Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03639-00
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03639-00
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03639-00
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
15 de septiembre de 2022
Demandante: Hernán Darío Toledo Rojas
Demandados: Tribunal Administrativo del Caquetá y otro
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03639-00
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., quince (15) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03639-00
Demandante: HERNÁN DARÍO TOLEDO ROJAS
Demandados: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ Y OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
La Sala resuelve el mecanismo presentado por el señor Hernán Darío Toledo
Rojas, en ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la
Constitución Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26
de mayo de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de amparo
1. Con escrito radicado el 5 de junio de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el señor Hernán Darío Toledo Rojas,
actuando en nombre propio, presentó acción de tutela contra el Tribunal
Administrativo del Caquetá y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Florencia, con el fin de que sean amparados sus derechos
fundamentales de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la
dignidad humana, en concordancia con el principio de la buena fe.
2. El accionante consideró vulneradas dichas garantías constitucionales, con
ocasión del auto del 23 de febrero de 2022, mediante el cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá, confirmó lo resuelto por el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia en proveído del 14 de septiembre
de 2021, en el que se rechazó la demanda por no haberse subsanado en el
término concedido por el despacho. Lo anterior, en el marco del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho que instauró contra el Ministerio de
Educación Nacional, el Departamento del Caquetá, la Comisión Nacional del
Servicio Civil y el Municipio de Milán, Caquetá, que se identificó con el radicado
N.º 18001-33-33-002-2021-00235-00/01.
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Demandante: Hernán Darío Toledo Rojas
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1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:
“PRIMERO: En el término de 48 horas al fallo de Sentencia ordenar a quien
corresponda, declarar nula o sin efectos jurídicos el AUTO del Tribunal (sic)
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ con acta de discusión No 14
de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil veintidós (2022).
SEGUNDO: En el término de 48 horas al fallo de Sentencia ordenar a quien
corresponda, seguir adelante con el proceso administrativo de nulidad de los
actos administrativo y de restablecimiento del derecho violados mediante el
decreto 00550 calendado el 16 de abril del año 2021 y el acto administrativo
CAQ2021EE016076 calendado 12 de mayo del 2021 ambos emitidos por la
Gobernación del Caquetá”. (Sic a toda la cita).
1.3. Hechos probados y/o admitidos
La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:
4. El abogado Fabián Camilo Escudero Gómez, quien adujo actuar en
representación del señor Hernán Darío Toledo Rojas, instauró demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ministerio de Educación Nacional,
la Gobernación del Caquetá, la Alcaldía de Milán, Caquetá y la Comisión Nacional
del Servicio Civil.
5. Lo anterior, con el objeto de que se declarara la nulidad del Decreto N.º
00550 del 16 de abril de 2021 y el Oficio N.º CAQ2021EE016076 del 12 de mayo
de 2021, ambos proferidos por la Gobernación del Caquetá, a través de los cuales
dicho ente territorial desvinculó laboralmente al señor Toledo Rojas de la
Institución Educativa Rural Ángel Ricardo Acosta en la que se desempeñaba como
docente.
6. El proceso correspondió por reparto al Juzgado Segundo Administrativo de
Florencia, que en auto del 27 de julio de 2021, inadmitió la demanda y le otorgó el
término de 10 días a la parte actora para que aportara i) el poder que acredite el
ius postulandi del abogado Escudero Gómez; ii) constancia de notificación del
acto administrativo acusado y; iii) la constancia de conciliación prejudicial.
7. Según la constancia expedida por la secretaria del despacho, el término
para subsanar la demanda venció en silencio el 25 de agosto de 2021.
8. Mediante auto del 14 de septiembre de 2021, el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia rechazó el medio de control. Lo anterior, con ocasión
de la no subsanación de los yerros señalados en el proveído del 27 de julio de
2021.
9. El 15 de septiembre de 2021, la parte demandante interpuso recurso de
apelación y, en subsidio, el de súplica, con fundamento en que “la subsanación fue
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remitida en los términos establecidos en la ley y fue enviada al correo del cual se me ha
sido notificado de los estados procesales del Honorable Juzgado Administrativo:
jadmin02@notificacionesrj.gov.co”.
10. A través de providencia del 23 de febrero de 2022, la Sala Tercera de
Decisión del Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó la decisión de rechazo
adoptada por el a quo, al constatar que la parte demandante dejó vencer en
silencio el término con el que contaba para subsanar la demanda. Explicó que la
parte impugnante envió el memorial de subsanación a una dirección electrónica
que no era la dispuesta para la presentación de memoriales y que no estaba
habilitada para recibir correos electrónicos, tal como lo avisa la plataforma
automáticamente. Ello, teniendo en cuenta que lo remitió a la dirección
jadmin02@notificacionesrj.gov.co, siendo que el buzón de recepción del despacho
es j02adminfenecia@cendoj.ramajudicial.gov.co. Aunado a ello, manifestó:
“Los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso prevén que se
presumirá que el destinatario ha recibido la comunicación cuando el iniciador
recepcione acuse de recibido, esto es, que la respuesta del destinatario
indicando la recepción del mensaje de datos hará presumir que lo recibió,
circunstancia que evidentemente en el caso concreto no ocurrió. Lo anterior
evidencia desidia en el desempeño del mandato encomendado, lo que trajo
como consecuencia el rechazo de la demanda, ante la falta de entrega al
juzgado de conocimiento del escrito de subsanación, que equivale a no
subsanar la demanda.
Es decir que a) la ley establece con claridad que el actor ha de presentar
oportuna y debidamente sus memoriales, a través de los medios al efecto
dispuestos; b) que es una carga del actor presentar en tal forma y medios la
subsanación de la demanda; c) que el actor, en el sub judice conocía o debía
conocer, cuál era el correo habilitado para el cumplimiento de su carga; d) que
el actor utilizó una dirección de correo distinta a aquella que es de público
conocimiento; e) que según se constató, la dirección efectivamente usada por
el actor genera aviso automático en el que señala su inidoneidad para recibir
correo, y f) que el incumplimiento de una carga procesal conlleva la asunción
de sus consecuencias por la parte incumplida”.
11. La referida decisión se notificó por mensaje de datos enviado a los correos
electrónicos de las partes el 8 de abril de 2022.
1.4. Sustento de la vulneración
12. La parte actora consideró que las autoridades judiciales accionadas
incurrieron en los defectos procedimental1, sustantivo y decisión sin motivación,
pues privilegiaron la formalidad de un correo electrónico y no el contenido de la
subsanación que se envió en los términos de ley y a una dirección electrónica que
pertenece a la Rama Judicial, específicamente al Juzgado Administrativo que
tenía al despacho el proceso.
1
Si bien la parte actora hizo referencia a los tres yerros mencionados, lo cierto es que los
argumentos expuestos se enmarcan en el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto. En
ese contexto, el estudio del asunto se centrará en el análisis del defecto en el que efectivamente se
encuadra el sustento de la vulneración.
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13. Indicó que se desconoció que el artículo 228 de la Constitución establece la
prevalencia de lo sustancial sobre lo formal, como referente que debe regir las
actuaciones del Estado. En ese orden, reprochó que por haber enviado la
subsanación a otro correo electrónico del despacho se considere el rechazo de
una demanda que pretende el reconocimiento de derechos ciertos como los
laborales.
1.5. Trámite de la acción de tutela
14. Por encontrar que la acción cumplía con los requisitos establecidos en el
artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, la magistrada ponente, mediante auto del 19
de julio de 2022, la admitió y ordenó notificar a la parte accionante, a los
magistrados del Tribunal Administrativo del Caquetá y al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, como autoridades accionadas y,
de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.
15. Así mismo, dispuso vincular como terceros con interés al Ministerio de
Educación Nacional, al Departamento del Caquetá, a la Comisión Nacional del
Servicio Civil y al Municipio de Milán, Caquetá, como entidades accionadas, en el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que originó la
radicación de este instrumento.
16. Igualmente, ofició a la Secretaría del tribunal accionado para que publicara
en su página web copia digital de la demanda de tutela y del auto admisorio para
que cualquier persona que tuviera interés, conociera los documentos e interviniera
en el trámite constitucional.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentó la siguiente intervención:
1.6.1. Ministerio de Educación Nacional
17. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó la desvinculación
del trámite, toda vez que la vulneración de derechos alegados no se deriva de
alguna acción u omisión de la cartera que representa. En ese orden, indicó que la
cartera ministerial no es la llamada a responder puesto que no tienen injerencia en
la decisión que adoptan los despachos judiciales al interior de los procesos que les
son asignados para su conocimiento.
1.6.2. Gobernación del Caquetá
18. La asesora del Despacho del Gobernador y jefe del Departamento Jurídico
del ente territorial aseguró que no han vulnerado los derechos fundamentales de la
parte actora. Prueba de ello, es que la tutela se dirige contra el Juzgado Segundo
Administrativo de Florencia y el Tribunal Administrativo del Caquetá; en ese
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contexto, solicitó que se declare la improcedencia respecto de la entidad que
representa o se les desvincule del trámite constitucional.
1.6.3. Municipio de Milán, Caquetá
19. La alcaldesa y representante legal del municipio indicó que a la fecha no ha
recibido notificación alguna respecto de las actuaciones realizadas por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia o el solicitante.
20. No obstante, se opuso a las pretensiones de la demanda al considerar que
la tutela no cumple con los requisitos generales y específicos de procedibilidad
dispuestos por la Corte Constitucional.
21. Indicó que con el fin de dar cumplimiento al Decreto 806 de 2020, la Rama
Judicial publicó los correos oficiales de los distintos despachos para recepción de
memoriales, solicitudes y documentos en la página web oficial de la entidad,
aunado a que en los elementos adjuntos por el propio accionante se observa que
en la firma del buzón, el juzgado indica que su correo electrónico es
j02adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co, situación que demuestra la carencia
de fundamento jurídico y fáctico para establecer la procedencia del instrumento de
amparo.
1.6.4. Comisión Nacional del Servicio Civil
22. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica de la entidad solicitó que se declare la
improcedencia del mecanismo constitucional y, en consecuencia, se les
desvincule del trámite al observar que la presunta vulneración de derechos que se
alega no proviene de alguna acción u omisión de su parte.
1.6.5. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia
23. El secretario del despacho remitió el link de acceso autorizado al
expediente digital del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
identificado con el radicado N.º 18001-33-33-002-2021-00235-00/01, sin
pronunciarse respecto de la situación fáctica y jurídica planteada en la tutela.
1.6.6. El Tribunal Administrativo del Caquetá y la Agencia Nacional de
Defensa Jurídica del Estado – ANDJE, pese a haber sido notificados en debida
forma, guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
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2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.
2.2. Cuestión previa
25. El Ministerio de Educación Nacional, la Gobernación del Caquetá y la
Comisión Nacional del Servicio Civil solicitaron la desvinculación del trámite
constitucional al considerar que no son los llamados a responder por la
vulneración de derechos que se alega por esta vía. No obstante, la Sala negará tal
petición puesto que las referidas entidades fueron llamadas en calidad de terceros
con interés y no como parte demandada, dado que formaron parte del medio de
control cuyas providencias se cuestionan.
2.3. Problema jurídico
26. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:
• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?
27. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:
• Si el Tribunal Administrativo del Caquetá y el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Florencia vulneraron los derechos
fundamentales sobre los que la parte actora invoca protección, al proferir
los autos del 23 de febrero de 2022 y 14 de septiembre de 20212, mediante
los cuales se dispuso el rechazo de la demanda por no haberse subsanado
en el término de 10 días que fue concedido, por presuntamente incurrir en
defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.
2.3. Razones jurídicas de la decisión
28. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) los requisitos de
procedibilidad adjetiva; (iii) las generalidades del defecto alegado; (iv) evolución
jurisprudencial sobre rechazo de la demanda y; (v) el caso concreto.
2.5. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial
29. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
3
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la
2
Aunque la parte actora dirigió la tutela contra las autoridades judiciales que resolvieron ambas
instancias del proceso contencioso, el estudio se realizará de cara al auto del 23 de febrero de
2022, proferido por el Tribunal Administrativo del Caquetá por ser el que zanjó el asunto ordinario.
3
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora:
Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
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misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema4 y declaró su
procedencia5.
30. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.
31. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.
32. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.
2.6. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva
2.6.1. Relevancia constitucional
33. En el sub judice se advierte que el asunto es de relevancia constitucional,
por cuanto, en primer lugar, la parte actora cuestiona la razonabilidad de la
providencia proferida el 23 de febrero de 2022 a través de la cual el Tribunal
Administrativo del Caquetá confirmó el rechazo de la demanda por no haberse
subsanado dentro del término que le fue concedido por el a quo para ello,
determinación que, en su criterio, adolece de defecto procedimental por exceso
ritual manifiesto
34. En segundo lugar, se observa que no se trata de un debate de orden
exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el
titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión
pues, en efecto, el accionante consideró vulnerados sus derechos fundamentales
de acceso a la administración de justicia, al mínimo vital y a la dignidad humana,
en concordancia con el principio de la buena fe, porque, pese a que remitió el
4
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes
reseñado.
5
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”
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memorial de subsanación con los respectivos anexos dentro del término
concedido a un correo electrónico que pertenece al despacho judicial que lo
requirió en tal sentido, se dispuso el rechazo de la demanda con fundamento en
que el envío se realizó a un buzón que no está dispuesto para tal fin.
35. En ese sentido, los argumentos que a juicio de la parte actora eran
irrazonables y contrarios al ordenamiento jurídico, conllevaron a que
presuntamente se omitiera el deber del juez ordinario de actuar tanto como juez de
legalidad, de constitucionalidad y de convencionalidad en la causa ordinaria. Así
las cosas, es evidente la tensión alegada por la parte tutelante frente a la
razonabilidad de la decisión, lo que, en su criterio, vulneró los derechos
fundamentales aludidos, principalmente el de acceso a la administración de
justicia.
36. Teniendo en cuenta lo anterior, las garantías constitucionales mencionadas
que subyacen en el sub lite, por ser aquellas cuya protección pretende la parte
accionante, tienen rango constitucional al tenor de lo dispuesto en el artículo 29 de
la Carta, lo que implica que las mismas trasciendan el ámbito meramente legal. En
virtud de lo expuesto, el asunto es de relevancia constitucional cuando prima facie
resulta necesario verificar si subsiste violación o amenaza a los derechos
constitucionales, después de haber agotado el procedimiento judicial establecido
por la ley para su protección.
37. Adicionalmente, la relevancia constitucional implica que el asunto de la
acción de tutela tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su
aplicación, para su eficacia y para la determinación del contenido y alcance de los
derechos fundamentales y libertades públicas.
2.6.2. Tutela contra tutela6
38. En el caso objeto de estudio, es imperioso concluir que no existe reparo
alguno en cuanto hace referencia a este requisito de procedibilidad, toda vez que
no se trata de una tutela contra decisión de la misma naturaleza, pues la
providencia que se censura fue proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho identificado con el radicado N.º 18001-33-33-002-
2021-00235-00/01.
6
Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00014-00; Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001-03-15-000-
2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-
04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00137-00;
Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2020-00037-00; Sentencia
06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-05346-00; Sentencia 06.02.20,
M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001-03-15-000-2019-05202-00.
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2.6.3. Inmediatez7
39. En relación con este requisito, la Sala tampoco advierte ningún reproche en
vista de que la providencia que en esta instancia se ataca fue proferida el 23 de
febrero de 2022, por lo que, sin lugar a constatar la fecha de notificación y aquella
en que cobró ejecutoria, se advierte que la parte actora acudió al amparo
constitucional antes de que culminara el plazo razonable de 6 meses, al haberse
radicado la tutela el 5 de junio de 2022.
40. En ese orden de ideas, para esta Sección del Consejo de Estado es claro
que este asunto supera el requisito adjetivo de la inmediatez, a la luz de la
sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, en la que la Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencias judiciales y, reiteró
que seis (6) meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con estas, computados a
partir de la ejecutoria de la providencia controvertida en sede constitucional.
2.6.4. Subsidiariedad
41. En lo referente a la existencia de otro mecanismo de defensa judicial
para obtener la protección de los derechos fundamentales que la parte actora
considera vulnerados, la Sala precisa que se agotó el recurso de apelación y el de
súplica contra la decisión que dispuso el rechazo de la demanda por no haberse
subsanado en debida forma, que corresponde al medio de impugnación ordinario
que procede.
42. Con respecto a los recursos extraordinarios de revisión y de unificación de
jurisprudencia el despacho advierte que tampoco son procedentes, toda vez que la
tutela se presentó contra el auto que confirmó el rechazo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho.
2.7. Generalidades del defecto alegado
2.7.1. Defecto procedimental por exceso ritual manifiesto
43. Como lo expresó esta Corporación en la providencia del 5 de agosto de
8
2014 , el mencionado defecto se origina cuando el juez actúa completamente al
margen del procedimiento establecido.
7
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-
15-000-2021-06564-01.
8
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 5 de agosto de
2014, Ref.: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela - Importancia jurídica. Actor:
Alpina Productos Alimenticios. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez
9
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44. Al respecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-636 de 2015,
manifestó:
“El defecto procedimental por exceso ritual manifiesto, en el cual incurre una
autoridad judicial cuando con sus actuaciones y decisiones desconoce el
derecho de los ciudadanos de acceder a la administración de justicia y su
obligación de dar prevalencia al derecho sustancial. Tal defecto se presenta
cuando un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo
para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones
devienen en una denegación de justicia, bien sea por (i) aplicar disposiciones
procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un
caso concreto; (ii) exigir el cumplimiento de requisitos formales de forma
irreflexiva y que en determinadas circunstancias puedan constituir cargas
imposibles de cumplir para las partes, siempre que esa situación se encuentre
comprobada; o (iii), incurrir en un rigorismo procedimental en la apreciación de
las pruebas”9.
2.8. Evolución jurisprudencial sobre las causales de inadmisión y el rechazo
de la demanda
45. Al determinar las causales de inadmisión y rechazo de la demanda, el
legislador no pretendía impedir el acceso efectivo a la administración de justicia,
sino evitar el desgaste innecesario del aparato judicial, a efectos de lograr una
mejor prestación del servicio.
46. En la sentencia C-662 de 2004, la Corte Constitucional dispuso que “(…)
acorde con el artículo 95 de la Constitución, el ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en la norma superior como puede ser el caso del debido proceso y del
acceso a la justicia -, implica así mismo el ejercicio de responsabilidades que también se
pueden consolidar en el ámbito procesal y sustancial. Es válido entonces que en los
diversos trámites judiciales, la ley asigne a las partes, a terceros e incluso al juez,
obligaciones jurídicas, deberes de conducta o cargas para el ejercicio de los derechos y
del acceso a la administración de justicia, que sometidas a los límites constitucionales
previamente enunciados, resultan plenamente legítimas”.
47. Asimismo, el máximo órgano de la jurisdicción constitucional estableció que
“(…)El fundamento de las cargas que se les exigen a las partes involucradas en un
proceso es el deber constitucional de colaboración con los órganos jurisdiccionales (art.
95-7 de la C.P.). De allí que sea razonable que se impongan a las partes, incluso en el
acceso a la administración de justicia o durante el trámite del proceso, con el fin de darle
viabilidad a la gestión jurisdiccional y asegurar la efectividad y eficiencia de la actividad
procesal. Esas cargas son generalmente dispositivas, es decir, facultan a las partes para
realizar libremente una actuación procesal, so pena de tener consecuencias
desfavorables en caso de su omisión”.
48. Con el objeto de garantizar los principios de un Estado Social de Derecho,
se contempló la figura de la inadmisión a efectos de brindar a la parte accionante
la oportunidad de corregir los defectos que la autoridad judicial le señale. En ese
9
Corte Constitucional, sentencia SU-636 de 2015 (MP María Victoria Calle Correa, SV Jorge
Ignacio Pretelt Chaljub).
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orden de ideas, solo cuando se cumpla con las formalidades que la ley establece,
deberá admitirse la demanda, de lo contrario tendrá que ser rechazada.
49. Cabe destacar que la inadmisión de la demanda no procede bajo criterios
subjetivos, sino únicamente por causales taxativas previamente establecidas, es
decir, aquellas que se encuentran señaladas en la norma. Ello puede observarse,
por ejemplo, en la providencia del 29 de noviembre de 201910, en donde la
Sección Primera del Consejo de Estado, indicó que:
“(…) [art. 170 Ley 1437 de 2011] la demanda se inadmitirá cuando carezca de
los requisitos señalados por la ley por auto susceptible del recurso de
reposición, en el cual se expondrán los defectos para que sean corregidos en
un plazo de diez (10) días, so pena del rechazo de la demanda.
59.- En la medida en que las causales de inadmisión resultan ser taxativas,
puesto que implican un límite al derecho de acceso a la administración de
justicia previsto en el artículo 229 de la Carta Política –Corte Constitucional,
Sentencia C-833 de 2002–11, dichos requisitos –señalados en la ley– deben,
igualmente, ser interpretados en forma taxativa puesto que, en la misma vía,
su desconocimiento impide, evidentemente, la tramitación del proceso judicial,
al tener que ser subsanado –y dar incluso lugar a su terminación de acuerdo
con el artículo 169 del CPACA–, lo que impone que el juez deba evaluar,
únicamente, aquellos requisitos establecidos, en forma especial, integral y
taxativa en el CPACA, en particular en los artículos 162, 163, 164, 165, 166 y
167, que en momento alguno mencionan el juramento estimatorio”.
50. En relación con el trámite de la demanda, se observa que los artículos 170
y 171 de la Ley 1437 de 2011 fijan la competencia del juez para verificar los
requisitos de la misma, a efectos de disponer el su admisión o inadmisión, según
corresponda. En consonancia con ello, se tiene que el numeral 2º del artículo 169
del mismo estatuto procesal impone la obligación de rechazar cuando “habiendo
sido inadmitida no se hubiere corregido la demanda dentro de la oportunidad legalmente
establecida”.
51. Al respecto, la Subsección “A” de la Sección Tercera del Consejo de
Estado12 explicó que “(…) una decisión contraria supondría desconocer el carácter
preclusivo de los términos legales, así como las consecuencias jurídicas y procesales que
de su inobservancia se derivan, aspectos todos contenidos en normas de orden público y,
por tanto, de imperativo cumplimiento que, valga decir, constituyen garantía del debido
10
Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 29.11.2019, Exp: 25000-23-41-000-2016-
01687-02, M.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
11
“(…) No obstante, la Corte se aparta del concepto emitido por el demandante, por cuanto la
interpretación que se le da al artículo acusado, en ningún momento desconoce los derechos
constitucionales de quien acude a un estrado judicial, tampoco puede decirse que el juez que tiene
a su conocimiento la demanda, puede inadmitirla bajo criterios puramente subjetivos, pues las
causales de inadmisión son taxativas, se encuentran específicamente señalas en el precepto
demandado y no le es posible a un juez inadmitir una demanda, sin que el auto que ordena la
inadmisión sea debidamente fundamentado, tan es así que fue el propio legislador quien en su
obligación de ejecutar el mandato social, contenido en la Constitución, estableció para los
funcionarios judiciales el deber de respetar, garantizar y salvaguardar los derechos de quienes
intervienen en el proceso (artículo 9 ley 270 de 1996) (…)”. (Resaltado y subrayado fuera de texto)
12
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto del 11.10.2021, Exp. 05001-23-33-
000-2021-00329-01, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
11
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proceso y de la seguridad jurídica de las partes comprometidas en el respectivo conflicto
(…).
52. En ese contexto, la decisión de rechazar la demanda no puede entenderse
como una transgresión de los derechos de acceso a la administración de justicia y
al debido proceso, teniendo en cuenta que, precisamente, en aplicación de estas
garantías es que se concede a la parte demandante el término previsto en el
artículo 170 del CPACA para que subsanen los yerros señalados, de manera que,
cuando el interesado desatiende su deber, resulta obligatorio aplicar la
consecuencia jurídica que señala la norma.
53. El numeral 7º del artículo 95 de la Constitución establece que, es deber del
ciudadano colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia.
Así, al analizar la carga de subsanar las falencias anotadas por el operador
jurídico, la Sección Tercera del Consejo de Estado13 aseguró que, “(…) si está en
manos del interesado evitar el daño es su deber hacerlo, pues de lo contrario incurre en
una actitud negligente, de desidia frente a sus propios deberes, lo cual le impide trasladar
a la administración las consecuencias desfavorables de ello y perseguir, entonces, la
obtención de una ventaja o provecho económico, con cargo al patrimonio de aquélla, pues
tal comportamiento no sólo resulta contrario a la buena fe, principio superior por el cual se
deben regir todas las relaciones entre el Estado y los administrados, sino que también
contraría el principio de derecho según el cual nadie puede sacar provecho de su propia
desidia”.
54. En tal sentido, cuandoquiera que se desconozca el deber de cooperación
que corresponde al ciudadano respecto de la administración de justicia, no habrá
otra opción que resolver desfavorablemente los intereses de quien activa el
servicio de administración de justicia, es decir que resulta razonable que se
rechace la demanda cuando la parte demandante no subsane los yerros anotados.
2.9. Caso concreto
55. La parte actora considera que el Tribunal Administrativo del Caquetá vulneró
sus derechos fundamentales, con ocasión del auto del 23 de febrero de 2022 a
través del cual confirmó la decisión del Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Florencia, que dispuso el rechazo de la demanda por no
haberse subsanado, determinación que en su criterio adolece de defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto.
56. Al respecto, reprochó que el operador jurídico tutelado le otorgara mayor
importancia a las formalidades que a la sustancia, teniendo en cuenta que aunque
el memorial de subsanación se aportó dentro del término legal que fue concedido,
se tuvo por no recibido al haberse enviado a una cuenta de correo electrónico del
despacho judicial que tenía a cargo el proceso que no estaba habilitada para la
recepción de memoriales, sino que se emplea para la remisión de notificaciones
de las partes procesales.
13
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, auto del 14.7.2016, Exp. 76001-23-31-
000-2006-01742-01, M.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.
12
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57. En síntesis, el señor Toledo Rojas consideró que remitir el escrito de
subsanación dentro del término que le fue concedido a un correo electrónico del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia, esto es, a
jadmin02@notificacionesrj.gov.co, implica que el operador jurídico este en la
obligación de tenerlo por recibido, teniendo en cuenta que con independencia de
que aquella no sea la dirección dispuesta para la recepción de memoriales, se
trata de un buzón web del despacho judicial en cuestión.
58. En ese contexto, debe precisarse que exigir que los memoriales se remitan a
un correo electrónico específico no constituye un exceso ritual manifiesto de las
autoridades, sino el acatamiento de las medidas dispuestas por el Consejo
Superior de la Judicatura, que es la entidad que establece los canales oficiales de
comunicación para la recepción de documentos y actuaciones entre las partes, los
abogados, los terceros y los despachos judiciales.
59. El hecho de que el Consejo Superior de la Judicatura haya establecido una
limitación en tal sentido tiene como único propósito procurar por un uso efectivo de
las tecnologías de la información en la gestión y trámite de los procesos judiciales,
de manera que la administración de justicia funcione como un sistema fácil, ágil y
al alcance de todos, puesto que el Código General del Proceso en su artículo 109
dispone la obligación de las autoridades de mantener el buzón de correo
electrónico con la disponibilidad suficiente para recibir los mensajes de datos.
60. El parágrafo de la citada norma indica que será la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura la dependencia encargada de reglamentar la
forma de presentar memoriales. En tal sentido, en el marco de las medidas
adoptadas por la emergencia COVID 19, se estableció a través del artículo 26 del
Acuerdo 11567 de 2020 que los Consejos Seccionales de la Judicatura, en
coordinación con las Direcciones Seccionales de Administración Judicial, deben
“(…) definir, expedir y comunicar los medios y canales electrónicos institucionales
disponibles para, entre otras finalidades, realizar la recepción de documentos por parte
de los despachos judiciales, secretarías, oficinas de apoyo, centros de servicios y demás
dependencias”.
61. En el año 2020, el Consejo Seccional de la Judicatura de Caquetá publicó en
su página web los canales de atención virtual para la ejecución de los trámites
judiciales virtuales14, entre ellos, la presentación de memoriales. En el caso del
Juzgado Segundo Administrativo de Florencia, determinó que la dirección
electrónica para la radicación de documentos sería
j02adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.
14
https://www.ramajudicial.gov.co/web/consejo-seccional-de-la-judicatura-de-caqueta/427.
13
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62. Igualmente, al revisar la sección de avisos del mencionado despacho
judicial15, se encontró que desde el año 2020 se informó al público en general que
el buzón web de recepción de memoriales es
j02adminfencia@cendoj.ramajudicial.gov.co.
63. En este punto, se recuerda que la parte actora insistió en la vulneración de
sus derechos, basado en el hecho de que se tenga por no recibido el escrito que
se envió al correo jadmin02@notificacionesrj.gov.co, sin embargo, esta Sala de
Decisión observó que, al remitir cualquier mensaje de datos a dicha dirección, el
servidor arroja una respuesta inmediata que indica que la entrega no se puede
concretar, veamos:
64. En ese orden de ideas, no es cierto que el despacho judicial hubiese recibido
efectivamente el memorial de subsanación pues, tal como se observó, el mensaje
de datos al que la parte actora ha hecho alusión nunca llegó al destinatario, a
saber, al Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.
65. En este punto resulta pertinente traer a colación que el Código General del
Proceso en el Título II de las notificaciones, establece que “(…) Se presumirá que el
destinatario ha recibido el aviso cuando el iniciador recepcione acuse de recibo. En este
15
https://www.ramajudicial.gov.co/web/juzgado-02-administrativo-de-florencia/433.
14
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caso, se dejará constancia de ello en el expediente y adjuntará una impresión del mensaje
de datos”.
66. En ese contexto, es evidente que tal circunstancia no se concretó en el
asunto sub judice, teniendo en cuenta que el buzón
jadmin02@notificacionesrj.gov.co no está habilitado para la recepción de
mensajes de datos, situación que se evidencia inmediatamente pues el servidor
remite de manera automática la alerta previamente ilustrada.
67. A partir de lo expuesto, la Sala concluye que fue la falta de diligencia de la
parte actora lo que condujo al rechazo de la demanda y no un exceso ritual
manifiesto de los operadores jurídicos que conocieron del asunto.
68. En síntesis, de las circunstancias fácticas y jurídicas que rodearon el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho objeto de estudio, así como de
los fundamentos expuestos por el Tribunal Administrativo del Caquetá para
orientar el sentido de su providencia, esta Sala de Decisión no observa que la
decisión objeto de censura adoleciera del defecto alegado por la parte actora
puesto que la misma obedece a la apreciación razonable de las pruebas
aportadas al expediente, así como a la adecuada aplicación de las medidas
tendientes a asegurar el uso efectivo de las tecnologías de la información en la
gestión y trámite de los procesos judiciales.
69. En consecuencia, el hecho de que la decisión objeto de reproche no fuera
favorable a las pretensiones de la parte accionante no implica per se que el
operador jurídico demandado vulnerara sus derechos fundamentales puesto que,
se reitera, el auto del 23 de febrero de 2022 no adolece del defecto procedimental
por exceso ritual manifiesto que alegó la parte actora, por el contrario, es el
resultado del análisis detallado de la situación fáctica y jurídica que rodeó el caso.
2.10. Conclusión
70. En ese contexto, esta Sección del Consejo de Estado negará el amparo
deprecado por el señor Hernán Darío Toledo Rojas, por no encontrar que el auto
del 23 de febrero de 2022, que fue objeto de censura adoleciera del defecto
procedimental por exceso ritual manifiesto. Lo anterior, sobre la base de
considerar que, contrario a lo expresado por la parte tutelante, la parte actora no
subsanó la demanda dentro del término de 10 días que les fue otorgado por el
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Florencia.
71. En tal sentido, no había lugar a que el Tribunal Administrativo del Caquetá
adoptara una decisión distinta a confirmar el rechazo del medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que el señor Toledo Rojas instauró contra
el Ministerio de Educación Nacional, el Departamento del Caquetá, la Comisión
Nacional del Servicio Civil y el Municipio de Milán, Caquetá.
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3. DECISIÓN
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación del Ministerio de Educación
Nacional, la Gobernación del Caquetá y la Comisión Nacional del Servicio Civil.
SEGUNDO: NEGAR el amparo deprecado por el señor Hernán Darío Toledo
Rojas, por las razones expuestas en las consideraciones de esta providencia.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: en el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión, en los términos previstos en el artículo 31
del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Este documento fue firmado electrónicamente. Los interesados pueden consultar la providencia oficial con el
número de radicación en http//relatoria.consejodeestado.gov.co.8081
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