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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03715-00

Fecha
18 de agosto de 2022
Consejero ponente
Myriam Stella Gutierrez Arguello

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03715-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por José Ángel Cárdenas Riveros y otros en lo relativo al defecto fáctico, conforme las razones expuestas en esta providencia. 2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por José Ángel Cárdenas Riveros y otros frente al defecto por desconocimiento del precedente judicial, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de este fallo. 3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito. 4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado. 5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03715-00

Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello

18 de agosto de 2022

Radicado: 11001-03-15-000-2022-03715-00
Demandante: José Ángel Cárdenas Riveros y otros

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

Bogotá D.C., dieciocho (18) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03715-00
Demandante JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS RIVEROS Y OTROS
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA, SALA SEXTA DE
DECISIÓN Y EL JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DE NEIVA.
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Presupuestos
generales y especiales de procedibilidad. La relevancia
constitucional. Defectos: fáctico y desconocimiento del precedente
judicial. Medio de control de reparación directa. Reconocimiento
del daño moral. Presunción de aflicción.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
Corresponde a la Sección Cuarta del Consejo de Estado, decidir en primera
instancia la acción de tutela instaurada por José Ángel Cárdenas Riveros y otros,
de conformidad con lo dispuesto por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021.

ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 7 de julio de 20221, José Ángel Cárdenas Riveros, Ángel Leonardo Cárdenas
Bonilla y Alejandra Cárdenas Bonilla, por conducto de apoderado judicial,
interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta
de Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva por considerar vulnerados
sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En consecuencia,
formularon las siguientes pretensiones2:
“Primero. - Que se dignen amparar los derechos fundamentales al debido proceso y derecho
a la igualdad, invocados por los accionantes (…).
Segundo.- Que, como consecuencia del amparo constitucional solicitado, se dignen
REVOCAR la sentencia de primera instancia de fecha 15 de mayo de 2020, emitida por el
Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva, y la de segunda instancia de
fecha 25 de enero de 2022, mediante la cual la SALA SEXTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DEL HUILA confirmó la primera y EN SU LUGAR, emitir una decisión en
donde se les reconozca y se ordene pagar a favor de los accionantes (…) una indemnización
de los perjuicios morales que sufrieron por la muerte trágica de Jefferson Javier Cárdenas
Tovar, en los porcentajes que para cada caso tiene establecido la jurisprudencia
constitucional.”

2. Hechos

En el expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

2.1. El 29 de noviembre de 2013, Jefferson Javier Cárdenas Tovar fue capturado
por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación Judicial de la Fiscalía

1 La acción de tutela se radicó a través correo electrónico remitido al buzón de notificaciones de la Secretaría
General de la Corporación. Consultado a través del sistema de gestión judicial del Consejo de Estado:
SAMAI (índice 2).
2 Página 25 de la acción de tutela. Expediente digitalizado. Samai, índice 2.

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Demandante: José Ángel Cárdenas Riveros y otros

General de la Nación y, posteriormente, dirigido a la sala de capturados del
Palacio de Justicia de Neiva “Rodrigo Lara Bonilla”, quedando bajo la custodia
del CTI.
Ese mismo día, a las 23:00 horas, una funcionaria del CTI informó sobre una
explosión en la sala de capturados en la que se encontraba Jefferson Javier
Cárdenas Tovar, quien sufrió quemaduras en su cuerpo y posteriormente
falleció.
2.2. Con ocasión de estos hechos, los familiares del señor Jefferson Javier
Cárdenas Tovar interpusieron demanda en ejercicio del medio de control de
reparación directa contra la Nación- Fiscalía General de la Nación, para que
se declarara su responsabilidad administrativa y patrimonial y se la condenara
a la indemnización de los perjuicios sufridos por los demandantes.
El proceso fue identificado con la radicación nro. 41 001 33 33 005 2015 00443
01, incoado por la familia por línea materna de la víctima directa, expediente
al que fue acumulado el radicado nro. 41 001 33 33 006 2016 00141 00,
promovido por la familia por línea paterna de la víctima directa.
2.3. El 15 de mayo de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Neiva
emitió sentencia en la que declaró la responsabilidad administrativa y
patrimonial de la Nación, Fiscalía General de la Nación por la muerte de
Jefferson Javier Cárdenas Tovar. Como consecuencia de lo anterior, ordenó
el pago de perjuicios de orden moral a favor de las siguientes personas y en
los siguientes montos:
DEMANDANTE CALIDAD FAMILIAR S.M.L.M.V
MARÍA YENY TOVAR SALAZAR Madre 100
EDINSON TRUJILLO BARRETO Padrastro 100
KENIA GIMENA TRUJILLO TOVAR Hermana (menor de edad) 50
LISETH FRAUSULY STERLING TOVAR Hermana 50
MARTA SALAZAR Abuela Materna 50
CONSUELO TOVAR SALAZAR Tía Materna 35

En el numeral sexto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia,
se indicó lo siguiente en relación con los hoy accionantes: “SEXTO: NEGAR las
pretensiones para los demandantes JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS (PADRE), ALEJANDRA
CÁRDENAS BONILLA (HERMANA) Y ÁNGEL LEONARDO CÁRDENAS BONILLA
(HERMANO), en el expediente Acumulado con Radicado No. 41001-3333-006-2016-00141-
00”

Como fundamento de esta determinación en concreto, el juez indicó que, si
bien el perjuicio moral se presume en relación con los familiares con ciertos
grados de consanguinidad que comprende hermanos y padres de la víctima
directa, esta presunción es de orden legal por lo que admite prueba en
contrario. Consideró el despacho judicial de primera instancia que las pruebas
del proceso, en especial la prueba testimonial, daba cuenta de que los señores
José Ángel Cárdenas (Padre), Alejandra Cárdenas Bonilla (Hermana) y Ángel Leonardo
Cárdenas Bonilla (Hermano), no tenían una relación afectiva con Jefferson Javier
Cárdenas Tovar.

En particular, respecto del señor José Ángel Cárdenas se expuso que los
medios de convicción daban cuenta de “(…) el abandono de su hijo desde su
nacimiento, negándose a reconocer que éste fuera suyo, señalando además que no asistía al
ICBF para la realización de la prueba de ADN, y que finalmente fue por orden judicial que se
dispuso el reconocimiento como padre del joven CÁRDENAS TOVAR, igualmente, la falta de
apoyo económico para su sostenimiento, y en general su ausencia durante el desarrollo de la
vida de su hijo incluso en el momento de su fallecimiento pues no compareció a las honras
fúnebres.”3

3 Expediente digitalizado del medio de control de reparación directa nro. 41001-33-33-005-2015-00443-00 y
41001-33-33-006-2016-00141-00 (Acumulado). Página 47 del archivo denominado “001Sentencia”.

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2.4. Entre otros, los demandantes dentro del proceso 2016-00141-00 (familiares
por línea paterna de la víctima directa), interpusieron recurso de apelación
contra la sentencia de primera instancia. Expusieron, en resumen, las
siguientes inconformidades relativas a la indebida valoración de las pruebas
del proceso:

(i) El juez de primera instancia incurrió en desaciertos e imprecisiones al valorar los
testimonios aportados por la parte demandante (familiares en línea materna del
occiso) y no se percató de que se trataba de testigos preparados para declarar en
contra de la relación del señor José Ángel Cárdenas con su hijo.
(ii) Que las declarantes eran amigas de la señora María Yeny y no fueron testigos del
dolor que padeció el señor José Ángel Cárdenas Riveros al enterarse de la muerte
de su hijo.
(iii) El juez no dio el peso probatorio correspondiente al testimonio de José Farith
Rodríguez quien estaba presente cuando el señor José Ángel Cárdenas Riveros se
enteró del fallecimiento de su hijo.
(iv) Los perjuicios morales quedaron demostrados con el testimonio del señor José
Farith Rodríguez y con la presunción legal de aflicción desarrollada por la
jurisprudencia contenciosa.
(v) El a quo aplicó una sentencia del Consejo de Estado de fecha 12 de noviembre de
1992, que no constituye doctrina probable, ni precedente.

2.5. En sentencia del 25 de enero de 2022, el Tribunal Administrativo del Huila
confirmó la decisión de primera instancia en lo relativo a negar el
reconocimiento de perjuicios a favor de los demandantes dentro del proceso
nro. 2016-00141-00, pues, aunque se acreditó la relación de consanguinidad
a partir de los registros civiles de nacimiento, no se probó la convivencia con
la víctima o que existieran relaciones de trato, afecto y/o cercanía que
permitieran acceder al reconocimiento del daño moral.

La notificación de la providencia se surtió el 8 de febrero de 2022.

3. Fundamentos de la acción

Los accionantes consideran que el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Neiva, en primera instancia, y el Tribunal Administrativo del Huila, en segunda,
incurrieron en (i) indebida valoración de los medios de convicción allegados al
proceso, en especial de la prueba testimonial, y en (ii) desconocimiento del
precedente judicial frente a la acreditación, reconocimiento y liquidación de los
perjuicios morales en casos en los que se discute la responsabilidad
extracontractual del Estado derivada de la muerte de una persona.

Relativo a la prueba testimonial destacaron que las declaraciones de las señoras
María Cecilia Hermosa, Amalia Aldana Trujillo y María Helí Herrera Patio, que
sirvieron de apoyo a la decisión de no reconocer el perjuicio moral a favor de la
familia por línea paterna del occiso, eran testigos preparados. Destaca que estas
personas tienen una relación íntima de amistad con María Yeny Tovar, madre del
occiso, quien guarda resentimiento hacia el señor Cárdenas Riveros del cual
conocen las declarantes y, en razón a ello, fueron coincidentes al manifestar
“manejando el mismo libreto” que, entre el padre biológico y el hijo no había una
relación de afecto.

Alegaron que los jueces de instancia otorgaron credibilidad al contenido de sus
declaraciones sin tener en cuenta el grado de amistad que las unía a la madre del
occiso, que no se trató de testigos directos y que no presenciaron el dolor que
padeció el señor Cárdenas Riveros al conocer la trágica muerte de su hijo. En
concreto, destacan que las pruebas no fueron valoradas conforme a las reglas de
la sana crítica.

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Demandante: José Ángel Cárdenas Riveros y otros

En el escrito de tutela, se justificó el dicho de los anteriores testigos, en las
siguientes palabras:
“(…) lo que ocurrió fue que José Ángel Cárdenas Riveros (…) tan pronto supo del embarazo
de María Yeny, se abstuvo de reconocer que el fuera el padre de esa criatura y se mantuvo
renuente en razón a que (…) ellos tuvieron relación íntima una sola vez, lo cual hace
comprensible la posición renuente (…).
Por la decisión de no acceder a reconocer de inmediato que él era el padre del niño (…) María
Yeni se enfureció, se alejó de él, lo demandó y se casó con otro (…). Ese enojo de María Yeni
(…) persiste hasta la fecha y ello explica por qué consiguió a sus amigas (…) para que
declararan así (…).
En segundo lugar, no es del todo cierto que Jefferson Javier, en vida no haya recibido ayuda
económica de su padre biológico José Ángel Cárdenas, ya que el embargo por alimentos se
hizo efectivo y María Yeny su madre cobró varios títulos judiciales (…)”4

De otra parte, estima que la declaración que sí tenía relevancia especial por tratarse
de un testigo directo de los hechos (prueba directa), como lo era el señor José Farith
fue valorado con ligereza. No se consideró su dicho en relación con el dolor que
sintieron el señor Cárdenas Riveros y sus hijos al conocer sobre el fallecimiento de
Jefferson Cárdenas Tovar.

En el escrito de tutela, se destacó el siguiente aparte de la declaración del señor
José Farith: “José Ángel Cárdenas estaba bastante consternado por la muerte de su hijo, lo mismo
que su núcleo familiar estaba bastante acongojados, acomplejados (…).” 5

Luego estima que el perjuicio moral, en relación con los familiares por línea paterna
del occiso, quedó suficientemente acreditado con el testimonio de José Farith, al
que calificó como una prueba directa, y con la presunción de aflicción frente a la
pérdida de un familiar que ha desarrollado la jurisprudencia colombiana.

De otra parte, en cuanto al fundamento jurídico que sustentó las decisiones de
instancia, los accionantes indicaron que se limitó a una sentencia del Consejo de
Estado del 12 de noviembre de 1992, pero que las autoridades judiciales omitieron
considerar precedente más reciente que contradice la tesis allí expuesta, como las
siguientes providencias:

• Sala de Casación Civil de la Corte Suprema. Magistrado ponente: Ariel Salazar Ramírez.
Radicación nro. 05001-31-03-003-2005-00174-01. De la providencia se destacó que el
daño moral no es susceptible de ser probado a través de pruebas técnicas o científicas.
• Sala de Casación Civil, Corte Suprema de Justicia. Magistrado ponente: Silvio Fernando
Trejos. Radicación nro. 5173. De la que se destaca que el perjuicio moral se puede
acreditar con la prueba de la condición de hijos, cónyuges o compañeros permanentes
del fallecido.
• Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia. Magistrado ponente: Ariel Salazar
Ramírez. Radicación nro. 05001-31-03-003-2005-00174-01. De la providencia se destacó
que para probar el perjuicio moral basta con aportar el registro civil de nacimiento que
acredite el parentesco, cuando se trate de padres o hijos.
• Sección Tercera del Consejo de Estado. Magistrado ponente: Alier Eduardo Hernández.
Sentencia del 19 de julio de 2001. Radicación nro. 52001-23-31-000-1995-6703-01
(13086). De la sentencia se resaltó que, lo común es que los padres, hijos y hermanos se
amen entre sí y, por lo tanto, sufran con la desaparición de uno de ellos.
• Sección Tercera del Consejo de Estado. Magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez.
Sentencia del 14 de agosto de 2008. Radicación nro. 47001-23-31-000-1995-03986-01
(16413). De la sentencia se destacó que son suficientes las pruebas del estado civil, para
que se considere acreditado, indiciariamente, el daño moral.
• Sección Tercera del Consejo de Estado. Magistrado ponente: Danilo Rojas Betancourth.
Sentencia del 26 de febrero de 2018. Radicación nro. 66001-23-31-000-2007-00005-01

4 Página 20 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
5 Página 15 del escrito de tutela. Samai, índice 2.

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(36853). En relación con el reconocimiento del perjuicio moral indicó que basta con la
acreditación del parentesco para que pueda inferirse la causación del daño moral respecto
de los familiares hasta el segundo grado de consanguinidad y primero civil.
• Sección Tercera del Consejo de Estado. Magistrada ponente Ruth Stella Correa Palacio.
Sentencia del 27 de abril de 2011. Proceso nro. 17001-23-31-000-1996-7003-01 (20374).
De la sentencia se destacó la argumentación tendiente a indicar que las declaraciones
contradictorias de los testigos en torno a la aflicción que sintieron algunos familiares de la
víctima directa con su deceso, conllevaba a que se descartaran los testimonios como
medio de prueba y se diera aplicación exclusiva a la presunción de aflicción a efectos del
reconocimiento del perjuicio moral.

Finalmente, relativo al derecho a la igualdad, en el escrito de tutela se reprochó que
las autoridades judiciales accionadas desconocieron el derecho a la igualdad del
señor José Ángel Cárdenas Riveros, porque reconocieron 100 SMLMV al señor
Edison Trujillo, sin ser pariente de la víctima directa, sino apenas por ser el “marido”
de María Yeni, lo que, a juicio de la parte actora, se traduce además en una
“interpretación sesgada sobre el sufrimiento del padre biológico”. En una línea
similar, expusieron su desacuerdo con el hecho de que a los hermanos por línea
materna de la víctima directa se les hubiere reconocido el perjuicio moral por suma
de 50 SMLV, pero hubiera sido negada esta indemnización respecto de los
hermanos paternos.

4. Trámite impartido e intervenciones

4.1. En auto del 13 de julio de 2022, el despacho ponente admitió la acción de
tutela interpuesta por José Ángel Cárdenas Riveros, Ángel Leonardo
Cárdenas Bonilla y Alejandra Cárdenas Bonilla, quienes actúan a través de
apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Huila, Sala Sexta de
Decisión y el Juzgado Quinto Administrativo de Neiva; y vinculó, en calidad
de terceros con interés a la Nación, Rama Judicial, Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y a la Fiscalía General de la Nación; a María Yeny
Tovar Salazar, Edison Trujillo Barreto, Kenia Gimena Trujillo Tovar, Liseth
Fraisuly Sterling Tovar, Marta Salazar, Consuelo Tovar Salazar, Arbeláez
Trujillo Ipuz y Rosa Nora Barreto Gómez, todos estos sujetos procesales que
actuaron en el proceso de reparación directa Nro. 41001-33-33-005- 2015-
00443-01 (acumulado: 41001-33-33-006-2016-00141-00).
4.2. La Fiscalía General de la Nación, por conducto de profesional especializada
de la Dirección de Asuntos Jurídicos, solicitó que se declare la improcedencia
de la acción de tutela debido al incumplimiento de los requisitos de
subsidiariedad, de relevancia constitucional y de carga argumentativa
suficiente frente a las causales específicas de procedibilidad de mecanismo
constitucional.
Respecto del defecto fáctico destacó que los jueces de instancia valoraron los
medios de prueba en aplicación de las reglas de la sana crítica y en ejercicio
razonable de los principios de autonomía e independencia, sin que se
identifique un error flagrante que justifique la intervención del juez
constitucional.
Agregó que, la real pretensión de la parte actora es retrotraer, a través de la
acción de tutela, las etapas procesales que ya surtieron su trámite para
procurar una decisión favorable a sus pretensiones indemnizatorias, propósito
que, a más de ser de índole meramente económico, contraría la naturaleza
subsidiaria de la acción de amparo.
4.3. El Tribunal Administrativo del Huila, el juez Quinto Administrativo del
Circuito de Neiva, la Rama Judicial y los señores María Yeny Tovar Salazar,
Edison Trujillo Barreto, Kenia Gimena Trujillo Tovar, Liseth Fraisuly

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Demandante: José Ángel Cárdenas Riveros y otros

Sterling Tovar, Marta Salazar, Consuelo Tovar Salazar, Arbeláez Trujillo
Ipuz y Rosa Nora Barreto Gómez guardaron silencio frente a la acción de
tutela6.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 19917, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. De la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos generales8
y especiales9 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se deben reunir
todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o requisitos
especiales de la acción.

De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional10 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.

Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso.

6 Las constancias de notificación del auto admisorio de la acción de tutela, frente al Juzgado y al Tribunal
Administrativo del Huila, del Juzgado Quinto Administrativo de Neiva y de la Rama Judicial obran en el índice
7 de Samai. La constancia de notificación de los señores María Yeny Tovar Salazar, Edison Trujillo Barreto,
Kenia Gimena Trujillo Tovar, Liseth Fraisuly Sterling Tovar, Marta Salazar, Consuelo Tovar Salazar,
Arbeláez Trujillo Ipuz y Rosa Nora Barreto Gómez guardaron obran en el índice 6 de Samai.
7 Decreto 2591 de 1991, Art. 1º: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo
momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su
nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
8 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya utilizado
todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus derechos
fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial (inmediatez);
iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión proferida en
sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
9 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
10 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.

6

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3. Planteamiento del problema jurídico

La parte accionante considera que la decisión de negar el reconocimiento de los
perjuicios morales a la familia por vía paterna de la víctima directa se fundamentó
en la indebida valoración de la prueba testimonial y en la aplicación de un marco
jurisprudencial desactualizado.

Establecido lo anterior, por tratarse de una acción de tutela contra providencia
judicial, debe la Sala en primera medida corroborar el cumplimiento de los requisitos
generales de procedibilidad. De superarse este primer análisis, se pasará a
determinar si la sentencia del 25 de enero de 2022, proferida por la Sala Sexta de
Decisión del Tribunal Administrativo del Huila incurrió en defecto fáctico y en
desconocimiento del precedente judicial.

Se aclara que se restringió el análisis del caso a la providencia judicial emitida por
el Tribunal Administrativo del Huila, dado que las inconformidades contra la
sentencia de primera instancia se deben presentar dentro del proceso ordinario en
ejercicio del recurso de apelación. En esa medida, es en la segunda instancia donde
se define la controversia y en la que corresponde al juez de tutela concentrar el
análisis de la alegada vulneración iusfundamental.

4. La tutela no supera el presupuesto de relevancia constitucional frente al
cargo por indebida valoración de la prueba testimonial

4.1. La procedencia de la tutela contra providencias judiciales está condicionada a
que el asunto sea de evidente relevancia constitucional. Y aunque no siempre
es sencillo dilucidar la línea que separa aquellos casos que son de relevancia
constitucional y los que no, esta Sala de Decisión, a partir de lo señalado por
la Sala Plena del Consejo de Estado en Sentencia de unificación de 5 de
agosto de 2014 y por la Corte Constitucional en la Sentencia T–248 de 2018,
ha fijado algunos criterios orientadores para determinar si una solicitud de
amparo de tutela cumple o no con este requisito:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración
de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse
para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente
económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto
de la acción de tutela.
(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia
constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en
cuenta, para el efecto, que “no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos
fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra
providencias judiciales”11. Es necesario que el interesado exponga de manera clara
las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los
derechos fundamentales.
(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones
de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela
debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener
relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una
expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.
(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el
proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está
concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o
modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez
natural.

11 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014.
Radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01. C. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. Demandante: Alpina
Productos Alimenticios S.A. Demandado: Consejo De Estado – Sección Primera.

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Demandante: José Ángel Cárdenas Riveros y otros

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso
ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que
sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos
fundamentales, su uso está proscrito cuando se emplea como si fuera una instancia
adicional del proceso ordinario.

En línea con el último criterio de la relevancia constitucional, corresponde al
juez verificar que la tutela no se esté utilizando como si fuera una instancia
adicional al proceso en el cual se profirió la providencia atacada. Para tal
propósito, le corresponde estudiar si los cargos expuestos en el proceso en
que se profirió la providencia cuestionada y los desarrollados en el escrito de
tutela son iguales; y si estos fueron resueltos integralmente por el juez natural.

4.2. Los accionantes acusaron que, el Tribunal Administrativo del Huila incurrió en
indebida valoración de la prueba testimonial, porque no consideró que las
declaraciones que se aportaron para desvirtuar los lazos de afecto entre
Jefferson Cárdenas Tovar y su familia paterna, provenían de personas que
tenían una estrecha relación de amistad con la madre del fallecido quien, a su
vez, guarda resentimiento respecto del señor José Ángel Cárdenas Riveros.

Destacó que esa situación afectó la imparcialidad de los declarantes e indicó
que se trataba de testigos preparados, cuyo dicho estaba determinado por un
“libreto” común.

También se discute que la accionada no le otorgó suficiente peso de
convicción al testimonio del señor José Farith Rodríguez, quien presenció la
aflicción de los familiares por línea paterna de la víctima directa, al enterarse
de su deceso.

Al comparar estos argumentos con los del recurso de apelación que interpuso
la parte demandante contra la sentencia de primera instancia proferida por el
Juez Quinto Administrativo del Circuito de Neiva; evidencia la Sala que, en su
mayoría, son coincidentes.

Del recurso de apelación12, se extractan los siguientes apartes a efectos de
evidenciar su similitud con el alegato de los accionantes relativo a la indebida
valoración de la prueba testimonial. Veamos:
“Un primer desacierto- en cuanto a las pruebas testimoniales consistió en negar el
reconocimiento de los perjuicios morales, basándose en pruebas testimoniales
“preparadas”, en las cuales - María Cecilia Hermosa, Amalia Aldana Trujillo, María Helí
Herrera Patio, coinciden en declarar la falta de cercanía de JOSE ÁNGEL CÁRDENAS,
con su hijo (…)
✓ Las señoras todas coincidieron en decir que, entre el padre biológico y su hijo, no
hubo mucho acercamiento, lo que hace presumir que fueron preparadas para que
así declararan.
✓ Ninguna de las testigos dijo que el padre biológico no hubiese sentido dolor, tristeza
y aflicción por la muerte de su hijo, en cambio el testigo JOSE FARITH
RODRÍGUEZ, en audiencia de pruebas realizada el 3 de abril de 2018, sí declaró
que fue testigo presencial, es decir, que él sí notó en JOSÉ ÁNGEL CÁRDENAS
el sufrimiento, la aflicción y la congoja cuando le contó la forma monstruosa y
dolorosa como había muerto su hijo, pero el despacho no le dio el valor probatorio
suficiente a éste que sí fue testigo presencial del sufrimiento, la congoja y tristeza,
ésta que es una prueba directa, y en cambio sí tuvo en cuenta las pruebas
indirectas como son los testimonios de las señoras - María Cecilia Hermosa,
Amalia Aldana Trujillo y María Helí Herrera Patio, las cuales no estuvieron junto
con JOSÉ ÁNGEL, y por lo tanto no son testigos presenciales de su dolor y su
congoja, además ellas nunca hicieron referencia si les consta o no que él hubiese

12 Página 2 del archivo denominado “005ApelaciónDemandante”, dentro del expediente digitalizado del
medio de control de reparación directa nro. 41001-33-33-005-2015 00443-01 acumulado 41001-33-33-006-
2016-00141-00. Samai, índice 11.

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sentido dolor, tristeza o aflicción, pero el juzgado se basa en estos testimonios,
para presumir que el padre del joven por su falta de cercanía no sintió ningún dolor
o tristeza por la muerte de su hijo.”

4.3. Establecido lo anterior, la Sala observa que estos cargos, ya fueron resueltos
por el Tribunal Administrativo del Huila, en la sentencia del 25 de enero de
2022, tal como pasará a demostrarse.

En la parte motiva de la sentencia de segunda instancia, la autoridad judicial
accionada, expuso el siguiente juicio en relación con las inconformidades
expuestas por los demandantes del proceso acumulado nro. 2016-00141-00
(familia paterna de la víctima directa):
“En el sub lite, las declaraciones juradas a que se refieren los apelantes -las cuales
fueron incorporadas y practicadas debidamente en el proceso-, dan perfecto
conocimiento de los hechos y relaciones familiares entre los apelantes y la víctima
directa –Jefferson Javier Cárdenas Tovar, señalando que el padre biológico de la
víctima fue una persona que no estuvo pendiente de su hijo, no le brindó ningún tipo de
apoyo económico y moral que le permitiera afianzar una relación de cercanía y
familiaridad; que no lo reconoció como hijo suyo y que fue mediante una decisión judicial
que se le otorgó la paternidad, cuando su hijo tenía 17 años de edad y que solo por esa
razón, de manera obligada, mediante orden de embargo, alcanzó a suministrar algunos
alimentos.
En consecuencia, si bien se encuentra probada la relación de consanguinidad con los
registros civiles de nacimiento, también lo es que no se probó esas necesarias
relaciones de trato, afecto, cariño y cercanía de estos con la víctima directa y que se
aportaron pruebas que indican todo lo contrario, esto es, que nunca existió esa cercanía,
convivencia y/o familiaridad y que por tanto, según las reglas de la experiencia, imponen
concluir que el fallecimiento de Jefferson Javier Cárdenas Tovar no les causó ningún
daño moral a su padre y hermanos biológicos, precisamente porque según lo expresado
por los testigos, a pesar de tener esa relación de parentesco, no fueron impactados
moralmente al no formar y ser parte de su núcleo cercano, pues se reitera, en este caso
no bastaba con demostrar la relación de parentesco paterno -filial y fraternal
consanguínea-, sino que era necesario demostrar las buenas relaciones de trato, afecto
y cercanía con la víctima.
De acuerdo con la declaración de José Farith Rodríguez, se tiene que este manifestó
que su relación con el señor José Ángel Cárdenas era por cuestiones de tipo laboral;
posteriormente mencionó que desconoce si este le colaboraba económicamente a su
hijo, como tampoco sabe si lo visitaba, y que tanto el señor Cárdenas como sus hijos
no convivieron con la víctima, en tanto, es claro que no existe la relación filial y paterna
íntima de la cual pueda predicarse que se deben reconocer perjuicios morales a estos
demandantes por este concepto.
De otro lado, la declaración que rindió la señora María Yeny Tovar, madre de la víctima,
merece toda la credibilidad y da certeza de las reales relaciones del demandante José
Ángel Cárdenas con su hijo fallecido, pues es la más autorizada por ser su progenitora
para dar fe de estos hechos, y es quien destaca y reitera la ausencia de este como
padre desde su nacimiento hasta el día de su fallecimiento, pues nunca hizo presencia
como padre, no estuvo presente en ninguna fecha especial, no compartió ni tuvo
cercanía con este, aunado a que esa calidad de padre solo fue posible gracias a una
sentencia judicial que así lo declaró y que incluso, que debido a la no comparecencia a
realizarse la prueba de ADN, fue declarado padre biológico ante su negativa de
reconocerlo.
Respecto a las afirmaciones realizadas por el apoderado de los demandantes dentro
del radicado 2016-00141, dirigidas a demeritar las declaraciones de la madre de la
víctima y los demás testigos, en tanto las tilda de parcializadas y que fueron
“preparadas” para declarar en su contra, es claro que se trata de meras conjeturas y
apreciaciones del mandatario judicial sin ningún sustento probatorio, pues para ese fin
no aportó prueba alguna y además, según se advierte, durante el recaudo de tal prueba,
no las tachó de sospecha, en los términos indicados en el Art. 211 del C.G.P.”

Este aparte de la sentencia da cuenta de que los alegatos de los demandantes
relativos a indicar que la declaración de la madre de la víctima y las de los
demás testigos que no favorecieron las pretensiones indemnizatorias del señor
Cárdenas Riveros, eran declaraciones preparadas o afectadas por

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resentimiento de la señora Mary Yeny Tovar, fueron expresamente
descartados por el Tribunal Administrativo del Huila. El juez de la segunda
instancia llamó la atención en que estos medios de prueba fueron legal y
oportunamente aportados al proceso, que no fueron tachados por sospecha
en el curso del trámite probatorio y que las acusaciones expuestas en el
recurso de apelación en realidad son meras conjeturas y apreciaciones
subjetivas que carecen de respaldo probatorio alguno.

Entonces estando claro que los alegatos relativos a la valoración de los
testigos cuyo dicho perjudicó a los hoy accionantes coincide con los que ya
habían sido planteados en el recurso de apelación y que fueron despachados
desfavorablemente por el juez natural de la causa en la sentencia, atendiendo
al deber de motivación y de fundamentación de las providencias judiciales,
deviene claro que, en relación con ese argumento se toma la acción de tutela
a manera de tercera instancia con la intención de que ser vuelvan a estudiar,
ahora por parte del juez de tutela, las apreciaciones del actor frente a la prueba
testimonial.

La sentencia además da cuenta de que el Tribunal accionado sí valoró el
testimonio del señor José Farith Rodríguez, quien, declaró que José Ángel
Cárdenas Riveros y su familia estaban afectados emocionalmente por la
muerte de Jefferson Cárdenas Tovar, pero también indicó que el señor
Cárdenas Riveros y sus hijos no convivieron con el fallecido y manifestó que
no sabía si el padre ayudaba económicamente a su hijo o si lo visitaba.
Entonces, es claro que el medio de prueba sí se valoró, pero en integridad de
todo su dicho, no como pretende el accionante, esto es, solo en aquellos
apartes en los que se habla de la congoja del padre y hermanos paternos al
enterarse del fallecimiento de su familiar. La valoración en integridad de este
testimonio le permitió al juez de la causa tener más elementos de juicio para
concluir que no existió una relación filial ni paterna íntima que justifique el
reconocimiento del perjuicio moral.

4.4. En esta misma línea, se debe descartar por falta de relevancia el argumento
relativo al mayor peso de convicción que en consideración de los accionantes
se debió otorgar a la declaración de señor José Farith Rodríguez, por tratarse
de una “prueba directa”, relativa al sentimiento de aflicción que embargó a los
accionantes cuando conocieron de la muerte de Jefferson Cárdenas Tovar,
pues se evidencia que el Tribunal valoró en integridad el dicho de este testigo
y consideró que no otorgaba certeza en relación con el daño moral que
pretenden los accionantes que sea reconocido a su favor, sino que por el
contrario, apoyaba la tesis de que no existía una relación filial ni de afecto entre
la víctima directa y los demandantes en el proceso acumulado nro. 2016-
00141-00.

Entonces, se tiene que el peso de convicción de este medio de prueba ya fue
analizado por el juez de la causa y fueron expuestas las conclusiones
probatorias que de éste derivan, con fundamento en el análisis individual y en
conjunto de los medios de convicción.

Así pues, se insiste, la división propuesta en la acción de tutela entre el poder
de convicción que otorgan las denominadas pruebas directas e indirectas, en
realidad se traduce en un argumento de desacuerdo con la valoración integral
de los medios de prueba que hizo la autoridad accionada, con miras a hacer
prevalecer la apreciación aislada y parcial de este testimonio que defiende el
actor con miras a imponer un juicio de valoración probatoria que pueda resultar
en una decisión favorable a sus pretensiones, esto, se reitera, tomando la
acción de tutela como una instancia adicional al proceso ordinario de
reparación directa.

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4.5. Visto lo anterior, la Sala reitera los argumentos que sustentan el alegado
defecto fáctico en realidad evidencian un mero desacuerdo con el sentido de
la decisión y la pretensión de los accionantes de que se privilegie su
razonamiento en relación con la manera en que deben valorarse las pruebas
del proceso, que no el juicio jurídico y probatorio expuesto por el juez de la
causa. Tal propósito desnaturaliza la acción de tutela.

Al respecto, se estima pertinente recordar que la jurisprudencia constitucional
ha dicho que la acción de tutela contra providencias judiciales no se instituyó
como un análisis de las mejores razones entre las expuestas en la decisión
atacada y la interpretación sostenida por el tutelante, en tanto que no obedece
a su naturaleza y propósito.

De ahí que la simple disparidad de criterio no constituye en sí misma una
vulneración de derechos fundamentales. De aceptar esa posibilidad, se
desnaturalizaría la acción de tutela contra providencias judiciales, como
mecanismo excepcional. Es por tal motivo, que de manera reiterada se ha
sostenido que cuando se controvierten decisiones judiciales, la procedencia
del amparo está sujeto a que el asunto sea de tal relevancia en materia
constitucional, que se logre apreciar sin mayor esfuerzo una vulneración
grosera o de bulto, lo que no ocurre en este caso.

4.6. En los anteriores términos esta Sala declara la improcedencia del cargo por
defecto fáctico propuesto en el escrito de tutela, por estimar que no supera el
requisito general de relevancia constitucional.

5. La sentencia del 25 de enero de 2022 no comporta desconocimiento del
precedente judicial relativo al reconocimiento del daño moral

5.1. El precedente judicial alude a que un caso similar ya ha sido resuelto en el
pasado y sirve como referente para que se decidan otros conflictos
semejantes. Ese precedente, por su pertinencia, debe ser considerado por el
juez al momento de decidir el nuevo caso.

La Corte Constitucional ha sostenido que la aplicación del precedente judicial
implica que “un caso pendiente de decisión debe ser fallado de conformidad
con el(los) caso(s) del pasado, sólo (i) si los hechos relevantes que definen el
caso pendiente de fallo son semejantes a los supuestos de hecho que
enmarcan el caso del pasado, (ii) si la consecuencia jurídica aplicada a los
supuestos del caso pasado, constituye la pretensión del caso presente y (iii) si
la regla jurisprudencial no ha sido cambiada o ha evolucionado en una distinta
o más específica que modifique algún supuesto de hecho para su aplicación”.

En consecuencia, para la Sala es posible plantear la transgresión del
precedente si se demuestra: (i) la existencia de una o varias decisiones
judiciales que guardan identidad fáctica y jurídica con el caso en que se solicita
su aplicación; (ii) que tales decisiones sean vinculantes para la autoridad
judicial demandada, tanto por ser el precedente vigente, como por tener la
fuerza vinculante suficiente; (iii) que la decisión judicial que se cuestiona en
sede de tutela sea contraria al precedente vinculante; y (iv) que el juez de
instancia no presente una

5.2. Los accionantes expusieron que la decisión de negar el reconocimiento del
perjuicio moral respecto de los familiares por línea paterna de Jefferson
Cárdenas Tovar desconoció las reglas de decisión contenidas en las
sentencias del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia que
relacionó en el escrito de tutela (Supra 3).

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La Sala negará la prosperidad del cargo con fundamento en tres argumentos:
(i) las sentencias de la Corte Suprema de Justicia que fueron relacionadas en
el escrito de tutela, no constituyen precedente exigible a la autoridad judicial
accionada para decidir el caso; (ii) en la sentencia del 25 de enero de 2022, se
relacionó y acató el precedente vinculante y vigente a efectos de reconocer y
liquidar el perjuicio moral, como lo es la sentencia de unificación del 28 de
agosto de 2014; y (iii) el precedente de unificación aplicado por el Tribunal
Administrativo del Huila para decidir el caso particular, recoge las reglas de
decisión contenidas en las providencias del Consejo de Estado que fueron
relacionadas en la sentencia acusada.

5.2.1. Las sentencias relacionadas en la acción de tutela que fueron proferidas
por la Corte Suprema de Justicia CSJ, no constituyen precedente
vinculante frente al caso concreto. Esto porque las providencias
proferidas por la CSJ, por regla general, no obligan a los jueces de lo
contencioso administrativo13, en tanto que no pueden calificarse como
precedente vertical, dado que la CSJ no es el órgano de cierre de la
jurisdicción contencioso administrativo14 y tampoco constituye
precedente horizontal15, ya que no se trata de un auto proferido por la
Sala de decisión que conoció el caso.

5.2.2. La premisa jurisprudencial que consideró el Tribunal Administrativo del
Huila para negar el reconocimiento del perjuicio moral respecto de la
familia paterna del fallecido estuvo conformada por la sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2014, sobre la reparación del perjuicio
moral en caso de muerte, emitida por la Sección Tercera del Consejo de
Estado en pleno (Exp. 26251) y por la sentencia del 21 de junio de 2018
(46471), en la que la Subsección A de la Sección Tercera hizo énfasis en
la tesis reiterada y pacífica de la corporación que indica que la presunción
de aflicción relativa al perjuicio moral es una presunción de legal que
acepta prueba en contrario16.

13 A este respecto es importante señalar que, en el tema de la jurisprudencia vinculante, la corte Constitucional
en la sentencia C-816 de 2011, precisó que: “6.4.1. Mientras la jurisprudencia de juzgados y tribunales es
criterio auxiliar de interpretación en el ejercicio de la función judicial, las sentencias de los órganos judiciales
de cierre y unificación de las diferentes jurisdicciones, además del valor de cosa juzgada propio de ellas
frente al caso sub judice, posee fuerza vinculante como precedente respecto de posteriores decisiones
judiciales que examinen casos similares, sin perjuicio de la posibilidad de apartamiento e inaplicación del
mismo que tiene el juez, a partir de argumentaciones explícitas al respecto. Y tal fuerza vinculante del
precedente de las denominadas altas cortes puede ser extendida a la autoridad administrativa por el
Legislador. Por ello, es exequible el inciso primero del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011.
6.4.2. Adicionalmente, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la
Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los
órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la
normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte. Por ello, de
conformidad con precedentes de esta corporación, se configuró omisión legislativa relativa en las
disposiciones demandada e integrada, y se hace necesario condicionar la resolución adoptada, en los
términos de la parte resolutiva de esta sentencia.”
14 Constitución Política de Colombia artículo 237. Son atribuciones del Consejo de Estado: 1. Desempeñar las
funciones de Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, conforme las reglas que señale la Ley (...).
15 Corte Constitucional. Sentencia SU 354 de 2017. En relación con el precedente judicial, dijo: “La doctrina lo
ha definido como el mecanismo jurisdiccional que tiene su origen en el principio stare decisis o estar a lo
decidido, el cual consiste en la aplicación de criterios adoptados en decisiones anteriores a casos que se
presenten en situaciones posteriores y con circunstancias similares.
Bajo ese entendido y de acuerdo a la autoridad que emitió el pronunciamiento, se puede clasificar el
precedente en dos categorías: (i) el precedente horizontal, el cual hace referencia a las decisiones proferidas
por autoridades del mismo nivel jerárquico o, incluso, por el mismo funcionario; y (ii) el precedente vertical,
que se refiere a las decisiones adoptadas por el superior jerárquico o la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia [7]. El precedente horizontal tiene fuerza vinculante, atendiendo no solo a los principios de
buena fe, seguridad jurídica y confianza legítima [8], sino al derecho a la igualdad que rige en nuestra
Constitución. Asimismo, el precedente vertical, al provenir de la autoridad encargada de unificar la
jurisprudencia dentro de cada una de las jurisdicciones, limita la autonomía judicial del juez, en tanto debe
respetar la postura del superior, ya sea de las altas cortes o de los tribunales.” (Subraya propia)
16 Sobre la presunción de aflicción como una presunción que admite prueba en contrario, también se pueden
consultar las siguientes providencias de la Sección Tercera del Consejo de Estado: sentencia del 4 de marzo

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Estas reglas además son acordes con las sentencias del Consejo de
Estado relacionadas en el escrito de tutela en las que se destacó que, en
virtud de la presunción de aflicción los familiares de la víctima directa que
ostentan ciertos grados de consanguinidad o afinidad solo deben
acreditar esta situación con el respectivo registro civil; sin embargo,
aunque la aplicación de la presunción de aflicción es lo común, al tratarse
de una presunción legal admite prueba en contrario y puede suceder,
como en el caso concreto que resulte desvirtuada.

En palabras del Tribunal Administrativo del Huila:
“Al respecto, señala la Sala que, de conformidad con la sentencia de unificación
jurisprudencial, el concepto de perjuicio moral se encuentra compuesto por el dolor, la
aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor,
zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico,
individual o colectivo y que para la reparación del mismo, en caso de muerte, se han
diseñado, jurisprudencialmente, cinco niveles de cercanía afectiva entre la víctima
directa y aquellos que acuden a la justicia en calidad de perjudicados o víctimas
indirectas , y que para su reconocimiento solamente se requiere acreditar esa relación
de parentesco en los niveles 1 y 2, aunque por tratarse de presunción legal, admite
prueba en contrario:
(…)
<<En cuanto a su acreditación, en la referida sentencia de unificación se precisó que a las
personas que se encontraren en el primer y segundo nivel de relación afectiva, únicamente,
les bastaba con aportar la prueba del parentesco o de la relación marital, para inferir su
afectación moral, presunción de hombre que, desde luego, es susceptible de ser desvirtuada
dentro del proceso…>>17
En este caso, en relación con el perjuicio moral que reclaman José Ángel Cárdenas
Rivero –padre- y Alejandra y Ángel Leonardo Cárdenas Bonilla, en su condición de
hermanos, como bien lo indica el a quo, aunque se acredita esa relación de parentesco
con los respectivos registros civiles de nacimiento, no se probó la convivencia con la
víctima o que existieran relaciones de trato, afecto y cercanía de estos con la víctima
directa – Jefferson Javier Cárdenas Tovar-, de los cuales se desprenda que tal hecho
les causó tristeza, zozobra y dolor.”

5.2.3. La conclusión del Tribunal Administrativo del Huila relativo a negar el
reconocimiento del daño moral en relación con la familia paterna de la
víctima directa atendió a las pruebas del proceso que, a su juicio,
acreditaron que no existió una relación de familiaridad y afecto entre
ellos, juicio que está respaldado en la jurisprudencia vinculante y vigente
de la Sección Tercera del Consejo de Estado que establece que la
presunción de aflicción admite prueba en contrario.

6. Conclusión

Por las razones expuestas, la Sala declarará la improcedencia de la acción de tutela
en relación con el cargo por defecto fáctico en tanto los argumentos que lo sustentan
son una reiteración de los expuestos en el curso del proceso de reparación directa
y estos ya fueron analizados y decididos por la autoridad judicial competente en la
sentencia del 25 de enero de 2022. Queda claro así, que la real pretensión de los
accionantes es ejercer la acción de tutela como una instancia adicional para imponer
su juicio de valoración en relación con la prueba testimonial.

De otra parte, se negarán las pretensiones de la acción de tutela frente al
desconocimiento de precedente judicial por considerar que la sentencia acusada se
fundamentó en el marco jurisprudencial aplicable y vigente para decidir el caso
individual.

de 2019. Proceso nro. 68001-23-31-000-2010-00597-01(48110). M.P. María Adriana Marín. Sentencia del
13 de mayo de 2015. Proceso nro. 50001-23-31-000-1994-04485-01(17037). M.P. Hernán Andrade Rincón;
17 Consejo de Estado. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 21 de junio de 2018. C.P. Marta Nubia
Velásquez Rico. Radicación número: 52001-23-31-000-2008-00277-01(46471)

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Radicado: 11001-03-15-000-2022-03715-00
Demandante: José Ángel Cárdenas Riveros y otros

En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,

FALLA

1. Declarar la improcedencia de la acción de tutela promovida por José Ángel
Cárdenas Riveros y otros en lo relativo al defecto fáctico, conforme las razones
expuestas en esta providencia.

2. Negar las pretensiones de la acción de tutela promovida por José Ángel
Cárdenas Riveros y otros frente al defecto por desconocimiento del precedente
judicial, de acuerdo con los argumentos expuestos en la parte motiva de este
fallo.

3. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

4. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.

5. De no ser impugnada la presente providencia, enviarla a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sala

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO

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