RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03739-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03739-00

Fecha
3 de agosto de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03739-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03739-00

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

3 de agosto de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, tres (3) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: JOSÉ DOMINGO DE ÁVILA OROZCO
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL.
INCREMENTO DE LA PRIMA DE ACTIVIDAD.
RELIQUIDACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE RETIRO. SE
DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA
POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LA ACCIÓN DE
TUTELA NO CONSTITUYE UNA TERCERA INSTANCIA
DEL PROCESO ORDINARIO.

Síntesis del caso: el actor reprochó la providencia judicial mediante la cual se le negó el
incremento de la prima de actividad y la consecuente reliquidación de la asignación de retiro,
por cuanto adquirió la calidad de retirado el 17 de julio de 2004, fecha de finalización de los
tres meses de alta y para cuando no se encontraba vigente el Decreto 2070 de 2003

La Sala procede a decidir la acción de tutela presentada por el señor José Domingo
de Ávila Orozco en contra del Tribunal Administrativo de Bolívar y del Juzgado Décimo
Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena para la protección de sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la
administración de justicia consagrados en los artículos 29, 13, 48 y 229 de la Carta
Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado el 7 de julio de 2022 el señor José Domingo de Ávila Orozco
presentó acción de tutela en contra de las providencias judiciales proferidas por el

2
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y el Tribunal
Administrativo de Bolívar con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales,
por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo
siguiente:

1) Ingresó a la Policía Nacional como agente alumno el 1 de agosto de 1983 y fue
retirado del servicio activo mediante la Resolución 677 del 1 de abril de 2004.

2) Mediante Resolución 04458 del 24 de agosto de 2004 la Caja de Sueldos de Retiro
de la Policía Nacional - CASUR, le reconoció una asignación mensual de retiro con
fundamento en el Decreto 1213 de 1990.

3) De igual manera, le reconoció la prima de actividad en cuantía equivalente al 20%
del sueldo básico.

4) Para la fecha de retiro del demandante -17 de abril del 2004- se encontraba vigente
el Decreto Ley 2070 de 2003, el cual fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional en sentencia C-432 del 6 de mayo del 2004.

5) El 1 de junio de 2018 radicó derecho de petición ante CASUR, con el fin de que le
reconociera y pagara la totalidad de la prima de actividad y su retroactivo, con
fundamento en el Decreto 2070 de 2003, por cuanto la fecha efectiva de retiro era
aquella que registraba en la respectiva hoja de servicios, es decir, el 17 de abril 2004,
y no la del momento en que se le reconoció la asignación.

6) A través del Oficio E-00003-201815616-CASUR Id. 347707 del 6 de agosto de 2018,
CASUR negó la solicitud en consideración a que el Decreto 2070 de 2003 había
empezado a regir desde su publicación y para esa fecha el actor ya ostentaba la
calidad de retirado, por lo que le era aplicable el Decreto 1213 de 1990.

7) Por lo anterior, presentó demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra de CASUR con la finalidad de que se declarara

3
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio del 6 de agosto del 2018, por
medio del cual se negó el incremento de la prima de actividad y la consecuente
reliquidación de la asignación de retiro y, como restablecimiento, se reajustara la
misma con el incremento del porcentaje de la prima de actividad, de conformidad con
el Decreto 2070 del 2003.

8) El Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en
sentencia de 11 de junio de 2019 negó las pretensiones de la demanda, por cuanto el
Decreto 2070 de 2003 no era el régimen aplicable, pues el demandante adquirió su
estatus de retirado con posterioridad a la vigencia de dicha norma, el cual fue
promulgado y publicado el 28 de julio de julio del 2003 y tuvo vigencia hasta el 6 de
mayo del 2004, fecha en la que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional
mediante sentencia C-432 de 2004, es decir, perdió vigencia en una fecha anterior al
momento en que el actor adquirió el estatus de retirado, el 24 de agosto de 2004.

9) La parte demandante presentó recurso de apelación en el que indicó que adquirió
la calidad de retirado el 17 de abril de 2004 y no el 17 de julio de 2004, pues entre una
fecha y la otra transcurrieron los tres meses de alta.

10) De igual manera, sostuvo que hubo una debida interpretación del artículo 106 del
Decreto 1213 de 1990 y un desconocimiento del artículo 48 de la Carta Política, pues
los tres meses de alta son periodo de servicio activo únicamente para efectos de
prestaciones sociales, es decir, para liquidar los haberes percibidos en actividad.

11) El recurso fue desatado por el Tribunal Administrativo de Bolívar mediante
providencia de 30 de noviembre de 20211, en la que confirmó la decisión de negar el
incremento del porcentaje de la prima de actividad, pues el reconocimiento de la
asignación de retiro se regía en su integridad por el Decreto 1213 de 1990, por cuanto
la calidad de retirado se adquirió el 17 de julio de 2004, fecha de finalización de los
tres meses de alta y para cuando no se encontraba vigente el Decreto 2070 de 2003.

1 Decisión que fue notificada por correo electrónico el 14 de junio de 2022.

4
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

2. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que las autoridades judiciales accionadas vulneraron sus
derechos fundamentales del debido proceso, igualdad, seguridad social y acceso a la
administración de justicia con ocasión de los fallos proferidos el 11 de junio de 2019 y
el 30 de noviembre de 2021 por cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos
sustantivo, desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la
Constitución.

En cuanto al defecto sustantivo manifestó que se inaplicó el artículo 45 de la Ley 270
de 1996, pues la sentencia C-432 de 2004, que declaró la inexequibilidad del Decreto
2070 de 2003 solo afectó al personal retirado después de la fijación del edicto -3 de
junio de 2004-, pues no se podía dar efectos retroactivos a dicha decisión.

Sostuvo que hubo un error grave de interpretación pues se dio un alcance indebido al
artículo 106 del Decreto 1213 de 1990 por considerar que los tres meses de alta son
un periodo de servicio activo cuando la codificación ut supra señala que lo es,
únicamente, para efectos de prestaciones sociales.

Frente al desconocimiento del precedente judicial señaló que el tribunal omitió aplicar
las sentencias del 7 de marzo de 2013, CP Gustavo Eduardo Gómez Aranguren,
radicación no. 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-10); 10 de julio de 2014,
radicación no. 11001-33-31-702-2009-00041-01 (2602- 2011); 4 de septiembre de
2017, radicación no. 17001-23-33-000-2015-00061-01 (0256-16), CP Rafael Francisco
Suárez Vargas; y del 1 de marzo de 2018, radicación no. 17001-23-33-000-2014-
00342-01(4311-15), CP Gabriel Valbuena Hernández, la cuales interpretaron el
artículo 116 del Decreto 1213 de 1990 y todo lo relacionado con la aplicación del
Decreto 2070 de 2003 para los miembros de la fuerza pública y concluyeron que para
el caso de estos la norma aplicable era la vigente al momento que se le notifica el acto
administrativo de retiro.

Finalmente, respecto a la violación directa de la Constitución afirmó que se vulneraron
los derechos fundamentales del demandante, por cuanto a otras personas en
situaciones iguales se les ha reconocido en su asignación mensual la totalidad de la
prima de actividad que recibían, conforme con el Decreto 2070 de 2003, tal como

5
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

ocurrió en la sentencia de unificación del 7 de marzo de 2013, CP: Gustavo Eduardo
Gómez Aranguren, radicación no. 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-10) y la
sentencia del 10 de julio de 2014, radicación no. 11001-33-31-702-2009-00041-01
(2602- 2011).

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las
siguientes súplicas:

“1. TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, DERECHO A
LA IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL DEBIDO
PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por
cuanto la sentencias proferidas por JUZGADO DECIMO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Y LA SALA DE
DECISIÓN No. 001 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, el
11 de junio de 2019 y 30 de noviembre de 2021, incurrieron por lo menos en
3 defectos o casuales específicas de procedibilidad de la acción de tutela
contra sentencias judiciales: 1. Defecto material o sustantivo, 2.
Desconocimiento del precedente y 3 violación directa de la
constitución.

2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 30 noviembre de 2021
y en su lugar se ORDENE a LA SALA DE DECISIÓN No. 001 DEL
TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, que en el término que el Juez
de tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en
cuenta los lineamientos establecidos por la ley, el precedente judicial y los
propios del fallo de la presente tutela.

3. CONMINAR a LA SALA DE DECISIÓN No. 001 DEL TRIBUNAL
ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, para que aplique las sentencias de
unificación proferidas por el Consejo de Estado, toda vez que las mismas
son obligatorias para las autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y
270 de la Ley 1437 de 2011, por los efectos vinculantes de las mismas.”.
(archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas y
mayúsculas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 11 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar
el presidente y a los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Bolívar, al
titular del Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y
al director de la Caja de Sueldos de Retiro de da Policía Nacional - CASUR con el fin
de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

6
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

5. Actuación de las autoridades demandadas

La secretaria del Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena remitió copia magnética del proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicación 13001-33-33-011-2018-00201-00, pero no hizo
pronunciamiento alguno acerca de las pretensiones de la demanda.

La magistrada ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar resaltó que el trámite del
medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuestionado culminó con
absoluto respeto de las reglas del debido proceso, sin que se avizore vulneración
alguna de los derechos fundamentales invocados por la parte demandante.

La Caja de Sueldos de Retiro de da Policía Nacional – CASUR guardó silencio en esta
oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración
con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991,
disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un
procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y
eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una
acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender
sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o
variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos
precluidos o acciones caducadas.

7
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando
exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del
demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional
al Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y al
Tribunal Administrativo de Bolívar con el fin de que se protejan los derechos
constitucionales fundamentales presuntamente vulnerados con ocasión de los fallos
proferidos el 11 de junio de 2019 y el 30 de noviembre de 2021, respectivamente, por
cuanto, a su juicio, incurrieron en los defectos sustantivo, desconocimiento del
precedente judicial y violación directa de la Constitución.

La Sala considera preciso aclarar que, si bien la acción de tutela se dirigió
indistintamente contra los fallos de primera y segunda instancia proferidos en el
proceso ordinario, lo cierto es que en este caso el análisis se limitará a este último por
cuanto fue el que definió la situación jurídica particular.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala declarará
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de relevancia
constitucional por las razones que procederán a exponerse:

1) Para la Sala es claro que los fundamentos que soportan la interposición de la acción
de tutela se dirigen de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron
debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario y
que estaban dirigidos al reconocimiento y pago del reajuste de la asignación de retiro
con la totalidad de la prima de actividad, conforme con lo dispuesto en el Decreto 2070
de 2003, teniendo en cuenta que la fecha efectiva de retiro se dio el 17 de abril de
2004 y no cuando vencieron los tres meses de alta -17 de julio de 2004-.

2) En el recurso de apelación del proceso ordinario el demandante indicó, en los
mismos términos que ahora plantea, que la calidad de retirado la adquirió el 17 de abril

8
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

de 2004, fecha en la que todavía se encontraba vigente el Decreto 2070 de 2003. Al
respecto, señaló:

“PRIMER ERROR: Considerar que la norma aplicable es la vigente
para el 17 de julio de 2004, fecha en la que culminaron los tres meses
de alta; No es cierto señores magistrados pues el estatus de retirado
lo adquirió el actor cuando se e desvinculó del servicio activo, esto
es el día 17 de abril de 2004, fecha en que le fue notificada la
resolución 0677 del 1 de abril de 2004, como consta en la hoja de
servicios.

Tampoco es cierto que el Decreto 2070 de 2003, tuvo vigencia hasta
el 6 de mayo de 2004, pues el tan mencionado Decreto 2070 mantuvo
su vigencia hasta el 3 de junio de 2004, fecha en la que fue notificada por
el edicto142, la sentencia C-432 de 06 de mayo de 2004.

Sea lo primero advertir que la calidad de retirado de demandante la
adquirió el 17 de abril de 2004 y no el 17 de julio de 2004, pues entre
una fecha y la otra han transcurrido lo que se conoce como los
TRES MESES DE ALTA, que tienen como finalidad la elaboración de
actuaciones administrativas, como la conformación de la hoja de
servicios y el expediente prestacional para ser enviado a la entidad
pagadora de la asignación mensual de retiro, Entonces mal podía
negarse las pretensiones de la demanda por considerar que el actor le
fue reconocida su asignación después de la declaratoria de exequibilidad
de la norma en comento.”.(archivo disponible en medio magnético en el
aplicativo SAMAI- negrillas de la Sala).

3) En cuanto al presunto desconocimiento del precedente señaló que el Consejo de
Estado en reiteradas oportunidades ha establecido que, para los miembros de la fuerza
pública, se debe tener en cuenta, para efectos del reconocimiento de la asignación,
las disposiciones vigentes a la fecha de retiro y no del momento en que la respectiva
caja pagadora expide el acto administrativo de reconocimiento, pues entre la primera
y la segunda trascurren los 3 meses de alta que tienen como objetivo la elaboración
de la hoja de servicios, así:

“El Consejo de Estado, ha sostenido reiteradamente que para el caso de
los miembros de la fuerza pública, se tiene en cuenta para efectos del
reconocimiento de la asignación, las disposiciones vigentes a la fecha de
retiro, no la fecha en que la respectiva caja pagadora expide el acto
administrativo de reconocimiento, pues entre la primera fecha y la
segunda transcurren los llamados 3 meses de alta que tienen como
objetivo la elaboración de/a hoja de servicios tal como lo indico el
CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A";
en sentencia del I de maro de 2012, Actor: JOSE AICARDO
BETANCOURTH GOMEZ VS CASUR, Radicado N°17001 —23-31 —
000 — 2005 — 02204 — 01 (0702-09) C.P.: ALFONSO VARGAS
RINCON.

(…).

9
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

Que para el caso como el que nos ocupa, el CONSEJO DE ESTADO -
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" profirió sentencia de
UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA' el 07 de marzo de 2013.
Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.
Radicación No: 11001 33 31 010 2007 00575 01 (2108-10). Actor: LUIS
EDUARDO MEDINA SARMIENTO. Demandado: Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, la cual resolvió el RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION. puntualizando que:

"En efecto, para nuestro caso es importante resaltar que si bien el retiro
del actor se produjo el 13 de febrero de 2004 y los tres meses de alta
culminaron el 13 de mayo de 2004, es claro que tal periodo tiene como
uno de los objetivos primordiales la elaboración de la hoja de servicios'
261 y el reconocimiento de la prestación a través de acto administrativo
proferido por la entidad, culminados los cuales se goza del derecho al
pago de la asignación de retiro, como lo disponen los artículos 29 y
siguientes del Decreto 2070 de 2003. (Negrilla son propios)

(…).

CUARTO ERROR: Apartarse del precedente judicial, recordemos que
desde la sentencia C - 590 de 2005, la Corte Constitucional ha sostenido
que apartarse del precedente judicial, constituye una vía de hecho; por
tal razón y por las ya expuestas, debe ser revocada la sentencia de
primer instancia, ya que efectivamente existen pronunciamientos del
máximo órgano de la jurisdicción contenciosa administrativa que han
concluido que la norma aplicable para el caso de los miembros de la
fuerza pública es la vigente al momento que se le notifica el acto
administrativo de retiro, en tal efecto me permito citar jurisprudencia que
coadyuva los argumentos expuestos en el presente recurso:

CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA - SUBSECC1ON "A";
sentencia del 04 de septiembre de 2017, Actor: CARLOS HERNÁN
AGUIRRE PARRA VS CASUR, Radicado N° 17001 — 23 — 33 —000-
2015-00061 —01 (0256-16) C.P.: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ
VARGAS.

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA; CONSEJO DE
ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN "A" Bogotá D.C.,
siete (7) de marzo de dos mil trece (2013). Consejero Ponente:
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. Radicación No: 11001
33 31 010 2007 00575 01(2108-JO). Actor: LUIS EDUARDO MEDINA
SARMIENTO. Demandado: Caja de Sueldos de Retiro de la Policía
Nacional. RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISION.

CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDA - SUBSECCION "A"; en
sentencia del 1 de marzo de 2012, Actor: JOSE AICARDO
BETANCOURTH GOMEZ VS CASUR, Radicado N° 17001 — 23 —31 —
000 — 2005 — 02204 — 01 (0702-09) C.P.: ALFONSO VARGAS
JUNCO:”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI- negrilla de la Sala).

4) Por su parte, en el fallo de 30 de noviembre de 2021 que resolvió el recurso de
apelación el Tribunal Administrativo de Bolívar, después de hacer el análisis de las
pruebas allegadas al proceso, señaló que el demandante adquirió el derecho para

10
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

disfrutar de la asignación mensual de retiro el 17 de julio de 2004, fecha de finalización
de los tres meses de alta, y para cuando ya no se encontraba vigente el Decreto 2070
de 2003, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C- 432 del 6 de mayo de 2004, por consiguiente, el reconocimiento de la
asignación de retiro se regía en su integridad por el Decreto 1213 de 1990 que
establece que la prima de actividad como partida computable de la asignación de retiro
corresponde al 20%, como lo indicó la providencia en los siguientes términos:

“De allí que, sin vacilación, la normativa transcrita permite a la Sala concluir
que los tres meses de alta se toman como tiempo de servido activo para
las prestaciones sociales, como lo es la asignación de retiro y la prima
de actividad, tiempo durante el cual, los miembros de la Fuerza Pública
continúan percibiendo la totalidad de su salario. Y para no escatimar en
razones, el propio texto del artículo 104, advierte, que el derecho a la
asignación de retiro se adquiere, a partir de la fecha en que terminen los tres
meses de alta; sobre ello no abriga duda la Sala y para llegar a esa
conclusión no precisa siquiera ensayar otro razonamiento.

En consecuencia, el derecho para disfrutar de asignación mensual de
retiro, lo adquirió el actor el día 17 de julio de 2004, fecha de finalización
de los tres meses de alta, y para cuando ya no se encontraba vigente el
Decreto 2070 de 2003, el cual fue declarado inexequible por la Corte
Constitucional mediante sentencia C- 432 del 6 de mayo de 2004,
significando ello, que el reconocimiento de la asignación de retiro se regía en
su integridad por el Decreto 1213 de 1990, el cual recobro su vigencia a partir
del 7 de mayo de 2004, normativa a la cual se dio efectiva aplicación por
la entidad demandada, y bajo la cual la prima de actividad como partida
computable de la asignación de retiro correspondía al 20%, en
aplicabilidad del artículo 101, teniendo en cuenta los 20 años de servicio
acreditados.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo
SAMAI- negrilla de la Sala).

5) Adicionalmente, en cuanto al presunto desconocimiento del precedente judicial
invocado señaló que, si bien no existía regla de adscripción obligatoria sentada en la
jurisprudencia que obligara a tomar partido por una u otra postura, respecto de si los
tres meses de alta se debían tener como servicio activo o solamente servían para
adelantar trámites administrativos, se inclinó por prohijar la primera tesis, en los
términos que se explican a continuación:

“Así, de una parte, la Sub sección A, de la Sección Segunda, de la Sala de
lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia del 7 de
marzo de 2013 (fallo citado por el censor para enarbolar el cargo de
violación del precedente judicial), y que dicho sea de paso no es un
fallo de unificación jurisprudencial como taimadamente lo quiere
presentar el apelante, definió que los 3 meses de alta, tienen como
finalidad adelantar los procedimientos necesarios para reconocer,
liquidar y hacer efectiva la prestación, en tal sentido indicó:

11
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

(…).

De otro lado, se tiene la postura de la Subsección B, de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de
Estado, que en sentencia del 27 de junio de 2013, adopta una línea
interpretativa diferente y sosteniente que la consolidación del estatus
pensional ocurre al memento de retiro efectivo del servicio, es decir,
una vez vencen Idos 3 meses de alta; así se indicó:
(…).

El fallo del 04 de septiembre del 2017, de radicación interna 0256-16,
proferido por la Sección Segunda Subsección A del Consejo de Estado,
citado por el actor como precedente, sin ser muy explícito, parece
matricularse en la primera de las posturas acá reseñadas, según la cual, los
tres meses de alta no se tienen como servicio activo y solamente sirven para
adelantar trámites administrativos, según se deduce:

(…).

Pese a esto último, la Sala deja claro que, tampoco se trata esta decisión
de un fallo de unificación jurisprudencial como quiere hacerlo ver el
actor y por ello, no es dable hablar de violación o apartamiento del
precedente judicial obligatorio.

(…).

Finalmente, alega el recurrente que con la sentencia de primera
instancia se desconoció el precedente jurisprudencial establecido en
las sentencias con radicados Nos. 11001 33 32 010 2007 00575 01 (2108-
10) del 7 de marzo de 2013 y 17001-23-33-000-2015-00061-01 (0256-16)
del 4 de septiembre de 2017, para lo cual resulta importante traer a
colación lo manifestado en el fallo de tutela proferido por la Subsección
A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, el 25 de julio de 2019:
“(….) Ahora bien, ha de aclararse que ante la discusión que se presenta, en
el sentido de cuando se considera consolidado el derecho a la asignación de
retiro, bien si cuando inician los tres meses de alta o cuanto terminan,
tampoco existe una sentencia de unificación, de modo que es perfectamente
válido que un juez acoja una tesis restrictiva y, no por ello, puede
considerarse la existencia de un desconocimiento del precedente.”

Posición que fue reitera en sede de control concreto de constitucionalidad
por la misma corporación, pero esta vez a través de su Sección Primera, de
donde emerge apodíctico que no existe regla de adscripción obligatoria
sentada en la jurisprudencia citada que obligue a tomar partido por una
u otra postura; no obstante lo cual, ante la claridad de las normas
acabadas de analizar, la Sala se inclina por prohijar la tesis adoptada
en primera instancia, según como se dejó dilucidado, lo que constituye
razón suficiente para CONFIRAMAR la decisión apelada..”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI- negrilla de la Sala).

6) En esa medida, esta Corporación denota que los argumentos encaminados a
determinar si el demandante tenía derecho a que se le reconociera y pagara la
totalidad de la prima de actividad, conforme con lo dispuesto en el Decreto 2070 de

12
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

2003, fueron debidamente analizados y resueltos en la providencia de 30 de noviembre
de 2021 que confirmó la decisión de negar las pretensiones de la demanda.

7) Ahora, para sustentar la vulneración de los derechos invocados en el mecanismo
constitucional la parte demandante expuso similares planteamientos a los que fueron
analizados en el proceso ordinario dirigidos de manera exclusiva a revivir la discusión
tendiente a determinar si había lugar al reconocimiento y pago del reajuste de la
asignación de retiro con la totalidad de la prima de actividad, conforme con en el
Decreto 2070 de 2003, teniendo en cuenta que la fecha efectiva de retiro se dio el 17
de abril de 2004 y no cuando vencieron los tres meses de alta -17 de julio de 2004-.En
la acción de tutela se indicó:

“Para el caso en concreto la sentencia C-432 no indica que la misma
produzca efectos retroactivos, de manera que sus efectos solo afecta (sic) al
personal retirado después de la desfijación del edicto que publicó la
sentencia, esto es, el 03 de junio de 2004, tal como da cuenta la Constancia
del 4 de junio de 2004, emanada de la Secretaria General de la Corte
Constitucional, la cual milita en el proceso. En consecuencia, no podía la
entidad demandada ni menos el Tribunal accionado darle efectos
retroactivos para el reconocimiento de la asignación mensual de los
demandantes, toda vez que el retiro de la institución del señor AG (R)
JOSE DOMINGO DE AVILA ORO, se produjo el día 17 de abril de 2004,
no el 17 de julio de 2004, como erradamente lo consideraron los
accionados en el proceso ordinario; es decir antes de que se declara la
inexequibilidad del mentado decreto 2070 de 2003.

(…) De igual forma en la sentencia objeto de la presente acción
constitucional, le dio una interpretación errónea al artículo 106 del decreto
1213 de 1990, al considerar que los tres meses de alta son un periodo de
servicio activo, cuando de todas maneras la codificación ut supra señala que
lo es, únicamente para efectos de prestaciones sociales, es decir para
liquidar los haberes percibidos en actividad, veamos:

(…).

Que en otros casos con similitud fáctica y jurídica, el CONSEJO DE
ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” profirió sentencia
de UNIFICACIÓN DE JURISPRUDENCIA el 07 de marzo de 2013.
Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.
Radicación No: 11001 33 31 010 2007 00575 01 (2108-10). Actor: LUÍS
EDUARDO MEDINA SARMIENTO. Demandado: Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, la cual resolvió el RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISION, puntualizando que:

(…).

Sea lo primero advertir, que la calidad de retirado del accionante la
adquirió el día en que le fue notificada la resolución mediante la cual
fue retirado del servicio activo y no la fecha en la que CASUR efectúa
el reconocimiento de la asignación mensual de retiro, pues entre una

13
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

fecha y la otra han transcurrido lo que se conoce como los TRES
MESES DE ALTA, que tienen como finalidad la elaboración de
actuaciones administrativas, como la conformación de la hoja de servicios
y el expediente prestacional para ser enviado a la entidad pagadora de la
asignación mensual de retiro

El Tribunal Administrativo, en la sentencia enjuiciada, omitió aplicar dicha
disposición, toda vez que pasó por alto que el Consejo de Estado en
SENTENCIAS DE UNIFICACIÓN del 07 de marzo de 2013, Consejero
Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. Radicación No:
11001 33 31 010 2007 00575 01 (2108-10) y sentencia del 10 de julio de
2014, radicación No. 110013331702200900041 01 (2602- 2011) ya había
interpretado el canon 116 del Decreto 1213 de 1990 y todo lo teniente a la
aplicación del decreto 2070 de 2003 para los miembros de la fuerza publica
(sic), mientras mantuvo su vigencia, de suerte que en aplicación al ya
mencionado artículo 10, se debía tener en cuenta la Jurisprudencia de
Unificación y no llegar a interpretaciones que resulten contrarias al
precedente judicial.

(…).

En reciente pronunciamiento el CONSEJO DE ESTADO - SECCION
SEGUNDA - SUBSECCION “A”; sentencia del 04 de septiembre de 2017,
Actor: CARLOS HERNÁN AGUIRRE PARRA VS CASUR, Radicado N°
17001 – 23 – 33 – 000 – 2015 – 00061 – 01 (0256-16) C.P.: RAFAEL
FRANCISCO SUÁREZ VARGAS., ratificó la posición de la sentencia de
unificación ut supra, y en tal sentido puntualizó.

(…).

La sentencia proferida por EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLIVAR
SALA DE DECISION No. 001, desconoció abiertamente el precedente
judicial; el mismo que fue citado tanto en el libelo demandatorio, en los
alegatos finales y en el recurso de apelación, esto es: la sentencia del
CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A”;
sentencia del 04 de septiembre de 2017, Actor: CARLOS HERNÁN
AGUIRRE PARRA VS CASUR, Radicado N° 17001 – 23 – 33 – 000 – 2015
– 00061 – 01 (0256-16) C.P.: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS y
en especial, la sentencia del el 07 de marzo de 2013. Consejero Ponente:
GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN. Radicación No: 11001 33 31
010 2007 00575 01 (2108-10). Actor: LUÍS EDUARDO MEDINA
SARMIENTO.

Los accionados omitieron la aplicación de sentencia UNIFICACIÓN DE
JURISPRUDENCIA, del CONSEJO DE ESTADO, esto es la proferida por
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN “A” el 07 de marzo de 2013.
Consejero Ponente: GUSTAVO EDUARDO GÓMEZ ARANGUREN.
Radicación No: 11001 33 31 010 2007 00575 01 (2108-10). Actor: LUÍS
EDUARDO MEDINA SARMIENTO. Demandado: Caja de Sueldos de
Retiro de la Policía Nacional, la cual resolvió el RECURSO
EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, puntualizando que: (…).”. (archivo
disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas de la Sala)

8) Así pues, si bien la parte demandante pretende darle el cariz de vicio o defecto a
dicha situación es evidente que los fundamentos que soportan la interposición de la
acción de tutela son una reproducción de los argumentos que fueron planteados en la

14
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y en el recurso de apelación, los
cuales fueron resueltos en las instancias pertinentes del proceso ordinario y se
dirigieron de manera exclusiva a que se reconozca que el señor Ávila Orozco tiene
derecho a la reliquidación de su asignación de retiro con la inclusión de la totalidad de
la prima de actividad, de conformidad con el Decreto 2070 de 2003, norma vigente en
el momento en que presuntamente adquirió su estatus pensional.

9) Para la Sala resulta claro que, de manera expresa, la autoridad judicial accionada
en la providencia objeto de tutela concluyó que el actor adquirió el derecho para
disfrutar de su asignación mensual de retiro el 17 de julio de 2004, fecha de finalización
de los tres meses de alta, y para cuando ya no se encontraba vigente el Decreto 2070
de 2003, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante
sentencia C- 432 del 6 de mayo de 2004.

10) Por consiguiente, resulta razonable que se concluyera que el reconocimiento de
la asignación de retiro se regía en su integridad por el Decreto 1213 de 1990, que
establece que la prima de actividad como partida computable de la asignación de retiro
corresponde al 20%, por lo que se advierte que se trata de un planteamiento que fue
analizado y resuelto en la providencia de instancia, sin que le sea dado al juez de tutela
inmiscuirse en asuntos que no son de su resorte con el único fin de imponer su criterio
frente al del juez natural de la causa pues ello desconocería la finalidad de esta
herramienta constitucional así como los principios de independencia y autonomía
judicial.

11) En consecuencia, para la Sala se encuentra acreditado que la acción de la
referencia no reviste relevancia constitucional porque el objeto de la demanda es
reabrir un debate jurídico procesal que era propio del proceso ordinario con el fin de
que se estudie nuevamente si se tiene o no el derecho a la reliquidación de su
asignación de retiro con la inclusión de la totalidad de la prima de actividad, de
conformidad con el Decreto 2070 de 2003, norma vigente al momento en que
presuntamente adquirió su estatus pensional, y al juez constitucional le está vedado
pronunciarse sobre materias que desbordan su competencia.

15
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03739-00
Demandante: José Domingo de Ávila Orozco
Acción de tutela

12) En ese orden de ideas, esta Sala declarará improcedente la acción de tutela en
atención a que no cumple con el requisito de relevancia constitucional en lo que se
refiere a los defectos fáctico y sustantivo.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, EN SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Declárase improcedente la acción de tutela presentada por la parte actora, de
conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier otro medio expedito y eficaz.

3º) Si esta sentencia no fuese impugnada dentro de los tres (3) días siguientes a su
notificación remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
una vez retorne el expediente archívese con las constancias previas de Secretaría.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Aclara voto

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.