Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03705-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03705-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03705-00
Consejero ponente: Maria Adriana Marin
12 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN
Bogotá D.C., doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03705-00
Demandante: FUNDACIÓN DEFENSA DE LA INFORMACIÓN LEGAL Y
OPORTUNA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN QUINTA
Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA
La Sala 1 decide la acción de tutela interpuesta por la Fundación Defensa de la
Información Legal y Oportuna - Dilo Colombia contra la Sección Quinta del Consejo
de Estado.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1.1. Pretensiones
El 6 de julio de 2022, la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna –
Dilo Colombia, por conducto de apoderado judicial, interpuso acción de tutela contra
la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque consideró vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso. Formuló las siguientes pretensiones:
A partir de los argumentos expuestos, de manera atenta solicito que se tutele el
derecho fundamental al debido proceso, en el sentido de reconocer que la
Sección Quinta desconoció el precedente jurisprudencial aplicable frente al
concepto de víctima calificada destinataria de las CITREP y, en consecuencia,
se revoque el auto que negó la medida cautelar de suspender la posesión como
congresista de Jorge Rodrigo Tovar Vélez y, en su lugar, se suspendan los
efectos del acto de elección hasta tanto el Consejo de Estado decida
definitivamente sobre la demanda de nulidad electoral que cursa en su contra y
se evite la posesión como congresista el próximo 20 de julio.
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La Sala advierte que, el 21 de julio de 2022, el proceso ingresó al despacho de la magistrada
ponente, para elaborar el correspondiente proyecto de sentencia.
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Dilo Colombia
Demandado: Consejo de Estado, Sección Quinta
Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
1.2. Hechos
Los supuestos fácticos de la solicitud de amparo se resumen así:
En ejercicio del medio de control de nulidad electoral, la Fundación Defensa de la
Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia demandó, entre otros, el acto de
elección del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, como representante a la Cámara por
la Circunscripción Especial de Paz n° 12, para el periodo constitucional 2022-2026,
contenido en el formulario E-26 CTP del 21 de marzo del 2022, suscrito por la
Comisión Escrutadora General. Asimismo, la fundación demandante solicitó la
suspensión provisional de los efectos del acto administrativo demandado.
Mediante providencia del 19 de mayo de 2022, la Sección Quinta del Consejo de
Estado admitió la demanda electoral y negó la medida cautelar solicitada.
Contra la anterior decisión, la hoy accionante presentó recurso de reposición, el cual
fue resuelto en auto del 16 de junio de la misma anualidad, en el sentido de
confirmar la negativa frente a la suspensión provisional de los efectos del formulario
E-26 CTP del 21 de marzo de 2021, suscrito por la Comisión Escrutadora General,
que contiene el acto de elección del señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez.
1.3. Argumentos de la tutela
Concretamente, la fundación demandante sostuvo que el despacho judicial
accionado no tuvo en cuenta que el señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez no cumple con
los requisitos de elegibilidad para ocupar la curul que obtuvo, «por cuanto es hijo de
un connotado paramilitar cuyo accionar delictivo se concentró justamente en las
zonas que quedan enmarcadas por la CITREP 12, y porque dicha relación
consanguínea le ha permitido contar con ostentosos recursos económicos y una
posición social privilegiada que no coincide con la de las víctimas a las que va
dirigida la curul de paz».
Expuso que, en las providencias atacadas, la Sección Quinta del Consejo de Estado
incurrió en desconocimiento del precedente judicial establecido en las sentencias
SU-150 de 2021 y C-089 de 2022, en las cuales se estableció que la creación de las
curules de paz tiene como propósito garantizar la representación de las víctimas en
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
el Congreso de la República, como una medida de reparación en favor de quienes
han vivido al margen del desarrollo y han padecido las consecuencias de la
violencia, características que, a su juicio, no cumple el señor Jorge Rodrigo Tovar
Vélez, por lo que su elección deriva en una violación de las normas en que debería
fundarse.
Expuso que, aunque para la fecha en que se negó la solicitud de medida provisional,
e incluso cuando se resolvió desfavorablemente el recurso de reposición, todavía no
había sido publicada la sentencia C-089 de 2022, y solo se tenía conocimiento del
comunicado de prensa, lo cierto es que se omitió su valoración, a pesar de que el
propio Consejo de Estado ha establecido que las sentencias de constitucionalidad
producen efectos «a partir del día siguiente al que se adoptó la decisión sobre la
exequibilidad de la norma objeto de examen».
2. Trámite impartido e intervenciones
2.1. Mediante auto del 8 de julio de 2022, se admitió la solicitud de amparo y se
ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sección Quinta del
Consejo de Estado y, en calidad de terceros con interés, al señor Jorge Rodrigo
Tovar Vélez, al presidente del Consejo Nacional Electoral, al registrador nacional del
Estado Civil y al director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las
Víctimas. Asimismo, se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica
del Estado.
2.2. El Consejo Nacional Electoral se opuso a la prosperidad de las pretensiones de
la tutela, para lo cual manifestó que no ha se ha presentado ninguna vulneración a
los derechos de la accionante por parte de esa entidad, por lo que solicitó que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva.
2.3. La Registraduría Nacional del Estado Civil rindió un informe sobre la naturaleza
de sus funciones y solicitó que se le desvinculara de la tutela por falta de
legitimación en la causa por pasiva, pues las pretensiones de la demanda están
dirigidas en contra de decisiones judiciales en las cuales dicha entidad no tiene
injerencia alguna.
2.4. La Sección Quinta del Consejo de Estado, por conducto de la magistrada Rocío
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Araújo Oñate, rindió el informe respectivo y solicitó que se negara el amparo
solicitado.
Manifestó que, mediante el ejercicio de la tutela, la fundación accionante estaba
reiterando los argumentos que ya fueron expuestos y estudiados en el proceso
judicial ordinario, por lo que resultaba evidente que pretendía usar ese mecanismo
constitucional como una tercera instancia.
Expuso que, en las providencias atacadas, se explicó por qué se encontró
provisionalmente acreditado, en forma objetiva, que el señor Tovar Vélez podría ser
considerado como víctima para efectos de su inscripción, sin embargo, dicho asunto
será objeto de valoración probatoria completa con todas las pruebas que se
recauden en el proceso, en la sentencia de fondo, sin que dicha determinación
preliminar configure la vulneración de los derechos y garantías de la parte actora.
Finalmente, expuso que los comunicados de prensa son meramente informativos de
las razones que soportan una decisión determinada de la Corte Constitucional, pero
que es del fallo definitivo del que se puede extraer la ratio decidendi, por lo que, al
no haberse publicado la sentencia C-089 del 2022, no era procedente efectuar un
análisis de la misma frente a la pretensión de suspensión del acto demandado en
sede de nulidad electoral.
2.4. El señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, la Unidad para la Atención y Reparación
Integral a las Víctimas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado
guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
1. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los
derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de
cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita
expresamente la ley.
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La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo
que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En
todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho
fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá
examinar si existe perjuicio irremediable y, de existir, concederá el amparo
impetrado, siempre que esté acreditada la razón para conferir la tutela.
En principio, la Sala Plena de esta Corporación consideraba que la acción de tutela
era improcedente contra las providencias judiciales; sin embargo, a partir del año
2012 2 , aceptó su procedencia, conforme con las reglas que ha fijado la Corte
Constitucional, esto es, cuando la misma viole flagrantemente algún derecho
fundamental.
Con todo, la tutela no puede convertirse en la instancia adicional de los procesos
judiciales, pues los principios de seguridad jurídica y de coherencia del
ordenamiento jurídico no permiten la revisión permanente y a perpetuidad de las
decisiones judiciales y, por tanto, no puede admitirse la procedencia de la tutela
contra providencias judiciales, sin mayores excepciones.
Para aceptar la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, entonces, el
juez de tutela debe verificar el cumplimiento de los requisitos generales y específicos
que fijó la Corte Constitucional, en la sentencia C-590 de 2005.
Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela
contra providencias judiciales son: (i) que el actor indique los hechos y las razones
en que se fundamenta la acción; (ii) que el accionante hubiera utilizado todos los
mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección
de sus derechos fundamentales (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera
interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente
relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de
tutela.
En relación con este último requisito general, cabe anotar que la Corte
Constitucional, en sentencia SU-627 de 2015, estableció que la acción de tutela
2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009-01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth García
González.
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contra decisiones proferidas en sede de tutela procede en dos eventos
excepcionales.
El primero de ellos se presenta cuando la solicitud de amparo está dirigida contra
actuaciones del proceso ocurridas antes de la sentencia, consistentes, por ejemplo,
en la omisión del deber del juez de informar, notificar o vincular a terceros que
podrían verse afectados con la decisión. El segundo, por su parte, acaece cuando
con la acción de tutela se busca proteger un derecho fundamental que habría sido
vulnerado en el trámite del incidente de desacato.
Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas
genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la presencia
de alguno de los siguientes defectos o vicios de fondo: (i) defecto sustantivo, (ii)
defecto fáctico, (iii) defecto procedimental absoluto, (iv) defecto orgánico, (v) error
inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del precedente y (viii)
violación directa de la Constitución. La Corte Constitucional describió tales causales,
así:
a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió
la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.
b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó
completamente al margen del procedimiento establecido.
c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que
permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con
base en normas inexistentes o inconstitucionales o que presentan una
evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.
e. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un
engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una
decisión que afecta derechos fundamentales.
f. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la
legitimidad de su órbita funcional.
g. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo,
cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho
fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho
alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la
eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho
fundamental vulnerado.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
h. Violación directa de la Constitución.
Conviene decir, además, que al demandante le corresponde identificar y sustentar la
causal específica de procedibilidad y exponer las razones que sustentan la violación
de los derechos fundamentales. Para el efecto, no basta con manifestar
inconformidad o desacuerdo con las decisiones tomadas por los jueces de instancia,
sino que es necesario que el interesado demuestre que la providencia cuestionada
ha incurrido en alguna de las causales específicas para la procedencia de la acción
de tutela contra providencias judiciales. De lo contrario, la tutela carecería de
relevancia constitucional.
Justamente, las causales específicas que ha decantado la Corte Constitucional (y
que han venido aplicando la mayoría de las autoridades judiciales) buscan que la
tutela no se convierta en una instancia adicional para que las partes reabran
discusiones que son propias de los procesos judiciales ordinarios o expongan los
argumentos que dejaron de proponer oportunamente.
Por último, cabe anotar que, en recientes pronunciamientos3, la Corte Constitucional
ha restringido aún más la posibilidad de cuestionar, por vía de tutela, las
providencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. En
ese sentido, la Corte señaló que, además del cumplimiento de los requisitos
generales y la configuración de una de las causales específicas antes mencionados,
la acción de tutela contra providencias proferidas por los denominados órganos de
cierre, «sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la
Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la
Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o
cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad, esto es, cuando se
configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez
constitucional».
2. Problema Jurídico
En primer lugar, corresponde a la Sala determinar si la solicitud de amparo cumple
con los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial, particularmente,
el de subsidiariedad. Si se cumplen, deberá abordarse el estudio de fondo del
3
Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
asunto, con el fin de establecer si la Sección Quinta del Consejo de Estado vulneró
los derechos fundamentales de la Fundación Defensa de la Información Legal y
Oportuna – Dilo Colombia, al proferir los autos del 19 de mayo y 26 de junio de
2022, mediante los cuales se negó la medida cautelar de suspensión provisional del
acto de elección del señor José Rodrigo Tovar Vélez.
3. Análisis de la Sala
3.1. Caso concreto y solución del problema jurídico
De entrada, la Sala anticipa que, la presente tutela deviene en improcedente por
incumplimiento del requisito de subsidiariedad, como pasa a exponerse.
En el sub lite, la Fundación Defensa de la Información Legal y Oportuna – Dilo
Colombia indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado, al proferir los autos
del 19 de mayo y 26 de junio de 2022, incurrió en desconocimiento del precedente
establecido en las sentencias SU-150 de 2021 y C-089 de 2022, en las cuales se
estableció que la creación de las curules de paz tiene como propósito garantizar la
representación de las víctimas en el Congreso de la República, como una medida
de reparación en favor de quienes han vivido al margen del desarrollo y han
padecido las consecuencias de la violencia, características que, a su juicio, no
cumple el señor Jorge Rodrigo Tovar Vélez, por lo que su elección deriva en una
violación de las normas en que debería fundarse.
Pues bien, la Corte Constitucional, en la sentencia T-113 de 20134, consideró que
cuando se cuestionan providencias judiciales, la subsidiariedad debe analizarse a
partir de dos supuestos, así:
En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden
presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido; o ii) que el
proceso judicial se encuentre en curso. Lo anterior constituye un factor para
diferenciar el papel del juez constitucional en cada caso, de una parte, si se
enfrenta a la revisión de la actuación judicial de un proceso concluido deberá
asegurarse que la acción de amparo no se está utilizando para revivir
oportunidades procesales vencidas, que se agotaron todos los recursos
previstos por el proceso judicial para cuestionar las decisiones impugnadas y
que no se emplea la acción de amparo como una instancia adicional. De otra
parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del juez
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M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de tutela
no es un mecanismo alternativo o paralelo, pero puede resultar necesaria
para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales.
Así las cosas, cuando el proceso judicial en el cual se profirió la providencia
cuestionada no ha concluido, por regla general, la acción de tutela deviene en
improcedente, pues es el proceso ordinario el escenario idóneo y eficaz para
solicitar la protección de los derechos que las partes consideren vulnerados; sin
embargo, la tutela podría ser un mecanismo excepcional para proteger esos
derechos de manera transitoria, si se demuestra la existencia de un perjuicio
irremediable que exija la intervención del juez de tutela y de esa manera evitar la
vulneración de los derechos fundamentales de las partes.
Revisado el sistema de consulta de procesos de la Rama Judicial, se advierte que el
proceso de nulidad electoral con radicado número 11001-03-28-000-2022-00036-00,
se encuentra en curso, pues la última actuación registrada por el despacho de la
ponente data del 21 de julio de la presente anualidad, mediante el cual se notificó el
auto del 18 de julio de 2022, que remitió el proceso a la Secretaría de la Sección,
para el estudio de una posible acumulación. Luego de esa anotación, se registraron
otras dos más, correspondientes a la llegada de memoriales presentados por
ciudadanos que buscan coadyuvar las pretensiones de la demanda de nulidad
electoral instaurada por la Fundación Dilo Colombia, fechados el 22 de julio y el 2 de
agosto de 2022.
Por tanto, de acuerdo con lo dispuesto por la Corte Constitucional, como el proceso
judicial aún no ha concluido, el juez de tutela, en principio, no podría inmiscuirse en
este asunto; sin embargo, le corresponde a la Sala determinar si en este caso se
advierte la existencia de un perjuicio irremediable que justifique la intervención
excepcional por vía de tutela.
La Sala advierte que en el presente caso no resulta procedente el amparo de
manera transitoria, puesto que, si bien la parte actora alega la configuración de un
perjuicio irremediable de las víctimas y de la paz nacional, al valorar las
circunstancias fácticas descritas en la acción de tutela, no se aprecia la
concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la
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configuración de un perjuicio irremediable, como son la inminencia, la urgencia, la
gravedad y la impostergabilidad de la acción.
En efecto, no se aprecia una amenaza inminente sobre los derechos fundamentales
de la parte accionante, pues el hecho de que en principio se hubiera negado la
medida cautelar solicitada no implica necesariamente que en ese mismo sentido se
proferirá la sentencia que ponga fin a la controversia. Como bien señaló en su
intervención la magistrada ponente de la providencia cuestionada, la cuestión sobre
la nulidad de la elección del señor José Rodrigo Tovar Vélez está aún por definirse
y, para tal fin, se requiere de un análisis integral de los elementos de prueba que se
aporten al proceso, lo cual, según afirmó, se realizará en la sentencia.
De allí que mal haría esta Subsección, en calidad de juez de tutela y sin contar con
el acervo probatorio suficiente, el cual, valga reiterar, apenas se está recaudando en
el proceso de nulidad electoral, en anticipársele a la Sección Quinta en la resolución
de asunto que, conforme lo establece la Ley, es de su exclusiva competencia.
Contrario a lo sostenido la parte actora, que reclama una intervención urgente del
juez de tutela, la Sala no encuentra justificación alguna para hacerlo, dado que,
como se vio, el debate concerniente a la legalidad o no del acto de elección del
señor Tovar Vélez no ha culminado; incluso, si la Sección Quinta así lo considera,
podrá examinar los cuestionamientos de la Fundación Dilo respecto de la incidencia
que, para la suerte del proceso de nulidad electoral por ella promovido, tiene lo
decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-089 de 20225, cuyo texto
completo ya fue publicado.
En otras palabras, el proceso de nulidad electoral se encuentra en trámite y, por
tanto, es ese el escenario propicio 6 para que la fundación Dilo Colombia pueda
alegar las circunstancias expuestas en la acción de tutela. Además, como lo prevé
el artículo 229 del CPACA, la decisión que se adoptó sobre la medida cautelar no
implica prejuzgamiento, por lo que lo procedente es esperar que el juez natural de la
causa dicte la sentencia que defina el litigio.
5
Mediante la cual se declaró exequible el Acto Legislativo No. 2 del 25 de agosto de 2021, «[p]or
medio del cual se crean 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cámara de
Representantes en los periodos 2022-2026 y 2026-2030». M.P. Paola Meneses Mosquera.
6
Al respecto, ver, entre otras las sentencias T-103 de 2014, T-211 de 2009 y T-003 de 2014.
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Referencia: sentencia de tutela de primera instancia
No están dadas, pues, las condiciones para que proceda la tutela como mecanismo
transitorio y, por ende, como se anticipó, la Sala declarará improcedente la acción
de tutela, por incumplimiento del requisito de subsidiariedad. Ciertamente, el
fundamento de la subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que
tiene un campo restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de
protección de los derechos fundamentales, pues la Constitución y la Ley estipulan
una serie de mecanismos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el
ejercicio pleno de los derechos.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
F A L L A:
PRIMERO. Declarar improcedente el amparo solicitado por la Fundación Defensa
de la Información Legal y Oportuna – Dilo Colombia, por lo razonado en la parte
motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las partes y a los interesados por el
medio más expedito y eficaz.
TERCERO. De no ser impugnada esta sentencia, envíese el expediente de tutela a
la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de
su encabezado y que se firma en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el siguiente enlace:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
VF
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