Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03632-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03632-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03632-00
Consejero ponente: Julio Roberto Piza Rodriguez
11 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03632-00
Demandante: Mayra Alejandra Moreno Segovia
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ
Bogotá D.C., once (11) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03632-00
Demandante: MAYRA ALEJANDRA MORENO SEGOVIA
Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, UNIDAD DE
REGISTRO NACIONAL DE ABOGADOS Y AUXILIARES DE LA
JUSTICIA
Temas: Tutela por falta de expedición de tarjeta profesional de abogado.
Carencia actual de objeto por hecho superado.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela instaurada por Mayra Alejandra Moreno Segovia contra
el Consejo Superior de la Judicatura.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
1.1. El 5 de julio de 2022, en ejercicio de la acción de tutela, Mayra Alejandra Moreno
Segovia pidió la protección de los derechos fundamentales de petición, trabajo y a la
libertad de escoger profesión u oficio, que estimó vulnerados por el Consejo Superior de
la Judicatura, Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia. En
consecuencia, la demandante formuló las siguientes pretensiones:
Con fundamento en los hechos narrados y en las consideraciones expuestas, respetuosamente
solicito al señor Juez TUTELAR a mi favor los derechos constitucionales fundamentales invocados
ORDENÁNDOLE a la autoridad accionada:
INSCRIBIR Y EXPEDIR TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADA.
2. Hechos y argumentos de la tutela
Del expediente de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
2.1. Mediante correo electrónico enviado el 25 de abril de 2022, Mayra Alejandra Moreno
Segovia remitió al Consejo Superior de la Judicatura, Registro Nacional de Abogados,
los documentos necesarios para la expedición de la tarjeta profesional de abogado.
2.2. Ante la falta de respuesta de la entidad, el 13 y 20 de mayo de 2022 la actora solicitó
información sobre el trámite realizado.
2.3. Que el 3 de junio de 2022 ingresó a la página web SIRNA, y el estado del trámite se
encontraba en “requerido” y como observación: “con el fin de continuar con el trámite de
inscripción de la tarjeta profesional de abogado, le comunico que la universidad no ha
enviado la información correspondiente a la fecha de inicio de la carrera de derecho y de
su título de abogado a esta unidad. Una vez se allegue el listado de graduados por parte
de la universidad a los correos regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co y
wrincons@cendoj.ramajudicial.gov.co, continuaremos con la gestión de su trámite”.
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Demandante: Mayra Alejandra Moreno Segovia
2.4. En atención a lo anterior, el 7 de junio de 2022, solicitó información a la secretaría
general de la universidad Santo Tomas sede Villavicencio, que, al responder, le informó:
“Respetada Mayra, la información se envió en el mes de abril sin embargo, solicitaron
ampliación de información de los estudiantes y posteriormente se envió como se solicitó”.
Además, la institución educativa adjuntó constancia de envío de dos correos dirigidos a
regnal@cendoj.ramajudicial.gov.co el 19 de abril y 2 de junio de 2022.
2.5. La demandante alega que la entidad demandada vulneró los derechos
fundamentales de petición, al trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio, toda
vez que no ha dado respuesta a la solicitud de expedición de la tarjeta profesional lo cual
le ha impedido ejercer la profesión de abogada.
3. Trámite procesal
3.1. Mediante auto del 8 de julio de 2022, el Despacho Sustanciador admitió la demanda
de tutela. En consecuencia, entre otras cosas, ordenó que se notificara al presidente del
Consejo Superior de la Judicatura.
3.2. En cumplimiento de la anterior providencia, la Secretaría General de la Corporación
practicó la correspondiente notificación, mediante correo electrónico enviado el 19 de
julio de 20221.
4. Intervención de la autoridad demandada
4.1. La directora de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la
Justicia del Consejo Superior de la Judicatura solicitó que se denegara el amparo
solicitado, por las siguientes razones:
4.2. Que, para el caso concreto, con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales
para la expedición de la tarjeta profesional de la señora Mayra Alejandra Moreno
Segovia, “mediante oficio del 9 de mayo de 2022”, esa Unidad solicitó al decano de la
Universidad Santo Tomas Sede Villavicencio los datos correspondientes a: inicio de la
carrera de derecho, número de acta, folio, libro y fecha de grado de la actora. Que la
anterior información se remitió por parte de la citada universidad, el 7 de junio de 2022.
4.3. Que, una vez con la totalidad de los documentos, la Unidad de Registro Nacional de
Abogados inscribió a la señora Moreno Segovia en el registro de abogados y asignó la
tarjeta profesional No. 386.729, mediante acta No. 14260 de 2022. Informó que los
respectivos documentos fueron enviados para la elaboración del plástico de la tarjeta
profesional de abogado y, una vez sea entregada, se remitirá a través del servicio de
correo certificado de 472, al domicilio registrado por la demandante.
4.4. Que, además, la actora puede acceder a la certificación de vigencia de la tarjeta
profesional de abogado, “que podía ser descargada o consultada por iinternet, a través
del servicio de “Certificado de Vigencia”, al que podrá acceder cualquier ciudadano o
funcionario, desde la página web de la Rama Judicial o en el link https:
//sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx, escogiendo la calidad de
“Abogado” y verificar así la titularidad y vigencia del documento”.
CONSIDERACIONES
1. De la acción de tutela
1.1. La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
desarrollada por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas
las personas reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos
1 Índice 7 Samai.
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fundamentales que sean vulnerados o amenazados, por la acción o la omisión de
cualquier autoridad o de los particulares, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
1.2. La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo
caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
determinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los
argumentos que proponga el demandante.
2. Planteamiento y solución del problema jurídico
2.1. Previo a cualquier pronunciamiento sobre el fondo del asunto, la Sala estima
necesario determinar si, en este caso, se presentó una carencia de objeto por hecho
superado.
2.2. Como se sabe, el fenómeno de la carencia actual de objeto se caracteriza
principalmente por hacer que la orden impartida por el juez en la sentencia de tutela se
torne inocua. Es decir, que resulta intrascendente que el juez de tutela se pronuncie de
fondo frente a la vulneración o amenaza de derechos fundamentales.
2.2.1. En reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha establecido que la carencia
actual de objeto puede presentarse a partir de dos eventos que sugieren consecuencias
distintas: el hecho superado y el daño consumado2. En particular, el hecho superado se
configura cuando se pone fin a la situación que generaba la vulneración o amenaza de
los derechos fundamentales. Al respecto, ha dicho la Corte Constitucional:
3.4 Pues bien, a partir de allí, la Corte ha aclarado que el fenómeno de la carencia actual de
objeto se produce cuando ocurren dos situaciones específicas: (i) el hecho superado y (ii) el daño
consumado. Así las cosas, la primera hipótesis “se presenta cuando, por la acción u omisión
(según sea el requerimiento del actor en la tutela) del obligado, se supera la afectación de tal
manera que “carece” de objeto el pronunciamiento del juez. La jurisprudencia de la Corte ha
comprendido la expresión hecho superado en el sentido obvio de las palabras que componen la
expresión, es decir, dentro del contexto de la satisfacción de lo pedido en tutela”. Es decir, el
hecho superado significa la observancia de las pretensiones del accionante a partir de una
conducta desplegada por el agente transgresor. En otros términos, la omisión o acción
reprochada por el tutelante, ya fue superada por parte del accionado. También se ha señalado
que se configura la carencia actual de objeto por hecho superado, entre otras circunstancias, por
ausencia de interés jurídico o sustracción de materia.
2.3. Como quedó expuesto en los antecedentes de esta providencia, la inconformidad
de Mayra Alejandra Moreno Segovia se concreta en que la Unidad de Registro Nacional
de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la Judicatura no ha
expedido la tarjeta profesional de abogado que solicitó mediante correo electrónico
radicado el 25 de abril de 2022.
2.4. A su turno, la parte demandada, en la contestación de la tutela, informó que ya
asignó número de tarjeta profesional de abogado a Mayra Alejandra Moreno Segovia y
que podía descargar el certificado de vigencia en el enlace
https://sirna.ramajudicial.gov.co/Paginas/Certificado.aspx. Adicionalmente, indicó que el
plástico de la tarjeta estaba en proceso de elaboración y que, una vez se obtuviera, se
remitiría al domicilio registrado por la actora.
2.5. La Sala encuentra que en el enlace anterior se puede verificar que a la demandante
se le asignó número de tarjeta profesional de abogado con fecha de expedición del 19
de julio de 2021 y estado actual «vigente». En efecto, en dicho enlace y con el número
2 Ver, entre otras, las sentencias: T-988 de 2007 y T-585 de 2010, ambas con ponencia del magistrado Humberto
Antonio Sierra Porto, y T-200 de 2013, M.P. Alexei Julio Estrada.
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Demandante: Mayra Alejandra Moreno Segovia
de identificación de Mayra Alejandra Moreno Segovia se puede descargar la certificación
correspondiente, así:
2.5.1. También se advierte que, el 22 de junio de 2022, mediante correo electrónico, la
Unidad de Registro Nacional de Abogados del Consejo Superior de la Judicatura informó
a la señora Moreno Segovia el trámite que impartió para la inscripción, expedición y
correspondiente entrega de la tarjeta profesional. El siguiente es el pantallazo de la
comunicación enviada a la demandante y de la respectiva evidencia de envío por correo
electrónico:
2.6. A partir de lo anterior, la Sala encuentra que, durante el trámite de la acción de tutela,
la entidad demandada resolvió la solicitud de inscripción de la tarjeta profesional de
abogado. Por lo tanto, carece de objeto cualquier pronunciamiento de fondo respecto del
derecho de petición por parte del juez de tutela, en los términos del artículo 26 del
Decreto 2591 de 19913. En consecuencia, la Sala declarará la carencia actual de objeto
por hecho superado sobre el derecho de petición.
3 Decreto 2591 de 1991. Artículo 26. Cesación de la actuación impugnada. Si, estando en curso la tutela, se dictare
resolución, administrativa o judicial, que revoque, detenga o suspenda la actuación impugnada, se declarará fundada
la solicitud únicamente para efectos de indemnización y de costas, si fueren procedentes.
El recurrente podrá desistir de la tutela, en cuyo caso se archivará el expediente.
Cuando el desistimiento hubiere tenido origen en una satisfacción extraprocesal de los derechos reclamados por el
interesado, el expediente podrá reabrirse en cualquier tiempo, si se demuestra que la satisfacción acordada ha
resultado incumplida o tardía.
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Demandante: Mayra Alejandra Moreno Segovia
2.7. En cuanto al derecho al trabajo, la Sala debe precisar que aunque la Unidad de
Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo Superior de la
Judicatura aún no ha entregado a la demandante el plástico de la tarjeta profesional de
abogado, lo cierto es que no se advierte la vulneración ostensible del derecho al trabajo,
pues materialmente la actora ya cuenta con número de tarjeta profesional vigente y
puede descargar un certificado que así lo demuestra.
2.7.1. En efecto, conforme con el artículo 24 del Decreto 196 de 1971, Estatuto de la
Abogacía, «no se podrá ejercer la profesión de abogado ni anunciarse como tal sin estar
inscrito y tener vigente la inscripción». En este caso, como se vio, la demandante ya se
encuentra inscrita como abogada y puede acreditarlo con el certificado expedido por el
Consejo Superior de la Judicatura. De modo que, en los términos del Decreto 196 de
1971, se encuentra habilitada para ejercer la profesión de abogado.
2.8. En consecuencia, la Sala declarará la carencia de objeto respecto del derecho de
petición y denegará el amparo del derecho al trabajo. En todo caso, teniendo en cuenta
que aún está pendiente la elaboración del plástico, la Sala estima pertinente instar a la
Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura para que, en el menor tiempo posible, entregue a Mayra
Alejandra Moreno Segovia la tarjeta profesional de abogado.
2.9. Además, teniendo en cuenta la demora evidenciada en el trámite de la tarjeta
profesional y al número de acciones de tutela interpuestas por los mismos hechos contra
la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del Consejo
Superior de la Judicatura4, la Sala estima pertinente instar a esa entidad para que, en lo
sucesivo, resuelva las peticiones de expedición de tarjeta profesional en el plazo previsto
en la ley.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad
de la ley,
FALLA
1. Declarar la carencia de objeto respecto del derecho de petición, por las razones
expuestas en esta providencia.
2. Denegar el amparo del derecho al trabajo por lo aquí expuesto.
3. Instar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para que, en el menor tiempo posible, entregue a
Mayra Alejandra Moreno Segovia la tarjeta profesional de abogado.
4. Instar a la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia del
Consejo Superior de la Judicatura para que, en lo sucesivo, resuelva las peticiones de
expedición de tarjeta profesional en el plazo previsto en la ley.
4 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias: Sentencia del 8 de abril de 2021. Proceso Nro. 11001-
03-15-000-2021-00977-00 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; Sentencia de 4 de febrero de 2021. Proceso
Nro. 1100103500020200493200 (AC). C.P. Myriam Stella Gutiérrez Argüello; Sentencia del 18 de febrero de 2021.
Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04824-00(AC). C.P. Stella Jeannette Carvajal Basto; Sentencia del 26 de
noviembre de 2020. Proceso Nro. 11001-03-15-000-2020-04562-00(AC). M.P. Milton Chaves García; sentencia del 20
de mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01852-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 13 de
mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01629-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 13 de
mayo de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-01279-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 8 de abril
de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00091-01, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25 de marzo
de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00616-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25 de marzo
de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00734-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 18 de marzo
de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00616-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; sentencia del 25 de febrero
de 2021, radicado 11001-03-15-000-2021-00288-00, C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez.
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Demandante: Mayra Alejandra Moreno Segovia
5. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
6. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
7. Si no se impugna, enviar el expediente a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
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