Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03628-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03628-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03628-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
20 de octubre de 2022
Demandantes: Jorge Euclides Castillo Suárez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Rad: 11001-03-15-000-2022-03628-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 11001-03-15-000-2022-03628-01
Demandantes: JORGE EUCLIDES CASTILLO SUÁREZ Y OTROS
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE
Temas: Tutela contra providencia judicial – Defectos fáctico,
procedimental por exceso ritual manifiesto, desconocimiento
del precedente y por violación directa de la Constitución –
Revoca improcedencia para negar
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por los señores Jorge Euclides Castillo
Suárez, Héctor Hernando Bohórquez Cardona, Laureano Mosquera Castillo y Luis
Alberto Varela Muñoz contra la sentencia de 26 de agosto de 2022, proferida por
la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró la
improcedencia de la petición constitucional.
I. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante escrito presentado el 5 de julio de 2022 al buzón electrónico de la
Secretaría General del Consejo de Estado, los señores Jorge Euclides Castillo
Suárez, Héctor Hernando Bohórquez Cardona, Laureano Mosquera Castillo y Luis
Alberto Varela Muñoz, en nombre propio, instauraron acción de tutela contra el
Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y
buena fe.
2. Tales garantías las consideró vulneradas con ocasión de la sentencia de 2 de
diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, que
confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial
de Florencia el 22 de septiembre de 2017, en el proceso de reparación directa,
identificado con radicado N. º 18001-33-31-702-2011-00518-00/01.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
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Demandantes: Jorge Euclides Castillo Suárez y otros
Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
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“(…)
2. Se deje sin efectos la Sentencia del 22 de septiembre del 2017 proferida por el
Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Florencia – Caquetá y la Sentencia
del 02 de diciembre del 2021 debidamente notificada el 28 de enero del 2022
emitida por el Tribunal Administrativo del Casanare.
3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo del Casanare, proferir
nueva sentencia que se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del
derecho fundamental al debido proceso y con ello el derecho de acceso a la
administración de justicia, basado para ello, en un estudio minucioso de todas las
pruebas oportunamente allegadas al proceso.
4. Atendiendo a las amplias facultades otorgadas a los jueces constitucionales,
imploramos a su Despacho, acceder a cualquier otra decisión que garantice la
protección de nuestros derechos vulnerados”.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
4. El 7 de septiembre de 2009 los predios de los señores Luis Alberto Varela
Muñoz, Héctor Hernando Bohórquez y Laureano Mosquera Castillo, ubicados en
las veredas Agua Linda, Playa Verde y La Nueva Esperanza, (Caquetá),
presuntamente sufrieron daños ocasionados en su fauna por la aspersión de
glifosato desde una aeronave perteneciente a la Policía Nacional.
5. Con ocasión de ello, presentaron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía
Nacional – Dirección Nacional de Estupefacientes.
6. En primera instancia el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia, por medio de sentencia de 22 de septiembre de 2017, declaró probada
la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por el
Ministerio de Justicia y del Derecho y negó las pretensiones de la demanda,
porque no se acreditó el nexo de causalidad entre el hecho dañoso y la
imputabilidad del mismo a la entidad pública demandada, pues no se demostró
que las fumigaciones con glifosato hubiesen afectado los terrenos de propiedad de
los demandantes.
7. Inconforme con la decisión, la parte actora interpuso recurso de apelación, el
cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Casanare a través de fallo de 2
de diciembre de 2021, en el que confirmó la providencia del a quo, tras considerar
que:
“Así las cosas, para la sala, con las pruebas aportadas no puede atribuirse
responsabilidad a la entidad demandada porque no está claro cuál fue la zona a la
que se hayan extendido los efectos de la aspersión que se llevó a cabo el
07/09/2009, programada para un corredor de 45.45 hectáreas, las cuales son a
todas luces inferiores a las 570 que suman todos los predios de los actores,
ubicados en tres veredas diferentes (Agua Linda, Playa Verde y La Nueva
Esperanza).
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Adicionalmente, las certificaciones aportadas de directivas de la JAC y el
coordinador de asistencia técnica de Cartagena del Chairá, ni siquiera dan fe del
estado de los cultivos presuntamente afectados y no se especifican las razones
que sirvieron de fundamento para afirmar que dichos predios padecían
afectaciones.
En ese orden, la sala encuentra que la parte actora no cumplió con la carga de
aportar las pruebas que sustentaran la afirmación realizada en la demanda, tal
como lo exige el art. 167 del C.G. del P, lo único claro que se tiene consiste en que
el 07/09/2009 en el departamento del Caquetá, al parecer en el área general de
Cartagena del Chairá en las veredas en que los demandantes tenían predios, se
realizó fumigación con glifosato, con cantidades para cubrir lo programado (45.45
hectáreas), pero se desconoce en qué sitios específicos ocurrió y si los daños
atribuidos a dicha aspersión en los predios de los actores fueron causados por el
glifosato; consecuencialmente, la sentencia desestimatoria será confirmada”.
8. Dicha decisión fue notificada el 28 de enero de 2022.
1.4. Fundamentos de la vulneración
9. La parte actora adujo la configuración de un defecto por violación directa de la
Constitución en la providencia de 2 de diciembre de 2021, proferida por el
Tribunal Administrativo de Casanare, en atención a la falta de consideración de
que ellos eran sujetos de especial protección constitucional en razón de su edad.
10. Así, manifestaron que no les era exigible a familias campesinas, sin formación
académica y encabezadas por personas de la tercera edad, que tuvieran
conocimiento de procedimientos legales, técnicos y científicos para atacar
jurídicamente la posición del Estado. Por el contrario, indicaron que se debió dar
un trato diferenciado y aplicación al principio de igualdad, pues “(…) existen casos
similares de cara a las aspersiones con glifosato en las que no debe derivar en una
excesiva apreciación técnica de las pruebas que se susciten dentro de cada proceso,
dado que en el peor de los casos podría haber condenado de forma abstracta el actuar
lesivo del Estado”.
11. Posteriormente, señalaron que la autoridad judicial accionada incurrió en un
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. Los actores sostuvieron
que se llevó a cabo una valoración inadecuada de los medios de prueba, pues
para los jueces de instancia no se pudo realizar una “(…) suposición razonable de lo
que podría haber ocurrido”, ciñéndose únicamente a un conocimiento técnico y
científico de resultados obtenidos de experticias.
12. Recalcaron que no era indispensable la demostración científica del químico
que afectó sus predios, pues según la jurisprudencia de la Corporación, en casos
donde se analice la responsabilidad administrativa de la Policía Nacional por
daños ocasionados por glifosato, no existía obligatoriedad de acreditar
científicamente la utilización de un químico específico. Como sustento de ello
expusieron la siguiente cita:
“La Sala no comparte los argumentos esgrimidos por la entidad demandada, en
torno a que no se practicaron pruebas de laboratorio para determinar la clase de
herbicida que afectó el predio “La Esperanza”, pues lo cierto es que se acreditó en
el plenario que, en la segunda semana de noviembre de 1997, aeronaves de la
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Policía Antinarcóticos esparcieron herbicidas sobre dicho predio y que ello causó
daños en 22,85 hectáreas aproximadamente, lo cual hace irrelevante precisar cuál
fue ese herbicida.
No obstante, al respecto, es menester señalar que, si bien no se practicaron las
pruebas de laboratorio que echa de menos la demandada, lo cierto es que todo
indica que se trató de glifosato, pues, según el Ministerio del Medio Ambiente,
desde enero de 1992 y en el seno del Consejo Nacional de Estupefacientes, el
Gobierno Nacional adoptó como estrategia social el mecanismo de aspersión
aérea con ese herbicida, para la erradicación de cultivos ilícitos”1.
13. Asimismo, indicaron que no era deber de ellos probar la individualización de
los predios y veredas alcanzados por el glifosato, sino, de quienes ejecutaban el
programa de erradicación de cultivos ilícitos, pues “[N]os lo resulta inverosímil, sino
también inconvencional e inconstitucional, que los Juzgadores pretendan que nosotros
seamos quienes deban acreditar que la aspersión aérea que la Policía realizó con
glifosato el 07 de septiembre del 2009, roció nuestros predios plenamente identificados.
Omiten los Despachos Judiciales que ese nivel de precisión, como la misma Policía ha
indicado, que ni ella misma que es la que diseña y ejecuta los planes de fumigación aérea
los tiene; y resulta una verdadera carga desproporcional para nosotros, campesinos y
ancianos que estamos reclamando las afectaciones que recibimos en nuestros predios”.
(Sic a toda la cita)
14. Por lo tanto, argumentaron que se les impuso una carga excesiva que no
tenían porqué soportar y, en caso de que se advirtiera una precariedad en las
experticias, debió dictarse una condena en abstracto.
15. Por último, los tutelantes señalaron la configuración de un defecto fáctico por
indebida valoración probatoria de los siguientes medios:
a) Oficio N. º S-2013-060179/ARECI-GRUAQ-29 del 17 de noviembre de 2013
– “(…) por medio del cual remitieron copia de la Orden de Servicio No. 242 del 13
de agosto del 2009 de la Operación “Diosa del Chairá V” de aspersión aérea en
los Departamentos de Caquetá, Cauca y Putumayo, del Instructivo No.
002/DIRAN-ARECI del 09 de enero del 2007, correspondiente a la Guía de
planeación diaria del informe de misión de aspersión aérea (IMAA)”.
b) Oficio N. º S-2013-062271/ARECI-GRUAQ-29 del 28 de noviembre de 2013
– “(…) en donde expresa que remitía al Despacho copia del Poligrama No. 015
del 07 de septiembre del 2009 y nuevamente copia de la Orden No. 242; de lo
anterior, hay que manifestar que en realidad no obró en el plenario copia del
citado Poligrama ni del Acta de Aspersión No. 015 del 07 de noviembre del 2009,
que trataban de la aspersión con glifosato a cultivos ilícitos; medios de prueba que
al no estar en el plenario no debieron haber sido considerados, y en su defecto,
debió dársele una valoración más precisa al resto de elementos que sí obraban en
el plenario”.
c) Testimonios de los señores Roque Bocanegra, Luis Alberto Rodríguez,
Jorge Alipio Suárez y Óscar Humberto Delgado Rodríguez – “(…) dieron un
soporte más fuerte de la existencia del nexo de causalidad que se planteó dentro
del medio de control de Reparación Directa, que concluía fehacientemente en los
daños que recibimos como propietarios (…)”.
1
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia 27.01.12, Rad. 18001-23-31-000-1999-00397-
01.
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d) Certificación dictada por la Junta de Acción Comunal del 14 de septiembre
de 2009 – “(…) a través de la cual dejan constancia de que visitaron y verificaron
las consecuencias del rocío con glifosato en nuestros predios”.
e) Certificaciones proferidas por el coordinador de Asistencia Técnica
Agropecuaria del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá – “(…) las
que hacen constar los daños sufridos en nuestros predios”.
16. Frente a la primera prueba, aseguraron que la autoridad judicial accionada
omitió que pese a que se realizaron sobrevuelos en la zona y la fumigación como
se ordenó, no se dejaron constancias de las delimitaciones exactas de los lugares
y predios fumigados. Respecto a la segunda, indicó que no obró copia del
poligrama ni del acta de aspersión N. º 015 de 7 de noviembre de 2009, razón por
la cual no debieron ser considerados por el tribunal y, por el contrario, dársele una
valoración más precisa al resto de elementos.
17. Sobre los testimonios advirtieron que no fueron apreciados por tratarse de
campesinos que presenciaron la fumigación con glifosato y no de expertos
científicos. En lo referente a las certificaciones sostuvieron que se desconoció la
formación, experiencia e idoneidad de las directivas de la Junta de Acción
Comunal, dando a entender que, según la judicatura reprochada, debía dictarse
por una persona con otro tipo de conocimientos.
18. De igual forma, presentaron su desacuerdo con las apreciaciones del tribunal
en el sentido de que, a su juicio, las pruebas allegadas no presentaban
inconsistencias y, por el contrario, daban fe de lo sucedido, acompañadas de un
registro fotográfico y la “(…) validez de las certificaciones no se ve reducida o
trasgredida por el periodo comprendido entre la fecha de la revisión e inspección y la
fecha de expedición, máxime cuando no existe término legal y fijado que regule el término
en el que estas puedan ser expedidas, así como de que funcionario deba ser el
competente, por lo que no basta con meras apreciaciones subjetivas para desvirtuar lo ahí
consignado”.
19. En consecuencia, adujeron que el material probatorio valorado de forma
indebida se podía concluir que la Policía Nacional fue la entidad que fumigó sus
predios y la responsable de los daños ocasionados.
1.5. Trámite de la acción de tutela
20. Mediante auto de 7 de julio de 2022, la magistrada ponente de la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, admitió la demanda de tutela y
dispuso su notificación a los accionantes, al Tribunal Administrativo de Casanare y
al Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.
21. De igual forma se vinculó como tercero interesado a la Policía Nacional y al
ministro de Justicia y del Derecho2.
2
Si bien la Dirección Nacional de Estupefacientes integró el extremo pasivo del medio de control
de reparación directa, se advierte que dicha entidad fue suprimida mediante Decreto 3183 de 2011,
cuyo artículo 22 estableció que el “Ministerio de Justicia y del Derecho se subrogará en las
obligaciones y derechos de la Dirección Nacional de Estupefacientes en Liquidación una vez
queden en firme el acta final de liquidación y se declare terminado el proceso de liquidación de la
Entidad”.
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1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. Tribunal Administrativo de Casanare
22. Mediante escrito allegado el 15 de julio de 2022, el magistrado ponente de la
decisión recurrida después de citar textualmente el estudio del caso concreto
realizado en la providencia de 2 de diciembre de 2021 argumentó que los
accionantes debieron demostrar cómo y por qué se violó el derecho fundamental a
la igualdad.
23. Además, puso de presente que la acción de tutela no era una tercera instancia
a la que podía acudir una persona a la cual le fueron desestimadas sus
pretensiones al interior del medio de control de reparación directa en ambas
instancias.
24. Adujo que en la sentencia se analizaron todas las pruebas allegadas al
expediente y de estas se determinó que los testimonios no eran serios ni creíbles
y que no demostraban el daño reclamado. Por ende, la conclusión fue que no
estaban probados los elementos de la responsabilidad extracontractual del Estado
y de ahí la confirmación del fallo desestimatorio de primera instancia, es decir que,
la parte actora no cumplió con la carga probatoria que tenía como sujeto procesal
para obtener una sentencia favorable.
25. En consecuencia, solicitó que se declarara la improcedencia del mecanismo o,
en su defecto, se profiriera una negativa.
1.6.2. Ministerio de Justicia y del Derecho
26. Por medio de documento remitido el 18 de julio de 2022, el director jurídico
indicó que en el medio de control de reparación directa fue declarada a su favor la
excepción de falta de legitimación material en la causa por pasiva, razón para que
fueran negadas las pretensiones respecto de la entidad.
1.6.3. Ministerio de Defensa Nacional
27. A través de memorial enviado el 19 de julio del presente año, el jefe del área
jurídica manifestó que la acción tutelar resultaba improcedente teniendo en cuenta
la inexistencia de un perjuicio irremediable, además de que el tema de litigio ya fue
resuelto en la instancia ordinaria.
28. Pese a que el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito Judicial de
Florencia, fue debidamente notificado, guardó silencio3.
3
Índice 9 de SAMAI.
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1.7. Fallo impugnado
29. Mediante sentencia de 26 de agosto de 2022, la Sección Tercera, Subsección
“A” del Consejo de Estado, declaró la improcedencia de la acción tutelar.
30. En primer lugar, indicó que la solicitud de amparo carecía de relevancia
constitucional, dado que los accionantes pretendían convertir el mecanismo en
una instancia adicional al proceso ordinario. En la misma línea, sostuvo que las
razones contenidas en la tutela corresponden a una reiteración de la teoría del
caso que se plasmó en la demanda.
31. Adujo que en sede ordinaria no fue puesta de presente la condición de tercera
edad de los actores. Así, señaló que dicho argumento no era una razón para que
el tribunal estuviese obligado a fallar de manera diferente el asunto o a aligerar las
cargas respecto de los deberes ciudadanos constitucionales, pues la resolución
del caso en concreto devino de la valoración de las pruebas.
32. Asimismo, resaltó que el acceso a la jurisdicción se hacía por intermedio de un
profesional del derecho que precisamente tiene un conocimiento especializado del
sistema normativo y la jurisprudencia para asesorar a su cliente y determinar las
pruebas que debe hacer valer en el proceso, por ello, la carga de ostentar
conocimiento jurídico o sobre métodos científicos que respaldan una tesis no
corresponde a los accionantes, sino al apoderado judicial.
33. Adicionalmente, mencionó que la Sala no podía retomar los reparos de los
accionantes, ya que estos ya habían sido definidos por las instancias ordinarias y
por ello no era posible realizar la valoración de pruebas solicitada. Refirió que no
era cierto como se afirmaba en el escrito tutelar que “(…) la sentencia contenga un
análisis restringido de los elementos suasorios o que tarifara la forma de acreditar el nexo
causal, en el sentido de exigir exclusivamente una prueba técnica o científica. Tampoco lo
es que se hubiera menospreciado u omitido la valoración de los testimonios,
certificaciones, dictámenes y los documentos sobre la operación de aspersión ejecutada
por la Policía Nacional el 7 de septiembre de 2009. No. Sin duda, el malestar de la parte
actora surge de la falta de coincidencia del análisis de los jueces con el que sostuvo en la
demanda (…)”.
34. Comentó que el tribunal no exigió una prueba científica de los daños ni
tampoco se soportó en un único elemento sino en diferentes pruebas y
circunstancias a partir de las cuales dio por sentada la aspersión, pero no la
relación de ella con los daños cuya reparación reclamaron los actores, pues el
juez ordinario determinó que “(…) resultaba inconsistente e incoherente la aseveración
de que se habían afectado predios que sumaban 570 hectáreas, cuando la operación se
programó y dirigió para una zona de un poco más de 45 hectáreas”.
35. En cuanto a la aspersión del glifosato, adujo que el tribunal sí tuvo en cuenta
dicha situación, no obstante, la “(…) autoridad judicial se centró en afirmar que la parte
actora no cumplió con la carga de acreditar que el daño se derivó de dicha actuación, sin
que ello signifique que hubiera exigido una prueba técnica o científica, solo que, como se
aportaron un dictamen y otras certificaciones tendientes a demostrar que esa fue la causa
y que el daño se causó por glifosato asperjado, era natural que contrastara o exigiera que
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todas esas aseveraciones tuvieran un respaldo en la experiencia, la formación y
cuestiones técnicas allí contenidas, más allá de la percepción empírica de lo acontecido”.
36. De manera que, advirtió que las diferencias en la visión frente a la solución del
litigio respecto de la prueba del daño y del nexo causal, así como de la carga y
distribución del material probatorio no podían ser el fundamento de la existencia
de un defecto fáctico, ya que el ejercicio realizado por el Tribunal Administrativo de
Casanare resultaba razonable y aceptable, en el cual se realizó una valoración
conjunta e íntegra de los medios, incluidos los señalados como omitidos.
37. En consecuencia, indicó que el descontento de los tutelantes revelaba la
intención de prolongar en sede constitucional un debate que ya se encontraba
clausurado, a fin de obtener a toda costa una alternativa de decisión en la que se
resolviera favorablemente su visión del problema.
1.8. Impugnación
38. La parte actora impugnó el fallo de tutela4 mediante escrito radicado el 7 de
septiembre de 2022. En primera medida, argumentó que la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado no sustentó de forma específica la razón
por la cual no se cumplía la carga argumentativa.
39. Mencionaron que al encontrarse vulnerados sus derechos fundamentales al
debido proceso, a la seguridad jurídica, a la buena fe y a la igualdad, el caso no
podía pasar inadvertido en la esfera constitucional, pues en las providencias
ordinarias se llevó a cabo un análisis inequitativo de los elementos probatorios, al
exigírseles información técnica privilegiaba que reposaba en poder del extremo
accionado.
40. Reiteraron que la acción tenía mayor relevancia por ser sus actores personas
campesinas y sujetos de especial protección constitucional en atención a su edad,
por lo cual debía dárseles un trato diferenciado en el que no se les igualara con
personas que contaban con recursos académicos y económicos para conocer del
daño sufrido por la aspersión.
41. Asimismo, insistieron en que la autoridad judicial accionada no valoró de forma
íntegra todos los elementos materiales probatorios, “(…) valiéndose únicamente de la
valoración técnica excesiva de una prueba como la pericial catalogada como una
“descripción de lo que vio, acompañado de una valoración de presuntos daños”, sin tomar
en cuenta que en la distribución de cargas de prueba, el Juez no puede desmedirse
exigiéndole a los directos perjudicados que entregue todo tipo de información técnica
privilegiada, máxime cuando esto le corresponde a la entidad que ejecuta los planes de
erradicación de los cultivos ilícitos (…)”.
42. Adicionalmente, pusieron de presente que cada uno de los yerros fue
identificado y explicado de manera detallada, razón por la cual el mecanismo
tutelar no podía carecer de relevancia constitucional y reiteraron los
planteamientos expuestos sobre cada uno de los defectos de la misma forma en
que lo realizaron en el libelo introductorio.
4
El fallo de primera instancia constitucional fue notificado el 5 de septiembre de 2022.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
43. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por el señor
Jorge Euclides Castillo Suárez y otros contra la sentencia proferida por la Sección
Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado, de conformidad con lo
establecido en el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015,
modificado por el Decreto 333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019
de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Problema jurídico
44. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 26 de agosto de 2022, dictada por la Sección Tercera, Subsección
“A” del Consejo de Estado, en la acción de tutela del vocativo de la referencia,
instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y buena fe.
45. Por ello se deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• En primer lugar, se determinará si la presente solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de procedencia adjetiva de la acción de tutela
contra providencia judicial que hagan pertinente el análisis de fondo.
• Solo en el evento de superar tales requisitos, se determinará si ¿la
sentencia de 2 de diciembre de 2021 proferida el Tribunal Administrativo de
Casanare adolece de los defectos fáctico, procedimental por exceso ritual
manifiesto, desconocimiento del precedente y violación directa a la
Constitución?
46. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i) el
criterio de la Sección sobre procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales; ii) de los requisitos de procedibilidad adjetiva; iii) las generalidades de
los defectos alegados; iv) la jurisprudencia relevante aplicable al caso y; v) el caso
concreto.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
47. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo del 31 de julio de
20125, unificó la diversidad de criterios que la Corporación tenía sobre la
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las
distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas
sobre el tema6. Así, después de un recuento de los criterios expuestos por cada
5
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, M.P. María
Elizabeth García González, Sentencia 31.07.12, Rad. 2009-01328-01.
6
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñada.
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Rad: 11001-03-15-000-2022-03628-01
Sección, decidió modificarlos y unificarlos para declarar expresamente, en la parte
resolutiva de la providencia, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales7. Sin embargo, fue importante precisar bajo qué
parámetros procedería ese estudio, pues la sentencia de unificación simplemente
se refirió a los “fijados hasta el momento jurisprudencialmente”.
48. Al efecto, en virtud de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20148, la
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, adoptó los criterios expuestos por la
Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 20059, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que la
tutela es un mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos
fundamentales, como lo señala el artículo 86 Constitucional, y, por ende, el
amparo frente a decisiones judiciales no puede ser ajeno a esas características.
49. Sobre el tema, la Corte Constitucional se ha referido en forma amplia10 a unos
requisitos generales y otros específicos de procedencia de la acción de tutela, sin
distinguir cuáles dan origen a que se conceda o niegue el derecho de amparo –
procedencia sustantiva – y cuáles impiden efectivamente adentrarnos en el fondo
del asunto – procedencia adjetiva -.
50. Esta Sección ha determinado que, en primer lugar, se debe verificar que la
solicitud de tutela cumpla unos presupuestos generales de procedibilidad
adjetiva, esto es: i) que sea relevante constitucionalmente; ii) que no se trate de
tutela contra tutela; iii) subsidiariedad, es decir, el agotamiento de los recursos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando sean idóneos y eficaces para la
protección del derecho que se dice vulnerado; e iv) inmediatez. De modo que, de
no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la
improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
51. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
52. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
7
Se dijo en la mencionada sentencia: “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expuesto a folios 2 a 50 de esta providencia”
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta M. P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad.11001-03-15-000-2012-02201-01.
9
Corte Constitucional, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
10
Entre otras sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-
590 de 2005.
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2.3.2. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.3.2.1. Relevancia constitucional
53. Para la Sala es necesario precisar que este requisito se encuentra superado
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
sentencia de 2 de diciembre de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, al interior del medio de control de reparación directa, identificado con
radicado N.º 18001-33-31-702-2011-00518-00/01.
54. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión,
pues en efecto, la parte actora consideró vulnerados sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, a la igualdad y buena fe, por cuanto la
autoridad judicial accionada confirmó el fallo dictado por el Juzgado Cuarto
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia el 22 de septiembre de 2017.
55. En ese sentido, los argumentos que, en sentir de la parte tutelante, son
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, llevaron a la autoridad judicial a
desconocer el alcance y aplicación de sus garantías constitucionales de acceso a
la administración de justicia, a la igualdad y a la buena fe, omitiendo el deber del
juez ordinario de actuar tanto como juez de legalidad, como de constitucionalidad
y de convencionalidad en la causa ordinaria.
56. Luego, es de relevancia constitucional cuando subsiste violación o amenaza a
los derechos fundamentales, después de haber agotado el procedimiento legal
administrativo o judicial establecido por la ley para su protección, lo que implica
que el mecanismo constitucional no fue utilizado como una instancia adicional que
busque reabrir el debate procesal.
57. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene
importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, para su
eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los derechos
fundamentales y libertades públicas, concretamente el debido proceso.
58. En este sentido, se revocará la decisión de primera instancia que declaró
improcedente la acción tutelar por no superar el requisito de relevancia
constitucional, pues contrario a lo afirmado por la Sección Tercera, Subsección “A”
del Consejo de Estado, el mecanismo no está siendo utilizado como una instancia
adicional.
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2.3.2.2. Tutela contra tutela11
59. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia de 2 de diciembre de 2021 fue proferida al interior del medio de control
de reparación directa, identificado con radicado N. º 18001-33-31-702-2011-
00518-00/01.
2.3.2.3. Inmediatez12
60. No se advierte reproche alguno frente a este requisito, puesto que la
providencia del Tribunal Administrativo de Casanare fue proferida el 2 de
diciembre de 2021 y notificada el 28 de enero de 2022. Mientras que la solicitud de
tutela fue presentada el 5 de julio de 2022, es decir menos de 6 meses, tiempo
que esta Sala ha considerado razonable para uso de este mecanismo
excepcional13, con ocasión de los criterios fijados por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 200514.
2.3.2.4. Subsidiariedad15
61. Este requisito se encuentra superado, pues la providencia dictada por el
Tribunal Administrativo de Casanare que se cuestiona en sede de tutela puso fin al
medio de control de reparación directa y frente a tal providencia no procede
recurso ordinario alguno.
62. Tampoco los extraordinarios, pues los motivos que sustentan esta solicitud de
amparo no se enmarcan en las causales que hacen procedente el recurso
extraordinario de revisión ni el de unificación de jurisprudencia.
11
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
Sentencia del 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2020-00014-00;
Sentencia del 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00400-00; Sentencia
del 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00092-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-2020-00179-00; Sentencia del
20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-2020-00141-00; Sentencia del 20.02.20.,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo
Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; Sentencia del 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad.
11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05346-00; Sentencia del 06.02.20, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2019-05202-00.
12
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 20.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del
23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
05167-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia del 30.01.20, Rad.
11001-03-15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia
del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01.
13
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta, M. P: Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.09.14, Rad: 11001-03-15-000-2012-02201-01.
14
Corte Constitucional, Sentencia C-590 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
15
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04664-00; Sentencia del
23.01.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00; Sentencia del 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-
05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05121-00; Sentencia 30.01.20., Rad. 11001-03-
15-000-2019-03890-01; Sentencia del 06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05025-00; Sentencia del
06.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-05153-00; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2019-
04693-01; Sentencia del 13.02.20., Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00; y Sentencia del 20.02.20., Rad.
11001-03-15-000-2019-04788-01.
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63. Analizados los requisitos adjetivos de procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, la Sala advierte que los mismos han sido superados,
motivo por el cual se realizará el estudio del caso concreto.
2.4. Generalidades del defecto fáctico
64. Esta Sala en decisión del 12 de noviembre del 201516 precisó los alcances y
requisitos que deben atenderse al momento de alegarse la ocurrencia de un
defecto fáctico en una providencia judicial, los cuales son traídos a colación en la
presente decisión:
65. Los eventos de configuración del defecto fáctico son: i) omisión de decretar o
practicar pruebas indispensables para fallar el asunto; ii) desconocimiento del
acervo probatorio determinante para identificar la veracidad de los hechos
alegados por las partes; iii) valoración irracional o arbitraria de las pruebas
aportadas; y iv) dictar sentencia con fundamento en pruebas obtenidas con
violación del debido proceso, los cuales tienen las siguientes características:
Evento Características
Se da cuando la parte, con el fin de probar los hechos que alega,
solicitó al juez el decreto de una prueba relevante para resolver el
problema jurídico sometido a consideración, y ésta fue negada; ello
sin desconocer la facultad del juez ordinario de negar pruebas que
no atiendan los requisitos de conducencia, pertinencia e idoneidad.
Así las cosas, es importante considerar que no toda negativa a un
decreto de pruebas abre la posibilidad a la configuración del defecto,
ya que éste procederá cuando se rechace el decreto y práctica de la
Omisión de decreto prueba que, solicitada oportunamente, no cumpla con los
y práctica de parámetros arriba señalados.
pruebas
indispensables para De esta manera, se requiere:
fallar el asunto
a) Que la parte identifique el elemento probatorio que solicitó
b) Que la parte demuestre que lo solicitó en oportunidad legal
c) Se expongan las razones por la cuales la prueba solicitada era
conducente, pertinente o idónea.
d) Señalar de manera razonada la razón por la cual, de haberse
decretado la prueba, el sentido de la decisión hubiere sido otro.
Se presenta cuando, obrando los elementos de convicción en el
expediente, y estos resultan decisivos frente a los hechos que se
pretenden probar, éstos no son tenidos en cuenta por el fallador
ordinario. En este punto, se requiere que de forma específica, se
Desconocimiento concrete en el escrito de amparo, cuales pruebas, aportadas
del acervo oportuna y legalmente, fueron desconocidas por el juez.
probatorio
determinante para Así las cosas, se configura siempre que:
identificar la
veracidad de los a) Se identifiquen los elementos de prueba no valorados por el
hechos alegados juez.
por las partes b) Se demuestre que estos fueron aportados en forma legal y
oportunamente al proceso
16
Consejo de Estado, sentencia del 12 de noviembre de 2015, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez
Bermúdez, Radicación No. 11001-03-15-000-2015-01471-01.
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c) Señale las razones por las cuales eran relevantes para la
decisión
d) Se precise, razonadamente, la incidencia de los mismos para
variar el sentido del fallo.
Procede cuando, a la luz de los postulados de la sana crítica, la
apreciación efectuada por el fallador resulta manifiestamente
equivocada o arbitraria, y por ello, el peso otorgado a la prueba
se entiende alterado.
requiere entonces que:
Valoración irracional
o arbitraria de las a) La parte precise cuál o cuáles de las pruebas fueron
pruebas aportadas objeto de indebida valoración por el juez
b) La razón del por qué, en cada caso en particular, la
consideración del operador judicial se aleja de las reglas de la
lógica, la experiencia y la sana crítica.
El segundo de los elementos señalados resulta de vital
importancia, pues es claro que un sencillo desacuerdo en
relación con la conclusión a la cual arribó el juez de instancia,
en ninguna manera puede ser razón para ordenar el amparo
constitucional por este aspecto. Aceptar lo contrario, implicaría
una sustitución arbitraria del juez natural.
c) Incidencia de la prueba en el fallo atacado
Refiere al supuesto cuando el fallador de instancia decide el asunto
con base en pruebas que no observaron los requisitos legales para
Dictar sentencia con su producción o introducción al proceso. Así las cosas, el juez no
fundamento en ignora la prueba ni se equivoca en su apreciación, pero yerra al
pruebas obtenidas haberla tenido en cuenta para decidir el problema jurídico que le fue
con violación del planteado, al ser ésta una prueba que desconoce el debido proceso
debido proceso de las partes.
Para su configuración corresponde:
a) Señalar con claridad los elementos probatorios aportados con
violación al artículo 29 constitucional.
b) Exponer las razones que sustentan dicha vulneración.
c) Demostrar que estos elementos de convicción fueron el
sustento de la decisión.
66. Como se ve en los elementos señalados, la parte accionante debe precisar en
su escrito el cargo que plantea, para demostrar no solo la configuración del
defecto, sino también, su incidencia en la decisión judicial.
67. Lo anterior se suma a la exigencia de una carga argumentativa razonable para
lograr la prosperidad del cargo, toda vez que, en el caso de una tutela contra una
providencia judicial, están en juego valores importantes para el ordenamiento
jurídico, como lo son la cosa juzgada, los derechos de terceros, la seguridad, la
buena fe y los derivados de los artículos 1º, 2º, 4º, 5º y 6º de la Constitución
Política.
68. Así mismo, debe ser cuidadoso el interesado al formular el cargo, en la
medida en que los supuestos de hecho hasta aquí mencionados se excluyen
entre sí, de tal manera que no será posible alegar uno y otro respecto de una
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misma prueba, como suele ocurrir, pues además de ser desacertado, genera
confusión al fallador.
2.5. Generalidades del defecto de violación directa de la Constitución
69. Al respecto, la Corte Constitucional17 ha señalado que este defecto se
configura cuando el juez ordinario profiere una providencia que desconoce la
Constitución en los dos casos que se señalan a continuación.
70. El primero, tiene lugar cuando el juez “deja de aplicar una disposición fundamental
a un caso concreto”18. En este caso, procede la tutela contra providencia judicial por
el defecto referido cuando: (i) el juez no interpreta y aplica una disposición legal
orientado por el precedente constitucional; (ii) la controversia versa sobre un
derecho de aplicación inmediata y (iii) cuando en la providencia se vulnera un
derecho fundamental sin tener en cuenta el principio de interpretación conforme a
la Constitución19.
71. El segundo caso de violación directa de la Constitución tiene lugar cuando el
juez “aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución”20, y se fundamenta en
el artículo 4° de la Constitución Política que establece que la Carta es norma de
normas y, por tanto, en todo caso que el juez deduzca que una de estas es
incompatible con la Constitución, es deber del mismo “aplicar las disposiciones
constitucionales con preferencia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de
inconstitucionalidad”21.
2.6. Generalidades del defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
72. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de
201422, el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido.
73. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015,
manifestó:
“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el
derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un
caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma
irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de
17
Corte Constitucional, Sentencia SU-198, 11.04.13, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva
18
Ibidem
19
Ibidem
20
Ibidem
21
Ibidem
22
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, M.P. Jorge
Octavio Ramírez Ramírez, Sentencia 05.08.14, Rad. 11001-03-15-000-2012-02201-01.
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las pruebas23”.
2.7. Caso concreto
74. La parte actora ataca por medio del presente mecanismo constitucional la
decisión de 2 de diciembre de 2021, proferida por el Tribunal Administrativo de
Casanare, en la que confirmó la decisión del Juzgado Cuarto Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia del 22 de septiembre de 2017, en la que se negaron
las pretensiones de la demanda, como quiera que no se acreditó el nexo de
causalidad entre el hecho dañoso y la imputabilidad del mismo a la entidad
demandada, al no demostrarse que las afectaciones en los terrenos de los
accionantes proviniera de las fumigaciones con glifosato.
75. Así las cosas, los demandantes indicaron la configuración de los defectos de
violación directa de la Constitución, procedimental por exceso ritual manifiesto y
fáctico al interior de la providencia acusada.
76. Frente al primero, relataron que la autoridad judicial accionada no tuvo en
cuenta dentro de sus consideraciones para el momento de resolver el caso que
ellos eran sujetos de especial protección constitucional en atención a su edad,
además de ser campesinos sin formación académica, como para tener el
conocimiento de procedimientos legales, técnicos y científicos para atacar
jurídicamente la posición del Estado.
77. Respecto al segundo, señalaron que se realizó una valoración inadecuada de
los medios de prueba, pues el tribunal solamente basó su decisión en las técnicas
o científicas, situación distinta planteada en sentencia de 27 de enero de 2012,
dictada por la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado24, en la que
se determinó que no era necesaria la práctica de pruebas de laboratorio para
acreditar la clase de herbicida que afectó al predio de aquella vez.
78. Además, alegaron que no era su deber probar la individualización de los
predios y veredas alcanzados por el glifosato, sino, de quienes ejecutaban el
programa de erradicación de cultivos ilícitos.
79. Sobre el tercer defecto, señalaron la indebida valoración de 5 pruebas
específicas, como lo son (i) el Oficio N. º S-2013-060179/ARECI-GRUAQ-29 del
17 de noviembre de 2013, (ii) el Oficio N. º S-2013-062271/ARECI-GRUAQ-29 del
28 de noviembre de 2013, (iii) los testimonios de los señores Roque Bocanegra,
Luis Alberto Rodríguez, Jorge Alipio Suárez y Óscar Humberto Delgado
Rodríguez, (iv) la certificación dictada por la Junta de Acción Comunal del 14 de
septiembre de 2009 y, (v) las certificaciones proferidas por el coordinador de
Asistencia Técnica Agropecuaria del municipio de Cartagena del Chairá, Caquetá.
80. Refirieron sobre estas que (i) no se tuvo en cuenta que la Policía Nacional no
tenía constancia de las delimitaciones exactas de los lugares y predios fumigados,
23
Corte Constitucional, Sentencia SU-636 de 2015 MP María Victoria Calle Correa.
24
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “A”,
M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera, Sentencia 27.01.12, Rad. 18001-23-31-000-1999-00397-
01.
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(ii) no obró copia del poligrama ni del acta de aspersión N. º 015 de 7 de
noviembre de 2009, razón por la cual no debieron ser considerados por el juez y,
por el contrario, dársele una valoración más precisa al resto de elementos, (iii) los
testimonios no fueron apreciados por tratarse de campesinos que presenciaron la
fumigación con glifosato y no de expertos científicos y, (iv) las pruebas allegadas
no presentaban inconsistencias y, por el contrario, daban fe de lo sucedido,
acompañadas de un registro fotográfico y la “(…) validez de las certificaciones no se
ve reducida o trasgredida por el periodo comprendido entre la fecha de la revisión e
inspección y la fecha de expedición (…)”.
81. En primera instancia, la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de
Estado, consideró que la solicitud de amparo no superaba el requisito adjetivo de
la relevancia constitucional, dado que los accionantes pretendían convertir el
mecanismo en una instancia adicional al proceso ordinario, ya que las razones
contenidas en la tutela correspondían a una reiteración de la teoría del caso.
82. Fue resaltado el hecho de que, si bien en la instancia ordinaria no fue puesta
de presente la condición de tercera edad de los actores, no obstante, ello no
hubiese tenido la virtualidad suficiente como para cambiar el sentido de la
decisión, ya que el tribunal resolvió el caso valorando las pruebas obrantes en el
proceso ordinario.
83. Asimismo, se mencionó que el acceso a la jurisdicción se hacía por intermedio
de un profesional del derecho, por lo cual la tesis de los actores de que se les
estaba imponiendo una carga que no tenían porqué soportar al no contar con
formación académica, no era válida ya que era el apoderado judicial, quien, con su
conocimiento especializado del sistema normativo y la jurisprudencia, debía
determinar las pruebas que debe hacer valer en el proceso.
84. Se indicó que no era cierto que la sentencia recurrida presentara un análisis
restringido de los elementos suasorios o que solo hubiese tenido en cuenta una
prueba científica, por el contrario, se revelaba la intención de los tutelantes de
prolongar en sede constitucional un debate que ya se encontraba clausurado.
85. Por último, sobre la aspersión del glifosato, el juez a quo aseguró que “(…)
autoridad judicial se centró en afirmar que la parte actora no cumplió con la carga de
acreditar que el daño se derivó de dicha actuación, sin que ello signifique que hubiera
exigido una prueba técnica o científica, solo que, como se aportaron un dictamen y otras
certificaciones tendientes a demostrar que esa fue la causa y que el daño se causó por
glifosato asperjado, era natural que contrastara o exigiera que todas esas aseveraciones
tuvieran un respaldo en la experiencia, la formación y cuestiones técnicas allí contenidas,
más allá de la percepción empírica de lo acontecido”.
86. Con el fin de realizar el estudio de los defectos alegados, se abordarán de
forma conjunta, pues todos se encuentran dirigidos a discutir la presunta indebida
valoración probatoria. Se tiene como argumento principal el desconocimiento de la
condición de sujetos de especial protección de los actores, en atención a su edad,
razón por la cual, el tribunal debía realizar acciones positivas con el fin de
colocarlos en una condición de igualdad frente al resto de ciudadanos.
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87. No obstante, como fue referido por el a quo, dicho fundamento no fue puesto
de presente en el medio de control, pues lo cierto es que la discusión se centraba
en si la aspersión aérea con glifosato fue la causante de los daños ocasionados en
los terrenos de los accionantes, no si estos tenían alguna condición que mereciera
una flexibilización en el estudio, pues el objeto de la controversia en el marco de la
reparación directa, era el material probatorio que permitiera concluir el nexo causal
y la responsabilidad del Estado.
88. Ahora bien, dicha condición puede ser puesta de presente por el juez ordinario
en caso de que la advierta, en el sentido que este actúa como juez de
constitucionalidad y convencionalidad, sin embargo, como fue expuesto, el tribunal
no mencionó ello en razón de que no lo consideró como un factor que tuviera la
virtualidad de cambiar la decisión con base en las pruebas allegadas.
89. Aunado a ello, la parte actora manifestó que al ser familias campesinas sin
formación académica no tenían porqué soportar la carga impuesta por la autoridad
judicial accionada de presentar pruebas técnicas que permitieran debatir los
argumentos de la entidad demandada. Sin embargo, el tribunal fue muy claro
sobre ese punto, al instruir a los tutelantes sobre el desarrollo de la normativa en
torno a la aspersión con glifosato y cómo era necesaria encontrar la conexidad
entre la aspersión del químico con el daño o deterioro de cultivos lícitos u otras
consecuencias.
90. Así, resaltó que para juzgar la responsabilidad por el daño causado, no
bastaba con la suposición razonable de lo que podría haber ocurrido, sino que, la
discusión se limitaba a “(…) debates con alto contenido técnico, no es los que digan
observadores empíricos de lo que puede verse por cualquier persona (paso de aeronave,
descarga de sustancias), sino el conocimiento técnico o científico basado en evidencia el
que puede fundamentar decisiones judiciales (…) menos, con solo mirar un cultivo,
atribuir (ni descartar) correlación causal entre una aspersión en la zona y su deterioro.
Son aspectos técnicos, no especulativos, que requieren conocimiento científico basado en
evidencia”.
91. Frente a ello, el despacho accionado adujo que “(…) los testimonios, el
coordinador aludido y la JAC, dijeron que la afectación obedeció a las fumigaciones con
glifosato realizadas en las veredas Agua Linda y [Nueva] Esperanza, sin más fundamento
que sus apreciaciones empíricas; ninguno de ellos indico como verificó que en los cultivos
de esos predios cayó glifosato, ni su concentración, ni el estado anterior de pastizales y
otros cultivos, ni el soporte técnico de sus apreciaciones. Ni cual sea su formación,
experiencia o calificación técnica para emitir esas opiniones”.
92. Se observa en el expediente ordinario, un informe de una ingeniera
agroecóloga y otros más los cuales serán referidos más adelante, respecto del
cual como indica el tribunal, no contiene ningún tipo de estudio científico o
acreditación de algún tipo más que visual de lo sucedido en los predios
presuntamente afectados.
93. Frente al documento presentado por el coordinador de asistencia técnica
agropecuaria del municipio de Cartagena de Chairá “(…) hacen constar los daños
sufridos en los predios de los señores Jorge Euclides Castillo, Luis Alberto Varela y
Héctor Hernando Bohórquez, pero se tiene que en ellas no hay pronunciamiento respecto
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de las condiciones en que para esa fecha se encontraban los cultivos, presuntamente
afectados por la aspersión aérea con glifosato, ni como constato (sic) la presencia del
químico en las fincas, ni su concentración, ni el nexo causal con los daños que dice
ocurrieron. Tampoco se conocen su profesión, experiencia, formación ni perfil
ocupacional”.
94. Así como también fue advertido por el juez constitucional de primera instancia,
la parte actora acudió como prevé la normativa, a la jurisdicción contenciosa
administrativa a través de un profesional del derecho, el cual en virtud de su
experticia debió asegurarse que el material probatorio presentado, fuera idóneo
para probar el daño causado, que como parte fundamental de la acreditación de
las pruebas, enseñara la credibilidad de los testigos o los peritos y no solo allegara
documentos basados en apreciaciones oculares, que no permitían concluir
fehacientemente lo sucedido.
95. Por ello es que a los demandantes no se les impuso una carga que no
debieran soportar, pues es responsabilidad del apoderado judicial asesorar a sus
poderdantes con el fin de que tengan la claridad de la importancia del material
probatorio y sobre todo en casos como el que nos convoca, donde debe
acreditarse de forma técnica para determinar el daño causado en la zona.
96. En ese sentido, la autoridad demandada señaló que:
“[V]er pasar la aeronave, desde lugares distintos, genera percepciones que
pueden ser equivocas, acerca de la trayectoria de vuelo y el sitio a donde está
llegando la aspersión. Ninguno de los testigos estaba en los predios de los
demandantes en el momento en que se produjo la actividad aérea en la zona.
Menos, el empleado territorial que certificó con base en visitas posteriores; ni los
integrantes de la JAC que dieron fe de lo que les relataron.
La perito puede ser una profesional versada en su oficio (no se acreditó su perfil
ocupacional), pero su informe carece de la revelación de los presupuestos
fácticosy técnicos que pudieran permitir atribuir causalmente el estado de cultivos
con la aspersion de glifosato; como bien censuro la parte pasiva, nada señaló
acerca de métodos técnicos o científicos que haya utilizado para constatar hechos;
ni que pruebas hizo; ni que muestras tomó; ni a qué laboratorios las llevó; ni qué
se encontré en los barridos científicos o técnicos.
De manera que es, apenas, una descripción de lo que vio, acompanada de
valoración de presuntos daños pecuniarios, sin adecuada separación de costos y
gastos para producir, separables del presunto daño emergente. Informe que, en
rigor, ni siquiera se puede calificar judicialmente como verdadera pericia, la que
debe partir de las verificaciones, premisas, descripciones y explicaciones que se
indica no tiene”.
97. Razones por las cuales, distinto a lo manifestado por los señores accionantes,
no era posible para el juez de instancia llegar a una suposición razonable de lo
sucedido sin tener elementos científicos que acreditaran lo ocurrido. Además,
atendiendo a la sana crítica tampoco era posible advertir que la aspersión fuera la
causa del daño, ya que no se logró probar que la aeronave sobrevoló sobre sus
predios cuando estos no estaban indicados dentro de las hectáreas a asperjar y
superaban por mucho la carga disponible de la avioneta. Frente a ello, el tribunal
argumentó que:
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“Para la sala, tal como lo evidenció el a-quo, la parte actora no probó ni siquiera
que en sus predios haya llegado la aspersión; la Administración adujo que era
imposible que la cantidad de químicos que se documentó, el número de aeronaves
y de sobrevuelos, pudiera cubrir varios centenares de hectáreas, cuando estaba la
carga calculada para menos de 50.
Esa controversia provoca varias perplejidades, ninguna despejada. Varía
considerar si la concentración de cierta cantidad de barriles y galones de químicos
alcanza para asperjar un determinado número de hectáreas, con eficacia para
quemar cultivos ilícitos, a establecer si en virtud de aspersión directa o por el
régimen de vientos, puede cubrir varios centenares de hectáreas con capacidad de
dañar cultivos legítimos”.
98. Adicionalmente sobre ese punto que igualmente fue debatido por los
accionantes, el tribunal no tomó su decisión con base en que la parte demandante
no pudiese allegar las coordenadas de la aeronavegación programada, sino que
no acreditaron “(…) objetivamente que cayó en sus predios glifosato asperjado por las
aeronaves de la Policía Nacional, el día y en las circunstancias que narraron; ni el nexo
causal entre el deterioro de los cultivos que dijeron haber padecido y la conducta de
riesgo imputada a la Policía Nacional, inferencia que no es apenas visual, pues solo a
partir de análisis técnico o científico de la evidencia recogida en campo, pudo cuando
menos establecerse que las cantidades y concentraciones asperjadas directamente (o
llevadas por el viento) a esos inmuebles tenían capacidad de causar los daños”.
99. En lo referente a la posibilidad de dictarse una condena en abstracto, debe
advertirse que dicha situación solo es posible en el evento de que el daño se
encuentre plenamente comprobado, y no exista la certeza del monto al cual
ascienden los perjuicios causados, sin embargo, en el presente caso ocurre algo
totalmente distinto, pues no fue posible acreditar el nexo causal entre la acción
determinante por parte del Estado y el daño producido.
100. Ahora, centrándonos en las pruebas referidas como valoradas de forma
indebida se tiene que el Tribunal Administrativo de Casanare estimó que los
testimonios de los señores Roque Bocanegra, Luis Alberto Rodríguez, Jorge Alipio
Suárez y Óscar Humberto Delgado Rodríguez, coincidieron en indicar que vieron
pasar unas avionetas que estaban fumigando, lo cual, a juicio de la referida
judicatura, no demuestra que la aspersión se hubiera realizado sobre los predios
de los demandantes o que los daños en los pastizales y cultivos fuera producto de
ello.
101. Aunado a ello, la autoridad censurada sostuvo que los testigos oculares
carecían de conocimientos técnicos, lo cual no permitía dar credibilidad a sus
afirmaciones, menos aún cuando “(…) por ejemplo, en el caso del señor Roque
Bocanegra, dijo que ese día estaba en su casa, la cual afirmó queda a media hora de la
finca del señor Luis Alberto Varela Muñoz. Esos relatos atribuyen daños a un total de 440
hectáreas, sumadas las que dijeron por cada predio, lo cual resulta incongruente con el
dato técnico no desvirtuado que entregó la Administración, según el cual la aspersión del
07/09/2009 solo podía cubrir 45.5 hectáreas con la carga de químicos disponible”. (Sic a
toda la cita).
102. De forma similar, puso de presente que las certificaciones expedidas por las
directivas de la Junta de Acción Comunal no permitieron sustentar la presencia de
esa sustancia química en los predios, pues solo sostuvieron que se destruyeron
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varias hectáreas de pastos y cultivos. Además, como ya fue explicado
anteriormente, la necesidad de acreditación de calificación e idoneidad de las
personas encargadas de dictar dichos informes era fundamental.
103. Asimismo, no encuentra fundado la Sala el argumento consistente en que se
le otorgó mayor importancia a la copia del poligrama ni del acta de aspersión N. º
015 de 7 de noviembre de 2009 que no obraron en el expediente, pues a lo largo
de la providencia se muestran discutidas todas las pruebas alegadas en la
instancia constitucional, más sobre esas dos en particular nada se dice, por lo cual
es claro que no se les otorgó ningún valor ni credibilidad.
104. Del análisis efectuado por la magistratura reprochada respecto a los
documentos anteriormente referidos, la Sala encuentra fundada su apreciación al
indicar que varios de los elementos presentaban contradicciones e
inconsistencias, al manifestar que:
“Esos documentos, tal como lo resalto el a-quo, presentan inconsistencias, entre
ellas, en la ubicación de algunos de los predios, como el caso de Las Brisas, pues
se indica que está en la vereda La Esperanza, cuando en realidad hace parte de
Playa Verde; de El Rubi, de propiedad del señor Bohórquez, se dice que está en la
Esperanza y en realidad es en Nueva Esperanza (lo que pudiera ser equivoco de
menor trascendencia, si es una sola y la misma vereda, lo que tampoco se sabe);
del señor Luis Alberto Varela se indica que su predio es Las Palmas, cuando en
realidad es La Palmera y del señor Jorge Euclides Castillo, solo se aludió a uno de
sus dos predios, nada se dijo de Agua Linda 4”.
105. Aunado a ello, los tutelantes argumentaron que el registro fotográfico daba
cuenta del daño ocasionado a sus tierras, no obstante, sobre estás no es posible
determinar el momento o el lugar en que fueron tomadas, por ello, como lo adujo
el tribunal, “(…) al carecer de reconocimiento o ratificación, no pueden ser cotejadas con
otros medios de prueba allegados al proceso”.
106. Finalmente, el Tribunal Administrativo de Casanare advirtió que se denotaba
la falta de diligencia de la parte actora entorno a todo el proceso, pues por
ejemplo, el trámite adelantado ante la extinta Dirección Antinarcóticos fue
archivado por la falta de documentos25 “(…) tales como título de poseedor o tenedor,
ubicación geográfica del predio con coordenadas planas y se indicó como podían
obtenerse; nadie les pidió información reservada de la Policía Nacional, sino datos de sus
propios predios, que podían obtener con mediano esfuerzo”.
107. En consecuencia, fue claro para el juez ordinario que ese silencio que dio
lugar al desistimiento dejó entrever que no contaban con pruebas idóneas que
permitieran establecer que las aspersiones de glifosato eran las causantes de los
daños en sus terrenos y por ello, en el medio de control de reparación directa solo
obraron pruebas oculares o de personal no calificado que permitiera reflejar la
veracidad de las acusaciones.
25
Los accionantes interpusieron quejas ante la Dirección de Narcóticos para dar a conocer los
daños causados a los predios de su propiedad, frente a lo cual la entidad les solicitó complementar
información relacionada con la calidad del derecho sobre los cultivos y la ubicación geográfica
exacta donde ocurrieron los hechos, a lo cual guardaron silencio y se decretó el desistimiento
tácito.
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108. Por ello mismo, la sentencia de la Sección Tercera, Subsección “A” del
Consejo de Estado, acusada como desconocida, no es asimilable al caso
concreto, en cuanto en esta se advirtió que no era de recibo el argumento de la
entidad demandada de que no se podía declarar la responsabilidad del Estado por
no establecerse el herbicida que había acabado con la flora del terreno; sin
embargo, dicho fundamento no fue utilizado en ningún momento por el Tribunal
Administrativo de Casanare, por el contrario, solo se refirió a las inconsistencias
entre los medios probatorios.
109. Es por ello que, esta Sala de Decisión encuentra fundados los argumentos
presentados por el Tribunal Administrativo de Casanare en la providencia de 2 de
diciembre de 2021, pues la valoración probatoria estuvo regida por la sana crítica
y la autonomía judicial. Por lo cual no se encuentra configurados los defectos
alegados.
2.8. Conclusión
110. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a revocar
la decisión del a quo, en atención a que se encontró superado el requisito de
relevancia constitucional, para en su lugar negar la solicitud de amparo, dado que
no se encuentran configurados los defectos alegados.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: REVOCAR el fallo de 26 de agosto de 2022 de la Sección Tercera,
Subsección “A” del Consejo de Estado, que declaró la improcedencia de la acción
presentada por el señor Jorge Euclides Castillo Suárez y otros, para en su lugar,
NEGAR la solicitud de amparo, de acuerdo con las consideraciones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual
revisión, en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
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Demandado: Tribunal Administrativo de Casanare
Rad: 11001-03-15-000-2022-03628-01
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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