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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03652-01

Fecha
4 de noviembre de 2022
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03652-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Quinta de esta Corporación. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 11001-03-15-000-2022-03652-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

4 de noviembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03652-01
Demandante: OLGA BEATRIZ RIVERA RUIZ
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
del 15 de septiembre de 2022, proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado,
por medio de la cual se negó la solicitud de amparo.

I. A N T E C E D E N T E S

1. Demanda

1.1. Pretensiones

El 5 de julio de la presente anualidad1, la señora Olga Beatriz Rivera Ruiz, por intermedio
de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de
Antioquia, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a
la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia
proferida el 8 de junio de 2022, en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho
con radicado 05001-33-33-034-2016-01022-01. Formuló las siguientes pretensiones:
1. Se le tutela a la señora OLGA BEATRIZ RIVERA RUIZ el amparo de los
derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, A LA IGUALDAD EN LAS
DECISIONES JUDICIALES y el ACCESO EFECTIVO A LA ADMINISTRACIÓN
DE JUSTICIA, que le fueron vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE
ANTIOQUIA - SALA DE DECISIÓN ORAL a través de la providencia del 08 de
junio de 2022 M.P. Rafael Darío Restrepo Quijano, proferida dentro del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho laboral con radicado
05001333303420160102200.

1 Se advierte que, el 20 de octubre de 2022, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente,

para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.

Radicación: 11001-03-15-000-2022-03652-01
Demandante: Olga Beatriz Rivera Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

2. DEJAR SIN EFECTO la sentencia proferida dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, en segunda instancia, por el TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA DE DECISIÓN ORAL el 8 de junio de
2022. En su lugar, ORDENAR al Tribunal Administrativo de Antioquia que, en el
término que se considere pertinente, profiera una nueva decisión mediante la cual
acceda a las pretensiones de la demanda.

1.2 . Hechos

De la solicitud de tutela y del expediente se extraen los siguientes hechos jurídicamente
relevantes:

La señora Olga Beatriz Rivera Ruiz prestó sus servicios en el Hospital Militar de Medellín,
adscrito a la Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, en virtud de la celebración de
seis contratos de prestación de servicios entre el 15 de marzo de 2012 y el 31 de
diciembre de 2015, con algunas breves interrupciones.

Los contratos celebrados tenían como objeto desarrollar la actividad de auxiliar de
enfermería en las instalaciones del Hospital Militar de Medellín. Entre las obligaciones a
cargo de la demandante se encontraban, entre otras, «actividades propias de consulta
de enfermería, intervención en actividades de atención prioritaria, urgencias en el campo
de auxiliar de enfermería… actividades propias de una enfermera auxiliar al personal de
usuarios hospitalizados, diligenciar correctamente los registros estadísticos, remisiones
e historias clínicas de los programas, administrar medicamentos de acuerdo a las
fórmulas médicas, de consulta externa y hospitalización».

Señaló que para el cumplimiento del objeto contractual le correspondía trabajar en
jornadas de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 5:00 p.m., cuando las funciones eran
desarrolladas en el área de promoción y prevención; y en turnos de 12 y hasta 14 horas,
cuando era asignada al área de hospitalización.

Por considerar que la relación contractual derivó en una verdadera relación laboral, la
demandante elevó reclamación para obtener el reconocimiento de dicho vínculo, así
como el pago de las prestaciones sociales y aportes al Sistema General de Seguridad
Social. Dicha petición fue resuelta desfavorablemente en Acta 20160804 del 20 de junio
de 2016.

En consecuencia, la señora Rivera Ruiz instauró demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho en contra de la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Dirección

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03652-01
Demandante: Olga Beatriz Rivera Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

de Sanidad Militar, a fin de que se declarara la nulidad del referido acto administrativo y
se le reconocieran los derechos laborales y prestacionales derivados de dicha
declaración.

El Juzgado 34 Administrativo de Medellín, al que correspondió el proceso en primera
instancia, mediante sentencia del 14 de agosto de 2018, accedió a las pretensiones de
la demanda, declaró la nulidad del acto administrativo, reconoció la existencia de relación
laboral y condenó a la entidad a pagar, en favor de la señora Olga Beatriz Rivera Ruiz,
las prestaciones sociales y los aportes al Sistema de Seguridad Social.

La decisión fue apelada y el Tribunal Administrativo de Antioquia, en providencia del 8
de junio de 2022, la revocó y, en su lugar, negó las pretensiones.

1.3 Argumentos de la tutela

Concretamente, la parte actora indicó que la autoridad judicial accionada incurrió en los
siguientes defectos:

1.3.1. Defecto fáctico, por valoración caprichosa, arbitraria e irracional de las pruebas,
pues, a pesar de haberse acreditado la subordinación de la relación laboral con los
diferentes medios probatorios aportados (documentales y testimoniales), la sentencia
concluyó que no se acreditó la subordinación, sino que existía una simple relación de
coordinación.

Expuso que la entidad demandada no desvirtuó la presunción de subordinación que se
aplica cuando la demandante es contratada para realizar labores de auxiliar de
enfermería que exigen una subordinación diaria para el cuidado de los pacientes,
supeditada a la dirección de los médicos. Elementos que, en su sentir, se probaron con
los testimonios y los contratos de prestación de servicios.

Insistió en que el tribunal olvidó que en los casos de auxiliares de enfermería se presume
el presupuesto de subordinación y dependencia, razón por la cual la existencia de la
relación laboral debía ser desvirtuada por la parte contraria, y así no se hizo.

1.3.2. Desconocimiento del precedente, toda vez que, al momento de valorar las
pruebas, el Tribunal Administrativo de Antioquia desconoció la sentencia de unificación
proferida por el Consejo de Estado el 9 de septiembre de 2021 (SUJ-025-CE-S2-2021),

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Demandante: Olga Beatriz Rivera Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

en la que se sostuvo que para la subordinación debían valorarse diversas circunstancias
como i) el lugar de trabajo, ii) el horario de labores y iii) la dirección y control efectivo de
las actividades a ejecutar». Frente a este último elemento, el Consejo de Estado sostuvo
«que se demuestra bien sea a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en
cualquier momento, en cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de
reglamentos internos o el ejercicio de poder de disciplina o del ius variandi, la dirección
y control efectivo de las actividades del contratista».

En resumen, indicó que se violó de manera flagrante el precedente jurisprudencial
trazado en la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021, en lo concerniente a la
subordinación, en tanto que dejó de aplicar las circunstancias indiciarias que sirven para
probar la subordinación.

De otra parte, también mencionó la sentencia T-388 de 2010, que alude a los contratos
celebrados por auxiliares de enfermería, en la cual la Corte Constitucional cita al Consejo
de Estado en lo que concierne a la presunción de subordinación en esos casos.

2. Trámite impartido e intervenciones

2.1 Mediante auto del 19 de julio de 2022, la magistrada sustanciadora de la Sección
Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda de tutela contra el Tribunal
Administrativo de Antioquia, Sala Cuarta de Decisión, y ordenó notificar a los
magistrados que la integran, así como al Juzgado 34 Administrativo de Medellín, al
Ministerio Público y a la Nación-Ministerio de Defensa - Ejército Nacional - Dirección de
Sanidad Militar, como terceros con interés. También se ordenó notificar a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.2. El Juzgado 34 Administrativo de Medellín señaló que no se pronunciaría sobre los
cargos de la tutela, dado que la decisión censurada no fue la que profirió dicho juzgado,
sino la del tribunal. Que, por tanto, se acogía a lo que dispusiera la sentencia de tutela.

2.3. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

3. Fallo impugnado

La Sección Quinta de esta Corporación, mediante fallo del 15 de septiembre de 2022,
negó la solicitud de amparo.

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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03652-01
Demandante: Olga Beatriz Rivera Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En esencia, luego de dar por superados los requisitos generales de procedencia de la
tutela contra providencia judicial, el a quo desestimó la configuración de los defectos
fáctico y de desconocimiento del precedente.

Frente al defecto fáctico, señaló que el tribunal hizo referencia a las diferentes posiciones
al interior del Consejo de Estado sobre los elementos para declarar la existencia de una
relación laboral y, luego de analizar los elementos de convicción aportados al proceso,
concluyó que no se «logró demostrar el tercer y más importante elemento de la relación
laboral».

Explicó que el análisis fáctico y jurisprudencial de la autoridad accionada «se ajusta a
derecho, dado que aunque de los elementos de convicción recaudados se podía inferir
que la señora Olga Beatriz Rivera Ruiz suscribió diversos contratos de prestación de
servicio con la entidad, lo cierto es que ello solo da cuenta de una relación coordinada
de actividades entre contratante y contratista para cumplir el objeto del acuerdo».

En lo atinente al desconocimiento del precedente, negó que la sentencia no hubiese
considerado el precedente invocado en la tutela, pues el tribunal lo citó y advirtió que el
cumplimiento de horario no constituye por sí mismo un indicio de subordinación, sino
que corresponde a la forma en que debía desarrollarse la labor contratada o de la
necesaria coordinación en la prestación de los servicios.

Respecto de las otras sentencias invocadas en la tutela, negó que se traten de
precedentes aplicables, de un lado, por el carácter inter partes, y de otro, dan cuenta de
circunstancias diferentes en las que sí se dio por probada la subordinación, en virtud a
que, por ejemplo, en una de ellas le fueron reconocidos a la demandante el pago de
honorarios sin mediar contrato, lo que suponía la necesidad e importancia de la función
allí desempeñada.

4. Impugnación

La parte demandante impugnó la anterior decisión. Para sustentar su inconformidad,
reiteró los argumentos que soportaron las pretensiones de la tutela, esto es, que en el
proceso se aportaron elementos que acreditaban la subordinación presente en la
relación laboral sostenida entre la accionante y la entidad demandada.

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Demandante: Olga Beatriz Rivera Ruiz
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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Explicó que las pruebas que dan cuenta de esa afirmación son los documentos que
contenían información sobre el personal de planta, su manual de funciones, los cuadros
de turnos, horarios, directrices y órdenes que cubrían desde la presentación personal
hasta la ejecución de las actividades laborales; y, además, señaló que los testimonios
fueron claros en detallar la existencia del cumplimiento de horarios, solicitudes de
permiso y otros aspectos como la imposibilidad de delegar la actividad.

Afirmó que, de detenerse el juez de tutela de segunda instancia en la revisión de las
pruebas, advertirá que «realmente ese elemento de la subordinación sí quedó
debidamente probado, que no se trató de una simple relación coordinada de actividades
entre contratante y contratista para cumplir el objeto del acuerdo».

A partir de lo anterior, concluyó que se configuraron los defectos fáctico y de
desconocimiento del precedente por valoración irracional de las pruebas y porque se
ignoró el precedente del Consejo de Estado, el cual, aunque fue citado, no se aplicó en
la sentencia cuestionada.

II. CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos
fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad
o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe
perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo impetrado, siempre que esté
acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela era
improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año 2012 2,
aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte Constitucional,
esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho fundamental.

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García González.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del ordenamiento
jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las decisiones judiciales
y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
sin mayores excepciones.

Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el juez
de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos que fijó
la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones en que se
fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los mecanismos
judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término
prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y
(v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte Constitucional,
en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela contra decisiones
proferidas en sede de tutela procede en dos eventos excepcionales.

El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo, en
la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que podrían verse
afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando con la acción de
tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido vulnerado en el trámite
del incidente de desacato.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia de
alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii) defecto
fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error inducido, (vi)
decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii) violación directa de
la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales, así:

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a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la
providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base
en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una evidente y
grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión
que afecta derechos fundamentales.

f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones
en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su
órbita funcional.

g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y
el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos
casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del
contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

h. Violación directa de la Constitución.

Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación de
los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar inconformidad o
desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia, sino que es
necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada ha incurrido en
alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de relevancia constitucional.

Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y que
han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la tutela no
se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran discusiones que son
propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los argumentos que dejaron de
proponer oportunamente.

Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos, la Corte Constitucional ha
restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las providencias
dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En ese sentido, la
Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos generales y la configuración
de una de las causales específicas antes mencionados, la acción de tutela contra

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providencias proferidas por los denominados órganos de cierre, «solo tiene cabida
cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente
incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance
y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de
constitucionalidad, esto es, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige
la imperiosa intervención del juez constitucional3».

2. Problema Jurídico

Corresponde a la Sala determinar si hay lugar a confirmar, modificar o revocar el fallo
proferido el 15 de septiembre de 2022 por la Sección Quinta del Consejo de Estado.
Para ello, en los términos de la impugnación presentada, se examinará si el a quo erró
en su razonamiento al desestimar los defectos fácticos y de desconocimiento del
precedente alegados y si, como consecuencia de ello, se deben amparar o no los
derechos fundamentales reclamados en la tutela, con ocasión de la sentencia dictada el
8 de junio de 2022, por el Tribunal Administrativo de Antioquia.

La Sala se relevará del estudio de los requisitos generales de procedencia de tutela, toda
vez que su cumplimiento no ha sido objeto de reproche y, grosso modo, comparte el
análisis que de ellos se hizo en el fallo impugnado.

3. Análisis de la Sala

3.1. Requisitos generales de procedencia de la tutela

Como se anticipó al delimitar el problema jurídico, esta Sala comparte, en términos
generales, los argumentos del a quo en los que sostiene que se cumplieron los requisitos
generales de procedencia de tutela contra providencia judicial, esto es, la subsidiariedad,
por la inexistencia de otros medios para discutir los elementos propuestos; el de
inmediatez, porque la tutela se formuló dentro de los seis meses siguientes a la
notificación de la sentencia cuestionada; el de relevancia constitucional, porque se
cumplió con la carga argumentativa con trascendencia constitucional, sin limitarse a

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.

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argumentos para suscitar una instancia adicional; y, finalmente, no se cuestiona otra
sentencia de tutela.

3.2. Requisitos específicos de procedibilidad alegados por la parte actora

3.2.1. Del defecto fáctico

El defecto fáctico es aquel vicio relacionado con la práctica o valoración de las pruebas,
que tiene una incidencia directa en la decisión. En efecto, la Corte Constitucional4 ha
dicho que el defecto fáctico es un error relacionado con asuntos probatorios y, además,
reconoce que tiene dos dimensiones: una dimensión negativa y una positiva.

La dimensión negativa se produce por omisiones del juez, como, por ejemplo, (i) ignorar
o no valorar, injustificadamente, una realidad probatoria determinante en el desenlace
del proceso5; (ii) decidir sin el apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión 6 ; o (iii) no decretar pruebas de oficio en los
procedimientos en que el juez está legal y constitucionalmente obligado a hacerlo7.

La dimensión positiva, por su parte, tiene lugar por actuaciones positivas del juez en la
que se incurre ya sea (iv) por valorar y decidir con fundamento en pruebas ilícitas, si
estas resultan determinantes en el sentido de la decisión8; o (v) por decidir con medios
de prueba que, por disposición legal, no conducen a demostrar el hecho en que se basa
la providencia9.

3.2.2. Del desconocimiento del precedente

El Consejo de Estado o cualquier otra autoridad judicial idónea para generar
precedentes10, al resolver un determinado asunto, establece el alcance de una norma o
resuelve un problema jurídico específico. Si otros jueces desconocen ese
pronunciamiento del órgano de cierre, en el que se ha fijado una regla de una decisión,
en principio, la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del

4
Corte Constitucional. Sentencia SU-159 de 2002.
5
Corte Constitucional. Sentencia T-442 de 1994.
6
Corte Constitucional. Sentencia C-590 de 2005.
7
Corte Constitucional. Sentencia T-417 de 2008.
8
Ibidem.
9
Corte Constitucional. Sentencia SU-226 de 2013.
10 Corte Constitucional. Sentencia T-534 de 2017.

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derecho a la igualdad y resguardar la eficacia de otros principios básicos del orden
constitucional, salvo que, en ejercicio del derecho de apartamiento y en atención a los
presupuestos de transparencia y razón suficiente, se explique por qué en determinado
caso no se va aplicar el precedente.

Siguiendo de cerca la jurisprudencia constitucional y su construcción de la teoría de los
precedentes11, se tiene que, para identificarlos, es preciso realizar un análisis técnico de
la jurisprudencia, en virtud del cual resulta imperativo distinguir entre el decisum, la ratio
decidendi y el obiter dictum. El decisum es la parte resolutiva de la sentencia, aquello
que se dictamina en el caso concreto y que, dependiendo del tipo de pretensión invocada
ante el juez administrativo, tendrá fuerza erga omnes o efecto inter partes12. Por su parte,
la ratio decidendi «corresponde a aquellas razones de la parte motiva de la sentencia
que constituyen la regla determinante del sentido de la decisión y de su contenido
específico»13 o, en su definición original, a la «formulación del principio, regla o razón
general de la sentencia que constituye la base de la decisión judicial»14. Finalmente, el
obiter dictum será «lo que se dice de paso»15 en la providencia, esto es, «aquello que no
está inescindiblemente ligado con la decisión»16.

Teniendo en cuenta que el decisum de una sentencia puede tener efectos erga omnes o
inter partes, según la naturaleza de la pretensión invocada ante el juez, se impone
señalar que en aras de salvaguardar principios fundantes de nuestro ordenamiento
constitucional como la igualdad, la seguridad jurídica y la confianza legítima, y de
amparar derechos y garantías fundamentales como el debido proceso, la jurisprudencia
constitucional ha reiterado en numerosas ocasiones la fuerza vinculante de los
precedentes judiciales que han resuelto situaciones análogas anteriores 17. Lo anterior,
en el sentido antes descrito, conforme al cual «únicamente se forma precedente a partir
de la ratio decidendi que resuelve un caso»18.

De otra parte, y en lo que tiene que ver con la definición de si la regla invocada como
ratio controlante del caso a fallar realmente resulta aplicable o no, se tiene que, conforme

11 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
12 En efecto, de acuerdo con el artículo 189 CPACA.
13 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
14 Corte Constitucional. Sentencias SU-047 de 1999 y SU- 1300 de 2001.
15 Corte Constitucional. Sentencia SU-1300 de 2001. Ver también, entre otras, la sentencia SU-047 de

1999.
16 Corte Constitucional. Sentencia T-292 de 2006.
17 Una completa reconstrucción de esta línea jurisprudencial puede verse en la sentencia C-634 de 2011

de la Corte Constitucional.
18 Corte Constitucional. Sentencia T-960 de 2001.

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a las consideraciones de la Corte Constitucional vertidas en la sentencia T-292 de 2006,
para determinar si un precedente es relevante o no «se deben tener en cuenta factores
como que: i) En la ratio decidendi de la sentencia se encuentra una regla relacionada
con el caso a resolver posteriormente, ii) La ratio debió haber servido de base para
solucionar un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante,
iii) Los hechos del caso o las normas juzgadas en la sentencia anterior deben ser
semejantes o plantear un punto de derecho semejante al que debe resolverse
posteriormente. En este sentido será razonable que cuando en una situación similar, se
observe que los hechos determinantes no concuerdan con el supuesto de hecho, el juez
esté legitimado para no considerar vinculante el precedente».

En definitiva, para examinar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales,
por desconocimiento del precedente judicial, se deben observar las siguientes reglas19:

a. El demandante debe identificar el precedente judicial que se habría
desconocido y exponer las razones por las que estima que se desconoció20.

b. El juez de tutela debe confirmar la existencia del precedente judicial que se
habría dejado de aplicar. Esto es, debe identificar si de verdad existe un caso
análogo ya decidido.

c. Identificado el precedente judicial, el juez de tutela debe comprobar si se
dejó de aplicar.

d. Si, en efecto, el juez natural dejó de aplicarlo, se debe verificar si existen
diferencias entre el precedente y el conflicto que decidió, o si el juez expuso las
razones para apartarse del precedente judicial. Si existen diferencias no habrá
desconocimiento del precedente judicial. Aunque los casos sean similares, tampoco
habrá desconocimiento del precedente si el juez identifica el criterio jurisprudencial
supuestamente ignorado y expone las razones para apartarse (principios de
transparencia y razón suficiente21).

19 Sobre el tema, ver entre otras, la sentencia T-482 de 2011.
20 Sobre el tema, la Corte Constitucional ha dicho: «la existencia de un precedente no depende del hecho

de que se haya dictado una sentencia en la cual se contenga una regla de derecho que se estime aplicable
al caso. Es necesario que se demuestre que efectivamente es aplicable al caso, para lo cual resulta
indispensable que se aporten elementos de juicio –se argumente- a partir de las sentencias. Quien alega,
tiene el deber de indicar que las sentencias (i) se refieren a situaciones similares y (ii) que la solución
jurídica del caso (su ratio decidendi), ha de ser aplicada en el caso objeto de análisis. También podrá
demandarse la aplicación del precedente, por vía analógica».
21 En relación con el derecho de apartamiento y los principios de transparencia y razón suficiente, ver,

entre otras, las sentencias T-698 de 2004, T-794 de 2011 y T-364 de 2017 de la Corte Constitucional.

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Demandante: Olga Beatriz Rivera Ruiz
Demandado: Tribunal Administrativo de Antioquia
Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

e. El precedente judicial vinculante es aquel que se encuentra ligado a la
razón central de la decisión (ratio decidendi). La razón central de la decisión surge
de la valoración que el juez hace de las normas frente a los hechos y el material
probatorio en cada caso concreto22.

f. Si no se acató el precedente judicial la tutela será procedente para la
protección del derecho a la igualdad, la tutela judicial efectiva, el debido proceso y
la garantía de la confianza legítima.

4. Caso concreto

La parte demandante cuestionó la providencia del 8 de junio de 2022, por medio de la
cual el Tribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia de primera instancia
proferida por el Juzgado 34 Administrativo de Medellín y, en su lugar, negó las
pretensiones de la demanda.

En sentir de la parte demandante, la autoridad judicial accionada incurrió en defecto
fáctico por valoración irracional de las pruebas, pues quedó suficientemente acreditado
el elemento de la subordinación como presupuesto para declarar la existencia de una
relación laboral encubierta, en la medida en que hay elementos que revelan el
cumplimiento de horarios, de turnos, que se impartieron órdenes para la prestación del
servicio y deberes institucionales como portar ciertos uniformes. Todo ello, afirma, se
demostró con documentos y testimonios.

La Sala coincide con el fallador de primer grado y, en consecuencia, no comparte la tesis
de la parte actora consistente en que la autoridad judicial accionada incurrió en el defecto
fáctico endilgado, pues la providencia cuestionada se profirió conforme a las reglas que
rigen la actividad y la valoración probatorias, en la medida en que estuvo precedida de
un análisis conjunto e integral de los elementos de prueba. El simple hecho de que no se
compartan las conclusiones del tribunal, no convierte la decisión en arbitraria, caprichosa
o contraevidente.

22 Para la Corte Constitucional, la ratio decidendi es «la formulación general, más allá de las
particularidades irrelevantes del caso, del principio, regla o razón general que constituyen la base de la
decisión judicial específica». Ver, por ejemplo, la sentencia T-443 de 2010.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

Para afianzar la posición de esta Subsección, se advierte que la solicitud de amparo,
más que intentar revelar el desatino producto del ejercicio intelectivo del tribunal, expone
diferencias de criterios respecto de las conclusiones asignadas al examen de los
elementos de prueba, porque, en sentir de la parte accionante, se acreditó la
subordinación que el tribunal encontró ausente.

En la sentencia cuestionada, el Tribunal Administrativo de Antioquia enlistó todas las
pruebas documentales y testimoniales practicadas, a partir de ellas extrajo que se
acreditó la prestación personal del servicio y la remuneración, no así «la continua y
permanente subordinación y dependencia…elemento esencial y diferenciador entre un
contrato de prestación de servicios y un contrato de trabajo».

Para arribar a esa conclusión, la providencia dedicó varios acápites a la valoración y
estudio detallado de la subordinación, con fundamento en los elementos suasorios
aportados y practicados en el proceso e, incluso, a la sentencia de unificación que se
invoca como precedente desconocido. Esto expuso el tribunal:

Al respecto la Colegiatura considera, que la prueba testimonial y documental no
genera un grado de convencimiento acerca del estado de subordinación y
dependencia continuada en la que se encontraba la señora Olga Beatriz Rivera
Ruiz, puesto que con los testimonios practicados se acreditó que la señora Olga
Beatriz se desempeñaba como auxiliar de enfermería, encargada de la atención
integral al paciente, administrar los medicamentos, bañar a los usuarios del
servicio, registro de historias clínicas, toma de signos vitales, en las áreas de
promoción y prevención, urgencias, hospitalización, trabajaba con los mismos
servicios, implementos y horarios de los auxiliares de enfermería de planta
vinculados directamente a la institución hospitalaria, empero, no se cuenta con
ninguna evidencia de llamados de atención, memorandos, comunicaciones,
circulares u otros medios a través de los cuales se hubieren dado órdenes a la
demandante, adelantamiento de algún proceso disciplinario o de otro tipo por
alguna circunstancia acaecida durante la relación de trabajo, asistencia obligatoria
a reuniones de índole institucional al margen de las obligaciones previstas en el
contrato; sin que se evidencie situación que permita desdibujar la relación
contractual entre las partes.

Ahora, si bien obra escrito sobre directrices para prestar los servicios personales
como apoyo a la gestión del establecimiento de sanidad militar, las mismas se
efectuaban para la mejor prestación del servicio, vertido en el comportamiento
personal, presentación personal, uso de uniformes en cumplimiento de normas de
bioseguridad y asepsia que rige para el servicio médico asistencial, por cuanto
desempeñaba su labor en el área de hospital Militar, además se observa que las
directrices están elaboradas por la misma contratista sin estar signada. (fls. 152,
153).

De lo anterior se deduce que la autoridad judicial accionada de manera razonada y
razonable desestimó que las tareas desempeñadas y la forma de prestación del servicio
implicara una subordinación continúa y permanente. En su criterio, esos elementos

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

estaban relacionados con la coordinación de las actividades y no necesariamente
generaron la subordinación que configura una relación laboral. Es más, la providencia
enjuiciada abordó de manera particular el cumplimiento de los horarios y turnos, como
elementos indiciarios de la subordinación; no obstante, encontró que, en el caso
concreto, a la luz del objeto contractual eran circunstancias insuficientes para determinar
la subordinación:

En este orden de ideas, las directrices e instrucciones impartidas a la demandante,
afloran matices más de una relación de coordinación de actividades, que implica
el sometimiento de la contratista a las condiciones necesarias para el desarrollo
eficiente del objeto contractual, y no arrojan elementos que logren demostrar que,
se ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de dicho objeto contractual, en circunstancias que denoten el modo,
tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos internos, o el ejercicio
del poder de disciplina o del ius variandi, sin que se extraiga, el aspecto relativo a
que la dirección y control efectivo de las actividades de la contratista constituyan
uno de los aspectos más relevantes para identificar la existencia o no del elemento
de la subordinación.

En atención a los horarios, advierte esta Colegiatura que tanto de los hechos de la
demanda como en los cuadros de turnos (fls. 154 a 156), se extrae que la
demandante para el desarrollo de las actividades como auxiliar de enfermería,
debía cumplir los horarios establecidos por la entidad, bajo los turnos previamente
asignados, lo que no implica, necesariamente, que exista subordinación laboral y,
por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.

Como puede verse, el tribunal no ignoró la existencia de directrices, ni el cumplimiento
de horarios y turnos, como parece entender la demanda de tutela; solo que no consideró
que probaran fehacientemente la subordinación, al punto que esas afirmaciones se
apoyaron en la sentencia de unificación de la Sección Segunda del Consejo de Estado
que el demandante afirma desconocida, al afirmar:

Según criterio expuesto por el Consejo de Estado (sentencia SU 09/09/2021),
existen ciertas actividades de la Administración v.g. “servicios de urgencia en el
sector salud” que necesariamente requieren la incorporación de jornadas laborales
y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del cumplimiento estricto
de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una subordinación
subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto contractual
convenido.

Consecuente con ello, el tribunal emprendió el estudio y análisis de esos elementos, esto
es, del cumplimiento de horarios en función del objeto contractual, y dedujo que, al estar
circunscrito a atenciones médicas asistenciales requeridas por el personal de las fuerzas
militares, era necesario que la labor llevara al «cumplimiento de un horario y de turnos
previamente establecidos para la prestación de dicho servicio cuando era requerida»;
pero no por ello dedujo la subordinación. Para ese efecto, la sentencia afirma que se

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sustentó en la valoración de los testimonios rendidos por «las señoras Yenny Cristina
Molano Escobar y Katherine Fernández Rivas afirman que los jefes del servicio o piso,
esto es, los señores Teniente Kelly Toro, Teniente Riaño, el Coronel Pino, el Teniente
González, el Capitán Ortiz eran quienes establecían los turnos para la prestación del
servicio».

De igual forma, desestimó que la subordinación fuera consecuencia de la existencia de
cuadros de turnos o actividades, en la medida que consideró que « el hecho de que la
señora Olga Beatriz Rivera Ruiz, hubiese tenido que acomodar la prestación de sus
servicios a un cronograma propuesto por la entidad cada período de acuerdo a los turnos
definidos por esta, además de llevar a cabo las actividades en los lugares determinados
por la entidad demandada, no conlleva per se la configuración del elemento de la
subordinación, sino, que deben tenerse como acciones de “coordinación” entre las
partes, para el desarrollo de los objetos contractuales».

Para la autoridad judicial accionada era necesario que se acreditaran elementos
adicionales, como que la demandante fuese sometida a imposiciones diarias,
memorandos, deber de asistir obligatoriamente a reuniones, potestad disciplinaria o
sancionatoria de tipo laboral. En palabras del tribunal, no se probó que:

i) estuviera sujeta a prestar el servicio de manera subordinada a través del
cumplimiento de órdenes diarias por parte de funcionarios Nación-Ministerio de
Defensa-Ejército-Dirección de Sanidad Militar; ii) llamados de atención, procesos
disciplinarios o de otro tipo, oficios o memorandos por el no acatamiento de un
horario laboral e instrucciones al margen de las obligaciones contractuales; y, iii)
que hubiera cumplido labores en igualdad de condiciones de una auxiliar de
enfermería de planta de la entidad y sin conocimiento del clausulado contractual;
lo anterior, atendiendo a que la parte demandante es a quien le corresponde
allegar todos los elementos probatorios tendientes a acreditar que los contratos
celebrados con la entidad demandada no tuvieron las finalidades anotadas como
lo invoca en la demanda, que la realidad jurídica de acuerdo a sus funciones
atienden a un cargo de planta…

Tampoco se encuentra demostrado, la inclusión de cláusulas de exclusividad que
impidieran a la demandante ejercer su labor en otras entidades o instituciones de
salud.

Ahora bien, la demandante alega que en los casos de los auxiliares de enfermería se
presume la subordinación, al parecer con fundamento en una sentencia de tutela que
solo tiene efectos inter partes, de suerte que su contenido únicamente podía ser un
criterio interpretativo y no obligatorio para el tribunal, el que, en todo caso, la desvirtuó a
partir del análisis de las pruebas particulares del caso.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

De otra parte, el accionante alega en la impugnación que el juez de tutela debería hacer
un análisis detallado de cada una de las pruebas para encontrar que su posición en el
litigio está acreditada y tiene pleno respaldo. La Sala no comparte esa premisa, ni le
corresponde hacer el análisis y ejercicio propuestos, en tanto que el papel del juez
constitucional no es el de revisor de las decisiones y pruebas que se ventilan en los
procesos ordinarios, es decir, no es el superior funcional de los jueces naturales, ni la
tutela es una instancia adicional en la que puedan hacerse juicios de corrección o
rectificación de las decisiones de los jueces de la jurisdicción contencioso administrativo.
De aceptarse esto, la tutela sería la instancia última en la que deben culminar todos los
procesos por desacuerdos con las valoraciones y conclusiones de las autoridades
judiciales competentes. Para estos efectos, el medio constitucional de amparo es
improcedente.

De modo que, si los argumentos de la impugnación ahora se orientan a que esta
Subsección como juez de tutela examine nuevamente las pruebas e imponga un criterio
sobre las conclusiones que deberían surgir del análisis del tribunal, se está
desnaturalizando esta vía constitucional y su finalidad, que no es la de definir la respuesta
válida para un problema jurídico que es competencia del juez natural o resolver
desacuerdos interpretativos o valorativos; la intervención en sede constitucional está
reservada para eventos en los que la decisión sea irrazonable o contraevidente.

Así pues, contrario a lo que se sostiene en la solicitud de amparo, la conclusión del
tribunal respecto de la inexistencia de la subordinación estuvo soportada en las pruebas
documentales y testimoniales aportadas al proceso. No luce irracional deducir, como lo
hizo el tribunal, que no se acreditó la subordinación porque la forma en que se prestó el
servicio de cara al objeto contractual concuerda con actividades de coordinación y no de
subordinación, ni siquiera ante el cumplimiento de horarios o de turnos para desarrollar
el objeto contractual.

En rigor, la parte demandante no revela que las conclusiones del tribunal sean
abiertamente antagónicas, contrastadas objetivamente con las pruebas judiciales, sino
que hace una interpretación propia de las pruebas para considerar una teoría y una
conclusión diferentes a la del fallo atacado, pero sin acreditar que la decisión fuese
caprichosa o que se hubiera adoptado a espaldas de los elementos de prueba arrimados.
Todos ellos fueron valorados, pero no en la forma en que se pretende en la solicitud de
amparo.

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Téngase en cuenta que nuestro ordenamiento jurídico en materia de valoración
probatoria se gobierna por el principio de la sana crítica o de la apreciación razonada de
las pruebas, actividad en la cual el fallador es libre de formarse su convencimiento sobre
la verificación de los enunciados fácticos, a partir de un análisis conjunto e integral de los
elementos probatorios, pero sujeta a las reglas de la lógica y de la experiencia, y no a
una convicción arbitraria, caprichosa o al margen de lo que revelen los medios de prueba.
Esa tarea se logra cuando se motiva la decisión de manera racional con las pruebas que
obran en el proceso e incluso a partir de las deficiencias que en esa carga procesal de
las partes advierta el sentenciador.

En este caso, la Sala concluye que la autoridad judicial accionada valoró conjunta e
integralmente las pruebas, y no se advierte un examen desatinado o absurdo del tribunal,
de allí que el mero desacuerdo de la parte actora con las conclusiones del tribunal no es
una razón para declarar configurado el defecto fáctico alegado.

• Análisis del desconocimiento del precedente en el caso concreto.

En esencia, las inconformidades de la accionante se centran en que el Tribunal
Administrativo de Antioquia no consideró la sentencia de unificación del 9 de septiembre
de 2021 (SUJ-025-CE-S2-2021), proferida por la Sección Segunda del Consejo de
Estado, pues dejó de analizar lo que en ella se extrajo para determinar la posible
existencia de subordinación.

A juicio de la Sala, la providencia cuestionada de ninguna manera incurre en la conducta
que le enrostra la parte demandante. Para ello, basta con citar la sentencia de unificación
en la que se señaló respecto de la subordinación:

2.3.3.2. Subordinación continuada.
102. De acuerdo con el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, la
subordinación o dependencia del trabajador constituye el elemento determinante
que distingue la relación laboral de las demás prestaciones de servicios, pues
encierra la facultad del empleador para exigirle al empleado el cumplimiento de
órdenes, imponerle jornada y horario, modo o cantidad de trabajo, obedecer
protocolos de organización y someterlo a su poder disciplinario. No obstante, la
subordinación es un concepto abstracto que se manifiesta de forma distinta según
cuál sea la actividad y el modo de prestación del servicio23.

103. La reiterada jurisprudencia de esta corporación –que aquí se consolida- ha
considerado, como indicios de la subordinación, ciertas circunstancias que
permiten determinar su existencia; entre estas, se destacan las siguientes:
23 Cita original de la providencia: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia de 24 de abril de

2019; radicado 08001-23-33-000-2013-00074- 01(2200-16); C.P. William Hernández Gómez

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104. i) El lugar de trabajo. Considerado como el sitio o espacio físico facilitado
por la entidad para que el contratista lleve a cabo sus actividades. Sin embargo,
ante el surgimiento de una nueva realidad laboral, fruto de las innovaciones
tecnológicas, esta Sala Plena estima necesario matizar esta circunstancia, por lo
que el juzgador habrá de valorarla, en cada caso concreto, atendiendo a las
modalidades permitidas para los empleados de planta.

105. ii) El horario de labores. Normalmente, el establecimiento o imposición de
una jornada de trabajo al contratista no implica, necesariamente, que exista
subordinación laboral y, por consiguiente, que la relación contractual sea simulada.
Así, ciertas actividades de la Administración (servicios de urgencia en el sector
salud o vigilancia, etc.) necesariamente requieren la incorporación de jornadas
laborales y de turnos para atenderlas. Por ello, si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de
una subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función
del objeto contractual convenido.

106. iii) La dirección y control efectivo de las actividades a ejecutar. Bien sea
a través de la exigencia del cumplimiento de órdenes en cualquier momento, en
cuanto al modo, tiempo o cantidad de trabajo, o la imposición de reglamentos
internos, o el ejercicio del poder de disciplina o del ius variandi24,35 la dirección y
control efectivo de las actividades del contratista constituye uno de los aspectos
más relevantes para identificar la existencia o no del elemento de la subordinación.
En ese sentido, lo que debe probar el demandante es su inserción en el círculo
rector, organizativo y disciplinario de la entidad, de manera que demuestre que
esta ejerció una influencia decisiva sobre las condiciones en que llevó a cabo el
cumplimiento de su objeto contractual. Así, cualquier medio probatorio que
exponga una actividad de control, vigilancia, imposición o seguimiento por parte de
la entidad, que en sana crítica se aleje de un ejercicio normal de coordinación con
el contratista, habrá de ser valorado como un indicio claro de subordinación.

De lo anterior se sigue que la accionante propone un análisis particular de la sentencia
de unificación, porque, precisamente, en ella se señala que el horario de labores es un
indicio de la subordinación al igual que el lugar de prestación del servicio; sin embargo,
son elementos que deben evaluarse en cada caso. Es decir, el cumplimiento del horario
no excluye, pero tampoco significa per se la prueba de la subordinación; tal
determinación debe aflorar del examen que realice el juez ordinario en el respectivo
proceso.

Bajo ese entendimiento, la Sala constata que esa fue la labor que hizo el tribunal:
examinar esos indicios o hechos indicativos en el respectivo caso, sin que debamos
considerar que fuese un criterio único como el de la demandante cuando afirma que el
tribunal desconoció o aplicó indebidamente el precedente porque no dio por sentada la
subordinación en atención a que se cumplían turnos, horarios y directrices. Por el
contrario, la sentencia del tribunal consideró esos elementos, pero no de manera

24 Original de la providencia: A este respecto: Guerrero Figueroa Guillermo: Manual del derecho del trabajo. Bogotá,

Leyer, 1996, págs. 54 y 55

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automática, sino en conjunto con otras circunstancias, con base en otros elementos de
confirmación procesal y en función del objeto del contrato. Otro asunto es, debemos
insistir, que la parte actora esté inconforme con la conclusión de la valoración de las
pruebas, circunstancia que en manera alguna se convierte en la desatención del
precedente.

Valga redundar que la sentencia de unificación expuso que, «si bien la exigencia del
cumplimiento estricto de un horario de trabajo puede ser indicio de la existencia de una
subordinación subyacente, tal circunstancia deberá ser valorada en función del objeto
contractual convenido», tarea a la que el tribunal se sujetó al valorar el cumplimiento del
horario y de las directrices, según las condiciones del objeto contractual.

En definitiva, más que un desconocimiento del precedente, los reparos de la demandante
surgen de su inconformidad con la forma de aplicación del precedente, porque no existe
coincidencia entre su análisis y el del tribunal. Para la demandante, la única conclusión
válida a la que debió llegar el tribunal es que sí se acreditó la subordinación, en cambio,
la autoridad judicial accionada, en su margen de autonomía e independencia, y de
manera motivada, concluyó lo contrario: la inexistencia de subordinación, precisamente,
en un análisis de las pruebas que argumentó bajo la lupa del precedente.

Que la Sala o el mismo demandante compartan o no la conclusión del tribunal es un
asunto irrelevante, intrascendente y carente de la fuerza necesaria para demostrar la
existencia de los defectos alegados, pues por las limitaciones propias de la acción
constitucional es imprescindible acreditar que la decisión está desprovista de cualquier
razonabilidad y racionalidad, circunstancias que, en este caso, no se aprecian,
justamente porque la decisión contiene un sustento fáctico, jurídico y jurisprudencial del
que la demandante discrepa, pero que no es absurdo; luego esa diferencia conceptual y
valorativa no basta para que se abra paso al amparo constitucional.

Por todo lo anterior, la Sala confirmará la sentencia impugnada, sin que sea necesario
ampliar el análisis de las sentencias de tutela y ordinaria, toda vez el estudio que de ellas
hizo el a quo no fue reprochado por la parte y la Sala coincide con las razones que allí
se plasmaron: (i) se trata de decisiones que no constituyen un precedente vinculante y
(ii) la conclusión en ellas devino de un análisis particular de las pruebas aportadas en
ese caso, con diferencias fácticas, cuya valoración hace parte de la autonomía de la que
gozan los jueces para resolver las pretensiones que le son formuladas.

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Referencia: sentencia de tutela de segunda instancia

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida por la
Sección Quinta de esta Corporación.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada
electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su
contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha
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https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx

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