Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03681-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03681-00
Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez
9 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ.
Bogotá D.C., nueve (9) de septiembre de dos mil veintidós (2022).
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en representación de Jhon Alexander
Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela.
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Improcedencia
/ Falta de legitimación en la causa por activa – agencia oficiosa en casos de personas
privadas de la libertad / Inmediatez - no se presentó en un término razonable /
Relevancia constitucional - falta de carga argumentativa.
Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que
invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de
la solicitud de amparo constitucional formulada por Evelyn Valencia Rojas en
representación de Jhon Alexander Silva Chaparro contra el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca.
I. ANTECEDENTES
A. Demanda y sus fundamentos2
1. El 5 de julio de 2022, la señora Evelyn Valencia Rojas, actuando “a favor” de su
“pareja formal”3, el señor Jhon Alexander Silva Chaparro 4, presentó demanda de
tutela contra el Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, con el fin de obtener la protección de sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso,
contradicción, defensa y petición. Consideró que tales prerrogativas fueron
presuntamente vulneradas con ocasión de: (i) la expedición del fallo del 30 de julio
1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del
Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto
de la acción de tutela”.
2 La Sala aclara que este acápite se sustenta, mayoritariamente, en el escrito de subsanación remitido por la
accionante el 22 de julio de 2022. Ello, por cuanto el escrito de tutela original resultaba incomprensible y, por
consiguiente, la acción se inadmitió mediante Auto del 12 de julio de la presente anualidad.
3 Esta manifestación fue realizada en el escrito de tutela original. En la subsanación, la demandante indicó que
obra “en representación” del señor Silva Chaparro.
4 De acuerdo con lo señalado en el escrito de tutela, actualmente se encuentra recluido en el establecimiento
penitenciario de Jamundí (Valle del Cauca).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
de 20215, dentro del proceso de reparación directa 6 que promovió el señor Silva
Chaparro en contra del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– y la
extinta Caja de Previsión Social de Comunicaciones –CAPRECOM–; y, (ii) la omisión
de notificar las actuaciones que se surtieron durante el trámite de segunda instancia,
al interior del aludido proceso ordinario.
2. Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen
a lo siguiente:
<< 1. Sírvanse tutelar los derechos fundamentales al acceso a la administración de
justicia –consagrado desde el Preámbulo de la Constitución-, a la seguridad jurídica,
al debido proceso, derecho de petición y dentro de él a la legalidad procesal y a la
prueba de mi poderdante.
2. Sírvase ORDENAR el restablecimiento de los derechos procesales del señor JHON
ALEXANDER SILVA CHAPARRO dentro del proceso en mención>>7.
3. A partir de los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada
y de las pruebas allegadas se tiene que:
3.1. En ejercicio del medio de control de reparación directa, el señor Jhon Alexander
Silva Chaparro, a través de apoderada judicial, instauró demanda en contra del
INPEC y CAPRECOM, con el fin de que se les declarara administrativamente
responsables por los perjuicios que, según el demandante, le fueron causados con
ocasión de las lesiones que sufrió el 8 de febrero de 2012, en un intento de fuga,
cuando se encontraba privado de la libertad en el centro penitenciario de Palmira.
3.2. El asunto le correspondió para su conocimiento en primera instancia al Juzgado
Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali, despacho que, mediante sentencia
proferida el 28 de julio de 2020, accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, al considerar que se configuró una falla del servicio ante la omisión en la
prestación de los procedimientos y tratamientos médicos que le fueron ordenados al
actor, con el propósito de que fueran atendidas las lesiones padecidas en los hechos
ocurridos el 8 de febrero de 2012.
3.3. La anterior decisión fue revocada por el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca, a través del fallo dictado el 30 de julio de 2021, por estimar que se configuró
la causal eximente de responsabilidad consistente en la culpa exclusiva y
determinante de la víctima. Argumentó que, si bien existió mora en la prestación del
servicio de salud, lo cierto es que la parte actora no logró acreditar que la misma
hubiera sido la causa de las secuelas padecidas por el accionante. Por el contrario,
5 Decisión que fue notificada el 27 de agosto de 2021.
6 Radicado número 76001-33-33-009-2014-00324-01.
7 Expediente digital, folio 12 del escrito de subsanación de la demanda.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
se evidenció que las lesiones sufridas por el demandante se originaron como
consecuencia del intento de fuga.
4. Como fundamento de las pretensiones, la parte actora aduce que las autoridades
judiciales accionadas vulneraron los derechos fundamentales de Jhon Alexander
Silva Chaparro porque desconocieron “las normas que regulan la valoración de las
pruebas, las formas propias del juicio y de las actuaciones administrativas; la
motivación de las decisiones de las autoridades”. Además, indica que no se le notificó
la sentencia de primera instancia dictada el 28 de julio de 2020 ni las decisiones
adoptadas por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, durante el trámite de
segunda instancia. Señala que, por tal motivo, la apoderada judicial del proceso
ordinario tuvo que allegar diversas solicitudes al interior del mismo, con el fin de
conocer su estado.
4.1. Aunado a lo anterior, sostuvo que la providencia enjuiciada desconoce “las
normas que regulan la valoración de las pruebas, las formas propias del juicio y de
las actuaciones administrativas; la motivación de las decisiones de las autoridades,
peritación de entidades oficiales”.
B. Trámite procesal y contestación de la demanda
5. Mediante Auto del 12 de julio de 2022, el Despacho sustanciador resolvió inadmitir
la demanda la referencia para que la parte actora procediera a su corrección. En
particular, solicitó que se precisaran de forma clara los hechos, las pretensiones, las
actuaciones y/o las omisiones que se consideran vulneratorias de los derechos
fundamentales invocados, así como la identificación de las autoridades que
presuntamente lesionaron tales prerrogativas. A su vez, requirió a la accionante para
que explicara –con suficiencia– las razones por las cuales el titular de los derechos
invocados se encontraba imposibilitado para promover su propia defensa.
6. El 22 de julio de 2022, la actora allegó un escrito en el que subsanó la demanda,
por cuanto cumplió con la identificación de los elementos fácticos que sustentan sus
pretensiones. No obstante, no realizó ninguna manifestación respecto de su
legitimación para actuar, más allá de expresar que actúa “en representación” del
señor Jhon Alexander Silva Chaparro y manifestar que funge “como apoderada del
actor desde hace más de cuatro años”.
7. En consideración a lo anterior, por Auto del 8 de agosto de 2022, el Despacho
admitió la acción de tutela, ordenó notificar a las autoridades judiciales demandadas
y vincular al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC– y al Patrimonio
Autónomo de Remanentes (P.A.R.) de la extinta Caja de Previsión Social de
Comunicaciones –CAPRECOM–, como terceros interesados en las resultas del
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
proceso. Adicionalmente, comunicó la decisión a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado, para lo de su competencia.
7.1. Igualmente, requirió al Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali
para que allegara, en calidad de préstamo, el expediente identificado con número de
radicado 76001-33-33-009-2014-00324-01.
(i) P.A.R. CAPRECOM Liquidado8
8. Fiduprevisora S.A., actuando en representación y como vocera de P.A.R.
CAPRECOM liquidado, manifestó que carece de legitimación en la causa por pasiva,
toda vez que no profirió la decisión objeto de reproche constitucional. Por lo tanto, la
autoridad que posee la competencia para pronunciarse sobre lo pretendido por la
parte actora es el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
(ii) Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali
9. El Juzgado Noveno Administrativo Oral del Circuito de Cali remitió el expediente
requerido. Sin embargo, no se pronunció respecto de los hechos y pretensiones
formulados en la tutela de la referencia.
(iii) Otras intervenciones
10. Las demás autoridades públicas accionadas y vinculadas guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
C. De la acción de tutela contra providencias judiciales
11. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en fallo
del 31 de julio de 2012, unificó su postura en relación con la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales9.
11.1. Posteriormente, a través de una nueva sentencia de unificación, la Sala Plena
de la Corporación adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la
Sentencia C-590 de 2005 para determinar la procedencia del mecanismo de amparo
constitucional contra providencias judiciales y reiteró que dicha acción es apenas un
instrumento de carácter residual y subsidiario para la protección de los derechos
fundamentales, tal y como lo señala el artículo 86 Superior10.
8 Intervención digital contenida en 6 folios.
9 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, exp. No.
11001-03-15-000-2009-01328-01.
10 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 5 de agosto de 2014, exp.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
11.2. Así entonces, esta Corporación no ha vacilado en reiterar que los requisitos
generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos
fundamentales, que deben ser cuidadosamente verificados, son los siguientes11:
a). Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional.
b). Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios- de defensa
judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación
de un perjuicio iusfundamental irremediable.
c). Que se cumpla el requisito de inmediatez.
d). Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene
un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los
derechos fundamentales de la parte actora.
e). Que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que
generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal
vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y,
f). Que no se trate de sentencias de tutela.
11.3. Ahora bien, interesa destacar que la relevancia constitucional, como requisito
general de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales,
supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante
el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales
tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no
existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional12.
11.4. En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia
judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito,
sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la
necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la
presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.
11.5. Lo anterior, comoquiera que, con dicho requisito, se persiguen al menos tres
finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los
jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional13 y, en ese sentido, evitar
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de
2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).
12 Sentencia T-079 de 2010 de la Corte Constitucional.
13 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este
sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez
constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no
puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en
su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 14 ; (ii)
restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones con clara y marcada
relevancia desde la óptica constitucional por afectar derechos fundamentales15; e (iii)
impedir que la interposición de la acción de tutela se transmute en una instancia o
recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades
jurisdiccionales16.
11.6.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la
jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C-590 de 2005, acogida por la
Sala Plena de esta Corporación, hacen relación a los denominados defectos
materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos
fundamentales17: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error
inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial;
y (viii) violación directa de la Constitución.
11.7. En resumidas cuentas, los criterios generales y específicos de procedencia
suponen pautas metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al
abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia
judicial. Tanto unos como otros confluyen en el propósito de realizar el mandato de
efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor
de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales
de autonomía e independencia judicial. De ahí que la autoridad judicial a cargo de
esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la causa en la
interpretación del derecho legislado o en la evaluación detenida de las pruebas del
caso o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras
judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso
y de acceso a la administración de justicia”.
14 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la
constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones
o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la
definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos
fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la
jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T-
040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional.
15 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de
una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental
del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces
de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o
suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo
que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales
de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite
la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdad- de los derechos fundamentales
a los distintos ámbitos del derecho”.
16 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da
lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina
la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Cfr. Sentencia T-102 de
2006 de la Corte Constitucional.
17 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender
situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un
desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal
específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y
excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites
judiciales”18.
11.8. De cuanto hasta ahora ha sido reseñado, le corresponde al juez de tutela
verificar el cumplimiento estricto de todos los requisitos generales, de tal manera
que, una vez superado ese examen formal, pueda constatar si se configura, por lo
menos, uno de los defectos arriba mencionados, los cuales deben ser
adecuadamente formulados por el interesado19.
D. Legitimación en la causa por activa en la acción de tutela
12. El artículo 86 de la Constitución Política señala que la acción de tutela es un
mecanismo de defensa judicial al que puede acudir cualquier persona para reclamar
la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad
pública y, excepcionalmente de los particulares, en los casos específicamente
previstos por la ley.
12.1. En consonancia con dicho mandato superior, el artículo 10 del Decreto 2591
de 199120 establece que “La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y
lugar, por cualquier persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante (…).”
12.2. De las anteriores normas se desprende que uno de los requisitos de
procedibilidad de la acción de tutela es que, quien la solicite, se encuentre legitimado
en la causa por activa para buscar la protección de sus derechos fundamentales. Es
decir, este presupuesto exige que los derechos objeto de protección estén en cabeza
del accionante y no, en principio, de otra persona. Sobre el particular, la Corte
Constitucional ha precisado que:
<< la tutela es un medio de defensa de derechos fundamentales, que toda persona
puede instaurar “por sí misma o por quien actúe a su nombre” (CP art. 86). No es
necesario, que el titular de los derechos interponga directamente el amparo, pues un
tercero puede hacerlo a su nombre. El tercero debe sin embargo tener una de las
siguientes calidades: (i) representante del titular de los derechos, (ii) agente oficioso,
o (iii) Defensor del Pueblo o personero municipal21 .En específico: (i) representante
18 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.
19 Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 7 de diciembre
de 2016, exp. 2016 00134-01; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta,
sentencia de 7 de diciembre de 2016, exp. 2016-02213-01; sentencia de 24 de noviembre de 2016, exp. 2016-
02568-01; Consejo de Estado, entre otras. Cfr. Sentencias de la Corte Constitucional SU-556 de 2016, SU-542
de 2016 y SU-490 de 2016.
20 “[P]or el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.
21 Artículo 10, Decreto 2591 de 1991: “[l]a acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales, quien actuará por sí mismo
o a través de representantes. Los poderes se presumirán auténticos. También se pueden agenciar derechos
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
puede ser, por una parte, el representante legal (cuando el titular de los derechos sea
menor de edad, incapaz absoluto, interdicto o persona jurídica), y por otra el apoderado
judicial (en los demás casos). Para ser apoderado judicial, la persona debe ser
abogado titulado y a la acción debe anexar poder especial para el caso o en su defecto
el poder general respectivo (ii) Como agente oficioso puede obrar un tercero “cuando
el titular de los mismos [es decir, de los derechos] no esté en condiciones de promover
su propia defensa. Cuando tal circunstancia ocurra deberá manifestarse en la solicitud”
(Dcto 2591 de 1991 art. 10). (iii) El Defensor del Pueblo y los personeros municipales
pueden instaurar la tutela conforme a la ley y la jurisprudencia a nombre de quien se
los solicite o esté indefenso22>>.
12.3. Aunado a lo anterior, la Corte indicó que, so pretexto de ejercer la acción de
tutela, no puede asumirse de forma indeterminada o ilimitada la representación de
otra persona, ni la informalidad propia de este mecanismo de protección
constitucional supone que no existan requisitos mínimos de procedibilidad como la
legitimación en la causa por activa23. Al respecto, sostuvo:
<< Este es el primer requisito de procedibilidad de la acción de tutela, que exige que
quien solicita el amparo constitucional se encuentre ‘legitimado en la causa’ para
presentar la solicitud de protección de sus derechos fundamentales. Dicha legitimación
puede ser ‘por activa’ o ‘por pasiva’. Por la primera exige que el derecho cuya
protección se invoca sea un derecho fundamental propio y no, en principio, de otra
persona 24. La segunda se entiende satisfecha con la correcta identificación de las
autoridades responsables de la amenaza o vulneración de los derechos fundamentales
invocados25, destacando a la vez que su adecuada integración persigue garantizar a
los presuntos implicados el derecho a la defensa y, por esa vía, permitirles establecer
el grado de responsabilidad que les pueda asistir en los hechos que son materia de la
controversia constitucional. Desde antaño, la Corte ha precisado que el interés
subjetivo de quien demanda en causa propia la protección de derechos fundamentales
debe estar debidamente acreditado, pues de lo contrario carece de legitimidad para
instaurar la acción de tutela>>.
E. Análisis del caso concreto
13. En el asunto objeto de estudio, la Sala declarará improcedente la acción de
tutela, toda vez que no se acreditan los presupuestos generales de legitimación por
activa, inmediatez y relevancia constitucional, como pasa a explicarse.
14. En cuanto a la legitimación por activa, la señora Evelyn Valencia Rojas manifiesta
que acude a la acción constitucional “a favor” y “en representación” de su compañero
sentimental –Jhon Alexander Silva Chaparro–, con el fin de que se le protejan sus
derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia, debido proceso,
ajenos cuando el titular de los mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. […] También
podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros municipales.
22 Corte Constitucional, sentencia SU-377 de 2014. M.P. María Victoria Calle Correa.
23 Corte Constitucional, sentencia T-217 de 2013, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
24 Original de la cita: “Sentencia T–1191 de 2004 (MP. Marco Gerardo Monroy Cabra)”.
25 Original de la cita: “En el artículo 13 del Decreto 2591 de 1991 se dispone: ‘Artículo 13. La acción se dirigirá
contra la autoridad pública o el representante del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho
fundamental [...]’”.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
contradicción, defensa y petición, presuntamente vulnerados por el Juzgado Noveno
Administrativo Oral del Circuito de Cali y el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca. Así mismo, en algunos apartes del escrito de subsanación, la accionante
afirma que obra en calidad de apoderada del señor Silva Chaparro.
14.1. De acuerdo con lo anterior, se observa que la parte actora concurre a la
presente acción constitucional en procura de obtener la salvaguarda de los derechos
fundamentales del señor Jhon Alexander Silva Chaparro. Por tal motivo, aquel es el
titular de las prerrogativas iusfundamentales que se alegan vulneradas.
14.2. Aunado a ello, revisado el expediente del proceso de reparación directa
identificado con el número de radicado 76001-33-33-009-2014-00324-01, se advierte
que la accionante no actuó como demandante, ni en calidad de tercero con interés o
coadyuvante en dicho trámite. En ese contexto, la señora Evelyn Valencia Rojas no
se encuentra legitimada en la causa por activa, al no ser la directamente afectada
con las actuaciones adelantadas por la autoridad judicial accionada al interior del
aludido proceso contencioso administrativo.
15. Ahora bien, aun cuando la parte actora manifestó actuar en representación de su
"pareja formal”, lo cierto es que no indicó –de forma expresa– que actuaba como
agente oficiosa del señor Silva Chaparro, ni tampoco acreditó que aquel se encuentre
imposibilitado para ejercer su propia defensa. Únicamente, se limitó a señalar que,
en la actualidad, se encuentra recluido en el centro penitenciario de Jamundí.
16. Al respecto, cabe recordar que, con fundamento en el Decreto 2591 de 1991, la
jurisprudencia constitucional26 ha establecido ciertos requisitos mínimos necesarios
para actuar como agente oficioso en el trámite de amparo constitucional. Entre ellos,
se encuentran los siguientes: (i) la manifestación expresa en el escrito de tutela de
que se actúa en tal calidad; (ii) que se encuentre plenamente demostrado que el
titular de los derechos que se agencian está imposibilitado para promover su propia
defensa; y, (iii) que se identifiquen plenamente los sujetos agenciados.
17. Particularmente, la Corte Constitucional ha señalado que cuando el agenciado
es una persona privada de la libertad, la figura de la agencia oficiosa debe ser
valorada de forma flexible, teniendo en cuenta la relación de especial sujeción que
estos tienen con el Estado, además de su condición de sujetos de especial
protección. Así, el juez constitucional debe analizar las circunstancias específicas del
recluso y considerar que “la suspensión de sus derechos fundamentales de libertad
o locomoción, suponen, de suyo, dificultades para acceder a la administración de
justicia”27.
26 Corte Constitucional, Sentencia T-111 de 2013.
27 Corte Constitucional, Sentencia T-382 de 2021.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
En ese contexto, la Corte Constitucional ha admitido la figura de la agencia oficiosa
respecto de personas privadas de la libertad, cuando, por ejemplo: (i) se encuentran
en situación de aislamiento; (ii) padezcan de incapacidad física o cognitiva; o, (iii)
ante la existencia de una amenaza de muerte contra el agenciado28.
18. Lo anterior indica que la privación de la libertad no puede conducir a que se
elimine el requisito de legitimación por activa o a que se admita la posibilidad de que
cualquier persona pueda presentar acciones de tutela en favor de los reclusos, aun
en contra de sus deseos o intereses. En este contexto, la Corte Constitucional ha
recalcado que la privación de la libertad no permite presumir, de entrada, la
imposibilidad de presentar acciones judiciales en nombre propio y, por consiguiente,
la necesidad de acudir a un tercero para salvaguardar sus derechos. Por tal motivo,
el juez constitucional “debe declarar la improcedencia de aquellas tutelas
interpuestas en contra de su voluntad o sin que exista una prueba por lo menos
sumaria de la imposibilidad del agenciado para reclamar la protección de sus
derechos”29.
19. De manera que, atendiendo a que el titular del derecho no promovió en forma
directa la presente acción de tutela, la actora podía formularla en calidad de agente
oficiosa. Sin embargo, del contenido de la solicitud de amparo no puede derivarse
que actúe en tal calidad. Así, aunque la accionante manifiesta que el señor Jhon
Alexander Silva Chaparro se encuentra actualmente privado de su libertad (sin que
se haya demostrado tal circunstancia), lo cierto es que no se acreditó la existencia
de una situación particular que le hubiere impedido formular directamente el
mecanismo de protección constitucional. Incluso, durante el trámite de tutela, el
Magistrado Sustanciador requirió a la accionante para que explicara las razones por
las cuales el titular de los derechos no podía promover su propia defensa, frente a lo
cual guardó silencio.
20. Adicionalmente, esta Corporación advierte que, en algunos apartes del escrito
de subsanación, la parte actora realiza manifestaciones en las que afirma que tiene
la calidad de apoderada judicial del señor Silva Chaparro. Sin embargo, no obra en
el expediente poder alguno que acredite tal circunstancia.
21. Así las cosas, la Sala encuentra que la señora Evelyn Valencia Rojas carece de
legitimación en la causa por activa para presentar la acción de tutela de la referencia,
dado que no fue parte en el proceso contencioso administrativo cuestionado, ni
tampoco acreditó los requisitos de la agencia oficiosa ni su condición de apoderada
respecto de Jhon Alexander Silva Chaparro.
22. Aunado a lo anterior, se advierte que el presente asunto no satisface los
28 Corte Constitucional, sentencias T-412 de 2009, T-327 de 2010, T-750A de 2012 y T-017 de 2014.
29 Corte Constitucional, T-382 de 2021. Resaltado fuera del texto original.
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial
referentes a la inmediatez y a la relevancia constitucional, como pasa a exponerse:
23. En relación con el presupuesto de la inmediatez para la interposición de
demandas de tutela contra providencia judicial, la Sala Plena de lo Contencioso
administrativo de esta Corporación ha considerado que, para efectos de establecer
si la acción de tutela contra providencia judicial se ejerció oportunamente, se debe
verificar que se haya presentado dentro de los 6 meses siguientes a la notificación o
ejecutoria de la providencia cuestionada, según el caso30.
23.1. En el asunto sometido a estudio, la providencia cuestionada fue notificada el
27 de agosto de 202131. No obstante, la acción de tutela se presentó el 5 de julio de
2022, es decir 10 meses y 7 días después, superando el término de 6 meses
establecido jurisprudencialmente por esta Corporación. Además, la parte actora no
expuso ninguna circunstancia en particular para justificar su tardanza en la
interposición de la acción constitucional. Por consiguiente, el amparo constitucional
no cumple con el requisito de inmediatez, cuya observancia debe exigirse con mayor
rigor cuando se trata de cuestionar decisiones judiciales.
24. Por su parte, la Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional es necesario entrar a examinar dos elementos, a saber 32:
a). Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que
no basta enunciar los derechos presuntamente vulnerados, sino que su afectación
ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con
suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de
desvalor frente a los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela,
de cara a la definición que ha adoptado el juez, encargado por mandato
constitucional de definir el derecho, bajo la sacramental fórmula de administrar
justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe
permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone
aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.
b). Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso
ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, en la medida en que
este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales
y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial,
30 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
31 Según la información registrada en el aplicativo SAMAI.
32 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la
acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión
del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien con la determinación
contenida en la sentencia no se ve favorecido, pues sin lugar a dudas de lo que se
trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.
25. Revisados los planteamientos expuestos en el escrito de tutela, la Sala advierte
la falta de suficiencia en cuanto a su carga argumentativa. En efecto, la parte actora
puso de presente que la autoridad judicial accionada desconoció “las normas que
regulan la valoración de las pruebas, las formas propias del juicio y de las
actuaciones administrativas; la motivación de las decisiones de las autoridades”, sin
explicar clara ni suficientemente si la providencia enjuiciada se basó en normas
inexistentes, inconstitucionales o en disposiciones que no debían aplicarse al caso
concreto, si se realizó una indebida interpretación de ellas o si el juez se apartó del
procedimiento establecido para tramitar el medio de control de reparación directa.
25.1. En otras palabras, la parte promotora del recurso de amparo no cumplió con el
deber de indicar con rigor demostrativo el yerro o vicio que, en su sentir, se produjo
en el fallo que reprocha, pues en ninguno de sus argumentos logró identificar los
escenarios genéricos de configuración perfilados por la Corte Constitucional para
habilitar la intervención excepcional del juez de tutela, limitándose a enunciar la
transgresión al debido proceso y acceso a la administración de justicia. En tal
sentido, la parte actora realiza aproximaciones generales sin sustentar debidamente
las razones por las cuales aquella se produce.
25.2. En ese contexto, como se expuso anteriormente, no basta con que el actor
enuncie los derechos presuntamente conculcados y el defecto en el que, en su sentir,
incurrió la autoridad judicial accionada, sino que tal vulneración debe estar
justificada, es decir, tener una carga argumentativa mínima, en la que se expresen
con suficiencia las razones y motivos que, desde la perspectiva constitucional,
transgreden los derechos fundamentales de quien promueve la solicitud de amparo.
Por consiguiente, el presente asunto no satisface el requisito de relevancia
constitucional.
26. Por todo lo expuesto, la Sala declarará improcedente el amparo promovido por
la señora Evelyn Valencia Rojas.
27. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
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Radicación: 11001-03-15-000-2022-03681-00.
Accionante: Evelyn Valencia Rojas en rep. de Jhon Alexander Silva Chaparro.
Accionado: Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y otro.
Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia).
III. FALLA
PRIMERO: DECLARAR IMPROCEDENTE el amparo constitucional solicitado por la
señora Evelyn Valencia Rojas, por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente providencia.
SEGUNDO: Se ordena NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz.
TERCERO: De no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR esta actuación
a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE33
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
33 VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el enlace
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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