República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03672-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá D. C., cuatro ( 4 ) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: Acción de Tutela
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03672 00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional
Demandado: Tribunal Administrativo de Caldas
Tema: Derecho de petición y de acceso a la información
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
1. La acción de tutela
El apoderado del Ministerio de Educación Nacional, en su calidad de jefe de la Oficina
Jurídica, promueve acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Caldas por
estimar vulnerados sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
información y de habeas data.
1.1. Pretensiones
En protección de los derechos reclamados, solicita:
1. TUTELAR los derechos fundamentales de petición, acceso a la información y
habeas data los cuales están siendo vulnerados a mi representada por el
Tribunal Administrativo de Caldas, al omitir respuesta de fondo completa,
veraz, clara y congruente a lo solicitado en la petición de radicación No. 2022-
EE-081886 del 20 de abril de 2022.
2. En consecuencia, solicito se dé respuesta clara, congruente y de fondo a la
petición de radicado 2022- EE -081886 del 20 de abril de 2022 y expida copia
de las piezas procesales solicitadas.
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Demandante: Ministerio de Educación Nacional
1.2. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes la parte accionante señaló los siguientes:
i) El 20 de abril de 2022, el apoderado del Ministerio de Educación Nacional en calidad
de jefe de la Oficina Jurídica, por Oficio 2022-EE-081886 y a través del correo
electrónico del Tribunal Administrativo de Caldas
des02tacld@cendoj.ramajudicial.gov.co, solicitó copias del expediente con radicado
núm.17001 23 33 000 2016 00923 00 [01], contentivo del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho promovido contra esa entidad por las señoras Teresa
del Carmen García Ramírez y Natalia Gómez García.
ii) El Oficio 2022-EE-081886, conforme se desprende del certificado de envío N:
E73804883-S, expedido por la empresa de mensajería 472, fue recibido por el Tribunal
Administrativo de Caldas.
iii) Al momento de la interposición de la acción de tutela no ha recibido respuesta
oportuna y de fondo a lo solicitado.
1.3. Fundamentos jurídicos del accionante
Efectuó un recuento de la jurisprudencia de la Corte Constitucional1 y de la Ley 1755
de 2015 relacionadas con el carácter fundamental del derecho de petición, para
concluir que las respuestas ofrecidas deben ser proferidas en los términos legales, es
decir, oportunas, claras, sin evasivas ni dilaciones, de modo que ofrezcan al interesado
certeza sobre lo solicitado.
1.4. Actuación procesal
La tutela de la referencia, admitida por auto del 13 de julio de 2022, ordenó notificar
como demandados a los magistrados del Tribunal Administrativo de Caldas e informar
1 Corte Constitucional, sentencias T-377 de 2000, T-487 de 2010.
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Demandante: Ministerio de Educación Nacional
si se había dado respuesta congruente y de fondo al derecho de petición presentado
por el apoderado del Ministerio de Educación Nacional el día 20 de abril de 2022 bajo
el radicado 2022 EE-081886, en relación con la solicitud de copias del expediente del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001 23 33 000 2016
00923 00 [01].
1.5. Intervenciones
El magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas,2 Fernando Alberto Álvarez
Beltrán, señaló que a pesar de que la parte accionante remitió vía correo electrónico
petición de información en relación con el proceso ordinario con radicado 2016-00923,
utilizó el correo des02tacld@.cendoj.ramajudicial.gov.co el cual no se encuentra
habilitado para tal efecto, pues tales solicitudes -como la requerida por el apoderado
del Ministerio de Educación Nacional-, deben ser dirigidas al correo
tadmin02cld@notificacionesrj.gov.co, formalidad que se hace saber en todas las
providencias emitidas por ese despacho.
Sin perjuicio de lo anterior, manifestó que a través de la Secretaría de esa corporación
procedió a dar respuesta mediante oficio del 22 de julio de 2022, el cual adjuntó a este
trámite.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
La Sala es competente para conocer del presente asunto de acuerdo con lo previsto
en el numeral 5.º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1983 de 2017, modificado por el
Decreto 333 de 2021, según el cual «[l]as acciones de tutela dirigidas contra los
Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al
respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada».
2.2. Problema jurídico
2 Expediente digital de tutela.
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Corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo de Caldas, omitió dar
respuesta a la petición elevada el 20 de abril de 2022 por el apoderado del Ministerio
de Educación Nacional, mediante la cual solicitó copia del expediente del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001 23 33 000 2016 00923 00
y, de ser así, si se vulneró el derecho fundamental de petición a la entidad accionante.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia
como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces,
mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuando quiera
que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier
autoridad».
En cuanto al instrumento constitucional, la acción de tutela se caracteriza por tener un
procedimiento preferente y sumario, mientras que su ejercicio es subsidiario ante la
existencia de otros mecanismos judiciales de protección. Por ello, cuando el afectado
tiene a su alcance alguna de las acciones ordinarias, igualmente eficaces para la
protección de sus derechos fundamentales, pero prescinde de ellas, la acción de tutela
deberá ser declarada improcedente.
Así lo previó el legislador al desarrollar el ejercicio de la acción de tutela, y en el
numeral 1.° del artículo 6.° del Decreto 2591 de 1991 estableció expresamente como
causal de su improcedencia, el que existan otros recursos o medios de defensa judicial,
salvo que ella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Por su parte, la jurisprudencia de la Corte Constitucional3 ha reiterado que el juez de
tutela debe analizar los asuntos que llegan a su conocimiento observando
estrictamente el carácter subsidiario y residual de la acción, es decir, que la tutela
3 Corte Constitucional, sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 205, T-972 de 2006,
T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 2011, T-890 de 2011 y T-205 de 2012, entre otras.
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únicamente procede cuando ninguno de los diversos medios legales existentes resulte
idóneo para proteger objetivamente el derecho fundamental invocado.
No obstante lo dicho, el precepto en cita consagra una excepción, de modo que el
amparo puede resultar procedente cuando, a pesar de que el afectado disponga de
otro medio de defensa judicial -idóneo- para proteger su derecho, acude a la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el que,
según lo establecido por la Corte,4 tendrá que ser probado, al menos sumariamente.
En efecto, para que el amparo proceda excepcionalmente, cuando el accionante
dispone de otros mecanismos de defensa judicial, requiere que se pruebe la necesidad
de la intervención inmediata y urgente del juez constitucional para impedir la
configuración de un perjuicio irremediable, mientras el juez natural decide de fondo el
respectivo proceso ordinario. De no tenerse en cuenta estos parámetros, se
desconocería el principio de subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez
constitucional en contravía del sistema jurídico.
2.4. Sobre el derecho fundamental de petición
El artículo 23 de la Constitución Política le reconoció al derecho de petición el carácter
de fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene derecho a presentar
peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y
a obtener pronta resolución».
Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante
la Ley Estatutaria 1755 de 2015, que sustituyó el Título II del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al tiempo de
respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló como término
general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a su recepción, y
sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de información, que
deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción, y ii) las peticiones
mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las
4 Al respecto, ver entre otras la Sentencia T-440 de 2012.
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materias a su cargo, que deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su
recepción.
En la sentencia T-377 de 20005, la Corte Constitucional estableció diferentes
parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como
presupuestos necesarios para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es
fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia
participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta
y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara,
oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe producirse
dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no implica
aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita;
vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos
a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un
mecanismo para agotar la vía gubernativa6 y acceder a la vía judicial, no satisface el
derecho fundamental de petición, pues su objeto es distinto; por el contrario, el silencio
administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición;
viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de
competencia de la entidad ante quien se plantea, no la exonera del deber de
responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar
su respuesta al interesado.
Adicionalmente, en la Sentencia T-487 de 2017, reiteró que uno de los contenidos del
núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la administración de
dar una respuesta clara, precisa y congruente, que resuelva de fondo el asunto
solicitado. De igual forma, amplía el alcance de dicha obligación a los particulares y
acepta la procedencia del derecho de petición ante estos, reseñando las reglas
establecidas por la jurisprudencia y la regulación introducida por la Ley 1755 de 2015,
que en su artículo 32 definió la viabilidad de este derecho ante organizaciones
privadas.
De otra parte se precisa que mediante el artículo 5.º del Decreto 491 del 28 de marzo
5 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014.
6 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.
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de 2020,7 se dispuso la ampliación de los términos establecidos en el artículo 14 de la
Ley 1437 de 2011 para atender las peticiones que se encontraban en curso o que se
radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria.
El tenor de esa disposición es el siguiente:
Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones
que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia
Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011,
así:
Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días
siguientes a su recepción.
Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:
(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de
los veinte (20) días siguientes a su recepción.
(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en
relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35)
días siguientes a su recepción.
Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí
señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del
vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la
demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta,
que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.
En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.
Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la
efectividad de otros derechos fundamentales.
2.5. Hechos probados
De conformidad con las pruebas que obran dentro del expediente, se puede establecer
lo siguiente:
2.5.1. El 20 de abril de 2022, el apoderado del Ministerio de Educación Nacional
mediante mensaje de texto radicado en el correo electrónico
7 «Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte
de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección
laboral y de los contratistas de prestación de servicios de las entidades públicas, en el marco del Estado de
Emergencia Económica, Social y Ecológica».
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des02tacld@cendoj.ramajudicial.gov.co, del Tribunal Administrativo de Caldas, solicitó
copia del expediente del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
radicado con el número 17001 23 33 000 2016 00923 00 [01], con el propósito de
adelantar el pago oficioso de la sentencia proferida por esa corporación.8
2.5.2. El 20 de abril de 2022, el servicio de mensajería 472 expidió certificado de
comunicación electrónica en el siguiente sentido:9
Detalles del envío
Nombre/Razón social del usuario: Ministerio de Educación Nacional (CC/NIT
899999001-7) Identificador de usuario: 411980
Remitente: EMAIL CERTIFICADO de gestiondocumental@mineducacion.gov.co (originado
por )
Destino: des02tacld@cendoj.ramajudicial.gov.co
Fecha y hora de envío: 20 de Abril de 2022 (11:53 GMT -05:00)
Fecha y hora de entrega: 20 de Abril de 2022 (11:53 GMT -05:00)
Asunto: Comunicación de respuesta (2022-EE-081886) (EMAIL CERTIFICADO de
gestiondocumental@mineducacion.gov.co)
2.5.3. El 22 de julio de 2022, el secretario del Tribunal Administrativo de Caldas remitió
respuesta a la petición con radicado 2022-EE-08188 elevada por el apoderado del
Ministerio de Educación Nacional como jefe de la Oficina Jurídica.10
2.5. El caso concreto. Análisis de la Sala
El apoderado del Ministerio de Educación Nacional acude a la acción de tutela en
procura de la protección de sus derechos fundamentales de petición, de acceso a la
información y de habeas data, al no haber obtenido respuesta a la solicitud que dirigió
al Tribunal Administrativo de Caldas mediante correo del 20 de abril de 2022,
relacionada con la expedición de copias del expediente contentivo del medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho adelantado por las señoras Natalia Gómez
García y Teresa del Carmen García Ramírez contra la Nación -Ministerio de Educación
Nacional.
El contenido de la petición que elevó el apoderado de la entidad accionante es del
siguiente tenor:
8
Expediente digital de tutela
9 Expediente digital de tutela.
10 Expediente digital de tutela.
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Esta Oficina Asesora Jurídica se encuentra adelantando pago oficioso de la obligación
contenida en sentencia judicial proferida por el Tribunal Administrativo de Caldas dentro
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho No. 17001-23-33-000-2016-
00923-00 promovido por TERESA DEL CARMEN GARCÍA RAMÍREZ Y NATALIA GÓMEZ GARCÍA,
en consideración a lo establecido en el artículo 2.8.6.4.1 del Decreto 2469 de 2015,
modificado por el artículo 1º del Decreto 1342 de 2016, toda vez que se ha requerido en
varias oportunidades al apoderado y/o demandante, sin haber obteniendo respuesta
para proceder al pago.
Por consiguiente, se requiere acceso al expediente digital del proceso para obtener la
siguiente información:
1. Nombre y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia.
2. Tipo y número de identificación del beneficiario.
3. Dirección y datos de contacto de los beneficiarios contenidos en el expediente judicial.
De igual manera se requiere para adelantar el trámite de pago la siguiente
documentación:
4. Sentencia de primera y segunda instancia con su respectiva constancia de ejecutoria.
5. Constancia en la que se certifique que la sentencia de primera instancia no fue apelada
o no prosperó recurso en caso de haberse interpuesto por cualquiera de las partes
intervinientes (Si hubiese lugar a ello).
6. Auto que liquida las agencias en derecho o costas (Si hubiese lugar a ello).
7. Auto que aprueba las agencias en derecho o costas (Si hubiese lugar a ello).
Así mismo, para proceder a realizar el pago a órdenes del despacho judicial de los
valores dispuestos en la sentencia de conformidad con lo estipulado en el artículo 65 de
la Ley 179 de 1994, se requiere la siguiente información:
Código del despacho judicial.
Nombre y número de cuenta del despacho judicial.
Por lo anterior me permito solicitar copia completa del expediente digital, constancia de
ejecutoria, constancia de estado de trámite de apelación en caso de que aplique
conforme a lo solicitado anteriormente y auto que liquide y apruebe las costas y/o
agencias en derecho en el evento de haberse fijado, junto con la información adicional
solicitada en párrafos anteriores.
[…]
Hecho el anterior recuento, conviene recordar que la Corte Constitucional en
numerosas decisiones,11 al precisar los alcances del derecho de petición consagrado
en la Constitución, destaca que las respuestas a los peticionarios deben ser oportunas
y resolver de fondo las solicitudes presentadas, sin que ello implique, de manera
necesaria, una decisión favorable a sus intereses.
11 Sentencias T-209 de 1998, T-1296 de 2000, T-841 de 2001, T-1078 de 2001 entre otras.
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03672 00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional
Para la efectividad del derecho se requiere que la petición elevada sea hecha en
debida forma, esto es, no sólo con el cumplimiento y respeto que se debe hacia las
diferentes autoridades, sino también que se interponga ante la autoridad que
corresponde, esto es la competente, y que, por consiguiente, sea la que está en plena
capacidad para resolver de fondo sobre la petición en cuestión, a través de los correos
electrónicos idóneos dispuestos para tal fin.
Revisado el material probatorio, se constata que el apoderado de la entidad accionante
elevó petición el día 20 de abril de 2022, dirigida al correo electrónico
des02tacld@cendoj.ramajudicial.gov.co del Tribunal Administrativo de Caldas,
relacionada con la expedición de copias del expediente con número de radicado 17001
23 33 000 2016 00923 00 [01], con el propósito de adelantar el pago oficioso de la
sentencia proferida por esa corporación.
En efecto, revisada la página del Tribunal Administrativo de Caldas12 el correo
electrónico al cual remitió la petición la entidad accionante, hace parte del correo
institucional de esa corporación; no obstante, como lo advirtió el magistrado del
Tribunal en el informe rendido en el trámite de la acción de tutela, este no está
habilitado para recibir el tipo de peticiones como la elevada por el Ministerio, pues para
tal efecto disponen del email tadmin02cld@notificacionesrj.gov.co, situación que es
comunicada en cada providencia dictada por esa corporación.
Ahora bien, advierte la Sala que en todo caso el magistrado del Tribunal Administrativo
de Caldas anexó a esta actuación copia del oficio sin número con fecha 22 de abril de
2022 suscrito por el secretario de esa corporación, por medio del cual da respuesta a
la petición elevada por la cartera ministerial en el siguiente sentido:
Doctor:
LUIS GUSTAVO FIERRO MAYA
Jefe Oficina Jurídica – Ministerio de Educación
Bogotá D.C.
Asunto: Respuesta a petición Rad. No. 2022-EE-081886
Conforme a solicitud elevada por ese Ministerio se peticiona respecto del Proceso de
Nulidad y Restablecimiento del Derecho con radicado No. 2016-00923-00, lo siguiente;
12 https://www.tribunaladministrativodecaldas.gov.co
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03672 00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional
1. Nombre y apellidos o razón social completos del beneficiario de la sentencia.
Respuesta: La parte demandante son las señoras Natalia Gómez García y Teresa del
Carmen García Ramírez.
2. Tipo y número de identificación del beneficiario.
Respuesta: Natalia Gómez García, se identifica con la cédula de ciudadanía No.
1.054.920.694 y la señora Teresa del Carmen García Ramírez, se identifica con la cédula
de ciudadanía No.24.387.219.
3. Dirección y datos de contacto de los beneficiarios contenidos en el expediente
judicial.
Respuesta: El Apoderado judicial de las demandantes es el señor: Jairo Ivan Lizarazo
Ávila, Calle 22 Bo. 22-26 Edificio el Comercio de la Ciudad de Manizales y Calle 72 No.
9-55 Oficina 303 Bogotá PBX 6081144.
Según lo indicado en el expediente, los correos electrónicos de contacto son los
siguientes: notificacionesmanizales@gmail.com, acopresmanizales@gmail.com y
notificacionesacopres@gmail.com. Finalmente, se observan los teléfonos: (6) 880 08 22
y 880 02 05.
Se precisa que en el expediente no se relaciona dirección de residencia, número
telefónico ni dirección electrónica de las accionantes.
De igual manera se requiere para adelantar el trámite de pago la siguiente
documentación:
4. Sentencia de primera y segunda instancia con su respectiva constancia de
ejecutoria.
Respuesta: En relación con las certificaciones, debe consignar lo ordenado en el no. 1
del artículo 2 del Acuerdo PCSJA21-11830 de 17/08/2021 en concordancia con la
Circular DEAJC20-58 de 1 de septiembre de 2020 (se anexan). Una vez tenga la
constancia de la consignación, deberá enviarla al correo electrónico
sgtadmincld@notificacionesrj.gov.co; con explicación detallada del concepto y número
de proceso.
5. Constancia en la que certifique que la sentencia de primera instancia no fue
apelada o no prosperó recurso en caso de haberse interpuesto por cualquiera de
las partes intervinientes (Si hubiese lugar a ello).
Respuesta: Como es bien sabido por el peticionario, esta sentencia fue recurrida, y la
decisión de segunda instancia fue confirmatoria de lo resuelto por el ad quo.
6. Auto que liquida las agencias en derecho o costas (Si hubiese lugar a ello).
7. Auto que aprueba las agencias en derecho o costas (Si hubiese lugar a ello)
Respuesta: El 13 de septiembre de 2021, se efectuó la respectiva liquidación de gastos
que se adjunta. Cabe anotar, que no fue procedente la liquidación de costas o agencias
en derecho toda vez que las mismas no fueron ordenadas ni en primera ni en segunda
instancia.
8. Código del despacho, nombre y número de cuenta del despacho judicial y explica
“…para proceder a realizar el pago a órdenes del despacho judicial de los valores
dispuestos en la sentencia de conformidad con lo estipulado en el artículo 65 de la Ley
179 de 1994…”
Respuesta: Se le informa que este Tribunal no recibe el pago de condenas, porque se
sale del resorte de nuestras funciones y capacidades, ya que el pago debe ser hecho
directamente a su beneficiario sin que haya intermediación de esta Corporación; por lo
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03672 00
Demandante: Ministerio de Educación Nacional
tanto, lo invitamos a darle estricto cumplimiento a lo dispuesto en el inciso 3 del numeral
TERCERO de la sentencia primaria emitida por esta Corporación el 31 de mayo de 2018;
“TERCERO: DECLÁRESE la nulidad del acto ficto con el cual se negó el reconocimiento
y pago de los intereses moratorios generados con ocasión al pago tardío del
retroactivo de homologación y nivelación salarial.
En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho,
ORDÉNASE a la NACIÓN -MINISTERIO DE EDUCACIÓN, reconocer y pagar a la señora
NOHELIA PANIAGUA DE BOTERO, identificada con la C.C. 24.316.527, los ajustes
de indexación únicamente sobre el valor pagado a título de retroactivo menos el valor
correspondiente a la indexación ya conocida a partir del día siguiente a la fecha de
ejecutoria de la Resolución N° 600 de 11 de abril de 2014, data en que cobró firmeza
el reconocimiento del retroactivo, hasta el día anterior a la fecha efectiva del pago, de
conformidad con la formula indicada en la parte motiva de esta providencia. (…)”
Resaltado nuestro para precisión de la respuesta.
Decisión confirmada en su totalidad por la sentencia emitida por el superior el 3 de
diciembre de 2020;
“Primero. -Confirmar la sentencia proferida el 31 de mayo de 2018 por el Tribunal
Administrativo de Caldas, que accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda,
en el proceso promovido por Nohelia Paniagua de Botero, contra la Nación, Ministerio
de Educación, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y el Municipio de
Manizales, según lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. (…).”
Para peticiones futuras, respetuosamente se le solicita hacerlas al email
sgtadmincld@notificacionesrj.gov.co; único correo dispuesto para el recibo de
documentos, recursos, peticiones y varios, en general de esta Secretaría.
Ahora, si bien es cierto que la petición formulada por el Ministerio de Educación
Nacional no fue remitida a través del correo habilitado para el efecto, también lo es que
el Tribunal dio respuesta, razón por la cual se procede a analizar la contestación
otorgada por esa corporación.
Conforme lo expuesto, la Sala no puede dejar pasar inadvertido que a pesar de
haberse anexado respuesta a la petición elevada por el apoderado del Ministerio de
Educación Nacional, conforme se evidencia del expediente contentivo del medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho aportado en el trámite de esta acción
constitucional, el punto octavo no tiene relación alguna con lo solicitado pues los
nombres, los datos y las fechas no corresponden con lo resuelto por las autoridades
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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03672 00
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judiciales13 en la demanda iniciada por las señoras Natalia Gómez García y Teresa del
Carmen García Ramírez.
La Corte Constitucional, respecto del núcleo esencial del derecho de petición ha
señalado que se circunscribe a la formulación de la petición, a la pronta resolución, a
la existencia de una respuesta de fondo y a la notificación de la decisión al peticionario;
igualmente ha establecido que, por regla general, puede formularse ante autoridades
públicas, lo cual es una de las formas de iniciar o impulsar procedimientos
administrativos ante las autoridades públicas y éstas tienen la obligación de recibirlas,
tramitarlas y responderlas de forma clara, oportuna, suficiente y congruente con lo
pedido, de acuerdo con los estándares establecidos por la ley.
Otro de sus componentes consiste en que las solicitudes formuladas ante las
autoridades o los particulares deben ser resueltas en el menor tiempo posible, sin que
se exceda el término fijado por la ley para tal efecto. Por otro lado, también supone
que la contestación a las peticiones debe observar ciertas condiciones para que sea
constitucionalmente válida, es decir, la respuesta de la autoridad debe ser: a) clara,
esto es, inteligible y contentiva de argumentos de fácil comprensión; b) precisa, de
manera que atienda directamente lo pedido sin reparar en información impertinente y
sin incurrir en fórmulas evasivas o elusivas; c) congruente, de suerte que abarque la
materia objeto de la petición y sea conforme con lo solicitado; y consecuente, con el
trámite que se ha surtido, de modo que si la respuesta se produce con motivo de una
petición formulada dentro de un procedimiento del que conoce la autoridad de la cual
el interesado requiere la información, no basta con ofrecer una respuesta como si se
tratara de una petición aislada o ex novo, sino que, si resulta relevante, debe darse
cuenta del trámite que se ha surtido y de las razones por las cuales la petición resulta
o no procedente.
Finalmente, para materializar la decisión es imperativo que el solicitante conozca el
contenido de la contestación realizada, para ello, la autoridad deberá realizar la
13 Primera instancia: sentencia del 22 de marzo de 2019 dictada por el Tribunal Administrativo de Caldas. Segunda
instancia, sentencia del 25 de septiembre de 2020, proferida por el Consejo de Estado, Sección Segunda,
Subsección B.
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Demandante: Ministerio de Educación Nacional
efectiva notificación de su decisión, de conformidad con los estándares contenidos en
el CPACA.
De lo anterior se evidencia que a pesar de que el Tribunal Administrativo de Caldas
aportó copia de la petición elevada por el apoderado del Ministerio de Educación
Nacional, el punto octavo no es congruente con lo solicitado, por lo que la entidad
accionante podría incurrir en algún error al darle cumplimiento a la condena impuesta,
en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 17001
23 33 000 2016 00923 00 [01]. Así las cosas, conforme lo señalado por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional «[e]sas reclamaciones deben ser contestadas
según los parámetros dados por la misma Constitución, por la ley aplicable y por la
jurisprudencia constitucional, esto es, mediante una respuesta que sea oportuna,
suficiente, efectiva y congruente. De omitirse alguno de estos requisitos, se entenderá
vulnerado el derecho fundamental de petición».14
Así las cosas, se tiene que la autoridad demandada desconoció el núcleo esencial del
derecho fundamental de petición que reside en la resolución de la cuestión de manera
clara y congruente con lo pedido.
Conclusión
La Sala concluye que la solicitud elevada en ejercicio del derecho de petición por el
apoderado del Ministerio de Educación Nacional ante el Tribunal Administrativo de
Caldas no ha sido resuelta de forma congruente conforme a los parámetros
jurisprudenciales, razón por la cual resulta procedente amparar el derecho
fundamental deprecado.
En consecuencia, se ordenará que dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la
ejecutoria del presente fallo el Tribunal Administrativo de Caldas dé respuesta
congruente con lo pedido a la solicitud de la entidad accionante formulada el 20 de
abril de 2022.
14 Corte Constitucional, sentencias T-587 de 2006, T-206 de 2018, entre otras.
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Demandante: Ministerio de Educación Nacional
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Segunda, Subsección A administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
Falla:
Primero: Amparar el derecho fundamental de petición del Ministerio de Educación
Nacional de acuerdo con la parte considerativa que antecede y, en consecuencia, se
ordena al Tribunal Administrativo de Caldas que dentro de las cuarenta y ocho (48)
horas siguientes a la ejecutoria del presente fallo, de una parte, brinde una respuesta
clara y congruente a la petición de la entidad accionante, formulada el 20 de abril de
2022, en el sentido de señalar con precisión las fechas, las autoridades y lo resuelto
por esa corporación en el expediente con radicado núm. 17001 23 33 000 2016 00923
00 [01], contentivo del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
incoado por las señoras Natalia Gómez García y Teresa del Carmen García Ramírez
y, de otra parte, se la notifique en debida forma, acompañada de la totalidad de la
documentación requerida en el escrito petitorio.
Segundo: En caso de que no fuere impugnado el presente proveído, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad
con el artículo 186 del CPACA.
CRG
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