Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03739-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03739-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 11001-03-15-000-2022-03739-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodríguez Navas
25 de noviembre de 2022
Magistrado ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., catorce (14) de octubre de dos mil veintidós (2022).
Radicado número: 11001-03-15-000-2022-03739-01
Accionante: José Domingo De Ávila Orozco
Accionados: Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena, Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001.
Referencia: Acción de tutela
Tema. Acción de tutela contra providencias judiciales.
Subtema 1. Requisitos de procedibilidad.
Subtema 2. Relevancia constitucional. Subsidiariedad. Improcedencia de la acción.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por José Domingo De Ávila Orozco por medio de apoderado, en contra de la sentencia de tutela del 3 de agosto de 2022, que profirió la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación.
ANTECEDENTES
1.1. Solicitud de tutela
José Domingo De Ávila Orozco mediante apoderado, presentó solicitud de amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, a la seguridad social y al principio de legalidad, que consideró vulnerados por el Juzgado Décimo Primero Administrativo Oral del Circuito de Cartagena y el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001 con ocasión de la expedición de las sentencias del 11 de junio de 2019 y 30 de noviembre de 2021, que negaron las pretensiones de la demanda que formuló en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR radicada al número 13001-33-33-011-2018-00201-00/01.
1.2. Hechos probados
Conforme a las pruebas allegadas al expediente de la referencia y lo narrado por el accionante en el escrito de tutela, la Sala expone los siguientes hechos:
1.2.1. El señor José Domingo De Ávila Orozco estuvo vinculado laboralmente desde el 1 de agosto de 1983 hasta el 1 de abril de 2004, fecha en la que fue efectivo su retiro del servicio mediante Resolución 677 de la misma fecha.
1.2.2. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional - CASUR le reconoció una asignación mensual de retiro, con fundamento en el Decreto 1213 de 1990, según Resolución número 04458 del 24 de agosto de 2004 y en la que se incluyó como partida computable, entre otras, la prima de actividad en un porcentaje equivalente al 20% del sueldo básico.
El señor De Ávila Orozco en ejercicio de su derecho fundamental de petición radicó escrito el 1 de junio de 2018 ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR orientado a obtener el reconocimiento y pago de la totalidad de la prima de actividad y su retroactivo, desde la fecha del retiro, 17 de abril de 2004, y no desde la fecha en que le fue reconocida la asignación.
La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR negó lo solicitado mediante oficio número E-00003-201815616-CASUR Id. 347707 del 6 de agosto de 2018. Consideró que el Decreto 2070 de 2003 empezó a regir desde su publicación y para esa fecha el señor De Ávila Orozco ya ostentaba la calidad de retirado por lo que, resultaba aplicable el Decreto 1213 de 1990.
1.2.3. El señor José Domingo De Ávila Orozco en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, formuló demanda en contra de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, con la pretensión de nulidad del oficio del 6 de agosto de 2018 por medio del cual la entidad demandada le negó el incremento de la prima de actividad y la consecuente reliquidación de la asignación de retiro y, a título de restablecimiento del derecho, solicitó el reajuste con incremento del porcentaje de la prima de actividad de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2070 de 2003.
1.2.4. El asunto le correspondió en primera instancia al Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena que, mediante sentencia del 11 de junio de 2019 resolvió negar las pretensiones de la demanda. Como fundamento de su decisión, la autoridad mencionada consideró:
“la prima de actividad reconocida al actor se fundamentó en su grado de agente y se realizó con fundamento en la normatividad vigente en el momento de retiro, es decir, Decreto 1213 de 1990, en sus artículos 100, 101 y siguientes, se reitera que la norma aplicable era la inmediatamente citada pues el Decreto 2070 de 2003 fue declarado inexequible y por consiguiente, se ordenó reconocer la reincorporación automática de las normas anteriores que consagraban (sic) el régimen de asignación de retiro y de otras prestaciones a favor de los miembros de la fuerza pública, y que había sido derogado por el Decreto 2070 de 2003, en la medida en que su vigencia permite salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y trabajo de los citados funcionarios, como emanación de la supremacía de la parte orgánica del Texto Fundamental.
Así las cosas, de acuerdo al expediente administrativo que se aporta como prueba, en el presente asunto el porcentaje de la prima de actividad es del 20%, tal y como fue liquidado en la asignación de retiro, más aún si se tiene en cuenta que adquirió el estatus por fuera de la vigencia de la norma invocada por el demandante, lo cual la hace inaplicable por tratarse de un derecho adquirido y consolidado bajo una norma anterior. (…)”.
1.2.5. Inconforme con la decisión interpuso recurso de apelación afirmando que: i) la norma aplicable no era la vigente para el 17 de julio de 2004 porque el estatus de retirado lo adquirió cuando se desvinculó del servicio activo, esto es, el 17 de abril de 2004, fecha en la que le fue notificada la Resolución 0677 del 01 de abril del 2004; ii) el Decreto 2070 de 2003 estuvo vigente hasta el 3 de junio de 2004 fecha en la que fue notificada por edicto 142, la sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004; iii) fue indebidamente interpretado el artículo 106 del Decreto 1213 de 1990 al considerar que los tres meses de alta son un periodo de servicio activo, cuando lo que ordena la norma es que, es así, pero únicamente para efectos de prestaciones sociales; y iv) el a quo no tuvo en cuenta el precedente del Consejo de Estado que ha indicado que la norma aplicable para el caso de los miembros de la fuerza pública es el vigente al momento que se notifica el acto administrativo de retiro.
El recurso le correspondió desatarlo al Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001 que, mediante sentencia del 30 de noviembre de 2021 confirmó la proferida por el Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito de Cartagena. Como fundamento de su decisión consideró:
1.2.5.1. De las pruebas allegadas al expediente quedó probado que el señor José Domingo De Ávila Orozco: i) prestó sus servicios en la Policía Nacional durante 21 años, 3 meses y 6 días; y ii) mediante Resolución número 4458 del 24 de agosto de 2004 la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR le reconoció una asignación de retiro efectiva a partir del 17 de julio de 2004, según lo dispuesto en el Decreto 1213 de 1990, y en cuantía del 74% de las partidas legalmente computables correspondientes a: sueldo para el grado, prima de antigüedad en un 21%, subsidio familiar 39% y prima de actividad en un 20%.
1.2.5.2. El Decreto 2070 de 2003 reformó el régimen pensional del personal uniformado de la Fuerza Pública, no obstante la mencionada norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, por vulnerar la reserva de ley prevista en el artículo 150, numeral 19 de la Constitución Política, al conferir facultades extraordinarias al Presidente de la República para regular el régimen prestacional especial de los miembros de la Fuerza Pública, razón por la que, el Decreto 1213 de 1990 recobró vigencia a partir del 7 de mayo de 2004.
En ese orden, el Decreto 2070 de 2003 estuvo vigente entre el 25 de julio de 2003 y el 6 de mayo de 2004, fecha en la que fue declarado inexequible por la sentencia C-432 de 2004, en la medida que la Corte Constitucional ha indicado que los efectos de inexequibilidad inician a partir del día siguiente a la fecha de la sentencia y no a partir de su ejecutoria, con independencia de los acontecimientos originados en la fijación de su texto definitivo, en su suscripción o en la consignación de las aclaraciones y salvamentos de voto, con sustento en los efectos erga omnes predicables de los fallos de constitucionalidad, que “son obligatorios, generales y oponibles a todas las personas, sin excepción de ninguna índole”.
1.2.5.3. El Consejo de Estado en sentencia del 7 de marzo de 2013 definió que los 3 meses de alta, tienen como finalidad adelantar los procedimientos necesarios para reconocer, liquidar y hacer efectiva la prestación y tal decisión fue ratificada en sede de acción constitucional por la misma Corporación en sentencia del 20 de febrero de 2020. Así mismo, la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado en el fallo del 4 de septiembre de 2017 se pronunció en los mismos términos. Sin embargo, tales pronunciamientos no son fallos de unificación.
Posteriormente, la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado mediante sentencia del 27 de junio de 2013, adopta una línea interpretativa diferente y sostiene que la consolidación del estatus pensional ocurre al momento de retiro efectivo del servicio, es decir una vez vencen los 3 meses de alta.
1.2.5.4. El señor De Ávila Orozco laboró desde el 1 de agosto de 1983 hasta el 17 de julio de 2004 fecha de vencimiento de los tres meses de alta, por lo que, conforme a lo dispuesto en los artículos 104 y 106 del Decreto 1213 de 1990, los tres meses de alta se toman como de servicio activo para las prestaciones sociales, tales como, la asignación de retiro y la prima de actividad, tiempo durante el cual, los miembros de la Fuerza Pública continúan percibiendo la totalidad de su salario.
1.2.5.5. El señor De Ávila Orozco adquirió el derecho para disfrutar la asignación mensual de retiro, el 17 de julio de 2004, fecha de finalización de los tres meses de alta, y en ese momento no se encontraba vigente el Decreto 2070 de 2003 el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, por lo tanto, el reconocimiento de la asignación de retiro se regía en su integridad por el Decreto 1213 de 1990 el cual recobró su vigencia a partir del 7 de mayo de 2004, norma que aplicó la entidad demandada y que en su artículo 101 dispone que la prima de actividad, como partida computable para liquidar la asignación de retiro, equivale al 20% del sueldo básico, si se acreditan 20 años de servicio.
1.3. Pretensiones de tutela
El señor José Domingo De Ávila Orozco por medio de su apoderado, en el escrito de tutela pidió:
“1. TUTELAR los derechos fundamentales A LA IGUALDAD, DERECHO A LA IGUALDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES, AL DEBIDO PROCESO, A LA SEGURIDAD SOCIAL, AL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, por cuanto la sentencias proferidas por JUZGADO DECIMO PRIMERO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Y LA SALA DE DECISIÓN No. 001 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, el 11 de junio de 2019 y 30 de noviembre de 2021, incurrieron por lo menos en 3 defectos o casuales específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales: 1. Defecto material o sustantivo, 2. Desconocimiento del precedente y 3 violación directa de la constitución.
2. Se DEJE SIN VALOR NI EFECTO la sentencia del 30 noviembre de 2021 y en su lugar se ORDENE a LA SALA DE DECISIÓN No. 001 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, que en el término que el Juez de tutela considere prudente, profiera una nueva sentencia, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por la ley, el precedente judicial y los propios del fallo de la presente tutela.
3. CONMINAR a LA SALA DE DECISIÓN No. 001 DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR, para que aplique las sentencias de unificación proferidas por el Consejo de Estado, toda vez que las mismas son obligatorias para las autoridades, pues así lo dispone los artículos 10 y 270 de la Ley 1437 de 2011, por los efectos vinculantes de las mismas.”.
1.4. Argumentos de la solicitud de tutela
El accionante manifestó que las autoridades cuestionadas en las sentencias objeto de tutela, vulneraron sus derechos fundamentales y expuso la configuración de los siguientes defectos:
1.4.1. material o sustantivo porque: “(i) inaplicaron el artículo 45 de la ley 270 de 1996, que establece los efectos de la sentencia, (iii) incurrieron en error grave de interpretación al dar un alcance indebido al artículo 116 del decreto 1213 de 1990, que establece la finalidad de los tres meses de alta, y al (iii) inaplicar del artículo 10, de la Ley 1437 de 2011, que establecen la obligatoriedad para las autoridades de dar aplicación a la jurisprudencia; (iv) dieron un alcance indebido al artículo 270 de la Ley 1437 de 2014, que define cuales son las sentencias de UNIFICACION. Desconocimiento total del precedente judicial, y violación directa de la constitución.”.
1.4.1.1. Adujo que lo dispuesto por la Corte Constitucional en la sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, que declaró la inexequiblidad del Decreto 2070 de 2003, solo afecta al personal retirado después de la fijación del edicto que publicó la sentencia, esto es, el 3 de junio de 2004, según la constancia del 4 de junio de 2004 expedida por la Secretaría General de dicha Corporación. Así —reiteró—, los efectos de la sentencia mencionada no podían ser aplicados retroactivamente para el reconocimiento de su asignación mensual, toda vez que, su retiro se produjo el día 17 de abril de 2004 y no el 17 de julio de 2004, esto es, antes de que la inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003.
1.4.1.2. Indicó que conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley 2067 de 1991, “la sentencia debe ser notificada por edicto” y la Corte Constitucional en sentencia C-113 de 1993 afirmó que en el texto de la providencia se pueden indicar los efectos de la decisión proferida, por lo que, este es un principio válido para las sentencias dictadas en asuntos de constitucionalidad.
1.4.1.3. Explicó que la autoridad cuestionada le dio una interpretación errónea al artículo 106 del Decreto 1213 de 1990 al considerar que, los tres meses de alta son un periodo de servicio activo cuando la codificación ut supra dispone que lo es únicamente, para efecto de prestaciones sociales.
1.4.1.4. El artículo 10 de la Ley 1437 de 2014 establece la obligatoriedad que tienen todas las autoridades de la aplicación de las normas y el precedente jurisprudencial a los casos que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos.
1.4.2. Desconocimiento del precedente porque las autoridades cuestionadas no tuvieron en cuenta los pronunciamientos del Consejo de Estado de fechas 7 de marzo de 2013, 10 de julio de 2014, 4 de septiembre de 2017 y 1 de marzo de 2018en el que la mencionada Corporación indicó que, para los miembros de la fuerza pública, la norma aplicable era la vigente en el momento que se le notifica el acto administrativo al interesado.
1.4.3. Violación directa de la Constitución porque en casos similares y siguiendo la jurisprudencia del Consejo de Estado en las sentencias del 7 de marzo de 2013 y 10 de julio de 2014, la asignación de retiro fue liquidada incluyendo la totalidad de la prima de actividad, es decir, en los términos dispuestos en el Decreto 2070 de 2003.
1.5. Trámite de tutela e intervenciones
1.5.1. La Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado admitió la solicitud de tutela por auto del 11 de julio de 2022. En el mismo proveído vinculó como tercero con interés a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional – CASUR, reconoció personería al abogado Robinson Oswaldo Rodríguez Caicedo como apoderado del accionante, ordenó notificar a las partes y solicitó al Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena copia magnética del expediente correspondiente al proceso ordinario.
1.5.2. Una vez surtidas las notificaciones, recibió respuesta del Juzgado Décimo Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena que, remitió el expediente digital del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con radicado número 13001-33-33-011-2018-00201-00, sin embargo, respecto del caso concreto guardó silencio.
1.5.2.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar adujo que el caso fue analizado con absoluto respeto de las reglas del debido proceso sin que se haya presentado vulneración alguna de los derechos fundamentales de la parte accionante.
1.6. Sentencia de primera instancia
La Sección Tercera, Subsección B de esta Corporación, en la sentencia del 3 de agosto de 2022, declaró improcedente la solicitud de amparo por considerar que esta no cumplió con el requisito de relevancia constitucional.
Precisó el juez constitucional de primera instancia que los fundamentos expuestos por el accionante en el escrito de tutela estaban dirigidos de manera exclusiva a discutir argumentos que fueron debidamente debatidos, analizados y resueltos en el trámite del proceso ordinario, los que además coinciden con los planteados en el recurso de apelación.
Respecto del presunto desconocimiento del precedente consideró que, el Consejo de Estado en reiteradas oportunidades ha establecido que, para los miembros de la fuerza pública, se debe tener en cuenta, para efectos del reconocimiento de la asignación de retiro, las disposiciones vigentes a la fecha de retiro y no las que estén vigentes en el momento en que se expide el acto administrativo de reconocimiento, en la medida que entre la primera y segunda transcurren los 3 meses de alta que tienen como objetivo la elaboración de la hoja de servicios.
Finalmente, concluyó que la autoridad cuestionada en la providencia objeto de tutela expuso razonablemente que el demandante adquirió el derecho para disfrutar de su asignación mensual de retiro el 17 de julio de 2004, fecha de finalización de los tres meses de alta, y para cuando ya no se encontraba vigente el Decreto 2070 de 2003, el cual fue declarado inexequible por la Corte Constitucional en sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004, por lo que, resultaba razonable que el reconocimiento de la asignación de retiro fuera el dispuesto por el Decreto 1213 de 1990 que establece que la prima de actividad como partida computable de la asignación de retiro corresponde al 20%, como lo estableció el juez natural de la causa.
1.7. Impugnación
El señor José Domingo De Ávila Orozco impugnó la decisión con los siguientes argumentos:
1.7.1. El asunto tiene relevancia constitucional en la media que el debate esta dirigido a la interpretación de la Constitución que realizó el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia objeto de tutela, toda vez que los supuestos fácticos, las pretensiones la carga argumentativa y probatoria, dan cuenta de los derechos fundamentales que fueron trasgredidos al no reconocer el pago de la asignación de retiro en los términos de la normatividad aplicable.
1.7.2. Indicó que la jurisprudencia en sede de tutela proferida por el Consejo de Estado ha reconocido el amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la seguridad social y ha dejado sin efectos sentencias proferidas por los Tribunales Administrativos, por incurrir en vías de hecho. Al respecto enumeró las siguientes sentencias:
“1. Sentencia del 25 de noviembre de 2019; del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C radicado No. 11001-03- 15-000-2019-04561-00 M.P. JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS.
2. Sentencia del 05 de febrero de 2020, del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C radicado No. 11001-03-15-000-2019- 03495-01 M.P. NICOLÁS YEPES CORRALES
3. Sentencia del 20 de febrero de 2020 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A radicado No. 11001-03-15-000-2019- 04619-01 M.P. MARIA ADRIANA MARIN
4. Sentencia del 20 de agosto de 2020 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Quinta radicado No. 11001-03-15-000-2020-03301-00 M.P. ROCÍO ARAÚJO OÑATE.
5. Sentencia del 20 de agosto de 2020 del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta radicado No. 11001-03-15-000-2020-03316-00 M.P. MILTON CHAVES GARCÍA.
6. Sentencia del 23 de noviembre de 2020 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C radicado No. 11001-03-15-000-2020- 04386-00 M.P. NICOLÁS YEPES CORRALES. 4 / 5
7. Sentencia del 04 de noviembre de 2021 del Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Cuarta radicado No. 11001-03-15-000-2021-06905-00 M.P. MILTON CHAVES GARCÍA.
8. Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 11001-03-15-000-2022-03712-00, Ago. 04/22 C.P. LUIS ALBERTO ALVAREZ PARRA.”.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
Esta Sala es competente para decidir la presente impugnación, en virtud de lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Nacional y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991.
2.2. Procedibilidad de la acción
Como lo ha establecido la jurisprudencia constitucional y particularmente la sistematización realizada en la sentencia C-590 de 2005, en los casos en que la solicitud de amparo se dirige contra una providencia judicial, es pertinente realizar, primero, un examen de procedibilidad general para, luego, en caso de resultar superado dicho estudio, pasar a hacer el pronunciamiento de fondo en el que se resuelva el problema jurídico, en los términos de los defectos aducidos por el accionante conforme a las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial.
2.3. La Sala encuentra acreditada la legitimación en la causa por activa, porque el accionante, es el titular de los derechos que afirma son vulnerados, en su condición de parte demandante dentro del medio de control objeto de tutela, y, por lo tanto, en caso de configurarse los defectos alegados, resultarían afectados en relación con sus garantías al debido proceso y acceso a la administración de justicia.
Ahora bien, los cuestionamientos del accionante van dirigidos en contra de las sentencias proferidas dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió, sin embargo, es preciso aclarar, tal y como lo hizo el juez de primera instancia, que el estudio de la solicitud de amparo se efectuará respecto de la sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Bolívar, por ser esta decisión la que dio fin a la controversia en concordancia con el requisito de inmediatez.
En ese orden, está probada la legitimación en la causa por pasiva porque el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001, fue quien profirió la providencia objeto de tutela.
2.4. El requisito de relevancia constitucional se deriva de la naturaleza y finalidad de la acción de tutela en los términos del artículo 86 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a solicitar la protección de sus “derechos constitucionales fundamentales”, y que en los casos en que la acción se ejerce contra providencias judiciales, los argumentos deben, dirigirse a demostrar la afectación de derechos fundamentales, toda vez que “la función del juez de tutela no es la de fungir como una instancia adicional del procedimiento judicial que se cuestiona, pues ello desconocería la competencia y finalidad de administración de justicia por parte de los jueces naturales, así como su autonomía funcional”.
En suma, el requisito de relevancia constitucional persigue tres fines: (i) preservar la competencia y la independencia de los falladores ordinarios y, así, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio del amparo a cuestiones que afecten los derechos fundamentales de las personas, e (iii) impedir que la tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones judiciales.
Así, definir lo que es o no relevante en el plano constitucional depende de verificar que, a primera vista, el cuestionamiento esté dirigido contra una posible afectación o vulneración de las garantías constitucionales relacionadas con el núcleo de los derechos fundamentales. En especial, debe hacerse énfasis en el derecho al debido proceso constitucional. Para ello, la jurisprudencia constitucional ha definido cuáles son los requisitos específicos de procedencia que pueden ser considerados como únicas causales que habilitan el control constitucional concreto.
Por otro lado, el carácter subsidiario de la acción de tutela está definido expresamente en el artículo 86 Superior como presupuesto general de procedencia de esta, al establecer que “solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable”. A su vez, dicho presupuesto se desarrolló en el artículo 6º numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
Cuando se trata de tutelas presentadas en contra de providencias judiciales, el cumplimiento de este requisito se hace aún más exigente, en aras de evitar que el amparo se use como un mecanismo alternativo o supletorio de los medios ordinarios que el legislador tiene previsto para controvertir las decisiones judiciales, con el fin de: (i) prevenir la intromisión indebida de una autoridad distinta de la que adelanta el proceso ordinario; (ii) que no se alteren o sustituyan de manera fraudulenta los mecanismos de defensa diseñados por el Legislador; y (iii) que los ciudadanos atiendan un mínimo de diligencia en la gestión de sus asuntos, pues no es esta la forma de enmendar errores o descuidos, ni de recuperar oportunidades vencidas al interior de un proceso judicial.
Estas disposiciones son claras al establecer que la acción de tutela no es un mecanismo principal de defensa de los derechos fundamentales, por lo tanto, es menester acudir a los mecanismos ordinarios de defensa que resulten idóneos y eficaces para su amparo.
Sin embargo, según el máximo órgano de la jurisdicción constitucional, este requisito se flexibiliza en las siguientes excepciones: (i) en los asuntos en los que las acciones de amparo expongan una situación constitutiva de un perjuicio irremediable, que reúna los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad de la medida para proteger el derecho, caso en el que la tutela funge como mecanismo transitorio; o (ii) cuando el medio de defensa judicial ordinario no sea idóneo o eficaz como una herramienta judicial definitiva.
2.4.1.1. Ahora bien, en primer lugar el señor De Ávila Orozco sustenta en términos de un defecto sustantivo, que Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001 no aplicó el artículo 45 de la Ley 270 de 1996 que establece que los efectos de las sentencias no son retroactivos y en ese orden — explicó—, la sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004 que declaró inexequible el Decreto 2070 de 2003 no resultaba aplicable a su caso particular, pues su retiro del servicio ocurrió el 17 de abril de 2004 — fecha en la que le fue notificada la Resolución 0677 del 01 de abril del 2004—, es decir, antes de la declaración de inexequibilidad.
Al respecto, es preciso indicar que el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001 expuso en la sentencia objeto de tutela que el Decreto 2070 de 2003 vigente desde el 25 de julio de 2003, reformó el régimen pensional del personal uniformado de la Fuerza Pública, sin embargo, dicha norma fue declarada inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 del 6 de mayo de 2004 por lo que el Decreto 1213 de 1990 recobró vigencia a partir del 7 de mayo de 2004. En ese orden, conforme a lo probado en el proceso concluyó que como el accionante laboró desde el 1 de agosto de 1983 hasta el 17 de julio de 2004 — fecha en la que se terminaron los tres meses de alta— le era aplicable la norma vigente, esto es, el Decreto 1213 de 1990, especialmente lo dispuesto en los artículos 104 y 106 que establecen que los tres meses de alta se toman como tiempo de servicio activo para las prestaciones sociales y, el artículo 101 que dispone que la prima de actividad, como partida computable para liquidar la asignación de retiro, equivale al 20% del sueldo básico, si se acreditan 20 años de servicio.
La autoridad cuestionada agregó que, la vigencia y no aplicación del Decreto 2070 de 2003 para el caso concreto, estuvo determinada por la sentencia C-432 de 2004 del 6 de mayo de 2004, en la que la Corte Constitucional preciso:
“(…) la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003 (…), no implica crear un vacío legal que dejará a los miembros de la fuerza pública sin los presupuestos legales indispensables para garantizar las prestaciones sociales que amparen sus contingencias de tipo pensional.
Sobre la materia es pertinente recordar que la Corte ha considerado que ´la expulsión del ordenamiento de una norma derogatoria por el juez constitucional implica, en principio, la automática reincorporación al sistema jurídico de las disposiciones derogadas, cuando ello sea necesario para garantizar la integridad y supremacía de la Carta´.
Por consiguiente, es procedente reconocer la reincorporación automática de las normas anteriores que consagraban el régimen de asignación de retiro y de otras prestaciones a favor de los miembros de la fuerza pública, y que había sido derogado por el Decreto 2070 de 2003, en la medida en que su vigencia permite salvaguardar los derechos fundamentales a la vida digna, mínimo vital y trabajo de los citados funcionarios, como emanación de la supremacía de la parte orgánica del Texto Fundamental.”
En ese orden, y no obstante que el accionante planteó el debate en los términos de un defecto sustantivo por la indebida aplicación del régimen pensional, es claro que lo que pretende es que el juez de tutela haga una lectura alternativa del caso concreto y dirima una aparente controversia que se mantiene en el ámbito legal, esto es, que defina que la norma que regula el porcentaje de prima de actividad a incluir en la reliquidación de la asignación de retiro, es el Decreto 2070 de 2003, y no la que aplicó el tribunal y que reduce considerablemente dicho porcentaje. Pero, como lo precisó esta Sala en párrafos anteriores, este aspecto fue definido por el juez del proceso ordinario al desatar el recurso de apelación, lo que demuestra que la inconformidad busca la satisfacción del derecho pensional bajo el criterio interpretativo que para el accionante lo rige, como si la tutela constituyera una tercera instancia y desconociendo que el juicio en sede constitucional, de providencias judiciales, es de validez y no de corrección.
Vistas, así las cosas y como lo expuesto por el accionante reitera su teoría del caso para insistir en la aplicación de una norma que le resulta favorable en cuanto fija un porcentaje mayor de prima de actividad computable en su asignación de retiro, pero, sin demostrar en términos de defectos porque la interpretación y aplicación de una norma distinta, le genera afectación de los derechos fundamentales, el cargo carece de relevancia constitucional
2.4.1.2. En segundo lugar, el accionante afirmó que, el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No. 001 no tuvo en cuenta el precedente dispuesto por el Consejo de Estado en las sentencias de unificación del 7 de marzo de 2013 y 10 de julio de 2014 y las dictadas el 4 de septiembre de 2017 y 1 de marzo de 2018, por lo que —sostuvo—, incurrió en una violación directa de la constitución que vulneró sus derechos fundamentales en la medida en que, en estos casos esta Corporación consideró que el régimen aplicable era el vigente para la fecha en que se produjo el retiro y el reconocimiento se efectuó después de haber transcurrido los tres meses de alta, por lo que, en su caso el Tribunal desconoció el precedente citado, al considerar que el régimen aplicable era el vigente para la fecha del reconocimiento pensional, esto es después de fenecidos los tres meses de alta, y no tuvo en cuenta que el retiro de la institución se produjo antes de la declaratoria de inexequibilidad del Decreto 2070 de 2003.
La Corte Constitucional ha indicado que el desconocimiento de la Constitución se estructura cuando “(i) existe una vulneración evidente a un derecho fundamental de aplicación inmediata; (ii) los jueces desconocen derechos fundamentales porque no tienen en cuenta el principio de interpretación conforme a la Carta Política, y (iii) el juez omite su deber de aplicar una excepción de inconstitucionalidad”. En estos términos, la configuración de este defecto exige que el accionante vincule la falta de aplicación de un precedente jurisprudencial con la violación de una garantía fundamental, o, en otros términos, que explique con suficiencia el por qué el precedente con identidad fáctica y jurídica era aplicable en su caso y de que forma la inobservancia de tales reglas jurisprudenciales afectaron sus garantías fundamentales. En contraste, el accionante se limitó a enunciar el precedente que — a su juicio— fue desconocido, sin explicar cómo los fallos enunciados eran aplicables al caso concreto y como tal desconocimiento, afectó sus garantías fundamentales.
Al margen de lo anterior, la Sala considera que los cuestionamientos enunciados por el accionante eran debatibles a través del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia regulado por los artículos 256 y siguientes de la Ley 1437 de 2011 ya que, enuncian el desconocimiento de sentencias de unificación que establecieron fórmulas relacionadas con el cálculo y reconocimiento de la prima de actividad dispuesto en el Decreto 2070 de 2003; inobservancia que, en caso de lograr acreditarse en el trámite del mencionado recurso, provocaría la anulación de la sentencia en lo pertinente, de conformidad con lo previsto en los artículos 258 y 267 de la misma ley.
Así, el accionante contaba con un mecanismo idóneo que estaba a su disposición para debatir su inconformidad toda vez que, la providencia dictada por el Tribunal, por un lado, trata un asunto de carácter pensional por lo que no hay consideración respecto de la cuantía para su procedencia, y por otro, fue notificada el 16 de junio de 2022 y quedó ejecutoriada el 23 de junio de la misma anualidad por lo que, según lo dispuesto en el artículo 261 de la norma en comento, el accionante tenía hasta el 7 de julio del corriente para interponer el recurso. Este aspecto permite concluir a la Sala que la presente acción no cumple con el presupuesto general de subsidiaridad.
2.4.1.3. Por otro lado, el accionante en el escrito de impugnación reiteró que, el asunto bajo estudio cumple con el requisito de relevancia constitucional ya que reviste importancia en la interpretación de la Constitución porque la autoridad cuestionada con la sentencia dictada el 30 de noviembre de 2021 incurrió en un defecto por violación directa de la Constitución al vulnerar su derecho a la igualdad, al no tener en cuenta varios pronunciamientos proferidos en sede de tutela en casos similares y en los que se accedió al amparo de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la seguridad social, entre otros y, dejó sin efectos sentencias proferidas por Tribunales Administrativos por haber incurrido en vías de hecho.
En ese sentido la Corte Constitucional ha precisado que la violación directa de la Constitución “es una causal de tutela contra providencia judicial que se origina en la obligación que les asiste a todas las autoridades judiciales de velar por el cumplimiento del mandato consagrado en el artículo 4° de la Carta Política, según el cual ‘la Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”.
Al respecto, es preciso reiterar que, la sola mención de las providencias que a juicio del accionante fueron desconocidas y tienen similitud con el caso concreto, sin que se demuestre que tal inobservancia tuvo como consecuencia una afectación desproporcionada de una garantía fundamental, no es suficiente para determinar la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales ni la configuración del defecto por violación directa de la Constitución, en los términos establecidos por la Corte Constitucional. En ese escenario tal requisito no se traduce en una demostración efectiva, pero si exige que el accionante explique o aporte elementos suficientes: (i) su existencia, (ii) su carácter desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado el requisito de relevancia constitucional. Así, los argumentos aquí expuestos no explican de qué forma la autoridad cuestionada incurrió en un defecto por violación directa de la constitución por inobservancia del precedente jurisprudencial y que se traduzca en vulneración del derecho a la igualdad, dado que no expuso la similitud de los asuntos a los que hizo referencia, con su caso, y de qué forma fueron inobservados. Por lo tanto, este cargo no cumple con la carga argumentativa requerida para abordar su estudio.
2.4.1.4. Finalmente, de los argumentos expuestos por el accionante no se observa, la inminencia o configuración de un perjuicio irremediable de tal forma que sea necesaria la intervención del juez constitucional para la adopción de medidas urgentes.
2.5. En suma, es preciso recordar que la acción de tutela fue concebida como un mecanismo de carácter excepcional, para evitar la amenaza o vulneración de un derecho constitucional fundamental y entre sus características se cuentan su naturaleza residual y subsidiaria, por lo que, su procedencia está limitada a determinar la vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte accionante respecto de una posible agresión proveniente de una autoridad judicial a partir de una decisión proferida por esta, sin que ello implique un nuevo estudio del caso o la constitución de un juicio ordinario, como si fuera una instancia adicional.
Por consiguiente, la Sala confirmará la sentencia del 3 de agosto de 2022, proferida por la Sección Tercera, Subsección B del Consejo de Estado que declaró improcedente el amparo, pero por las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 3 de agosto de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que declaró improcedente la solicitud de amparo, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR la presente providencia a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de Sala
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Magistrado
GUILLERMO SÁNCHEZ LUQUE
Magistrado
Aclaración de voto Cfr. Rad. 11001-03-15-000-2019-01299-00
/DSR
Folio 1 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del expediente digital del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 52002E66F73B4F5D BD7A9DE1B91660AC FA5AA96ED153D6B9 EDC85438E54762F6. Folios 121 a 134 del archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, ubicado en el índice 10 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: A308A3F9E2EB43A6 FA6BE6C508E820B3 743C32CA91606A96 69F1AF24CD861CBA. Folio 133 del archivo electrónico que contiene el expediente del proceso ordinario, ubicado en el índice 10 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: A308A3F9E2EB43A6 FA6BE6C508E820B3 743C32CA91606A96 69F1AF24CD861CBA. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Folios 15 a 32 del archivo electrónico ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: EEA8045F2440CDB1 79C57F1F92C675D3 CA4711053559B7B0 F866CD3DF6513D6E. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 20 de febrero de 2020, expediente con radicado número 11001-03-15-000-2019-04619-01 (AC).
“(…) No resulta acertada entonces la pretensión del actor en cuanto solicitó la aplicación del Decreto 2070 de 2003, en la liquidación de su asignación de retiro, dado que, se repite, para la fecha en que surgió a la vida jurídica el referido derecho prestacional, esto es, al vencimiento de sus tres meses de alta, 12 de Julio de 2004, la norma vigente en materia prestacional para el personal de la Policía Nacional era el Decreto 1213 de 1990, el cual en sus artículos 100 a 104 establece el reconocimiento de una asignación de retiro y el monto de las partidas computables para tal efecto. Finamente, y contrario a lo expresado por la parte actora, estima la Sala que la redacción del artículo 104 del Decreto 1213 de 1990 no ofrece dudas y, en consecuencia, no da lugar a una interpretación distinta a que solo al vencimiento de los 3 meses de alta, previstos para la elaboración del expediente prestacional del oficial o suboficial retirado del servicio, se tiene derecho al reconocimiento de la asignación mensual de retiro. (...)".
“ARTICULO 104 ASIGNACION DE RETIRO. Durante la vigencia del presente Estatuto, los Agentes de la Policía Nacional que sean retirados del servido activo después de quince (15) anos, por disposición de la Dirección General, o per sobrepasar fa edad máxima correspondiente a su categoría, o por mala conducta comprobada, o por disminución de la capacidad psicofísica, o por inasistencia al servido y los que se retiren a solitud propia después de los veinte (20) anos de servicio, tendrán derecho a partir de la fecha en que terminen los tres (3) meses de alta, a que por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional se les pague una asignación mensual de retiro equivalente a un cincuenta por ciento (50%) del monto de las partidas de que trata el artículo 100 de este Estatuto, por los quince (15) primeros años de servido y un cuatro por ciento (4%) más por cada año que exceda de los quince (15) sin que el total sobrepase del ochenta y cinco por ciento (85%) de los haberes de actividad. (..)".
“ARTICULO 106.Tres meses de alta. Los Agentes de la Policía Nacional que pasen a la situación de retiro temporal o absoluto y tengan derecho a asignación de retiro o pensión continuarán dados de alta en la respectiva pagaduría por tres (3) meses a partir de la fecha en que se cause la novedad de retiro, para la formación del expediente de prestaciones sociales. Durante dicho lapso y salvo lo dispuesto en el artículo 133 de este Decreto, continuarán percibiendo la totalidad de los haberes devengados en actividad correspondientes a su categoría. El lapso de los tres (3) meses de alta se considerará como de servicio activo, únicamente para efectos de prestaciones sociales.”. Folio 3 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado:
52002E66F73B4F5D BD7A9DE1B91660AC FA5AA96ED153D6B9 EDC85438E54762F6. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Folio 10 del archivo electrónico que contiene el escrito de tutela ubicado en el índice 2 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado: 52002E66F73B4F5D BD7A9DE1B91660AC FA5AA96ED153D6B9 EDC85438E54762F6.
“por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtirse ante la Corte Constitucional ”. Consejo de Estado, sentencia del 7 de marzo de 2013, expediente con radicación número 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-10). Consejo de Estado, sentencia del 10 de julio de 2014, expediente con radicación número 11001-33-31-702-2009-00041-01 (2602-2011). Consejo de Estado, sentencia del 4 de septiembre de 2017, expediente con radicación número 17001-23-33-000-2015-00061-01 (0256-16). Consejo de Estado, sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente con radicación número 17001-23-33-000-2014-00342-01 (4311-15). Archivo electrónico ubicado en el índice 5 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado9503FBCC34A450E5 C1319DE6D7F8FE0A 58F2C0EF6AAA25B7 3FA75F6A3A6A7B77. Archivo electrónico ubicado en el índice 10 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado A308A3F9E2EB43A6 FA6BE6C508E820B3 743C32CA91606A96 69F1AF24CD861CBA. Archivos electrónicos ubicados en el índice 11 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados 71A3A75D216086DC B8AFB57886BB1005 126703227AE19695 22C6B4335B9449E6 y 12E00ED9CF6B42E4 3012B5E52F8D5E88 8B6B61F7A9546C6B ED0DCC1E15DFBD4E. Archivo electrónico ubicado en el índice 20 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado51C331664F298026 8B13857D034BD8FA 8535412591D59E41 31011EF113D58950. Archivo electrónico identificado con certificado 10A8B563CA6D6931 B39004CF1D12AE64 7A5BABBEBE794F24 AD74A29DCA4523D4. Folios 4 y 5 del archivo electrónico ubicado en el índice 20 del aplicativo SAMAI, identificado con certificado 51C331664F298026 8B13857D034BD8FA 8535412591D59E41 31011EF113D58950. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Antes que todo es necesario (i) verificar la legitimación en la causa como una exigencia preliminar en cualquier acción de amparo, para, posteriormente, pasar a constatar los demás requisitos generales de procedibilidad, en los siguientes términos: (ii) que en la solicitud de tutela se expresen de manera clara los hechos y los fundamentos de la afectación de derechos que se imputa a la decisión judicial; (iii) que la cuestión que se discute tenga relevancia constitucional; (iv) que previo a la solicitud de tutela se hayan agotado todos los medios de defensa judicial con los que cuenta la persona afectada; (v) que se cumpla con el principio de inmediatez; (vi) que en caso de que se alegue una irregularidad procesal, la misma tenga la entidad de afectar la decisión; y de manera general, (vii) no procede elevar una solicitud de amparo contra decisiones proferidas dentro de procesos de tutela. Sentencia de la Corte Constitucional T-066 de 2019, que, a su vez reitera la T-336 de 2004. Cfr. Corte Constitucional. Sentencias T-335 de 2000, T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-610 de 2009, T-896 de 2010, T-040 de 2011, T-338 de 2012, T-512 de 2012, T-543 de 2012, T-1061 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014, citadas en la sentencia T-422 de 2018.
“[T]eniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental”. Corte Constitucional. Sentencia T-422 de 2018. Corte Constitucional, sentencia T-102 de 16 de febrero de 2006. En igual sentido: T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18. Cfr. sentencia C-590 de 2005.
“Artículo 6. La acción de tutela no procederá: 1.
Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante. (…)”. Cfr. Corte Constitucional sentencia T-598 de 2003. Ibid. Cita original: “T-024Ade 2002. M.P. Rodrigo Escobar Gil”. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original. Apartado 1.2.5. Consejo de Estado, sentencia del 7 de marzo de 2013, expediente con radicación número 11001-33-31-010-2007-00575-01 (2108-10). Consejo de Estado, sentencia del 10 de julio de 2014, expediente con radicación número 11001-33-31-702-2009-00041-01 (2602-2011). Consejo de Estado, sentencia del 4 de septiembre de 2017, expediente con radicación número 17001-23-33-000-2015-00061-01 (0256-16). Consejo de Estado, sentencia del 1 de marzo de 2018, expediente con radicación número 17001-23-33-000-2014-00342-01 (4311-15). Cita original: “Sentencia T-704 de 2012, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva. También ver las sentencias T-199 de 2005, M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra; T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva y T-809 de 2010, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.”. Cita original: “Ibidem”. Cita original: ”Véanse, entre otras, Sentencias SU-098 de 2018, T-024 de 2018, ambas con ponencia de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado, SU-069 de 2018, M.P. José Fernando Reyes Cuartas, SU-024 de 2018, M.P. Cristina Pardo Schlesinger, SU-395 de 2017, M.P. Luis Guillermo Guerrero Pérez, En algunas providencias se ha dicho que se incurre en violación directa de la Constitución “cuando en la solución del caso se deja de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional” (…) “caso en el cual también se incurriría en la causal por desconocimiento del precedente”. Lo anterior da cuenta de que la jurisprudencia ha considerado que es posible entender tal circunstancia dentro de varias causales: desconocimiento del precedente, defecto sustantivo y violación directa de la Constitución.”
Corte Constitucional, sentencia SU-273 de 2022. Esta es una trascripción literal. Los errores, erratas, mayúsculas y énfasis forman parte del texto original.
“Artículo 258. Causal. Habrá lugar al recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia cuando la sentencia impugnada contraríe o se oponga a una sentencia de unificación del Consejo de Estado”.
“Artículo 267. Efectos de la Sentencia. Si prospera el recurso, total o parcialmente, la sala anulará, en lo pertinente, la providencia recurrida y dictará la que deba reemplazarla o adoptará las decisiones que correspondan. Si el recurso es desestimado, se condenará en costas al recurrente. Cuando el Consejo de Estado anule una providencia que se cumplió en forma total o parcial, declarará sin efecto los actos procesales realizados con tal fin y dispondrá que el juez de primera instancia proceda a las restituciones y adopte las medidas a que hubiere lugar. Además, el Consejo de Estado ordenará al tribunal que en el auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior cancele la caución de que trata el artículo 264. Si el recurso de unificación de jurisprudencia no prospera, la caución seguirá respondiendo por los perjuicios causados, los cuales se liquidarán y aprobarán ante el juez de primera instancia mediante incidente. Este, deberá proponerse dentro de los sesenta (60) días siguientes a la notificación del auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior”.
“ARTÍCULO 257. PROCEDENCIA. <Artículo modificado por el artículo HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_2080_2021_pr001.html" \l "71" 71 de la Ley 2080 de 2021.
El nuevo texto es el siguiente:> El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia procede contra las sentencias dictadas en única y en segunda instancia por los tribunales administrativos, tanto para los procesos que se rigen por el Decreto HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/codigo_contencioso_administrativo.html" \l "INICIO" 01 de 1984 como para aquellos que se tramitan por la Ley HYPERLINK "http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html" \l "INICIO" 1437 de 2011. (…) PARÁGRAFO. En los procesos de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral y pensional procederá el recurso extraordinario sin consideración de la cuantía. (…)”. Subrayado fuera de texto. Archivos electrónicos que contienen el correo electrónico de notificación de sentencia, ubicados en los índices 10 y 13 del aplicativo SAMAI, identificados con certificados A308A3F9E2EB43A6 FA6BE6C508E820B3 743C32CA91606A96 69F1AF24CD861CBA y A449429CA1A4D0DA B25BFFADFA08D254 48EC2A38C3F881F5 79D1A38567D5F022. Apartado 1.7.2. Corte Constitucional, sentencia SU-918 de 2013.
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03739-01
Accionante: José Domingo De Ávila Orozco
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: José Domingo De Ávila Orozco
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
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