Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03581-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03581-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03581-00
Consejero ponente: Stella Jeannette Carvajal Basto
29 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03581-00
Actor: Holman Yesid Silva Mendivelso y otra
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Bogotá D.C., veintinueve (29) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03581-00
Demandante: HOLMAN YESID Y LIDA ISAMAR SILVA MENDIVELSO
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN
“B”
Temas: Tutela contra providencia judicial. Acción de grupo para
reclamar indemnización de perjuicios derivados de
desplazamiento forzado. Cosa juzgada en virtud de proceso de
reparación directa anterior por los mismos hechos. Defecto
fáctico
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela
promovida por el señor Holman Yesid y la señora Lida Silva Mendivelso contra el
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, con el objeto de que se
amparen los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia los cuales consideraron vulnerados con la sentencia de
4 de mayo de 2022, proferida dentro del trámite de la acción de grupo contra el
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, que declaró la configuración del
fenómeno de la cosa juzgada respecto de las pretensiones de la demanda
dirigidas a que se reconociera en favor de los accionantes la indemnización por
daño a la salud originada en el desplazamiento forzado que sufrieron en hechos
ocurridos el 19 y 20 de noviembre de 1998, en la vereda La Cabuya del municipio
de Tame, Arauca. Ello, en virtud de una demanda de reparación directa promovida
por ellos mismos con anterioridad y que fue decidida a su favor.
I. ANTECEDENTES
1. Hechos
La parte actora relató que en un ataque perpetrado por miembros del Ejército
Nacional el 19 y 20 de noviembre de 1998 contra los habitantes de la vereda La
Cabuya, municipio Tame, Arauca, fue asesinado su padre el señor Samuel Silva
Ramírez, y ellos y la señora Celia Mendivelso (madre) fueron obligados a
abandonar sus residencias.
Manifestó que la señora Celia Mendivelso, en nombre propio y como
representante legal de los accionantes, presentó demanda de reparación directa
contra el Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el objeto de
acceder al reconocimiento de la indemnización de perjuicios derivados de la
muerte del señor Samuel Silva Ramírez y del hecho del desplazamiento forzado.
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Actor: Holman Yesid Silva Mendivelso y otra
Relató que en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Arauca accedió a
las pretensiones de la demanda y condenó a las entidades demandadas a reparar
los perjuicios derivados del homicidio, pero negó los reclamados con ocasión al
desplazamiento forzado.
Afirmó que, en segunda instancia, suscribieron una conciliación en donde se
acordó la indemnización por perjuicios morales y materiales derivados del
homicidio de su padre y de esta forma se produjo la terminación del proceso.
Señaló que el 14 de abril de 2015, junto a otras personas víctimas de
desplazamiento forzado por los hechos ocurridos el 19 y 20 de noviembre de
1998 en la vereda La Cabuya, municipio de Tame, Arauca, presentaron una
acción de grupo con el objeto de acceder a la indemnización de los perjuicios
morales derivados de los mismos. Afirmó que en el caso de ellos solicitaron la
reparación por el daño a la salud, teniendo en cuenta que en el proceso de
reparación directa habían accedido a la de perjuicios morales y materiales.
Relató que por sentencia de 25 de octubre de 2018, el Tribunal Administrativo de
Arauca accedió parcialmente a las pretensiones de la acción de grupo. En ese
sentido, ordenó el reconocimiento y pago de la indemnización por concepto de
daño moral causados al grupo actor por el hecho del desplazamiento forzado, no
obstante, negó las pretensiones relativas a la reparación por el daño a la salud
respecto de la señora Lida Isamar Silva Mendivelso y reconoció lo equivalente a
10 SMLMV en favor del señor Holman Yesid Silva Mendivelso.
Indicó que frente a esa decisión la entidad demandada y el grupo actor
presentaron recurso de apelación. Concretamente, sobre sus pretensiones se
pidió que aumentara el monto de la indemnización ordenada en favor del señor
Holman Yesid y que ordenara la reparación de los perjuicios derivados por el
daño a la salud a la señora Lida Isamar Silva Mendivelso.
Por último, afirmó que por sentencia de 4 de mayo de 2022, la Sección Tercera,
Subsección “B” del Consejo de Estado modificó la decisión recurrida, en el sentido
de ampliar los miembros del grupo con derecho a la indemnización de perjuicios y
se abstuvo de efectuar un pronunciamiento sobre la reparación del daño a la
salud solicitada por los señores Holman Yesid y Lida Isamar Silva Mendivelso, al
considerar que sobre esa pretensión operó el fenómeno de cosa juzgada en virtud
de lo decidido en el proceso de reparación directa anterior.
2. Fundamentos de la acción
La parte actora presentó acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección “B”, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia los
cuales considera vulnerados con la sentencia de 4 de mayo de 2022, que
respecto de las pretensiones indemnizatorias por daño a la salud formuladas en la
acción de grupo, declaró que había operado el fenómeno de cosa juzgada en
virtud de lo decidido en el proceso de reparación directa promovido por ellos
mismos, en el que se declaró la responsabilidad del Estado por el desplazamiento
forzado y la muerte de su padre el señor Samuel Silva Ramírez, en hechos
ocurridos el 20 de noviembre de 1998 en la vereda La Cabuya del municipio de
Tame, Arauca.
Concretamente, alegó la configuración del defecto fáctico al considerar que la
decisión carece de respaldo probatorio por cuanto no se probó que en el proceso
de reparación directa promovido anteriormente por los demandantes, se hubiese
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abordado la pretensión relativa a la reparación de los perjuicios derivados del
daño a la salud causados por el hecho del desplazamiento forzado ocurrido el 20
de noviembre de 1998.
En efecto, aseveró que en aquella ocasión únicamente se reconoció una
indemnización por los perjuicios morales y materiales, toda vez que en la
demanda no se incluyó reclamo alguno sobre el daño a la salud.
Refirió que de conformidad con lo establecido en el artículo 303 del Código
General del Proceso “la sentencia ejecutoriada proferida en proceso contencioso
tiene fuerza de cosa juzgada siempre que el nuevo proceso verse sobre el mismo
objeto, se funde en la misma causa que el anterior y entre ambos procesos haya
identidad jurídica de partes”, por lo tanto, en su caso no se configuró el fenómeno
de cosa juzgada, ya que no hay identidad de pretensiones entre la acción de
grupo y la de reparación directa, en lo pertinente al daño autónomo a la salud.
En ese marco, concluyó que la autoridad judicial accionada incurrió en un yerro al
omitir un pronunciamiento de fondo sobre las pretensiones relativas a esa
materia, expuestas en el recurso de apelación promovido contra la sentencia de
25 de octubre de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Arauca.
Para terminar, se refirió al cumplimiento de los presupuestos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en tanto, a su
juicio, es un caso de relevancia constitucional toda vez que se invoca la
protección de los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia. La solicitud de amparo se presentó de manera oportuna
teniendo en cuenta que la decisión judicial cuestionada se notificó el 23 de junio
de 2022 (inmediatez), al tratarse de una sentencia de segunda instancia no
proceden recursos ordinarios contra la misma (subsidiariedad), se identificaron las
causas de la vulneración ius fundamental alegada y no se trata de un caso de
tutela contra tutela.
3. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes:
“PRIMERA: TUTELEN nuestros derechos fundamentales al debido proceso y al acceso
a la justicia, como víctimas de una violación de derechos humanos.
SEGUNDA: Como consecuencia de lo anterior, DECLAREN sin efecto y nula
parcialmente la sentencia de segundo grado proferida el Consejo de Estado, Sección
Tercera, Subsección B, el 4 de mayo de 2022, en la acción de grupo de radicado
81001-23-39-000-2015-00025-01 (63303), únicamente en lo decidido sobre por las
pretensiones indemnizatorias por daño a la salud reclamadas por Lida Isamar y Holman
Yesid Silva Mendivelso, y ORDENEN se rehaga en ese aparte ese fallo para que haya
un pronunciamiento de fondo sobre esa impugnación, que parta de reconocer que
sobre esas pretensiones no operó la cosa juzgada”.
4. Pruebas relevantes
Obran en el expediente copia de la sentencia de 4 de mayo de 2022, proferida por
la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado.
Del mismo modo obra copia digitalizada del expediente No
81001233900020150002501, correspondiente a la acción de grupo promovida por
Gilberta Tuay Naranjo y otros.
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5. Trámite procesal
Por auto de 12 de julio de 2022, el despacho de la Magistrada Sustanciadora
admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada,
así como al Tribunal Administrativo de Arauca, al Ministerio de Defensa Nacional,
Ejército Nacional y a los señores Felimón Mendivelso, Gilberta Tauy Naranjo,
Nelson Mendivelso Tuay, Luz Mila Mendivelso Tuay y Erika Zulay Contreras
Mendivelso, como terceros interesados en el resultado del proceso.
Asimismo, dispuso oficiar al Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”
y al Tribunal Administrativo de Arauca, en el evento de que el expediente hubiera
sido devuelto, para que allegara copia digitalizada proceso No. 81001-23-39-000-
2015-00025-01, demandante: Gilberta Tuay Naranjo y otros.
La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 76641 a 76649 de 14
de julio de 20221, con el fin de notificar a las partes.
6. Oposición
6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”
El Magistrado ponente de la decisión objeto de tutela rindió el informe de la
demanda en el que señaló que “se considera que la providencia y el expediente
de la respectiva acción de grupo, contienen los argumentos y elementos
necesarios para que el juez de la acción de tutela tome la decisión que en
derecho corresponda. En consecuencia, el suscrito magistrado, en mi condición
de ponente del fallo objeto de esta acción de tutela, estaré presto a atender lo que
disponga la Sala que decida la acción constitucional”.
6.2. Las demás autoridades y terceros con interés vinculados al trámite
constitucional guardaron silencio, aun cuando fueron debidamente notificados del
auto admisorio de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Competencia
De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto
objeto de estudio.
2. Planteamiento del problema jurídico
Le corresponde a la Sala determinar si el Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, vulneró los derechos fundamentales al debido proceso y de
acceso a la administración de justicia de la parte actora, con la sentencia de 4 de
1
La parte accionante, la autoridad judicial demandada y los terceros interesados fueron notificados a las
siguientes direcciones de correo electrónico: lidita1937@gmail.com, vghincapiet@gmail.com,
notiftutelas3@consejodeestado.gov.co;
otifmbermudez@consejodeestado.gov.co;suruetar@consejodeestado.gov.co;lsierrae@consejodeestado.gov.c
o;agarciag@consejodeestado.gov.co;notifemontana@consejodeestado.gov.co;despacho004s3@consejodees
tado.gov.co;notiffibarra@consejodeestado.gov.co;tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co,ceoju@buzonejer
cito.mil.co;sac@buzonejercito.mil.co,notificacionesjuridi@ejercito.mil.co,usuarios@mindefensa.gov.co;notifica
ciones.tutelas@mindefensa.gov.co,ces3secr@consejodeestado.gov.co,sgtadminarc@notificacionesrj.gov.co;
sgtaara1@cendoj.ramajudicial.gov.co, tgaitan@asociacionminga.org, erikazulay1502@hotmail.com, .
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mayo de 2022, que dentro del trámite de segunda instancia en la acción de grupo
promovida por los accionantes y otras víctimas del desplazamiento forzado en
hechos ocurridos el 20 de noviembre de 1998 en la vereda La Cabuya, municipio
de Tame, Arauca, se abstuvo de pronunciarse sobre las pretensiones
indemnizatorias del daño a la salud reclamadas por los accionantes, al considerar
que se configuró el fenómeno de cosa juzgada en virtud de un proceso de
reparación directa anterior, por cuanto incurrió en defecto fáctico al adoptar esa
decisión sin un fundamento probatorio.
3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias
judiciales
El artículo 86 de la Constitución Política señala que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales, “cuando quiera que estos resulten vulnerados por
la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”, mandato que materializa las
obligaciones internacionales contenidas en los artículos 25 de la Convención
Americana sobre Derechos Humanos2 y 2.3 literal a) del Pacto de Derechos
Civiles y Políticos3, instrumentos que hacen parte de la legislación interna en virtud
del bloque de constitucionalidad (art. 93 de la Carta).
Esta Corporación judicial en la sentencia de unificación emanada de la Sala Plena
de lo Contencioso Administrativo el 31 de julio de 20124, acogió la tesis de admitir
la procedencia excepcionalísima de la solicitud de tutela contra providencias
judiciales, cuando se advierta una manifiesta vulneración iusfundamental.
Más adelante, la misma Sala en sentencia de unificación del 5 de agosto de
20145, precisó el ámbito de aplicación de la acción de tutela contra providencias
judiciales, lo que llevó a concluir que su procedencia se debe predicar, también,
respecto “de sus máximos tribunales”, en tanto se trata de autoridades públicas
que “pueden eventualmente vulnerar los derechos fundamentales de personas”.
En la misma decisión, el Consejo de Estado acogió las condiciones de aplicación
que sistematizó la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20056.
Los requisitos generales de procedencia que deben ser verificados, son: (i) Que la
cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se
hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa judicial
al alcance de la persona afectada; (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable
y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración (…); (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora (…); (v) Que la parte actora identifique
de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial
siempre que esto hubiere sido posible (…) y (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela.
Ahora bien, los requisitos específicos de procedencia que ha precisado la
jurisprudencia constitucional en la misma sentencia C-590 de 2005, son los
2
Aprobada por medio de la Ley 16 de 1972.
3
Aprobado por medio de la Ley 74 de 1968.
4
Expediente Nº 2009-01328-01, C. P. María Elizabeth García González.
5
Expediente Nº 2012-02201-01, C. P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
6
M. P. Jaime Córdoba Triviño.
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siguientes: (i) Defecto orgánico7; (ii) Defecto procedimental absoluto8; (iii) Defecto
fáctico9; (iv) Defecto material o sustantivo10; (v) Error inducido11; (vi) Decisión sin
motivación12; (vii) Desconocimiento del precedente13 y (viii) Violación directa de la
Constitución.
Al juez de tutela le corresponde verificar el cumplimiento estricto de todos los
requisitos generales de procedencia, de tal modo que una vez superado ese
examen formal pueda constatar si se configura, por lo menos, uno de los defectos
arriba mencionados, siempre y cuando, en principio, hayan sido alegados por el
interesado. Estos presupuestos han sido acogidos en reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo14 y de la Corte
Constitucional15.
En definitiva, la acción de tutela contra providencias judiciales, como mecanismo
excepcional, se justifica en el carácter prevalente que se debe dar a la cosa
juzgada y a los principios constitucionales de autonomía e independencia del juez
natural, atributos que debe tener en consideración el juez constitucional al
momento de estudiar la constitucionalidad de cualquier fallo.
4. Estudio y solución del caso concreto
4.1. Verificación de los requisitos generales de procedencia
En el asunto objeto de estudio, (i) la acción de tutela es de relevancia
constitucional, pues debe definirse si la autoridad judicial accionada vulneró los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia de los señores Holman Yesid y Lida Silva Mendivelso, quienes son sujetos
de especial protección constitucional en razón a la condición de víctimas de
desplazamiento forzado, con la sentencia de 4 de mayo de 2022, que dentro del
trámite de segunda instancia de la acción de grupo promovida por los accionantes
y otras víctimas del desplazamiento forzado en hechos ocurridos el 19 y 20 de
noviembre de 1998 en la vereda La Cabuya, municipio de Tame, Arauca, se
abstuvo de efectuar un pronunciamiento sobre las pretensiones indemnizatorias
del daño a la salud formuladas por los accionantes al considerar que sobre esa
controversia había operado el fenómeno de cosa juzgada en virtud del proceso de
reparación directa anterior, incurriendo así en defecto fáctico, en tanto,
7
Se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece, absolutamente, de
competencia para ello.
8
Que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
9
Que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que
se sustenta la decisión.
10
Como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales o que
presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
11
Que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo
condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
12
Que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y
jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.
13
Se presenta cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez
ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como
mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
14
Cfr., Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Stella Jeannette Carvajal Basto (exp. 2016 00134-01),
Sentencia del 7 de diciembre de 2016, C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio (exp. Nº 2016-02213-01),
Sentencia del 24 de noviembre de 2016, C. P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez (exp. Nº 2016-02568-01,
Sentencia del 27 de noviembre de 2016, C. P. Roberto Augusto Serrato Valdés, entre otras.
15
Cfr., Sentencias SU-556 de 2016, M. P. María Victoria Calle Correa, SU-542 de 2016, M. P. Gloria Stella
Ortíz Delgado, SU-490 de 2016, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, SU-659 de 2015, M. P. Alberto
Rojas Ríos y SU-874 de 2014, M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, entre otras.
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supuestamente, esa decisión carece de fundamento probatorio, toda vez que no
se demostraron los elementos fijados en el ordenamiento jurídico para demostrar
dicha circunstancia.
Además, (ii) la parte actora no cuenta con otro medio de defensa judicial para
reclamar la protección constitucional de los derechos fundamentales invocados, en
tanto la sentencia cuestionada fue proferida en segunda instancia; (iii) se cumple
el requisito de la inmediatez, toda vez que la sentencia de 4 de mayo de 2022 se
notificó el 22 de junio de 2022 y la acción de tutela se radicó el 1 de julio de 2022,
esto es, transcurridos ocho días, dentro del término prudencial precisado por esta
Corporación y la Corte Constitucional16; (iv) se identificaron de manera razonable
los hechos que generaron la supuesta vulneración de los derechos fundamentales
y (v) la acción no se dirige contra un fallo de tutela.
Se advierte, entonces, que se han superado los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por lo que la
Sala entrará a efectuar el estudio de fondo del asunto bajo consideración.
4.2. La autoridad judicial accionada no incurrió en el defecto alegado
4.2.1. La parte actora promovió acción de tutela contra el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección “B”, con el objeto de que se amparen los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia los
cuales consideró vulnerados con la sentencia de 4 de mayo de 2022, dictada en el
trámite de segunda instancia de la acción de grupo promovida por los accionantes
y otras víctimas del desplazamiento forzado en hechos ocurridos el 19 y 20 de
noviembre de 1998 en la vereda La Cabuya, municipio de Tame, Arauca, contra el
Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, se abstuvo de efectuar un
pronunciamiento sobre las pretensiones indemnizatorias del daño a la salud
formuladas por los accionantes, al considerar que sobre esa controversia había
operado el fenómeno de cosa juzgada en virtud del proceso de reparación directa
anterior, incurriendo así en defecto fáctico, porque esa decisión carece de
fundamento probatorio, toda vez que no se demostraron los elementos fijados en
el ordenamiento jurídico para demostrar dicha circunstancia.
4.2.2. En efecto, la Sala observa que los señores Felimón Mendivelso, Gilberta
Tauy Naranjo, Nelson Mendivelso Tuay, Luz Mila Mendivelso Tuay, Erika Zulay
Contreras Mendivelso, y los aquí accionantes Holman Yesid Silva Mendivelso,
Lyda Isamar Silva Mendivelso presentaron acción de grupo contra el Ministerio de
Defensa Nacional, Ejército Nacional, con el objeto de que se declarara la
responsabilidad de la entidad demandada por los perjuicios ocasionados a
quienes habitaban la vereda La Cabuya, municipio de Tame, Arauca, en el ataque
perpetrado por miliares en su contra los días 19 y 20 de noviembre de 1998, en el
que asesinaron a sus familiares y los obligaron a abandonar sus residencias y la
vereda.
Concretamente, el grupo demandante pidió que se condenara a la demandada al
pago de los perjuicios morales y materiales y respecto de los aquí accionantes,
señores Holman Yesid y Lyda Isamar Silva Mendivelso, se solicitó el
reconocimiento de lo equivalente a 100 SMLMV por daño a la salud psicofísica y
las secuelas psicológicas en la salud emocional que les dejó los hechos narrados
anteriormente.
16
Expediente: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Demandante: Alpina Productos Alimenticios S.A.
Demandado: Consejo de Estado, Sección Primera. M.P.: Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
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Actor: Holman Yesid Silva Mendivelso y otra
Relataron que el Ejército Nacional instaló bases militares en el puente Gustavo
Matamoros que comunica a los departamentos de Casanare y Arauca para
garantizar la movilidad de vehículos que transportaban equipos petroleros,
operaciones militares que se denominaron “Epsilón” y “Oro negro III”. Afirmaron
que el 19 de noviembre de 1998, una de las tropas que se encontraban en esa
misión y que acusaban a los habitantes de la vereda de colaborar con “la
insurgencia” simularon abandonar el lugar, pues su misión ya había finalizado,
pero en la noche de ese día atacaron a la comunidad con armas cortopunzantes y
fusiles asesinando a los señores Rito Antonio Díaz Duarte, Efraín Carvajal
Valbuena Samuel Silva Ramírez padre de los accionantes, y a las señoras Alicia
Ramírez Méndez, quien se encontraba embarazada, y su hermana Leonor
Mercedes Carrillo. Los demás habitantes fueron obligados a abandonar sus
residencias y la vereda La Cabuya.
Indicaron que los hechos fueron investigados por la jurisdicción penal y
disciplinaria en donde se evidenció que miembros del Ejército Nacional planearon
la masacre junto a grupos paramilitares, y se establecieron condenas contra los
responsables por la grave violación a los derechos humanos de los habitantes de
la vereda La Cabuya.
4.2.3. En primera instancia, por sentencia de 25 de octubre de 2018, el Tribunal
Administrativo de Arauca declaró la responsabilidad de la entidad demandada por
el desplazamiento forzado del grupo actor en hechos ocurridos el 19 y 20 de
noviembre de 1998 en la vereda La Cabuya, municipio de Tame, Arauca. En
consecuencia, la condenó a pagar una indemnización correspondiente a 50
SMLMV a un grupo conformado por 94 personas, por concepto de perjuicios
morales siempre que demostraran la condición de desplazados, y 10 SMLMV por
daño a la salud sufrido por el señor Holman Yesid Silva Mendivelso y negó las
pretensiones sobre dicho perjuicio respecto de su hermana la señora Lyda Isamar
Silva Mendivelso.
De igual modo, negó las pretensiones indemnizatorias por perjuicios materiales,
porque no se acreditó la propiedad sobre los inmuebles que manifestaron haber
perdido en los hechos que rodearon el desplazamiento forzado.
En relación con la reparación por daño a la salud, manifestó que de conformidad
con el dictamen rendido por el médico psiquiatra del Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, se logró establecer que el señor Holman
Yesid Silva Mendivelso presentó “Trastorno Depresivo Persistente” y un daño
psicológico grave que requería manejo por psiquiatría clínica y proceso
psicoterapéutico una vez por semana. En el caso de la señora Lyda Isamar Silva
Mendivelso se concluyó que durante su infancia y adolescencia presentó un daño
psicológico grave, sin embargo, al momento del examen no presentaba signos de
enfermedad mental.
4.2.4. Inconformes con esa decisión, el Ministerio de Defensa Nacional y el grupo
actor presentaron recurso de apelación. Concretamente, sobre la indemnización
por daño a la salud que se ordenó pagar en favor del señor Holman Yesid Silva
Mendivelso, la entidad demandada manifestó que no se probó el daño por cuanto
en el dictamen pericial se indicó que presentó un daño psicológico por lo que el
mismo no es actual, además que no tiene algún impedimento para suspender sus
actividades laborales o académicas.
La parte actora, sobre esa misma materia, pidió que se aumentara el monto de la
indemnización reconocida en favor del señor Holman Yesid Silva Mendivelso a
100 SMLMV. Indicó que el monto indemnizatorio no compensa el daño causado
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que fue calificado por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses como daño psicológico grave, a lo que agregó que la determinación de
la cuantía trasciende al estudio del porcentaje de pérdida de capacidad laboral y
debe tener en cuenta la situación de vulnerabilidad en la que quedaron las
víctimas por el desplazamiento forzado y el asesinato de su padre y las
condiciones de vida que tuvieron que enfrentar por causa de esos hechos.
Del mismo modo, se opuso a la negativa de las pretensiones indemnizatorias en
favor de la señora Lyda Isamar Silva Mendivelso, en tanto en el dictamen pericial
se estableció que sufrió un daño psicológico grave durante su infancia y
adolescencia como consecuencia de los hechos ocurridos en la vereda La
Cabuya, municipio de Tame, Arauca, entre el 19 y 20 de noviembre de 1998, el
cual tiene derecho a que le sea reparado, máxime cuando se deriva de una grave
violación de derechos humanos.
4.2.5. En segunda instancia, la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de
Estado por sentencia de 4 de mayo de 2022, modificó el fallo recurrido en lo
concerniente a la conformación de grupo, en el cual no incluyó a los señores
Holman Yesid, Lyda Isamar Silva Mendivelso. Al respecto, señaló lo siguiente:
“Aunque las partes apelaron lo concerniente al daño a la salud, no se hará
pronunciamiento al respecto pues, frente a sus destinatarios se declarará la cosa
juzgada, porque por sus desplazamientos ya hubo un pronunciamiento de la
jurisdicción de lo contencioso administrativo, como se expuso con anterioridad”.
En efecto, la autoridad judicial accionada afirmó que la jurisdicción de lo
contencioso administrativo ya había declarado la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la entidad demandada por los homicidios de Alicia Ramírez
Méndez, Rito Antonio Díaz Duarte, José Efraín Carvajal Valbuena, Leonor
Mercedes Carrillo Niño y Samuel Silva Ramírez, ocurridos el 20 de noviembre de
1998 en la Vereda La Cabuya del municipio de Tame, Arauca. Al respecto, señaló
que el 8 de marzo de 2007, en el trámite de segunda instancia se suscribió un
acuerdo conciliatorio entre las partes aprobado por la Sección Tercera del Consejo
de Estado, mediante providencia de 12 de diciembre de 2007, al que la entidad
demandada dio cumplimiento mediante Resolución No. 1556 de 27 de abril de
2009.
Además, refirió que mediante providencias de 12 de octubre de 2007, 24 de junio
y 14 de diciembre de 2010 fue condenado el Mayor del Ejército Nacional Orlando
Hernando Pulido Rojas por los delitos de concierto para delinquir agravado y
homicidio agravado, por los hechos ocurridos la noche del 19 y amanecer del 20
de noviembre de 1998 en la Vereda La Cabuya del municipio de Tame, esta
decisión quedó ejecutoriada el 14 de diciembre de 2010 y que, por los mismos
hechos, fueron condenados el Teniente Sandro Quintero Carreño por los delitos
de homicidio agravado en concurso con concierto para delinquir, el capitán Pedro
José Barrera Sipagauta por homicidio agravado, los Sargentos Jairo Humberto
González, Marco Tulio Calderón Segua, Domingo Calderón Adán, Juan Carlos
Vásquez y Luis Salomón Puerto Acero por homicidio agravado.
4.2.6. La parte actora consideró que se configuró el defecto fáctico porque la
autoridad judicial accionada se abstuvo de pronunciarse sobre los argumentos
expuestos en el recurso de apelación, al considerar que había operado el
fenómeno de cosa juzgada respecto de las pretensiones de la acción de grupo
respecto de la indemnización de los perjuicios derivados del daño a la salud
psicológica en favor de los señores Holman Yesid y Lida Silva Mendivelso, pero
sin expresar un fundamento probatorio que respalde ese argumento y en el cual
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se identifiquen los elementos establecidos en el artículo 303 del Código General
del Proceso para determinar que frente al nuevo proceso la sentencia ejecutoriada
tiene fuerza de cosa juzgada, tales como, identidad de objeto, causa y partes.
4.2.7. Descendiendo al caso concreto, la Sala encuentra que la autoridad judicial
accionada no efectuó un pronunciamiento sobre la decisión de abstenerse de
analizar el recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia en lo
pertinente a la indemnización del daño a la salud reclamada por los accionantes,
por existir cosa juzgada en virtud del proceso de reparación directa promovido por
los aquí accionantes y otras víctimas, en el cual obtuvieron la reparación
administrativa de los perjuicios sufridos los días 19 y 20 de noviembre de 1998 en
la vereda La Cabuya, municipio de Tame, Arauca, cuando miembros del Ejército
Nacional asesinaron a habitantes de esta vereda y obligaron a otros a abandonar
sus residencias de manera definitiva.
No obstante, en contraste con lo considerado por la parte actora, se evidencia que
en la sentencia cuestionada sí se expresaron las razones en las cuales se
fundamentó la decisión de declarar la existencia del fenómeno de cosa juzgada en
lo pertinente con las pretensiones indemnizatorias por el daño a la salud en favor
de los señores Holman Yesid y Lida Silva Mendivelso.
En efecto, se observa que la autoridad judicial accionada hizo referencia al
proceso de reparación directa en el que se abordó el estudio de la responsabilidad
patrimonial del Estado de los perjuicios derivados de la muerte de los señores
Alicia Ramírez Méndez, Rito Antonio Díaz Duarte, José Efraín Carvajal Valbuena,
Leonor Mercedes Carrillo Niño y Samuel Silva Ramírez (padre de los aquí
accionantes), en hechos ocurridos entre el 19 y 20 de noviembre de 1998 en la
Vereda La Cabuya del municipio de Tame, Arauca, y que terminó con providencia
de 12 de diciembre de 2007 proferida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado que aprobó el acuerdo conciliatorio entre las partes de fecha 8 de marzo
de esa anualidad en el proceso, lo cual ha sido expresado por la misma parte
actora. Lo anterior, permite advertir con claridad que la autoridad judicial
accionada derivó de ese proceso judicial la existencia del fenómeno de cosa
juzgada y ese es el fundamento de esa decisión, por lo que, no es posible concluir
como lo hace la parte actora, que no hubo una fundamentación de ese argumento.
Sobre ese particular, la Sala constata que en el expediente correspondiente a la
acción de grupo que constituye el objeto de tutela, se encuentra incorporados los
siguientes elementos probatorios que permiten advertir que la decisión proferida
por la Sección Tercera, Subsección “B” del Consejo de Estado sobre el fenómeno
de cosa juzgada es razonable y no constituye causa de vulneración de los
derechos fundamentales invocados, tales como:
• Sentencia de 19 de noviembre de 2004 proferida por el Tribunal
Administrativo de Arauca dentro del proceso de reparación directa
promovida por Milton Alberto Carillo Niño y otros, expedientes acumulados
Nos 2000-464; 2000-463; 2000-465; 2000-466 y 2000-467 (folios 1094 a
1148).
Esta providencia da cuenta de que los demandantes eran los señores
Holman Yesid, Lida Isamar Silva Mendivelso, Florinda Ramírez y Antonio
Silva Ramírez quienes pidieron que se declarara la responsabilidad
patrimonial y administrativa del Ejército Nacional y, en consecuencia, se
condenara a indemnizar los perjuicios “morales subjetivos, de vida en
relación y materiales” derivados de la muerte de entre otros el señor
Samuel Silva Ramírez y del “desplazamiento forzado el mismo día de los
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hechos” esto es la masacre perpetrada por miembros de la entidad
demandada entre el 19 y 20 de noviembre de 1998.
Del mismo modo, se observa que en aquella ocasión se accedió a las
pretensiones de la demanda en el sentido de “declarar administrativamente
responsable a la Nación-Ministerio de Defensa- Ejercito Nacional, por los
perjuicios ocasionados a los demandantes, con ocasión de los homicidios
de ALICIA RAMÍREZ MÉNDEZ, RITO ANTONIO DÍAZ DUARTE, JOSÉ
EFRAÍN CARVAJAL VALBUENA, LEONOR MERCEDES CARRILLO NIÑO
Y SAMUEL SILVA RAMÍREZ, en hechos acaecidos el 20 de noviembre de
1998 en la vereda La Cabuya jurisdicción del municipio de Tame,
departamento de Arauca”.
En consecuencia, respecto de los aquí demandantes, condenó a la entidad
demandada al pago de la indemnización correspondiente a 100 SMLMV por
perjuicios morales, por concepto de perjuicios materiales para cada uno de
ellos la suma de $5.771.386, por concepto de indemnización futura la suma
de $8.228.753 en favor del señor Holman Yesid Silva Mendivelso y
$8.594.327 en favor de Lida Isamar Silva Mendivelso.
Negó las pretensiones relativas a la indemnización por daño a la vida de
relación. Explicó que no es posible tasar perjuicios por ese concepto porque
los demandantes no son las víctimas directas que hubieren sufrido la lesión
física, es decir, no sobrevivieron al hecho dañoso.
• Acta sobre la audiencia de conciliación celebrada el 8 de marzo de 2007
ante la Sección Tercera del Consejo de Estado dentro del trámite de
segunda instancia del proceso de reparación directa citado anteriormente
(folios 113 a 115 del cuaderno anexo 1 pruebas trasladadas).
En este documento se lee que el acuerdo al que llegaron consistió en que
el Ejército Nacional pagaría en favor de todos los demandantes, a partir de
la ejecutoria del auto que apruebe la conciliación: (i) el 90% de la condena
impuesta en la sentencia de primera instancia, (ii) lo equivalente a 50
SMLMV en favor de los hijos de crianza del señor Rito Antonio Díaz Duarte
y (iii) los intereses de que trata el artículo 177 del CCA.
• Providencia de 12 de diciembre de 2007 proferida por la Sección Tercera
del Consejo de Estado que aprueba el acuerdo conciliatorio citado
anteriormente y que declaró la terminación del proceso (folios 130 a 141 del
cuaderno anexo 1 pruebas trasladadas).
4.2.8. De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta claro que en efecto los
señores Holman Yesid, Lida Isamar Silva Mendivelso, como lo expresó la
autoridad judicial accionada, acudieron a la jurisdicción de lo contencioso
administrativo con el propósito de acceder a la indemnización de los perjuicios
derivados del desplazamiento forzado y el asesinato de su padre el señor Samuel
Silva Ramírez en hechos ocurridos el 19 y 20 de noviembre de 1998 en la vereda
La Cabuya, del municipio de Tame, Arauca y el proceso terminó en virtud del
acuerdo conciliatorio suscrito por las partes, entre ellos, los aquí accionantes.
Al respecto, resulta pertinente señalar que sobre el fenómeno de cosa juzgada, la
Corte Constitucional en la Sentencia SU-012 de 202017, precisó la naturaleza y su
alcance en los siguientes términos:
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Conjuez Ponente Esteban Restrepo Saldarriaga.
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“La cosa juzgada es una institución proveniente del derecho romano que proclamaba
“res iudicata pro veritate habetur” (la cosa juzgada se tiene por verdad). Sin embargo,
ha tenido importantes modulaciones a lo largo del tiempo y en las diferentes ramas del
derecho.
El elemento distintivo de la cosa juzgada es que, cuando el juez competente
decide un asunto, éste no puede ser evaluado nuevamente, pues las sentencias
resuelven definitivamente la cuestión controvertida entre las partes. Por lo tanto,
el conflicto jurídico entre ellas no puede volverse a proponer, de modo que cualquier
decisión posterior que sea contraria a lo que ya se decidió previamente es
absolutamente nula.
En este sentido, la jurisprudencia constitucional ha reconocido de manera uniforme que
la institución de la cosa juzgada es indispensable para la seguridad y coherencia del
ordenamiento jurídico, responde a la necesidad de pacificación, permite que los
conflictos se resuelvan de manera definitiva, posibilita el mantenimiento de un orden
justo y dota de certeza a las relaciones sociales”.
En efecto, la citada sentencia de unificación se refiere a los elementos que
corresponde verificar para determinar si se configuró el fenómeno de cosa
juzgada, de la siguiente manera:
“De este modo, para establecer si ha operado la cosa juzgada es necesario verificar si
en dos procesos distintos, uno posterior al otro, concurren las mismas partes, los
mismos hechos y las mismas pretensiones.
La identidad de partes implica que en ambos procesos evaluados, concurren los
mismos interesados e intervinientes que resultaron vinculados y obligados por la
decisión que constituye cosa juzgada, por cuanto la fuerza obligatoria de un fallo
judicial se limita a las personas que han intervenido en el proceso en el cual fue
proferido.
La identidad de objeto, implica que la demanda versa sobre la misma pretensión
material o inmaterial del caso sobre el cual se predica la cosa juzgada. Se presenta
cuando sobre lo pretendido existe un derecho reconocido o declarado, o cuando
se ha definido una situación jurídica.
La identidad de causa implica que la demanda posterior y la decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada tienen los mismos fundamentos o hechos como sustento.
No obstante, si además de compartir los mismos hechos, la demanda presenta nuevos
elementos, se permite el análisis de los nuevos supuestos. En tal caso, el juez puede
retomar los fundamentos anteriores que dieron origen a la cosa juzgada para proceder
a fallar sobre la nueva causa”. (Negrilla fuera del texto original)
Es decir, que lo que permite determinar si existe o no cosa juzgada es la cuestión
controvertida en el proceso anterior (reparación directa) y en el nuevo (acción de
grupo), que en el caso bajo examen es la responsabilidad del Estado por los
daños derivados del desplazamiento forzado y la muerte del padre de los
accionantes en hechos ocurridos el 19 y 20 de noviembre de 1998, en lo cual sin
duda existe identidad.
En efecto, de las pruebas que obran en el expediente, la Sala encuentra que en
las dos demandas se pretendió indemnizar el mismo daño (órbita psicofísica de
los ahora demandantes), perjuicio que se negó en el proceso de reparación directa
porque no eran las víctimas directas que hubieren sufrido lesiones físicas, lo cual
también pretendían en la acción de grupo en la que solicitaron la indemnización
por el daño psicofísico causado por el hecho que originó el daño.
De esta manera, para la Sala es razonable que la autoridad judicial demandada
entendiera que en las dos demandas se buscó la misma indemnización, así se
hubiera identificado con nombres distintos, diferencia que encuentra sentido en la
precisión jurisprudencial que hizo la Sección Tercera del Consejo de Estado en la
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sentencia de unificación de 14 de septiembre de 2011, con posterioridad a la
presentación de la demanda de la acción de reparación directa y con antelación a
la acción de grupo, en la que se indicó:
“7.4. En relación con el perjuicio inmaterial derivado de una lesión a la integridad
psicofísica de la persona, la Sala considera necesario recoger la denominación
“alteración a las condiciones de existencia”, para avanzar en el estudio de esta clase de
daños.
En efecto, el daño a la vida de relación o la alteración a las condiciones de existencia
no pueden comprender, de ninguna forma, el daño a la salud –comúnmente conocido
como perjuicio fisiológico o biológico– como quiera que este último está encaminado a
la reparación de cualquier lesión o afectación a la integridad psicofísica.
Así las cosas, yerra el a quo al señalar que el daño a la vida de relación está integrado
por: i) el perjuicio fisiológico, ii) el daño a la vida de relación sexual, iii) el daño a la vida
de relación social, iv) el daño a la vida de relación familiar y v) el daño estético.
El problema de asimilar la tipología del daño a compartimentos abiertos en los que se
pueden llenar o volcar una serie de bienes o intereses legítimos genera problemas en
sede de la reparación integral del daño y los principios de igualdad y dignidad humana
que deben orientar el resarcimiento de aquél. En efecto, con la implementación en
Colombia de los conceptos de “daño a la vida de relación” de raigambre Italiano y la
“alteración a las condiciones de existencia” de estirpe Francés, se permitió que se
implementaran en nuestro ordenamiento jurídico unos tipos de daños abiertos que en
su aplicación pueden desencadenar vulneraciones al principio de igualdad material.
(…)
Desde esa perspectiva, se insiste, el daño a la salud comprende toda la órbita
psicofísica del sujeto. En consecuencia, la tipología del perjuicio inmaterial se puede
sistematizar de la siguiente manera: i) perjuicio moral; ii) daño a la salud (perjuicio
fisiológico o biológico); iii) cualquier otro bien, derecho o interés legítimo constitucional,
jurídicamente tutelado que no esté comprendido dentro del concepto de “daño corporal
o afectación a la integridad psicofísica” y que merezca una valoración e indemnización
a través de las tipologías tradicionales como el daño a la vida de relación o la alteración
grave a las condiciones de existencia o mediante el reconocimiento individual o
autónomo del daño (v.gr. el derecho al buen nombre, al honor o a la honra; el derecho
a tener una familia, entre otros), siempre que esté acreditada en el proceso su
concreción y sea preciso su resarcimiento, de conformidad con los lineamientos que fije
en su momento esta Corporación.
Es decir, cuando el daño antijurídico radica en una afectación psicofísica de la persona,
el daño a la salud surge como categoría autónoma y, por lo tanto, desplaza por
completo denominaciones o tipos de perjuicios abiertos que han sido empleados en
otras latitudes, pero que, al igual que en esta ocasión, han cedido paso al daño
corporal como un avance jurídico que permite la reparación efectiva y objetiva del
perjuicio proveniente de la lesión al derecho constitucional y fundamental a la salud”
(subrayas y negrillas por fuera del texto original).
Así las cosas, resulta claro que en el caso bajo análisis se configuraron los
elementos para determinar que se configuró el fenómeno de la cosa juzgada, en
tanto hubo identidad de partes, de objeto y de pretensiones, razón por la cual la
Sala negará las pretensiones de la acción de tutela promovida por los señores
Holman Yesid y Lida Silva Mendivelso.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y
por autoridad de la ley,
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Actor: Holman Yesid Silva Mendivelso y otra
RESUELVE:
Primero.- NIÉGANSE las pretensiones de la acción de tutela promovida por el
señor Holman Yesid Silva Mendivelso y la señora Lida Isamar Silva Mendivelso,
por las razones aquí expuestas.
Segundo.- NOTIFÍQUESE esta decisión por el medio más eficaz y expedito
posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
Tercero.- PUBLÍQUESE esta providencia en la página web del Consejo de
Estado.
Cuarto.- En caso de no ser impugnada esta providencia, REMÍTASE el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de
eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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