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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03523-01

Fecha
22 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03523-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2022 proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación que negó la acción constitucional de la referencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03523-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

22 de septiembre de 2022

Demandante: Ana Teresa Ramírez Bustos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03523-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03523-01
Demandante: ANA TERESA RAMÍREZ BUSTOS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, SALA
CUARTA DE DECISIÓN

Temas: Tutela contra providencia judicial – Reparación directa por
privación injusta de la libertad – Desconocimiento del
precedente y sustantivo – Confirma negar

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Procede la Sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 11 de agosto de 2022, por medio del cual la Sección Cuarta del Consejo
de Estado negó la acción de tutela de la referencia.

1. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud

El 30 de junio de 2022 la señora Ana Teresa Ramírez Bustos, por conducto de
apoderada, instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá,
Sala Cuarta de Decisión, con el fin de que se le proteja su derecho fundamental al
debido proceso.

Dicha garantía la consideró vulnerada con la expedición de la sentencia de 3 de
febrero de 2022, que revocó la providencia del Juzgado Tercero (3.º)
Administrativo del Circuito de Florencia, que había accedido a las pretensiones del
medio de control de reparación directa identificado con el radicado número 18001-
33-40-003-2016-00807-01, interpuesto contra la Nación - Fiscalía General de la
Nación y Rama Judicial, para en su lugar, negarlas.

1.2. Hechos

De la solicitud de tutela se establecen los siguientes hechos que, a juicio de la
Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en este fallo:

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Demandante: Ana Teresa Ramírez Bustos
Demandado: Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03523-01

• En el escrito de tutela se indicó que la señora Ana Teresa Ramírez Bustos y
otros1 presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Fiscalía General de la
Nación, por la presunta privación injusta de la libertad que padeció el señor César
Augusto Pérez Ramírez con ocasión del proceso penal que se adelantó en su
contra por los delitos de “homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de
armas”, cuya absolución se dio en la segunda instancia; por aplicación del principio
de indubio pro reo2.

• El conocimiento de ese asunto le correspondió al Juzgado Tercero (3.º)
Administrativo del Circuito de Florencia y el 31 de julio de 2019 resolvió acceder a
las pretensiones de la demanda, al considerar que las autoridades demandadas
participaron en la producción de daño.

• En efecto, el juez precisó que “la Rama Judicial es responsable de los perjuicios
causados al demandante y sus familiares, no por culpa o dolo en su actuar, sino por el
daño colateral que causaron sus decisiones judiciales en la privación al derecho a la
libertad, del cual el particular no estaba en la obligación legal de soportar”.

• Frente a la Fiscalía General de la Nación, señaló que su responsabilidad en la
materialización del daño antijurídico consistió en que esta es la autoridad que
“solicita –la medida de aseguramiento-, la justifica y descubre elementos probatorios,
de manera que es tanto o igual de responsable que la Rama Judicial (…)”.

• En segunda instancia, el 3 de febrero de 2022, la Sala Cuarta de Decisión del
Tribunal Administrativo del Caquetá revocó el fallo de su a quo, luego de concluir
que “la medida de aseguramiento fue impuesta en cumplimiento de los presupuestos
sustanciales legalmente establecidos para su procedencia. (…)”, dado que del material
probatorio para el momento de la restricción de la libertad se podía inferir,
razonadamente, que el señor César Augusto Pérez Ramírez podía ser autor o
partícipe de la conducta punible que se investigaba.

• Lo anterior, en atención a que “se estableció que uno de los agresores respondía al
nombre del hoy demandante CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ, quien, según la
referida declaración, ingresó al inmueble en compañía del citado ESCOBAR, portando

1
La parte demandante estuvo integrada por los señores César Augusto Pérez Ramírez, Jhoan
Sebastián Ramírez Bustos, Eliana Paola Pérez Nieto, César Stiven Pérez Hernández, Carlos
Andrés Pérez Ramírez, Héctor Fabio Pérez Ramírez, Jhanier Stiven Ramírez Bustos, Luis
Hernando Ramírez Bustos, Lucila Ramírez Bustos y Ana Teresa Ramírez Bustos.
2
El 14 de febrero de 2013 el Juzgado Segundo (2º) Penal del Circuito con Funciones de
Conocimiento de Florencia (Caquetá) condenó al señor Cesar Augusto Pérez Ramírez, en calidad
de autor de los delitos de homicidio agravado, tentativa de homicidio y porte ilegal de armas; fallo
que el 16 de octubre del 2015 fue revocado por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Florencia.

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armas de fuego, para momentos después causarle la muerte a Miguel Romero y dejar
gravemente herido a Alberto Becerra. Así mismo, es de observar que conforme al
reconocimiento fotográfico hecho por la víctima que sobrevivió a la agresión armada,
identificó en su momento al señor PÉREZ RAMÍREZ como la persona que había atentado
contra su vida y coparticipado en el homicidio del señor ROMERO”.

• La sentencia que puso fin al proceso de reparación directa fue notificada el 2 de
marzo de 2022 y la solicitud de tutela se radicó el 30 de junio de 2022.

1.3. Fundamentos de la solicitud

La parte actora consideró que la autoridad judicial accionada incurrió en los
defectos sustantivo, violación directa de la Constitución y desconocimiento
del precedente.

En efecto, la tutelante expuso que se configuró el yerro consistente en la
violación directa de la Constitución, comoquiera que se trasgredió el derecho a
la presunción de inocencia al realizarse valoración de la conducta pre-procesal del
investigado y al invadir la “esfera funcional del juez de conocimiento penal”, tal como lo
“dejó dicho la magistrada YANETH REYES VILLAMIZAR, disidente del Tribunal
Administrativo del Caquetá, (…) mediante salvamento de voto (…)”.

Indicó que la judicatura accionada “(…) inobservó que privar de la libertad al inocente
es injusto pues claramente existe una falla en el servicio de la persecución penal, pues no
se ganó el juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación como actuación necesaria
para dar mérito y justificación a la medida de aseguramiento impuesta, siendo este
fracaso en sede de juzgamiento lo que convierte en un daño antijurídico la privación de la
libertad del procesado por ser injusta”.

Frente al defecto sustantivo, sustentó que el tribunal realizó una interpretación
errónea de los artículos 295, 306 y 308 de la Ley 906 de 2004, porque en las
audiencias preliminares se expuso que el señor Pérez Ramírez no portaba un
arma de fuego y que las víctimas solo lo identificaban como acompañante del
agresor.

Referente a los presupuestos para imponer la medida restrictiva de la libertad,
advirtió que no se cumplieron los requisitos de: (i) necesidad, porque el juez penal
no realizó la valoración comportamental y resolvió solo con fundamento en la
gravedad del delito investigado; (ii) urgencia3, debido a que no se encontró
respaldo en ningún fin constitucionalmente legítimo; (iii) razonabilidad en
atención a que desde el inicio de la investigación estaba probado de que el señor
Pérez no portaba arma y que solo acompañaba al agresor; y (iv)
3
En este punto se enfatizó la omisión de realizar el test de convencionalidad frente a la medida de
aseguramiento que se profirió.

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proporcionalidad, ya que no se ponderó que “privar de la libertad al señor CESAR
AUGUSTO PÉREZ comportaba más un grave daño a su integridad moral que un
beneficio para la comunidad (…)”.

Por su parte, alegó que ad quem incurrió en desconocimiento del precedente
judicial, al desatender lo dispuesto en el fallo de tutela del 15 de noviembre de
2019, proferida en el expediente con radicado número 11001-03-15-000-2019-
00169-01 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del Consejo de Estado y en
la sentencia SU363 de 2021 proferida por la Corte Constitucional.

1.4. Petición de amparo constitucional

Las pretensiones de la demanda de tutela son las siguientes:

“PRIMERO: Se REVOQUE o, en su defecto, SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia
de primera instancia datada del 01 de diciembre de 2016 proferida por el
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ proferida dentro del medio de
control de Reparación Directa con radicación 18-001-33-40-003-2016-00807-01, por
haber incurrido estas decisiones en los defectos sustantivo o material,
desconocimiento del precedente jurisprudencial y en violación directa de la
Constitución, de conformidad con los argumentos planteados en este memorial.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENE al TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ, proferir una nueva sentencia de segunda
instancia dentro del medio de control de Reparación Directa con radicación 18-001-
33-40-003-2016-00807-01 respetando las disposiciones contenidas en los artículos
7, 295, 307, 308 y 313 de la Ley 906 de 2004, respetando la presunción de
inocencia como principio del debido proceso contenida en el artículo 29 de la
Constitución Política de Colombia, respetando el precedente jurisprudencial vertical
del Consejo de Estado de fecha 15 de noviembre de 2019 dentro de la radicación
No. 11-001-03- 15-000-2019-00169-01 y el precedente jurisprudencial constitucional
de la Corte Constitucional en sentencia SU-363 de 2021 y aplicando en debida
forma los artículos 295, 306 y 308 de la Ley 906 de 2004 para verificar la legitimidad
o justificación de la medida de aseguramiento.

TERCERO: Que se ordene el amparo de aquellos derechos fundamentales no
invocados como amenazados, violados y/o vulnerados y que Usted, en su función
de guardián de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y/o
vulnerados.” (sic a toda la cita).

1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 8 de julio de 2022, la magistrada ponente de la primera instancia
admitió la acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala
Cuarta de Decisión. Asimismo, dispuso la vinculación, como terceros con interés
en las resultas del proceso, de la Nación - Fiscalía General de la Nación, la Rama
Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, de los señores Jhoan
Sebastián Ramírez Bustos, César Augusto Pérez Ramírez, Eliana Paola Pérez
Nieto, César Stiven Pérez Hernández, Carlos Andrés Pérez Ramírez, Héctor Fabio

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Pérez Ramírez, Jhanier Stiven Ramírez Bustos, Luis Hernando Ramírez Bustos,
Lucila Ramírez Bustos y del Juzgado Tercero (3.º) Administrativo del Circuito de
Florencia.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron las siguientes
contestaciones:

1.6.1. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de la coordinadora de la
Sección de lo Contencioso Administrativo de la Dirección de Asuntos Jurídicos,
solicitó declarar improcedente la tutela, pues la solicitante no cumplió con el
requisito de subsidiariedad, porque no agotaron los recursos a su alcance4, ni
expuso con claridad las razones por las cuales la decisión controvertida se
subsume en las causales que permiten el amparo contra una providencia judicial.

Agregó que la sentencia del tribunal se analizó a la luz de la sentencia de
unificación de la Corte Constitucional 072 de 2018, que establece que en todos los
casos en los que el juez contencioso estudia el título de imputación de privación
injusta de la libertad, debe establecer si la medida preventiva fue razonada y
proporcionada.

Manifestó que en cumplimiento de la sentencia de 15 de noviembre de 2019
(2019-169-01), que se alude como desconocida, “el Consejo de Estado para proferir
el nuevo fallo, se enmarc[ó] en los presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y
legalidad, exigidos por la ley y la jurisprudencia, toda vez que realizó un análisis
exhaustivo respecto del cumplimiento de los requisitos para imponer la medida de
aseguramiento”.

1.6.2. La Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial,
también solicitó que se declarara la improcedencia de la acción, ante la
inexistencia de la configuración de una vía de hecho. Además de que el estudio
que realizó el tribunal accionado fue de fondo, pues concluyó que la imposición de
“la medida de aseguramiento al señor CESAR AUGUSTO estaba fundado en unos
medios probatorios y evidencia física que le permitían a juez inferir razonablemente de ser
autor o participe (sic) de la conducta delictiva”.

1.7. Fallo impugnado

La Sección Cuarta del Consejo de Estado, el 11 de agosto de 2022, negó la
acción de la referencia, al considerar que las sentencias que se relacionaron como
desconocidas no constituyen precedente porque (i) frente al fallo de tutela no se

4
La accionada no precisó a qué recursos procesales se refiere.

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comparten los supuestos fácticos con el caso que hoy nos ocupa y (ii) dado que,
respecto a la SU-363 de 2021, solo hay “un comunicado de prensa, el cual, como ya
lo ha indicado esta Sección en otras oportunidades, no tiene efectos vinculantes y por
ende tampoco aptitud para constituir precedente exigible a la autoridad accionada.”

Precisó que “el Tribunal Administrativo del Caquetá no valoró la conducta pre procesal
del investigado con miras a establecer juicios en relación con su responsabilidad penal,
como lo expuso la accionante, sino que se limitó, conforme lo exige el marco jurídico
vigente para eventos de privación injusta de la libertad, a estudiar si la decisión de
imponer medida de aseguramiento fue razonable, proporcionada y legal”.

Manifestó que “la motivación de la sentencia sobre el análisis de los elementos de
razonabilidad y proporcionalidad de la medida de aseguramiento atendió al marco jurídico
aplicable, como lo son los artículos 307 y 308 de la Ley 906 de 2004”.

Finalmente resolvió, en relación a la violación directa de la Constitución, que no
advertía la “vulneración del derecho fundamental al debido proceso de la accionante,
dado que el Tribunal Administrativo del Caquetá no adelantó valoraciones o juicios que
pudieran calificarse como una intromisión a la competencia del juez penal o en la que se
hicieran calificaciones contrarias a la sentencia penal en la que se absolvió al investigado
en aplicación del principio in dubio pro reo”.

Agregó que la providencia del ad quem del proceso ordinario “se fundamentó en el
análisis de los presupuestos establecidos en estas disposiciones normativas, como lo son
la inferencia razonable de participación del imputado en calidad de autor o partícipe de la
conducta delictiva, a la luz de los materiales probatorios y evidencia física que se
recolectó al momento de adoptar la decisión, y la ponderación de los elementos de
necesidad y proporcionalidad de la medida”.

1.8. Impugnación5

La accionante solicitó revocar el fallo de primera instancia, para lo cual insistió en
el desconocimiento del precedente contenido en el fallo de tutela del 15 de
noviembre de 2019 (2019- 00169-01) y en la sentencia SU363 de 2021 proferida
por la Corte Constitucional e hizo énfasis en que los pronunciamientos de esta
última corporación en mención “tienen efectos jurídicos partir del día siguiente a aquél
en que tomó la decisión de exequibilidad (simple o condicionada) o inexequibilidad (…)”
(sic)6.

5
El fallo fue notificado el 19 de agosto de 2022 y la impugnación se presentó el 24 siguiente.
6
En este punto citó las sentencias T-832 de 2003 y C-355 de 2006, y “[e]xtracto obtenido del
artículo periodístico jurídico denominado “¿Desde cuándo producen efectos las sentencias de
constitucionalidad?” publicado el 11 de octubre de 2021 por ámbito jurídico y consultado el 24 de
agosto de 2022, (…)”.

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Advirtió que la Sección Cuarta del Consejo de Estado no valoró el salvamento de
voto presentado al interior del proceso ordinario, en el cual la magistrada disidente
expuso las razones del porqué “procedió a hacer reproche a la decisión de negar
las pretensiones de la demanda del medio de control de reparación directa”, lo
cual implica que la Sección Cuarta de esta Corporación incurrió en un defecto
fáctico.

Finalmente persistió en el cargo por defecto sustantivo “a la hora de aplicar los
artículos 295, 306 y 308 de la Ley 906 de 2004 concerniente a los requisitos para imponer
la medida de aseguramiento”.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer la impugnación presentada por la parte
accionante, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069 de
2015, modificado los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como con el
Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestión previa - Límites de los cargos a resolver en segunda instancia

Previo a plantear el problema jurídico, la Sala destaca que en la impugnación no
se insistió en el cargo por violación directa de la Constitución, razón por la cual,
esta Colegiatura no se referirá a este yerro.

Por su parte, no se tendrá en cuenta el argumento fundado en el defecto fáctico
contenido en el fallo constitucional de primera instancia de la Sección Cuarta de
esta Corporación, en atención a que la competencia de esta Colegiatura en
segunda instancia está delimitada, en el evento que se superen los requisitos
procedibilidad adjetiva, al análisis de la sentencia proferida al interior del proceso
ordinario, en concordancia con los cargos elevados en la solicitud de acción y la
impugnación.

Ahora, si a juicio de la parte accionante se dejaron de estudiar cargos expuestos
en el escrito inicial, pudo hacer uso de la solicitud de adición del proveído de
primer grado, sin embargo, esta oportunidad ya feneció7.

7
Si bien el Decreto 25191 e 1991 no contempla la solicitud de adición, en aplicación del Decreto
306 de 1992, es viable remitirse, “[p]ara la interpretación de las disposiciones sobre trámite de la
acción de tutela”, al Código General del Proceso “en todo aquello en que no sean contrarios a
dicho Decreto”, particularmente el artículo 287 del CGP.

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Finalmente, cabe resaltar que el criterio de esta Colegiatura es que los
salvamentos y aclaraciones de voto no tienen efectos vinculantes, al no
constituirse como un precedente judicial8.

2.3. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 11 de agosto de 2022, proferida por la Sección
Cuarta del Consejo de Estado, que negó la solicitud de amparo.

Para el efecto se estudiará: (i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencia judicial; (ii) el análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva;
(iii) las generalidades de los defectos alegados y; (iv) el caso en concreto.

2.4. La procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en fallo de 31 de julio de 20129
unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la procedencia de
la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas
Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el
tema10.

Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada Sección, decidió
modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte resolutiva de la
providencia, la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales11.

Sin embargo, fue importante precisar bajo qué parámetros procedería ese estudio,
pues la sentencia de unificación simplemente se refirió a los “fijados hasta el
momento jurisprudencialmente”.

Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación de 5 de agosto de 201412, la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo, decidió adoptar los criterios expuestos por

8
Ver al respecto Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 10 de junio de 2021, expediente 11001-03-15-000-2021-02143-00, M.P. Luis Alberto
Álvarez Parra.
9
Sala Plena. Consejo de Estado. Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. ACCIÓN DE
TUTELA - Importancia jurídica. Actora: NERY GERMANIA ÁLVAREZ BELLO. Magistrada Ponente:
María Elizabeth García González.
10
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
11
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”.
12
Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. Magistrado Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial.

Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Análisis sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Sobre el particular, la Sala destaca que este asunto es relevante
constitucionalmente pues, conforme con los argumentos esgrimidos en el escrito
de tutela, se trata de la presunta lesión al derecho fundamental al debido proceso,
ante la posible configuración de los defectos sustantivo y desconocimiento del
precedente.

En tales condiciones, se observa que existen suficientes motivos para resolver de
fondo los reparos expuestos por los tutelantes ante la notoria tensión entre el
derecho fundamental invocado y la decisión judicial objeto de reproche, por lo que
la Sala superará esta causal, y pasará a verificar si se cumplen los demás
presupuestos generales de procedibilidad.

2.5.2. Respecto al agotamiento de todos los medios de defensa judicial, se
tiene que la accionante no cuenta con otro instrumento distinto a la tutela para
conjurar la eventual transgresión que la aludida decisión pudiera irrogarle a sus
derechos fundamentales.

Esto, toda vez que contra la providencia proferida y ejecutoriada del Tribunal
Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de Decisión, que puso fin al proceso, no
procede ningún recurso, y que los cargos alegados no se encuadran en las
causales de procedencia de los recursos extraordinarios de revisión, ni de
unificación de jurisprudencia.

2.5.3. De igual manera, en el presente asunto se cumple el requisito de
inmediatez pues la decisión en cuestión se profirió el 3 de febrero de 2022 y se
notificó el 2 de marzo siguiente, mientras que la acción de tutela fue radicada el 30
de junio de 2022, es decir que, sin hacer alusión a la fecha de la ejecutoria, la
acción de tutela se presentó dentro de los seis meses que esta Sección considera
como plazo prudencial para acudir a esta instancia constitucional.

Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en la
que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó

13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de
2014, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela-Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.

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los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 200514,
para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencias
judiciales y reiteró que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar
el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas.

2.5.4. No se trata de una tutela contra decisión de igual naturaleza dado que la
providencia que controvierte la parte actora fue proferida dentro del proceso de
reparación directa identificado con el radicado N.º 18001-33-40-003-2016-00807-
01.

Por todo lo anterior, la Sala procederá a realizar el análisis de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente, al encontrar acreditados los
requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6. De las generalidades de los defectos alegados

2.6.1. Respecto al al defecto sustantivo, la Corte Constitucional15 ha explicado se
presenta cuando “la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al
caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una interpretación
que contraríe los postulados mínimos de la razonabilidad jurídica”16.

Puntualmente, lo configuran los siguientes supuestos:

a) El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al
caso concreto, por impertinente17 o porque ha sido derogada18, es
inexistente19, inexequible20 o se le reconocen efectos distintos a los
otorgados por el legislador21.

b) No se hace una interpretación razonable de la norma22.

14
“c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en
un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario,
esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la
decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las
decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como
mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.”
15
Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12.03.12., M.P. Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.
16
Corte Constitucional, Sentencias SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Espinosa, T-043 del
27.01.05, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-295 del 31.03.05, M.P. Manuel José Cepeda
Espinosa, T-657 del 10.08.06, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, T-686 del 31.08.07, M.P. Jaime
Córdoba Triviño, T-743 del 24.07.08, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa, T-033 del 1.02.10, M.P.
17
Corte Constitucional, Sentencia T-189 del 3.03.05. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
18
Corte Constitucional, Sentencia T-205 del 4.03.04. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
19
Corte Constitucional, Sentencia T-800 del 22.09.06. M.P. Jaime Araújo Rentería.
20
Corte Constitucional, Sentencia T-522 del 18.05.01. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
21
Corte Constitucional, Sentencia SU-159 del 6.03.02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
22
Corte Constitucional, Sentencias T-051 del 30.01.09. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-
1101 del 28.10.05, M.P. Rodrigo Escobar Gil.

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c) La disposición aplicada es regresiva23 o contraria a la Constitución24.

d) El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no
previstos en la disposición25.

e) La decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma26 .

f) Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial
sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de
un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado
anteriormente, siempre que la parte accionante cumpla con la carga
argumentativa.

2.6.2. En cuanto al concepto de desconocimiento del precedente, resulta
importante precisar la posición de la Sala, la cual se sintetiza en los siguientes
términos:

“(…) es la decisión, o el conjunto de decisiones, que sirven de referente al juez que
debe pronunciarse respecto de un asunto determinado, por guardar una similitud en
sus presupuestos fácticos y jurídicos, y respecto de los cuales la ratio decidendi
constituye la regla… que obliga al operador jurídico a fallar en determinado sentido
(…)”.27

Aunado a ello, esta Sección en reiterados pronunciamientos28 explicó que el
concepto de precedente hace referencia a la regla de derecho determinante del
sentido de la decisión y su contenido específico, es decir, la ratio decidendi, la cual
no está atada al número de decisiones, dado que solo basta una providencia en
donde se especifique una regla o subregla de derecho.

Cabe resaltar que el carácter vinculante de las reglas o subreglas de derecho
creadas por las Altas Cortes cuando actúan como órganos de cierre en
determinada materia, encuentra su fundamento en la jerarquía del juez, a sus
funciones asignadas por la norma superior y a la garantía de los principios de
igualdad y seguridad jurídica, así como en la coherencia del ordenamiento jurídico.

2.7. Caso concreto
23
Corte Constitucional, Sentencia T-018 del 22.01.08, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
24
Corte Constitucional, Sentencia T-086 del 8.02.07, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
25
Corte Constitucional, Sentencia T-231 del 13.05.94. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz.
26
Corte Constitucional, Sentencia T-807 del 26.08.004. M.P. Clara Inés Vargas.
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 19 de
febrero de 2015, M.P. Alberto Yepes Barreiro, rad. 2013-02690-01.
28
Entre otras ver sentencia de 6 de mayo de 2021; expediente 11001-03-15-000-2021-0281-01.

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Como viene de explicarse, la accionante controvierte la sentencia de 3 de febrero
de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Caquetá, Sala Cuarta de
Decisión que revocó la decisión del Juzgado Tercero (3.º) Administrativo del
Circuito de Florencia, que había accedido a las pretensiones del medio de control
de reparación directa identificado con el radicado número 18001-33-40-003-2016-
00807-01, interpuesto contra la Nación - Fiscalía General de la Nación y Rama
Judicial, para en su lugar, negarlas, ante la configuración de los defectos
sustantivo y desconocimiento del precedente.

Particularmente, indicó que el ad quem desatendió lo dispuesto en el fallo de tutela
del 15 de noviembre de 2019, proferido en el expediente con radicado número
11001-03-15-000-2019- 00169-01 por la Subsección “B” de la Sección Tercera del
Consejo de Estado y lo dispuesto en la sentencia SU363 de 2021 proferida por la
Corte Constitucional.

Por su parte, aludió que se realizó una interpretación errónea de los artículos 295,
306 y 308 de la Ley 906 de 2004, particularmente porque a su juicio no se
cumplieron los requisitos de necesidad, urgencia, razonabilidad y proporcionalidad
de la medida de aseguramiento.

2.7.1. Aclarado lo anterior, la Sala advierte que el cargo por desconocimiento
del precedente se negará, toda vez que, tal y como lo expuso el a quo
constitucional, las providencias relacionadas como desatendidas no constituyen
precedente, según los argumentos que se pasan a exponer.

En primer lugar se tiene que, de conformidad con lo expuesto en líneas
anteriores, el fallo de tutela del 15 de noviembre de 2019, proferido en el
expediente con radicado número 11001-03-15-000-2019-00169-01, según el
criterio mayoritario de esta Colegiatura, no se considera precedente, ya que este
proveído fue proferido en segunda instancia en el marco de una acción de tutela,
es decir, no proviene de la Sala Plena del Alto Tribunal constitucional, por tanto, a
lo sumo se entienden como un criterio auxiliar.

No obstante, cabe destacar que el problema jurídico del fallo constitucional de la
referencia se enmarcó en la exoneración o no de la Nación por la causal de culpa
exclusiva de la víctima “construida a partir de -la- conducta preprocesal” de la víctima
directa, lo que implica que la eventual regla que pudiera contener ese proveído, no
puede ser extensiva al caso que hoy nos ocupa, ya que no comparte los mismos
supuestos fácticos.

En efecto, la controversia en el caso 2016-00807-01 se centró en establecer si se
probó o no el daño antijurídico y no frente a si se debía o no declarar un eximente

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de responsabilidad según lo arriba expuesto, donde cabe destacar que el ad quem
del proceso ordinario concluyó que no era viable la condena administrativa y
extracontractual, pero al considerar que la medida privativa fue razonada, ante el
cumplimento de los presupuestos legales (Ley 906 de 2004).

Por su parte, frente a la SU-363 de 2021 de la Corte Constitucional, la Sala
considera, tal y como se ha expuesto con anterioridad29, que dicho
pronunciamiento no puede ser tenido en cuenta, comoquiera que su contenido de
aún no se encuentra disponible, en atención a que solo fue dado a conocer
mediante el comunicado de prensa No. 39 del 22 de octubre de 202130.

Al respecto, se advierte que tal publicación no puede equipararse a una
providencia judicial, porque resulta determinante para que se pueda predicar el
desconocimiento de un precedente; tener certeza de la ratio decidendi o los
fundamentos que llevaron al juez a tomar su decisión.

Luego, un comunicado de prensa en el que se anuncia el sentido de una decisión
no es suficiente para que se puede determinar si se configura una violación al
precedente judicial, pues no se cuentan con los elementos suficientes para poder
determinar si la regla anunciada se desatendió.

En este orden de ideas, resulta importante recordar que de conformidad con lo
establecido en el artículo 64 de la Ley 270 de 1996 los comunicados de prensa
tienen una razón de pedagogía jurídica y sirve además como “órgano de
comunicación”31.

Sobre el particular, la Corte Constitucional señaló32:

“Que en las condiciones anotadas, es claro que existe una evidente diferencia entre
el comunicado que busca satisfacer, con prontitud, el interés de la opinión pública
de obtener información y la sentencia “documentada y firmada” que, además, da
cuenta de su contenido así como del número y nombre de los magistrados que la
adoptaron, por haber sido quienes intervinieron en la deliberación y decisión
respectiva.”

Asimismo, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional consideró33:

29
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 25 de
agosto de 2022, expediente con radicado número 11001-03-15-000-2022-03773-00, M.P. Pedro
Pablo Vanegas Gil.
30
https://www.d1tribunaladministrativodelmagdalena.com/images/WHATSAPP_2021/SU363-
21_M.P._Alberto_Rojas_R%C3%ADos.pdf
31
Artículo 9 del Reglamento interno de la Corte Constitucional.
32
Auto 201 del 6 de septiembre de 2013 de la Corte Constitucional, M.P. Luis Ernesto Vargas
Silva.
33
Corte Constitucional. Autos 267 de 2007, 012 de 2007, 315 de 2009, Auto 283 de 2009 y Auto
284 de 2009.

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“Que la Corte, como institución, al ejercer sus funciones se pronuncia mediante
providencias y, especialmente, a través de sentencias de constitucionalidad o de
tutela y, en ese contexto, los comunicados de prensa no son sentencias ni
responden a las características propias de las providencias judiciales, motivo por el
cual su propósito eminentemente informativo no les confiere fuerza vinculante de
ninguna índole.”

De lo anterior se concluye que la Corte Constitucional ha sido enfática al afirmar
que el alcance de los comunicados de prensa no es el mismo que tienen las
providencias judiciales, al no presentar iguales características, especialmente, la
falta de fuerza vinculante. Por esto, se reitera que su propósito es puramente
informativo como un medio oportuno de anunciar a los ciudadanos las decisiones
adoptadas, sin que esto signifique un reemplazo de la sentencia.

En consecuencia, el comunicado en mención, al no tener efecto vinculante no
tiene aplicación a situaciones jurídicas consolidadas como la aquí debatida, lo que
le impide a esta Colegiatura efectuar su estudio, para determinar si este defecto se
encuentra configurado o no en el caso concreto.

Finalmente, no se comparte el argumento de la tutelante en cuanto a que sí se
debió tener en cuenta tal comunicado, porque los pronunciamientos de la Corte
Constitucional “tienen efectos jurídicos partir del día siguiente a aquél en que tomó la
decisión de exequibilidad (simple o condicionada) o inexequibilidad (…)” (sic)34, ya que
tal alegato se encuentra sustentado en doctrina y jurisprudencia que se refieren a
los efectos jurídicos de las sentencias de constitucionalidad. Es decir, ajeno a la
controversia que hoy nos ocupa, que se circunscribe a cuándo resultan
vinculantes los fallos de unificación del órgano colegiado en mención.

2.7.2. Por su parte, con el fin de resolver el cargo por defecto sustantivo, resulta
pertinente hacer alusión a los fundamentos de la decisión controvertida, la cual se
procederá a citar de manera gradual y puntualmente referente a los argumentos
que conllevaron a establecer al tribunal demandado que la medida de restricción
de la libertad no fue irrazonada o arbitraria.

En primera medida, la autoridad judicial accionada citó, entre otras, la
sentencia C-037 de 2006 y la de unificación 072 de 2018, con el fin de analizar
“el carácter de injusto de la medida restrictiva de la libertad a la luz de los criterios de
razonabilidad, proporcionalidad y legalidad, al tenor de lo dispuesto en el artículo 90
Constitucional; por lo que en cada caso en particular se impone establecer si existía o
no mérito para proferir decisión en tal sentido y, por ende, si el daño resulta
antijurídico”.

34
En este punto citó las sentencias T-832 de 2003 y C-355 de 2006, y “[e]xtracto obtenido del
artículo periodístico jurídico denominado “¿Desde cuándo producen efectos las sentencias de
constitucionalidad?” publicado el 11 de octubre de 2021 por ámbito jurídico y consultado el 24 de
agosto de 2022, (…)”.

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Luego, la aquí demandada procedió a estudiar las pruebas que tuvo en cuenta
la Fiscalía General de la Nación para solicitar la medida de aseguramiento y la
Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial - para decretarla,
para lo cual resaltó que en la audiencia preliminar se hizo alusión al informe
ejecutivo de los hechos, del cual se podía evidenciar las circunstancias de
tiempo, modo y lugar de cuando resultó asesinado un ciudadano y se
presentaron lesiones a otros. De tal audiencia, citó lo pertinente así:

“el informe ejecutivo (…) nos ilustra de mejor manera de ese acontecer fáctico
que tuvo su ocurrencia concretamente en el Barrio Los cristales en la Calle 31
número 38 57, una persona que precisamente está ya vinculada porque ya se
formuló imputación y quien rindió un interrogatorio con todas las formalidades de
la Ley, me refiero al señor Emiro Francisco Escobar Ramos... conocido con el
alias del “Costeño”, esta persona nos cuenta en su narrativa en su interrogatorio
como ese día 31 de marzo como ya he dicho de la presente anualidad, él, en
compañía del hoy aprehendido señor CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ
llegaron hasta ese sitio porque previamente se habían concertado,
previamente habían acordado entre ellos que iban a realizar allí una
transacción comercial de una sustancia ilegal, de doce kilos de cocaína,
que cuando llegaron ahí fueron atendidos por el hoy occiso y por la víctima de la
tentativa de homicidio y que en el transcurso de esta transacción se presentó un
incidente y este fue que el óbito observo que dentro del dinero que se le
entregaba como pago de la sustancia habían unos billetes falsos lo que ocasionó
su reacción violenta, los reclamos a estos dos señores, entre ellos, al señor
César, y que en vista de esto, esto en últimas desencadenó que el occiso
desenfundo un arma de fuego, impacto la humanidad del señor Pérez
Ramírez.....y entonces esta persona describe que en vista de esta agresión por
parte del occiso esgrimieron las armas que portaban un arma calibre 38, un
revolver y el señor César Augusto al parecer una pistola, y entonces
respondieron con fuego esta agresión, causando en últimas la muerte de
este personaje y las lesiones al otro al que hemos venido haciendo
alusión... también existen unas entrevistas de unas personas a las que se les
ha corrido traslado, que dan cuenta y precisamente ubican al señor César
Pérez, en el momento de los hechos, los disparos, la huida.... Tenemos un
reconocimiento fotográfico que hace la víctima que sobrevivió a este atentado,
donde en dos reconocimientos.... identifica al señor Cesar Augusto Pérez
como la persona que había atentado contra su vida y había coparticipado
en el homicidio del otro ciudadano... su señoría no son conjeturas de la
Fiscalía, no son suposiciones, cuenta con elementos, información legalmente
obtenida, evidencia física, que nos permite acreditar esa coparticipación de este
ciudadano”. (sic a toda la cita y énfasis de la Sala)

Consecuentemente, sostuvo que medida privativa de la libertad se impuso al tenor
de lo regulado en el artículo 308 de la Ley 906 de 200435, comoquiera que para el

35
“Artículo 308. REQUISITOS. El juez de control de garantías, a petición del Fiscal General de la
Nación o de su delegado, decretará la medida de aseguramiento cuando de los elementos
materiales probatorios y evidencia física recogidos y asegurados o de la información obtenidos
legalmente, se pueda inferir razonablemente que el imputado puede ser autor o partícipe de la

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momento procesal que se solicitó y fue decretada “era posible inferir razonablemente
que el señor CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ podía ser autor o partícipe de la
conducta punible que se investigaba”.

Lo anterior, al exponer que “realizadas las labores de investigación por parte de la
Fiscalía, específicamente el interrogatorio rendido por el señor EMIRO FRANCISCO
ESCOBAR -quien también participó en los hechos y además aceptó los cargos a él
formulados dentro del proceso-, se estableció que uno de los agresores respondía al
nombre del hoy demandante CÉSAR AUGUSTO PÉREZ RAMÍREZ, quien, según la
referida declaración, ingresó al inmueble en compañía del citado ESCOBAR, portando
armas de fuego, para momentos después causarle la muerte a Miguel Romero y dejar
gravemente herido a Alberto Becerra”.

Asimismo, resaltó “el reconocimiento fotográfico hecho por la víctima que sobrevivió
a la agresión armada, -que- identificó en su momento al señor PÉREZ RAMÍREZ
como la persona que había atentado contra su vida y coparticipado en el homicidio del
señor ROMERO”.

Por su parte, frente a la necesidad de la medida restrictiva de la libertad, el tribunal
argumentó que esta era viable al tenor de lo dispuesto en el artículo ídem, “en
tanto de los elementos de prueba en ese momento existentes, allegados por el ente
investigador, se infería razonablemente que el citado señor podía ser autor o partícipe de
las conductas punibles que se investigaban”.

En este orden de ideas, el operador jurídico accionado concluyó que “la decisión
adoptada por el juez penal aparece plenamente proporcionada como resultado del juicio
de ponderación entre los intereses jurídicos enfrentados en el caso concreto: efectividad
de las decisiones que debe proferir la administración de justicia, de un lado, y la esfera de
derechos y garantías fundamentales del individuo, de otro”.

De lo expuesto, esta Sala de Decisión encuentra que no se configura el defecto
sustantivo alegado, dado que resulta razonable el análisis que efectuó la autoridad
judicial accionada, pues adoptó su decisión con sustento en la jurisprudencia
aplicable, particularmente la sentencia SU-072 de 2018, y con fundamento en el
material probatorio decretado y practicado al interior del proceso contencioso, para
decidir, dentro de su autonomía judicial, que la demandadas sí contaban con las
pruebas para solicitar e imponer la medida de aseguramiento, en aplicación de la
Ley 906 de 2004.

Ahora, esta Colegiatura destaca que no se debe confundir el análisis que realiza el
juez contencioso cuando estudia la razonabilidad de la medida desde la óptica de
la inferencia razonable con sustento en las pruebas recaudadas en el proceso

conducta delictiva que se investiga, siempre y cuando se cumpla alguno de los siguientes
requisitos: (…)”.

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penal, ya que este estudio se enfoca en determinar si la Fiscalía General de la
Nación o Rama Judicial contaban con los indicios (Ley 600 de 2000) o las pruebas
(Ley 906 de 2006) suficientes para proferir la medida de asuramiento. Examen que
cabe destacar no se entromete en la competencia del juez natural de la causa que
establece si la conducta del investigado es o no constitutiva de un delito.

Finalmente, esta Sala advierte que el juez natural de la causa se enfrenta a
múltiples posibilidades hermenéuticas en su labor de interpretación y aplicación de
normas a un caso en específico36, por ello, no le corresponde a la autoridad
judicial constitucional señalar cuál de tales posibilidades es la “correcta” o aquella
que más conviene en un caso en concreto, pues se vulneraría la independencia y
autonomía con la que cuenta el funcionario que conoce el trámite ordinario; ahora,
si bien dicha autonomía se encuentra limitada a interpretaciones arbitrarias o
caprichosas que pueda llevar a cabo, ello no ocurre en este caso, puesto que,
como ya se explicó, se evidencia una interpretación razonable de la normatividad.

2.8. Conclusión

Así las cosas, se confirmará el fallo de primera instancia que negó el mecanismo
constitucional, al no encontrar acreditados los defectos alegados.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

3. FALLA

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 11 de agosto de 2022 proferida por la
Sección Cuarta de esta Corporación que negó la acción constitucional de la
referencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)

36
Ver al respecto: Corte Constitucional sentencia T-192 de 2015.

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PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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