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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03617-00

Fecha
28 de julio de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03617-00

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por el Consejo Superior de la Judicatura. SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el ciudadano Néstor Raúl Gutiérrez Castillo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991. 11 Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00 Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03617-00

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

28 de julio de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., veintiocho (28) de julio de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: NÉSTOR RAÚL GUTIÉRREZ CASTILLO
Accionado: CONSEJO DE ESTADO – SECCIÓN SEGUNDA -SUBSECCIÓN A
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA – SE NIEGA EL AMPARO – No se configura
mora judicial

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela promovida por el ciudadano Néstor Raúl
Gutiérrez Castillo en contra del Consejo de Estado – Sección Segunda –
Subsección A.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. El ciudadano Néstor Raúl Gutiérrez Castillo solicitó el amparo de sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya
vulneración le atribuyó al Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección
A, con ocasión de la presunta dilación injustificada en que ha incurrido la referida
autoridad judicial en resolver la solicitud de medida cautelar planteada dentro del
medio de control de nulidad con radicado número 11001-03-25-000-2019-00460-00,
acumulado al proceso 11001-03-25-000-2019-00266-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante en el escrito de amparo,
los hechos y razones que motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en
síntesis, a lo siguiente:

2.1. Manifestó que el 20 de junio de 2019 presentó la demanda de nulidad, la cual fue
identificada con el radicado No. 11001-03-25-000-2019-00460-00, en contra del
Acuerdo N° PSCJA 18-11077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo
Superior de la Judicatura.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

2.2. Señaló que, mediante auto de 15 de agosto de 2019, el consejero sustanciador
del proceso admitió la demanda de nulidad y corrió trasado de la solicitud de
medidas cautelares.

2.3. Refirió que las entidades demandadas descorrieron el traslado de la solicitud de
medidas cautelares los días 10, 11 y 24 de septiembre de 2019.

2.4. Indicó
que el 16 de enero de 2020 se corrió traslado de las excepciones
presentadas por los demandados, y que el 24 de febrero de 2020 se remitió su
proceso al expediente No. 11001-03-25-000-2019-00266-00, para llevar a cabo la
acumulación de los procesos.

2.5. Aseveró que en septiembre de 2020 presentó acción de tutela por la mora judicial
en la que se incurrió a efectos de decidir la acumulación de procesos.

2.6. Expuso que, mediante auto de 29 de enero de 2021, se decretó la acumulación
de los procesos Nº 11001-03-25-000-2019-00408-00 (2780-2019), 11001-03-25-
000-2019-00460-00 (3482-2019), 11001-03-25-000-2019-00545-00 (4252-2019) y
11001-03-25-000-2019-00513-00 (3873-2019) al expediente N° 11001-03-25-000-
2019-00266-00 (1591-2019) y se corrió traslado de la solicitud de medidas
cautelares.

2.7. Manifestó que, en esta oportunidad, los apoderados judiciales de la Universidad
Nacional y de la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura se
opusieron a la prosperidad de la solicitud de medidas cautelares.

2.8. Adujo que el 18 de mayo de 2021 se publicó aviso a la comunidad y que el 21 de
mayo de 2021 ingresó el expediente al despacho del consejero sustanciador, para
resolver la solicitud de medidas cautelares.

2.9. Señaló
que trascurridos siete meses desde que el expediente ingresó al
Despacho, los consejeros Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel Valbuena
Hernández se declararon impedidos.

2.10. Refirióque, mediante auto de 25 de abril de 2022, los impedimentos
manifestados por los consejeros aludidos fueron declarados infundados y que, con
ocasión de ello, el expediente ingresó el 15 de junio de 2022 al despacho, para
resolver la solicitud de medida cautelar.

2.11. Indicó que a la fecha de presentación de la esta acción de amparo no se han
resuelto las solicitudes de medidas cautelares, desconociendo con ello el tenor
literal del inciso 4º del artículo 233 del CPACA, precepto según el cual: «[e]l auto
que decida las medidas cautelares deberá proferirse dentro de los diez (10)
días siguientes al vencimiento del término de que dispone el demandado para

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Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

pronunciarse sobre ella. En este mismo auto el Juez o Magistrado Ponente
deberá fijar la caución. La medida cautelar solo podrá hacerse efectiva a partir de la
ejecutoria del auto que acepte la caución prestada».

III. PRETENSIONES

3. La accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] Se proteja mi derecho fundamental al acceso a la administración de
justicia, el debido proceso y la seguridad jurídica en el medio de control de
nulidad que supero el plazo razonable reconocido en los artículos 8.1 y 25.1
de la Convención Americana de Derechos Humanos -CADH-, los artículos 29
y 229 de la Constitución Política, para definir la solicitud de suspensión
provisional parcial en contra del acto administrativo contenido en el Acuerdo
PSCJA 18-11077 del 16 de agosto de 2018, en el proceso acumulado
radicación No. 11001032500020190026600 […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. Mediante auto de 7 de julio de 2022, se admitió la presente acción de tutela en
contra del Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A y, además,
se vincularon, en calidad de terceros con interés el resultado del proceso, «a la
Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, a la Universidad
Nacional de Colombia, a los señores Jorge Efraín Santana Guarín, Oscar Emiro
Gelis Salabarria, Armando Padilla Romero, Efraín Zuluaga Botero, Cristhyan
Danilo Calero Martínez, Roberto Carlos Arrázola Morales, Erika Chavarro Serrato,
Ricardo Martínez Quintero, Marlene Hernández Niño, Jylli Paola Zarate Téllez,
Camilo Andrés Baquero Aguilar, Katherine Stepanian Lamy y Caleb López
Guerrero».

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las autoridades accionadas, se produjeron las
siguientes intervenciones:

5.1. El
Consejo de Estado - Sección Segunda - Subsección A, a través del
consejero sustanciador del proceso, se opuso a la prosperidad de las
pretensiones la presente acción de tutela y precisó lo siguiente:

[…] i) Debido al cúmulo de procesos que actualmente cursan en la Sección
Segunda del Consejo de Estado, su tramitación se adelanta teniendo en
cuenta el orden de entrada al despacho para su trámite y resolución.

ii) En atención a la emergencia sanitaria generada por la pandemia del
COVID-19, el Consejo Superior de la Judicatura decretó la suspensión de
términos judiciales a partir el día 16 de marzo de 2020 hasta el 1º de julio de

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Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

2020 y, a su vez, la presidencia del Consejo de Estado determinó el cierre de
las dependencias de esta Alta Corte, situación que generó un retraso en el
curso de los asuntos de su conocimiento […].

5.2. Además de lo anterior, indicó que en el proceso de nulidad se han surtido las
siguientes actuaciones:

[…] - El proceso radicado con número 11001-03-25-000-2019-00460-00
(3482-2019), por reparto del 20 de junio de 2019 le correspondió al despacho
del magistrado Rafael Francisco Suárez Vargas, quien mediante auto de
fecha 15 de agosto de 2019 i) admitió la demanda de nulidad; ii) ordenó correr
traslado de la medida cautelar y; iii) ordenó la remisión del expediente al
despacho del suscrito para que estudiara la posible acumulación con el
proceso radicado con número 11001-03-25-000-2019-00266-00 (1591-2019).

Notificada la decisión anterior, la parte demandada contestó la demanda y
propuso excepciones, de las cuales la secretaría de la Sección Segunda
corrió traslado el día 16 de enero de 2020.

El día 24 de febrero de 2020, fue remitido al despacho del suscrito el proceso
con radicado número 11001-03-25-000-2019-00460-00 (3482-2019), en
cumplimiento a lo ordenado en auto del 15 de agosto de 2018.

• El proceso radicado con número 11001-03-25-000-2019-00266-00 (1591-
2019), le correspondió por reparto del 29 de marzo de 2019 a este despacho,
el cual, mediante auto de 26 de abril de 2019, admitió la demanda y ordenó
correr traslado de la medida cautelar la cual fue negada mediante auto de
fecha 25 de septiembre de 2019. Decisión que fue objeto de recurso de
reposición.

Ahora, mediante auto del 29 de enero de 2021, se decretó la acumulación del
proceso que tramitaba el magistrado Suárez Vargas al que cursa en este
despacho (por ser este el más antiguo) y, además, de los radicados con los
números 11001-03-25-000-2019-00408-00 (2780-2019) y 11001-03-25-000-
2019-00545-00 (4252-2019). En dicha providencia también se dispuso admitir
las demandas que no lo estaban y suspender el trámite del proceso 11001-
03-25-000-00266-00 (1591-2019), hasta el momento en que las demandas
acumuladas se encontraran en la misma etapa procesal. Adicionalmente, se
corrió traslado de las medidas cautelares presentadas en cada uno de ellos.

• Previo a resolver lo pertinente, el día 10 de febrero de 2022 el magistrado
Rafael Francisco Suárez Vargas y el suscrito nos declaramos impedidos para
conocer del asunto1. El proceso pasó al despacho del magistrado William
Hernández Gómez para su resolución, el cual, junto con otro magistrado de la
sección, mediante auto de 25 de abril del año en curso, lo declaró infundado.

• Una vez notificada la anterior providencia, el 15 de junio de 2022, la
secretaría remitió el proceso al despacho, para seguir con el trámite
correspondiente […].

5.3. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de la
Carrera Judicial, a través de su director, rindió informe en el que señaló que

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Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

carece de legitimación en la causa por pasiva «teniendo en cuenta [que] la
pretensión de la tutela, y que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial no es la autoridad llamada a darle
cumplimento, como quiera que lo que se pretende es la resolución de una medida
de suspensión provisional solicitada dentro del proceso acumulado bajo el
radicado 11001032500020190026600 que adelanta el Consejo de Estado».

5.4. Además, también indicó que el acto administrativo demandado en el proceso
contencioso «no fue expedido como consecuencia de un exceso en el ejercicio de
la potestad reglamentaria por parte del Consejo Superior de la Judicatura, sino
que obedece a criterios de necesidad de suplir un vacío normativo que impedía la
cumplida ejecución de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, en lo
que atañe a los concursos de méritos para desempeñarse en los cargos públicos,
justamente como corresponde en ejercicio de esta atribución, según lo ha
precisado la jurisprudencia del Consejo de Estado».

5.5. LaUniversidad Nacional de Colombia, por intermedio del director del
proyecto – contrato 096 de 2018, rindió informe en el indicó que la presente
acción de amparo era improcedente por no cumplir con los requisitos de
subsidiariedad, inmediatez y, adicionalmente, indicó que la autoridad judicial no
había incurrido en una mora judicial.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia

6. Esta Sala de Decisión es competente para pronunciarse sobre la acción de
tutela promovida por la accionante en contra de los aquí accionados, en virtud de
lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en concordancia con
el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía con el Acuerdo
377 del 11 de diciembre de 20183 y con el artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de
marzo de 2019, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de
tutela.

VI.2. Cuestión previa

7. ElConsejo Superior de la Judicatura solicitó su desvinculación del presente
trámite constitucional, por cuanto, a su juicio, no tiene competencia para atender
las pretensiones de amparo.

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único
Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
“Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado.”

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Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

8. Respecto de la legitimación en la causa por pasiva en procesos de tutela, la
Corte Constitucional en la sentencia T - 1001 de 2006, señaló:

[…] La legitimación pasiva se consagra como la facultad procesal que le
atribuye al demandado la posibilidad de desconocer o controvertir la
reclamación que el actor le dirige mediante la demanda sobre una pretensión
de contenido material.

Si bien la tutela se establece por la Constitución como un proceso preferente
y sumario, con ello no se quiso consagrar un instrumento judicial carente de
garantías procesales, en donde la brevedad y celeridad procesal sirvan de
excusa para desconocer los derechos de las partes o de los terceros, de
manera que en dicho proceso, como en cualquier otro, el juez debe lograr
que la actuación se surta sin vulnerar los principios de legalidad y
contradicción […].

9. En este contexto, la Sala considera que no tiene vocación de prosperidad la
solicitud de desvinculación propuesta por el Consejo Superior de la Judicatura
– Unidad de Administración de la Carrera Judicial, por cuanto esa entidad es
parte procesal dentro del proceso de nulidad Nº 11001-03-25-000-2019-00460-00,
acumulado al expediente N° 11001-03-25-000-2019-00266-00.

10. Significa lo anterior que el Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Administración de la Carrera Judicial sí tiene interés en el presente asunto, por
lo que la Sala negará tal solicitud de desvinculación.

VI.3. Problemas jurídicos

11. De acuerdo con la situación fáctica planteada, a la Sala le corresponde
establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela. Si ello es así, determinar:

b) Si la autoridad accionada vulneró los derechos fundamentales del actor,
ante la presunta dilación injustificada que se ha configurado en el trámite
de la demanda de nulidad que promovió en contra de la Nación – Rama
Judicial – Consejo Superior de la Judicatura y que se identifica con el
radicado número 11001-03-25-000-2019-00460-00, acumulado al
expediente N° 11001-03-25-000-2019-00266-00.

12. Con el fin de resolver tales interrogantes, resulta pertinente pronunciarse de
manera previa sobre: i) presupuestos para que se configure la mora judicial; para
posteriormente ii) resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto,
siempre y cuando se satisfagan a cabalidad las exigencias adjetivas.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

VI.4. Los presupuestos para que se configure la mora judicial en el interior
de los procesos judiciales

13. Cabe poner de presente que, por mandato de la Constitución, el trámite de las
actuaciones judiciales deberá adelantarse con diligencia y cumplimiento de los
términos legales, con el propósito que el interesado pueda acceder a una decisión
en firme, oportuna y efectiva, por cuanto, de no ser así, se configuraría una
vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la
administración de justicia.

14. Ahorabien, la Corte Constitucional ha definido la mora judicial como un
«fenómeno multicausal y estructural»4, que se presenta en razón al «alto número
de procesos en curso, los engorrosos diligenciamientos y la consiguiente
congestión judicial»5.

15. En atención a la circunstancia endémica originada por el sistemático
incumplimiento de los términos procesales, la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, sin desconocer las especiales situaciones en que se desarrolla la
función judicial en Colombia, ha reconocido que existen circunstancias en las
cuales la mora judicial vulnera gravemente «los derechos fundamentales como el
debido proceso y el acceso a la administración de justicia, que la carta política
expresamente consagra, exige y trata de proteger».6

16. Sin embargo, de acuerdo con la jurisprudencia Constitucional, para que se
estructure la violación amparable del debido proceso y al acceso a la
administración de justicia, por la falta de resolución oportuna del asunto sometido
a conocimiento de un servidor judicial, resulta imprescindible analizar: (i) el
volumen de trabajo y el nivel de congestión judicial de la respectiva dependencia;
(ii) el desarrollo y cumplimiento de las funciones del cargo; (iii) la complejidad del
caso sometido a decisión judicial, y (iv) el cumplimiento por las partes de sus
deberes de impulso procesal7.

VI.5. Caso concreto

17. El ciudadano Néstor Raúl Gutiérrez Castillo solicitó el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, cuya vulneración le atribuyó al Consejo de Estado – Sección Segunda
– Subsección A, con ocasión de la presunta dilación injustificada en que ha
incurrido la referida autoridad judicial en resolver la solicitud de medida cautelar

4
Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P. María Victoria Calle
Correa.
5
Corte Constitucional, sentencia T-1019 de 2010. M.P.: Nilson Pinilla.
6
Ibidem.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-220 de 2007.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

planteada dentro del medio de control de nulidad con radicado número 11001-03-
25-000-2019-00460-00, acumulado al proceso 11001-03-25-000-2019-00266-00.

18. Como sustento de la solicitud de amparo, el actor manifestó que la autoridad
judicial accionada ha vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso y al
acceso a la administración de justicia, en tanto que, desde el momento en que
radicó su demanda de nulidad -año 2019- se encuentra a la espera de que se
resuelva la solicitud de medidas cautelares en el proceso N° 11001-03-25-000-
2019-00460-00, acumulado al expediente N° 11001-03-25-000-2019-00266-00.

19. Por lo anterior, solicitó que se ordene a la accionada que resuelva la «solicitud
de suspensión provisional parcial en contra del acto administrativo contenido en el
Acuerdo PSCJA 18-11077 del 16 de agosto de 2018».

20. Resumidos así los motivos de inconformidad y lo pretendido por el actor a
través del presente mecanismo de amparo, resulta oportuno indicar las distintas
actuaciones adelantadas en el interior del proceso con radicado número 11001-
03-25-000-2019-00460-00, conforme a la sede judicial electrónica SAMAI8.
Veamos:

20.1. El 20 de junio de 2019, el aquí accionante promovió demanda de nulidad en
contra de la Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, con
miras a obtener la nulidad parcial del Acuerdo Nº PSCJA 18-11077 de 16 de agosto
de 2018. El proceso fue repartido al consejero de Estado, doctor Rafael Francisco
Suárez Vargas.

20.2. Mediante auto de 15 de agosto de 2019, el consejero sustanciador admitió la
demanda y ordenó correr traslado de la solicitud de medidas cautelares a los
demandados y demás sujetos procesales.

20.3. El
16 de septiembre de 2019 se publicó aviso a la comunidad, en
cumplimiento del numeral 5° del artículo 171 de la Ley 1437 de 2011.

20.4. El 16 de enero de 2020, la Secretaría de la Sección Segunda corrió traslado a
la parte demandante de las excepciones presentadas por la Nación - Rama
Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

20.5. El 24 de enero de 2020 el proceso fue remitido al despacho del consejero
Gabriel Valbuena Hernández, para estudiar su posible acumulación al proceso
N° 11001-03-25-000-2019-00266-00.

8
Ver SAMAI expediente Nº 11001-03-25-000-2019-00460-00 y 11001-03-25-000-2019-00266-00.

9

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

20.6. Medianteauto de 29 de enero de 2021, el consejero Gabriel Valbuena
Hernández ordenó la acumulación de los procesos N° 11001-03-25-000-2019-
00408-00 (2780-2019), 11001-03-25-000-2019-00460-00 (3482-2019), 11001-03-
25-000-2019-00545-00 (4252-2019) y 11001-03-25-000-2019-00513-00 (3873-
2019) al expediente N° 11001-03-25-000-2019-00266-00 (1591-2019).

20.7. En
la misma providencia, se ordenó correr traslado de las solicitudes de
medidas cautelares elevadas en los procesos acumulados N° 11001-03-25-000-
2019-00408-00 (2780-2019), 11001-03-25-000-2019-00460-00 (3482-2019),
11001-03-25-000-2019-00545-00 (4252-2019) y 11001-03-25-000-2019-00513-00
(3873-2019).

20.8. El 18 de mayo de 2021 se publicó aviso a la comunidad, en cumplimiento del
numeral 5° del artículo 171 del CPACA.

20.9. El
21 de mayo de 2021 el expediente subió al despacho para resolver de
fondo la solicitud de medidas cautelares.

20.10. El 10 de febrero de 2022 los consejeros Rafael Francisco Suárez Vargas y
Gabriel Valbuena Hernández manifestaron impedimento para conocer del
asunto, amparado en el numeral 6° del artículo 141 del Código General del
Proceso.

20.11. Mediante
auto de 25 de abril de 2022, la Subsección A de la Sección
Segunda de esta Corporación declaró infundado el impedimento manifestado por
los consejeros Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel Valbuena
Hernández.

20.12. Con ocasión de lo anterior, el expediente fue devuelto el 15 de junio de esta
anualidad al despacho del consejero Gabriel Valbuena Hernández, para efectos
de que fuera resuelta la solicitud de medidas cautelares.

21. Deacuerdo con las actuaciones que se han surtido dentro del proceso de
nulidad Nº 11001-03-25-000-2019-00460-00, acumulado al proceso Nº 11001-03-
25-000-2019-00266-00, la Sala estima que no se ha configurado una mora judicial
por que el proceso sólo subió al despacho para resolver la solicitud de medidas
cautelares hasta el pasado 15 de junio de 2022.

22. En el anterior contexto, cabe poner de relieve que, aunque el 21 de mayo de
2021 el expediente ingresó inicialmente al despacho para resolver la solicitud de
medidas cautelares, no se puede ignorar que el 10 de febrero de 2022 los
consejeros Rafael Francisco Suárez Vargas y Gabriel Valbuena Hernández
manifestaron la posible configuración de una causal de impedimento en el sub

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

examine, la cual fue resuelta por la Subsección A de la Sección Segunda de esta
Corporación a través del auto de 15 de abril de este año.

23. En ese orden de ideas, para la Sala no es de recibo el argumento del
accionante consistente en que en el sub examine se ha superado el tiempo
razonable para emitir una decisión que resuelva la solicitud de medidas
cautelares. Esto es así porque el expediente solo subió al despacho para resolver
dicha solicitud el pasado 15 de junio de 2022, lo que significa para la fecha en que
se presentó la presente acción de amparo [5 de julio de 2022] apenas habían
transcurrido diez días hábiles.

24. Así las cosas, esta Sección considera que en el presente caso no existe mora
judicial y, por ende, no se vulneran sus derechos fundamentales porque no se
estructuran los requisitos de la mora judicial, a saber: i) el incumplimiento de un
término judicial, ii) el desbordamiento del plazo razonable, y iii) la ausencia de
justificación o motivo de la «demora». Por lo anterior, la Sala negará las
pretensiones de la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación solicitada por el Consejo
Superior de la Judicatura.

SEGUNDO: NEGAR la solicitud de amparo promovida por el ciudadano Néstor
Raúl Gutiérrez Castillo, de conformidad con las consideraciones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre
de 1991.

CUARTO: De no ser impugnada la presente sentencia, REMITIR el expediente a
la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días
siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 31
del Decreto Ley No. 2591 del 19 de noviembre de 1991.

11

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03617-00
Accionante: Néstor Raúl Gutiérrez Castillo

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por
la Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(15)

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