Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03740-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 11001-03-15-000-2022-03740-00
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 11001-03-15-000-2022-03740-00
Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas
25 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Bogotá, D. C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
Demandado: Presidencia de la República y otros
Temas: Acción de tutela interpuesta ante varios jueces constitucionales /
rechazo por improcedencia
SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
Decide la Sala la acción de tutela interpuesta por los señores Miguel Ángel Gómez,
Nelson Guerra Chavarro y William Arévalo Otálora1 contra la Presidencia de la
República y otros.
1. Antecedentes
1.1. La solicitud de tutela
Los señores Miguel Ángel Gómez, Nelson Guerra Chavarro y William Arévalo Otálora,
el primero de los cuales manifiesta actuar como vocero y líder social de la comunicad
del municipio de Turmequé (Boyacá), promovieron acción de tutela contra la
Presidencia y Vicepresidencia de la República de Colombia, el Ministerio de Minas y
Energía, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el Ministerio del Interior, la
Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), el Instituto de Investigaciones en
Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS), la Corporación Autónoma Regional
1 En el escrito a través del cual se subsanó la presente acción de tutela, se suministraron los datos
personales y números de identificación de estas tres personas quienes actúan en condición de
accionantes.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
de Boyacá, la Corporación Autónoma Regional de Chivor, la Compañía Minera
Guadalupe S.A.S., la Agencia Nacional de Minería (ANM), el departamento de Boyacá
(Secretarías de Ambiente, Desarrollo Rural, Agricultura, Minas y Energía), la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal de Turmequé (Secretarías de Gobierno y
Oficina de Planeación), el Concejo Municipal de Turmequé-Boyacá y la Personería
Municipal del municipio de Turmequé Boyacá, en orden a que se protejan sus derechos
al medio ambiente sano, a la participación ciudadana, a la igualdad, a la dignidad
humana, a la consulta previa o popular, a la vida, al acceso a la administración de
justicia, a la salud, junto con las garantías a la efectividad de los principios de
precaución ambiental y la prevalencia del interés general sobre el particular.
1.2. Pretensiones
Los accionantes formulan las siguientes súplicas:
SEGUNDA: Solicitamos con carácter de urgencia Señor Magistrado y/o Juez
Constitucional que le ordene de forma inmediata a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA
que revoque la Resolución en donde se les concedió la Licencia Ambiental L.A. 11-08 a
los señores JOSÉ VICENTE PINZÓN ARIZA identificado con la cédula de ciudadanía
No. 2.921.301 de Bogotá D.C., Y MAYENI LISBETH VALVUENA ÁVILA identificado
con la cédula de ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta Norte de Santander, los cuales
son dueños o Representantes Legales de la Empresa Minera COMPAÑÍA MINERA
GUADALUPE SAS CON NIT. No. 9012237637; Ya que, en donde a través del informe de
fiscalización minera se determinó que la bocamina denominada Guadalupe con
coordenadas No. 1.077.816 E 1.059.222 Z 2.444 con fecha de 01 de marzo de 2022 y
refrendada mediante informe técnico PARM No. 112 de 09 de marzo del 2022.
TERCERA: Señor Magistrado Constitucional solicitamos se dé cumplimiento a la Ley 1333
de 2009 mediante la cual se establece el proceso sancionatorio ambiental en el artículo
32 con respecto al cumplimiento de las medidas de carácter preventivas las cuales son de
ejecución inmediata.
CUARTA: Solicitamos Señor Juez que le ordene a CORPOCHIVOR, a INGEOMINAS, a
la Empresa Minera y sus Representantes que realicen una Audiencia Pública en el
Auditorio Principal del Municipio de Turmequé y de los Municipios de Ventaquemada y
Villapinzón con fines de socializar el impacto y afectación que se generen con la
explotación de carbón y de piedra fosfática, entre otros minerales, ya que los habitantes
de estas jurisdicciones tienen el derecho constitucional a ser informados y asesorados con
respecto a la extracción minera y de hidrocarburos en sus territorios, ya que estas
actividades impactan cambian y trasforman su estilo y tradición económica de estos
pueblos al igual que transforma y cambia de forma forzosa sus estilos de vida y tradición
agrícola.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
QUINTA: Solicitamos señor Magistrado o Juez de Tutela que se siga ejecutando las
Resoluciones No. 086 de fecha de 12 de marzo del 2015 y Res. 045 de fecha de 16 de
febrero de 2021 en donde se ordenó por parte de CORPOCHIVOR la suspensión de
cualquier actividad minera en la vereda de Chinquira Sector Los Naranjos Casa Blanca
del Municipio de Turmequé Boyacá.
SEXTA: Solicitamos la intervención de todos los órganos de control tales como la
Procuraduría General de la Nación, La Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la
Nación, Ministerio de Minas y Energía, entre otros, para que realicen las investigaciones
correspondientes y la aplicación de sanciones según corresponda al caso en concreto.
SEPTIMA: Solicitamos la anulación o revocatoria de la licencia ambiental y declarar ilegal
o nulo de pleno derecho el Contrato de Concesión Minera No. GAI -142 suscrito con
INGEOMINAS debido a que la Empresa Minera Guadalupe S.A.S., y sus titulares o
representantes legales están afectando con la actividad minera de explotación de carbón
mineral los recursos naturales renovables y no renovables y el medio ambiente y la
geografía de la región, entre otros.
OCTAVA: SEÑOR MAGISTRADO O JUEZ SOLICITAMOS CON TODO RESPETO QUE
ORDENE A LAS ENTIDADES Y FUNCIONARIOS ACCIONADOS PUBLICOS Y
PRIVADOS Que suspendan y revoquen la Licencia Ambiental para la explotación de
un yacimiento de carbón mineral dentro del área establecida y designada por
CORPOCHIVOR para realizar las actividades mineras ya que no es ambientalmente
viable en la Jurisdicción del Municipio de Turmequé Boyacá Vereda de Chinquira y
del Municipio de Ventaquemada del Departamento de Boyacá a nombre de los
señores: JOSÉ VICENTE PINZÓN ARIZA identificado con la cédula e ciudadanía No.
2.921.301 de Bogotá D.C., Y MAYENI LISBETH VALVUENA ÁVILA identificado con la
cédula e ciudadanía No. 60.371.423 de Cúcuta Norte de Santander.
NOVENA: Que le ordene al Señor Secretario de Gobierno e Inspector de Policía el
Doctor Francisco Javier Cortes Castillo, al Director de CORPOCHIVOR y al señor
Alcalde de Turmequé Boyacá que nos expida copia del Contrato de Concesión
Minera No. GAI -142 suscrito con INGEOMINAS y de todas las Resoluciones
expedidas tanto por la AGENCIA NACIONAL DE MINERIA como por CORPOCHIVOR
en materia de la Concesión Minera y Ambiental y sobre el Levantamiento de la
Medida Preventiva consistente en la suspensión de actividades mineras en la
jurisdicción del Municipio de Turmequé Boyacá vereda de Chinquira.
DECIMA: Ya que indica el Artículo 8° de la Carta Política que es obligación del Estado y
de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación. Tomar parte en
elecciones, plebiscitos, referendos, consultas populares y otras formas de participación
democrática. Además, Interponer acciones públicas en defensa de la Constitución y de la
ley. Como también que se proteja la actividad económica de la vereda de Chinquira la cual
es de carácter agrícola para que sea ejecutado el Articulo 65 de la Constituían Política con
respecto a la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para
tal efecto, se otorgará prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas,
pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, así como también a la construcción
de obras de infraestructura física y adecuación de tierras, por lo cual debe de cerrarse y
sellarse dicha mina de Carbón Mineral y no permitir que se siga abriendo y construyendo
el socavón.
DECIMA PRIMERA: Señor Magistrado solicito que ordene a las entidades accionadas la
ejecución del Artículo 80 de la Carta Política en el sentido de que El Estado planificará
el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y
controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la
reparación de los daños causados.
DECIMA SEGUNDA: Señor Magistrado solicito que ordene a las entidades accionadas la
ejecución del Artículo 83. En el sentido de que: Las actuaciones de los particulares y de
las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se
presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.
DECIMA TERCERA: Solicito ante usted Señor Magistrado y/o Juez de la República,
que ordene la Aplicación de los Derechos Consignados en el artículo 85. que
expresa: “Son de aplicación inmediata los derechos consagrados en los artículos
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 37 y 40”.
De la Constitución Política de Colombia.
DECIMA CUARTA: Solicito ante usted Honorable Magistrado y/o Juez tener en
cuenta y revisar las firmas de toda la comunidad anexas a esta acción de tutela,
dichas firmas respaldan la presentación de esta tutela ante su despacho, es decir la
comunidad afectada apoya con sus firmas la solicitud del amparo de los derechos
fundamentales que se pretenden es este escrito de tutela.
DECIMA QUINTA: Se le informa al señor Magistrado correspondiente que en esta
Acción de Tutela se acciona también a los órganos de control nacionales,
seccionales y/o territoriales debido a su falta de diligencia y descuido de su parte
en abrir la investigación correspondiente al caso en concreto desarrollado y
expuesto en esta Acción de Tutela. (sic en toda la cita)
1.3. Hechos de la solicitud
Como hechos relevantes, los accionantes señalan los siguientes:
i) La Corporación Autónoma Regional de Chivor, a través de las Resoluciones 972
del 18 de diciembre de 2012, 334 del 30 de junio de 2020, 45 del 16 de febrero de
2021, 173 del 29 de marzo de 2021 y 346 de 2022, le concedió licencia ambiental a la
Compañía Minera Guadalupe S.A.S., dentro del área del contrato de concesión GAI-
142 (que esta empresa suscribió con INGEOMINAS), con el fin de realizar una
explotación de un yacimiento de carbón mineral en la jurisdicción del municipio de
Villapinzón (Cundinamarca), pero no en los municipios de Turmequé y Ventaquemada
(Boyacá).
ii) La Compañía Minera Guadalupe S.A.S. no ha cumplido a cabalidad con las
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
acciones establecidas en el plan de manejo ambiental2, toda vez que se ha generado
para el municipio de Turmequé: a) remoción de tierra, b) remoción de masas, c)
desplazamiento forzado de los habitantes y comunidades campesinas de las veredas
donde se está explotando el carbón mineral, d) contaminación del agua potable, tanto
de las fuentes hídricas del municipio, como de las concesiones de agua otorgadas por
la CAR y CORPOCHIVOR, e) destrucción de bosques nativos, d) daño a la salud
humana y f) destrucción del medio ambiente y de los ecosistemas.
iii) A la fecha no se ha realizado la audiencia pública o socialización dirigida a todos
los habitantes de la región, ni tampoco se ha convocado a una consulta previa o
popular, con el fin de garantizar la participación de los habitantes del municipio de
Turmequé (Boyacá) y las veredas donde se va a llevar a cabo la explotación minera
de carbón mineral y de piedra roca fosfática, de arena, de gravilla, entre otros
minerales3; tampoco se ha conocido el Acuerdo que expidió el Concejo Municipal con
el fin de proteger el medio ambiente, los recursos naturales y la integridad del ente
territorial o algún pronunciamiento de esta corporación frente a los permisos
ambientales y el contrato de concesión.
1.4. Fundamentos jurídicos
La parte accionante alega la vulneración de los derechos fundamentales precitados,
que, en su sentir, deben ser garantizados a los habitantes del municipio de Turmequé,
a través de la presente acción de tutela, en atención a que lo que se busca es la
prevalencia de la autonomía territorial y la participación ciudadana en las actividades
extractivas, de acuerdo con lo que al respecto estableció la Corte Constitucional en la
2 Refiere la parte accionante que a través de la Resolución 346 del 5 de mayo de 2022, Corpochivor
dispuso una medida preventiva, referida al estado de impacto ambiental y el plan de manejo ambiental,
en especial el deber de socializar con la comunidad de los municipios de Turmequé, Ventaquemada y
Villapinzón las medidas de prevención, recuperación y compensación del deterioro ambiental, la
mitigación de los impactos, así como las relacionadas con evitar eventos catastróficos de la actividad
minera, el plan de contingencia para enfrentar posibles emergencias, y el atentado a la salud de los
habitantes que traería dicha explotación de carbón en las diferentes veredas de estos tres (3)
municipios.
3 Al respecto se señala en el escrito de tutela que «la comunidad desconoce el plan de manejo
ambiental, el programa de seguimiento y monitoreo, así mismo, el plan de contingencia el plan de
desmantelamiento y abandono y el plan de inversión que deben tener los titulares de la Empresa Minera
Guadalupe y demás obligaciones, la ejecución de la normatividad ambiental, las funciones y requisitos
que les impone la legislación minera de Colombia»
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
Sentencia T-445 de 2016, para que los municipios y las comunidades participen en las
decisiones que repercuten en el desarrollo local, la conservación ambiental y cultural,
frente a la actividad minera y de hidrocarburos, mediante los mecanismos de la
consulta popular y en particular, de los acuerdos municipales a través de los cuales
los concejos, adoptan decisiones para defender el patrimonio ecológico de los entes
territoriales.
Fundamenta la acción de tutela, además de la mencionada providencia de la Corte
Constitucional, de las sentencias T-525 de 2017 y T-614 de 2019 proferidas por dicha
corporación, del artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos 2591 y 306 de
1992; igualmente, de los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos, 39 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos y 25 de la Convención de los
Derechos Humanos.
1.5. Actuación procesal
1.5.1. Mediante auto del 14 de julio de 2022, se dispuso requerir a los accionantes y/o
al abogado Miguel Ángel Gómez, para que dentro de los tres días siguientes a la
notificación de esa providencia, allegaran memorial aclaratorio (a modo de ejemplo,
por medio de un listado), en el cual se indicara, de manera clara, los nombres
completos y documentos de identificación de las personas que fungen como tutelantes
en el presente trámite. A través de memorial, la parte actora indicó que el nombre y los
datos «de los tres accionantes más importantes» corresponden a Nelson Guerra
Chavarro, William Arévalo Otálora y Miguel Ángel Gómez.
1.5.2. La acción de tutela se admitió a través de providencia del 2 de agosto de 2022,
en la que se ordenó notificar como accionados a la Presidencia y Vicepresidencia de
la República de Colombia, la Consejería Presidencial para la Competitividad y la
Gestión Público – Privada, Consejería Presidencial para la Gestión y Cumplimiento, el
Ministerio de Minas y Energía, el Ministerio de Ministerio de Ambiente y Desarrollo
Sostenible, el Ministerio del Interior, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales
(ANLA), el Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química
(INGEOMINAS), la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, la Corporación
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
Autónoma Regional de Chivor, la Compañía Minera Guadalupe S.A.S, la Agencia
Nacional de Minería (ANM), el departamento de Boyacá, la Gobernación de Boyacá,
la Secretaría de Ambiente de Boyacá, la Secretaría de Desarrollo Rural de Boyacá, la
Secretaría de Agricultura de Boyacá, la Secretaría de Minas y Energía de Boyacá, la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la
Defensoría del Pueblo, la Alcaldía Municipal de Turmequé (Boyacá), el Concejo
Municipal de Turmequé (Boyacá), la Personería Municipal del municipio de Turmequé
(Boyacá), la Secretaría de Gobierno del municipio de Turmequé (Boyacá) y la Oficina
de Planeación de la Alcaldía Municipal de Turmequé (Boyacá), para que dentro del
término de dos días, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo
informe.
Igualmente, se vinculó a los municipios de Ventaquemada (Boyacá) y Villapinzón
(Cundinamarca), como terceros interesados en las resultas del proceso y se resolvió
no decretar las medidas provisionales solicitadas por la parte accionante.
1.6. Intervenciones
1.6.1. De la Presidencia de la República, Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República
El abogado Oscar Mauricio Ceballos Martínez, en condición de apoderado judicial del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y/o del señor
presidente de la República solicitó, por un lado, que se declare la improcedencia de la
acción de tutela por tratarse de una acción temeraria, por cuanto el juzgado Cuarenta
y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, mediante providencia del 29 de julio de
2022, resolvió una acción de tutela con iguales hechos y pretensiones, presentada por
el señor Miguel Ángel Gómez y, por otro, la desvinculación de sus representadas por
carecer de legitimación en la causa por pasiva, comoquiera que: i) no representan a la
Nación para efectos de la acción de tutela de la referencia y ii) no tienen funciones,
competencias y/o facultades que se relacionen con otorgar licencias ambientales y/o
realizar consultas previas en los territorios de explotación minera, pues esta
competencia recae en las autoridades ambientales y el Ministerio del Interior.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
1.6.2. Del Ministerio de Minas y Energía
Mariana Duque Gómez, en calidad de apoderada del Ministerio de Minas y Energía,
se opuso a las pretensiones de la acción de tutela al considerar que de acuerdo con la
jurisprudencia constitucional4, la Nación y las entidades territoriales deben ejercer sus
competencias en el marco de los principios de coordinación, concurrencia y
subsidiariedad, y los municipios no pueden prohibir unilateralmente las actividades
mineras y de hidrocarburos en sus territorios, por lo que cualquier disposición que
contraríe dichos presupuestos, es inconstitucional.
Adicionalmente: i) el accionante no cuenta con legitimación en la causa por activa,
porque no demuestra que estén amenazados sus derechos fundamentales, ni acredita
actuar en calidad de agente oficioso; ii) es claro que el debate involucra derechos o
intereses colectivos que deben ser ventilados a través de la acción popular, y además,
no probó la existencia de un perjuicio irremediable; iii) no cumple con el requisito de
inmediatez, pues solicita que se tomen medidas respecto de actos administrativos y
títulos mineros expedidos hace más de diez años; iv) la cartera ministerial carece de
legitimación en la causa por pasiva, dado que no tiene funciones de autoridad minera
o ambiental, ni es superior jerárquico o funcional de ninguna de las entidades
accionadas, tampoco ejerce funciones de vigilancia, seguimiento y control respecto de
la actividad y, por tanto, no ha vulnerado los derechos fundamentales alegados.
1.6.3. Del Ministerio del Interior
El jefe (e) de la Oficina Jurídica del Ministerio del Interior, indicó que en el sub lite: i)
se configura la cosa juzgada, en razón a que existe pronunciamiento constitucional
proferido por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, en el
que se estudiaron iguales pretensiones, hechos, objeto y derechos fundamentales a
los aquí pretendidos, lo cual hace improcedente el mecanismo tutelar y ii) el accionante
carece de legitimación en la causa por activa para invocar el derecho de la consulta
4 Sentencias C-123 de 2014; C-035 de 2016; C-273 de 2016; C-389 de 2016; SU-095 de 2018; C-053
de 2019; A-281 de 2019; T-342 de 2019; C-096 de 2020 y SU-411 de 2020.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
previa, toda vez que no presenta prueba siquiera sumaria que permita inferir que
pertenece a una comunidad étnica, como tampoco acredita calidad alguna como
representante legal de algún resguardo, cabildo, consejo comunitario o cualquier otra
forma organizativa étnica; en consecuencia no existe violación del derecho a la
consulta previa, ni se evidencia la afectación o causación de un perjuicio irremediable
a una colectividad con dicha naturaleza.
1.6.4. Del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
El abogado Helton David Gutiérrez González, apoderado del Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible, precisó que si se llegare acreditar que existe vulneración de los
derechos fundamentales en el caso bajo estudio, deberá declararse que respecto de
la entidad que representa, existe una manifiesta falta de legitimación en la causa por
pasiva por cuanto no es del ámbito de las atribuciones de esta cartera examinar las
solicitudes que reposan en el texto de la acción constitucional.
1.6.5. Del Servicio Geológico Colombiano, Instituto Científico y Técnico, en
reemplazo del extinto Instituto de Investigaciones en Geociencias, Minería y
Química —INGEOMINAS—
El jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Servicio Geológico Colombiano, Instituto
Científico y Técnico adscrito al Ministerio de Minas y Energía, indicó que respecto a
esta entidad se materializa la falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto
actualmente, y desde la creación de la Agencia Nacional de Minería, no ostenta
funciones de autoridad minera en ningún rincón del territorio nacional, por tanto, debe
ser excluida del debate jurídico.
1.6.6. De la Agencia Nacional de Minería
A través de apoderada la Agencia Nacional de Minería, previo a pronunciarse sobre
los hechos y las pretensiones, puso de presente la existencia de un precedente, que
refirió, puede dar lugar a la declaratoria de temeridad de la acción y de la cosa juzgada,
relacionado con el contenido de la solicitud de amparo 2022-00254-00, en la que se
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
ventilaron hechos idénticos a los expuestos en esta acción y se consignaron
pretensiones acordes a las plasmadas en el escrito de tutela que nos ocupa, las cuales
fueron decididas por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de
Bogotá. Asimismo, agregó que el otorgamiento de la licencia ambiental es del resorte
de la autoridad ambiental competente, Corpochivor, por lo que solicitó que sea
rechazado y desestimado lo pretendido por la parte accionante respecto de la entidad
que representa, por carecer de legitimación en la causa por pasiva.
1.6.7. De la Corporación Autónoma Regional de Boyacá —Corpoboyacá—
El secretario general y jurídico de Corpoboyacá, al dar respuesta a la acción de tutela
advirtió que la autoridad ambiental a la que corresponde el asunto, de acuerdo con la
jurisdicción del área donde sucedieron los hechos allí narrados, es Corpochivor5, y en
consecuencia, la autoridad ambiental que representa debe ser desvinculada del
presente trámite, por carecer de legitimación en la causa por pasiva, aunado a que no
ha incurrido en acción u omisión que vulnere los derechos fundamentales alegados.
1.6.8. De la Corporación Autónoma Regional de Chivor —Corpochivor—
El abogado Wilson Segura Cuesta, en calidad de apoderado de Corpochivor, a través
de correo electrónico, por un lado, informó que «la tutela de la referencia fue objeto de
conocimiento del Juzgado 47 Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, en el (sic)
cual ya se profirió fallo de primera instancia, el cual fue recurrido en el término legal
por parte de CORPOCHIVOR» y, por otro, aportó el informe que en su momento brindó
a dicha autoridad judicial, en el que en lo sustancial se solicitó declarar improcedente
la acción de tutela, al considerar que la parte actora cuenta con mecanismos judiciales
autónomos para procurar la protección de los derechos fundamentales alegados y del
medio ambiente sano.
1.6.9. De la Compañía Minera Guadalupe S.A.S.
El representante legal de la Compañía Minera Guadalupe S.A.S., en su intervención
5 Artículo 54 de la Ley 99 de 1993.
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Radicación: 11001 03 15 000 2022 03740 00
Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
puso de presente «que el texto de la acción de tutela que adjuntó el Juzgado Cuarenta
y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá D.C., Sección Segunda, al momento de
notificar[le] “la interposición de la tutela” [11001-33-42-047-2022-00254 00] (…) es el
mismo que [les] fue remitido por el H. Consejo de Estado, como consecuencia de lo
ordenado (…) dentro de la radicación 11001-03-15-000-2022-03740-00». Además, el
juzgado en mención, mediante providencia del 29 de julio de 2022, concedió el amparo
solicitado por el señor Miguel Ángel Gómez y desvinculó del trámite constitucional a la
Compañía Minera Guadalupe, entre otras entidades, por carecer de legitimación en la
causa por pasiva, comoquiera que no adelanta ni ha adelantado actividades mineras
en los municipios de Villapinzón, Turmequé y Ventaquemada.
1.6.10. De la Procuraduría General de la Nación —PGN—
La abogada Yeimy Viviana Higuera Pinzón, en condición de apoderada de la
Procuraduría General de la Nación, informó que ese órgano de control actuó como
accionado en otra solicitud de tutela con idénticas características (igual accionante,
accionados) que fue conocida y resuelta por el Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, a través de sentencia proferida el 29 de
julio de 2022, en la que se concedió la tutela solicitada por la parte actora. Por lo
anterior, peticiona dar aplicación al artículo 38 del Decreto 2591 de 1991, en el sentido
de rechazar o decidir desfavorablemente todas las solicitudes impetradas en el
presente trámite, toda vez que ya fueron objeto de pronunciamiento judicial en la
acción de tutela 11001334204720220025400.
Por otra parte, pone de presente que la PGN no ha vulnerado los derechos pregonados
por la parte actora, en primer lugar, porque el otorgamiento de permisos y licencias
objeto de acción de tutela, así como el seguimiento ambiental sancionatorio no son de
su resorte, por lo tanto, carece de legitimación en la causa por pasiva; además, desde
sus competencias misionales viene brindando el trámite preventivo y de intervención
a través del Procurador Judicial Ambiental y Agrario competente.
1.6.11. De la Contraloría General de la República —CGR—
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
El contralor delegado para el medio ambiente en su intervención, expuso que la
Contraloría General de la República carece de legitimación material en la causa por
pasiva, sumado a la inexistencia de vulneración de derecho fundamental alguno por
parte de esa entidad, por cuanto no se evidencia nexo de causalidad entre la presunta
vulneración de los derechos fundamentales invocados por la parte actora y la acción u
omisión por parte de la CGR, por lo que la presente tutela se torna improcedente en
contra de este ente de control fiscal.
Agregó que ese despacho recibió copia de la sentencia de primera instancia del
expediente de tutela 11001334204720220025400, accionante: Miguel Ángel Gómez,
vocero de la Comunidad del municipio de Turmequé, la cual tiene relación directa con
el tema que se ventila en la presente acción.
1.6.12. Del departamento de Boyacá
A través de apoderada Judicial, el departamento de Boyacá adujo que la acción de
tutela resulta improcedente, en atención a que: i) la parte accionante cuenta con
mecanismos idóneos para los fines pretendidos, ii) el ente territorial carece de
legitimación en la causa por pasiva, iii) ataca la legalidad de actos administrativos y iv)
no se demostró la existencia de un perjuicio irremediable.
1.6.13. Del municipio de Turmequé (Boyacá)
Los señores Pedro Antonio Murillo Moreno, Hernando Orjuela Malagón y Francisco
Javier Cortés Castillo, en calidad de alcalde, secretario de planeación y secretario de
gobierno del municipio de Turmequé, respectivamente, mediante escrito manifestaron
que sobre iguales hechos y pretensiones a las que aquí se discuten, el Juzgado
Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá, emitió fallo el 29 de julio de
2022, en el que concedió el amparo solicitado por el señor Miguel Ángel Gómez y
demás personas que firmaron la demanda de tutela.
Después de referirse a los hechos, pretensiones, y a los derechos presuntamente
vulnerados, advirtieron la improcedencia de la acción de tutela por falta de agotamiento
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
del requisito de subsidiariedad, por lo que solicitaron que se desvincule al ente
territorial, en atención a que no es el competente para dejar sin efecto la licencia
ambiental otorgada por Corpochivor a los señores José Vicente Pinzón Ariza y Mayeni
Lisbeth Valvuena Ávila y el contrato de concesión minera IGA-142.
1.6.14. Del Concejo Municipal de Turmequé (Boyacá)
La señora Marlenne Muñoz Ajiaco, como presidenta del Concejo Municipal de
Turmequé, emitió informe en el que precisó que la corporación no tiene injerencia en
la concesión de licencias ambientales ni en el otorgamiento de títulos mineros y que el
Acuerdo 024 de 29 de noviembre de 20216, fue aprobado y sancionado teniendo en
cuenta lo estipulado en el reglamento interno del colegiado que representa, el cual se
dio a conocer a la comunidad. En consecuencia, solicitó desvincular a dicho ente del
trámite tutelar, por no estar lo pretendido dentro del marco de sus competencias.
1.6.15. De la Personería Municipal del municipio de Turmequé (Boyacá)
El personero municipal de Turmequé Germán Rodolfo González Suárez, advirtió que
ese ente de control no tiene jurisdicción que le permita investigar a Corpochivor y a la
Agencia Nacional Minera, que son las encargadas de otorgar las licencias mineras y
ambientales. No obstante, realizó una reunión para tratar el tema de minería en el
municipio de Turmequé y le informó al defensor del pueblo las manifestaciones
pacíficas que ha realizado la comunidad en torno a ese asunto, por lo que ha
garantizado los derechos de los ciudadanos para protestar y expresar su desacuerdo
y además, ha preservado los derechos de los dueños del título minero, por lo que
solicita que sea desvinculada ese órgano del Ministerio Público, dado que carece de
legitimación en la causa por pasiva.
1.6.16. Del municipio de Villapinzón
El alcalde del municipio de Villapinzón, Nelson Javier Torres Romero, al referirse a la
6 Por medio del cual se dictan medidas para la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural
del municipio de turmequé Boyacá y se dictan otras disposiciones
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
acción de tutela indicó que es a todas luces improcedente, en tanto que los accionantes
cuentan con otros medios de defensa judicial a los cuales pueden acceder; además,
no se presentó dentro de un plazo razonable, comoquiera que la Resolución 972, que
otorgó la licencia ambiental a la que alude la parte accionante, data del 18 de diciembre
de 2012, es decir, fue expedida hace aproximadamente diez años.
Igualmente, precisó que el ente municipal no ha sido notificado de algún acto
administrativo que conceda licencia para la explotación de un yacimiento de carbón en
su jurisdicción y, de llegar a existir, debe ser revocado, teniendo en cuenta que no
cumpliría con el procedimiento establecido para el efecto. Finalmente, solicitó que se
declare la falta de legitimación en la causa por pasiva del municipio de Villapinzón.
1.6.17. Durante el término otorgado a las accionadas para pronunciarse sobre la
presente acción de tutela, la Vicepresidencia de la República de Colombia, la Agencia
Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la Defensoría del Pueblo, guardaron
silencio.
2. Consideraciones de la Sala
2.1. Competencia
De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 12 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069
de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, que prevé que «[l]as
acciones de tutela dirigidas contra las actuaciones del Presidente de la República [...]
serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, al Consejo de Estado»,
en concordancia con los artículos 86 Constitucional y 25 del Acuerdo 080 de 2019,
según el cual «[l]as tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera
instancia y en segunda instancia se someterán a reparto por igual entre todos los
magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la
sección o subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya
correspondido el reparto», esta Sala es competente para conocer de la presente
acción de tutela.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
2.2. Problema jurídico
Corresponde a la Sala establecer si existe identidad de objeto, causa y partes entre la
presente acción de tutela y la decidida por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo
del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, el 29 de julio de 2022, dentro del
radicado 11001 3342 047 2022 00254 00.
Una vez definido lo anterior, habrá de determinarse si operó el fenómeno de la cosa
juzgada constitucional e igualmente, si los accionantes actuaron de manera temeraria
o, por el contrario, si procede el estudio de la vulneración de los derechos
fundamentales al medio ambiente sano, a la participación ciudadana, a la igualdad, a
la dignidad humana, a la consulta previa o popular, a la vida, al acceso a la
administración de justicia, presuntamente desconocidos por las accionadas.
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Procedencia de la acción de tutela
La acción de tutela es un medio de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este
mecanismo de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones
ordinarias que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se
pueden pasar por alto.
Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
La jurisprudencia de la Corte Constitucional7 reitera que el juez de tutela debe analizar
los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del carácter
subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar cuando dentro
de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo para proteger
objetivamente el derecho que se alegue conculcado.
También es viable el amparo cuando a pesar de disponer de otro medio de defensa
judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de tutela
como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual deberá
probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.
2.3.1. De la cosa juzgada constitucional
La Corte Constitucional en virtud de lo preceptuado en los artículos 243 superior y 303
del Código General del Proceso, ha señalado que la institución jurídico procesal de la
cosa juzgada constitucional gobierna no solo las decisiones que en ejercicio del control
jurisdiccional dicte esa corporación, sino todas aquellas proferidas dentro del trámite
de una acción de tutela, para dotar las providencias de un valor inmutable, vinculante
y definitivo, en virtud de la seguridad jurídica, que impide al juez del amparo realizar
un nuevo pronunciamiento, sobre lo ya definido.
Dicho propósito se ve reflejado en el contenido del artículo 37 del Decreto 2591 de
1991, de acuerdo con el cual, quien interpone la acción de tutela debe manifestar, bajo
la gravedad de juramento, que no ha presentado otra solicitud de amparo, con
fundamento en iguales hechos y derechos; de donde se desprende que la cosa
juzgada constitucional supone identidad de objeto, de causa y de partes, que deberá
ser analizado en cada caso concreto, ante la posibilidad de la presencia de nuevos
hechos que ameriten un análisis respecto de ellos.
7 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-
972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
En la Sentencia T 497 de 20208, la Corte Constitucional precisó que una sentencia
hace tránsito a cosa juzgada constitucional i) cuando es seleccionada para revisión
por parte de esa corporación y fallada en la respectiva Sala; o ii) cuando, surtido el
trámite de selección, se vence el término establecido para que se insista en su
selección, sin que ésta haya sido escogida por esa corte. Adicionalmente, expuso que
el principio en mención se vulnera cuando: i) se adelanta un nuevo proceso con
posterioridad a la ejecutoria de la sentencia; ii) en el nuevo proceso existe identidad
de partes; iii) de objeto; y iv) de causa respecto del anterior.
Igualmente agregó que cuando se verifique la coincidencia material de los casos
presentados ante la jurisdicción constitucional, en atención a lo previsto en el artículo
38 del Decreto 2591 de 1991, el juzgador tiene dos opciones, la primera: denegar la
tutela solicitada y la segunda, declarar la improcedencia del amparo, sin importar que
no coincidan en el tiempo. Ello por cuanto que la presentación sucesiva o múltiple de
acciones de tutela puede configurar una actuación temeraria y, además comprometer
el principio de cosa juzgada constitucional.9
2.3.2. De la temeridad en la acción de tutela
En el trámite de una acción de tutela, la actuación temeraria se concreta en la indebida
utilización de este mecanismo de protección. Hay temeridad cuando existe i) identidad
fáctica en relación con otra acción de tutela; ii) identidad de demandante, en cuanto la
otra acción de tutela se presenta por parte de la misma persona o su representante;
iii) identidad del sujeto demandado y iv) falta de justificación para interponer la nueva
acción. Así lo establecen el artículo 38 del Decreto 2591 de 199110 y la jurisprudencia
de la Corte Constitucional:11
8 Sentencia T- 497 de 2020, proferida el 30 de noviembre de 2020, dentro del expediente radicado T-
7.211.667, con ponencia del magistrado Alejandro Linares Cantillo.
9 Sentencia SU 027 de 2021, expedida el 5 de febrero de 2021, dentro del expediente con radicado T-
7.866.625, con ponencia de la magistrada Cristina Pardo Schlesinger.
10Artículo 38. Actuación temeraria. Cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acción de
tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se
rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las solicitudes. El abogado que promoviere la
presentación de varias acciones de tutela respecto de los mismos hechos y derechos será sancionado
con la suspensión de la tarjeta profesional al menos por dos años. En caso de reincidencia, se le
cancelará su tarjeta profesional, sin perjuicio de las demás sanciones a que haya lugar.
11 Ver, entre otras, las Sentencias T-067 de 2005, T-312 de 2006 y SU-713 de 2006.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
(i) La identidad de partes, es decir, que ambas acciones de tutela se dirijan contra el
mismo demandado y, a su vez, sean propuestas por el mismo sujeto en su condición de
persona natural, ya sea obrando a nombre propio o a través de apoderado judicial, o por
la misma persona jurídica a través de cualquiera de sus representantes
legales. (ii) La identidad de causa petendi, o lo que es lo mismo, que el ejercicio
simultáneo o sucesivo de la acción se fundamente en unos mismos hechos que le sirvan
de causa. (iii) La identidad de objeto, esto es, que las demandas busquen la
satisfacción de una misma pretensión tutelar o el amparo de un mismo derecho
fundamental. (iv) Por último, y como se dijo anteriormente, a pesar de concurrir en un
caso en concreto los tres (3) primeros elementos que conducirían a rechazar la solicitud
de tutela, el juez constitucional tiene la obligación a través del desarrollo de un incidente
dentro del mismo proceso tutelar, de excluir la existencia de un argumento válido que
permita convalidar la duplicidad en el ejercicio del derecho de acción.
En suma, el fundamento de la norma que sanciona la temeridad se encuentra en los
artículos 83 y 95 de la Constitución Política, que, por una parte, obligan a los
particulares y a las autoridades a actuar con base en el principio de buena fe, y, por
otra, imponen el deber de «respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios»
y «colaborar en el buen funcionamiento de la administración de la justicia». Según la
Corte Constitucional, esa figura, en últimas, «busca que en el curso de una acción de
tutela quienes intervengan como demandantes lo hagan con pulcritud y transparencia,
resultando descalificada cualquier intención de engaño hacia la autoridad pública».12
En definitiva, se puede afirmar que con aquella se censura la intención fraudulenta de
la persona que ejerce injustificadamente la misma tutela ante varios jueces.
2.4. Análisis de la Sala. Caso concreto
Los señores Miguel Ángel Gómez,13 Nelson Guerra Chavarro y William Arévalo
Otálora,14 interpusieron acción de tutela para obtener la protección de sus derechos
fundamentales al medio ambiente sano, a la participación ciudadana, a la igualdad, a
la dignidad humana, a la consulta previa o popular, a la vida, al acceso a la
administración de justicia, presuntamente vulnerados por las accionadas con ocasión
de la licencia ambiental autorizada por la Corpochivor, a través de la Resolución 972
12 Corte Constitucional. Sentencia T-507 de 2011.
13 Quien manifiesta actuar en nombre propio y como vocero de la comunidad del Municipio de
Turmequé.
14 Estos nombres fueron aportados en el escrito de subsanación de la acción de tutela, cuando se le
requirió a la parte actora individualizar los datos de las personas que aparecían firmando una lista de
miembros de la comunidad y habitantes del municipio de Turmequé, en apoyo a la acción de tutela.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
del 18 de diciembre de 2012, para la explotación de un yacimiento de carbón mineral
en la vereda la Chinquira del municipio de Turmequé (Boyacá) en virtud del contrato
de concesión GAI-142.
Por su parte, algunas de las accionadas, indicaron que el contenido de la presente
acción de tutela coincide con la solicitud de amparo que conoció el Juzgado Cuarenta
y Siete Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá, dentro del radicado 11001 3342
047 2022 00254 00, respecto de la cual profirió sentencia el 29 de julio de 2022,15 que
fue aclarada mediante auto del 6 de agosto de igual anualidad, por lo que se hace
15 La providencia en mención resolvió lo siguiente:
PRIMERO: CONCEDER la tutela por la vulneración a los derechos fundamentales debido proceso,
igualdad, salud y dignidad humana, participación en las decisiones en conexión con el ambiente sano,
del señor MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ y demás personas que firmaron la demanda de tutela, como
ciudadanos, voceros y líderes sociales de LAS COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE
TURMEQUÉ, VENTAQUEMADA y VILLAPINZÓN, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva
de este fallo.
SEGUNDO: ORDENAR a CORPOCHIVOR y a la Agencia Nacional de Minería que dentro de las
facultades que les asiste como autoridades de control ambiental y minero, que dentro de un término no
mayor a 48 horas siguientes a la notificación de la presente providencia, dispongan la suspensión el
ejercicio de actividades mineras de la Concesión GAI – 142 con sustento en el principio de
PRECAUCIÓN , a efectos de:
2.1. Elaborar el Inventario con su correspondiente delimitación y coordenadas con el fin de socialización
con los integrantes de la comunidad residente en los Municipios de VENTAQUEMADA, TURMEQUÉ y
VILLAPINZÓN (artículo 79 de la Carta Política), de los cuerpos de agua, de los recursos suelo y bosque
y de los sectores de pendiente pronunciada que fueron prohibidos intervenir por la probable explotación
minera que se llegare a adelantar, a través de la Licencia Ambiental contenida en la Resolución No. 972
de diciembre 18 de 2012 y el título minero área del contrato de Concesión No. GAI - 142.
2.2. Determinar (si existen) cuáles son los probables impactos que se causarían en las áreas de posible
explotación minera que aparecen superpuestas con las zonas de restitución de tierras definidas en las
visitas de control adelantadas por la autoridad minera y disponer las medidas que se requieran para
prevenir, mitigar y corregir impactos ambientales en tales sectores y la aplicación del resto de
normatividad vigente sobre el tema.
2.3. Determinar los demás sectores y factores de riesgo en los sitios en los que es factible realizar la
explotación minera (incluyendo las zonas destinadas a actividades agrícolas según el artículo 65 de la
Carta y definidas en las visitas de control adelantadas por la autoridad minera), describiendo de qué
manera se afectaría a la comunidad residente en el Municipio de TURMEQUÉ, así como a los residentes
en los Municipios de VENTAQUEMADA y VILLAPINZÓN. 2.4. Identificar y socializar con la comunidad
referida en los numerales 6.1., 6.2. y 6.3., las alternativas que existen para prevenir, mitigar y corregir
de manera definitiva los riesgos en el corto, mediano y largo plazo, en los sectores dentro de los cuales
se permita adelantar la explotación minera de los municipios de TURMEQUÉ, VILLAPINZÓN y
VENTAQUEMADA.
TERCERO: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación, como entidad encargada de defendeer los
intereses colectivos, en especial, el ambiente, en virtud del artículo 277 numeral 4º de la Carta Política,
para que ejerza toda la actividad que le asiste para proteger o realizar el seguimiento conforme a sus
facultades, a efectos de impedir el ejercicio de la actividad minera en zonas prohibidas y en aquellas
zonas permitidas se realice con arreglo al Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de manejo
correspondiente; así como para asegurar con sustento en los principios de coordinación, concurrencia
y subsidiariedad (artículos 79, 288 y 311 de la Carta Política y Ley 388 de 1997), el ejercicio adecuado
y la participación de la ciudadanía en las decisiones que afectan el ambiente, así como la concertación
interinstitucional, con arreglo a la determinación contenida en la sentencia C - 273 de mayo 25 de 2016.
CUARTO: NEGAR las demás pretensiones de la demanda.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
necesario verificar si existe, como lo alegaron aquellas, identidad de partes, de objeto
y de causa petendi, entre las dos solicitudes de amparo.
De acuerdo con las pruebas arrimadas a la presente acción de tutela, dentro de las
que se encuentran las providencias proferidas dentro del proceso 11001 3342 047
2022 00254 00, a través de las cuales el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del
Circuito de Bogotá, admitió el trámite tutelar y resolvió la controversia, que datan del
14 y 29 de julio de 2022, respectivamente, se evidencia al hacer la comparación con
la presente acción de tutela, esto es, la 11001 03 15 000 2022 03740 00, lo siguiente:
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
Juzgado 48 Administrativo de Bogotá sub lite
11001 3342 047 2022 00254 00 11001 03 15 000 2022 03740 00
PARTE ACCIONANTE
Miguel Ángel Gómez, como ciudadano, vocero y líder Miguel Ángel Gómez, Nelson Guerra Chavarro y William
social de la comunidad del municipio de Turmequé Arévalo
PARTE ACCIONADA
La Nación, Corpoboyacá, Corpochivor, Compañía Minera La Nación, Corpoboyacá, Corpochivor, Compañía Minera
Guadalupe S.AS., Agencia Nacional de Minería, Guadalupe S.AS., Agencia Nacional de Minería,
Departamento de Boyacá, Presidencia de la República de Departamento de Boyacá, Presidencia de la República de
Colombia, Vicepresidencia de Colombia, Ministerio de Colombia, Vicepresidencia de Colombia, Ministerio de
Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Agencia Minas y Energía, Ministerio del Medio Ambiente, Agencia
Nacional de Licencias ambientales, INGEOMINAS, Nacional de Licencias ambientales, INGEOMINAS,
Ministerio del Interior, Contraloría General de la República, Ministerio del Interior, Contraloría General de la República,
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Procuraduría General de la Nación, Defensoría del
Pueblo, Alcaldía Municipal de Turmequé, Concejo Pueblo, Alcaldía Municipal de Turmequé, Concejo
Municipal de Turmequé y Personería Municipal de Municipal de Turmequé y Personería Municipal de
Turmequé. Turmequé.
OBJETO
PRIMERA: De manera respetuosa, solicito ante usted PRIMERA: De manera respetuosa, solicito ante usted
Señor Magistrado la protección con carácter de urgencia Señor Magistrado la protección con carácter de urgencia
de los siguientes Derechos : El Derecho a tener un de los siguientes Derechos : El Derecho a tener un
ambiente sano, garantizando la participación de la ambiente sano, garantizando la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarla (Art. comunidad en las decisiones que puedan afectarla (Art.
79 Const. Pol.), el derecho a tener agua potable sin 79 Const. Pol.), el derecho a tener agua potable sin
contaminación de químicos usados en la explotación contaminación de químicos usados en la explotación
minera, a la igualdad (Art. 13 Const. Pol.), a la dignidad minera, a la igualdad (Art. 13 Const. Pol.), a la dignidad
humana, a la consulta previa o popular, a la vida, el humana, a la consulta previa o popular, a la vida, el
derecho a la administración de justicia, la protección del derecho a la administración de justicia, la protección del
ecosistema y del paisaje, y la SALUD ANTE FACTORES ecosistema y del paisaje, y la SALUD ANTE FACTORES
DE DETERIORO AMBIENTAL, la efectividad del PRINCIPIO DE DETERIORO AMBIENTAL, la efectividad del PRINCIPIO
DE PRECAUCION AMBIENTAL, LA ACCIÓN DE TUTELA DE PRECAUCION AMBIENTAL, LA ACCIÓN DE TUTELA
COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO COMO MECANISMO DE PROTECCIÓN DEL DERECHO
COLECTIVO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO, el COLECTIVO A GOZAR DE UN AMBIENTE SANO, el
derecho a la salud, la solidaridad de las personas que la derecho a la salud, la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general sobre el integran y en la prevalencia del interés general sobre el
interés particular y privado. Ya que es deber del Estado interés particular y privado. Ya que es deber del Estado
proteger la diversidad e integridad del ambiente, proteger la diversidad e integridad del ambiente,
conservar las áreas de especial importancia ecológica y conservar las áreas de especial importancia ecológica y
fomentar la educación para el logro de estos fines y hacer fomentar la educación para el logro de estos fines y hacer
efectivos los siguientes principios : i) La justicia efectivos los siguientes principios : i) La justicia
distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de distributiva; ii) la justicia participativa; iii) el principio de
sostenibilidad; y, iv) el principio de precaución y sostenibilidad; y, iv) el principio de precaución y
prevención, entre otros. Y que como expedición de prevención, entre otros. Y que como expedición de
medidas provisionales o cautelares se haga efectivo el medidas provisionales o cautelares se haga efectivo el
cierre total y definitivo de la mina de carbón mineral en la cierre total y definitivo de la mina de carbón mineral en la
vereda de Chinquira jurisdicción del Municipio de vereda de Chinquira jurisdicción del Municipio de
Turmequé Boyacá, por motivo de los perjuicios Turmequé Boyacá, por motivo de los perjuicios
ambientales que está dejando dicha explotación de ambientales que está dejando dicha explotación de
carbón mineral y otros minerales . carbón mineral y otros minerales .
En cuanto a la causa petendi, la Sala pudo apreciar que las pretensiones transcritas
por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá en el auto del
14 de julio de 2022 corresponden de manera idéntica a las que fueron citadas en esta
providencia respecto de la acción de tutela que se examina.
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
Ahora bien, en lo que respecta a los sujetos activos, se tiene que si bien en el proceso
11001 3342 047 2022 00254 00, tramitado por el Juzgado Cuarenta y Siete
Administrativo del Circuito de Bogotá, solo se menciona al señor Miguel Ángel Gómez,
lo cierto es que la providencia del 29 de julio de 2022, aclarada el 9 de agosto hogaño,
al conceder el amparo deprecado, lo hace respecto de éste y las «demás personas
que firmaron la demanda de tutela, como ciudadanos, voceros y líderes sociales de
las comunidades de los municipios de Turmequé, Ventaquemada y Villapinzón»,
dentro de los que, de acuerdo con el escrito a través del cual se subsanó el presente
trámite tutelar, están los señores Nelson Guerra Chavarro y William Arévalo; en
consecuencia, resulta viable concluir que existe identidad de parte accionante.
Así las cosas, advierte la Subsección que en el sub lite, se configura la triple identidad,
pues coinciden las partes, el objeto y la causa, aunado a que los fundamentos fácticos
y jurídicos también presentan similitud entre ambas acciones de tutela, sin que se
acredite un hecho diferente que avale la necesidad de realizar un estudio con
fundamento en un nuevo suceso.
Ahora bien, se puede establecer que el escrito de tutela cuyo conocimiento
correspondió a esta Sala se radicó por la parte accionante el 7 de julio de 202216 y, el
segundo, se repartió al Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo del Circuito de
Bogotá, el cual se presentó el día 14 de igual mes y año17 y, por ende, es del caso
concluir, que no procede el análisis de temeridad dado que su posible ocurrencia debía
ser examinada por el citado juzgado por cuanto allí fue donde se interpuso el segundo
escrito de tutela.
Así las cosas, en la medida que se verificó la coincidencia material de la presente
acción de tutela, respecto de la resuelta por el Juzgado Cuarenta y Siete Administrativo
del Circuito de Bogotá el 29 de julio de 2022 y aclarada el 9 de agosto de igual
anualidad, dentro del expediente con radicado 11001 3342 047 2022 00254 00, se
deberá rechazar por improcedente.
16 De acuerdo con el soporte consultado a través del sistema Samai, la acción de tutela fue radicada a
través de la página web de la Rama Judicial – tutela en línea- el 7 de julio de 2022.
17 Según la consulta efectuada a través de la página web de la Rama Judicial, la radicación y el reparto
del expediente 11001334204720220025400, se efectuó el 14 de julio de 2022.
23
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Demandante: Miguel Ángel Gómez y otros
3. Conclusión
La Sala concluye que la acción interpuesta por los señores Miguel Ángel Gómez,
Nelson Guerra Chavarro y William Arévalo Otálora tiene identidad de partes, objeto, y
causa, aunado a la similitud fáctica y jurídica con la que conoció el Juzgado Cuarenta
y Siete Administrativo del Circuito de Bogotá con radicación 11001 3342 047 2022
00254 00, en la que se profirió fallo el 29 de julio de 2022, aclarado el 9 de agosto de
ese año, motivo por el cual procede su rechazo por improcedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
F A L L A:
Primero. Rechazar por improcedente la acción de tutela interpuesta por los señores
Miguel Ángel Gómez, Nelson Guerra Chavarro y William Arévalo Otálora, conforme a
la parte considerativa que antecede.
Segundo. En caso de que no fuere impugnada la presente providencia, remitir el
expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.
WILLIAM HERNÁNDEZ GÓMEZ RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS
Firmado Electrónicamente Firmado electrónicamente
GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Firmado electrónicamente
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en la plataforma del
Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
M.E.C.G.
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