencia C – 816 de 1 de noviembre de 2011, M.P. Mauricio González Cuervo.
22
Corte Constitucional, sentencia C – 179 de 13 de abril de 2016, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.
23
M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. (Antecedente jurisprudencial).
24 Corte Constitucional. Sentencia T-482 de 13 de junio de 2011,M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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dictar sentencia […]”, que busca asegurar la eficacia de los principios y derechos
fundamentales a la igualdad, a la buena fe, a la seguridad jurídica y a la confianza
legítima que, a su vez, garantizan la protección del debido proceso y el acceso
efectivo a la Administración de Justicia.

35. Lo anterior encuentra su fundamento en el criterio desarrollado por la Corte
Constitucional25, según el cual la actividad interpretativa que se realiza con
fundamento en el principio de la autonomía judicial está supeditada al respeto del
derecho a la igualdad en la aplicación de la ley, lo que supone, necesariamente
que, en casos análogos, los funcionarios judiciales se encuentran atados en sus
decisiones, por la regla jurisprudencial que, para el asunto concreto, se haya fijado
por el funcionario de superior jerarquía (precedente vertical) o por el mismo juez
(precedente horizontal).

36. Sin embargo, la misma Corte ha precisado que, salvo en materia
constitucional, cuya doctrina es obligatoria26, la regla del respeto del precedente
no es absoluta, debido a que la interpretación judicial no puede tornarse inflexible
frente a la dinámica social, ni petrificarse, o convertirse en el único criterio
tendiente a resolver una situación concreta.

37. Lo anterior se traduce en el reconocimiento de un conjunto de supuestos en
los cuales resulta legítimo apartarse del precedente judicial vigente, desarrollados
jurisprudencialmente y recogidos en pronunciamientos anteriores de la Sala27, a
saber: i) la disanalogía o falta de semejanza estricta entre el caso que origina el
precedente y el que se resuelve con posterioridad; ii) una transformación
significativa de la situación social, política o económica en la que se debe aplicar
la regla definida con anterioridad con fuerza de precedente; iii) un cambio en el
orden constitucional o legal que sirvió de base a la toma de las decisiones

25 Sentencia T- 760A de 10 de octubre de 2011, M.P. Juan Carlos Henao Pérez.
26 Ver Corte Constitucional, sentencias C-083 de 1 de marzo de 1995,M.P. Carlos Gaviria Díaz, C-037 de 5
de febrero de 1996, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa y SU-640 de 5 de noviembre de 1998, M.P. Eduardo
Cifuentes Muñoz.
27 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia 13 de marzo de
2013, C.P. Guillermo Vargas Ayala, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02074-00.

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adoptadas como precedentes; iv) la falta de claridad o consistencia en la
jurisprudencia que debe ser tomada como referente, y, v) la consideración que
esa jurisprudencia resulta errónea, por ser contraria a los valores, objetivos,
principios y derechos en los que se fundamenta el ordenamiento jurídico.

38. En efecto, la Sala28 ha reconocido que, “en los eventos referidos, el juez que
se separa del precedente asume una especial carga de argumentación, en virtud
de la cual debe exponer, de manera clara, razonada y completa, las razones en
las que fundamenta el cambio de posición jurisprudencial29”, para lo cual resulta
obligatorio referirse a este –al precedente-, analizarlo respecto del caso concreto y
fundamentar con suficiencia los motivos y las normas en que se sustenta la
decisión de apartarse.

39. Por último, debe hacerse énfasis, en que la labor judicial que llevan a cabo los
órganos de cierre como lo son: la i) Corte Constitucional, ii) el Consejo de Estado y
iii) la Corte Suprema de Justicia, cuando establecen o fijan el alcance de una
disposición normativa, crean reglas y sub reglas jurisprudenciales, que deben ser
tenidas en cuenta por todos los jueces, cuando: a) se evidencie que los hechos del
caso sean equiparables a los resueltos anteriormente y b) que la ratio decidendi
resuelva un problema jurídico semejante al propuesto en el nuevo caso.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido
proceso

40. Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones
judiciales y administrativas.

28 ibídem.
29 Corte Constitucional, Sentencias T-1625 de 23 de noviembre de 2000, M.P. Martha Victoria Sáchica
Méndez y T-161 de 8 de marzo de 2010, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

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Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le
imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las
formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se
aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

41. Atendiendo a que, la Corte Constitucional ha definido el derecho al debido
30

proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico,
a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una
actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus
derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que
“[…] En virtud del citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en
forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente,
respetando las formas propias de cada juicio y asegurando la efectividad de
aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus
derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene
como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a
través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la
convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia
en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y
artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental a la reparación
integral

42.Visto el artículo 94 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que
establece que:

“[…] La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución y
en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en
ellos […]”.

30
Corte Constitucional, Sentencia C-980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo.

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43. Atendiendo a que la Corte Constitucional ha entendido que el derecho a la
31

reparación integral “[…] se trata de un derecho fundamental en atención a que “1)
busca restablecer la dignidad de las víctimas a quienes se les han vulnerado sus
derechos constitucionales; y 2) por tratarse de un derecho complejo que se
interrelaciona con la verdad y la justicia, que se traduce en pretensiones concretas
de restitución, indemnización, rehabilitación, medidas de satisfacción y no
repetición […]”.

Análisis del caso en concreto

44. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte
considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo
probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el
caso concreto.

45. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la
certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que
en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por
los actores en su respectivo escrito de tutela e impugnación.

Acervo y análisis probatorios

46. Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra el
siguiente documento:

46.1. Copia de la sentencia de segunda instancia proferida por el Tribunal
Administrativo de Casanare, el 10 de marzo de 2022.

31
Corte Constitucional, Sentencia T-083 de 13 de febrero de 2017, M.P. Alejandro Linares Cantillo.

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Solución del caso concreto

Análisis del presunto defecto fáctico

47. Los actores en su escrito de tutela indicaron que la autoridad judicial
accionada incurrió en un defecto fáctico por haber omitido valorar pruebas
relevantes obrantes en el expediente. En ese orden de ideas, expresaron lo
siguiente:

“[…] AUSENCIA DE VALORACIÓN PROBATORIA SENOR (sic) HECTOR
ANDRÉS DURÁN GARCÍA (Q.E.P.D.), PERTENECIERA A ALGÚN GRUPO AL
MARGEN DE LA LEY.

Contrario a lo afirmado en la decisión aquí objeto de reproche, sí se logró
comprobar que el señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA no pertenecía a
ningún grupo armado al margen de la ley. Todo lo contrario: se acreditó que fue
retenido ilegalmente por los militares cuando se desplazaba hacia su lugar de
trabajo ubicado a 10 minutos del mencionado caserío, más exactamente, en la finca
del señor ROQUE VELA.

Recordemos que el día domingo 20 de septiembre de 2009, aproximadamente a las
8:00 a.m., el señor ROQUE VELA envió a HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA al
Caserío Campoalegre - Peneya, a comprar la carne y unas verduras, el cual regresó
con los víveres a las 11:00 a.m. aproximadamente. Que, luego de almorzar, se
regresó para el caserío donde permaneció hasta aproximadamente las 4 o 5 de la
tarde, cuando emprendió su regreso hacia la finca del señor ROQUE VELA NÚÑEZ,
siendo interceptado por miembros del Batallón de Contraguerrillas Nº 12 "DIOSA
DEL CHAIRÁ" adscrito a la Décima Segunda Brigada del Ejército Nacional, que se
encontraban acantonados en la zona desde hacía mes y medio quienes ejercían
total control de la misma, lo retuvieron ilegalmente y lo condujeron por las orillas del
caserío hacia la base militar que se encontraba ubicada a 300 metros del precitado
lugar.

Honorables Consejeros; es evidente que existen varias inconsistencias que rodean
los hechos, las cuales generan amplias dudas respecto a las circunstancias de
tiempo, modo y lugar reales de los acontecimientos según los informes, actas y
declaraciones de los soldados que participaron en la misión.

Con las pruebas testimoniales obrantes en el expediente, se acreditó que el señor
HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA tenía su residencia en el caserío de
Campoalegre Peneya, y que conseguía su sustento diario y el de su familia como
jornalero, en labores del campo; que era un ciudadano que no tenía problemas con
las personas con las cuales convivía y se relacionaba, por lo cual no se demostró
durante el trámite procesal que el occiso se dedicará a actividades ilegales.

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Está claro que el señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA era una persona de
buenas costumbres, honrada, colaboradora, dedicada a las labores del campo,
ampliamente conocido y apreciado en la comunidad del caserío Campoalegre
Peneya, jurisdicción del municipio de Solano, Caquetá, y sus alrededores, Ilamado
carifosamente como "pollo tonto" por su deficiente desarrollo psicomotor […]”.

[…]

“[…] 3.2.- INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CASANARE DE (sic) DIO PLENA CREDIBILIDAD A LOS
TESTIGOS DESMOVILIZADOS, EN CONTRAVÍA DEL PRECEDENTE
CONSTITUCIONAL.

Como primera medida, se observa que el Tribunal Administrativo de Casanare
acogió los planteamientos expuestos por la demandada en el recurso de apelación,
dando plena credibilidad a las versiones de los señores ARNOVIL LÓPEZ
VALENCIA, JOSÉ ANTONIO CANTILLO CASALLAS y RODOLFO SEBAIS,
desmovilizados de las FARC, quienes afirmaron que conocían a HECTOR ANDRÉS
DURÁN GARCÍA como colaborador de las FARC y que se encontraba cumpliendo
una misión el día que fue dado de baja. Uno de ellos, LÓPEZ VALENCIA informó
que uno de los comandantes de las FARC le había dado a DURÁN GARCÍA una
pistola y una granada, las que según las declaraciones de los miembros del Ejército
y demás pruebas aportadas por la demandada, fueron encontradas en el sitio donde
falleció. Y, los otros dos testigos mencionados dieron algunos detalles superficiales
sobre HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA.

Siendo así, el Tribunal Administrativo del Casanare desconoció el precedente
jurisprudencial tanto de la Honorable Corte Constitucional como del Honorable
Consejo de Estado, que por supuesto, por su pertinencia y semejanza en los
problemas jurídicos resueltos, debe necesariamente considerarse por las
autoridades judiciales al momento de emitir una decisión como la que nos atañe
[…]”.

[…]

“[…] 3.3- INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA - EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CASANARE NO ANALIZÓ ALGUNAS PRUEBAS QUE
ACREDITAN LA APREHENSIÓN Y POSTERIOR MUERTE DE HÉCTOR ANDRÉS
DURÁN GARCÍA POR PARTE DEL EJÉRCITO NACIONAL, CON LA
PARTICIPACIÓN DE INFORMANTES DESMOVILIZADOS DE LA GUERRILLA
(JOSÉ ANTONIO CANTILLO CASALLAS, ALIAS "CABALLO".

Ignoró o pasó por alto el Tribunal accionado las múltiples pruebas que obran en
expediente y que evidencian la premeditada aprehensión y posterior muerte de
HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA en manos del Ejército Nacional, con la
complicidad y ayuda de informantes desmovilizados de la guerrilla de las FARC,
quienes señalaron a HÉCTOR ANDRÉS prácticamente lo entregaron al Ejército,
aprovechando su deficiencia psicomotora y psicofísica para generar un despreciable
y abominable falso positivo […]”.

[…]

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“[…] 3.4.- AUSENCIA DE VALORACIÓN PROBATORIA - EL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CASANARE NO TUVO EN CUENTA PRUEBAS MUY
IMPORTANTES QUE DAN CUENTA DE LAS SITUACIONES EN QUE SE
SUSCITARON LOS HECHOS EN DONDE FUE MUERTO DE MANERA
PREMEDITADA POR MIEMBROS DEL EJÉRCITO, EL SEÑOR HÉCTOR
ANDRÉS DURÁN GARCÍA.

Testimonio del señor JESÚS ALIRIO FIGUEROA CELIS: […].

[…]

“[…] Testimonio del señor ROQUE VELA NUNEZ: […]”

[…]

“[…] Testimonio de la señora SANDRA MILENA CARDONA CASTAÑO: […]”.

[…]

“[…] 3.5.- INDEBIDA VALORACIÓN DE LA PRUEBA - EL SEÑOR HÉCTOR
ANDRÉS DURÁN GARCÍA NO PORTABA - NI MUCHO MENOS UTILIZÓ ARMAS
DE FUEGO. NO REALIZÓ DISPAROS NO HUBO COMBATE. AUSENCIA DE
VALORACIÓN PROBATORIA EN NINGÚN MOMENTO SE ANALIZARON LAS
DIFERENTES PRUEBAS QUE DEMUESTRAN EL USO EXCESIVO DE LA
FUERZA POR PARTE DE LOS MIEMBROS DEL EJÉRCITO NACIONAL.

Ahora bien, nunca le fue practicada la prueba de absorción atómica al cadáver del
señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA, por lo que es indiscutible que se trató
de un montaje por parte de los miembros del Ejército Nacional, quienes ni siquiera
tuvieron en cuenta la posibilidad de dicha prueba, como lo han hecho en otras
ocasiones en las que se ha establecido la manipulación del cadáver a efectos de
determinar los resultados del mencionado análisis científico.

Además, como más adelante se verá, los miembros del Ejército hicieron uso
desproporcionado de sus armas de dotación oficial., porque bien hubiesen podido
capturar al presunto sospechoso, respetando de esta manera su vida e integridad
personal.

El señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA no portaba ni utilizaba armas de
fuego, como lo pretenden hacer ver los miembros del Ejército Nacional que le dieron
muerte en un ataque indiscriminado contra una persona que tal vez se encontraba
en posición de sumisión e indefensión, toda vez que recibió tiros por su espalda.

Reitero, olvidó el operador judicial accionado que en casos de ejecución extrajudicial
se debe examinar integralmente la totalidad de los medios de prueba incorporados
al expediente, de manera armónica, coherente y en atención a las reglas de la sana
crítica.

Además, la entidad demandada, durante el proceso no demostró, con ninguna
prueba, que el occiso, fuera parte de ningún grupo armado al margen de la ley, ni
que fuera colaboradora ni siquiera simpatizante.

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Conclusión, el señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA no se enfrentó a los
militares, no se encontraba realizando alguna actividad ilícita y menos era miembro
de las FARC.

Además, está comprobado que el señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA
recibió varios impactos de proyectil de arma de fuego. Llama la atención que
algunos de los disparos fueron Cuando se encontraba de espalda, tal como se
anotó en la Inspección Técnica a cadáver FPJ 10 del 22 de septiembre de 2009:
"herida por arma de fuego pierna izquierda región de los músculos gemelos donde
termina la bota de caucho” […]”.

[…]

“[…] 3.6.- DEFICIENTE ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA PRUEBA -QUE EL
USO EXCESIVO DE LA FUERZA SE ENCUENTRA PLENAMENTE
JUSTIFICADO? ¿QUÉ HUBO LEGÍTIMA DEFENSA? EQUÍVOCA INFERENCIA Y
CONCLUSIÓN DEL EL (sic) TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE.

De acuerdo con el artículo 11 de la Constitución Política, la vida es un derecho
inviolable y las autoridades deben proteger ese derecho a todos los ciudadanos
(artículo 2 ibídem), incluyendo a quienes puedan verse involucrados en actividades
ilegales, salvo la inminencia de un peligro que ponga en riesgo a las Fuerzas
Militares y de Policía, ameritando así el uso de la fuerza.

De lo manifestado en la sentencia proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
DEL CASANARE aquí objeto de reproche - se infiere que el estar realizando una
conducta delictiva (situación no probada), le da automática licencia al Estado para,
"dar de baja", segar la vida, ejecutar, asesinar a un ciudadano. Y, además, ¿lo libera
de responsabilidad? La respuesta en un rotundo NO.

Es decir, ¿las actuaciones al margen de la ley de los ciudadanos se convierten
automáticamente en causa eficiente para recibir la pena de muerte por parte de
agentes del Estado? JAMÁS.

No analizó el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE, que dadas las heridas
que presentaba el cadáver de HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA, es claro que
hubo un uso desproporcionado de la fuerza por parte de los miembros del Ejército
Nacional, porque no hubo enfrentamiento o cruce de disparos, pues, si bien se
encontraron en la escena unas armas, de ello no se puede concluir que éstas hayan
sido disparadas por el hoy occiso, toda vez que la escena del crimen pudo haber
sido manipulada y contaminada. Y, al mismo tiempo, el soldado GONZÁLEZ PENA
JOSÉ utilizó 10 cartuchos, mientras HÉCTOR ANDRÉS no disparó en ninguna
oportunidad.

Aunado a lo anterior, si el señor HÉCTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA tenía la
intención de atacar al centinela, - situación que no es cierta, pues el mismo fue
aprehendido por miembros del Ejército desde aproximadamente las 7:30 de la
noche no se le dio la oportunidad de rendición, tal como prescribe el Protocolo I
adicional a los convenios de Viena de 1949, artículo 41: 1. Ninguna persona podrá
ser objeto de ataque cuando se reconozca o, atendidas las circunstancias, debe
reconocerse que está fuera de combate. 2. Está fuera de combate toda persona (.)
que exprese claramente su intención de rendirse."

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Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

Así las cosas, el ataque perpetrado a la humanidad de HÉCTOR ANDRÉS DURÁN
GARCÍA no fue en legítima defensa, sino con el único objetivo de segar su vida sin
la menor consideración u oportunidad de rendición, tanto así que no se lanzó la
proclama como integrante del Ejército Nacional antes del indiscriminado y brutal
ataque […]”.

[…]

“[…] En este sentido, el Tribunal accionado debió efectuar un ejercicio
argumentativo más amplio y un análisis detallado de las pruebas allegadas. Si no se
encontró acreditada la calidad de integrante de alguna banda subversiva del señor
HECTOR ANDRÉS DURÁN GARCÍA, se afirmó, en todo caso, que el daño
antijurídico causado se generó porque la víctima se expuso al combate bélico, como
si se tratara de un acto voluntario, circunstancia ésta que no se justificó, que no se
acreditó.

Al no encontrar probada la falla en el servicio y ante los supuestos que se
encontraron acreditados por el mismo Tribunal, ésta resolvió decidir de fondo el
asunto puesto en consideración, sin analizar los demás títulos de imputación de
responsabilidad estatal, incurriendo en una falta de motivación de la providencia
judicial" […]”.

48. La Sala considera que el Tribunal Administrativo de Casanare no incurrió en
defecto fáctico, toda vez que para adoptar la decisión judicial, valoró de manera
razonable e integral las diferentes pruebas obrantes en el expediente,
especialmente los diferentes testimonios, lo que le permitió concluir lo siguiente:

“[…] La Corporación no comparte la valoración que dio el a – quo a los testimonios
de las personas que dijeron ser desmovilizadas, pues no se requiere certificación
de una entidad para que esté acreditada esa condición. Ellos manifestaron que
eran personas desmovilizadas de las FARC y mientras no se demuestre lo
contrario eso basta.

Los tres desmovilizados son López Valencia, Cantillo Casallas y Rodolfo Sebais.
Todos ellos son concordantes en que conocían a Héctor Andrés Durán García
como colaborador de las FARC y la Corporación les da credibilidad precisamente
porque por ser miembros de esa agrupación tienen por qué saber quiénes son
militantes, colaboradores y demás. De otra parte, ejercieron la actividad guerrillera
en ese sector.

Es más, López Valencia informó que uno de los comandantes de las FARC le
había dado a Durán García una pistola y una granada, las que según las
declaraciones de los miembros del Ejército y la prueba documental allegada fueron
encontradas en el sitio donde falleció, aclarando que para quitarle la granada
debieron romper el bolsillo del pantalón donde la llevaba; luego de ello la granada
fue destruida […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

[…]

“[…] Declaró en varias oportunidades el padre de Héctor Andrés Durán García,
señor Luis Carlos Durán Tiafe, y en una oportunidad el hermano Jhon Fredy Durán
García. Cuando se examinan las versiones dadas por el primero se establece que
no son concordantes pues en una ocasión dijo que reconoció el cadáver de su hijo
pero no se lo entregaron porque no supo dar cuenta de la ropa que vestía el día de
la muerte, motivo por el cual llamó a su otro hijo Fredy quien dijo que ese no era su
hermano. Por esta razón el cadáver no les fue entregado por el CTI de la Fiscalía,
pero no por el Ejército, pues este dejó el cadáver en el sitio donde fue muerto por
el centinela y allí practicó la diligencia de levantamiento de cadáver la Fiscalía
[…]”.

[…]

“[…] Declararon igualmente en el presente proceso o en la investigación
disciplinaria o en las diligencias adelantadas dentro del proceso penal, tal como
quedó resumido en precedencia, otras personas (Jesús Alberto Figueroa Celis,
Sandra Milena Cardona y Roque Vela Núñez).

Ninguno de ellos es testigo presencial de que el Ejército haya retenido a Héctor
Andrés Durán y luego lo haya asesinado, como resulta del análisis de dichas
declaraciones. Ni de estas ni de las demás declaraciones resulta que el Ejército
haya escondido el cadáver de la persona que resultó muerta por el centinela el 21
de septiembre de 2009 […]”.

[…]

Al revisar el fallo de primera instancia, la Corporación encuentra que el a-quo no
revisó ni analizó las tesis de las partes ni las pruebas en debida forma, por las
razones que se indicaron en el acápite valoración probatoria.

Por lo tanto y con base en los argumentos expuestos en el numeral 6.3. de las
consideraciones, da pleno valor probatorio a las declaraciones de los 3
desmovilizados de las FARC, así como a las actas de levantamiento de cadáver
de la persona muerta por el centinela del Ejército José González Peña […]”.

49. En ese orden de ideas, para la Sala, y a diferencia de los sostenido por los
actores, el Tribunal Administrativo de Casanare valoró de manera razonable y con
fundamento en las reglas de la sana crítica, las diferentes pruebas testimoniales, lo
que le permitió evidenciar que el Ejército no retuvo a Héctor Andrés Durán y luego
lo haya asesinado, tampoco se acreditó con los testimonios, que “[…] el Ejército
haya escondido el cadáver de la persona que resultó muerta por el centinela el 21
de septiembre de 2009 […]”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

50. El Tribunal, de igual manera le dio plena credibilidad a las declaraciones
rendidas por los desmovilizados López Valencia, Cantillo Casallas y Rodolfo
Sebais, quienes afirmaron tener conocimiento de que el señor Héctor Andrés
Durán García era colaborador de las FARC, en donde además, López Valencia en
su declaración afirmó que uno de los comandantes de las FARC le había dado a
Durán García una pistola y una granada, “[…] las que según las declaraciones de
los miembros del Ejército y la prueba documental allegada fueron encontradas en
el sitio donde falleció, aclarando que para quitarle la granada debieron romper el
bolsillo del pantalón donde la llevaba; luego de ello la granada fue destruida […]”.

51. En ese orden de ideas, el Tribunal Administrativo de Casanare, luego de
valorar de manera razonable las pruebas obrantes en el expediente, le permitió
concluir lo siguiente, sin que la Sala evidencie la configuración de un defecto
fáctico:

“[…] En relación con la muerte de Héctor Andrés Durán García, como quiera
que no obra registro civil de defunción y dadas las dificultades para
establecer la identidad de este occiso a pesar de las diligencias adelantadas
por la Fiscalía, CTI, Medicina Legal y la Justicia Penal Militar, y dando
credibilidad a la afirmación hecha por el declarante Cantillo Casallas, alias
caballo, quien lo reconoció inmediatamente después de que amaneció el 21
de septiembre de 2009, debemos concluir que esa fue la persona a quien dio
muerte el centinela referido.

En lo que respecta a la forma en que murió Héctor Andrés Durán García,
acorde con las pruebas allegadas, la Corporación descarta la afirmación de
que fue retenido por el Ejército Nacional el 20 de septiembre de 2009 a eso de
las 4:30 de la tarde, ya que tal situación no está demostrada.

En cambio, da plena credibilidad a la versión del centinela José González
Peña, pues no existe prueba en contrario, y por lo mismo da por demostrado
que Héctor Andrés Durán García fue muerto por aquel cuando este se
acercaba en forma sigilosa a eso de las 4:30 a.m. y armado a donde se
encontraba el centinela.

No comparte las apreciaciones del a-quo porque Héctor Andrés Durán García
no tenía por qué acercarse armado y en forma sigilosa al sitio donde se
encontraba el centinela a eso de las 4:30 a.m. y en descampado donde
acampaban miembros del Ejército. Además, hay prueba suficiente de que las
FARC estaban ejerciendo sus labores delictivas en el sitio de
Campohermoso y otras partes, motivo por el cual el Ejército programó
precisamente la operación Antorcha. Debe agregarse que, según consta en el

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

expediente, en días anteriores se habían hecho hostigamientos al Ejército sin
que hubiera víctimas fatales, aunque si lesionados. Por ende, resulta
improcedente la voz de alta que indica el a-quo, pues dada la hora y las
condiciones anotadas, lo procedente era ejercer legítima defensa, tal como
se realizó.

En esas condiciones, debemos acoger los planteamientos hechos por la
parte demandada en su recurso de apelación, revocar la sentencia emitida
por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia - Caquetá el
30 de agosto de 2019, a través de la cual se declaró no probada la excepción
de la falta de legitimación por pasiva de la entidad accionada y declaró
responsable de los perjuicios antijurídicos causados los demandantes, al
Ministerio de Defensa - Ejército Nacional y lo condenó a pagar los perjuicios
inmateriales por daño moral y además perjuicios materiales lucro cesante.
Se negaron las demás pretensiones. Consecuencialmente se negarán las
pretensiones de la demanda […]”. (Resaltado por la Sala).

52. La Sala debe hacer énfasis que para la configuración del defecto fáctico por
irregularidades en la apreciación del material probatorio, la actuación del operador
judicial deber ser ostensible, manifiesta y flagrante, en donde además dicha
irregularidad debe tener una relación intrínseca con el sentido de la decisión
judicial, es decir, que, de no configurarse dicho error manifiesto, la sentencia
hubiera adoptado un sentido totalmente distinto, lo que a juicio de la Sala no
aconteció en el presente caso.

53. En esa medida, los planteamientos realizados por los actores en el presente
asunto obedece a estar en desacuerdo con el análisis y con la decisión que
adoptó la autoridad judicial demandada y, en ese sentido, se evidencia el
descontento con la providencia objeto de censura que fue desfavorable a sus
intereses, pero no se advierte que la decisión fue arbitraria o irracional; por el
contrario, la actividad intelectual que realizó el juez natural del proceso en materia
de valoración y apreciación de pruebas, hizo parte de la autonomía e
independencia que tienen los jueces de la República y, por consiguiente, ni las
partes ni el juez constitucional pueden imponer su criterio, interpretación y lógica
sobre la del juez natural, como si se tratara de un juez superior que pueda sustituir
de manera arbitraria el juicio valorativo del juez del proceso.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

Análisis del presunto defecto sustantivo por desconocimiento del
precedente judicial

54. Los actores en su escrito de tutela señalaron que el Tribunal Administrativo de
Casanare incurrió en un defecto sustantivo al haberse apartado del precedente
judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-392 de 2000.

55. Ahora bien, para la Sala, la autoridad judicial accionada no desconoció el
precedente judicial fijado por la Corte Constitucional en la sentencia C-392 de
2000, toda vez que esta decisión se profirió dentro del marco del control abstracto
de constitucionalidad en el cual la Corte no abordó el estudio de un caso concreto,
en el que se pudiera establecer la existencia de una situación fáctica similar al
caso bajo estudio, para determinar si hubo o no desconocimiento del precedente
judicial32.

56. De igual manera, los actores señalaron que la autoridad judicial accionada se
apartó de los precedentes judiciales fijados por el Consejo de Estado en las
sentencias de 2 de mayo de 201733 y 2 de julio de 201934, sin embargo, para la
Sala, la autoridad judicial accionada no incurrió en defecto sustantivo, toda vez
que las situaciones fácticas y los problemas jurídicos que se abordaron en dichas
providencias judiciales son totalmente diferentes al caso sub examine.

32
Frente al desconocimiento de los precedentes judiciales contenidos en las sentencias “C” proferidas por la
Corte Constitucional, ver entre otras: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, sentencia de 24 de agosto de 2018, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-
15-000-2018-01563-00, Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera,
sentencia de 28 de junio de 2019, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001 03 15 000
2018 04630 01.
33
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección B, Sección Tercera, sentencia de 2
de mayo de 2017, C.P Danilo Rojas Betancourth, radicación número: 25000-23-26-000-2006-01892-01.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Subsección A, Sección Tercera, sentencia de 2
de julio de 2019, C.P Carlos Alberto Zambrano Barrera, radicación número: 76001-23-31-000-2006-03646-01

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

57. La Sala evidencia que, en las sentencias de 2 de mayo de 2017 35 y 2 de julio
de 201936, se trataron de casos donde los problemas jurídicos consistían en
establecer si se debía declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta
de la libertad, controversia que difiere totalmente del caso sub examine, por lo
que el Tribunal Administrativo de Casanare no incurrió en un defecto sustantivo
por desconocimiento del precedente judicial.

Conclusiones de la Sala

58. Con fundamento en las consideraciones jurídicas establecidas en la parte
motiva de esta sentencia, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia
proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 31
de agosto de 2022, por las razones expuestas en la parte motiva de esta
providencia.

35
La situación fáctica del presente caso es la siguiente: “Mediante demanda presentada el 24 de agosto de
2006, los señores Jesús Arturo Rodríguez Medina, Belén Prieto, Hugo García Cantor y Doris Romero de
García, en nombre propio; y Hugo Hernando Serrano Fonseca y María Moreno Rozo, actuando a título
personal y en representación de sus menores hijas Leidy Catherine y Yohandry Mayerly Fonseca Moreno,
todos a través de apoderada judicial debidamente constituida y en ejercicio de la acción de reparación directa
prevista en el artículo 86 del C.C.A., solicitaron que se declarara a la Nación-Fiscalía General de la Nación
administrativamente responsable por los perjuicios causados con ocasión de la “detención preventiva sin
beneficio de excarcelación de que fueron objeto [cuatro (4) de los nombrados] dentro del proceso que se
adelantó por el delito de rebelión (…) y haber estado sub júdice en el proceso penal durante 22 meses y 13
días, aproximadamente” (f. 5-22, c. 1) “.
36
La situación fáctica del caso es la siguiente: “El 30 de noviembre de 2006, Luis Arles Chalarca Bedoya y
36
otros , a través de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación directa, presentaron demanda
contra la Nación – Rama Judicial, Ministerio de Defensa – Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación,
con el fin de que se les declarara patrimonialmente responsables por los perjuicios que, afirman, les fueron
irrogados con la privación de la libertad de que fue víctima el señor Luis Arles Chalarca Bedoya, entre el 28 de
septiembre de 2003 y el 4 (sic) de diciembre de 2004”.

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Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2022-03512-01
Actores: Luis Carlos Durán Tiafe y otros

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de tutela proferida el 31 de agosto de 2022
por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 del Decreto Ley
núm. 2591 de 1991, dentro de los diez (10) siguientes a la ejecutoria de este fallo,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Presidente Consejera de Estado
Consejero de Estado

OSWALDO GIRALDO LÓPEZ HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Ausente en comisión
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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