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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03731-00

Fecha
8 de septiembre de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03731-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo interpuesto por el Grupo Empresarial Capitol contra el Tribunal Administrativo del Cesar. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03731-00

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

8 de septiembre de 2022

Demandante: Grupo Empresarial Capitol
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2022-03731-00

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., ocho (8) de septiembre de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03731-00
Demandante: GRUPO EMPRESARIAL CAPITOL
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR

Temas: Tutela contra providencia judicial – declara la improcedencia
por no superar el presupuesto de inmediatez

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve el mecanismo presentado por el Grupo Empresarial Capitol, en
ejercicio de la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 26 de mayo de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito radicado el 7 de julio de 2022 en el correo de recepción de
tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial, el abogado Juan Pablo Ospina
Rodríguez, actuando en nombre y representación del Grupo Empresarial Capitol,
instauró acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Cesar, con el fin de
que sean amparados los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a
la administración de justicia.

2. Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas, con
ocasión del auto del 19 de agosto de “20201” (sic), a través del cual el Tribunal
Administrativo del Cesar, declaró la nulidad de todo lo actuado, a partir del acto de
notificación del auto admisorio de la demanda. Lo anterior, en el marco del medio
de control de controversias contractuales, que instauró la compañía tutelante
contra el Departamento del Cesar, que se identificó con el radicado N.º 20001-23-
33-000-2019-00233-00.

1
Si bien se indicó que la providencia objeto de censura data del 19 de agosto de 2020, lo cierto es
que fue proferida el 19 de agosto de 2021, conforme a la cronología que se indica en los
fundamentos de la decisión.

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Demandante: Grupo Empresarial Capitol
Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
Rad: 11001-03-15-000-2022-03731-00

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“AMPARE LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES DE MI PROHIJADO AL
DEBIDO PROCESO Y AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

DECALRA SURTIDA EN DEBIDA FORMA LA NOTIFICACION JUDICIAL DEL
PROCESO SUB JUDICE.

ORDENE REVOCAR EL AUTO DEL 19 DE AGOSTO DEL 2020 POR EL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CESAR, MAGISTRADO PONENTE JOSE
ANTONIO APONTE OLIVELLA. RADICADO 20-001-23-33-000-2019-00233-
00”. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 25 de junio de 2019, la firma Conde Abogados Asociados S.A.S., en
representación del Grupo Empresarial Capitol, instauró demanda en ejercicio del
medio de control de controversias contractuales contra el Departamento del Cesar.

5. El 7 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo del Cesar admitió la
demanda, providencia que fue notificada por estado que se fijó en esa misma
fecha.

6. El 26 de abril de 2021, el Departamento del Cesar solicitó la declaratoria de
nulidad de todo lo actuado por la indebida notificación del auto admisorio de la
demanda.

7. El 19 de junio de 2021, la referida firma de abogados, avalados por el
representante legal del Grupo Empresarial Capitol, sustituyó el poder en favor de
Garvin Abogados y Asociados.

8. En providencia del 19 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo del
Cesar decretó la nulidad de todo lo actuado en el proceso, a partir del acto de
notificación del auto admisorio y ordenó que por secretaría se efectuara la
notificación de dicho proveído, únicamente al Departamento del Cesar, debido a
que las demás notificaciones surtidas no fueron objeto de nulidad.

9. La referida providencia fue notificada por estado electrónico que se fijó el 19
de agosto de 2021.

1.4. Sustento de la vulneración

10. La parte actora alegó que el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de

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Demandado: Tribunal Administrativo del Cesar
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justicia, con ocasión del auto que declaró la nulidad de todo lo actuado en el medio
de control de controversias contractuales, con fundamento en que el ente territorial
demandado sí fue notificado en debida forma por lo que, la “falta de diligencia de la
abogada no puede en ningún caso jugar en contra de la celeridad y efectivida (sic) de la
justicia colombiana”.

11. Asimismo, alegó que también se vulneró su derecho de acceso a la
administración de justicia dado que en el auto objeto de censura no se reconoció
ningún recurso, situación que negó la posibilidad de ejercer el derecho de defensa
y contradicción.

1.5. Trámite de la acción de tutela

12. Subsanada la demanda2, la magistrada ponente, a través de auto del 22 de
agosto de 2022, admitió la tutela3 y ordenó la notificación de la parte accionante y
del magistrado José Antonio Aponte Olivella, integrante del Tribunal Administrativo
del Cesar, como autoridad judicial demandada, así como de la Agencia Nacional
de Defensa Jurídica del Estado, en los términos y para los efectos previstos en el
artículo 610 del Código General del Proceso.

13. Asimismo, dispuso la vinculación en calidad de terceros con interés del
Departamento del Cesar y a Conde Abogados Asociados S.A.S., como ente
territorial accionado y quienes inicialmente representaron los intereses de la
compañía tutelante.

14. Finalmente, le reconoció personería para actuar al abogado Juan Pablo
Ospina Rodríguez, como apoderado judicial de la parte actora.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Tribunal Administrativo del Cesar

15. La presidente de la Corporación solicitó que se declare la improcedencia del
mecanismo por no superar los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad, el
primero porque entre la ejecutoria de la providencia objeto de censura y la
radicación de este mecanismo de amparo transcurrieron “2 años” (sic) sin que se

2
Mediante auto del 28.7.2022, el despacho sustanciador inadmitió la tutela y concedió el término
de 3 días para que el abogado Ospina Rodríguez aportara: i) el poder para presentar esta acción
de tutela; ii) el certificado de existencia y representación legal del Grupo Empresarial Capitol; iii) el
mandato que le confirió la compañía tutelante a Conde Abogados Asociados S.A.S. y; iv) que
precisara el o los defectos en que consideraba incurrió el Tribunal Administrativo del Cesar al
proferir el auto del 19 de agosto de 2021.
3
Si bien en el punto quinto del auto admisorio se ordenó la publicación en la página web del
Tribunal Administrativo de Antioquia, lo cierto es que en la notificación electrónica dicha orden se
impartió al Tribunal Administrativo del Cesar.

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exhiba o acredite alguna justa causa para no acudir de manera oportuna y dentro
del término razonable, prudencial y adecuado; el segundo, porque de las
actuaciones surtidas se observa que luego de proferido el auto que declaró la
nulidad de todo lo actuado, las partes no interpusieron recurso alguno contra dicha
decisión, situación que evidencia que no se agotaron los mecanismos de defensa
previstos en el proceso.

16. Sin perjuicio de lo anterior, explicó que al revisar el proceso objeto de
controversia no se encontró arbitrariedad con el ordenamiento jurídico como para
asumir la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte
actora, que permita que sus pretensiones prosperen.

1.6.2. Gobernación del Cesar

17. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del departamento, luego de oponerse
a los hechos y pretensiones de la tutela, explicó que el mecanismo de amparo no
cumple con el requisito de subsidiariedad con fundamento en que el Grupo
Empresarial Capitol podía instaurar recurso de reposición y, en subsidio, el de
apelación contra el auto del 19 de agosto de 2021 que declaró la nulidad de todo
lo actuado por indebida notificación. En ese orden, indicó que el instrumento
constitucional no está previsto para reemplazar los medios ordinarios existentes.

1.6.4. El magistrado José Antonio Aponte Olivella, la compañía Conde
Abogados Asociados S.A.S y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

18. Esta Sala es competente para conocer de la acción de tutela de la
referencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución
Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de
2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de
2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Problema jurídico

19. Corresponde a la Sala resolver los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos adjetivos de procedibilidad?

20. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se determinará:

• Si el Tribunal Administrativo del Cesar vulneró los derechos fundamentales
al debido proceso y de acceso a la administración de justicia de la parte
actora al proferir el auto del 19 de agosto de 2021 que decretó la nulidad de

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todo lo actuado a partir del auto admisorio de la demanda, en el marco del
medio de control de controversias contractuales que se instauró contra el
Departamento del Cesar.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

21. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de
la acción de tutela contra providencias judiciales; (ii) el estudio de los requisitos de
procedibilidad adjetiva y, en caso de encontrarlos superados; (iii) el análisis del
caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia
judicial

22. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de
2012 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción
de tutela contra providencias judiciales4, por cuanto las distintas Secciones y la
misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema5 y declaró su
procedencia6.

23. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como
parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i)
que el asunto sea de relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra
tutela; iii) inmediatez; iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos
ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para
la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse
el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del
amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

24. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala
adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos
en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en
donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que
la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que
incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente
reabrir el debate de instancia.

25. Cabe manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada
como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos,
interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo
las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

4
Ref.: Exp. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery
Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González.
5
El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado.
6
Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”

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2.5. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Inmediatez7

26. En relación con este presupuesto y de conformidad con los supuestos
fácticos y el material probatorio aportado al expediente digital, esta Colegiatura
advierte que en lo que se refiere al auto que decretó la nulidad de todo lo actuado
en el marco del medio de control de controversias contractuales que interpuso la
compañía accionante en contra del departamento del Cesar, la presente solicitud
de amparo no cumple con el requisito de la inmediatez, por las razones que
pasan a explicarse:

27. En el asunto sub judice, la Sala encuentra que la referida providencia data
del 19 de agosto de 2021 y se notificó el mismo día a través de estado
electrónico, por lo que, sin necesidad de identificar la fecha en que cobró
ejecutoria, se observa que la tutela se presentó por fuera del plazo prudencial y
razonable indicado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 20148
proferida por la Sala Plena de esta Corporación, toda vez que el mecanismo de
amparo se radicó el 7 de julio de 2022, es decir, habiendo transcurrido más de 10
meses.

28. En la mencionada decisión, se resolvió adoptar los criterios expuestos por
la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005, para determinar la
procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que el
término de seis (6) meses es suficiente para acudir y solicitar el amparo de los
derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias
judiciales.

29. Por otro lado, no se evidencia que la parte actora se encuentre en alguna
de las circunstancias jurisprudencialmente establecidas por la Corte
Constitucional9 para flexibilizar la exigencia de la inmediatez, es decir: (i) no existe
un motivo válido para su inactividad; (ii) su inactividad no vulnera el núcleo
esencial de los derechos de terceros afectados con la decisión; (iii) no existe un
nexo causal entre el ejercicio tardío de la acción y la vulneración de los derechos
fundamentales del interesado; y (iv) el fundamento de la acción de tutela no surgió
después de acaecida la actuación violatoria de los derechos fundamentales, de
cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposición.

30. En atención a la tesis expuesta y luego de revisar el memorial introductorio,
no se encontró que la parte actora manifestara algún argumento que encuadrara
dentro de las causales de justificación establecidas por la Corte Constitucional en
la sentencia T-265 de 2015 y cuya posición, se reitera, es acogida por esta

7
Al respecto, consultar, entre otras, Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, sentencia del 3.2.2022, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2021-06564-01.
8
Consejo de Estado, Sección Cuarta, Rad. 2012-02201-01, actor: Alpina Productos Alimenticios S.A. M.P.
Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
9
Ver, entre otras, las sentencias: T-1229 de 2000, T-684 de 2003, T-016 de 2006 y T-1044 de 2007, T- 1110
de 2005, T-158 de 2006, T-166 de 2010, T-502 de 2010, T-574 de 2010, T-576 de 2010.

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Sección como criterio auxiliar que permita superar la exigencia adjetiva de
procedibilidad relativa a la inmediatez.

31. En efecto, no obra prueba alguna en el expediente que justifique la omisión
en la presentación de la acción de tutela dentro del término de los 6 meses o algún
hecho o manifestación que permita demostrar que el Grupo Empresarial Capitol
estaba imposibilitado para ejercer de manera oportuna este mecanismo de
amparo constitucional.

32. Si bien la falta de acreditación de dicho presupuesto sería suficiente para
declarar la improcedencia de la tutela, esta Sala de Decisión procederá al estudio
del requisito de subsidiariedad, con el objeto de explicar los motivos por los cuales
no le asiste razón en el cargo de la vulneración del derecho fundamental de
acceso a la administración de justicia que expuso.

33. El apoderado de la compañía accionante considera que el hecho de que el
Tribunal Administrativo del Cesar no señalara expresamente la procedencia de
recursos en el auto que decretó la nulidad de todo lo actuado, vulneró el derecho
fundamental de acceso a la administración de justicia de su cliente.

34. Al respecto, resulta pertinente precisar que los recursos que proceden
contra las providencias judiciales se establecen en el estatuto procesal, sin que
haya lugar a concluir que el operador jurídico esté obligado a manifestar su
oportunidad en la parte resolutiva de las mismas.

35. En ese orden de ideas, la Sección Quinta del Consejo de Estado destaca
que la compañía demandante disponía de los recursos de reposición10 y, en
subsidio, el de apelación11 para controvertir el auto que declaró la nulidad de todo
lo actuado en el medio de control de controversias contractuales para, de esa
manera, brindar la oportunidad al tribunal de reconsiderar la decisión que en esa
oportunidad adoptó y, de concluir en el mismo sentido, que esta Corporación,
como superior funcional del Tribunal Administrativo del Cesar, revisara el proveído
judicial en comento pues ese es precisamente el mecanismo idóneo para
propender por la salvaguarda de sus intereses.

36. Lo anterior, atendiendo el carácter residual y subsidiario que rige a la tutela,
razón por la que no es válido que quien la ejerza lo haga con el fin de revivir
términos fenecidos o concluidos, especialmente, cuando no se presentan los

10
ARTÍCULO 242. REPOSICIÓN. <Artículo modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo
norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el
Código General del Proceso.
11
“(…) el recurso de apelación en asuntos que competen a la jurisdicción contencioso
administrativa tiene norma especial que regula su procedencia, la cual inicialmente se preveía en el
artículo 181 del C.C.A., y actualmente figura en el artículo 243 del C.P.A.C.A., que en todo caso en
ambas normas se establece expresamente que la apelación procede contra autos entre ellos el
que decreta nulidades”, Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “B”, sentencia del
7.3.2016, M.P. Gerardo Arenas Monsalve.

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recursos que la ley dispone para ello, como ocurrió en este asunto, dado que la
decisión adoptada por Tribunal Administrativo del Cesar el 19 de agosto de 2021,
quedó debidamente ejecutoriada sin que las partes la controvirtieran.

2.6. Conclusión

37. Por todo lo expuesto, esta Sección de la Corporación declarará la
improcedencia del mecanismo de amparo, por no superar los requisitos de
inmediatez y subsidiariedad, el primero, porque pasaron más de 10 meses desde
la ejecutoria de la providencia atacada y la radicación de este instrumento de
amparo y, el segundo, porque no se agotaron los medios ordinarios que tuvo a su
alcance para propender por el amparo de los derechos fundamentales que
depreca por esta vía.

3. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: DECLARAR LA IMPROCEDENCIA del mecanismo de amparo
interpuesto por el Grupo Empresarial Capitol contra el Tribunal Administrativo del
Cesar.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: En el evento de no ser impugnada, REMITIR el expediente a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo dispuesto en
la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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