Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03670-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03670-01
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
4 de noviembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Bogotá, D.C., cuatro (4) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL / Improcedencia /
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Tercera instancia - la parte actora pretende
reabrir el debate al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural.
Procede la Sala a decidir la impugnación presentada por el apoderado judicial de la
señora Alba Lucía Polanía Perdomo en contra de la sentencia proferida el 25 de
agosto de 2022, por la Sección Cuarta1 del Consejo de Estado, mediante la cual se
resolvió:
<< 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela interpuesta por la señora Alba
Lucía Polanía Perdomo, por los motivos expuestos en la parte motiva.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.>> (negrilla propia del
texto)
I. A N T E C E D E N T E S
A. Demanda y sus fundamentos
1.- El 6 de julio del año en curso, la señora Alba Lucía Polanía Perdomo, mediante
apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sección Segunda,
Subsección B2 del Consejo de Estado, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso,
defensa, trabajo e igualdad. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por
la autoridad judicial accionada, al proferir la sentencia del 31 de marzo de 2022 3, al
1
Conformada por los Consejeros Myriam Stella Gutiérrez Argüello, Julio Roberto Piza Rodríguez, Stella
Jeannette Carvajal Basto Y Milton Chaves García.
2
Conformada por los Magistrados Sandra Lisset Ibarra Vélez, César Palomino Cortés y Carmelo Perdomo
Cuéter.
3
Decisión que fue notificada el 6 de abril de 2022, a través de correo electrónico.
1
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho4, que promovió la
accionante contra el Municipio de Neiva.
2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a las siguientes:
<< PRMERA. Se tutelen, protejan y amparen, los Derechos Fundamentales al DEBIDO
PROCESO, DERECHO DE DEFENSA, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA JUSTICIA,
Y AL DERECHO AL TRABAJO, además de todos aquellos que resultaron violentados
y/o amenazados a nuestro poderdante, por Defecto fáctico, Defectos sustantivo y
Defecto sustantivo por desconocimiento del precedente judicial en el que incurrió el
CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B- CONSEJERA PONENTE: SANDRA LISSET
IBARRA VÉLEZ dentro del proceso de radicado: 41001233300020170056701,
mediante el cual, confirma la sentencia del 06 de noviembre de 2020 proferida por el
Tribunal Administrativo del Huila
SEGUNDA. En virtud de lo anterior, y como consecuencia de la protección de los
derechos fundamentales a nuestro poderdante, SOLICITAMO(sic) se ordene dejar
sin efecto alguno la SENTENCIA DE FECHA 31 DE MARZO DE 2022 PROFERIDA
POR EL CONSEJO DE ESTADO- SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO-
SECCIÓN SEGUNDA- SUBSECCIÓN B- CONSEJERA PONENTE: SANDRA
LISSET IBARRA VÉLEZ, y en su lugar se proceda a emitir una sentencia de
reemplazo dentro del término que usted considere pertinente, en la cual, se acoja
una adecuada valoración probatoria, se apliquen las leyes pertinentes y la muy
abundante jurisprudencia pacífica e inequívoca (precedente judicial) existente
sobre el tema de la asignación de prima técnica a los servidores administrativos de la
educación oficial del país, el fenómeno de la descentralización frente los derechos
adquiridos, y régimen de transición planteado en el Decreto 1724 de 1997.>>5
(resaltado propio del texto)
3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y
de las pruebas allegadas se tiene, que:
4.- A través del Decreto 99 del 2 de febrero de 1996, la señora Alba Lucía Polanía
Perdomo fue nombrada, en periodo de prueba, como mecanógrafa, en el Instituto
Técnico Superior de Neiva; cargo del que tomó posesión el 13 de febrero siguiente.
Posteriormente, fue vinculada en propiedad el 4 de julio de 1997.
5.- El 6 de mayo de 2015, solicitó ante la Secretaría de Educación del Municipio de
Neiva, el reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño, en virtud
de lo dispuesto en los Decretos 16616 y 21647 de 1991. Dicha solicitud fue negada
mediante la Resolución 1922 del 5 de octubre de 2016, confirmada por la Resolución
4
Identificado con número de radicado: 41001-23-33-000-2017-00567-00/01.
5
Expediente digital, folios 16 y 17 del escrito de demanda.
6
“Por el cual se modifica el régimen de Prima Técnica, se establece un sistema para otorgar estímulos especiales
a los mejores empleados oficiales y se dictan otras disposiciones.”
7
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto-Ley 1661 de 1991.”
2
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
46 del 17 de abril de 20178.
6.- En desacuerdo con lo anterior, la accionante presentó demanda en contra del
Municipio de Neiva, con el fin de que se declarara la nulidad de los referidos actos
administrativos y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reconocimiento
de las pretensiones reclamadas ante la entidad demandada.
7.- El asunto le correspondió para su conocimiento, en primera instancia, al Tribunal
Administrativo del Huila. Esa autoridad judicial, por auto del 23 de enero de 2019,
dispuso vincular a la Nación - Ministerio de Educación Nacional en calidad de
demandado, por estimar que le asistía un interés en las resultas del proceso.
8.- Mediante sentencia de 6 de noviembre de 2020, el Tribunal Administrativo del
Huila negó las pretensiones de la demanda. Dicha decisión fue confirmada por el
Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B, a través de fallo dictado el
31 de marzo de 2022.
9.- En consideración de ambas autoridades judiciales, la demandante no tiene
derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño, pues
dicha prestación únicamente fue prevista para los servidores del nivel nacional.
10.- Aunado a lo anterior, precisaron que, si bien el artículo 13 del Decreto 2164 de
1991 extendió el beneficio de la prima técnica a los funcionarios del orden
departamental y municipal, lo cierto es que la citada normatividad fue declarada nula
por Consejo de Estado, en sentencia del 19 de marzo de 19989.
11.- En el escrito de tutela, la parte accionante sostuvo que la autoridad judicial
demandada vulneró sus derechos fundamentales de acceso a la administración de
justicia, debido proceso, defensa, igualdad y trabajo, toda vez que, a su juicio,
incurrió en un defecto fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente judicial.
12.- En relación con el defecto fáctico, señaló que la autoridad accionada valoró de
forma indebida el acta de posesión de la demandante, al concluir que la vinculación
de la actora era de carácter territorial, únicamente bajo el argumento de que la
entidad que realizó su nombramiento pertenece al orden departamental.
13.- Al respecto, adujo que la autoridad accionada desconoció que la Ley 29 de 1989
otorgó a los gobernadores y alcaldes la facultad de fungir como nominadores del
personal del orden nacional. Expuso que para la fecha en que se posesionó en el
cargo -13 de febrero de 1996- se encontraba vigente la Ley 43 de 1975, la cual
consagró la nacionalización del servicio público de la educación, por lo que su
8
Expedida por el Alcalde de Neiva.
9
Exp. 11995.
3
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
administración recaía en cabeza del Gobierno Nacional. Por lo tanto, asevera que
los nombramientos realizados por los alcaldes y gobernadores en vigencia de la
norma en mención, revisten el carácter nacional.
14.- A su vez, señaló que el ad quem desconoció que tanto los Fondos Educativos
Regionales, los cuales tenían a su cargo el pago de nómina de la actora, como el
Instituto Técnico Superior de Neiva eran del orden nacional. Incluso, resaltó que el
Ministerio de Educación Nacional, en la contestación de la demanda ordinaria,
reconoció que la accionante era empleada del nivel nacional.
15.- En lo concerniente al defecto sustantivo por desconocimiento del precedente
judicial, manifestó que la autoridad enjuiciada desconoció las sentencias del: (i) 14
de agosto de 201810, proferida por el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Girardot; (ii) 22 de octubre de 202011, dictada por el Tribunal Administrativo de
Cundinamarca; (iii) 16 de junio de 2016 y 21 de junio de 201812, expedidas por el
Consejo de Estado.
16.- Afirma que las aludidas providencias versan sobre casos similares, en los cuales
se ha reconocido el carácter nacional a los servidores públicos que fueron vinculados
en vigencia de la Ley 43 de 1975, a su vez, nombrados por las entidades territoriales
o los Fondos Educativos Regionales y con anterioridad a que se hubiese
materializado la entrega de la administración del servicio público de la educación por
parte de la Nación a los Departamentos.
17.- Por último, aseveró que el ad quem incurrió en un defecto de tipo sustantivo,
porque su decisión tuvo como fundamento la declaratoria de nulidad del artículo 13
del Decreto 2161 de 1991, aspecto sobre el cual no versaba la litis, pues lo que
realmente pretendía era el reconocimiento de la prestación solicitada, como “derecho
consolidado cuando se vinculó al servicio público de la educación en la calidad de
servidora pública del orden nacional”.
18.- En tal sentido, destacó que los empleados de los colegios nacionales y
nacionalizados son beneficiarios de la prima técnica por evaluación del desempeño,
siempre que reúnan los requisitos legales y hayan causado el derecho en vigencia
de los Decretos 1661 y 2164 de 1991 y, del régimen de transición establecido en el
artículo 4° del Decreto 1724 de 1997. Por ese motivo, afirma que el debate debió
surtirse en torno a esas normas, que si bien actualmente se encuentran derogadas,
lo cierto es que tienen efectos ultractivos en razón a los derechos adquiridos en virtud
de las mismas.
10
“Exp. 20170012300.”
11
“Exp. “20170012301.”
12
Expediente: 25000-23-42-000-2013-04683- 01
4
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
19.- De ese modo, resaltó que cumplió con los requisitos exigidos para ser
beneficiaria de la prestación social deprecada, por cuanto: (i) desempeñó un cargo
en propiedad del orden nacional; (ii) obtuvo calificaciones de desempeño iguales o
superiores al 90% y; (iii) no fue sujeto de sanciones disciplinarias.
B. Sentencia de primera instancia
20.- Mediante sentencia del 25 de agosto de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de
Estado declaró improcedente la solicitud de amparo al carecer de relevancia
constitucional. Al respecto, señaló que la accionante pretende hacer uso de la acción
de tutela como una instancia adicional al proceso contencioso administrativo, al
esbozar los mismos argumentos que fueron expuestos tanto en la demanda, como
en el recurso de apelación, los cuales fueron objeto de estudio por la instancia judicial
accionada.
C. La impugnación
21.- En desacuerdo con lo anterior, la parte accionante interpuso impugnación; para
el efecto, reiteró los argumentos expuestos en el libelo introductorio y además,
manifestó que el presente asunto sí reviste relevancia constitucional, en la medida
en que existe una vulneración evidente de los derechos fundamentales invocados.
22.- Esbozado lo anterior, sostuvo que “NO puede interpretarse que lo que este
extremo pretende es la continuidad del debate judicial, puesto que simplemente es
la materialización de la potestad de acudir a la instancia constitucional para la
protección de derechos fundamentales y constitucionales los cuales, operadores
judiciales han vulnerado por apartarse de lineamientos obligatorios como lo es el
precedente judicial, sin justificación alguna”.
II.- C O N S I D E R A C I O N E S
D. Competencia
23.- La Sala es competente para conocer de la impugnación presentada y examinar
su contenido en contraste con el acervo probatorio y el fallo proferido en primera
instancia, según lo establecido en el artículo 32 del Decreto-Ley 2591 de 199113.
24.- Dado lo anterior, corresponde determinar si se confirma, modifica o revoca el
fallo impugnado, proferido por la Sección Cuarta del Consejo de Estado que declaró
improcedente el amparo solicitado en la demanda por no encontrarse acreditado el
requisito de relevancia constitucional.
13
“por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
5
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
E. La acción de tutela contra providencias judiciales
25.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una
acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario
entrar a examinar dos elementos14:
a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal
vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe
expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan
un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la
acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por
mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de
administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio
debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se
superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la
sentencia.
b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con
la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
F. Análisis del caso concreto
26.- Valorados los presupuestos sustanciales que dieron lugar a que se formulara el
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como el recurso de
apelación presentado por el accionante en ese trámite judicial, no encuentra esta
Sala que los argumentos presentados por el demandante se proyecten como
transgresión de los derechos fundamentales que invoca. Ciertamente, una revisión
de los planteamientos aducidos en la demanda de tutela permite advertir que su
propósito es convertir el mecanismo de amparo constitucional en una instancia
adicional o complementaria al litigio contencioso administrativo tramitado y
concluido, al pretender reabrir un debate probatorio ya zanjado por el juez natural
14
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
6
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
de la causa, por no estar de acuerdo con la decisión de confirmar el fallo de primera
instancia, mediante el cual se negaron las pretensiones de la demanda.
27.- Como se indicó previamente, la parte actora alegó que la autoridad judicial
accionada incurrió en tres vicios, a saber: (i) defecto fáctico; (ii) sustantivo; y (iii) en
desconocimiento del precedente judicial, toda vez que, a su juicio, le asiste el
derecho al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño, al
haber sido vinculada como empleada del orden nacional, en el Instituto Técnico
Superior de Neiva, así como por acreditar los requisitos legalmente previstos para
ser beneficiaria de la aludida prestación.
28.- La Sala advierte que los argumentos esgrimidos en el escrito de tutela para
sustentar la configuración de los yerros atribuidos a la providencia enjuiciada, fueron
expuestos tanto en la demanda como en el recurso de apelación presentado por la
parte actora en contra del fallo de primera instancia, proferido por el Tribunal
Administrativo del Huila, que resumidos en la sentencia cuestionada, se expresaron
de la siguiente forma:
<< La demandante recurre la sentencia de primera instancia para que sea revocada
y, en su lugar, se acceda a las pretensiones, al estimar que el a quo desconoció que
su vinculación laboral con la Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, esto
es, en el año de 1996, fue con carácter de empleada pública nacional, toda vez para
esa época el Instituto Técnico Superior de Neiva era un establecimiento educativo
adscrito al Ministerio de Educación Nacional, el cual con ocasión del proceso de
descentralización desarrollado por la Constitución de 1991 y las Leyes 60 de 1993 y
715 de 2003, su administración y manejo correspondió a dicho municipio.
Así las cosas, si bien su nombramiento se hizo en la planta de personal de la
Secretaría de Educación del Municipio de Neiva, es claro que para esa época su
condición era de empleada pública del orden nacional, pues el instituto para el cual
labora estaba adscrito al Ministerio de Educación Nacional. Por lo tanto, estima que
se debe acceder al reconocimiento de la prima técnica por evaluación de desempeño
a partir de 1997, según lo dispuesto en los Decretos 1661 y 2164 de 1991.>>
29.- Estos reproches fueron resueltos por la autoridad judicial accionada, en la
sentencia del 31 de marzo de 2022. Para tal efecto, la Sección Segunda, Subsección
B de esta Corporación comenzó por señalar el marco normativo aplicable al caso
concreto, particularmente lo relacionado con la prima técnica. Así, hizo alusión, entre
otros, a los Decretos 1661 y 2164 de 1991. Seguidamente efectuó un análisis del
caso, con fundamento en las pruebas recaudadas en el trámite contencioso
administrativo, así:
<< (...) 55. Para resolver, de acuerdo al material probatorio obrante en el plenario, se
establece que a través del Decreto Departamental 99 de 1996 la actora fue nombrada
al servicio de la Secretaría de Educación del Departamento del Huila en periodo de
7
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
prueba por 4 meses, a partir del 13 de febrero de 1996, como mecanógrafa código
5180, grado 4, del Instituto Técnico Superior del Municipio de Neiva15.
56. Posteriormente, con ocasión de la vinculación en propiedad, fue designada en el
cargo de mecanógrafa, código 5184, grado 4, designación con la que adquirió los
derechos de carrera administrativa a partir del 4 de julio de 199716.
57. Así, entonces, se tiene que la actora ocupa el cargo de mecanógrafa, código 5184,
grado 04, en propiedad desde el 4 de julio de 1997 y que a la fecha del nombramiento
el referido cargo correspondía a la planta de personal del Municipio de Neiva, por lo
que el ejercicio de las funciones de nominación y administrador de los recursos de la
nomina(sic) de personal corresponden al municipio como entidad del nivel territorial,
con lo que se descarta de tajo que haya sido designada por el Ministerio de Educación
Nacional y, en consecuencia, sea una empleada del orden nacional.
58. La Sala tiene que precisar en esta oportunidad que, según los razonamientos
expuestos anteriormente, la prima técnica no concede tal derecho a los empleados del
orden territorial, como es el caso de la accionante, toda vez que el artículo 13 del
Decreto 2164 de 1991, norma que en principio autorizaba a las entidades territoriales
y a sus entes descentralizados a aplicar el régimen de prima técnica consagrado en el
Decreto 1661 de 1991, desapareció del ordenamiento jurídico por efecto del control de
legalidad del Consejo de Estado desde el año de 1998, por lo que los actos que se
expidieron o que se pretendan expedir con base en ella carecen de fuerza de
ejecutoria.
59. En virtud de lo anterior, la demandante no tiene derecho a que el Municipio de
Neiva le reconozca y pague la prima técnica por evaluación del desempeño toda vez
que este emolumento solo fue creado para los empleados del orden nacional y,
además, porque la norma sobre la cual se fundamenta la solicitud desapareció del
ordenamiento jurídico al haber sido anulada por el Consejo de Estado.
60. La jurisprudencia de la Corporación ha señalado que la prima técnica únicamente
fue creada para los empleados del nivel nacional y al referirse al punto relacionado con
el reconocimiento a los funcionarios de las entidades territoriales dijo lo siguiente:
«(...) Reconocimiento de la prima técnica a los funcionarios de las entidades del orden
territorial.
En este punto debe anotarse que la prima técnica fue concebida exclusivamente para
los empleados públicos del orden nacional, teniendo en cuenta que las leyes de
concesión de facultades extraordinarias que dieron lugar a la expedición de los
decretos que abordaron el tema de la prima técnica eran puntuales en establecer las
materias que debían ser reguladas por esta vía extraordinaria, las cuales se referían
solo a aspectos relacionados con los empleados del orden nacional (...)”17.
«(...) no es posible beneficiar a la demandante con el reconocimiento de la prima
técnica por evaluación del desempeño, atendiendo su calidad de empleada territorial,
ya que dicha prima solo fue concebida para los empleados de las entidades del orden
15
Cita original: “Según acta de nombramiento del 13 de febrero de 1996 (Fl. 37) y constancia laboral del 2 de
mayo de 2017 (Fls. 49 a 51).”
16
Cita original: “De conformidad a la certificación del 4 de julio de 1997 (Fl.36).”
17
Cita original: “CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN
SEGUNDA SUBSECCIÓN B Consejero Ponente: Dr. Gerardo Arenas Monsalve Rad.: 68001-23-31-000-2008-
00362-01 Exp.: 1919-2013 Sentencia 2008-00362 de marzo 20 de 2014.(...)”.
8
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
nacional, y por tal razón, no puede expedirse un acto administrativo que desconozca
tales postulados. (...).»18
61. Por lo tanto, como la demandante es empleada pública municipal y elevó la
solicitud en el año 2016, fecha para la cual ya había sido declarada nula la norma que
concedía la prima técnica por evaluación del desempeño para empleados del orden
territorial, se reitera, que no tiene derecho a que el mencionado municipio se la
reconozca o pague..>>
30.- Bajo ese contexto, no hay duda de que la accionante propone en sede de tutela
los mismos argumentos expuestos en el escrito de apelación interpuesto en contra
del fallo del 6 de noviembre de 2020, los que, a su vez, fueron abordados por la
Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado.
31.- Así, resulta evidente que la parte accionante busca crear una instancia adicional
al proceso contencioso administrativo y reabrir el debate sustantivo y probatorio,
respecto de un asunto que, como ya se vio, fue objeto de estudio en dos instancias,
en las que los titulares de las prerrogativas de poder judicial, tuvieron a su cargo
valorar los alegatos de hecho y de derecho que las partes sometieron a su
consideración. No procede ahora prolongar el debate sobre el asunto, pues la acción
de tutela no es un mecanismo complementario al del medio de control ordinario, y
no tiene por fin revisar las bases del debate judicial para definir, como instancia final,
las razones de derecho objeto de la controversia.
32.- De esta manera, la Sala considera que la acción que se propone pretende
prolongar un debate ya definido por el juez de instancia, sin que lo que se alega ante
el juez constitucional revele la presencia de un real defecto, pues más allá de su
simple enunciado, lo que muestra es la discrepancia de criterios de quien no resultó
favorecido con la decisión del juez natural.
33.- Con todo, la Sala encuentra que la decisión cuestionada tiene claro sustento en
el principio de libre valoración judicial y, antes de configurar una actuación subjetiva
o arbitraria es, en realidad, el resultado de una interpretación razonable del material
probatorio aportado al proceso, a su vez, confrontado con las preceptivas legales y
jurisprudenciales que lo delimitan y que resultaban aplicables al caso.
34.- Visto lo anterior, las presuntas deficiencias alegadas respecto de la decisión
adoptada dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, responden,
en realidad, a una discrepancia valorativa sobre el resultado desfavorable del
proceso que no es susceptible de admitirse como una causal de procedibilidad
especial, pues siempre que se trate de interpretaciones diversas y razonables, el
juez natural es el llamado a fijar aquella que mejor se ajuste al caso de que se trate,
18
Cita original: “ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Segunda. Subsección A,
consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas. Bogotá, D.C., 1 de febrero de 2018. Radicación: 73001-23-
33- 000-2013-00367-01(2167-14). (...)”.
9
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03670-01
Demandante: Alba Lucía Polanía Perdomo
Demandado: Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección B
Referencia: Acción de tutela (sentencia de segunda instancia)
conforme a los criterios de la sana crítica y en virtud de su autonomía e
independencia jurisdiccional.
35.- Así las cosas, la acción de tutela es improcedente, tal como fue definido por la
Sección Cuarta de esta Corporación, al no cumplir con el requisito de relevancia
constitucional. Su objeto es reabrir un debate ya tramitado y concluido en las
instancias respectivas, lo que desnaturaliza su finalidad como mecanismo supletivo
de protección de los derechos fundamentales. Por lo tanto, esta Sala confirmará la
sentencia de 25 de agosto de 2022, proferida por la Sección Cuarta del Consejo de
Estado.
36. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- F A L L A
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 25 de agosto de 2022, por la
Sección Cuarta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en la parte motiva
de la presente providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más
expedito.
TERCERO: ENVIAR a la Corte Constitucional el expediente para su eventual
revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE19
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
19
VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
10
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.