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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03552-00

Fecha
15 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03552-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CAUSA de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), por lo expuesto en esta providencia. 7 de 8 Radicación: 11001-03-15-000-2022-03552-00 Demandante: César Augusto Pinzón Correa Demandado: Presidencia de la República Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia Decisión: Ampara ______________________________________________________________________________________________________________ SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela frente a la Presidencia de la República. TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de César Augusto Pinzón Correa frente al Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Trasporte, por las razones expuestas en esta providencia. CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Transporte que conteste de fondo los interrogantes No. 1.2. y 1.3 de la consulta presentada por César Augusto Pinzón Correa y notifique dicha respuesta, en un término de 10 días, contadas a partir de la notificación de esta providencia. QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Transporte que, dentro de los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de fondo y clara a la petición presentada por César Augusto Pinzón Correa, la cual deberá igualmente ser debidamente notificada en el mencionado plazo. SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10. SÉPTIMO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR a la Corte Constitucional para su eventual revisión. OCTAVO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03552-00

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

15 de septiembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 15 de septiembre de 2022

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03552-00
Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia

Temas: ACCIÓN DE TUTELA POR ACCIÓN U OMISIÓN DE AUTORIDAD PÚBLICA/ Derecho
fundamental de petición

Síntesis del caso: La parte actora instauró acción de tutela para que, en amparo de sus
derechos fundamentales de petición y debido proceso, la autoridad demandada
resolviera la solicitud de consulta ante ella presentada.

De acuerdo con la competencia asignada1, procede la Sala a resolver, en
primera instancia, la acción de tutela presentada por César Augusto Pinzón
Correa contra la Presidencia de la República.

Contenido: 1. Antecedentes. 2. Consideraciones. 3. Decisión.

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante. 1.2. Posición de la parte demandada.

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 30 de junio de 2022, César Augusto Pinzón Correa, en su calidad de
presidente de la Veeduría de Movilidad, interpuso acción de tutela contra
la Presidencia de la República por la presunta vulneración de sus derechos
fundamentales de petición y debido proceso con ocasión de la falta de
respuesta a una solicitud presentada el 8 de marzo de 2022.

2. A título de amparo constitucional, la parte actora solicitó (se trascribe):

“Me permito deprecar ante su Despacho, ordenar al Accionado dar respuesta
a la solicitud que se interpuso en los términos legales y constitucionales, de tal
manera que se pueda entender de fondo TODO LO SOLICITADO, con base en
lo contemplado en la norma y en hechos verificables, en materia de derecho
de petición.

La Independencia y la Imparcialidad son elementos fundamentales del debido
proceso, sin embargo, al parecer, la presidencia de la república desconoce lo
que sucede en este tema alrededor del país, y de esta manera, no se le exige
al Ministerio de Transporte pronunciarse sobre el tema; siendo el Presidente de

1 Artículo 86 de la Constitución Política, Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 1983 de 2017 y 333 de

2021 y Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03552-00
Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

la República el jefe directo de la Ministra de Transporte, y tampoco se le exige
–por parte de la presidencia de la república- a la Superintendencia de
Transporte que vigile y controle las actuaciones de los organismo de tránsito,
función que le fue otorgada en el Art. 3° del Código Nacional de Tránsito; y es
el Superintendente de Transporte un funcionario bajo el mando directo del
Presidente de la República; entonces, debe conocer el Presidente de la
República sobre estos temas y debe pronunciarse, de fondo, para poder exigir
a sus funcionarios y organismos bajo su mando directo que cumplan sus
funciones y protejan los derechos de los ciudadanos, siendo el Debido Proceso
un derecho sobre el que reposan los más sensibles pilares de la democracia, la
justicia y la transparencia, además de constituirse en derechos que garantizan
a los ciudadanos no estar sometidos a un ejercicio desproporcionado, ni
abusivo por parte del Estado; en este caso el poder sancionador, que pareciera
no estar ni vigilado, ni regulado en materia de impedimentos”.

3. Del escrito de tutela, así como demás documentos allegados al
expediente, la Sala logró establecer como hechos relevantes los siguientes:

4. 1) El 8 de marzo de 2022, César Augusto Pinzón Correa presentó
derecho de petición ante la Presidencia de la República en los siguientes
términos (se trascribe):

“1) Teniendo en cuenta la definición de inmovilización establecida en el Art. 2º
de la Ley 769 de 2002:

1.1. Teniendo en cuenta que la inmovilización es una sanción, como lo
determina taxativamente la Resolución 3027 de 2010 del Ministerio de
Transporte, al incluir la inmovilización de un vehículo en el Título III – Sanciones
¿Puede un agente en vía imponer una sanción sin que medie procedimiento
alguno?

1.2. La restricción de función a un tema estrictamente preventivo, que se
le generó a la Policía de Tránsito en el Parágrafo 4º del Art. 3º de la Ley 769 de
2002 ¿qué incidencia tiene sobre esta entidad que se ha venido tomando la
atribución de sancionar a los ciudadanos de un modo directo y a criterio del
agente en vía ordenando de facto el secuestro parcial de un bien y la privación
de la propiedad privada de las personas (vehículos)?

1.3. Los agentes de tránsito, cuya actividad está reglamentada por medio
de la Ley 1310 de 2009 ¿Cómo faculta a los agentes de tránsito para que
ordenen una sanción de manera inmediata y a criterio del agente en vía
cuando determinan la inmovilización de los vehículos en las vías de Colombia?

2) Teniendo en cuenta las funciones de los organismos de tránsito determinadas
en la Ley 769 de 2002:

2.1. ¿Puede el organismo de tránsito delegar en las autoridades operativas la
imposición de sanciones?

2.2. ¿Puede imponerse una sanción por parte del organismo de tránsito sin que
se surtan las etapas procesales instituidas para el procedimiento administrativo
sancionatorio (CPACA) toda vez que el Código Nacional de Tránsito no
establece procedimiento alguno, salvo para la reducción de la Multa en el Art.
136?

2.3. ¿La sanción de inmovilización es procedente sin acto administrativo
debidamente ejecutoriado?”

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03552-00
Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

5. 2) El 8 de marzo de 2022, el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República (DAPRE), mediante Oficio No. OFI22-00021548 /
IDM12000000, le contestó al señor Pinzón Correa que (se trascribe): “Hemos
recibido la comunicación enviada al Presidente de la República, en las que
junto con el Jefe Nacional de Operaciones de la Veeduría de Movilidad,
solicitan que tanto el Ministerio de Transporte como la Superintendencia de
Transporte, den respuesta al requerimiento que plantean”, por tanto, (se
trascribe): “estamos remitiendo a las citadas entidades, para su
consideración y fines pertinentes dentro del marco de sus competencias”.

6. 3) El mismo día, el DAPRE, mediante Oficios No. OFI22-00021549 / IDM
12000000 y OFI22-00021561 / IDM12000000, remitió por competencia la
petición de consulta al Ministerio de Transporte y Superintendencia de
Transporte para su correspondiente contestación.

7. Como fundamento de la vulneración, la parte actora indicó que se
lesionó su derecho fundamental de petición y debido proceso al no recibir
respuesta de fondo a su consulta.

1.2. Posición de la parte demandada y los terceros2

8. El DAPRE presentó informe en el que manifestó que no había
vulnerado los derechos fundamentales del accionante por cuanto había
remitido por competencia las peticiones de consulta al Ministerio de
Transporte y a la Superintendencia de Transporte. Por tanto, solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva y/o la
improcedencia de la acción de tutela por inexistencia de la vulneración de
las prerrogativas fundamentales.

9. El Ministerio de Transporte presentó informe en el que indicó que,
mediante Radicado MT No. 20221340783551 de 13 de julio de 2022, había
dado respuesta de fondo, clara, precisa y congruente a la petición con
radicación No. 20223030618732 presentada por el actor y notificada al
mismo a través de mensaje de datos a la dirección electrónica suministrada
por él para tal efecto. Por consiguiente, solicitó que se declarara la
inexistencia de la vulneración del derecho fundamental de petición.

10. La DITRA de la Policía Nacional presentó informe en el que adujo que
no había vulnerado ningún derecho fundamental al accionante porque
desconocía el contenido de la petición que había presentado la parte
actora. En consecuencia, solicitó que se declarara la falta de legitimación
pasiva en la causa.

2 Mediante Auto de 5 de julio de 2022, el Despacho ponente resolvió, entre otras, (1) admitir la acción de tutela de

la referencia; y (2) vincular a la Veeduría de Movilidad, Ministerio de Transporte, Superintendencia de Transporte y
Dirección de Tránsito y Transporte – DITRA como terceros con interés en el proceso.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03552-00
Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

11. La Superintendencia de Transporte guardó silencio.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Contenido: 2.1. Fijación de la controversia. 2.2. Procedencia de la acción de tutela. 2.3.
Verificación de la afectación de derechos fundamentales alegada. 2.4. Conclusión.

2.1. Fijación de la controversia

12. Corresponde determinar, luego de cumplidos los requisitos de
procedencia de la acción de tutela, si se desconocieron las garantías
constitucionales de petición y debido proceso del señor Pinzón Correa por
la presunta falta de respuesta de fondo a la consulta presentada ante
Presidencia de la República.

2.2. Procedencia de la acción de tutela

13. En el presente caso, se cumplieron los requisitos de procedencia de la
acción de tutela porque esta se orientó a obtener la protección de los
derechos fundamentales3 de petición y debido proceso. César Augusto
Pinzón Correa tiene acreditada la legitimación activa en la causa4 por ser
titular de los derechos presuntamente violados.

14. De igual manera, la Presidencia de la República, el Ministerio de
Transporte y la Superintendencia de Transporte tienen legitimación pasiva
en la causa5, porque de dichas autoridades se predica la vulneración y de
sus competencias se desprende la relación con el presente asunto. La Sala
accederá a la solicitud de desvinculación del DITRA, comoquiera que, en el
expediente de tutela, no existe medio de prueba que dé cuenta de la
radicación del derecho de petición ante esa entidad; por tanto, no se
observa actuación alguna imputable a esta autoridad que la vincule con el
objeto del pleito.

15. Frente al requisito de subsidiariedad6, se tendrá por superado por no
existir recurso idóneo y eficaz que permitiera a la parte actora alegar los
reparos planteados vía tutela y procurar la defensa del derecho
presuntamente vulnerado.

16. En relación con el requisito de inmediatez7, este se satisface,
comoquiera que se está ante una situación actual y continua, como lo es la
presunta falta de respuesta completa y de fondo a la petición – consulta
presentada por el accionante.

3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 2, en concordancia con el artículo 5 y los numerales 2 y 3 del artículo 6 ibidem.
4 Decreto 2591 de 1991. Artículos 10 y 13, en concordancia con el artículo 1 ibidem.
5 Ídem
6 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 1).
7 Decreto 2591 de 1991. Artículo 6 (numeral 4).

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Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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2.3. Verificación de la afectación de derechos fundamentales alegada.

17. La Sala amparará el derecho fundamental de petición de César
Augusto Pinzón Correa por las razones que pasan a explicarse:

18. Previo a estudiar el fondo de la controversia, es preciso señalar que,
de la revisión del expediente de tutela, no se encontró el derecho de
petición radicado el 8 de marzo de 2022 ante la autoridad accionada. Sin
embargo, en virtud del principio de oficiosidad8 y el deber de apreciar las
pruebas en conjunto según lo previsto en el artículo 176 del CGP9, logró
observarse que el actor interpuso un derecho de petición en la modalidad
de consulta ante la Presidencia de la República cuyo contenido puede
visualizarse con la transcripción de los interrogantes efectuados por el
Ministerio de Transporte al momento de emitir respuesta a la misma.

19. Así las cosas, se tiene que el señor Pinzón Correa, presidente de la
Veeduría de Movilidad, presentó petición de consulta ante la Presidencia
de la República con el fin de solicitar que se absolvieran sus interrogantes
relacionados con (1) la sanción de inmovilización vehicular y (2) las
facultades de los organismos de tránsito previstas en la Ley 769 de 2022.

20. Al respecto, la Sala advierte, de conformidad con los documentos que
obran en el expediente digital, que (1) el DAPRE remitió por competencia la
resolución de la consulta presentada por el accionante al Ministerio de
Transporte y a la Superintendencia de Transporte, decisión que fue
comunicada a la parte; (2) el Ministerio de Transporte emitió respuesta el 13
de julio de 2022, esto es, durante el trámite de la presente acción de tutela;
y (3) la Superintendencia de Transporte guardó silencio en el trámite de este
proceso, razón por la cual no se conoce si hubo, o no, respuesta por parte
de la entidad al interesado.

21. En ese sentido, la Sala estima que el DAPRE no desconoció las
garantías constitucionales del señor Pinzón Correa porque, de conformidad
con el artículo 21 del CPACA, si la autoridad a quien se dirige la petición no
es la competente, esta informará de inmediato al interesado, debiendo,
además, remitirla al competente, tal como ocurrió en este caso, según
consta en los Oficios No. OFI22-00021548 / IDM12000000; OFI22-00021549 /
IDM 12000000 y OFI22-00021561 / IDM12000000, allegados por dicha entidad.

8 La Corte Constitucional ha manifestado que el juez constitucional, en virtud del mencionado principio, tiene la

obligación de (se trascribe): “asumir un papel activo en la conducción del proceso, no solo para interpretar la
solicitud de amparo, sino para indagar por los elementos que requiera para adoptar una decisión de fondo” (T-
313 de 2018)
9 ARTÍCULO 176. APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS. Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de acuerdo con

las reglas de la sana crítica, sin perjuicio de las solemnidades prescritas en la ley sustancial para la existencia o
validez de ciertos actos.

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Decisión: Ampara
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22. Ahora bien, en aras de efectivizar lo sustancial sobre lo formal, es
preciso pronunciarse de cara a las autoridades vinculadas que cuentan con
legitimación pasiva en el caso, esto es, el Ministerio de Trasporte y la
Superintendencia de Trasporte.

23. Por un lado, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Transporte,
logró evidenciarse que (1) el ente oficial, según lo prescrito en el Decreto
Legislativo 491 de 2020, tenía la obligación de responder la mencionada
solicitud dentro de los 35 días siguientes a la comunicación de la misma y,
por consiguiente, tenía plazo para responder la consulta hasta el 29 de abril
de 2022; no obstante, la respuesta del Ministerio a tal consulta solamente se
produjo hasta el 13 de julio del presente año, específicamente, en el trámite
de la presente acción constitucional, razón suficiente para tener por
superado la vulneración de derechos (parcialmente); y (2) si bien es cierto
la entidad estatal contestó los interrogantes No. 1.1, 2.1, 2.2 y 2.3 postulados
por el actor, también lo es que, particularmente, no emitió respuesta de
fondo a los interrogantes Nos. 1.2. y 1.3.

24. En efecto, obsérvese que los interrogantes No. 1.2 y 1.3 disponían lo
siguiente (se trascribe):

“1.2. La restricción de función a un tema estrictamente preventivo, que se
le generó a la Policía de Tránsito en el Parágrafo 4º del Art. 3º de la Ley 769 de
2002 ¿qué incidencia tiene sobre esta entidad que se ha venido tomando la
atribución de sancionar a los ciudadanos de un modo directo y a criterio del
agente en vía ordenando de facto el secuestro parcial de un bien y la privación
de la propiedad privada de las personas (vehículos)?

1.3. Los agentes de tránsito, cuya actividad está reglamentada por medio
de la Ley 1310 de 2009 ¿Cómo faculta a los agentes de tránsito para que
ordenen una sanción de manera inmediata y a criterio del agente en vía
cuando determinan la inmovilización de los vehículos en las vías de Colombia?“

25. No obstante lo anterior, el Ministerio de Transporte, en el acápite
“Respuesta a los interrogantes 1.1, 1.2 y 1.3”, emitió respuesta enfocándose
en el interrogante 1.1, en este caso, en la sanción de inmovilización vehicular
y los casos en los que ésta procedía con fundamento en la Sentencia C-18
de 2004, pero no en el 1.2 y/o 1.3, pues de la lectura de la respuesta
suministrada, la Sala evidenció que el Ministerio señaló (se trascribe):

“Como se aprecia de la normatividad citada[artículo 122 de la Ley 769 de
2002], así como en jurisprudencia del tribunal constitucional en materia de
tránsito existe la medida de inmovilización[Sentencia C-18 de 2004], que está
prevista en el Código como una sanción principal o accesoria, la cual se
justifica en presencia de algunas infracciones de tránsito que por su gravedad
y el grado de perturbación real o potencial que para éste representen, así lo
ameriten. Sin embargo, en estricto rigor, este ministerio ha considerado de
tiempo atrás que más que una sanción la inmovilización es una medida
preventiva tendiente a que con la infracción no se sigan poniendo en
inminente riesgo, intereses jurídicamente protegidos de Suprema prevalencia,
como oportunamente resulta ser la seguridad de los usuarios.

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Demandante: César Augusto Pinzón Correa
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Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
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Así las cosas, los agentes de tránsito tienen el deber de hacer cumplir el régimen
normativo de tránsito y transporte, y velarán por la seguridad de las personas y
las cosas en la vía pública y privadas abiertas al público. Sus funciones serán de
carácter regulatorio y sancionatorio y sus acciones deben ser orientadas a la
prevención y la asistencia técnica y humana a los usuarios de las vías, como lo
dispone el artículo 7o de la Ley 769 de 2002”.

26. En ese orden se advirtió que el Ministerio no resolvió de fondo la
consulta elevada por el accionante en lo relativo a los interrogantes 1.2 y
1.3. Razón por la cual existen motivos suficientes para amparar el derecho
de petición de la parte actora y ordenar a esa autoridad que de la
respectiva respuesta.

27. Por el otro, en relación con la Superintendencia de Transporte, la Sala
pudo corroborar que, una vez revisado integralmente el expediente de
tutela en el aplicativo SAMAI, no existe prueba que permita concluir o
siquiera interpretar que la entidad haya emitido respuesta de forma clara,
completa y de fondo a la parte actora.

28. Así las cosas, la Sala pone de presente que, con la apreciación
conjunta de las pruebas, no se evidencia (1) que exista una respuesta
completa y de fondo por parte del Ministerio de Transporte a los
interrogantes 1.2. y 1.3. formulados por el actor puesto que es posible
denotar que se solicita concepto por parte de la entidad sobre el
procedimiento que debe seguirse para imponer la sanción de inmovilización
vehicular consagrada en la Ley 769 de 2002; y (2) que exista una respuesta
completa y de fondo a la consulta elevada por el accionante por parte de
la Superintendencia de Transporte.

2.4. Conclusión

29. La Sala negará el amparo de cara a la Presidencia de la República y
amparará el derecho fundamental de petición de César Augusto Pinzón
Correa frente al mencionado ministerio, de cara a los interrogantes 1.2 y 1.3,
así como a la Superintendencia de Trasporte por la falta de respuesta, por
las razones expuestas en esta providencia.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA EN LA CAUSA de
la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional (DITRA), por lo
expuesto en esta providencia.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03552-00
Demandante: César Augusto Pinzón Correa
Demandado: Presidencia de la República
Referencia: Acción de tutela. Sentencia de primera instancia
Decisión: Ampara
______________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo de tutela frente a la Presidencia
de la República.

TERCERO: AMPARAR el derecho fundamental de petición de César
Augusto Pinzón Correa frente al Ministerio de Transporte y la
Superintendencia de Trasporte, por las razones expuestas en esta
providencia.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Transporte que conteste de fondo los
interrogantes No. 1.2. y 1.3 de la consulta presentada por César Augusto
Pinzón Correa y notifique dicha respuesta, en un término de 10 días,
contadas a partir de la notificación de esta providencia.

QUINTO: ORDENAR a la Superintendencia de Transporte que, dentro de
los 10 días siguientes a la notificación de esta providencia, dé respuesta de
fondo y clara a la petición presentada por César Augusto Pinzón Correa, la
cual deberá igualmente ser debidamente notificada en el mencionado
plazo.

SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes por el medio más
expedito (artículo 30 del Decreto 2591 de 1991), enviándoles copia de la
decisión que se adopta y advirtiéndoles que para interponer cualquier
recurso y/o solicitud contra la misma deberán dirigirla, dentro del término
legal, al correo electrónico dispuesto por la Secretaría General para tal fin10.

SÉPTIMO: De no ser impugnada esta providencia, por Secretaría, REMITIR
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

OCTAVO: Por Secretaría General de esta Corporación, PUBLICAR la
presente providencia en la página web del Consejo de Estado.

NOTIFÍQUESE, CÓPIESE Y CÚMPLASE
Fallo discutido y aprobado en sesión de Sala de la misma fecha.

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Con salvamento de voto

Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA

10 secgeneral@consejodeestado.gov.co

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