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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03518-01

Fecha
18 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03518-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación. SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03518-01

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

18 de noviembre de 2022

1

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03518-01
Accionante: Alcides Arrieta Meza y Otro

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., dieciocho (18) noviembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03518-01
Demandante: Alcides Arrieta Meza y Otro
Demandado: Presidente de la República, Ministerios del Interior, de
Defensa y Policía Nacional

Tesis: No es procedente la acción de tutela que se interpone para
proteger derechos colectivos, cuando no se acredita la
conexidad con derechos fundamentales, ni el perjuicio
irremediable.

SENTENCIA DE TUTELA - SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la impugnación presentada por los señores Alcides
Arrieta Meza y Erick Urueta Benavides en contra de la sentencia proferida
por la Sección Quinta de esta Corporación, el 4 de agosto de 2022.

I. SINTESIS DEL CASO

Los señores Alcides Arrieta Meza y Erick Urueta Benavides, el primero en
calidad de representante legal de la Veeduría -Observatorio de Policía y el
segundo como representante legal de la Veeduría de la Rama Judicial,
presentaron acción de tutela en contra del Presidente de la República,
Nación – Ministerios del Interior, de Defensa y Policía Nacional, con el fin de
que les fueran protegidos sus derechos a la vida, a la dignidad humana, a
la integridad personal y a la propiedad, en la que formuló las siguientes
pretensiones:

«[…]1. Ordenarle al presidente de la República que evalúe la probabilidad
de decretar la Conmoción interior en el territorio del Distrito de
Cartagena, de acuerdo a lo establecido en el artículo 213 de la
Constitución policía (sic), para garantizar los derechos humanos
amenazados, violados, a efectos de garantizar el orden público y la
convivencia ciudadana en el Distrito de Cartagena

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2. Ordenarle al presidente de la República, como medida subsidiaria,
intervenir el Orden Público en la ciudad de Cartagena, conforme lo
establecido con los artículos 188 y 189 de la Carta política, con los
mismos fines, señalados en el numeral primero.

3. Las demás que sean necesarias para garantizar los derechos humanos
amenazados, violados,

PETICION ESPECIAL: Solicitud de protección: Solicitamos se ordene a
la Policía Nacional, a la Unidad nacional de protección, que en forma
inmediata, disponga la protección de los suscritos veedores en su lugar
de residencia y desplazamientos, en virtud, del riesgo real, que produce,
él solicitar públicamente e institucional este tipo de medidas.[…]»

Los accionantes relataron como sustento de las pretensiones de amparo lo
siguiente:

I.1. Señalaron que resulta un hecho notorio que, actualmente, en el Distrito
de Cartagena se presentan altas cifras de criminalidad, por casos de
“homicidios en la modalidad de sicariato, hurto y otros delitos”, con un
aumento del 91% en homicidios para el 2022.

I.2. Aseguraron que dicha situación ha desbordado la capacidad de
respuesta de la fuerza pública, lo que llevó al alcalde distrital a solicitar
asistencia militar al Gobierno Nacional el 28 de junio de 2022, medida que,
a juicio de los actores, no soluciona la problemática.

I.3. Manifestaron que, de acuerdo con las estadísticas, las notas
periodísticas y la solicitud de asistencia elevada por el alcalde, se prueba
que la situación del Distrito de Cartagena es excepcional y amerita medidas
urgentes para proteger la vida, honra y bienes de sus habitantes.

I.4. Para los actores, en el Distrito de Cartagena se está viviendo una
alteración grave del orden público, registrada por distintos medios de
comunicación, que llevó al alcalde a solicitar la intervención del Gobierno
Nacional.

I.5. Manifestaron que la inseguridad ha llegado a un punto en el que la
capacidad de la Policía Nacional resulta insuficiente para recuperar la
normalidad en el Distrito de Cartagena y que se amenaza con convertirse
en habitual si no se adoptan medidas extraordinarias.

I.6. Consideraron que se cumplen los elementos descritos en la sentencia C
– 802 de 2002 para la declaratoria de la conmoción interior, en tanto que
se está ante una grave perturbación del orden público de la cual existen
hechos concretos y verificables.

I.7. Indicaron que la anterior sentencia dice: “están expresamente
señalados en el artículo 213, según el cual el Presidente sólo puede declarar

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el estado de conmoción interior “en caso de grave perturbación del orden
público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional,
la seguridad del Estado o la convivencia ciudadana y que no pueda ser
conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades
de policía”.

I.9. Argumentaron que "en este caso se dan los presupuestos de hecho y
de derecho, que hacen necesaria la declaratoria de la conmoción interior,
conforme la sentencia citada, por cuanto, los hechos delictivos que vienen
ocurriendo en la ciudad de Cartagena son reales y ciertos, tal como lo
considera la Corte Constitucional en la sentencia citada, que sobre el
particular señaló: ”En caso de... perturbación del orden público...”. Se trata
de un suceso del mundo fenomenológico, de un punto de partida empírico
que parte de la ocurrencia de hechos concretos, perceptibles y, en
consecuencia, verificables, que objetivamente generan una
alteración de las condiciones de seguridad y tranquilidad requeridas
para el ejercicio de los derechos””.

II. TRAMITE DE LA TUTELA

II.1. El 6 de julio de 2022, el despacho sustanciador admitió la acción de
tutela y ordenó la notificación a las entidades accionadas, ordenó la
vinculación como terceros con interés directo, al presidente electo Gustavo
Petro Urrego, al Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y al
Departamento de Bolívar.

Respecto a la petición especial, consistente en ordenar la protección
personal por parte del Estado para los accionantes, quienes consideraron
que se encontraban en riesgo por denunciar los hechos narrados en su
escrito de tutela, fue negada, por cuanto consideró el despacho del
consejero Ponente que, de los hechos narrados que afectan el orden público
en el Distrito de Cartagena, no surgía el riesgo inminente que justificara la
figura deprecada.

II.2. La Policía Metropolitana de Cartagena, a través del asesor jurídico,
manifestó que:

Frente a las pretensiones de la tutela, no le corresponde a la Policía Nacional
resolver lo solicitado por los actores, y que, de parte de esta entidad, no
existe vulneración a derechos fundamentales reclamados; en consecuencia,
solicitó que fuera desvinculada al carecer de legitimación en la causa por
pasiva.

Con relación a la solicitud de ordenar como medida provisional protección a
los actores, explicó que no se evidencian motivos para su adopción; pero
que, en todo caso, la Policía Metropolitana sí brindó una explicación a los

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actores sobre qué acciones adoptar para su seguridad y ha realizado
patrullajes periódicos a sus domicilios.

Frente al aumento de los homicidios, explicó que se debió a una
confrontación entre diferentes jefes del Clan del Golfo que se encontraban
en el Distrito, por lo que la Policía Metropolitana inició un plan de dos fases
desplegado en febrero y abril de 2022, logrando una disminución de este
delito en un 20% inicialmente y, posteriormente, un 14%.

A su vez, resaltó las medidas administrativas adoptadas por el Distrito, como
la expedición del Decreto 0866 de 7 de junio de 2022, a través del cual se
restringía, durante horarios determinados, el servicio en locales comerciales
que expendieran bebidas embriagantes y la realización de eventos públicos
y privados, lo que redujo la ocurrencia de riñas y crímenes por intolerancia.

Agregó que, para lograr una reducción en las distintas modalidades en las
que ocurre este delito, se puso en marcha la “operación Lázaro”, con la que
se ha logrado reducir la incidencia de homicidios, se reportaron 92 capturas
y un porcentaje de esclarecimiento del 35%, todo esto, para 2022. Aun así,
resalta que, en un 59% del Distrito de Cartagena, no se presenta dicha
conducta delictiva.

En cuanto al delito de hurto, manifestó que se identificó un uso equívoco
por parte de la ciudadanía de la herramienta virtual para su denuncia, lo
que implica un mayor número de casos reportados que los que realmente
ocurrieron.

Por otra parte, resaltó las labores de coordinación realizadas con la Armada
Nacional a fin de hacer frente a la situación descrita por los actores, junto
con el despliegue de medidas disuasivas como patrullajes, planes
antiextorsión y contra el microtráfico, acercamiento al ciudadano, establecer
puntos seguros, entre otras.

II.3. La Presidencia de la República, a través del Departamento
Administrativo, rindió el respectivo informe, en el cual señaló que no se
especificó la actuación u omisión que lleve a concluir que dicha entidad
vulneró los derechos fundamentales de los actores, por lo cual consideró
que se configuraba una falta de legitimación en la causa por pasiva, en tanto
que “corresponde al municipio como primera autoridad de policía, y entidad
fundamental de la división político–administrativa, promover la seguridad y
convivencia ciudadanas; la prestación de los servicios públicos que
determine la ley; construir las obras que demande el progreso local; ordenar
el desarrollo de su territorio; promover la participación comunitaria, el
mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás
funciones que le asignen la Constitución y las leyes”.

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Seguidamente, expresó que el Presidente de la República no es el
representante legal del Distrito de Cartagena ni del Departamento de
Bolívar, por lo que no puede ser llamado al presente proceso de tutela.

II.4. El Distrito Turístico y Especial de Cartagena de Indias solicitó
“que se declare improcedente la acción de tutela instaurada por configurarse
una falta de legitimación en la causa respecto del Distrito de Cartagena de
Indias y, subsidiariamente, se deniegue el amparo solicitado”.

Manifestó el ente territorial que los actores no agotaron actuación alguna
ante el Distrito de Cartagena, lo que, a su juicio, acredita una falta de
legitimación en la causa por pasiva.

No obstante, explicó que, a fin de afrontar los problemas de orden público,
se han expedido distintas medidas administrativas, como las descritas en la
contestación de la Policía Nacional, dirigidas a combatir los diferentes delitos
que se vienen presentando en el 2022.

II.5. El Departamento de Bolívar, y los Ministerios de Defensa e
Interior, pese a ser notificados, no intervinieron en la presente acción de
tutela.

III. FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

La Sección Quinta del Consejo de Estado profirió fallo el 4 de agoto de 2022,
por medio de la cual declaro improcedente el amparo reclamado. Las
consideraciones expuestas por la Sección Quinta, que dieron sustento a la
decisión, fueron las siguientes:

«[…] 2.5. De la procedencia excepcional de la acción de tutela para
solicitar la protección de derechos colectivos

2.6. Caso Concreto

En el presente asunto, los actores, luego de poner de presente y de
forma insistente distintos hechos de violencia recopilados por los medios
de comunicación sobre la situación de orden público por la que pasa en
este momento el Distrito Especial de Cartagena, acudieron a este medio
constitucional con la finalidad de que se le ordene al Presidente la
República que evalúe la posibilidad de declarar el Estado de conmoción
interior en dicho ente territorial.

Ahora bien, en este caso se advierte que, la principal garantía
constitucional que los actores advierten como vulnerada es la de la
seguridad pública, consagrada en el literal “g” del artículo 4º de la Ley
472 de 1998, pues si bien identificaron como afectados sus derechos
fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la

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propiedad, lo cierto es que conectan tal amenaza a una problemática
ocurrida en el Distrito de Cartagena en materia de seguridad.

Siendo así, atendiendo a la regla general, la presente acción de tutela
resulta improcedente en tanto que los actores pueden acudir al medio
de control de protección de los derechos e intereses colectivos o acción
popular, a fin de que sea un juez administrativo quien, luego del
respectivo proceso, determine si es necesario emitir las órdenes
respectivas para conjurar dicha problemática. Del mismo modo, se
resalta que dentro del mencionado medio de control pueden solicitarse
las medidas cautelares que se estimen necesarias.

Recuérdese que la acción popular es un mecanismo independiente y
principal que ofrece que el juez pueda agotar un periodo probatorio,
promover un acuerdo para la protección del derecho colectivo (pacto de
cumplimiento), adoptar medidas cautelares y conformar un comité de
verificación para el seguimiento de las órdenes impartidas.

No obstante, siguiendo lo dispuesto por la Corte Constitucional, se
evaluará si la presente situación se enmarca en aquellas que pueden ser
resueltas excepcionalmente por la vía de la tutela.

El primer requisito, correspondiente a la conexidad, puede tenerse por
superado, en tanto que, en efecto, de ser cierto que la situación de orden
público en el Distrito de Cartagena ha desbordado la respuesta de la
administración, sí puede generarse una afectación a los derechos
fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la
propiedad de los actores.

El segundo requisito, relativo a la afectación directa, no se observa
acreditado, pues si bien los actores hicieron un listado de los derechos
fundamentales amenazados, lo cierto es que no expusieron los hechos
puntuales en los que la problemática de orden público les representó un
menoscabo a sus garantías subjetivas.

En este punto, se resalta que, tanto la Policía Nacional como la Unidad
Nacional de Protección, explicaron que no encontraron una afectación
superior a la ordinaria para el caso de los actores, por lo que no puede
hablarse de un riesgo inmediato y directo.

El tercer requisito, esto es, la certeza, también se encuentra incumplido,
en tanto que, si bien aportan varios reportajes periodísticos, junto con
el informe rendido por la Policía Nacional donde se advierte un aumento
de la criminalidad para el 2022, que parecen respaldar la afirmación
sobre una afectación general a la seguridad en el Distrito de Cartagena,
es decir, al derecho colectivo, respecto de los derechos fundamentales,
particularmente hablando de los actores, no existe claridad alguna sobre
su vulneración.

Finalmente, el requisito sobre que la pretensión este dirigida a la
protección del derecho fundamental y no el colectivo, no puede
tenerse como acreditado, pues claramente una orden como lo es que el

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Presidente de la República evalúe la opción de declarar el Estado de
conmoción interior, implica una medida de orden general para todos los
habitantes del Distrito de Cartagena, por lo que no puede entenderse
como una pretensión exclusivamente para el amparo de las garantías
subjetivas de los actores.

En ese orden de ideas, ya que la tutela aquí pretendida no cumple con
los requisitos exigidos por la jurisprudencia, no es posible abordar el
estudio de fondo en este caso particular, en tanto que carece del
requisito de subsidiariedad, incluso de forma excepcional […]»

IV. IMPUGNACIÓN

Mediante escrito1 enviado a la secretaría general de esta Corporación, los
accionantes presentaron escrito de impugnación en los siguientes términos:

« […] Que la acción de Tutela, estuvo fundamentada en la afectación de
esos derechos fundamentales, que de manera extraordinaria han venido
afectando la convivencia ciudadana.

Que la acción presentada busca la protección de los derechos
fundamentales, no solo de los accionantes sino de los habitantes de
Cartagena.

Que si bien la seguridad pública, deviene considerado, derecho colectivo,
este, además de estar conectado con derechos fundamentales, el medio
“idóneo, resultaría extemporáneo, para proteger el derecho (ACCION
POPULAR), además como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable, lo cual, está debidamente acreditado.

OBJETO DE LA IMPUGNACION

Se solicita que concedida la impugnación el superior jerárquico, conceda
los amparos solicitados como sigue: “1. Ordenarle al presidente de la
República que evalúe la probabilidad de decretar la Conmoción interior en
el territorio del Distrito de Cartagena, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 213 de la Constitución, para garantizar los derechos humanos
amenazados, violados, a efectos de garantizar el orden público y la
convivencia ciudadana en el Distrito de Cartagena.

2. Ordenarle al presidente de la República, como medida subsidiaria,
intervenir el orden Público en la ciudad de Cartagena, conforme lo
establecido con los artículos 188 y 189 de la Carta política, con los mismos
fines, señalados en el numeral

RAZONES PARA QUE SE REVOQUE LA SENTENCIA IMPÚGNADA

1
11 de agosto de 2022, índice 27 de Samai

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La acción de tutela privilegió la protección preventiva y correctiva del
derecho a la vida, a la integridad personal, a la propiedad, a la libertad,
derechos fundamentales, no obstante que estos hagan parte del
complejo derecho a la seguridad pública, o seguridad humana según la
ONU.

En ese orden, consideramos que el problema a plantear, era determinar
si los hechos enunciados, debidamente probados, habían violado los
derechos fundamentales señalados, si procedía tutelarlos directamente,
por no ser idónea la acción popular o como mecanismo transitorio, para
evitar un perjuicio irremediable.

Estimamos, que el despacho pudo, haber protegido los derechos violados
directamente, por cuanto el mecanismo ordinario, Acción Popular, no es
IDONEO, dado que su trámite, haría extemporánea la llegada de la
medida protectora, o proteger los derechos violados, como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable, lo que implicaría
además, preferir el derecho sustancial sobre el formal.

(…)

En relación con la aplicación del derecho sustancial sobre el formal,
solicitamos la aplicación del artículo 228 de la carta política que ordena:
“La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son
independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las
excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho
sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será
desconcentrado y autónomo. […]»

Por auto del 6 de octubre de 2022, el despacho del Magistrado sustanciador
concedió la impugnación.

V. CONSIDERACIONES

5.1. COMPETENCIA.

Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de
conformidad con lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de
noviembre de 19912, en concordancia con el numeral 5 del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 20153, modificado por el

2
El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la impugnación
el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico correspondiente. El juez que
conozca de la impugnación, estudiará el contenido de la misma, cotejándola con el acervo probatorio y con el
fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y ordenar la práctica de pruebas y proferirá
el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento,
procederá a revocarlo, lo cual comunicará de inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará
[…]”.
3
Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.

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artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 20214, así como con fundamento
en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro.080 del 12 de marzo de
20195 proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la
distribución de negocios entre las secciones.

5.2. ANÁLISIS DE LA SALA

5.2.1. De la acción de tutela. Generalidades

La acción de tutela fue creada como un mecanismo cuya finalidad es
garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas que
están siendo vulnerados o amenazados. Dicha acción tiene un carácter
residual, en tanto que la misma procede únicamente ante la inexistencia o
ineficacia de otros mecanismos judiciales que contrarresten la inminente
vulneración de los derechos fundamentales de las personas6, salvo que se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Bajo este postulado, los numerales 1 y 3 del artículo 67 del Decreto 2591 de
1991, prevén:

«[…] 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales,
salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en
concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante.

(…)

3. Cuando se pretenda proteger derechos colectivos, tales como la paz
y los demás mencionados en el artículo 88 de la Constitución Política. Lo
anterior no obsta, para que el titular solicite la tutela de sus derechos
amenazados o violados en situaciones que comprometan intereses o
derechos colectivos siempre que se trate de impedir un perjuicio
irremediable. […]»

En tal sentido, la acción de tutela procede como mecanismo principal y
definitivo de protección de los derechos fundamentales cuando el accionante
ha acreditado que no cuenta con otros medios de defensa judicial, o que,
existiendo, estos no resultan idóneos para resguardar los derechos
fundamentales presuntamente vulnerados o amenazados8.

5.2.2. Análisis del caso concreto.

4
"Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela".
5
Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de abril de
2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
6
Sentencia T-132 de 2006
7
Causales de improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá
8
Sentencia T-079 de 2016 M.P. Luis Ernesto Vargas Silva

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En la decisión de primera instancia, se declaró improcedente la presente
acción de tutela, al considerarse que lo pretendido por los actores era la
protección del derecho colectivo a la seguridad pública, y el medio idóneo era
la acción popular.

Ahora bien, a pesar de esto, estudió si en el caso concreto procedía la acción
de tutela como mecanismo excepcional.

Por su parte, los actores, en la impugnación, señalan que en el presente caso
sí procedía la acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable y que estuvo sustentada en la vulneración de derechos
fundamentales; que, si bien guardaban relación con el derecho colectivo a la
seguridad, debían ser protegidos de manera excepcional y preventiva.

Conforme a lo anterior, debe la Sala establecer si en el caso concreto la
acción de tutela procedía como un mecanismo transitorio.

La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado que, para que la
acción de tutela proceda como mecanismo transitorio, debe estar probado
un perjuicio irremediable, que debe tener las características de inminente,
grave, urgente, que obliguen a adoptar medidas impostergables9.

Al revisar el escrito de tutela y las pruebas aportadas, advierte la Sala que
los actores incumplieron con la carga procesal de demostrar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable, comoquiera que aportaron como pruebas del
presunto perjuicio irremediable que estaban padeciendo, la solicitud de
asistencia militar realizada por el Alcalde del Distrito de Cartagena al
Gobierno Nacional y la copia de piezas periodísticas, que sólo dan cuenta de
una situación de orden público que afecta a la ciudad en general, sin
especificar de qué manera ellos, en su condición de actores, están siendo
afectados directamente en alguno de los derechos fundamentales que
aducen como presuntamente vulnerados.

En consecuencia, no encuentra la Sala acreditado un perjuicio irremediable
que deba ser protegido de manera transitoria mediante la acción de tutela.

Adicionalmente, la Corte Constitucional10 ha señalado que, en los casos en
que coexistan la acción popular y la tutela, para que proceda la segunda
deben concurrir una serie de circunstancias, a saber:

9
Corte Constitucional. Sentencia T – 471 del 19 de julio de 2017. M.P.: Gloria Stella Ortiz Delgado. “(…) que el
daño debe ser inminente, es decir que está por suceder en un tiempo cercano, a diferencia de la mera expectativa
ante un posible menoscabo. Este presupuesto exige la acreditación probatoria de la ocurrencia de la lesión en un
corto plazo que justifique la intervención del juez constitucional. Es importante resaltar que la inminencia no
implica necesariamente que el detrimento en los derechos este consumado. Asimismo, indicó que las medidas que
se debían tomar para conjurar el perjuicio irremediable deben ser urgentes y precisas ante la posibilidad de un
daño grave evaluado por la intensidad del menoscabo material a los derechos fundamentales de una persona. En
esa oportunidad, la Corte señaló que la gravedad del daño depende de la importancia que el orden jurídico le
concede a determinados bienes bajo su protección.
Finalmente estableció que la acción de tutela debe ser impostergable para que la actuación de las autoridades y
de los particulares sea eficaz y pueda asegurar la debida protección de los derechos comprometidos (…)”.
10
Sentencia T-041 de 2011 de la Corte Constitucional.

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“Que exista conexidad entre la vulneración del derecho colectivo y la
violación o amenaza de un derecho fundamental, de tal forma que el
daño o amenaza del mencionado derecho sea consecuencia inmediata
y directa de la perturbación del derecho colectivo.

El demandante debe ser la persona directa o realmente afectada en su
derecho fundamental, pues la acción de tutela es de carácter subjetivo.

La vulneración o la amenaza del derecho fundamental debe estar
plenamente acreditada.

La orden judicial que se imparta en estos casos debe orientarse al
restablecimiento del derecho de carácter fundamental y no del derecho
colectivo en sí mismo considerado, pese a que con su decisión resulte
protegido, igualmente un derecho de esa naturaleza.

Adicionalmente, es necesario la comprobación de la falta de idoneidad
de la acción popular en el caso concreto”.

Respecto al cumplimiento de los requisitos antes señalados, la Sala
encuentra que no se cumplen, pues de los hechos narrados en los escritos
de tutela e impugnación, no se advierte que, con ocasión de éstos, los
accionantes se hayan afectado directamente; asimismo, valga destacar que
la acción de tutela es promovida con el fin de garantizar y proteger el
derecho de seguridad de los habitantes del Distrito de Cartagena, así como
la convivencia ciudadana de los mismos, por lo que se entiende que buscan
es la protección de derechos colectivos. A este respecto, la Sala observa que
la acción de tutela se instituye para la protección de derechos individuales,
por lo que resulta indispensable identificar plenamente la persona afectada
y las características de la afectación a ella, individualmente considerada, y
no a una colectividad.

Ahora bien, respecto a las circunstancias que deben concurrir para que la
acción de tutela proceda de manera excepcional, en la providencia de
primera de instancia se dispuso lo siguiente:

«[…] El primer requisito, correspondiente a la conexidad, puede tenerse
por superado, en tanto que, en efecto, de ser cierto que la situación de
orden público en el Distrito de Cartagena ha desbordado la respuesta de
la administración, sí puede generarse una afectación a los derechos
fundamentales a la vida, la dignidad humana, la integridad personal y la
propiedad de los actores.

El segundo requisito, relativo a la afectación directa, no se observa
acreditado, pues si bien los actores hicieron un listado de los derechos
fundamentales amenazados, lo cierto es que no expusieron los hechos
puntuales en los que la problemática de orden público les representó un
menoscabo a sus garantías subjetivas.

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03518-01
Accionante: Alcides Arrieta Meza y Otro

En este punto, se resalta que, tanto la Policía Nacional como la Unidad
Nacional de Protección, explicaron que no encontraron una afectación
superior a la ordinaria para el caso de los actores, por lo que no puede
hablarse de un riesgo inmediato y directo.

El tercer requisito, esto es, la certeza, también se encuentra
incumplido, en tanto que, si bien aportan varios reportajes periodísticos,
junto con el informe rendido por la Policía Nacional donde se advierte un
aumento de la criminalidad para el 2022, que parecen respaldar la
afirmación sobre una afectación general a la seguridad en el Distrito de
Cartagena, es decir, al derecho colectivo, respecto de los derechos
fundamentales, particularmente hablando de los actores, no existe
claridad alguna sobre su vulneración.

Finalmente, el requisito sobre que la pretensión este dirigida a la
protección del derecho fundamental y no el colectivo, no puede
tenerse como acreditado, pues claramente una orden como lo es que el
Presidente de la República evalúe la opción de declarar el Estado de
conmoción interior, implica una medida de orden general para todos los
habitantes del Distrito de Cartagena, por lo que no puede entenderse
como una pretensión exclusivamente para el amparo de las garantías
subjetivas de los actores. En ese orden de ideas, ya que la tutela aquí
pretendida no cumple con los requisitos exigidos por la jurisprudencia,
no es posible abordar el estudio de fondo en este caso particular, en
tanto que carece del requisito de subsidiariedad, incluso de forma
excepcional. […]»

Como se puede apreciar, en la primera instancia fueron analizados a
profundidad los requisitos que deben concurrir para que proceda de manera
excepcional la acción de tutela cuando el objeto es la protección de derechos
colectivos, concluyéndose que no se daban los presupuestos,
fundamentalmente, porque los actores no acreditaron que estuviesen siendo
afectados directamente.

Ahora bien, esta Sala comparte plenamente la conclusión a la que arribó el
a quo, comoquiera que los actores, se reitera, se limitaron a allegar al
presente proceso una serie de piezas periodísticas que recogen algunos
hechos de inseguridad que se vienen presentando en la ciudad de
Cartagena, pero no se precisa de qué manera ellos, en su condición de
ciudadanos, se han visto afectados, o en qué medida sus derechos
fundamentales se han vulnerado, por lo que procede confirmar la decisión
de primera instancia y declarar improcedente la presente acción.

Finalmente, los accionantes afirman actuar en defensa de los derechos de
todos los habitantes de la ciudad. Dicha manifestación desvirtúa el carácter
subjetivo e individual de la acción de tutela, la cual está instituida para

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03518-01
Accionante: Alcides Arrieta Meza y Otro

proteger como regla general derechos subjetivos personales y no
colectivos11 de una comunidad.

En consecuencia, la Sala confirmará la decisión de primera instancia por
encontrar que en el caso concreto no se cumple con el requisito de
subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de agosto de 2022, proferida
por la Sección Quinta de esta Corporación.

SEGUNDO: ORDENAR a la Secretaría, que envíe el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, dentro del término legal.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
VALDÉS Consejero de Estado
Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

11 En algunos casos la Corte Constitucional ha declarado procedente la acción de tutela para derechos colectivos,

verbi gracia, temas ambientales.

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