Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03523-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03523-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03523-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
11 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03523-00
Demandante: Ana Teresa Ramírez Bustos
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03523-00
Demandante ANA TERESA RAMÍREZ BUSTOS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA CUARTA DE
DECISIÓN
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Requisitos generales y
especiales de procedibilidad. Defectos: sustantivo, desconocimiento
del precedente y violación directa a la Constitución. Medio de control
de reparación directa. Privación injusta de la libertad. Razonabilidad
de la medida de aseguramiento.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por Ana Teresa Ramírez Bustos, de
conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 30 de junio de 20221, Ana Teresa Ramírez Bustos, actuando a través de
apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, por considerar vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones2:
“PRIMERO: Se REVOQUE o, en su defecto, SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia de primera
instancia datada del 01 de diciembre de 2016 (sic) proferida por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ proferida dentro del medio de control de Reparación
Directa con radicación 18-001-33-40-003-2016-00807-01, por haber incurrido estas decisiones
en los defectos sustantivo o material, desconocimiento del precedente jurisprudencial y en
violación directa de la Constitución, de conformidad con los argumentos planteados en este
memorial.
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, proferir una nueva sentencia de segunda instancia
dentro del medio de control de Reparación Directa con radicación 18-001- 33-40-003-2016-
00807-01 respetando las disposiciones contenidas en los artículos 7, 295, 307, 308 y 313 de
la Ley 906 de 2004, respetando la presunción de inocencia como principio del debido proceso
contenida en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, respetando el precedente
jurisprudencial vertical del Consejo de Estado de fecha 15 de noviembre de 2019 dentro de la
radicación No. 11-001-03-15-000-2019-00169-01 y el precedente jurisprudencial
constitucional de la Corte Constitucional en sentencia SU-363 de 2021 y aplicando en debida
forma los artículos 295, 306 y 308 de la Ley 906 de 2004 para verificar la legitimidad o
justificación de la medida de aseguramiento.
1 La acción de tutela se radicó a través de correo electrónico remitido desde el buzón
brandonlawyer02@gmail.com
2 Página 11 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Consultado a través del sistema de gestión judicial
del Consejo de Estado: SAMAI (índice 2).
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TERCERO: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados
como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función Id Documento:
11001031500020220352300005025010001 de guardián de la Constitución, pueda establecer
como violados, amenazados y/o vulnerados.”
2. Hechos
En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. El 20 de noviembre de 2011, el señor César Augusto Pérez Ramírez fue
capturado en la ciudad de Pereira en virtud de orden judicial, por los hechos
ocurridos el 31 de marzo de 2011 en la ciudad de Florencia donde resultó
muerta una persona y otra gravemente herida, como consecuencia de un
intercambio de disparos.
El 21 de noviembre de 2011, el Juzgado Cinco Penal Municipal con Funciones
de Control de Garantías de Pereira adelantó audiencia en la que legalizó la
captura, avaló la formulación de imputación y decretó medida de detención
preventiva, contra el señor Cesar Augusto Pérez Ramírez por los delitos de
homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. La medida
fue apelada y resuelta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en
el sentido de confirmarla.
El 14 de febrero de 2013, en audiencia de juicio oral, el Juzgado Segundo
Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Florencia (Caquetá)
dictó sentencia condenatoria contra el señor Pérez Ramírez en calidad de
autor de los delitos imputados. La decisión fue revocada en segunda instancia
por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia que, en su lugar,
profirió decisión absolutoria y dispuso la libertad inmediata del acusado.
2.2. Cesar Augusto Pérez Ramírez y otros, entre los que se encontraba la hoy
accionante, promovieron medio de control de reparación directa contra la
Nación, Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación para que se declarara
su responsabilidad administrativa y patrimonial, por la privación de la libertad
de la que fue objeto el señor Pérez Ramírez.
2.3. El conocimiento del asunto en primera instancia correspondió al Juzgado
Tercero Administrativo de Florencia que, en sentencia del 31 de julio de 2019,
declaró la responsabilidad administrativa, patrimonial y solidaria de las
entidades demandadas y las condenó al pago de los perjuicios de orden
material e inmaterial. El proceso fue identificado con la radicación Nro. 18001-
33-40-003-2016-00807-00/01.
Como fundamento de su decisión, el juez contencioso expuso que el caso
debía analizarse bajo el régimen objetivo de responsabilidad. Destacó que en
el proceso estaba probado el daño antijurídico, la imputación y se descartó la
configuración de alguna eximente de responsabilidad del Estado, por lo que
debía declararse que la privación fue injusta y condenar a las entidades
accionadas al pago de perjuicios a favor de los demandantes.
2.4. La Fiscalía General de la Nación apeló la providencia de condena.
2.5. En sentencia del 3 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión revocó el fallo de primera instancia y, en su lugar,
negó las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión
expuso que el caso concreto, debía analizarse bajo el régimen subjetivo de
responsabilidad conforme lo exige el marco jurídico y jurisprudencial vigente.
En esa línea, correspondía negar las pretensiones de la demanda, porque la
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medida de aseguramiento se ajustó a la ley procesal vigente y fue necesaria,
proporcional y racional. Al respecto, se extracta el siguiente aparte de la
sentencia:
“Así las cosas, a juicio de la Sala, se tiene que para el momento de la solicitud de medida
de aseguramiento por parte de la Fiscalía General era posible inferir razonablemente
que el señor CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ podía ser autor o partícipe de la
conducta punible que se investigaba. Ciertamente, era razonablemente plausible
suponer su incursión en el ámbito típico de los delitos luego imputados, dadas las
pruebas entonces existentes y que lo relacionaban directamente con la conducta ilícita
cometida.”
La providencia registró salvamento de voto de la magistrada Yannett Reyes
Villamizar. Expuso que la medida de aseguramiento no estuvo debidamente
sustentada en relación con los requisitos de necesidad y proporcionalidad.
Asimismo, dijo que, en el proceso penal, solo se probó que el investigado
estuvo en el lugar de los hechos, pero no que hubiera accionado el arma de
fuego contra el occiso, lo que deja ver que la teoría del caso no tenía solidez
probatoria. Luego, la medida de aseguramiento fue injusta.
La sentencia de segunda instancia se notificó a las partes a través de correo
electrónico del 2 de marzo de 20223.
3. Fundamentos de la acción
En lo relativo a los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, la
accionante manifestó, entre otros, que la solicitud de amparo cumple con el
presupuesto de relevancia constitucional, porque guarda relación con la indebida
intromisión del juez contencioso en asuntos propios del juez penal, lo que se traduce
en una afectación de su derecho al debido proceso. Destacó que Cesar Augusto
Pérez Ramírez ya había sido absuelto en el proceso penal en aplicación del principio
in dubio pro reo, pero “(…) aun así consideraron su actuar como sospechoso en la jurisdicción
contenciosa administrativa, jurisdicción que no es la natural para analizar dichos estamentos
fácticos.”
Relativo a las causales especiales de procedibilidad, expuso que, en la sentencia
del 3 de febrero de 2022, el Tribunal Administrativo del Caquetá incurrió en violación
directa a la Constitución, defecto sustantivo y desconocimiento del precedente
judicial.
Estimó que la accionada incurrió en violación directa a la Constitución frente al
derecho a la presunción de inocencia del señor Cesar Augusto Pérez, debido a que
en la providencia acusada valoró su conducta pre procesal relacionada con los
hechos del proceso penal al indicar que “(…) para la época de los hechos podía inferirse
razonablemente que era autor o partícipe de la conducta de la cual fue posteriormente absuelto,
apreciación que a todas luces oscila y atenta contra la inocencia ya declarada en favor del citado
individuo”.
Agregó que el Tribunal accionado “(…) inobservó que privar de la libertad al inocente es
injusto pues claramente existe una falla en el servicio de la persecución penal, pues no se ganó el
juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación como actuación necesaria para dar mérito y
justificación a la medida de aseguramiento impuesta, siendo este fracaso en sede de juzgamiento lo
que convierte en un daño antijurídico la privación de la libertad del procesado por ser injusta.”
Dijo que la actuación del Tribunal se tradujo en revivir el debate relativo a la
responsabilidad penal del investigado quien ya fue declarado inocente en una
3 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa Nro. 18001-3340003-201600807-01.
Página 138 del Cuaderno 3. Samai, índice 5.
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providencia judicial que hizo tránsito a cosa juzgada, so pretexto de justificar una
medida de aseguramiento que resultaba antijurídica e injusta.
De otra parte, la accionante estima que la sentencia acusada adolece de defecto
sustantivo debido a que el Tribunal realizó una interpretación errónea de los
artículos 295, 306 y 308 de la Ley 906 de 2004. Considera que el correcto
entendimiento de estas normas permite evidenciar que el juez penal que impuso la
medida de aseguramiento, lo hizo en desconocimiento de los presupuestos legales
para tal propósito, es decir que la medida sea adecuada, razonable, necesaria,
urgente y proporcional.
Expuso que, la medida no fue razonable en los términos del artículo 308 de la Ley
906 de 2004, porque en las audiencias preliminares se indicó que el señor Cesar
Augusto Pérez no portaba ningún arma de fuego y que las víctimas solo lo
identificaban como acompañante del agresor. En relación con el elemento de
necesidad, manifestó que el juez penal no realizó la valoración comportamental del
sujeto activo de la conducta y resolvió el requisito de necesidad sólo atendiendo a
la gravedad del delito investigado. Respecto al elemento de urgencia destacó que
en el caso concreto no fue valorado por el juez y, en todo caso, no encuentra
respaldo en ningún fin constitucionalmente legítimo.
Dicho lo anterior, advirtió que para definir si se encontraban acreditados los
elementos de necesidad y urgencia de la medida de aseguramiento, correspondía
a la autoridad judicial accionada realizar un test difuso de convencionalidad para
“valorar correctamente la normativa interna sobre los requisitos de la medida de aseguramiento”.
En lo que respecta al requisito de proporcionalidad, la accionante destacó que
tampoco se cumplió, pues el juez con función de garantías no se percató de que
“privar de la libertad al señor CESAR AUGUSTO PÉREZ comportaba más un grave daño a su
integridad moral que un beneficio para la comunidad (…)”
Finalmente, alegó que el Tribunal accionado incurrió en desconocimiento del
precedente judicial conformado por la sentencia de tutela del 15 de noviembre de
2019, proferida dentro del proceso constitucional nro. 11001-03-15-000-2019-
00169-01 y por la sentencia SU363 de 2021, proferida por la Corte Constitucional.
En relación con la primera, indicó que el juez de lo contencioso administrativo no
está facultado para revisar las decisiones de la jurisdicción penal ni para
pronunciarse frente a la conducta pre procesal del investigado.
En lo que atañe a la sentencia SU363 de 2021, señaló que aunque fue relacionada
en la providencia acusada, no se atendió al real contenido de sus reglas de decisión
relativo a la manera en que debe analizarse la antijuridicidad del daño en los eventos
en que se persigue la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad.
A manera de conclusión expuso que “(…) el tribunal ad quem está realizando nuevamente la
valoración probatoria de procedencia de la solicitud de la imposición de la medida de aseguramiento
y no un análisis de legalidad sobre las consideraciones del juez con función de control de garantías
al momento de decretarla como lo demanda la función contenciosa administrativa en materia de
daños, lo que comporta que, el tribunal administrativo del Caquetá lo que hizo fue revestirse de la
función de control de garantías establecida en el artículo 39 de la Ley 906 de 2004 y dar su propia
apreciación sobre el por qué encontraba como adecuada, razonable, proporcionada y urgente la
medida de aseguramiento.”
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 8 de julio de 2022, el despacho ponente admitió la acción de tutela
presentada por la señora Ana Teresa Ramírez Bustos, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta
de Decisión.
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Asimismo, ordenó notificar a las partes y vinculó, en calidad de terceros, a: la
Nación, Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial; a Jhoan Sebastián
Ramírez Bustos, César Augusto Pérez Ramírez, Eliana Paola Pérez Nieto,
César Stiven Pérez Hernández, Carlos Andrés Pérez Ramírez, Héctor Fabio
Pérez Ramírez, Jhanier Stiven Ramírez Bustos, Luis Hernando Ramírez
Bustos, Lucila Ramírez bustos; y al Juzgado Tercero Administrativo del
Circuito de Florencia, todos estos sujetos procesales en la pretensión de
reparación directa nro. Nro. 18001-33- 40-003-2016-00807-00/01.
4.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de abogada de la Dirección
de Asuntos Jurídicos de la entidad, expuso que el asunto no cumple con el
requisito de relevancia constitucional, porque la parte actora busca retrotraer
las actuaciones y etapas procesales de un asunto que ya surtió su trámite, lo
cual desconoce la naturaleza subsidiaria de la acción de tutela, más aún
cuando no se demuestra la vulneración de derecho fundamental alguno.
Sostuvo que la acción de tutela tampoco supera el requisito general de
subsidiariedad, pues los accionantes no explicaron por qué a pesar de existir
otros mecanismos judiciales para controvertir la sentencia proferida en
segunda instancia por el Tribunal Administrativo del Caquetá, no los agotaron
antes de acudir a la acción de tutela. Agregó que no está probado un perjuicio
irremediable que justifique un eventual amparo transitorio.
Frente al fondo del asunto destacó que no se encuentran acreditados los
defectos invocados por la parte accionante, por el contrario, considera que las
pruebas del proceso fueron valoradas conforme a la sana crítica y conforme al
marco jurídico y jurisprudencial aplicable. Finalmente, señaló que la decisión
objeto de análisis guarda armonía con los parámetros y reglas de decisión
fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia SU-072 de 2018. Relativo a
la sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019, dijo que sus efectos son
inter partes, por lo que las reglas de decisión allí establecidas no constituyen
precedente, sino doctrina constitucional.
4.3. El Consejo Seccional de la judicatura de Florencia, Caquetá, a través de
abogado, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela debido
a que la sentencia del Tribunal Administrativo del Caquetá se fundamentó en
el análisis de la razonabilidad de la medida de aseguramiento a partir de los
medios de prueba del proceso. Agregó que la sentencia acusada fue proferida
en el curso de la segunda instancia del proceso de reparación directa que
clausuró la acción judicial, más aún cuando la accionante no activó los
mecanismos extraordinarios de protección.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19914, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
4 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
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es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales5
y especiales6 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional7 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.
3. Determinación del problema jurídico
La señora Ana Teresa Ramírez Bustos discute que el Tribunal Administrativo del
Caquetá, Sala cuarta de Decisión, vulneró su derecho fundamental al debido
proceso en lo relativo a la presunción de inocencia, al proferir la sentencia del 3 de
febrero de 2022, dado que soslayó la aplicación del precedente judicial pertinente
para la decisión del caso y porque interpretó indebidamente los artículos del Código
de Procedimiento Penal relativos a la imposición de la medida de aseguramiento en
el curso del proceso penal.
En esa vía corresponde a la Sala, en primer lugar, determinar si la solicitud de
amparo supera los requisitos generales de procedibilidad. En caso afirmativo,
pasará a establecer si la sentencia del 3 de febrero de 2022 adolece de defecto
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la
Constitución.
4. La acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedibilidad
establecidos en la jurisprudencia constitucional
Lo primero es indicar que en el caso concreto se cumplieron los requisitos generales
de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Esto porque
(i) la solicitud de amparo se presentó en un término razonable, dado que fue
5 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
6 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
7 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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radicada el 30 de junio de 2022 y la sentencia que se acusa se notificó el 2 de marzo
de 2022; (ii) en el escrito de tutela se hace una narración clara de los hechos y de
los defectos de los que la parte actora considera que adolece la providencia; (iii)
contra la sentencia acusada no procede recurso ordinario o extraordinario que
permita la protección de los derechos que se estiman desconocidos; y (iv) el caso
comporta relevancia constitucional, porque se aduce la vulneración de derechos
fundamentales que tienen como presunta causa una providencia judicial de segunda
instancia, en relación con las premisas jurídicas en las que la autoridad judicial
accionada fundamentó su decisión.
Aunque la Fiscalía General de la Nación acusó que la acción de tutela no superaba
el requisito de subsidiariedad, lo cierto es que no expuso cuál era el mecanismo
judicial ordinario o extraordinario a disposición de la parte actora que cumplía con
los requisitos de idoneidad y efectividad para procurar la protección de los derechos
presuntamente vulnerados. Y conforme los argumentos de la solicitud de amparo,
esta Sala descarta la procedencia del recurso extraordinario de revisión, ya que la
discusión propuesta no se acompasa con ninguna de las causales del artículo 250
del CPACA. Así que se descarta la prosperidad del argumento.
5. La sentencia del 3 de febrero de 2022 no materializa una vulneración al
principio de presunción de inocencia del señor Pérez Ramírez
5.1. La acción de tutela se fundamentó en dos argumentos de disenso. En primer
lugar, se discutió que la sentencia judicial acusada vulneró el debido proceso
en el ámbito de presunción de inocencia de quien fue investigado y absuelto
en el curso del proceso penal. La segunda inconformidad, refiere a que el
análisis de la antijuridicidad del daño desatendió los presupuestos
establecidos en el código procesal penal para imponer la medida de
aseguramiento.
En este acápite, la Sala centrará el análisis en el primer alegato, el cual entraña
la presunta materialización del defecto por violación directa a la constitución
en tanto se desconoció el principio de presunción de inocencia, dado que, a
juicio de la accionante, no le está permitido al juez de lo contencioso
administrativo retomar discusiones relativas al comportamiento pre procesal
del investigado o sobre su responsabilidad penal, porque ello ya fue decidido
en la jurisdicción penal por la autoridad competente, con efectos de cosa
juzgada. En esa vía, estima que la ratio de la sentencia del 3 de febrero de
2022 desconoce a su vez, el precedente conformado por la sentencia de tutela
del 15 de noviembre de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y por la sentencia SU363 de 2021 de la Corte
Constitucional.
5.2. Conviene en este punto recordar la argumentación expuesta por el Tribunal
Administrativo del Caquetá en relación con el análisis del elemento de
imputación. Veamos:
“Corresponde a la Sala analizar si, conforme al material probatorio obrante en el
plenario, la privación de la libertad de la que fue objeto el señor PÉREZ RAMÍREZ
durante el referido período se tornó en antijurídica y, por ende, no estaba en el deber
jurídico de soportar. En la audiencia preliminar llevada a cabo el 21 de noviembre de
2.011, la Fiscalía General de la Nación elevó solicitud de imposición de medida de
aseguramiento en centro carcelario en contra del señor CESAR AUGUSTO PÉREZ
RAMÍREZ, argumentando14 (se transcribe en forma textual)
<< (…) Pero nos ilustra de mejor manera de ese acontecer fáctico que tuvo su ocurrencia
concretamente en el Barrio (…), una persona que precisamente está ya vinculada porque ya
se formuló imputación y quien rindió un interrogatorio con todas las formalidades de la Ley,
me refiero al señor Emiro Francisco (…) conocido con el alias del "Costeño", esta persona
nos cuenta en su narrativa en su interrogatorio como ese día 31 de marzo como ya he dicho
de la presente anualidad, él, en compañía del hoy aprehendido señor CÉSAR AUGUSTO
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PÉREZ RAMÍREZ llegaron hasta ese sitio porque previamente se habían concertado,
previamente habían acordado entre ellos que iban a realizar allí una transacción comercial de
una sustancia ilegal, de doce kilos de cocaína, que cuando llegaron ahí fueron atendidos por
el hoy occiso y por la víctima de la tentativa de homicidio y que en el transcurso de esta
transacción se presentó un incidente y este fue que el óbito observo que dentro del dinero que
se le entregaba como pago de la sustancia habían unos billetes falsos lo que ocasionó su
reacción violenta, los reclamos a estos dos señores, entre ellos, al señor César, y que en vista
de esto, esto en últimas desencadenó que el occiso desenfundo un arma de fuego (…)>>
El Juez Quinto Penal Municipal de Pereira - Risaralda con funciones de control de
garantías, luego de analizar los argumentos y elementos materiales probatorios
aportados por el ente investigador, accedió a la solicitud de imponer medida de
aseguramiento al señor CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ, expidiendo la Boleta de
Detención No. 148.
El 14 de febrero de 2.013 se llevó a cabo la audiencia del juicio oral, en la que se profirió
sentencia condenatoria en contra del procesado y se lo condenó a la pena principal de
480 meses de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funcione públicas
por el mismo período, providencia que fue revocada por el Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia - Sala Segunda de Decisión el 15 de octubre de 2.015 (…)
Ahora bien, establecidos los hechos que conllevaron a la privación de la libertad del
señor CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ, corresponde a la Sala establecer si la
circunstancia de que hubiera resultado absuelto dentro del proceso penal seguido en
su contra por los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y porte
de armas de fuego de uso personal, resulta suficiente para derivar -por ese solo hecho-
responsabilidad a cargo del Estado, toda vez que se debe determinar, en primera
instancia, si la medida restrictiva de la libertad proferida en su momento por el juez de
control de garantías, conforme a las pruebas entonces existentes y recopiladas por la
Fiscalía General de la Nación, resultó injusta y, en tal caso, generadora de un daño
antijurídico imputable a la administración que deba ser resarcido, al tenor de lo
dispuesto en el artículo 90 Constitucional.
Para ello, ha de partirse, en primer lugar, de lo dispuesto en la Ley 906 de 2.004, en
tanto la medida privativa de la libertad se impuso al tenor de lo regulado en esta
codificación.
Conforme al análisis del acervo probatorio, advierte la Sala que el daño irrogado a los
demandantes -privación de la libertad de CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ - carece
de antijuricidad, en tanto la medida de aseguramiento que se le impuso en su momento
por el juez de conocimiento, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se
encontraba plenamente justificada, conforme al referido marco normativo, según se
analiza a continuación.”
5.3. Establecido lo anterior, esta Sala descarta la prosperidad del alegato, porque
el fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferido por la Subsección B
de la Sección Tercera del Consejo de Estado no se erige como precedente
para resolver el caso concreto por una razón de falta de pertinencia.
Recuérdese que las reglas creadas en esta sentencia de tutela refieren, en lo
primordial, a los presupuestos de análisis de la eximente de responsabilidad
del Estado del hecho de la víctima en casos de privación injusta de la libertad.
Como prueba de esta afirmación conviene recordar el problema jurídico que
se propuso resolver el juez constitucional en aquella sentencia de tutela:
“- En consecuencia, el problema jurídico a resolver debe precisarse en los siguientes
términos: ¿puede el Juez de la responsabilidad exonerar al Estado con base en la culpa
de la víctima, construida a partir de su conducta preprocesal sin violar directamente su
derecho al debido proceso y sin vulnerar su presunción de inocencia, cuando la Fiscalía,
precluyó la investigación por atipicidad de la conducta en una decisión ejecutoriada que
hizo tránsito a cosa juzgada? Para la Sala se impone una respuesta negativa al anterior
interrogante por las razones que se exponen a continuación.”
El escenario fáctico de la sentencia del 15 de noviembre de 2019, guarda
relación con un caso de privación injusta de la libertad en el que se exoneró la
responsabilidad del Estado, por considerar que el daño alegado tuvo como
causa eficiente el hecho exclusivo y determinante de la víctima, pero en el
asunto sub examine, la sentencia que negó las pretensiones de la demanda
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de reparación directa se fundamentó, principalmente, en que la privación de la
libertad de la que fue objeto el señor Pérez Ramírez no se podía catalogar
como antijurídica, comoquiera que estuvo fundamentada en los presupuestos
del artículos 308 y siguientes de la Ley 906 del 2004. Esto quiere decir, que
no hay identidad jurídica ni fáctica entre la sentencia que se predica como
precedente y el caso objeto de análisis.
5.4. Ahora, relativo a la sentencia SU363 de 2021, se precisa que la Corte
Constitucional aún no ha proferido ni publicado el texto final y oficial de esta
providencia; sólo fue emitido un comunicado de prensa8, el cual, como ya lo
ha indicado esta Sección en otras oportunidades9, no tiene efectos vinculantes
y por ende tampoco aptitud para constituir precedente exigible a la autoridad
accionada.
La anterior afirmación encuentra fundamento en (i) el artículo 64 de la Ley 270
de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, según la cual
corresponde a los presidentes de las corporaciones judiciales dar a conocer el
contenido y alcance de las providencias por razones informativas y de
pedagogía jurídica. En esa línea, en el caso de la Corte Constitucional, el
artículo 9°, literal c) del Reglamento Interno señala que corresponde al
presidente informar oficialmente sobre los asuntos decididos por la Sala Plena;
en (ii) los autos A-283 de 2009, A-022 de 2013, A-235 de 2015 y A-521 de
2016, en los que la Corte ha indicado que los comunicados de prensa tienen
un carácter apenas informativo y no generan efectos jurídicos; y en (iii) el
artículo 36 del Decreto 2591 de 1991, cuyo contenido indica que es al juez de
tutela de primera instancia a quien corresponde notificar el contenido de las
sentencias proferidas en sede de revisión por la Corte Constitucional.
Conforme lo indicado, se reitera, que el comunicado Nro. 39 en el que el
presidente de la Corte Constitucional informó sobre la expedición de la
sentencia SU363 de 2021 no tiene fuerza vinculante, por lo que no hay lugar
proceder con el análisis de fondo del cargo en tanto no se trata de un
precedente vigente.
5.5. De otro lado, los apartes citados de la sentencia del 3 de febrero de 2022
también dan cuenta de que el Tribunal Administrativo del Caquetá no valoró la
conducta pre procesal del investigado con miras a establecer juicios en
relación con su responsabilidad penal, como lo expuso la accionante, sino que
se limitó, conforme lo exige el marco jurídico vigente para eventos de privación
injusta de la libertad, a estudiar si la decisión de imponer medida de
aseguramiento fue razonable, proporcionada y legal. Entonces, la referencia
que hizo la autoridad judicial accionada en relación con la inferencia razonable
de responsabilidad y/o participación del imputado en el punible investigado, en
realidad deriva de uno de los presupuestos consagrados en el artículo 308 de
la Ley 906 de 2004, para sustentar la imposición de la medida, de cuyo estudio
no puede prescindir el juez contencioso, pero que se entiende que guarda
relación con una etapa preliminar del proceso penal, en la que la inferencia
razonable se analiza a la luz de los elementos materiales probatorios y
evidencia física recaudada hasta ese momento.
5.6. Lo indicado hasta aquí permite concluir a la Sala que la ratio de la sentencia
judicial acusada no involucra una vulneración del derecho fundamental al
8 Comunicado de prensa nro. 39 del 22 de octubre de 2021.
9 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta del Consejo de Estado.
Sentencia del 30 de junio de 2022. Proceso nro. 11001-03-15-000-2022-02608-00 (AC). M.P. Stella
Jeannette Carvajal Basto; sentencia del 12 de diciembre de 2018. Proceso nro. 11001-03-15-000-2018-
00801-01(AC). M.P. Stella Jeannette Carvajal Basto.
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debido proceso de la accionante, dado que el Tribunal Administrativo del
Caquetá no adelantó valoraciones o juicios que pudieran calificarse como una
intromisión a la competencia del juez penal o en la que se hicieran
calificaciones contrarias a la sentencia penal en la que se absolvió al
investigado en aplicación del principio in dubio pro reo. Tampoco se concretó
defecto por desconocimiento del precedente judicial en relación con la
sentencia de tutela del 15 de noviembre de 2019 y la sentencia SU363 de
2021, pues como se indicó, la primera, no guarda identidad fáctica ni jurídica
con el asunto sub examine y, la segunda, no constituye precedente vigente
exigible a la autoridad judicial accionada.
6. La providencia acusada fundamentó la decisión de negar las
pretensiones de la demanda en el marco jurídico aplicable
6.1. El defecto sustantivo es aquel vicio relacionado con la interpretación y
aplicación de las disposiciones que integran el ordenamiento jurídico, siempre
y cuando tenga una incidencia directa en la decisión y lesione derechos
fundamentales.
La jurisprudencia constitucional ha considerado que este defecto se produce
cuando (i) la providencia carece por completo de fundamento jurídico, por
ejemplo si toma una decisión con base en normas inexistentes o
inconstitucionales; (ii) la norma aplicada requería una interpretación
sistemática con otras normas, pero no se estudió así; (iii) se empleó una norma
constitucional, pero inaplicable al caso concreto; (iv) la providencia incurre en
incongruencia entre los fundamentos jurídicos y la decisión; (v) se aplica una
norma cuya interpretación desconoce sentencias con efectos erga omnes; (vi)
la normas no son interpretadas con enfoque constitucional.
6.2. La accionante estima que el Tribunal Administrativo del Caquetá realizó una
interpretación errónea de los artículos 295, 306 y 308 de la Ley 906 de 2004.
Considera que el correcto entendimiento de estas normas permitía concluir
que el juez penal que impuso la medida de aseguramiento, lo hizo en
desconocimiento de los presupuestos legales para tal propósito, es decir que
la medida sea adecuada, razonable, necesaria, urgente y proporcional.
Para decidir sobre la prosperidad del alegato, es pertinente relacionar los
apartes de la providencia que guardan relación con el análisis de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad de la medida de aseguramiento. Al
respecto el Tribunal expuso:
“(…) ha de partirse, en primer lugar, de lo dispuesto en la Ley 906 de 2.004, en tanto la
medida privativa de la libertad se impuso al tenor de lo regulado en esta codificación
[cita los artículos 307 y 308 del CPP]
Conforme al análisis del acervo probatorio, advierte la Sala que el daño irrogado a los
demandantes -privación de la libertad de CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ - carece
de antijuricidad, en tanto la medida de aseguramiento que se le impuso en su momento
por el juez de conocimiento, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación, se
encontraba plenamente justificada, conforme al referido marco normativo, según se
analiza a continuación.
Según quedó visto, la investigación penal se originó por los hechos ocurridos el 31 de
marzo de 2.011 en el interior de una vivienda ubicada en el Barrio Los Cristales de la
ciudadela Siglo XXI, de la ciudad de Florencia, donde resultó muerto MIGUEL ROMERO
y herido gravemente LUIS ALBERTO BECERRA MUÑOZ. Realizadas las labores de
investigación por parte de la Fiscalía, específicamente el interrogatorio rendido por el
señor EMIRO FRANCISCO ESCOBAR -quien también participó en los hechos y
además aceptó los cargos a él formulados dentro del proceso-, se estableció que uno
de los agresores respondía al nombre del hoy demandante CÉSAR AUGUSTO PÉREZ
RAMÍREZ, quien, según la referida declaración, ingresó al inmueble en compañía del
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citado ESCOBAR, portando armas de fuego, para momentos después causarle la
muerte a Miguel Romero y dejar gravemente herido a Alberto Becerra. Así mismo, es
de observar que conforme al reconocimiento fotográfico hecho por la víctima que
sobrevivió a la agresión armada, identificó en su momento al señor PÉREZ RAMÍREZ
como la persona que había atentado contra su vida y coparticipado en el homicidio del
señor ROMERO.
Así las cosas, a juicio de la Sala, se tiene que para el momento de la solicitud de medida
de aseguramiento por parte de la Fiscalía General era posible inferir razonablemente
que el señor CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ podía ser autor o partícipe de la
conducta punible que se investigaba. Ciertamente, era razonablemente plausible
suponer su incursión en el ámbito típico de los delitos luego imputados, dadas las
pruebas entonces existentes y que lo relacionaban directamente con la conducta ilícita
cometida.
Así las cosas, la medida de aseguramiento fue impuesta en cumplimiento de los
presupuestos sustanciales legalmente establecidos para su procedencia. Y, siendo ello
así, se concluye que la privación de la libertad a la que fue sometida el aquí actor no
resulta antijurídica.
De igual forma, la actuación de la Rama Judicial, por conducto del juez de control de
garantías, al ordenar la medida privativa de la libertad en contra del señor CÉSAR
AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ, al tenor de lo dispuesto en el artículo 308 de la Ley 906
de 2.004, se hacía necesaria, en tanto de los elementos de prueba en ese momento
existentes, allegados por el ente investigador, se infería razonablemente que el citado
señor podía ser autor o partícipe de las conductas punibles que se investigaban. En ese
orden, la decisión adoptada por el juez penal aparece plenamente proporcionada como
resultado del juicio de ponderación entre los intereses jurídicos enfrentados en el caso
concreto: efectividad de las decisiones que debe proferir la administración de justicia,
de un lado, y la esfera de derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro-
Así, pues, a juicio del Tribunal, no existe vínculo causal, entendido desde la perspectiva
de la “causalidad adecuada”, entre la medida de aseguramiento y los perjuicios por cuya
indemnización se reclama en el presente asunto, pues -se insiste la privación de la
libertad del demandante no tuvo su causa eficiente o adecuada en la actividad de la
administración de justicia, ni mucho menos en una falla del servicio imputable a esta,
sino en las pruebas que en ese momento comprometían su responsabilidad.” (Destaca
la Sala)
6.3. Conforme lo anterior, esta Sala observa que la motivación de la sentencia
sobre el análisis de los elementos de razonabilidad y proporcionalidad de la
medida de aseguramiento atendió al marco jurídico aplicable, como lo son los
artículos 307 y 308 de la Ley 906 de 2004. Además, se fundamentó en el
análisis de los presupuestos establecidos en estas disposiciones normativas,
como lo son la inferencia razonable de participación del imputado en calidad
de autor o partícipe de la conducta delictiva, a la luz de los materiales
probatorios y evidencia física que se recolectó al momento de adoptar la
decisión, y la ponderación de los elementos de necesidad y proporcionalidad
de la medida. La aplicación e interpretación de estas normas fue además
debidamente expuesta en la sentencia en atención al deber de motivación de
las providencias judiciales.
En la sentencia se indicó que los elementos de proporcionalidad y necesidad
de la medida estaban justificados en la evidencia física que había logrado
recolectar la Fiscalía General de la Nación para el momento en que debía
decidirse sobre la imposición de la detención preventiva, relativos al
interrogatorio rendido por uno de los partícipes en la conducta penal que se
investigaba, quien había aceptado cargos, y que señaló al señor Cesar
Augusto Pérez Ramírez como uno de los agresores e indicó que al momento
de los hechos portaba un arma de fuego.
Además, se consideró el reconocimiento fotográfico que hizo una de las
víctimas sobrevivientes del atentado, quien identificó al señor Pérez Ramírez
como copartícipe de los hechos delictivos objeto de investigación.
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El Tribunal accionado destacó que los elementos de convicción recolectados,
permitían concluir que la decisión de solicitar e imponer la medida de
aseguramiento era razonable y legal conforme las exigencias del código
procesal penal para tal propósito. Luego, se tiene que si fueron considerados
y justificados en la sentencia acusada los presupuestos legales para imponer
la medida de aseguramiento.
Por tal motivo, no le asiste razón al tutelante cuando sostiene que la medida
decretada en su contra desconoció los presupuestos de razonabilidad,
necesidad y urgencia.
Ahora, si lo que se discute por el accionante es supuesta valoración
contraevidente de la prueba trasladada del proceso penal, por considerar que
la medida de aseguramiento no estuvo suficientemente motivada, en tanto no
permitía tener por superados los presupuestos legales para la imposición de
la medida privativa de la libertad, este es un argumento que se enmarca dentro
de un eventual defecto fáctico, que no fue alegado en la acción de tutela. En
todo caso, observa la Sala que las consideraciones relativas a indicar la forma
como el juez penal debió analizar los presupuestos de necesidad,
proporcionalidad y urgencia de la medida, obedecen a un entendimiento
subjetivo que tiene la accionante en relación con la suficiencia del material
probatorio y evidencia física que presentó el ente investigador para sustentar
la solicitud de la medida de aseguramiento, y que refiere a un desacuerdo con
la valoración de las pruebas del proceso dado que le fueron desfavorables.
Así que, para esta Sala la providencia acusada no materializa defecto
sustantivo dado que fue motivada conforme a la premisa jurídica aplicable y
vigente, sin que se observe una interpretación irrazonable de las disposiciones
normativas que sirvieron de sustento a la decisión, como lo son los artículos
306 y siguientes de la Ley 906 de 2004.
7. Conclusión
Por todo lo expuesto, la Sala negará las pretensiones formuladas en la acción de
tutela por considerar que la sentencia del 3 de febrero de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo del Caquetá se fundamentó en las disposiciones jurídicas
pertinentes y vigentes para decidir sobre la antijuridicidad de la medida de
aseguramiento de la que fue objeto el señor Cesar Augusto Pérez Ramírez, y
porque no se observó que la ratio de la sentencia estuviera dirigida a usurpar las
competencias del juez penal ni se hicieron afirmaciones que afectara el derecho que
le asiste al señor Pérez Ramírez a ser tratado conforme la sentencia absolutoria
penal a su favor.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Negar las pretensiones de la acción de tutela interpuesta por Ana Teresa
Ramírez, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte
motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
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4. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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