Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03723-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03723-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03723-01
Consejero ponente: Myriam Stella Gutierrez Arguello
2 de marzo de 2023
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03723-01
Demandante: Ana Luisa Llanos Chamorro y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERA PONENTE: MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Bogotá D.C., dos (2) de marzo de dos mil veintitrés (2023)
Referencia Acción de tutela
Radicación 11001-03-15-000-2022-03723-01
Demandante ANA LUISA LLANOS CHAMORRO Y OTROS1
Demandado TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR
Temas Acción de tutela contra providencia judicial. Proceso ejecutivo por
obligación de hacer. Perjuicios moratorios y compensatorios. Sujetos
de especial protección constitucional. Familias campesinas
colombianas en condición de desarraigo y vulnerabilidad económica.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación interpuesta por la Agencia Nacional de Tierras
(ANT), la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y el Tribunal
Administrativo del Cesar contra la sentencia del 15 de septiembre de 2022, proferida
por la Sección Quinta del Consejo de Estado, que resolvió:
“PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de esta tutela formulada por la Agencia
Nacional de Tierras – ANT.
SEGUNDO: RECONOCER la calidad de coadyuvantes de esta tutela a los señores Néstor
Julio Hernández Pino, Ovidio Manuel Orozco Camacho, Tilson Morales Peinado, Omer Said
Gómez Baslonoa, Marlene Quintana Quintero, Arcenio García, Lisbeth Marriot Cuentas
Narváez, Nain Quintana Durán, Manuel Ramón Ortiz Sánchez, Nicolás José Ortiz Sánchez,
Yecenia Matilde Betín Rodríguez, Fabio Alberto Arteaga Vargas, Eulalia Libeth López León,
Ángel Gregorio Villazón, Meldis Cecilia Salas Peña, Augusto César Puentes Sierra, Néstor
Hernández Acosta, Eider Ortega Clavijo, Eliana Patricia Tobías Navarro, Enilde Clavijo
Hernández, María Carrillo Arrieta, María Cecilia Rojano Pedroza y Luis Franklin Trillos
Jácome.
TERCERO: AMPARAR los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia de los accionantes y coadyuvantes de esta tutela.
CUARTO: En consecuencia, DEJAR SIN EFECTOS la providencia del del 28 de abril del 2022
expedida por el Tribunal Administrativo del Cesar, que confirmó la decisión de primera
instancia dictada por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar,
en el sentido de declarar fundadas las objeciones contra la liquidación del crédito presentada
por los actores y además dispuso la terminación del proceso ejecutivo número 20001-33-31-
002-2009-00474-05.
1 En el auto admisorio de la acción de tutela, obran como parte actora las siguientes personas: Luis Ignacio
López Álvarez, Donaldo Rafael Sierra Jiménez, Donaldo Rafael Sierra Ditta, Eliécer Bayona Contreras, José
Mercedes Bayona, José Jorge López Garzón, Marlene Coronel Sánchez, Manuel Enrique Cataño Quintero,
Francisco Tobías Contreras, Jair Bonilla Manosalva, Freddy Hernández Acosta y Miguel Antonio Santos
Mora.
De otra parte, en la sentencia de tutela de primera instancia, se reconoció la calidad de coadyuvantes a
las siguientes personas: Néstor Julio Hernández Pino, Ovidio Manuel Orozco Camacho, Tilson Morales
Peinado, Omer Said Gómez Baslonoa, Marlene Quintana Quintero, Arcenio García, Lisbeth Marriot Cuentas
Narváez, Nain Quintana Durán, Manuel Ramón Ortiz Sánchez, Nicolás José Ortiz Sánchez, Yecenia Matilde
Betín Rodríguez, Fabio Alberto Arteaga Vargas, Eulalia Libeth López León, Ángel Gregorio Villazón, Meldis
Cecilia Salas Peña, Augusto César Puentes Sierra, Néstor Hernández Acosta, Eider Ortega Clavijo, Eliana
Patricia Tobías Navarro, Enilde Clavijo Hernández, María Carrillo Arrieta, María Cecilia Rojano Pedroza y
Luis Franklin Trillos Jácome
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Demandante: Ana Luisa Llanos Chamorro y otros
QUINTO: ORDENAR a la autoridad judicial accionada que, en un plazo de 10 días contados
desde el día siguiente a la notificación de esta sentencia, dicte una decisión en la que se
tengan en cuenta las consideraciones realizadas en esta providencia y resuelva de manera
definitiva sobre el cumplimiento de la obligación de hacer que los tutelantes y coadyuvantes
tienen a su favor. En especial, deberá tener en cuenta lo dispuesto en el último inciso del
artículo 426 del CGP en el sentido de que junto a la obligación de hacer se pueden pedir los
perjuicios por el retardo en su cumplimiento.” 2
ANTECEDENTES
1. Pretensiones
Ana Luisa Llanos Chamorro y otros, a través de apoderado judicial 3,interpusieron
acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar. Estiman que la
providencia del 28 de abril de 2022, en el que la accionada declaró la terminación
del proceso ejecutivo propuesto por los aquí accionantes contra la Agencia Nacional
de Tierras, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y a la tutela judicial efectiva. En consecuencia, formuló las
siguientes pretensiones:
“PRIMERO: AMPARAR los derechos fundamentales de mis representados al debido proceso,
al acceso a la administración de justicia, la tutela judicial efectiva y la especial protección de
la que son sujeto los actores. En consecuencia, dejar sin efectos la sentencia de 28 de abril
que declaró terminado el proceso ejecutivo interpuesto por Ana Luisa Llanos y otros, contra la
Agencia Nacional de Tierras.
SEGUNDO: Se dicte por parte del juez de tutela una decisión que permita hacer efectiva la
orden dada en la acción de grupo, esto es, la reubicación de la que son titulares mis
representados, de manera tal que no se vean sometidos a nuevas dilaciones administrativas
y judiciales, similares a las surgidas durante los últimos 10 años.” 4
2. Hechos
Del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
2.1. Los accionantes hacen parte de un grupo de 49 familias campesinas que, en
el año 1997, fueron deportadas a Colombia por las autoridades de la República
de Venezuela.
2.2. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el extinto Instituto Colombiano
de Reforma Agraria, INCORA, adelantaron las gestiones para reubicar estas
familias en el predio denominado El Prado, en el municipio de La Jagua de
Ibirico (Cesar). Fueron ubicadas en parcelas y se les permitió trabajar la tierra.
2.3. Las familias tuvieron que sufrir una nueva situación de desarraigo debido a
que fueron desalojados del predio que habitaban El Prado, porque allí se iba
a desarrollar un proyecto minero.
Aunque se surtió una negociación entre el Instituto Colombiano de Desarrollo
Rural (Incoder) y la minera Prodeco S.A., los acuerdos que de éste derivaron
no se cumplieron. Estos arreglos consistieron en que: (i) el Incoder reubicaría
las familias en nuevos predios, adquiridos y subsidiados por la empresa
2 Páginas 28 y 29 de la sentencia de tutela de primera instancia. Expediente digitalizado de la acción de tutela.
Consultado a través del sistema de gestión de proceso del Consejo de Estado: SAMAI (índice 24)
3 Abogado Humberto Sierra Porto. Samai, índice 2
4 Pág. 45 del escrito de tutela. Expediente digitalizado de la acción de tutela. Samai, índice 2.
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minera; (ii) el Incoder reconocería las familias subsidios de tierra, acorde lo
establecido en la Ley 1152 de 2007; (iii) las mejoras del predio serían vendidas
a la empresa minera; (iv) los campesinos desalojarían el inmueble.
Los campesinos vendieron las mejoras a la empresa minera y entregaron los
lotes, pero Incoder no cumplió con las obligaciones a su cargo.
De la acción de grupo contra el Incoder y contra la minera Prodeco SA-
Proceso nro. 20001-33-31-002-2009-00474-00
2.4. Con ocasión a lo expuesto, los habitantes de la zona desalojada presentaron
una acción de grupo contra el Incoder y Prodeco SA, para que se declarara su
responsabilidad y se indemnizaran los daños derivados del incumplimiento de
los términos de la negociación del inmueble denominado El Prado.
2.5. En sentencia del 5 de octubre de 2012, el Juzgado Primero Administrativo de
Descongestión del Circuito Judicial de Valledupar declaró la responsabilidad
administrativa del Incoder como consecuencia de los incumplimientos de los
acuerdos derivados de la negociación del predio El Prado. En consecuencia,
la condenó al pago de la siguiente indemnización a favor de los accionantes:
(i) 80 SMLMV para cada uno de los miembros del grupo demandante y quien
acredite en oportunidad su pertenencia a este, por concepto de alteración a las
condiciones de existencia.
(ii) 70 SMLMV para cada uno de los miembros del grupo demandante y quien
acredite en oportunidad su pertenencia a este, correspondiente al subsidio de
tierras al que se comprometió.
(iii) $1.243.283 para cada uno de los miembros del grupo demandante y quien
acredite en oportunidad su pertenencia a este, por concepto de explotación de
la tierra.
(iv) “SÉPTIMO: ORDÉNESE al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO
RURAL- INCODER proceda a seleccionar y aprobar los predios que serán
permutados con el predio “El Prado” , y en los cuales serán reubicados los
accionantes y demás personas que acrediten pertenecer al grupo, en
cumplimiento de las obligaciones adquiridas en la negociación con los
parceleros y C.I. PRODECO.”
2.6. La decisión fue recurrida por las partes y confirmada por el Tribunal
Administrativo del Cesar en sentencia del 30 de enero de 2014.
2.7. El Incoder no cumplió la orden de reubicación contenida en el numeral séptimo
de la sentencia del 5 de octubre de 2012. A raíz de este incumplimiento se han
originado tres procesos ejecutivos y una acción de tutela para que se dé
efectivo cumplimiento a esta obligación.
Primer proceso ejecutivo: se remitió expediente al proceso liquidatorio para
ser incluido en la masa de pasivos, pero fue desatendida la orden
2.8. En el año 2015, la parte demandante dentro de la acción de grupo radicó
demanda ejecutiva contra el Incoder, para que le fueran reconocidos perjuicios
moratorios ante el incumplimiento de la orden de reubicación en un predio de
similares características del que fueron desalojados.
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2.9. Ante la liquidación del Incoder, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, a través de auto del 15 de junio de 2015, remitió el
expediente al proceso liquidatorio de la entidad, para que fuera incluido en la
masa de pasivos a su cargo, pero la orden fue omitida.
Segundo proceso ejecutivo. Demanda contra sucesores procesales y la
terminación del proceso por desconocer el art. 428 del Código General
del Proceso
2.10. El 4 de mayo de 2017, los demandantes incoaron nueva demanda ejecutiva
contra la Agencia Nacional de Tierras y Fiduagraria SA, en calidad de
sucesoras procesales del Incoder.
En la demanda ejecutiva se destacó la actual inconveniencia de la orden de
reubicación debido a que miembros del grupo de campesinos se habían
dispersado a diferentes lugares de Colombia. En consecuencia, solicitaron el
reconocimiento de perjuicios compensatorios ante el incumplimiento del otrora
Incoder.
2.11. En providencia del 28 de noviembre de 2017, el Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito de Valledupar, declaró no probadas las excepciones
de mérito de Fiduagraria SA y ordenó seguir adelante con la ejecución.
2.12. La providencia fue objeto de apelación por Fiduagraria SA. El Tribunal
Administrativo del Cesar, en sentencia del 6 de septiembre de 2018, revocó la
decisión de primera instancia y, en su lugar, declaró la terminación del proceso.
Como fundamento de su determinación indicó que la demanda ejecutiva no
cumplió los requisitos de forma consagrados en el artículo 428 del CGP. Esto,
comoquiera que los demandantes no solicitaron el cumplimiento de la orden
de reubicación, como principal, y los perjuicios compensatorios y moratorios,
como pretensión subsidiaria.
Acción de tutela contra el segundo proceso ejecutivo. Radicación nro. 11001-
03-15-000-2018-04064-00/01
2.13. Los ejecutantes interpusieron acción de tutela contra el Tribunal Administrativo
del Cesar por considerar que la sentencia del 6 de septiembre de 2018, afectó
sus derechos fundamentales al debido proceso, reparación integral, acceso a
la administración de justicia y porque desconoció su calidad de sujetos de
especial protección constitucional.
2.14. La Sección Cuarta del Consejo de Estado amparó los derechos fundamentales
de los demandantes, en sentencia de tutela del 14 de marzo de 2019. En
consecuencia, dejó sin efectos la sentencia del 6 de septiembre de 2018, por
haber incurrido en exceso ritual manifiesto.
2.15. En sentencia de tutela del 12 de septiembre de 2019, la Subsección B de la
Sección Tercera del Consejo de Estado revocó la sentencia de tutela de
primera instancia y dispuso amparar el derecho al acceso a la administración
de justicia de los accionantes, según la siguiente orden:
“SEGUNDO: AMPARAR el derecho fundamental de acceso efectivo a la administración de
justicia a los accionantes para los cual se ordenará al Juzgado Segundo Administrativo del
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Circuito de Valledupar otorgarles el término de diez días contados a partir de la notificación
del auto en el que se disponga el cumplimiento de esta tutela para que tengan la oportunidad
de adecuar la demanda presentada en el sentido de dirigirla exclusivamente contra la
AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS (ANT) e impetrar frente a dicha entidad el cumplimiento
de la sentencia proferida el 30 de enero de 2014 que confirmó la decisión del 5 de octubre de
2012, dentro de la acción de grupo.”
Se destaca el siguiente aparte de la ratio de la decisión:
“55. – En ese sentido es claro que no podía desconocerse la decisión del Juzgado en la cual
se decretó la terminación del primer ejecutivo; lo único que se encontraba pendiente por
cumplir era la obligación de hacer a cargo de la ANT como quedó consignado en las
resoluciones mencionadas y como ya se explicó, su cumplimiento debió solicitarse a dicha
entidad.
56.- Ahora bien, en relación con los derechos alegados como violados por los accionantes por
no convertir en dinero una obligación de hacer consistente en reubicarlos en los predios que
deben ser adquiridos por la ANT, desconoce los propios fundamentos de sentencia proferida
dentro de la acción de grupo en la cual de manera enfática se señala que esta obligación debe
cumplirse en esa forma y no puede convertirse en dinero.”.
Tercer proceso ejecutivo: el Tribunal accionado declaró su terminación, ante
la imposibilidad de liquidar los intereses moratorios
2.16. El 23 de octubre de 2019, los accionantes presentaron una nueva demanda
ejecutiva. Solicitaron el cumplimiento de la obligación de hacer y el
reconocimiento de los perjuicios moratorios derivados del incumplimiento.
Como pretensión subsidiaria, pidieron el reconocimiento de los perjuicios
compensatorios y los intereses de mora.
2.17. En proveído del 18 de noviembre de 2019, el Juzgado Segundo Administrativo
del Circuito de Valledupar libró mandamiento de pago para que la ANT
cumpliera con la obligación de hacer relativa a la reubicación, en un término
de 10 días, y por los intereses de mora.
Comoquiera que la ANT no se pronunció frente al mandamiento, en auto del
20 de enero de 2020, el juzgado ordenó seguir adelante con la ejecución y
requirió a la parte actora para que presentara la liquidación del crédito.
2.18. El requerimiento se cumplió el 31 de enero de ese año. Los ejecutantes
estimaron bajo juramento los perjuicios con fundamento en el valor comercial
del predio “El Prado”.
La ANT y la ANDJE se opusieron a la liquidación del crédito. Advirtieron que
no había lugar a liquidar perjuicios moratorios, porque según el título ejecutivo
la obligación de hacer no podía mutar en obligación de dar.
2.19. En auto del 4 de diciembre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar declaró fundadas las objeciones de las demandadas y
compulsó copias ante las autoridades penales y disciplinarias para que
iniciaran investigaciones contra los directores de la ANT, por el incumplimiento
de la obligación de hacer.
2.20. La parte actora recurrió en apelación la anterior decisión. Aclaró que lo
pretendido con el ejecutivo es el cumplimiento de la obligación de hacer, pero
también los perjuicios moratorios derivados de la omisión en el acatamiento de
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lo ordenado en el título. Dijo que esta última posibilidad la contempla el
ordenamiento procesal vigente y aplicable. Luego, no se persigue mutar la
obligación sino su cumplimiento y el reconocimiento de los perjuicios derivados
de la mora.
2.21. El Tribunal Administrativo del Cesar, en providencia del 28 de abril de 2022,
confirmó la providencia apelada y dispuso la terminación del proceso ejecutivo.
Como fundamento de su decisión, precisó que el a quo erró al ordenar seguir
adelante con la ejecución de los intereses moratorios, ya que la orden de
reubicación no admite el reconocimiento de aquellos. Dijo que no debió
disponerse la liquidación del crédito, pues esta gestión solo procede en las
obligaciones de dar sumas de dinero.
No obstante lo anterior, señaló que, considerando la calidad de sujetos de
especial protección constitucional de los accionantes y el mandato de
flexibilizar las rigurosidades procesales en estos eventos, se pronunciaría
sobre el fondo de la petición de ejecución.
Recordó que los perjuicios moratorios se liquidaron conforme al valor
comercial del predio “El Prado”, lo cual no era procedente comoquiera que el
título consagraba una obligación de hacer, que no de dar.
En todo caso, manifestó que no podía tomarse como parámetro de la
liquidación de los perjuicios el predio El Prado, porque los demandantes no
ostentan derechos reales sobre éste. Advirtió que no debía confundirse la
orden de reubicación con la adjudicación del bien.
3. Fundamentos de la acción
La parte accionante considera que las providencias acusadas materializan
desconocimiento del precedente judicial y violación directa a la Constitución con
fundamento en los argumentos que pasan a exponerse.
Dijo que, en la decisión del proceso ejecutivo, el Tribunal Administrativo del Cesar
no tuvo en cuenta la calidad de sujetos de especial protección constitucional que
ostentan los demandantes. Recordó que en ellos confluyen, conforme lo indica la
sentencia C-077 de 2017, la condición múltiple de campesinos en situación de
desplazamiento y de pobreza y a que el grupo está conformado por madres cabeza
de familia, personas de la tercera edad y menores de edad.
Señalaron que, es evidente que la providencia del 28 de abril de 2022 vulneró su
derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, pues aunque los
demandantes tienen una sentencia ejecutoriada con una orden de reubicación
incumplida, el Tribunal declaró la terminación del proceso ejecutivo con fundamento
en argumentos apenas formales. Es decir, que la autoridad judicial privilegió los ritos
del proceso ante los derechos fundamentales de personas en condición de
vulnerabilidad. Como fundamento de este reproche relacionó las sentencias T-341
de 2012, T-608 de 2019 y C-037 de 1996 de la Corte Constitucional.
Con fundamento en los anteriores argumentos, requieren que el juez de tutela
adopte las gestiones necesarias para procurar el cumplimiento efectivo de la orden
de reubicación contenida en la sentencia del 5 de octubre de 2012, confirmada el
30 de enero de 2014, dentro de la acción de grupo en el que fueron demandantes
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los hoy ejecutantes. Destacaron que han tenido que soportar la inactividad del
Estado por cerca de 10 años, por lo que solicitan que se procure el cumplimiento de
la sentencia desde la perspectiva del acceso a la administración de justicia y la
garantía del derecho sustancial.
En palabras de la parte accionante:
“En ese orden de ideas, se reitera la solicitud de intervención del juez de tutela con miras a
garantizar el derecho al acceso a la administración de justicia de mis representados, de
manera tal que se adopte una decisión definitiva en relación con la reubicación, que ponga fin
a la cadena de interminables actuaciones judiciales y administrativas a las que se han visto
expuestos los actores por años.
(…)
el Tribunal Administrativo del Cesar, en sus distintas providencias y en especial en la decisión
que ahora se cuestiona, se ha limitado a citar una serie de decisiones adoptadas por la
Corte Constitucional referentes a la especial protección de los campesinos, sin que
dichas citas tengan incidencia alguna en la decisión de fondo y estudio del caso
concreto.
Ahora, se presenta una situación más grave aún, con la decisión que ahora se cuestiona, al
haberse dado por terminado el proceso ejecutivo y cercenado la posibilidad de iniciar una
nueva acción, se da al traste cualquier posibilidad de que mi representados cuente el acceso
a la tierra para trabajarla, en tanto la orden de reubicación dada en la acción de grupo no podrá
ser materializada, pues se reitera ya no se podrá interponer una nueva acción ejecutiva.
(…) el Tribunal accionado con la decisión de dar por finalizado el proceso ejecutivo, sin que
se haya materializado la orden de reubicación, con lo cual se perpetua la inestabilidad en la
que se encuentran desde hace más de 20 años en relación con su lugar de asentamiento.” 5
4. Trámite impartido e intervenciones
4.1. En auto del 28 de julio de 2022, la Sala de decisión negó la manifestación de
impedimento propuesta por el ponente, magistrado Pedro Pablo Vanegas.
4.2. En auto del 5 de agosto de 2022, el despacho sustanciador de primera
instancia admitió la acción de tutela interpuesta por Ana Luisa Llanos
Chamorro y otros, contra el Tribunal Administrativo del Cesar; y vinculó, en
calidad de terceros con interés al Juzgado 2º Administrativo del Circuito
Judicial de Valledupar, a la Agencia Nacional de Tierras y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Estos últimos sujetos procesales
dentro del proceso ejecutivo nro. 20001-33-31-002-2009-00474-05.
También requirió al Juzgado 2º Administrativo del Circuito Judicial de
Valledupar y/o el Tribunal Administrativo del Cesar, que informaran al interior
del proceso, a todas las partes e intervinientes de aquella causa, sobre la
presente acción de tutela, para que la persona que lo considere oportuno
pudiera intervenir en el trámite de esta tutela.
4.3. El Tribunal Administrativo del Cesar, por conducto de la presidente de la
Corporación, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela o
en su defecto que se nieguen sus pretensiones comoquiera que la providencia
acusada se fundamentó en el ordenamiento jurídico pertinente y la
interpretación de las normas fue razonable. Luego, la decisión se ubica dentro
del ámbito de la autonomía e independencia de los jueces de la República.
5 Páginas 35, 39 y 40 del escrito de tutela. Samai, índice 2.
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4.4. Un grupo de personas6 que afirmaron haber sido desalojadas del predio el
Prado, solicitaron intervenir en la acción de tutela como coadyuvantes.
Precisaron que en el proceso ejecutivo se solicitó, conforme lo permite el
artículo 426 del CGP, el cumplimiento de la obligación de reubicación y los
perjuicios moratorios por la tardanza en el cumplimiento de la orden. Luego, el
Tribunal Administrativo del Cesar se equivocó al concluir que la pretensión era
la de mutar la calidad de las obligaciones, cuando en realidad se trataba de
dos pretensiones independientes.
Advirtió que en el curso del tercer proceso ejecutivo dictaron decisiones
relevantes como la que libró mandamiento de pago y la que ordena seguir
adelante con la ejecución, sin que la ANT emitiera pronunciamiento alguno.
Por lo que no es aceptable, que cuando ya está adelantado el proceso se la
premie declarando su terminación.
4.5. El Juzgado 2° Administrativo del Circuito Judicial de Valledupar, por
conducto del titular del despacho, remitió el expediente digitalizado del proceso
ejecutivo y las constancias de notificación a las partes que intervinieron en él.
4.6. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a través de
apoderada judicial, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela porque la decisión del Tribunal Administrativo del Cesar acertó al
concluir que la obligación de hacer contenida en el título no puede ser mutada
a una obligación dineraria.
Adicional a ello, advirtió que el caso particular tiene un importante efecto en el
patrimonio económico de la Nación, por lo que requiere que su análisis
abarque una perspectiva ética, lógica y jurídica.
Por lo anterior, solicitó, como petición principal, que no se acceda a las
pretensiones de la acción de tutela. Como subsidiaria, que en caso se optar
por el amparo, éste comprenda únicamente le obligación de hacer relativa a la
reubicación.
5. Providencia impugnada
5.1. En sentencia del 15 de septiembre de 2021, la Sección Quinta del Consejo de
Estado adoptó las siguientes decisiones: (i) negó la solicitud de desvinculación
de la ANT; (ii) reconoció la calidad de coadyuvantes del grupo de personas
que adujo haber sido desalojado del predio El Prado; (iii) amparó los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia de
los accionantes y los coadyuvantes; y (iv) dejó sin efectos la sentencia del 28
de abril de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Cesar, para que
esa autoridad dictara una decisión. Dijo que en la nueva sentencia se debía
tener en cuenta las consideraciones realizadas en ese fallo y resolver de
manera definitiva sobre el cumplimiento de la obligación de hacer que los
6 Estas personas son: Néstor Julio Hernández Pino, Ovidio Manuel Orozco Camacho, Tilson Morales Peinado,
Omer Said Gómez Baslonoa, Marlene Quintana Quintero, Arcenio García, Lisbeth Marriot Cuentas Narváez,
Nain Quintana Durán, Manuel Ramón Ortiz Sánchez, Nicolás José Ortiz Sánchez, Yecenia Matilde Betín
Rodríguez, Fabio Alberto Arteaga Vargas, Eulalia Libeth López León, Ángel Gregorio Villazón, Meldis Cecilia
Salas Peña, Augusto César Puentes Sierra, Néstor Hernández Acosta, Eider Ortega Clavijo, Eliana Patricia
Tobías Navarro, Enilde Clavijo Hernández, María Carrillo Arrieta, María Cecilia Rojano Pedroza y Luis
Franklin Trillos Jácome.
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Demandante: Ana Luisa Llanos Chamorro y otros
tutelantes y coadyuvantes tienen a su favor, conforme lo establecido en el
artículo 426 del CGP.
Relativo a la solicitud de coadyuvancia, en el acápite “2.1. Cuestión previa”,
dijo que en el escrito de tutela el actor mencionó a las personas que se vieron
afectadas por el desalojo. En esa lista están relacionadas cada una de las
personas que solicitaron ser reconocidos como coadyuvantes, por los que se
les reconoció esa calidad.
Acto seguido, estudió si los accionantes y coadyuvantes ostentaban la calidad
de sujetos de especial protección constitucional. Esta inquietud fue resuelta
positivamente considerando, a la luz de la sentencia C-077 de 2017; que en
ellos confluye la condición de campesinos en situación de desplazamiento,
marginalización y pobreza y porque dentro de los grupos de familias hay
personas de la tercera edad, niños y madres cabeza de familia.
En consecuencia, manifestó que la acción de tutela se analizaría considerando
ese especial enfoque, el cual exige mayor compromiso del juez de tutela en la
identificación de los escenarios de posible vulneración de derechos
fundamentales.
El a quo amparó los derechos fundamentales de los accionantes, porque, a su
juicio, el Tribunal Administrativo del Cesar “optó por analizar el caso bajo una
perspectiva estricta de derecho procesal” y en detrimento de los derechos
fundamentales de los demandantes, por las razones que pasan a explicarse.
5.1.1. El Tribunal centró la discusión en un asunto accesorio como lo era el
reconocimiento de los perjuicios moratorios y dejó de lado el hecho de
que existía una obligación clara, expresa y exigible que no se ha
cumplido: la reubicación.
5.1.2. No es cierto que la sentencia de tutela proferida por la Subsección B de
la Sección Tercera del Consejo de Estado, calendada del 12 de
septiembre de 2019, impidiera o prohibiera la reclamación en el ejecutivo
de los perjuicios moratorios.
Al respecto en el fallo de tutela, se lee: “Tal vez este es el punto donde existe
mayor confusión. Si bien la Sección Tercera, Subsección “B” consideró que la obligación
de hacer no puede cambiar a dineraria, lo cierto es que, a juicio de esta Sala, esto de
ninguna manera impide que los actores soliciten el cumplimiento de la obligación de
hacer como principal y además pidan los perjuicios moratorios.” 7
A más de lo anterior, la posibilidad de pedir los perjuicios moratorios
derivados del incumplimiento de una obligación de hacer esta
expresamente consagrada en el artículo 426 del Código General del
Proceso. Luego los demandantes formularon sus pretensiones en
armonía con el ordenamiento jurídico.
5.1.3. “La condición de adjudicatarios de los accionantes no era un punto de
debate trascendente en el proceso ejecutivo”. El a quo indicó que el
análisis de tal condición era un asunto accesorio solo relevante para
efectos de la liquidación del crédito, pero que se utilizó para perjudicar a
7 Página 24 de la sentencia de tutela de primera instancia.
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los demandantes desconociendo su condición de sujetos de especial
protección constitucional. En palabras del a quo:
“(…) es evidente que los accionantes cuentan con una sentencia favorable que ordenó
su reubicación a cargo del entonces INCODER y hoy le corresponde a la ANT. En ese
orden de ideas, entrar a determinar asuntos como su calidad de adjudicatarios y
diferenciar esto con su derecho a reubicación, en ningún modo comporta una
perspectiva acorde con el asunto, pues se trata de una precisión que terminó afectado
los derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de los
actores.
131. Por lo tanto, el tribunal no ha debido entrar a detenerse en estos aspectos formales,
sino, se insiste, debió tener en cuenta que existe una obligación de reubicación que no
se ha cumplido.”8
5.1.4. También acusó de irrelevante el argumento según el cual el Incoder
cumplió con los demás órdenes impuestas en la acción de grupo, pues
tal situación no exime a la ANT de cumplir con la orden de reubicación.
5.1.5. La decisión de declarar la terminación del proceso ejecutivo por
cuestiones meramente formales da cuenta de que el Tribunal desconoció
la especial situación de vulnerabilidad de la población demandante que
lleva más de 8 años esperando el acatamiento de una orden judicial.
Agregó que la providencia judicial acusada desconoció los precedentes
de la Corte Constitucional sobre la condición de sujetos de especial
protección constitucional de los campesinos (C-077 de 2017) y la
interpretación del derecho al acceso a la administración de justicia (C-
037 de 1996).
5.2. La sentencia registró salvamento de voto del magistrado Carlos Enrique
Moreno Rubio, quien presentó las siguientes razones de disenso: (i) el Tribunal
accionado no desconoció la condición de sujetos de especial protección
constitucional de los accionantes, por el contrario, en la providencia acusada
se dedicó un amplio acápite a tal calidad. Pero esa circunstancia por sí sola
no justifica una decisión judicial favorable; (ii) la autoridad judicial accionada
debía atender al principio de congruencia en la decisión del caso, pues en la
apelación solo reclamó la aprobación de la liquidación del crédito, sin que se
hubiera mencionado la reubicación de los actores ordenada en el título
ejecutivo9; (iii) la actuación de los demandantes en el tercer proceso ejecutivo
excedió el fallo de tutela que les permitió tramitarlo y que culminó con la
decisión que se ataca y que es razonable; y (iv) era pertinente que el Tribunal
se pronunciara sobre la ausencia de la calidad de adjudicatarios de los actores,
debido a que éstos estimaron los perjuicios a partir de esa premisa.
5.3. En proveído del 6 de octubre de 2022, el a quo adicionó el fallo de tutela para
pronunciarse en relación con el informe de la ANDJE, dado que fue omitido en
la sentencia. Relacionó los principales argumentos expuestos por la entidad
8 Página 24 de la sentencia de tutela de primera instancia.
9 Al respecto, en el salvamento se lee: “Así, el aspecto central de la controversia no era el incumplimiento de
la obligación de reubicación de los actores, como lo indicó la mayoría, por cuanto su apoderado sustentó la
apelación únicamente en los intereses moratorios y esto era lo que debía resolver el juez de segunda
instancia en el proceso ejecutivo. Incluso, en la misma apelación contra el auto que declaró fundadas las
objeciones hechas a la liquidación del crédito, reiteró en dos oportunidades que las normas del Código
General del Proceso autorizan la conversión de una obligación de hacer en obligación dineraria, lo cual
justificaba la pretensión económica del recurso”
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contra la prosperidad de la acción de tutela y se remitió a la sentencia principal
para resolverlos, dado que se ubican dentro del problema jurídico que
inicialmente se planteó.
6. Impugnación
6.1. El Tribunal Administrativo del Cesar, por conducto de la presidente de la
Corporación, impugnó la sentencia de tutela. Dijo que era menester tener en
cuenta que la providencia judicial acusada analizó y se pronunció acerca de:
“i) la naturaleza de las obligaciones de hacer y su cobro por vía ejecutiva; ii) la situación
especial de los campesinos como sujetos de especial protección constitucional; iii) la
naturaleza del título ejecutivo en el sub judice; y, iv) el análisis del caso particular desde la
perspectiva sustancial y procesal surtida.” 10
Destacó que, en la providencia acusada, el Tribunal Administrativo del Cesar
reconoció la especial condición de vulnerabilidad de los demandantes y en
razón a ello emitió decisión de fondo, muy a pesar de las numerosas
imprecisiones en que incurrió el juzgado de primera instancia al librar el
mandamiento de pago.
En línea con lo anterior, presentó la siguiente inquietud:
“(…) pero cabe entonces preguntarse si so pretexto de la condición de los actores era viable
ignorar aspectos que aun siendo procesales tienen igual relevancia en la protección de
derechos fundamentales, como lo es que, en materia contencioso administrativa y aún en la
justicia ordinaria, la competencia del juez superior está dada por los motivos de inconformidad
del apelante que en este caso se circunscribieron al aspecto monetario de la reclamación
puesto que nada dijo el impugnante sobre la obligación de hacer sino que orientó su disidencia
al reconocimiento de intereses moratorios.
Cabe entonces cuestionar si podía válidamente este Tribunal abordar el asunto desde una
óptica constitucional de garantizar los derechos de los accionantes como sujetos de especial
protección, pero desbordando el debido proceso y con ello el derecho de defensa del otro
extremo procesal al conceder pretensiones que no fueron objeto de apelación”11
Precisó que, en la etapa de liquidación del crédito, el Tribunal no estaba
facultado para pronunciarse sobre la obligación de hacer consistente en
reubicar a las familias, sino que debía concentrarse en cuantificar la suma de
dinero correspondiente a la obligación insatisfecha.
Relativo a los perjuicios moratorios y compensatorios indicó que se limitó a
cumplir lo dispuesto en la sentencia de tutela de la Sección Tercera del
Consejo de Estado. En palabras de la autoridad accionada:
“se pasa por alto que en el proceso ejecutivo se solicitó el cumplimiento de la obligación de
hacer y de manera subsidiaria el reconocimiento de los perjuicios moratorios y perjuicios
compensatorios, lo que equivale claramente a cambiar la obligación de hacer en una
obligación dineraria actuación expresamente prohibida en la providencia de la sección Tercera
del Consejo de Estado (…)”
Finalmente, advirtió que emitir un nuevo pronunciamiento sobre la reubicación
de los accionantes conlleva una afectación del derecho al debido proceso de
la ANT. Esto, porque la ejecución de la obligación de hacer no fue objeto de
10 Página 2 del escrito de impugnación del Tribunal Administrativo del Cesar.
11 Página 4 del escrito de impugnación del Tribunal Administrativo del Cesar.
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apelación por parte de los ejecutantes, luego no había razón para que el
Tribunal emitiera pronunciamiento al respecto.
6.2. La Agencia Nacional de Tierras, por conducto de abogada de la Oficina
Asesora Jurídica, impugnó la decisión de tutela de primera instancia. Dijo que
la sentencia acusada se fundamentó en argumentos razonables que no
vulneran los derechos fundamentales invocados por los accionantes.
Manifestó que el a quo desconoció el principio de cosa juzgada, pues cambió
el sentido de lo decidido en proceso constitucional previo (2018-04064-00/01)
en el que se advirtió la imposibilidad de mutar la obligación de hacer hacia una
dineraria. Ahora, contraviniendo lo anterior, el juez de tutela manifestó que los
accionantes estaban facultados para plantear como pretensión subsidiaria en
el proceso ejecutivo, la condena por perjuicios moratorios.
Conforme a lo anterior, señaló que la discusión relativa al reconocimiento de
los perjuicios moratorios y compensatorios ya fue decidida por el Consejo de
Estado en sentencia de tutela nro. 2018-04046-00/01. “En el proceso ejecutivo los
demandantes solo pueden pretender el cumplimiento de la obligación en su forma original
contenida en la sentencia de la acción de grupo.”
Agregó que la providencia acusada está acorde con lo dispuesto en el
mandamiento de pago, cuya fecha es del 18 de noviembre de 2019, es decir,
se trata de una providencia en firme respecto de la cual no procedería orden
de tutela porque no supera el requisito de inmediatez.
6.3. La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, por conducto de
apoderada judicial, impugnó la sentencia de tutela de primera instancia. Como
primer punto de disenso expuso que la sentencia de tutela del 15 de
septiembre de 2022, adicionado el 6 de octubre del mismo año desconoce el
principio de cosa juzgada que se predica de la cuestión discutida.
Recordó que en proceso de tutela previo, los accionantes ya habían procurado
mutar la obligación de hacer en dineraria y tal gestión fue desechada por la
Sección Tercera del Consejo de Estado por considerar que desconocía el
sentido y contenido el título.
De otra parte, expuso que los ejecutantes no expusieron en el recurso de
apelación objeción alguna frente a la orden de reubicación y en razón a esa
omisión quedó sin efectos la mencionada orden. Al respecto, en el escrito de
impugnación se lee:
“El debido proceso y la garantía de los intereses litigiosos de la Nación no están siendo
garantizados con la decisión que se impugna toda vez que se corrigen todos los errores del
apoderado judicial que representa a un grupo de campesinos desplazados representado por
uno de los mejores y más destacados abogados que existen en el país y por lo mismo, el
acento y apego a su calidad lo único que hace es pasarse por encima todas las reglas de
derecho es impedir que se imparta justicia.” 12
Frente a la sentencia de la acción de grupo que constituye el título ejecutivo,
la ANDJE considera que contiene importantes vicios que deberían afectar su
ejecutoria, como, por ejemplo, el que se haya dictado una orden duplicada en
materia de tierras que comprende el reconocimiento de un subsidio y la
12 Página 7 del escrito de impugnación de la ANDJE.
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reubicación con tierras. Dicha duplicidad implica un desmedro de los recursos
del Estado. En esa línea, agregó:
“Aun cuando estados frente a la solicitud de protección del amparo de los derechos del grupo
de campesinos con derecho al acceso a la tierra, no podemos relativizar lo que éticamente no
está permitido, es decir, no podemos llamar consideraciones formales a una evidente
construcción de derechos en cabeza de los accionantes sin que estos tengan derecho y a
forzar que se profieran decisiones judiciales que poco o ningún favor le hacen al orden justo,
al cumplimiento del Pacto Social y al patrimonio público.” 13
En relación con los perjuicios compensatorios o moratorios, dijo que no había
lugar a reconocerlos comoquiera que la orden cuya ejecución se pretende
refiere a una obligación de hacer cuyo valor es cero. Esto considerando que
los demandantes no tienen la calidad de adjudicatarios del bien, sino apenas
el beneficio de la reubicación. Y respecto de esta última orden no hay lugar a
reconocer perjuicios, dado que
“(…) no existe un verdadero perjuicio por el incumplimiento de lo pactado en el contrato de
permuta para las familias asentadas en el terreno llamado “El Prado”, pues fueron resarcidos
con el cumplimiento de las otras órdenes dictadas en las sentencias que se esgrimen como
título ejecutivo (…)”14
Finalmente, dijo que la ANT no tiene la sucesión procesal de la obligación de
hacer contenida en la sentencia proferida dentro de la acción de grupo, acorde
con lo establecido en las Resoluciones 880 del 23 de septiembre de 2016 y
01347 del 29 de noviembre de 2016.
7. Trámite del proceso en la segunda instancia
7.1. El proceso fue asignado por reparto al despacho del magistrado Milton Chaves
García (e).
7.2. El 23 de noviembre de 2022, los magistrados Milton Chaves García y Stella
Jeanette Carvajal Basto presentaron impedimento conjunto para decidir el
caso particular en los términos del artículo 141.2 del CGP y 56.6 del CPP.
Como justificación de lo anterior, explicaron que tuvieron conocimiento previo
del asunto y participaron en el proceso constitucional que dio lugar a la
providencia objeto de tutela.
7.3. En auto del 9 de diciembre de 2022, este despacho declaró fundado el
impedimento, separó a los consejeros del conocimiento del caso, ordenó el
sorteo de dos conjueces para conformar la Sala de decisión y dispuso la
remisión del expediente al despacho que siguiera en turno.
7.4. El 13 de diciembre de 2022, se realizó el sorteo. Fueron elegidos conjueces
para conocer de este caso los señores: Luis Fernando Macías Gómez y
Humberto Aníbal Restrepo Vélez.
7.5. Actualmente, en virtud del nombramiento del Dr. Wilson Ramos Girón se
conformará el cuórum decisorio con el citado magistrado, la actual magistrada
ponente y los conjueces designados doctores Luis Fernando Macías Gómez y
Humberto Aníbal Restrepo Vélez.
13 Página 10 del escrito de impugnación de la ANDJE.
14 Página 13 del escrito de impugnación de la ANDJE.
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CONSIDERACIONES DE LA SALA
1. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y
reglamentada por el Decreto 2591 de 199115, fue concebida como un mecanismo
para la protección inmediata, oportuna y adecuada de derechos fundamentales,
ante situaciones de amenaza o vulneración, por la acción u omisión de las
autoridades, o de los particulares en casos concretos y excepcionales. Sin embargo,
es subsidiaria a otras herramientas judiciales, salvo cuando se interponga como
mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
2. La acción de tutela contra providencias judiciales
La acción de tutela procede de manera excepcional contra providencias judiciales,
y así lo ha reconocido la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Dada esa
excepcionalidad, la jurisprudencia ha establecido una serie de requisitos
generales16 y especiales17 que deben cumplirse de forma estricta, para lo cual, se
deben reunir todos los requisitos generales, y por lo menos uno de los defectos o
requisitos especiales de la acción.
De manera pacífica y reiterada, la jurisprudencia constitucional18 ha indicado que
cuando se interpone la acción de tutela contra providencias judiciales, el examen de
los requisitos generales de procedencia debe realizarse con especial rigor, para no
desconocer los principios de autonomía e independencia judicial, y los de legalidad,
cosa juzgada y juez natural como elementos esenciales del derecho al debido
proceso.
Por lo anterior, la procedencia de la acción contra providencias judiciales exige un
mayor rigor en la fundamentación del vicio que se atribuye a la sentencia judicial
objeto de tutela y que el análisis sobre el cumplimiento de los requisitos debe
restringirse únicamente a los argumentos planteados por los intervinientes en el
proceso
3. Planteamiento del problema jurídico
Corresponde a la Sala decidir si asistió razón a la Sección Quinta del Consejo de
Estado al amparar los derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la
15 Decreto 2591 de 1991. Artículo 1: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en
todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en
su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que
estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los
particulares en los casos que señala este decreto”.
16 Los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son:
i) que el actor indique los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; ii) el accionante haya
utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extraordinarios a su alcance para la protección de sus
derechos fundamentales (subsidiariedad); iii) que la acción se haya interpuesto en un término prudencial
(inmediatez); iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional; v) que no se trate de una decisión
proferida en sede de tutela; vi) injerencia de la irregularidad procesal en la providencia atacada.
17 Los requisitos especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: i)
defecto orgánico, ii) defecto procedimental, iii) defecto fáctico, iv) defecto material o sustantivo, v) defecto
por error inducido, vi) defecto por falta de motivación, vii) defecto por desconocimiento del precedente y viii)
defecto por violación directa de la Constitución.
18 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia SU-686 de 2015. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado. Y Consejo
de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 5 de agosto de 2014. Proceso No.
11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). M.P. Jorge Octavio Ramírez R.
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administración de justicia de los accionantes y coadyuvantes de la acción de tutela.
Y, en consecuencia, si había lugar a dejar sin efectos la providencia del 28 de abril
de 2022, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Cesar declaró fundadas
las objeciones a la liquidación del crédito y dispuso la terminación del proceso
ejecutivo.
4 La Sala mantendrá la decisión de amparo del a quo comoquiera que en
el trámite del proceso ejecutivo se materializaron yerros que afectan los
derechos fundamentales de los accionantes
4.1. Sea lo primero indicar que, esta Sala comparte la determinación del a quo de
analizar el caso particular teniendo como derrotero la condición de sujetos de
especial protección constitucional que ostentan los accionantes. Esto, porque
los demandantes son campesinos en situación de vulnerabilidad dado el
desarraigo del que han sido víctimas y los contextos de discriminación histórica
que pesan sobre esta población19.
En este punto es pertinente recordar que, la Corte Constitucional en la
sentencia SU-213 de 2021 reconoció que los campesinos y trabajadores
rurales son sujetos de especial protección constitucional “cuando (i) se
encuentren en circunstancias de marginalización y vulnerabilidad o (ii) formen parte
de grupos de sujetos de especial protección constitucional”, en atención a las
condiciones de vulnerabilidad y discriminación que los han afectado
históricamente, así como a los cambios profundos en materia de producción
de alimentos y a los usos y la explotación de los recursos naturales.
La jurisprudencia constitucional ha enfatizado en que, dada la estrecha
relación existente entre el nivel de vulnerabilidad y la relación de los
campesinos con la tierra, el ordenamiento jurídico colombiano también
reconoce en el campo un “bien jurídico de especial protección constitucional, y
establece en cabeza de los campesinos un Corpus iuris orientado a garantizar su
subsistencia y promover la realización de su proyecto de vida”. Ese Corpus iuris está
compuesto por los derechos a la alimentación, al mínimo vital, al trabajo, al
acceso a la vivienda y a las libertades para escoger profesión u oficio, el libre
desarrollo de la personalidad, y la participación, que se pueden interpretar
como una de las manifestaciones del postulado de la dignidad humana.
En la sentencia C-077 de 201720, la Corte Constitucional destacó que si bien
los campesinos o trabajadores rurales por esa sola condición no están
catalogados como sujetos de especial protección constitucional, si pueden
obtener ese estatus en determinadas circunstancias. Así, por ejemplo, tienen
esta calidad los hombres y mujeres campesinos en situación de marginalidad
y pobreza, y aquellos segmentos de la población campesina en los que
concurre la condición de ser víctimas de desplazamiento forzado, madres
cabeza de familia, menores, adultos mayores, entre otras.
En esa línea, agregó que “una persona, familia o comunidad se encuentran en estado
de vulnerabilidad cuando enfrentan dificultades para procurarse su propia subsistencia y
lograr niveles más altos de bienestar, debido al riesgo al que están expuestos por
19 En similar sentido se puede consultar la sentencia de tutela del 14 de marzo de 2019, proferida por esta
Sección con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto. Proceso nro. 110010315000-2018-
04064-00;
20 M.P. Ernesto Vargas Silva. Demanda de inconstitucionalidad varios artículos de la Ley 1776 de 2016 “Por
la cual se crean y se desarrollan las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social – ZIDRES”
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situaciones que los ponen en desventaja en sus activos”. En ese contexto, añadió que
los riesgos podían surgir de la permanencia de las situaciones que les impiden
a las personas garantizarse de manera autónoma su subsistencia, o
de cambios que amenazan con sumergirlas en una situación de incapacidad
para procurar su mantenimiento mínimo, y lograr niveles más altos de
bienestar
Este enfoque implica, en este caso, como lo indicó el a quo, la flexibilización
razonable en el análisis de las normas procesales para propender por la real
garantía de los derechos fundamentales que puedan estar siendo vulnerados
en el trámite del proceso ejecutivo sub examine.
4.2. Ahora bien, comoquiera que el ejecutivo objeto de análisis surge como
consecuencia de un amparo de tutela establecido dentro de un proceso
constitucional previo (11001-03-15-000-2018-04064-00/01), se estima
relevante hacer una breve referencia al escenario de vulneración de derechos
que se discutió en esa ocasión y a la sentencia de tutela de segunda instancia
que definió esa litis.
Así pues, se tiene que los hoy accionantes presentaron tutela contra la
providencia del 6 de septiembre de 2018, en la que el Tribunal Administrativo
del Cesar, en curso del segundo proceso ejecutivo, revocó la decisión de
primera instancia de seguir a adelante con la ejecución para, en su lugar,
declarar terminado el proceso. Como fundamento de esta determinación, el
Tribunal indicó que la demanda ejecutiva no cumplió con los requisitos de
forma señalados en el artículo 428 del Código General de Proceso, pues no
se presentó la obligación de hacer como principal y los perjuicios moratorios y
compensatorios, como subsidiarios.
Los ejecutantes incoaron acción de tutela aduciendo que el Tribunal
Administrativo del Cesar declaró la terminación del proceso con fundamento
en un requisito apenas formal, esto es: haber solicitado el pago de los
perjuicios compensatorios como pretensión principal y no como subsidiaria
conforme lo establece el artículo 428 del CGP.
Conviene precisar que en esa oportunidad los accionantes presentaron la
solicitud de ejecución por los perjuicios compensatorios y moratorios derivados
del incumplimiento, que no por el cumplimiento de la obligación de hacer.
Al respecto, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en
sede de impugnación, manifestó que las pretensiones formuladas en el
proceso ejecutivo por los demandantes consistentes en convertir en dinero una
obligación de hacer (reubicación), desconocía los fundamentos de la sentencia
de la acción de grupo, es decir, desbordaba el contenido del título ejecutivo.
Esto, porque en el título se indicó expresamente que la obligación de
reubicación debía cumplirse en esa forma y no podía convertirse en dinero.
Recordó que en la sentencia que decidió la acción de grupo, el Tribunal
Administrativo del Cesar desechó esta pretensión del apelante, así:
“(…) por ser la primera y más importante obligación contraída por dicha entidad (lNCODER),
en el trámite de la negociación del mencionado predio (El Prado), debe ser cumplida a
cabalidad, teniendo en cuenta que se trata de una población vulnerable, por la calidad de
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desplazados que tienen, y que ya habían adquirido una rutina de vida y una forma de
subsistencia asentada en ese lugar.
Así las cosas, no se accederá a la petición realizada por el apoderado demandante, en que
dicha indemnización sea reemplazada por dinero, pues la entidad demandada tiene como
función adjudicar los bienes de su propiedad a personas que se encuentren en posesión por
un tiempo determinado, como ocurrió en el presente asunto, pero de ninguna forma entregar
dinero por la misma situación.”21 (Subraya la Sala)
Conforme a lo anterior, el juez de tutela de aquel proceso constitucional
concluyó que el mandamiento de pago debió librarse de acuerdo a lo ordenado
en la sentencia de grupo del 5 de octubre de 2012, confirmada en sentencia
del 30 de enero de 2014.
Al respecto en la sentencia de tutela del 12 de septiembre de 2019, se lee:
“(…) convertir la obligación de hacer en obligación dineraria violaría flagrantemente lo
dispuesto en la propia sentencia que sirve de «título ejecutivo». Por tal razón, la Sala llega a
la conclusión que, conforme con el contenido del título ejecutivo (sentencia) y lo dispuesto en
el artículo 306 del CGP, los accionantes debieron solicitar se cumpliera la obligación en su
forma original y como no lo hicieron resultaba acertada la terminación del proceso ejecutivo,
tal y como lo dispuso el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia del 6 de septiembre
de 2018. Además, como se mencionó, existen dos resoluciones, que se presumen legales,
que señalan que la obligación se encuentra en cabeza de la ANT, entidad a la que debió
solicitarse su cumplimiento.
(…)
Sin embargo, estando claro que en cualquier caso es necesario garantizar el derecho de
acceso a la administración de justicia al grupo demandante y beneficiario de una decisión de
condena ejecutoriada, se dispondrá otorgarle el término de diez días contados desde la
notificación del auto de cumplimiento que debe ser proferido por el Juez de Primera Instancia
para que la parte ejecutante pueda adecuar la demanda ejecutiva en el sentido de dirigirla
exclusivamente contra la AGENCIA NACIONAL DE TIERRA (ANT) e impetrar frente a dicha
entidad el cumplimiento de la obligación de hacer dispuesta en la sentencia proferida el 30 de
enero de 2014 que confirmó la decisión del 5 de octubre de 2012 (…).”22
4.3. Pues bien, es en cumplimiento de esta orden judicial que surge el tercer
proceso ejecutivo que ahora nos ocupa. Los demandantes presentaron una
nueva demanda ejecutiva en la que solicitaron, (i) como pretensión principal,
el cumplimiento de la obligación de hacer y el reconocimiento de los perjuicios
moratorios por la tardanza en la reubicación (art. 426 del CGP) y, (ii) como
pretensión subsidiaria, el reconocimiento de los perjuicios compensatorios y
de los intereses de mora que de éste derivaran (art. 428 del CGP).
El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Valledupar, en auto del 18
de noviembre de 2019, libró mandamiento de pago. En la parte motiva del
proveído precisó que se abstendría de librar mandamiento de pago con
ocasión de las pretensiones subsidiarias (perjuicios compensatorios e
intereses demora), debido a que la sentencia de tutela del 12 de septiembre
del 2019, había sido clara al indicar que “la obligación de hacer a cargo de la
demandada no puede convertirse en dinero”. En consecuencia, libró orden de
pago a cargo de la ANT para que en un término de 10 días cumpliera la
obligación de hacer contenida en el numeral 7 de la sentencia de la acción de
21 Página 41 de la sentencia del 30 de enero de 2014, proferida dentro de la acción de grupo nro. 20-001-33-
31-002-2009-00474-01. Actor: Ana Luisa Chamorro y otros.
22 Páginas 16 y 17 de la sentencia de tutela del 12 de septiembre de 2019, dentro del proceso nro. 11001-03-
15-000-2018-04064-01.
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grupo23, y por “los intereses moratorios generados por el incumplimiento de la obligación
de hacer, desde que esta se hizo exigible hasta cuando se satisfaga plenamente.”
Posteriormente, el Juzgado emitió auto en el que ordenó seguir adelante con
la ejecución y dispuso la liquidación del crédito. Propuesta la liquidación por
los ejecutantes, corrió traslado y tanto la ANT como la ANDJE objetaron la
liquidación del crédito debido, entre otros, a que las obligaciones de hacer no
causan intereses de mora.
En auto del 4 de diciembre de 2020, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar aceptó las objeciones a la liquidación del crédito por
considerar que “una obligación de hacer no puede convertirse en una obligación dineraria
y por lo tanto no genera intereses moratorios”. Además, compulsó copias a la Fiscalía
y a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las investigaciones
dentro de sus competencias contra quienes han fungido como directores de la
ANT, por la omisión en el cumplimiento de la sentencia que constituye título
ejecutivo.
La parte ejecutante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión
y dijo que no pretendió convertir la obligación de hacer en dineraria sino la
liquidación de los perjuicios moratorios por su incumplimiento.
Establecido este contexto se tiene que, la providencia acusada es en la que el
Tribunal Administrativo del Cesar resolvió el recurso de apelación en el sentido
confirmar la decisión de aceptar las objeciones a la liquidación del crédito y,
como consecuencia de ello, declarar terminado el proceso.
4.4. En el auto del 28 de abril del 2022, el Tribunal Administrativo del Cesar
presentó las siguientes premisas como fundamento de su decisión:
4.4.1. Dijo que, el caso particular debe analizarse atendiendo a la condición de
sujetos de especial protección constitucional de los demandantes, lo cual
se refleja en la disminución de la rigurosidad procesal a fin de garantizar
el derecho al acceso a la justicia de los campesinos o trabajadores
rurales.
4.4.2. Con fundamento en el anterior enfoque, procedió con el análisis de fondo
de lo reclamado en la liquidación del crédito, aunque, advirtió, los errores
que viciaron el proceso ejecutivo hubieran permitido dar fin al proceso sin
acudir al análisis sustancial de la apelación.
4.4.3. Manifestó que, el juez de instancia erró al librar el mandamiento de pago
por los intereses de mora, pues conforme a la sentencia de tutela de la
Sección Tercera del Consejo de Estado el título restringe la posibilidad
de perseguir los perjuicios compensatorios y los moratorios. Además, las
obligaciones de hacer no pueden generar intereses de mora.
El juez persistió con el error en la providencia que ordenó seguir adelante
la ejecución, entre otros, por los intereses moratorios y en la que solicitó
a los ejecutantes hacer la liquidación del crédito.
23 “SÉPTIMO: ORDÉNESE al INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL- INCODER proceda a
seleccionar y aprobar los predios que serán permutados con el predio “El Prado” , y en los cuales serán
reubicados los accionantes y demás personas que acrediten pertenecer al grupo, en cumplimiento de las
obligaciones adquiridas en la negociación con los parceleros y C.I. PRODECO.”
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4.4.4. Los ejecutantes tasaron el crédito con fundamento en la cuantificación de
los perjuicios compensatorios y moratorios, pero estos fueron negados
en el mandamiento de pago. En todo caso, “no había lugar a reclamar intereses
moratorios por incumplimiento de la obligación por la simple razón de que en el sub
judice se cobró ejecutivamente una obligación de hacer y no una obligación de dar suma
líquida de dinero.”
En suma, advirtió que ni el mandamiento de pago ni el auto que ordenó
seguir adelante con la ejecución comprendió los perjuicios
compensatorios y moratorios; luego, no es aceptable intentar tasarlos en
la etapa de liquidación del crédito.
A más de lo anterior, consideró que aceptar en la liquidación del crédito
el valor de los perjuicios compensatorios o moratorios avalaría “la mutación
de la obligación de hacer en una obligación de dar sumas líquidas de dinero,
contrariando así al mismísimo título ejecutivo que lo constituyen las sentencias dictadas
en el marco de la acción de grupo y que expresamente prohibieron el cambio de la
obligación original.”
Conforme a estos argumentos, concluyó que ante la improcedencia del
reclamo de los perjuicios moratorios y compensatorios en la liquidación del
crédito y la imposibilidad de que la orden de hacer fuera cumplida por un
tercero, la consecuencia procesal era la terminación del proceso ejecutivo, en
atención a lo establecido en el artículo 428 del Código General del Proceso.
4.5. Dicho esto, y a efectos de resolver el problema jurídico propuesto, se precisa
que, en efecto, la ejecución pretendida por los accionantes tiene origen en una
obligación de hacer. El título que contiene esta obligación es la sentencia del
5 de octubre de 2012, confirmada por el Tribunal Administrativo del Cesar el
30 de enero de 2014. En el numeral séptimo de la providencia de primera
instancia se indicó que, el otrora Incoder, debía seleccionar y aprobar los
predios permutados con el predio El Prado, en los cuales serían reubicados
los demandantes.
Esa obligación de hacer (reubicación), conforme lo indicado en el acápite 4.2.
de esta providencia, no puede mutar a una obligación de dar sumas de dinero.
Así lo precisó el Tribunal Administrativo del Cesar en la sentencia que decidió
la segunda instancia de la acción de grupo y lo recordó la sentencia de tutela
del 12 de septiembre de 2019, proferida por la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo de Estado.
Esta imposibilidad de mutar la obligación de hacer en una obligación de dar
sumas de dinero afecta las pretensiones del proceso ejecutivo en cuanto a los
perjuicios compensatorios, pues esta figura es la que permite transformar las
obligaciones de hacer en obligaciones de dar sumas de dinero. Al respecto, es
ilustrativo traer a colación el contenido del artículo 428 del Código General del
Proceso. Veamos:
“ARTÍCULO 428. EJECUCIÓN POR PERJUICIOS. El acreedor podrá demandar desde
un principio el pago de perjuicios por la no entrega de una especie mueble o de bienes
de género distintos de dinero, o por la ejecución o no ejecución de un hecho,
estimándolos y especificándolos bajo juramento si no figuran en el título ejecutivo, en
una cantidad como principal y otra como tasa de interés mensual, para que se siga la
ejecución por suma líquida de dinero.
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Cuando el demandante pretenda que la ejecución prosiga por perjuicios
compensatorios en caso de que el deudor no cumpla la obligación en la forma ordenada
en el mandamiento ejecutivo deberá solicitarlo subsidiariamente en la demanda, tal
como se dispone en el inciso anterior.
Si no se pidiere así y la obligación original no se cumpliere dentro del término señalado,
se declarará terminado el proceso por auto que no admite apelación.” (Subraya la Sala)
Entonces, se tiene que el argumento expuesto en el auto accionado según el
cual, no había lugar a liquidar el crédito por perjuicios compensatorios, está
efectivamente soportado en la sentencia de tutela del 12 de septiembre de
2019 y en el título ejecutivo, como lo indicaron el juez del ejecutivo y el Tribunal
accionado. Sin embargo, tal consideración no se extiende a los perjuicios
moratorios. En criterio de esta Sala, la sentencia de tutela en mención no
excluye la posibilidad de reclamar perjuicios moratorios, conforme pasará a
explicarse.
El artículo 426 del Código General del Proceso dispone que, cuando la
obligación es de hacer, el demandante también podrá pedir los perjuicios
moratorios por la tardanza en el cumplimiento de la obligación. El artículo en
comento es del siguiente tenor:
“ARTÍCULO 426. EJECUCIÓN POR OBLIGACIÓN DE DAR O HACER. Si la
obligación es de dar una especie mueble o bienes de género distinto de dinero, el
demandante podrá pedir, conjuntamente con la entrega, que la ejecución se extienda a
los perjuicios moratorios desde que la obligación se hizo exigible hasta que la entrega
se efectúe, para lo cual estimará bajo juramento su valor mensual, si no figura en el
título ejecutivo.
De la misma manera se procederá si demanda una obligación de hacer y pide perjuicios
por la demora en la ejecución del hecho.” (Subraya la Sala)
Como se ve, la reclamación de los perjuicios derivados de la tardanza en el
cumplimiento de la obligación de hacer no implica mutar el tipo de obligación
o transformarla, sino que se erige como una herramienta para paliar el impacto
negativo de la mora en el cumplimiento de la obligación y hasta como incentivo
para su cumplimiento efectivo.
Comoquiera que lo que se restringe en la sentencia de la acción de grupo y en
la sentencia de tutela del 12 de septiembre de 2019, es la transformación o
mutación la obligación y este no es el propósito de los perjuicios moratorios,
se concluye que, si era dable reclamar este tipo de perjuicios en la demanda,
como en efecto se hizo.
Recuérdese que la demanda ejecutiva formuló como pretensión principal el
cumplimiento de la obligación de hacer consistente en la reubicación más los
perjuicios moratorios y, de manera subsidiaria, los perjuicios compensatorios
y los intereses de mora.
En esta vía, la Sala coincide con él a quo en que la posibilidad de exigir
perjuicios moratorios no fue restringida en el proceso de tutela previo ni en la
acción de grupo. Luego, los accionantes adecuaron la demanda ejecutiva, en
sus pretensiones principales, dentro de las posibilidades que consagra la Ley
(artículo 426 del CGP) y de los límites fijados en la sentencia de tutela del 12
de septiembre de 2019.
Recuérdese que, en la demanda ejecutiva, la parte actora solicitó lo siguiente:
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“1°. Para el cumplimiento de la obligación de hacer, contenida en el numeral 7° de la sentencia
fechada del cinco (05) de octubre del año dos mil doce (2.012) y confirmada por el
Tribunal Administrativo del Cesar (…)
2°. Librar ejecución de los perjuicios moratorios derivados del retardo en el cumplimiento de
la obligación principal, desde que esta se hizo exigible, hasta cuando se satisfaga
plenamente (…)”24
4.6. Ahora, visto el trámite del tercer proceso ejecutivo, se tiene que, le asistió
razón al Tribunal Administrativo del Cesar al indicar que el mandamiento
ejecutivo y el auto que ordenó seguir adelante con la ejecución contienen una
imprecisión relevante. Este error consistió en que el juez administrativo indicó
que no accedería a las pretensiones subsidiarias de la demanda ejecutiva
(perjuicios compensatorios e intereses de mora), sino que dispondría el pago
de las principales, a su juicio por concepto de (i) la obligación de hacer
contenida en el numeral 7 de la sentencia de grupo del 5 de octubre de 2012,
para que fuera acatada por la ANT en el término de 10 días, y (ii) “por los
intereses de mora desde cuando la obligación se hizo exigible hasta cuando se cumpla en su
totalidad”25. Es decir, el juzgado negó librar mandamiento de pago por los
perjuicios compensatorios y los intereses que de éste derivan, pero libró
mandamiento por interés de mora, y no por perjuicios moratorios.
Aquí resulta útil recordar, brevemente, la diferencia entre el interés de mora y
los perjuicios moratorios, que incluso fue señalada por el Tribunal
Administrativo del Cesar en el auto acusado, y que depende de la forma en
que se calculan. Así pues, el interés de mora deriva de la tardanza en el pago
de las obligaciones dinerarias, mientras que de las obligaciones de hacer se
predican los perjuicios moratorios que se calculan según lo establecido en el
título y, si no se indicó nada al respecto, se deben estimar bajo la gravedad del
juramento.
4.7. Establecido lo anterior, se puede concluir que, en principio, le asistió razón al
Tribunal Administrativo del Cesar al indicar, en el auto acusado, que de las
obligaciones de hacer no pueden derivarse intereses de mora. También acertó
advertir que la liquidación del crédito partió de una premisa errada, debido a
que se fundamentó en la transformación de la obligación de hacer en una
dineraria para poder calcular los intereses de mora.
Tampoco desconoce esta Sala que, tal como lo indicó el Tribunal en el escrito
de impugnación, es cierto que esa Corporación consideró la calidad de sujetos
de especial protección constitucional de los ejecutantes y la aplicó a efectos
de proceder con el análisis de fondo de la apelación del auto que aceptó las
objeciones a la liquidación del crédito, aun cuando era claro que no debió
llegarse hasta esa etapa, porque el juez de la primera instancia se equivocó al
librar el mandamiento de pago por concepto de intereses moratorios. Decisión
que adoptó dentro de los límites que imponía la etapa del proceso y los
argumentos de la apelación.
No obstante, se considera que la imprecisión que identificó en el mandamiento
de pago y providencias subsiguientes del juez de la primera instancia, pudo
24 Página 3 del auto del 18 de noviembre de 2019, en el que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Valledupar libró mandamiento de pago. Proceso ejecutivo nro. 20001-33-33-002-2009-00474-00.
25 Página 3 del auto del 18 de noviembre de 2019, en el que el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito
de Valledupar libró mandamiento de pago. Proceso ejecutivo nro. 20001-33-33-002-2009-00474-00.
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ser corregida en el trámite del proceso ejecutivo para enrutarla conforme a lo
pedido en la demanda (cumplimiento de la obligación de hacer y perjuicios
moratorios) y de esa manera no dejar sin herramientas procesales a los
accionantes frente al cumplimiento de una orden judicial en firme.
En otras palabras, aunque el Tribunal consideró la calidad de sujeto de
especial protección de los demandantes y, en razón a ello, procedió con el
análisis de fondo de su apelación, lo cierto es que el efecto de esa decisión,
en cualquier caso, fue la terminación del proceso ejecutivo y el desamparo
judicial de un grupo de campesinos en condiciones de vulnerabilidad frente a
una orden de reubicación, cuyo cumplimiento no se ha materializado, aun
cuando han transcurrido más de 10 años desde la ejecutoria de la sentencia.
Considera la Sala que atendiendo a la calidad de sujetos de especial
protección constitucional de los accionantes y en garantía de su derecho a la
tutela judicial efectiva o acceso a la administración de justicia, el Tribunal
Administrativo del Cesar pudo desplegar acciones tendientes a aplicar los
remedios procesales necesarios para subsanar el procedimiento en relación
con los errores en los que, identificó, había incurrido el juez de la primera
instancia, garantizando en todo caso, el derecho de defensa y contradicción
de las partes, tal como lo hizo en el auto de cumplimiento de la sentencia de
tutela de primera instancia.
4.7.1. En este punto, conviene recordar que, el derecho a la tutela judicial efectiva
garantiza que cualquier persona pueda acudir ante los jueces de la República
para procurar la protección de los derechos que estima vulnerados. Este
acceso a la administración de justicia debe ser efectivo y real, que no
meramente nominal, ello supone no sólo que el Estado brinde al administrado
un andamiaje jurídico idóneo para dar solución a sus controversias o conflictos
sino, además, que “a través de las actuaciones judiciales se restablezca el orden jurídico
y se protejan las garantías personales que se estiman violadas.”26
La Corte Constitucional ha indicado que este derecho comprende diferentes
facetas en, al menos, tres categorías: (i) aquellas relativas al acceso efectivo
al aparato judicial; (ii) las previstas para el desarrollo del proceso; y (iii)
finalmente, las atinentes a la decisión, cómo debe darse fin a la controversia y
su efectivo cumplimiento.
Esto quiere decir que, “el acceso a la justicia debe entenderse no solo como la posibilidad
de acudir a los jueces competentes para dirimir una determinada controversia o conflicto, sino
que además se debe entender como la posibilidad de que dicho planteamiento se haga
efectivo, a través de la culminación del proceso con la determinación final del juez sobre el
caso y el cumplimiento de la sentencia.” 27
Como se observa, la jurisprudencia constitucional ha determinado que el
cumplimiento efectivo de las sentencias judiciales hace parte del derecho al
acceso a la administración de justicia. Ello implica que, cuando una autoridad
demandada se reúsa a ejecutar lo dispuesto en una providencia judicial
desconoce los derechos fundamentales que en esa providencia se
reconocieron, el principio de cosa juzgada y la íntegra garantía del derecho a
la tutela judicial efectiva. En palabras de la Corte Constitucional28:
26 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-426 de 2002, M.P. Rodrigo Escobar Gil.
27 Corte Constitucional. Sentencia T-608 de 2019. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
28 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia T-553 de 1995, postura reiterada en la sentencia T-799 de
2011.
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“En esa medida, el cumplimiento de las decisiones judiciales es un elemento constitutivo
del derecho al acceso a la administración de justicia, el cual no se agota en la posibilidad
que tienen los ciudadanos de acudir y plantear un problema ante las autoridades
judiciales, sino que su materialización implica que el mismo sea resuelto y que, si hay
lugar a ello, se cumpla de manera efectiva lo ordenado por el operador jurídico.”
No debe olvidarse que, el cumplimiento cabal de las decisiones judiciales es
pilar fundante del Estado Social de Derecho. Y esto se debe a que, para
alcanzar objetivos propios de este modelo estatal, como el lograr un orden
justo o como materializar el catálogo de derechos de los ciudadanos, es
imprescindible la sujeción a lo dispuesto por los jueces de la República.
Como lo ha sostenido la Corte Constitucional en reiteradas oportunidades,
“…el Estado de Derecho no puede operar si las providencias judiciales no son acatadas,
o si lo son según el ánimo y la voluntad de sus destinatarios. Estos, a juicio de la Corte,
no pueden tener la potestad de resolver si se acogen o no a los mandatos del juez que
conduce determinado proceso, independientemente de las razones que puedan esgrimir
en contra, pues el camino para hacerlas valer no es la renuencia a ejecutar lo ordenado
sino el ejercicio de los recursos que el sistema jurídico consagra…” (Sentencias T-262 de
1997 y T–670 de 1998).
Y en la Sentencia T-329 del 18 de julio de 1994, señaló:
“Todos los funcionarios estatales, desde el más encumbrado hasta el más humilde, y
todas las personas, públicas y privadas, tienen el deber de acatar los fallos judiciales, sin
entrar a evaluar si ellos son convenientes u oportunos. Basta saber que han sido
proferidos por el juez competente para que a ellos se deba respeto y para que quienes se
encuentran vinculados por sus resoluciones contraigan la obligación perentoria e
inexcusable de cumplirlos, máxime si están relacionados con el imperio de las garantías
constitucionales. […]
“El acceso a la administración de justicia, garantizado en el artículo 229 Superior, no
implica solamente la posibilidad de acudir ante el juez para demandar que deduzca de la
normatividad vigente aquello que haga justicia en un evento determinado, sino que se
concreta en la real y oportuna decisión judicial y, claro está, en la debida ejecución de
ella. Esto, a la vez, representa una culminación del debido proceso, que no admite
dilaciones injustificadas en el trámite de los asuntos puestos en conocimiento de los jueces
ni, por supuesto, en el cabal y pleno desarrollo de lo que se decida en el curso de los
juicios (Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-329 del 18 de julio de 1994)”.
El acatamiento de las providencias judiciales no solo permite alcanzar una
sociedad más justa y en la cual los derechos transciendan del campo de lo
abstracto a la realidad (eficacia de los derechos), el cumplimiento de lo dicho
por los jueces denota el respeto por la institucionalidad. Y es que esta última
es uno de los logros del Estado de Derecho, pues la creación y fortalecimiento
de instituciones permitió pasar de un modelo en que el poder residía en una
autoridad omnímoda y totalitaria a uno en que propende por evitar la el abuso
del poder y consecuentemente el alcance de las libertades.
4.8. Bajo ese contexto, esta Sala evidencia que, en el curso del proceso ejecutivo
se materializaron errores que afectaron el derecho al acceso a la
administración de justicia de los demandantes en la faceta del cumplimiento
efectivo de las providencias judiciales. Tales errores no fueron corregidos por
las autoridades judiciales del ejecutivo, a pesar de haber tenido esa
posibilidad. No consideró el Tribunal que, la aplicación rígida de las normas
procesales implicaba la terminación del proceso sin que los demandantes
obtuvieran el cumplimiento de la sentencia proferida hace más de 10 años.
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En esa vía, se estima que, la opción que mejor garantiza el derecho al acceso
a la administración de justicia y al debido proceso de las partes es la de
mantener la decisión de amparo para que el proceso ejecutivo se rehaga, en
los términos que dispuso el Tribunal Administrativo del Cesar en el auto de
cumplimiento.
En línea con lo anterior, es relevante tener en cuenta que, en cumplimiento del
fallo de tutela de primera instancia, calendado del 15 de septiembre de 2022,
el Tribunal Administrativo del Cesar profirió el auto del 6 de octubre de 2022,
en el que dispuso, entre otros: (i) en salvaguarda de los derechos
fundamentales de las partes, dejar sin efectos lo actuado en el proceso
ejecutivo desde el auto que libró mandamiento de pago de fecha 18 de
noviembre de 2019; y (ii) ordenar al Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito de Valledupar rehacer la actuación del proceso ejecutivo bajo las
directrices de la sentencia de tutela del 15 de septiembre de 2022.
En el auto el Tribunal indicó que para dar cumplimiento a la orden de tutela era
necesario retrotraer la actuación ejecutiva para que el juez de primera
instancia, a la hora de librar el mandamiento de pago, considerara lo indicado
por la Sección Quinta del Consejo de Estado en relación con la posibilidad que
le asiste a los demandantes de solicitar los perjuicios por la mora en el
cumplimiento de la obligación de hacer. Además, estimó que esta
determinación también salvaguarda el debido proceso de la parte ejecutada a
quien se le garantizará la posibilidad de ejercer su derecho de defensa y
contradicción.
El auto de cumplimiento de la acción de tutela, si dispone las gestiones
necesarias para que el proceso ejecutivo se surta dentro del marco legal
pertinente y propende para que el juez corrija los errores en los que incurrió al
librar el mandamiento de pago. Luego, se estima que se ha enrutado la
actuación en un sentido que garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de
los accionantes y el derecho al debido proceso de los extremos procesales.
Debe agregar esta Sala que, al momento de librar el mandamiento ejecutivo,
el juez de la causa deberá tomar en consideración: (i) los fallos de tutela
proferidos en este proceso constitucional; (ii) el contenido del artículo 426 del
Código General del Proceso, en relación con la posibilidad de solicitar
perjuicios moratorios en obligaciones de hacer y la diferencia entre estos y los
intereses de mora; (iii) el contenido del título ejecutivo constituido por la
sentencias de la acción de grupo; y (iv) la sentencia de tutela del 12 de
septiembre de 2019, proferida por la Sección Tercera de esta Corporación en
la que se precisó la imposibilidad de mutar la obligación de hacer (reubicación)
en dineraria y las sentencias de tutela proferidas en este proceso
constitucional.
4.9. En ese orden de ideas, esta Sala considera que debe confirmarse la decisión
de tutela de primera instancia en integridad, pero por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
4.10. Finalmente, en relación con los argumentos de la ANDJ que discutían que la
sentencia de la acción de grupo adolecía de serios vicios que afectaban el
cumplimiento de las órdenes allí contenidas y a la legitimación en causa por
pasiva de la ANT para cumplir con la obligación de reubicación, baste indicar
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que dado el amplio lapso que ha transcurrido entre la emisión de la sentencia
de grupo y la radicación de la acción de tutela, este no es el escenario para
discutir su contenido, el cual ya hizo tránsito a cosa juzgada y, claramente,
tiene aptitud ejecutiva.
Tampoco es la acción de tutela el escenario para discutir si es la ANT la
entidad encargada del cumplimiento de la orden, pues ese análisis ya se surtió
en el curso del primer y segundo proceso ejecutivo e incluso fue corroborado
en la sentencia de tutela del 19 de septiembre de 2012. Por lo tanto, no hay
mérito para retomar discusión que ya fueron debidamente clausuradas.
En mérito de lo expuesto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Confirmar la decisión impugnada, proferida el 15 de septiembre de 2022, por
la Sección Quinta del Consejo de Estado, por las razones expuestas en esta
providencia.
2. Notificar la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.
3. Publicar la presente decisión en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Esta sentencia se estudió y aprobó en sesión celebrada en la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO WILSON RAMOS GIRÓN
Presidenta
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS FERNANDO MACÍAS GÓMEZ HUMBERTO ANÍBAL RESTREPO VÉLEZ
Conjuez Conjuez
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