Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03670-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03670-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03670-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03670-00
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
25 de agosto de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante ALBA LUCÌA POLANÌA PERDOMO
Demandado CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B
Temas Tutela contra providencia judicial. Relevancia constitucional. Prima
técnica por evaluación del desempeño.
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta decidir en primera instancia la acción de tutela
instaurada por Alba Lucía Polanía Perdomo de conformidad con lo dispuesto por los
Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El 6 de julio de 20221, Alba Lucía Polanía Perdomo instauró acción de tutela,
mediante apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al trabajo, a
la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:
“PRIMERA. Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales al DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA, Y AL
DERECHO AL TRABAJO, además de todos aquellos que resultaron violentados y/o
amenazados a nuestro poderdante, por Defecto fáctico, Defectos sustantivo y Defecto
sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en el que incurrió el CONSEJO DE
ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN B- CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ dentro del
proceso de radicado: 41001233300020170056701, mediante el cual, confirma la sentencia del
06 de noviembre de 2020 proferida por el Tribunal Administrativo del Huila
SEGUNDA. En virtud de lo anterior, y como consecuencia de la protección de los derechos
fundamentales a nuestro poderdante, SOLICITAMO (sic) se ordene dejar sin efecto alguno
la SENTENCIA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022 PROFERIDA POR EL CONSEJO DE
ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- SECCIÓN SEGUNDA-
SUBSECCIÓN B- CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ, y en su
lugar se proceda a emitir una sentencia de reemplazo dentro del término que usted
considere pertinente, en la cual, se acoja una adecuada valoración probatoria, se
apliquen las leyes pertinentes y la muy abundante jurisprudencia pacífica e inequívoca
(precedente judicial) existente sobre el tema de la asignación de prima técnica a los
servidores administrativos de la educación oficial del país, el fenómeno de la descentralización
frente los derechos adquiridos, y régimen de transición planteado en el Decreto 1724 de 1997”.
1 Índice 1 en Samai.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
Sobre el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
2.1. En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
(Radicado: 41001-23-33-000-2017-00567-00/01), Alba Lucía Polanía
Perdomo demandó al Municipio de Neiva, con el fin, entre otros, de que se
anularan los actos administrativos en los que se negó el reconocimiento y pago
de la prima técnica por evaluación del desempeño.
2.2. Mediante sentencia del 6 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del
Huila negó las pretensiones de la demanda, debido a que los servidores
públicos territoriales, como en su criterio es la accionante, no tienen derecho
a la prima técnica por evaluación del desempeño. Esta se destina
exclusivamente a los empleados del orden nacional.
2.3. En providencia de 31 de marzo de 2022, el Consejo de Estado, Sección
Segunda, Subsección B confirmó la decisión de primera instancia, bajo el
mismo argumento.
3. Fundamentos de la acción
Tras sostener que se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad, la
parte actora argumentó que el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección
B incurrió en desconocimiento del precedente judicial, defecto fáctico y defecto
sustantivo, por las razones que a continuación se reseñarán.
3.1. Defecto fáctico: La parte actora aseguró que la autoridad judicial accionada
incurrió en ese defecto, porque realizó una valoración arbitraria del acta de
posesión. En criterio del juez natural, de esa prueba se desprende que su
nombramiento corresponde al nivel territorial, simplemente porque quien
realizó el nombramiento es una autoridad departamental.
No obstante, esa interpretación desconoce las regulaciones de la época, frente
a las facultades de gobernadores y alcaldes para el nombramiento del
personal vinculado con el servicio público (Ley 29 de 1989) y respecto a la
nacionalización del servicio público de educación (Ley 43 de 1975).
Particularmente, subrayó que no se tuvo en cuenta que la Ley 29 de 1989 le
otorgó a los gobernadores y alcaldes la facultad de fungir como nominadores.
Justamente, por ese motivo el Gobernador del Huila fue quien realizó el
nombramiento. Sin embargo, realmente ejerció como servidora de la planta
nacional.
De hecho, la accionante sostuvo que el Ministerio de Educación Nacional en
su contestación aceptó que su vinculación fue de carácter nacional.
Además, en el acta de posesión se dejó constancia de que el nombramiento
se efectuó “con cargo a la nómina del FER". Elemento del cual tampoco podría
afirmarse, como lo hizo la autoridad judicial accionada, que el nombramiento
fue de carácter territorial. Esto se debe a que los Fondos Educativos
Regionales eran de carácter nacional.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Tampoco se tuvo en consideración que el Instituto Técnico Superior de Neiva,
institución educativa en la que la accionante prestó sus servicios, es del orden
nacional, tal como se dispuso en el Decreto 2433 del 11 de noviembre de 1959.
En suma, aseguró que la autoridad judicial concluyó que el caso versaba sobre
un servidora del nivel territorial, sin una sola prueba que soportara tal postura.
En cambio, si aquella hubiera valorado adecuadamente el acta de posesión,
el debate judicial no se habría centrado en determinar la naturaleza de la
vinculación. Y de haber sido así, la discusión se habría concentrado en el
asunto de fondo: el cumplimiento de todos los requisitos de los Decretos 1661
y 2164 de 1991 para ser acreedora de la prima técnica por evaluación del
desempeño.
3.2. Desconocimiento del precedente: La parte actora manifestó que la autoridad
judicial accionada incurrió en ese yerro, porque aquella no tuvo en cuenta
decisiones judiciales, en las cuales se resolvieron casos análogos y en las que
se reconoció el carácter nacional a los servidores públicos que fueron
vinculados en vigencia de la Ley 43 de 1975, más allá de si fueron nombrados
por los representantes de entidades territoriales.
Puntualmente, las sentencias desconocidas en criterio de la accionante fueron
las siguientes: Sentencia Nro. 139 de 14 de agosto de 2018, Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Girardot, radicado: 20170012300; sentencia de
22 de octubre de 2020, Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección
Segunda, Subsección “B”, radicado: 20170012301; sentencia Nro. 00529 de
2016, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A; sentencia Nro.
04683 de 21 de junio de 2018, Consejo de Estado, radicado: 25000-23-42-
000-2013-04683- 01 (3805-2014).
3.3. Defecto sustantivo: La accionante manifestó que el Consejo de Estado,
Sección Segunda, Subsección B incurrió en ese error, porque fundamentó su
decisión en la nulidad del artículo 13 del Decreto 2164 de 1991; aspecto sobre
el cual no versaba el debate propuesto.
La parte actora explicó que el Consejo de Estado declaró la nulidad del artículo
13 del Decreto 2164 de 1991, mediante el cual se permitía el reconocimiento
de la prima técnica por evaluación del desempeño a los servidores públicos de
orden territorial. Seguido, indicó que lo pretendido con la demanda no era que
tal emolumento se pagara a tales servidores.
Por el contrario, lo que se buscaba era “reconocimiento de la prima técnica por
evaluación del desempeño en favor de nuestra poderdante por el cumplimiento de los
requisitos exigidos en el Decreto 1661 y 2164 de 1991, como derecho consolidado
cuando se vinculó al servicio público de la educación en calidad de servidora pública
de orden nacional”. En consecuencia, las normas en las cuales debía centrarse
el análisis eran los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y el artículo 4° del Decreto
1724 de 1997.
Agregó que es irrelevante que actualmente la accionante sea servidora de
carácter territorial, lo importante es que al momento de causar el derecho a la
prima mencionada, estaba vinculada como servidora del orden nacional.
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Finalmente, la parte aseguró que cumplía a cabalidad con los requisitos
exigidos en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para ser beneficiaria de la prima
técnica por evaluación del desempeño, es decir con los siguientes: (i)
desempeñar un cargo en propiedad y ser servidora pública de orden nacional;
(ii) obtener calificaciones por desempeño iguales o superiores al 90%; y (iii)
no tener sanciones disciplinarias.
4. Trámite e intervenciones
4.1. Mediante auto de 11 de julio de 2022, el despacho de primera instancia admitió
la acción de tutela interpuesta por Alba Lucía Polanía Perdomo contra el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B; ordenó notificar en
calidad de terceros al Ministerio de Educación Nacional, al Municipio de Neiva
y al Tribunal Administrativo del Huila; y reconoció al abogado Augusto
Gutiérrez Arias como apoderado judicial de la parte accionante.
4.2. El Ministerio de Educación aseguró que no ha vulnerado los derechos de la
accionante. También sostuvo que carece de legitimación en la causa por
pasiva, debido a que la inconformidad de la tutelante alude a la decisión de
una autoridad judicial. Motivo por el cual solicitó su desvinculación del trámite
de tutela.
4.3. El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B sostuvo que la
tutela es improcedente, porque lo pretendido por la accionante es emplear la
acción como una tercera instancia, en razón a que lo planteado en el medio
de control ya fue considerado, controvertido y juzgado.
En todo caso, señaló que de considerar que la acción es procedente, las
pretensiones deben ser negadas, debido a que la accionante no tiene derecho
a que el Municipio de Neiva le reconozca y pague la prima técnica por
evaluación del desempeño, ya que ese emolumento solo fue creado para los
empleados del orden nacional. Condición que no cumple la accionante, dado
que aquella “ocupa el cargo de mecanógrafa, código 5184, grado 04, en propiedad
desde el 4 de julio de 1997 y que a la fecha del nombramiento el referido cargo
correspondía a la planta de personal del Municipio de Neiva, por lo que el ejercicio de
las funciones de nominación y administrador de los recursos de la nomina (sic) de
personal corresponden al municipio como entidad del nivel territorial”.
Finalmente, enfatizó que el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, que en
principio “autorizaba a las entidades territoriales y a sus entes descentralizados a
aplicar el régimen de prima técnica consagrado en el Decreto 1661 de 1991,
desapareció del ordenamiento jurídico por efecto del control de legalidad del Consejo
de Estado desde el año de 1998, por lo que los actos que se expidieron o que se
pretendan expedir con base en ella carecen de fuerza de ejecutoria”.
4.4. El Municipio de Neiva manifestó que comparte las decisiones proferidas por
el Tribunal Administrativo del Huila y el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, debido a que el artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, que
concedía la prima técnica por evaluación del desempeño para empleados del
orden territorial, fue declarado nulo por el Consejo de Estado. De manera que
la prima técnica quedó exclusivamente contemplada para los empleos del
sector público del orden nacional.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Por consiguiente, en el caso no había lugar a reconocer la prima técnica a la
accionante, debido a que su vinculación se efectuó como empleada del orden
territorial.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19912, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales de altas corporaciones
2.1. La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias
judiciales, y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de
Estado. Dada esa excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie
de requisitos generales3 y especiales4 que deben cumplirse de forma estricta,
para lo cual, se deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos
uno de los defectos o requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional5 ha indicado
que cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el
examen de los requisitos generales de procedencia debe realizarse con
especial rigor, para no desconocer los principios de autonomía e
independencia judicial, y los de legalidad, cosa juzgada y juez natural como
elementos esenciales del derecho al debido proceso.
Es por lo anterior, que la procedencia de la acción contra providencias
judiciales exige un mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye
a la sentencia judicial objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento
2 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
3 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
4 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
5 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
de los requisitos debe restringirse únicamente a los argumentos planteados
por los intervinientes en el proceso.
2.2. Cuando por vía de tutela se cuestiona una providencia judicial proferida por la
Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado, la procedencia de la
acción de amparo es más restrictiva debido a que estas Corporaciones son las
encargadas de unificar la jurisprudencia en sus respectivas jurisdicciones, por
lo que los principios de autonomía e independencia judicial adquieren mayor
relevancia. Es así como, la Corte Constitucional ha indicado que, como
presupuesto adicional para admitir la procedencia de la acción de tutela, la
providencia judicial atacada debe contener un error ostensible, manifiesto y
flagrante que riña de manera directa con la Constitución Política y que
justifique la intervención del juez constitucional.
Según lo anterior, en los eventos en que por vía de tutela se cuestione una
providencia proferida por una alta corporación, corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento de: (i) los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) la existencia de una o varias
causales especiales de procedibilidad; y (iii) la configuración de un defecto en
la providencia judicial acusada que haga que esta riña de manera abierta con
la Constitución Política y sea incompatible con la jurisprudencia constitucional.
3. Planteamiento del problema jurídico
Teniendo en cuenta los antecedentes expuestos, y por tratarse de una acción de
tutela contra providencia judicial, corresponde a la Sala establecer si la acción de
tutela interpuesta por Alba Lucía Polanía Perdomo cumple a cabalidad con los
requisitos generales de procedibilidad, particularmente el de la relevancia
constitucional.
Solo en caso de superar dicho análisis, se determinará si al proferir la sentencia de
31 de marzo de 2022, en el marco del medio de control tramitado bajo el radicado
41001-23-33-000-2017-00567-00/01, el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B, incurrió en defecto fáctico, desconocimiento del precedente y defecto
sustantivo.
4. Requisito de relevancia constitucional
La jurisprudencia ha reiterado que, a fin de proteger la autonomía funcional y la
independencia judicial, los jueces de tutela no tienen competencia para reemplazar
al juez de la causa y decidir sobre la controversia ordinaria. Su labor, entonces, está
orientada a proteger derechos fundamentales vulnerados y a proferir órdenes
encaminadas a su restablecimiento. En ningún modo aquel puede inmiscuirse en
los asuntos propios del juez natural.
Con base en esta premisa, la procedencia de la tutela contra providencias judiciales
está condicionada a que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y
aunque no siempre es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son
de relevancia constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo
señalado por la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5
de agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018, ha
fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de amparo de
tutela cumple o no con este requisito:
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de
la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias
judiciales»6. Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por
las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos
fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.
(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales,
el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes
argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo
agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad.
Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una
instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en
los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos
por los jueces competentes.
La Corte Constitucional ha dicho que la relevancia constitucional es el primer
presupuesto genérico de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Su corroboración exige que el juez constitucional evidencie de manera
diáfana, que la cuestión que se presenta tiene una marcada importancia
constitucional que afecte derechos fundamentales. Desde esta perspectiva, el
presupuesto de relevancia constitucional lo que persigue es que el juez de tutela
evite inmiscuirse en asuntos que carezcan de importancia iusfundamental y que
corresponde decidir de manera exclusiva al juez natural7.
De esta forma, conforme se indicó debe existir una coherencia lógica de los
planteamientos de las partes en relación con los asuntos puestos a consideración
del juez natural, decididos por estos, y la supuesta vulneración de derechos
fundamentales como consecuencia de lo decidido o acontecido en el respectivo
proceso, pues la acción de tutela no puede ser utilizada para adicionar, completar,
modificar los argumentos que dejaron de plantearse ante el juez de la causa. En
palabras de la Corte Constitucional, el deber de identificar de manera razonable los
hechos que generan la vulneración que se alega a través de la presente acción,
tiene su justificación en la medida en que “sí es menester que el actor tenga claridad en
6 Ibidem.
7 Al respecto se pueden consultar las siguientes providencias de la Corte Constitucional: Su-139 de 2019, T-
422 de 2018, T- 715 de 2016, C-590 de 2005.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya
planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección
constitucional de sus derechos”8.
5. Análisis del caso
5.1. Con base en los criterios expuestos hay lugar a afirmar que la relevancia
constitucional supone que la tutela no se emplee para insistir en las
inconformidades ya resueltas en el proceso ordinario. Es deber del juez de
tutela, entonces, verificar que la acción no se esté utilizando como una
instancia adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para
tal propósito, se estudia si los cargos expuestos en el proceso en que se
profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de tutela
son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.
En caso de que se trate de los mismos argumentos y que estos hayan sido
estudiados por el juez de la causa, es factible que el juez de tutela concluya
que el mecanismo constitucional se está empleando como una instancia
adicional.
En ese supuesto, se evidencia que lo perseguido por el tutelante es insistir en
los argumentos planteados ante el juez natural, con la esperanza de que el
juez de tutela, a diferencia del primero, sí acceda a sus pretensiones.
5.2. Justamente, la Sala considera que la acción de tutela analizada se está
empleando como si fuera una instancia adicional.
Así, en el escrito de tutela, la parte actora insistió reiteradamente que tiene
derecho a la prima técnica por evaluación del desempeño, porque (i) fungió
como empleada del orden nacional, en el Instituto Técnico Superior de Neiva;
y (ii) cumplió a cabalidad con los requisitos dispuestos en los Decretos 1661 y
2164 de 1991, para ser acreedora de ese beneficio, es decir desempeñar un
cargo en propiedad, ser servidora pública de orden nacional, obtener
calificaciones por desempeño iguales o superiores al 90% y no tener
sanciones disciplinarias.
Estos argumentos, sin embargo, fueron los que sustentaron la demanda del
medio de control y el recurso de apelación de la sentencia de primera instancia.
Así se desprende de este último:
(sic para toda la cita) “SINTESIS.- El Tribunal fallador se equivocó en la sentencia
proferida, al desconocer e ignorar flagrantemente que la señora ALBA LUCIA POLANIA
PERDOMO cuando se incorporó al servicio en la ciudad de Neiva en el año de 1.996,
lo hizo en una Institución Educativa del orden nacional (El Instituto Técnico Industrial
Superior), establecimiento que sólo se municipalizó en el año 2.003 como fruto de la
descentralización educativa ordenada en la Ley 715 de 2.001; tremendo error conllevó
a que el Tribunal estimara a mi procurada judicial como empleada del orden territorial,
y por ello, negarle las pretensiones de la demanda, vía por la que se pasó, el Tribunal
entonces ignoró paladinamente toda la ya veterana jurisprudencia del Consejo de
Estado-Sección Segunda, que en multiplicidad de fallos ha reconocido y ordenado
pagar la prima técnica por evaluación del desempeño a servidores públicos de los
colegios hoy territoriales, pero en su momento ( año de 1.997), empleados de
Instituciones educativas nacionales.
8 Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005. Ponencia del doctor Jaime Córdoba Triviño.
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
FUNDAMENTOS DEL RECURSO. -
1- Desde el primer "hecho de la demanda, que fue aceptado por la accionada, se dijo
con claridad meridiana que quien aquí demanda se vinculó a una Institución
educativa DEL ORDEN NACIONAL: Así textualmente se lee "Primero.- Mi
representada fue nombrada en periodo de prueba a través del Decreto N° 099 de
1996 luego de surtir el proceso de selección mediante el mérito para suplir la
vacancia de mecanógrafa código 5180 en la Institución Educativa Técnico Superior
de Neiva-Huila INSTITUCIÓN DEPENDIENTE EN ESE ENTONCES DEL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN, como consta en el acta de posesión que adjunto."
(Las mayúsculas y resaltas son mías)
2- Tal como se hace constar en el documento adjunto a la presente impugnación, el
Instituto Técnico Industrial de Neiva, fue una Institución Educativa dependiente del
Ministerio de Educación NACIONAL hasta que por disposición de la
descentralización educativa ordenada en la Constitución de 1.991 y las leyes 60
de 1.993 y 715 de 2001, fue trasferido al Municipio de Neiva en el año del 2003. 3.- Así entonces, se equivoca el Tribunal del Huila, cuando en los "hechos probados"
afirma que la demandante ingresó inicialmente a la "Secretaria de Educación de
Neiva", contra la evidencia obrante en las pruebas (acta de posesión) y en los
HECHOS aceptados por el Municipio de Neiva, que lo hizo fue en una Institución
educativa del ORDEN NACIONAL como lo era en el año de 1.996 el llamado
Instituto Técnico Industrial Superior. Tal equivoco grande llevó al Tribunal a errar
totalmente en el fallo que apelo. 4.- En efecto, no tenía necesidad el Tribunal del Huila de enseñarnos que el artículo
13 del Decreto 2164 de 1.991 fue anulado por sentencia del Consejo de Estado,
ya que tal evento NO AFECTABA lo que se discutía en el sub-lite, ya que desde su
inició estaba probado y aceptado por la demandada que la actora del presente
juicio se vinculó en una Institución del órden (sic) nacional, y el derecho pretendido
nace y se consolida en tal calidad de servidora NACIONAL, por lo que la sentencia
anulatoria referida, y la jurisprudencia citada por el Tribunal no venían (ni vienen)
al caso. 5.- Destaco al H. Consejo de Estado que el hecho de que la servidora accionante sea
hoy día del orden municipal, no la priva del derecho a percibir el beneficio aquí
pretendido, como ha sido reiterada la jurisprudencia de ese Tribunal, entre otras la
sentencia de fecha 21 de enero de 2.016, expediente N 73001-23-33-000-2014-
00136-01(4507-14), ponente el magistrado GERARDO ARENAS MONSALVE,
cuando en referencia al tema concreto, así se expresó.
`...Empero, el fenómeno de la descentralización de la educación, que se tradujo en la
homologación de los empleos administrativos de las instituciones educativas nacionales
frente a las plantas de personal de los entes territoriales per se no supuso la pérdida del
incentivo técnico previsto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991 para los servidores
administrativos afectados con esta medida toda vez que, el derecho adquirido a disfrutar
de una prima técnica fue respetado y garantizado a través del régimen de transición
contemplado por el legislador extraordinario en el Decreto 1724 de 1997`.
6.- Al no valorar correctamente el hecho de que la demandante era para el año de
1997 una servidora del ORDEN NACIONAL, el Tribunal denegó las pretensiones
sin más, y sin entrar a valorar las otras pruebas contundentes en el sentido que mi
representada tenía y tiene del derecho a percibir la prima técnica por evaluación
del desempeño, en las anualidades no prescritas, según lo probado así:
a) Desde su fecha de vinculación NACIONAL (año de 1.996), hasta la fecha presente
ha tenido en TODOS LOS AÑOS una evaluación del servicio por encima del 90%
de la calificación total
b) NUNCA ha sido sancionada disciplinariamente, y
c) Desde el año de 1.996 está en PROPIEDAD en los cargos desempeñados, como
lo certifica la Comisión Nacional del Servicio Civil con su inscripción en carrera
administrativa, y la propia Entidad demandada. 7- Por ser la UNICA causal por la cual el Tribunal fallador desechó las pretensiones
demandatorias (que la accionante es TERRITORIAL) remito por economía
procesal a los H. Magistrados del Consejo de Estado, a lo afirmado con
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
generosidad en el acápite del CONCEPTO DE VIOLACIÓN" respecto a los muy
abundantes fallos que ha proferido ese augusto Tribunal respecto al derecho que
tienen los servidores administrativos de las Instituciones educativas que fueron del
Ministerio de Educación Nacional, y que hoy son territoriales, a percibir la prima
técnica por evaluación del desempeño, solicitando en consecuencia, que se
REVOQUE en su integridad el errático fallo del Tribunal Administrativo del Huila, y
en su lugar, se acceda a todas las pretensiones de la demanda”.
Estos reparos, entonces, son una reproducción de los cargos expuestos en el
escrito de tutela. Circunstancia que denota que la tutelante está empleando la
tutela como si fuera una instancia adicional, ya que el argumento sobre su
supuesta calidad de empleada del orden nacional fue desvirtuado por el
Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, en la sentencia de 31
de marzo de 2022. Allí, dicha autoridad judicial explicó que la señora Polanía
Perdomo no fue vinculada como empleada del orden nacional, como se
aprecia del siguiente fragmento:
“El artículo 13 del Decreto 2164 de 1991, señalaba:
`(…) Otorgamiento de la prima técnica en las entidades territoriales y sus entes
descentralizados. Dentro de los límites consagrados en el Decreto-ley de 1991 y en
el presente Decreto, los Gobernadores y los Alcaldes, respectivamente, mediante
decreto, podrán adoptar los mecanismos necesarios para la aplicación del régimen
de prima técnica, a los empleados públicos del orden departamental y municipal, de
acuerdo con las necesidades específicas y la política de personal que se fije para
cada entidad (…).´
50. De lo anterior se colige que de manera expresa el ejecutivo extendió el beneficio de
la prima técnica, que en principio fue para los empleados del orden nacional, a los
funcionarios del orden departamental y municipal y sus entidades descentralizadas.
51. Sin embargo, el Consejo de Estado10 declaró la nulidad de la referida normativa,
por exceso de la potestad reglamentaria (…)
52. De acuerdo con la decisión proferida ´(…) al expedirse el artículo 13 del Decreto
2164 de 1991, el Gobierno Nacional extralimitó la facultad extraordinaria que la Ley 60
de 1990, le confirió al Presidente de la República, toda vez que solo podía modificar la
nomenclatura, escalas de remuneración, el régimen de viáticos y gastos de
representación relacionados con los empleos del sector público del orden nacional, y
no para hacer extensiva la prima técnica a los empleados de los departamentos y
municipios, por tal razón, la norma mencionada devino en ilegal y fue anulada por la
corporación (…)´.
53. Por lo tanto, en virtud del retiro del ordenamiento jurídico del artículo 13 del Decreto
2164 de 1991, la prima técnica quedó exclusivamente contemplada para los empleos
del sector público del orden nacional, toda vez que, los efectos de la sentencia de
nulidad son retroactivos, esto es, vuelve a su estado anterior la legislación vigente antes
de su expedición, que para el caso son los artículos 1º y 9º del Decreto1661 de 1991.
(…)
Para resolver, de acuerdo al material probatorio obrante en el plenario, se establece
que a través del Decreto Departamental 99 de 1996 la actora fue nombrada al servicio
de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila en periodo de prueba por 4
meses, a partir del 13 de febrero de 1996, como mecanógrafa código 5180, grado 4, del
Instituto Técnico Superior del Municipio de Neiva.
56. Posteriormente, con ocasión de la vinculación en propiedad, fue designada en el
cargo de mecanógrafa, código 5184, grado 4, designación con la que adquirió los
derechos de carrera administrativa a partir del 4 de julio de 1997.
57. Así, entonces, se tiene que la actora ocupa el cargo de mecanógrafa, código 5184,
grado 04, en propiedad desde el 4 de julio de 1997 y que a la fecha del nombramiento
el referido cargo correspondía a la planta de personal del Municipio de Neiva, por
lo que el ejercicio de las funciones de nominación y administrador de los recursos
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
de la nomina de personal corresponden al municipio como entidad del nivel
territorial, con lo que se descarta de tajo que haya sido designada por el Ministerio
de Educación Nacional y, en consecuencia, sea una empleada del orden nacional.
58. La Sala tiene que precisar en esta oportunidad que, según los razonamientos
expuestos anteriormente, la prima técnica no concede tal derecho a los empleados
del orden territorial, como es el caso de la accionante, toda vez que el artículo 13
del Decreto 2164 de 1991, norma que en principio autorizaba a las entidades territoriales
y a sus entes descentralizados a aplicar el régimen de prima técnica consagrado en el
Decreto 1661 de 1991, desapareció del ordenamiento jurídico por efecto del control de
legalidad del Consejo de Estado desde el año de 1998, por lo que los actos que se
expidieron o que se pretendan expedir con base en ella carecen de fuerza de ejecutoria.
59. En virtud de lo anterior, la demandante no tiene derecho a que el Municipio de Neiva
le reconozca y pague la prima técnica por evaluación del desempeño toda vez que este
emolumento solo fue creado para los empleados del orden nacional y, además, porque
la norma sobre la cual se fundamenta la solicitud desapareció del ordenamiento jurídico
al haber sido anulada por el Consejo de Estado.
61. Por lo tanto, como la demandante es empleada pública municipal y elevó la solicitud
en el año 2016, fecha para la cual ya había sido declarada nula la norma que concedía
la prima técnica por evaluación del desempeño para empleados del orden territorial, se
reitera, que no tiene derecho a que el mencionado municipio se la reconozca o pague.
62. En consecuencia de lo analizado, se impone para la Sala la obligación de confirmar
la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Huila el 6 de noviembre de 2020,
por medio del cual se negaron las pretensiones de la demanda” (Negrillas propias).
5.3. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha dicho que la acción de tutela
contra providencias judiciales no se instituyó como un análisis de las mejores
razones entre las expuestas en la decisión atacada y la interpretación
sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece a su naturaleza y propósito.
De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeta a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.
Finalmente, es importante recordar que al cuestionar una decisión proferida
por un juez mediante la acción de tutela automáticamente entran en juego los
principios de independencia, autonomía funcional y juez natural. Por
consiguiente, a fin de encontrar un equilibrio entre la posibilidad de dejar una
decisión judicial sin efectos y tales principios es imperativo que se cumplan
con rigor cada uno de los requisitos generales señalados jurisprudencialmente,
incluyendo la relevancia constitucional.
En armonía con lo anterior, la jurisprudencia constitucional ha reiterado que la
procedencia de la tutela contra providencias judiciales está sujeta al
cumplimiento de una serie de requisitos. Si los generales no se cumplen, no
hay lugar a estudiar el asunto de fondo. Es condición imprescindible para
analizar los defectos propuestos por la parte actora que todos los
presupuestos generales se cumplan a cabalidad. Solo así será procedente,
proseguir al segundo estadio de análisis consistente en determinar si las
autoridades judiciales accionadas incurrieron en los defectos planteados por
la tutelante.
11
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03670-00
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Por todo lo expuesto, la Sala concluye que no se satisface el requisito de
relevancia constitucional, porque los reproches expuestos en el escrito de
tutela son una reproducción de los cargos presentados en el medio de control.
6. Conclusión
Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela,
a falta del requisito de relevancia constitucional, pues como se explicó aquella se
está empleando como una tercera instancia adicional al medio de control.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Alba
Lucía Polanía Perdomo, por los motivos expuestos en la parte motiva.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
12
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.