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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03752-01

Fecha
20 de octubre de 2022
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03752-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA 1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. 2º)

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03752-01

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

20 de octubre de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veinte (20) de octubre de dos mil veintidós (2022).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 11001-03-15-000-2022-03752-01
Demandante: JAIRO ALBERTO FAJARDO RONDÓN
Demandado: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO
Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA
Asunto: TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA. SE RECLAMA
LA OMISIÓN EN PROVEER LOS CARGOS EXISTENTES Y
LOS CREADOS CON EL ACUERDO PSCJA22-11970 DEL
30 DE JUNIO DE 2022, CON LA LISTA DE ELEGIBLES DE
LA CONVOCATORIA 22, CUYA VIGENCIA SE
ENCONTRABA VENCIDA. SE CONFIRMA LA DECISIÓN
QUE DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE
TUTELA POR EL INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD.

Síntesis del caso: el demandante indicó que se vulneraron sus derechos constitucionales
fundamentales como consecuencia de la omisión de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial de proveer los
cargos existentes y los creados con el Acuerdo PSCJA22-11970 del 30 de junio de 2022, con
la lista de elegibles de la Convocatoria número 22.

La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia
de 1º de septiembre de 2022 proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado
mediante la cual se dispuso:

“PRIMERO: Avócase conocimiento de la acción de tutela de la referencia, por
las razones señaladas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Acéptase la coadyuvancia a la parte demandante del señor
Antonio Manuel Barrios Guardiola, de conformidad con las consideraciones del
presente pronunciamiento.

TERCERO: Niégase la desvinculación solicitada por la Unidad de Carrera
Judicial del Consejo Superior de la Judicatura por las razones expuestas en las
consideraciones del presente fallo.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03752-01
Demandante: Jairo Alberto Fajardo Rondón
Acción de tutela – Impugnación fallo

CUARTO: Declárase improcedente la acción de tutela instaurada por el señor
Jairo Alberto Fajardo Rondón, por las razones analizadas en la parte motiva de
esta providencia.

QUINTO: Notifíquese a las partes en la forma prevista en el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.

SEXTO: Si no fuere impugnada esta decisión, dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación, remítase el expediente a la Corte Constitucional
para su eventual revisión.”. (archivo disponible en medio magnético a través del
aplicativo SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

I. ANTECEDENTES
1. La demanda

El 8 de julio de 2022 el señor Jairo Alberto Fajardo Rondón presentó proceso de acción
de tutela en contra de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo Superior
de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial con el fin de que se protegieran sus
derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo y acceso
a cargos públicos y, por tanto, se accediera a las siguientes súplicas:

“PRIMERA: Que se TUTELEN mis derechos fundamentales a la igualdad, al
debido proceso administrativo, al trabajo, el acceso a los cargos públicos
mediante el mérito, así como los demás que el/la Honorable Magistrado/a
encuentre afectados dentro del trámite de la presente acción constitucional.

SEGUNDA: Que se ORDENE al Consejo Superior de la Judicatura, como
demandado en esta acción de tutela, que se proceda a la inserción de una
fórmula legal y constitucional, para que al crearse los nuevos cargos
permanentes les permita dar cumplimiento a la obligación de rendir culto al
principio del mérito para acceder a cargos de carrera conforme lo señala el
canon 125 Superior, y de esta forma no dejar al garete, al albur, al capricho del
nominador (CNDJ), la selección y nombramiento de quienes ocuparán estos
dieciséis (16) cargos. Para lo cual, se ha de tener como norte y guía que es
constitucional y legalmente viable la aplicación del artículo 6º de la Ley 1960 de
2019, modificatoria de la Ley 909 de 2004 y del Decreto-ley 1567 de 1998, para
de esta manera, acorde con el mandato del artículo 125 de la Constitución
Política, garantizar el acceso a cargos públicos mediante el mérito.

TERCERA: Que se ORDENE a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que
al proceder a nombrar los funcionarios que se han de desempeñar como
Magistrados de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, y ante la ausencia
de lista producto de la convocatoria No. 27, primeramente se proceda a nombrar
a quienes hacemos parte de la lista de elegibles de la Convocatoria No.22,
para lo cual se ha de tener como norte y guía que es constitucional y legalmente
viable la aplicación del artículo 6º de la Ley 1960 de 2019, modificatoria de la
Ley 909 de 2004 y del Decreto-ley 1567 de 1998, para de esta manera, acorde
con el mandato del artículo 125 de la Constitución Política, garantizar el acceso
a cargos públicos mediante el mérito.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03752-01
Demandante: Jairo Alberto Fajardo Rondón
Acción de tutela – Impugnación fallo

CUARTA: Que se ORDENE, por todas las razones constitucionales y legales
expuestas, que por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y el Consejo
Superior de la Judicatura, conforme a sus competencias, se proceda a todo lo
anterior, para lo cual, de ser necesario para su implementación, se procederá
por esas Corporaciones a emitir los Actos Administrativos o Acuerdos que así
lo dispongan.”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo
SAMAI- negrillas y mayúsculas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de la acción ejercida, la parte demandante señaló, en síntesis,
lo siguiente:

1) Hace parte del Registro de Elegibles para el cargo de magistrado de las Comisiones
Seccionales de Disciplina Judicial, que se conformó en desarrollo de la convocatoria no.
22 de 2013, para la provisión de cargos por concurso de méritos en la Rama Judicial.

2) La vigencia de cuatro años del registro nacional de elegibles feneció el 19 de marzo
de 2022, tiempo en el cual, a pesar de que se presentaron varias vacantes definitivas, no
le fue posible ocupar un cargo como funcionario de carrera.

3) Precisó que la Corte Constitucional, mediante la sentencia T-682 de 2016, ordenó al
Consejo Superior de la Judicatura realizar todas las gestiones y actuaciones necesarias
para iniciar una nueva convocatoria para el concurso de méritos, antes de marzo de 2020,
con el fin de garantizar una nueva lista de elegibles al vencimiento de la construida con
el proceso de la Convocatoria no. 22.

4) Elevó varias solicitudes tanto al Consejo Superior de la Judicatura como a la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial con el propósito de que se tuviera en cuenta la lista de
elegibles conformada en virtud de la Convocatoria no. 22 para efectuar los
nombramientos correspondientes, aun cuando no estuviera vigente.

5) La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante comunicado del 24 de junio de
2022, negó lo solicitado porque el registro de elegibles conformado en virtud de la
Convocatoria no. 22 ya había perdido vigencia, por lo cual no era posible aplicar
equivalencias entre los cargos de la extinta Sala Disciplinaria de los Consejos
Seccionales de la Judicatura y de las Comisiones Seccionales de Disciplina Judicial; por
su parte, el Consejo Superior de la Judicatura no contestó.

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Expediente: 11001-03-15-000-2022-03752-01
Demandante: Jairo Alberto Fajardo Rondón
Acción de tutela – Impugnación fallo

3. El fundamento de la vulneración

La parte actora señaló que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos
fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos como
consecuencia de la omisión de proveer los cargos existentes y los creados con el Acuerdo
PSCJA22-11970 del 30 de junio de 2022, con la lista de elegibles de la Convocatoria
número 22.

La acción de tutela no se dirige a cuestionar ningún acto administrativo proferido en virtud
del concurso de méritos, sino la falta de diligencia y cumplimiento por parte de la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial y del Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de
Carrera Judicial.

Con el artículo 6 de la Ley 1960 de 2019 se extendió la regla para la utilización de las
listas de elegibles frente a las vacantes definitivas convocadas de cargos equivalentes
que surgieran con posterioridad a la realización del concurso.

En la sentencia T-081 de 2021 la Corte Constitucional consideró la posibilidad de aplicar
la lista de elegibles para proveer vacantes no convocadas, bajo la condición de que, si se
abre una vacante definitiva en un cargo equivalente al ofertado, la lista de elegible puede
ser utilizada para nombrar en periodo de prueba al siguiente en el orden de mérito.

4. Actuación de primer grado

El 12 de julio de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
al Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y a los señores Antonio
Manuel Barrios Guardiola y Luis Ariel Rodríguez Ferreira, quienes también conformaban
la lista de elegibles para el cargo de Magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio
de la acción, y negó la medida provisional solicitada por la parte actora.

El 29 de julio de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
ordenó remitir el expediente al despacho de la magistrada Myriam Stella Gutiérrez
Arguello, para que fuera acumulada a un proceso con las mismas características que se
estaba tramitando allí.

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Demandante: Jairo Alberto Fajardo Rondón
Acción de tutela – Impugnación fallo

Mediante auto de 10 de agosto de 2022 la Sección Cuarta del Consejo de Estado dispuso
devolver la acción de tutela, pues, si bien los dos procesos compartían identidad en la
parte pasiva, las pretensiones de amparo eran diferentes.

En providencia del 17 de agosto de 2022 la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado ordenó la remisión del expediente a la Sección Quinta de esta
Corporación, magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, para que se acumulara con el
proceso 11001-03-15-000-2022-03682-00, por contener los mismos derechos y hechos.

Sin embargo, como las acciones de tutela no se encontraban en la misma etapa procesal,
pues en el proceso 2022-03682-00 se había proferido sentencia de primera instancia el
4 de agosto de 2022, en aras de garantizar el principio de celeridad, se negó la
acumulación y se avocó el conocimiento del asunto.

5. Sentencia de primera instancia

La Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de 1º de septiembre de 2022
declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

Consideró que si lo que buscaba el demandante era que se designaran los magistrados
de las comisiones seccionales de disciplina judicial con base en la lista de elegibles
conformada en virtud de la Convocatoria no. 22 de la cual hace parte, debía controvertir
los nombramientos realizados por la Sala Plena de la Comisión Nacional de Disciplina
Judicial, a través de una demanda en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho o del medio de control de simple nulidad.

El Consejo Superior de la Judicatura ha realizado todos los trámites necesarios para que
los nombramientos de los cargos se realicen por mérito y para ello inició la Convocatoria
número 27, en la cual se encuentra pendiente la publicación de los resultados de la
prueba de aptitudes y conocimientos que se realizó el 24 de julio de 2022, por lo que,
como actualmente no existe una lista de elegibles para nombrar a los magistrados para
las comisiones seccionales de disciplina judicial, la designación de esos cargos se puede
hacer en provisionalidad, tal como lo hizo la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

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Demandante: Jairo Alberto Fajardo Rondón
Acción de tutela – Impugnación fallo

Por último, afirmó que no se encontraba demostrado un perjuicio irremediable que
permitiera al juez constitucional superar la subsidiariedad de la acción de tutela y estudiar
de fondo los reparos planteados por el demandante.

6. Impugnación

El señor Antonio Manuel Barrios Guardiola, como tercero vinculado, impugnó el fallo de
primera instancia, recurso que fue concedido en auto de 23 de septiembre de 2022.

Afirmó que está por configurarse un perjuicio irremediable pues no se ha efectuado el
nombramiento al que tiene derecho por parte de las autoridades demandadas, por lo cual
la acción de tutela se convierte en el mecanismo procedente para brindarle, de manera
transitoria, la protección de sus derechos fundamentales.

Puso de presente que solo faltan 4 integrantes del listado por ser nombrados, lo cual no
ha sido posible por una serie de circunstancias de naturaleza negativa y omisiva
atribuibles a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Señaló que a la fecha no existe lista de elegibles para proveer los cargos que están
vacantes definitivamente, así como los 16 que se crearon para desempeñar el cargo de
magistrados Seccionales de la Comisión de Disciplina Judicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que
invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones
que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento
preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos
constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de
una autoridad pública o de un particular.

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Acción de tutela – Impugnación fallo

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir
los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los
procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o
acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista
otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional a
la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y al Consejo Superior de la Judicatura –
Unidad de Carrera Judicial con el fin de que se protejan los derechos constitucionales
fundamentales del debido proceso, igualdad, trabajo y acceso a cargos públicos,
presuntamente vulnerados como consecuencia de la omisión de proveer los cargos
existentes y los creados con el Acuerdo PSCJA22-11970 del 30 de junio de 2022, con la
lista de elegibles de la Convocatoria número 22.

En la sentencia de primera instancia la Sección Quinta del Consejo de Estado declaró
improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del requisito de subsidiariedad,
pues consideró que si lo que buscaba el demandante era que se designaran los
magistrados de las comisiones seccionales de disciplina judicial con base en la lista de
elegibles proferida en virtud de la Convocatoria no. 22 de la cual hace parte, debía
controvertir los nombramientos realizados por la Sala Plena de la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial a través de un proceso ordinario.

En el escrito de impugnación el señor Antonio Manuel Barrios Guardiola, como tercero
vinculado, indicó que la acción de tutela se convierte en el mecanismo procedente para
brindarle, de manera transitoria, la protección de sus derechos fundamentales.

En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala confirmará el fallo de
primera instancia que declaró improcedente la acción de tutela por el incumplimiento del
requisito de subsidiariedad, por las razones que procederán a exponerse:

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Demandante: Jairo Alberto Fajardo Rondón
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1) El artículo 86 de la Constitución Política establece “que toda persona tendrá acción de
tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento
preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata
de sus derechos constitucionales fundamentales […]”.

2) Asimismo, señala que solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable.

3) De esta manera, es claro que la acción de tutela opera de manera subsidiaria y solo
procede cuando el peticionario se encuentra en presencia de un perjuicio irremediable o
cuando se acredita en el caso concreto que dicho mecanismo no es idóneo y eficaz para
la protección de los derechos fundamentales.

4) Frente a la procedencia excepcional de la acción de tutela como mecanismo
transitorio, la Corte Constitucional ha sostenido que no puede ser utilizada como un medio
judicial alternativo, adicional o complementario de los establecidos por la ley para la
defensa de los derechos, pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios
o especiales. Al respecto señaló1:

“(…) La acción de tutela es un instrumento de defensa judicial dotado de un
carácter subsidiario y residual, en virtud del cual, es posible, a través de un
procedimiento preferente y sumario, obtener el amparo inmediato de los
derechos constitucionales fundamentales cuando quiera que estos resulten
vulnerados o amenazados por la acción u omisión de las autoridades públicas
o de los particulares en los casos expresamente previstos por el legislador.

3.3.2. El carácter subsidiario y residual, significa entonces que solo es
procedente supletivamente, es decir, cuando no existan otros medios de
defensa a los que se pueda acudir, o cuando existiendo estos, se promueva
para precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable. A este respecto, el
artículo 86 de la Constitución Política señala expresamente que “esta acción
solo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable”.

3.3.3. Bajo esa orientación, se entiende que “la acción de tutela, en términos
generales, no puede ser utilizada como un medio judicial alternativo, adicional
o complementario de los establecidos por la ley para la defensa de los derechos,
pues con ella no se busca reemplazar los procesos ordinarios o especiales y,

1 Corte Constitucional, Sala Segunda de Revisión, sentencia T-022 de 2017, MP Luis Guillermo Guerrero

Pérez.

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Acción de tutela – Impugnación fallo

menos aún, desconocer los mecanismos dispuestos dentro de estos procesos
para controvertir las decisiones que se adopten2.”.

5) De lo anterior, se concluye que la tutela resulta improcedente cuando es utilizada como
mecanismo para desplazar los medios ordinarios y extraordinarios de defensa previstos
por la ley; sin embargo, tal regla general se exceptúa si el juez constitucional logra
determinar que dichos mecanismos no son suficientemente idóneos y eficaces para
garantizar la protección de los derechos presuntamente vulnerados o amenazados y se
requiere el amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar la ocurrencia
de un perjuicio irremediable.

6) En el presente asunto, el demandante pretende que se le protejan sus derechos
fundamentales que consideró vulnerados como consecuencia de la negativa para que se
tuviera en cuenta la lista de elegibles conformada en virtud de la Convocatoria no. 22,
aun cuando no estaba vigente, para proveer los cargos existentes y los creados con el
Acuerdo PSCJA22-11970 del 30 de junio de 2022.

7) Ahora bien, revisada la solicitud de tutela objeto de examen la Sala advierte que, tal
como lo señaló el a quo constitucional, la misma es improcedente en los términos
previstos por el ordinal 1° del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, en razón a que, a
pesar de que se invoca la vulneración de derechos fundamentales como el debido
proceso, la igualdad y el trabajo, la parte demandante no agotó todos los medios de
defensa judicial que tenía a su alcance y tampoco se demostró la existencia de un
perjuicio irremediable que imponga la imperiosa necesidad de que el juez constitucional
intervenga y adopte medidas urgentes, improrrogables y suficientes en aras de evitar su
inminente materialización o mitigarlo.

8) En efecto, a partir de los documentos allegados al expediente resulta claro que la
respuesta emitida el 24 de junio de 2022, por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial,
es un acto administrativo que contiene una manifestación unilateral de la administración
y que tiene la virtud de modificar o extinguir un derecho, por lo cual el demandante podía
debatir la pretensión formulada por vía de tutela ante la jurisdicción de lo contencioso

2 Consultar, entre otras, las sentencias SU-544 de 2001, T-599 de 2002, T-803 de 2002, T-273 de 2006, T-

093 de 2008, SU-037 de 2009, T-565 de 2009, T-424 de 2010, T-520 de 2010, T-859 de 2010, T-1043 de
2010, T-076 de 2011, T-333 de 2011, T-377A de 2011, T-391 de 2013, T-627 de 2013 y T-502 de 2015.

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administrativo, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho.

9) Por consiguiente, a partir de lo planteado en la demanda, no es posible inferir la
inminencia de un perjuicio irremediable en relación con ninguno de los intereses y
derechos fundamentales cuya protección se solicitó, pues el hecho de que la Comisión
Nacional de Disciplina Judicial haya negado la solicitud de prórroga de la vigencia del
registro de elegibles de la convocatoria 22 para proveer los cargos existentes y los
creados con el Acuerdo PSCJA22-11970 del 30 de junio de 2022, no puede entenderse
como una inminente afectación del acceso a cargos públicos o siquiera de su derecho al
trabajo, por cuanto tal decisión obedeció a los postulados establecidos en la Ley 270 de
1996, que prevé que la inscripción individual en el registro de elegibles tiene una vigencia
de cuatro años; por consiguiente, las afectaciones aludidas se encuentran amparadas
por la presunción de legalidad y tampoco es posible ordenar un amparo transitorio, pues
como ya se dijo no se demostró un perjuicio irremediable.

10) Además, si el demandante en realidad considera que dicho acto administrativo le
causó un perjuicio grave y ostensible junto con la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho puede solicitar el decreto de la medida cautelar de suspensión provisional
con carácter de urgencia en los términos del artículo 234 del CPACA3, pero no agotó
dicho recurso judicial, con lo que desconoció el carácter residual y subsidiario de esta
acción constitucional.

11) En ese orden de ideas, no le es dado al juez de tutela pronunciarse sobre el fondo
del asunto ni siquiera con miras a adoptar un amparo transitorio, pues el interesado
cuenta con medios de defensas judiciales efectivos e idóneos que debió emplear, toda
vez que el mecanismo constitucional no es un medio judicial alternativo, adicional o
complementario de los establecidos por la ley.

3 “ARTÍCULO 234. MEDIDAS CAUTELARES DE URGENCIA. Desde la presentación de la solicitud y sin

previa notificación a la otra parte, el Juez o Magistrado Ponente podrá adoptar una medida cautelar, cuando
cumplidos los requisitos para su adopción, se evidencie que por su urgencia, no es posible agotar el trámite
previsto en el artículo anterior. Esta decisión será susceptible de los recursos a que haya lugar.
La medida así adoptada deberá comunicarse y cumplirse inmediatamente, previa la constitución de la
caución señalada en el auto que la decrete.”.

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12) Por consiguiente, se confirmará la decisión impugnada debido a que la acción de
tutela no cumplió con el requisito de subsidiariedad, por las razones hasta aquí
expuestas.

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Ley,

FALLA

1º) Confírmase la sentencia de primera instancia que declaró improcedente la acción de
tutela, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

2º) Notifíquese esta decisión personalmente a las partes o mediante telegrama,
telefónica, electrónicamente o por cualquier medio expedito y eficaz.

3º) Comuníquesele este fallo a la Sala que resolvió la controversia en primera instancia
y remítasele copia del mismo.

4º) Ejecutoriada esta providencia remítase el expediente a la Corte Constitucional para
su eventual revisión, con las respectivas anotaciones secretariales previas.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FREDY IBARRA MARTÍNEZ ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado
(Firmado electrónicamente)

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma SAMAI, en
consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de
conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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