Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03758-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03758-00
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 11001-03-15-000-2022-03758-00
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter
4 de agosto de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter
Bogotá, D. C., cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)
Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-03758-001
Actores : Sarita Esnedt Cardozo Londoño; María Cristina y
Carlos Mauricio Higuera Cardozo; Fabio Alejandro y
Carlos Fernely Morales Villamil; Lady Carolina, Ivonne
Catherine y Víctor Alberto Castillo Morales; Rosalba
Villamil Castro y Armida Morales Pame
Demandados : Magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de
Risaralda
Tema : Tutela contra providencia judicial; derecho constitucional
fundamental al debido proceso
Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Sarita
Esnedt Cardozo Londoño; María Cristina y Carlos Mauricio Higuera
Cardozo; Fabio Alejandro y Carlos Fernely Morales Villamil; Lady Carolina,
Ivonne Catherine y Víctor Alberto Castillo Morales; Rosalba Villamil Castro
y Armida Morales Pame, por la presunta vulneración de su derecho
constitucional fundamental al debido proceso.
I. ANTECEDENTES
1.1 La solicitud de amparo. Los señores Sarita Esnedt Cardozo Londoño;
María Cristina y Carlos Mauricio Higuera Cardozo; Fabio Alejandro y Carlos
Fernely Morales Villamil; Lady Carolina, Ivonne Catherine y Víctor Alberto
Castillo Morales; Rosalba Villamil Castro y Armida Morales Pame, por
conducto de apoderado, presentan acción de tutela con el fin de obtener la
protección de la garantía superior a la que se hizo referencia, presuntamente
quebrantada por los señores magistrados de la subsección C de la sección
tercera del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Risaralda.
Como consecuencia de lo anterior, piden se dejen sin efectos los fallos de (i) 5
de julio de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda
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Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa incoada contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(expediente 66001-23-31-000-2008-00309-00); y (ii) 19 de noviembre de
2021, con el que el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) lo
confirmó; en su lugar, se ordene a las autoridades accionadas proferir una
nueva providencia en la que analicen en debida forma las pruebas obrantes en
el mencionado proceso.
1.2 Hechos. Relatan los accionantes que instauraron acciones de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana (acumuladas en el expediente 66001-23-31-000-2001-00274-00),
con el propósito de que se le (i) declarara administrativamente responsable del
deceso de los suboficiales de esa institución Jenaro Higuera Aunta, Fabio
Fernely Morales Cagüeñas y Víctor Hugo Castillo (q. e. p. d.), quienes
murieron el 2 de septiembre de 2000, luego de que el avión en el que se
transportaban se estrellara contra el Cerro Montezuma de Puerto Rico
(Risaralda), y (ii) ordenara reconocerles la correspondiente compensación
monetaria.
Que de la demanda contencioso-administrativo conoció, en única instancia, el
Tribunal Administrativo de Risaralda, que el 31 de marzo de 2005 accedió
parcialmente a las precitadas pretensiones, dado que negó el pago del lucro
cesante, con el argumento de que no se demostraron las sumas que dejaron de
recibir por la muerte de los uniformados, pues de los elementos de convicción
que reposaban en el expediente solo se colige que aquellos les brindaban
ayuda económica, pero no su cuantía.
Dicen que, en razón a que la mencionada sentencia comporta error judicial,
porque les impuso una carga probatoria desproporcionada, como lo es la de
acreditar el monto exacto que les suministraban sus familiares fallecidos,
promovieron acción de reparación directa contra la Nación – Rama Judicial –
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (expediente 66001-23-31-
000-2008-00309-00), encaminada a que se le declarara administrativamente
responsable de los agravios que les causó la negativa del lucro cesante en las
diligencias ordinarias 66001-23-31-000-2001-00274-00 y se les otorgara la
respectiva indemnización.
Que el conocimiento del referido asunto lo asumió el Tribunal Administrativo
de Risaralda, que el 5 de julio de 2011 negó las súplicas, al considerar que se
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
configuró el eximente de responsabilidad denominado culpa exclusiva de la
víctima, toda vez que no interpusieron recurso de súplica contra el auto de 21
de abril de 2005, con el que el Consejo de Estado inadmitió el de apelación
formulado contra el fallo de 31 de marzo de 2005, al estimar que el asunto
66001-23-31-000-2001-00274-00 era de única instancia.
Sostienen que apelaron la sentencia de 5 de julio de 2011, confirmada el 19 de
noviembre de 2021 por el Consejo de Estado (subsección C de la sección
tercera), pero por cuanto no se configuró el error judicial invocado, dado que
en el proceso 66001-23-31-000-2001-00274-00 no se comprobaron las sumas
que los difuntos exmilitares destinaban a la manutención de su familia, en
consecuencia, no compromete la responsabilidad extracontractual de la
administración de justicia el hecho de que se les haya negado el lucro cesante.
Que la providencia de segunda instancia cuestionada incurre en defecto
fáctico, comoquiera que la afirmación de que el fallo de 31 de marzo de 2005
no involucra error judicial comporta una deducción arbitraria de las pruebas
arrimadas al proceso 66001-23-31-000-2008-00309-00 (dentro de las que se
encuentra el expediente de reparación directa 66001-23-31-000-2001-00274-
00), en particular, de los testimonios y actos administrativos a través de los
cuales les fueron reconocidas prestaciones sociales por el deceso de los
suboficiales, puesto que demuestran que dependían económicamente de ellos,
por tanto, debió otorgárseles el lucro cesante y, en consecuencia, era dable
que se concedieran las súplicas formuladas en la última de las referidas
diligencias.
Aseveran que en el fallo censurado en este trámite constitucional se aplicó
una exigencia probatoria desproporcionada que trasgrede «el deber de plena
restitución», porque equivale a que los fallecidos tuvieren que «deja[r]
reportes matemáticos de las condiciones en que se efectuaban las
distribuciones económicas en su grupo familiar», con desconocimiento de
que los aportes económicos entre familiares no están sujetos a registros
estrictos, como en las empresas, en virtud del principio pro homine.
Que la determinación judicial reprochada también desatiende el criterio del
Consejo de Estado2, según el cual el lucro cesante se acredita con las sumas
que recibían mensualmente los difuntos, sin que sea necesario demostrar
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Sección tercera, subsección B, sentencia de 22 de abril de 2015, C. P. Stella Conto del Castillo, expediente
15001-23-31-000-2000-03838-01.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
cifras exactas destinadas a la satisfacción de necesidades de su núcleo
familiar, postura jurisprudencial que imponía otorgarles ese emolumento en el
expediente 66001-23-31-000-2001-00274-00, porque se probó que dependían
económicamente de los exuniformados, pero como ello no ocurrió, aconteció
un error judicial pasible de resarcimiento en el proceso 66001-23-31-000-
2008-00309-00.
II. TRÁMITE PROCESAL
Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 13 de julio de 2022, admitió la presente acción, ordenó
notificar a los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera
del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo de Risaralda y dispuso
vincular al señor Director Ejecutivo de Administración Judicial, en los
términos del artículo 13 del Decreto 2591 de 1991.
2.1 Contestaciones de la acción.
2.1.1 Los señores magistrados de la subsección C de la sección tercera del
Consejo de Estado, por conducto del ponente de la sentencia de segunda
instancia reprochada, piden declarar improcedente la acción de tutela de la
referencia, habida cuenta de que carece de relevancia constitucional, toda vez
que los argumentos expuestos por los accionantes comportan desacuerdo con
dicha decisión, pero no afectación de preceptos superiores, lo que denota que
emplean este mecanismo judicial como una tercera instancia.
Que en el remoto caso de que se concluya que la tutela colma todas las
exigencias generales de procedibilidad, se debe negar el amparo deprecado,
por cuanto en la providencia atacada que ellos profirieron se analizaron los
elementos de convicción allegados al expediente 66001-23-31-000-2008-
00309-00 conforme a los criterios de la sana crítica, los cuales, contrario a lo
aseverado por los accionantes, no demostraban el error judicial allí invocado,
porque la sentencia que negó el reconocimiento del lucro cesante en el
proceso 66001-23-31-000-2001-00274-00 goza de sustento probatorio.
Afirman que el pronunciamiento del Consejo de Estado en el que los
demandantes fundamentan el supuesto desconocimiento del precedente, se
dictó el 15 de abril de 2015, es decir, luego de que se emitiera la sentencia
que decidió la acción de reparación directa 66001-23-31-000-2001-00274-00
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
(31 de marzo de 2005), de manera no era dable aplicarlo en este asunto
contencioso-administrativo ni en el 66001-23-31-000-2008-00309-00.
2.1.2 Los señores magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda, por
medio del ponente del fallo de primera instancia censurado, señalan que la
acción de tutela debe declararse improcedente, con el fin de salvaguardar los
preceptos de seguridad jurídica y cosa juzgada. Además, en la sentencia que
decidió la demanda de reparación directa 66001-23-31-000-2001-00274-00
no se incurrió en quebranto de garantía superior alguna, por ende, no se
configuró el error judicial aludido en el proceso 66001-23-31-000-2008-
00309-00.
2.1.3 El señor Director Ejecutivo de Administración Judicial guardó silencio
en la oportunidad prevista para el efecto.
III. CONSIDERACIONES
3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
los accionantes, quienes aducen quebranto de su derecho constitucional
fundamental al debido proceso.
3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
3.3 Cuestión preliminar. Los actores piden dejar sin efectos los fallos de (i)
5 de julio de 2011, mediante el cual el Tribunal Administrativo de Risaralda
negó las pretensiones de la demanda de reparación directa instaurada contra la
Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
(expediente 66001-23-31-000-2008-00309-00); y (ii) 19 de noviembre de
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
2021, con el que el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera) lo
confirmó.
Sin embargo, la Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la
providencia de 19 de noviembre de 2021, por ser la que, al desatar el recurso
de apelación interpuesto contra la de 5 de julio de 2011, decidió de manera
definitiva el mencionado asunto contencioso-administrativo, máxime cuando
los reproches de los accionantes atañen únicamente a aquella decisión
judicial.
3.4 Problema jurídico. Se contrae a determinar si es dable a través de la
tutela, examinar el eventual quebranto de derechos de linaje constitucional
fundamental que pueda comportar la sentencia de 19 de noviembre de 2021,
por cuyo conducto el Consejo de Estado (subsección C de la sección tercera)
confirmó la de 5 de julio de 2011, con la que el Tribunal Administrativo de
Risaralda negó las pretensiones de la acción de reparación directa incoada por
los tutelantes contra la Nación – Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial (expediente 66001-23-31-000-2008-00309-00); y, en
caso afirmativo, si se ha vulnerado la garantía superior al debido proceso
invocada en la solicitud de amparo.
3.5 La acción de tutela contra providencias judiciales. El debate
jurisprudencial sobre la procedencia de la tutela contra decisiones judiciales
tiene génesis en la sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional que
declaró la inexequibilidad del artículo 40 del Decreto 2591 de 1991. Más
adelante, la misma Corte permitió de manera excepcional y frente a la
amenaza de derechos fundamentales, el reexamen de la decisión judicial en
sede de tutela, con la finalidad de establecer si el fallo judicial se adoptó, en
apariencia revestido de forma jurídica, cuando en realidad envolvía una vía de
hecho.
La vía de hecho entendida como una manifestación burda, flagrante y
desprovista de todo vestigio de legalidad, inspiró la posibilidad de instaurar la
acción de tutela contra decisiones judiciales, pues no obstante el
reconocimiento al principio de autonomía funcional del juez, quien la
administra quebranta, bajo la forma de una providencia judicial, derechos
fundamentales.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
La evolución de la jurisprudencia condujo a que desde la sentencia T-231 de
1994 se determinaran cuáles defectos podían conducir a que una sentencia
fuera calificada como vía de hecho, para lo cual sostuvo que esta se configura
cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos
protuberantes: (i) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión
controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (ii)
defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de
sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el
que se sustenta la decisión; (iii) defecto orgánico, se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece,
absolutamente, de competencia para ello; y (iv) defecto procedimental, que
aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del
proceso establecido.
Esta doctrina constitucional ha sido reiterada en varias decisiones de
unificación proferidas por la sala plena de la Corte Constitucional, entre las
cuales están las sentencias SU-1184 de 2001 y SU-159 de 2002.
Posteriormente, mediante sentencia C-590 de 2005, la Corte Constitucional
destacó el carácter excepcional de la acción de tutela, vale decir cuando de
manera protuberante se vulneran o amenazan derechos fundamentales.
Así las cosas, se determinaron los requisitos generales de procedencia de la
acción de tutela contra decisiones judiciales, con la finalidad de destacar los
eventos excepcionales de aplicación, los cuales deben satisfacerse plenamente
para identificar cuándo una sentencia judicial puede someterse al examen de
orden estrictamente constitucional, en aras de precisar si con la actuación se
afectan derechos de relevancia constitucional o si no alcanza a vulnerarlos
porque se profirió dentro del marco de actuación propio de los órganos
judiciales ordinarios.
Tales presupuestos son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente
relevancia constitucional. (ii) Que se hayan agotado todos los medios
ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona
afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio
iusfundamental irremediable. (iii) Que se cumpla el requisito de la
inmediatez, es decir, que la tutela se interponga en un término razonable y
proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. (iv) Cuando se
trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un
efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
los derechos fundamentales de la parte actora. (v) Que el actor identifique de
manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos quebrantados y que lo hubiere alegado en el proceso judicial
siempre que esto hubiese sido posible. (vi) Que no se trate de sentencias de
tutela, en consideración al riguroso proceso de selección que hace la
Corporación.
Asimismo, se rediseñó el ámbito de comprensión de la acción de tutela contra
sentencias judiciales y quedó superada la noción de vía de hecho por la de
causales genéricas de procedibilidad con el propósito de destacar la
excepcionalidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales, la cual
solamente cuando tenga indudable relevancia constitucional resulta
procedente.
Al respecto, la Corte indica que los defectos o vicios que debe presentar la
decisión que se juzga, son: (i) defecto orgánico, que se presenta cuando el
funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece de
competencia; (ii) defecto procedimental absoluto, se origina cuando el juez
actuó completamente al margen del procedimiento establecido; (iii) defecto
fáctico, que surge cuando el juzgador carece del apoyo probatorio que permita
la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (iv) defecto
material o sustantivo, cuando se funda la decisión en normas inexistentes o
inconstitucionales o que presentan una evidente y grosera contradicción entre
las consideraciones y la decisión; (v) error inducido, se da cuando el juez o
tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y esto lo condujo
adoptar una decisión que afecta derechos fundamentales; (vi) decisión sin
motivación, que implica el incumplimiento por parte de los servidores
judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus
decisiones; (vii) desconocimiento del precedente, según la Corte
Constitucional, en estos casos la tutela procede como mecanismo para
garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante
del derecho fundamental quebrantado; y (viii) violación directa de la
Constitución, que procede cuando la decisión judicial supera el concepto de
vía de hecho, vale decir, en eventos en los que si bien no se está ante una
burda trasgresión de la Carta, sí se trata de decisiones ilegítimas que afectan
derechos fundamentales.
Por otra parte, se destaca que la sala plena de lo contencioso administrativo
del Consejo de Estado, en un principio había sostenido que la acción de tutela
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
resultaba improcedente para controvertir decisiones judiciales3, rectificó su
posición mediante sentencia de 31 de julio de 20124, en el sentido de disponer
que la acción constitucional es procedente contra providencias, cuando
vulneren derechos constitucionales fundamentales, con observancia de los
parámetros fijados jurisprudencialmente, así como los que en el futuro
determine la ley y la jurisprudencia; lineamientos que esta subsección con
anterioridad al fallo citado ha aplicado en los términos antes expuestos5.
3.6 Caso concreto. Analizados los requisitos generales de procedibilidad de
la acción de tutela contra providencias judiciales, en el sub lite se observa que
(i) el asunto planteado comporta relevancia constitucional, pues recae sobre la
presunta vulneración del derecho fundamental al debido proceso de los
actores; (ii) contra el fallo acusado no procede recurso alguno, por cuanto fue
emitido en segunda instancia y se encuentra ejecutoriado; (iii) se
establecieron los hechos que originaron el supuesto quebranto de la aludida
garantía superior; (iv) el requisito de inmediatez se satisface, toda vez que la
determinación judicial atacada6 quedó ejecutoriada el 28 de enero de 2022 y
la solicitud de amparo se instauró el 8 de julio siguiente, es decir, dentro de un
término prudencial (5 meses y 10 días); y (v) la providencia acusada no
desató una acción de tutela.
En razón a que se colman los presupuestos generales de procedibilidad de la
acción de tutela contra providencias judiciales, esta Sala examinará el fondo
del asunto, conforme a las causales específicas denominadas defecto fáctico y
desconocimiento del precedente.
3
Sobre el particular pueden consultarse las siguientes providencias de la sala plena de lo contencioso-
administrativo del Consejo de Estado: 1) 29 de enero de 1992, AC – 009, C. P. Dolly Pedraza de Arenas. 2)
31 de enero de 1992, AC – 016, C. P. Guillermo Chahín Lizcano. 3) 3 de febrero de 1992, AC – 015, C. P.
Luis Eduardo Jaramillo. 4) 27 de enero de 1993, AC-429, C. P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. 5) 29 de
junio de 2004, exp. 2000-10203-01, C. P. Nicolás Pájaro Peñaranda. 6) 2 de noviembre de 2004, exp. 2004-
0270-01, C. P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. 7) 13 de junio de 2006, exp. 2004-03194-01, C. P. Ligia
López Díaz. 8) 16 de diciembre de 2009, exp. 2009-00089-01, C. P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta.
4
Expediente 11001-03-15-000-2009-01328-01. C. P. María Elizabeth García González.
5
Entre otras, de esta subsección pueden consultarse las siguientes providencias: 1) 28 de agosto de 2008,
exp. 2008-00779-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 2) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00888-00, C. P.
Víctor Hernando Alvarado Ardila. 3) 22 de octubre de 2009, exp. 2009-00889-00, C. P. Víctor Hernando
Alvarado Ardila. 4) 3 de febrero de 2010, exp. 2009-01268-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 5) 25 de
febrero de 2010, exp. 2009-01082-01, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 6) 19 de mayo de 2010, exp.
2010-00293-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 6) 28 de junio de 2011, exp. 2010-00540-00, C. P. Gerardo
Arenas Monsalve. 7) 30 de noviembre de 2011, exp. 2011-01218-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
8) 2 de febrero de 2012, exp. 2011-01581-00, C. P. Gerardo Arenas Monsalve. 9) 23 de febrero de 2012, exp.
2011-01741-00, C. P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. 10) 15 de marzo de 2012, exp. 2012-00250-00, C.
P. Gerardo Arenas Monsalve.
6
Notificada por edicto desfijado el 25 de enero de 2022.
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Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
3.6.1 Hechos probados. Del escrito de tutela y las pruebas obrantes en el
expediente, se destaca:
a) Los tutelantes, junto con otras personas, incoaron acciones de reparación
directa contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Fuerza Aérea
Colombiana (acumuladas en el expediente 66001-23-31-000-2001-00274-00),
encaminadas a que se le (i) declarara patrimonialmente responsable de los
perjuicios causados por la muerte de los suboficiales de esa institución Jenaro
Higuera Aunta, Fabio Fernely Morales Cagüeñas y Víctor Hugo Castillo (q. e.
p. d.) y (ii) ordenara indemnizarles los correspondientes perjuicios.
Que el deceso de los exuniformados ocurrió el 2 de septiembre de 2000,
cuando contra el Cerro Montezuma se estrelló el avión que tripulaban y con el
que apoyaban a militares atacados por subversivos en Puerto Rico (Risaralda),
accidente que involucra una falla del servicio, habida cuenta de que, a pesar
de las difíciles condiciones meteorológicas y de la orden de regresar a la base
aérea de Rionegro (Antioquia), el capitán de la aeronave decidió permanecer
en el lugar.
b) A las diligencias se adosó informe del siniestro, en el que se consigna que
el avión con matrícula FAC 1659 despegó el 2 de septiembre de 2000, a las
3:17 p. m., de la base aérea de Apiay (Meta), con el fin de contrarrestar una
emboscada a militares en Puerto Rico (Risaralda), y regresó7 luego de
eliminar «un cerco» que impedía el avance de las tropas en tierra; sin
embargo, el combate se intensificó, por lo que se le ordenó salir nuevamente,
no obstante, a las 9:30 p. m. se dispuso que la nave operada por los fallecidos
y ubicada «en tres esquinas» reemplazara a la que estaba en el lugar, quienes
no pudieron hallar el Cerro Montezuma en razón a la poca visibilidad, por lo
que se le dio la orden de regresar, pero el capitán al mando decidió
«quedarse», con la mala fortuna que el aparato aéreo se accidentó.
En el mencionado documento se anotó que dicho oficial reportaba varios
incidentes en diferentes lugares del país, como la salida de la pista en un
aterrizaje y el impacto leve de una aeronave en el aeropuerto de El Yopal.
c) En audiencia se recibieron los testimonios de varias personas8, entre los
7
No se determina la hora.
8
La Sala solo se referirá a las declaraciones concernientes a los aquí tutelantes y a las que se hizo alusión en
el escrito de tutela, porque si bien se recibieron más, atañen a otros demandantes en el proceso 66001-23-31-
10
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
que se encuentran:
Testigos Declaraciones
Julieta Restrepo Castro, Pedro Luis Afirmaron que la señora Rosalba
González Castro, Blanca Cecilia Rivas Villamil Castro era la esposa del
Brochero y Ruth Maryuri Castañeda exmilitar Fabio Fernely Morales
Enciso. Cagüeñas (q. e. p. d.), con quien tenía
dos (2) hijos (Carlos Fernely y Fabio
Alejandro Morales Villamil), y «los
ingresos los distribuía [este] con la
familia».
Néstor Juan Aguirre Rodríguez, Nancy Sostuvieron que el exuniformado Jenaro
Estella Arismendi Moreno y Carmen Higuera Aunta (q. e. p. d.) era cónyuge
Leonor Barbosa Salcedo. de la señora Sarita Esnedt Cardozo
Londoño, tenía dos (2) hijos (María
Cristina y Carlos Mauricio Higuera
Cardozo), y ellos dependían
económicamente de aquel.
La testigo Arismendi Moreno señaló
que la señora Cardozo Londoño recibe
pensión como consecuencia de la
muerte de su pareja.
Orlando Muñoz Correa, Alba Noris Indicaron que el exmilitar Víctor Hugo
Ordóñez Morales y Jesús Antonio Castillo (q. e. p. d.) era esposo de la
Hoyos Ibarra señora Armida Morales Pame, tenía tres
(3) hijos con ella (Víctor Alberto,
Ivonne Catherine y Lady Carolina
Castillo Morales) y asumía la carga
económica del hogar.
d) Al proceso contencioso-administrativo se adosaron los actos
administrativos «mediante los cuales se le reconocieron prestaciones
sociales» a las siguientes personas:
Beneficiarios Actos administrativos
Armida Morales Pame (cónyuge del 1. Resolución 791 de 23 de noviembre
señor Víctor Hugo Castillo [q. e. p. d.]). de 2000, con la que se «reconoce y
ordena el pago de prestaciones
000-2001-00274-00, que no hicieron parte del 66001-23-31-000-2008-00309-00, como los señores Misael
Higuera Ruiz, Avelina María Aunta, Neftaly Morales Rojas, Rosa Juana Cagüeñas y Héctor Javier y Fredy
Fernando Morales Cagüeñas.
11
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
sociales».
2. Resolución 337 de 6 de febrero de
2001, mediante la cual «se reconoce y
ordena el pago de reajuste a las
prestaciones sociales».
Rosalba Villamil Castro (esposa del 1. Resolución 798 de 23 de noviembre
exmilitar Fabio Fernely Morales de 2000, a través de la cual se
Cagüeñas [q. e. p. d.]). «reconoce y ordena el pago de
prestaciones sociales».
2. Resolución 323 de 6 de febrero de
2001, con la que «se ordena el reajuste
a las prestaciones sociales y se ordena
el pago en favor de Rosalba Villamil
Castro».
Sarita Esnedt Cardozo Londoño 1. Resolución 806 de 6 de diciembre de
(cónyuge del exsuboficial Jenaro 2000, «por la cual se reconoce y ordena
Higuera Aunta [q. e. p. d.]). el pago de prestaciones sociales».
2. Resolución 362 de 6 febrero de 2001,
«por la cual se reconoce y ordena el
pago de reajuste a las prestaciones
sociales en favor de: cónyuge SARITA
ESNETD CARDOZO LONDOÑO».
e) El 31 de marzo de 2005 el Tribunal Administrativo de Risaralda declaró
administrativamente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa
Nacional – Fuerza Aérea Colombiana del siniestro en el que murieron los
militares, al considerar que comporta una falla del servicio, habida cuenta de
que se produjo en razón a que el capitán al mando del avión, quien no estaba
calificado para maniobrarlo, se negó a retornar a la base, pese a las difíciles
condiciones climáticas y a que ello le fue ordenado, lo que denota un actuar
imprudente que puso a los suboficiales en una situación de mayor riesgo que
el que estaban obligados a soportar.
Que era dable reconocerles a los demandantes los perjuicios reclamados,
salvo el de lucro cesante, comoquiera que si bien reposan en las diligencias
algunas declaraciones que acreditan que los fallecidos los ayudaban
económicamente, con fundamento en ellas no era dable cuantificar las sumas
que estos recibían.
f) La parte demandada apeló la anterior decisión, pero el 21 de abril de 2005
12
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
el Consejo de Estado (sección tercera) inadmitió la alzada, con el argumento
de que la sentencia recurrida se emitió en un proceso de única instancia, por
tanto, no era susceptible de dicho recurso.
g) Los tutelantes incoaron acción de reparación directa contra la Nación –
Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial (expediente
66001-23-31-001-2007-00293-009), con el propósito de que se le (i) declarara
administrativamente responsable de los perjuicios que les causó la omisión de
compensarles el lucro cesante en la sentencia que decidió la demanda de
reparación directa 66001-23-31-000-2001-00274-00, lo cual comporta, a su
juicio, un error judicial; y (ii) ordenara resarcir los respectivos agravios.
h) El asunto contencioso-administrativo fue asignado por reparto al Juzgado
Primero (1º) Administrativo de Pereira, que el 28 de septiembre de 2007 lo
admitió, el 26 de junio de 2008 decretó pruebas y el 1º de octubre siguiente
declaró la nulidad de todo lo actuado por carecer de competencia para
conocer de las diligencias, en razón a que debía ser tramitada la demanda, en
primera instancia, por el Tribunal Administrativo de Risaralda, conforme al
artículo 73 de la Ley 270 de 1996, por lo que ordenó enviarla a esa
Corporación, que el 3 de junio de 2010 la admitió y el 2 de agosto siguiente
decretó pruebas, dentro de las que se encontraba el expediente 66001-23-31-
000-2001-00274-00.
i) El 5 de julio de 2011 el Tribunal Administrativo de Risaralda negó las
pretensiones de la acción 66001-23-31-000-2008-00309-00, al considerar que
si bien es cierto que la sentencia que desató el proceso 66001-23-31-000-
2001-00274-00 incurre en «defecto fáctico», dado que no evidenció que las
pruebas acreditan los presupuestos para el reconocimiento del lucro cesante,
también lo es que se configuró el eximente de responsabilidad denominado
culpa exclusiva de la víctima, porque los demandantes no interpusieron
recurso de súplica contra el auto que inadmitió la apelación formulada contra
el fallo de 31 de marzo de 2005.
j) Contra la mencionada decisión los accionantes presentaron recurso de
apelación, con el argumento de que recurrieron oportunamente la sentencia de
31 de marzo de 2005, en el proceso 66001-23-31-000-2001-00274-00, y la
reparación directa era procedente para deprecar la indemnización de los
9
Al que posteriormente se le asignó el número de radicación 66001-23-31-000-2008-00309-00.
13
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perjuicios que les causó la imposibilidad de acceder al lucro cesante
pretendido en ese expediente.
k) El 19 de noviembre de 2021 el Consejo de Estado (subsección C de la
sección tercera) desató la precitada alzada, en el sentido de confirmar la
sentencia de primera instancia, pero no porque se haya omitido recurrir el
auto de 21 de abril de 2005, por cuanto el fallo de 31 de marzo de 2005 fue
emitido en única instancia, sino en razón a que no comporta un error judicial
el haber negado el lucro cesante en la acción de reparación directa 66001-23-
31-000-2001-00274-00, puesto que allí, aunque se demostraron los vínculos
familiares y afectivos entre los uniformados fallecidos (q. e. p. d.) y los
tutelantes, no ocurrió lo mismo con las sumas que presuntamente ellos les
daban como ayuda económica.
Que lo pretendido por los actores era emplear el proceso 66001-23-31-000-
2008-00309-00 como una instancia adicional al 66001-23-31-000-2001-
00274-00 y así acceder al pago del referido daño material, lo que está
proscrito por el ordenamiento jurídico.
3.6.2 Defecto fáctico. Sea lo primero anotar que una providencia judicial se
encuentra viciada por defecto fáctico en el evento en que el juez aplica la
norma al caso concreto sin contar con supuestos ciertos, esto es, «[…] surge
cuando carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión»10.
La Corte Constitucional ha sostenido que el defecto fáctico contiene dos
aspectos o dimensiones. El primero atañe al aspecto positivo que se presenta
cuando el funcionario judicial fundamenta su pronunciamiento en una prueba
no apta para ello. Por su parte, la segunda dimensión se trata de un aspecto
negativo que alude a aquella valoración probatoria arbitraria del juez, que se
configura en los eventos en que da por no probado un hecho caprichosamente,
pese a obrar suficiente material probatorio que lo demuestra11.
En el asunto sub judice los accionantes aseveran que la sentencia enjuiciada
incurre en defecto fáctico, dado que no advirtió que las pruebas obrantes en el
proceso de reparación directa 66001-23-31-000-2008-00309-00 daban cuenta
del error judicial que se configuró en la sentencia que decidió la demanda
10
Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005, M. P. Jaime Córdoba Triviño.
11
Sentencia T-599 de 2009, M. P. Juan Carlos Henao Pérez.
14
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66001-23-31-000-2001-00274-00, pues comprueban que los exmilitares
fallecidos asumían la carga económica de sus familias, por tanto, debió
reconocérseles el lucro cesante, sin embargo, como ello no aconteció, se
imponía acceder a las pretensiones formuladas en el primer de los
mencionados asuntos contencioso-administrativos.
Con el propósito de determinar si el anterior reproche tiene o no asidero
jurídico, resulta oportuno indicar que el artículo 9012 de la Constitución
Política se constituye en la fuente de la responsabilidad extracontractual del
Estado, puesto que es su «cláusula general»13, toda vez que prevé los
elementos que deben concurrir para que se configure, los cuales son: (i) un
daño antijurídico, esto es, un perjuicio que la persona no está en la obligación
de soportar, (ii) una acción u omisión de los servidores públicos concernientes
al cumplimiento de sus funciones y (iii) una relación causal entre el hecho
dañoso y la actuación o negligencia de aquellos.
En virtud de dichos presupuestos, hay lugar a declarar la responsabilidad
extracontractual del Estado cuando sus agentes, en acatamiento de sus
funciones, por acción u omisión, causan menoscabo a una persona que no
debe resistirlo.
Así las cosas, el nexo causal hace referencia a la relación necesaria que debe
mediar entre el hecho generador del detrimento y el resultado, es decir, para
que se comprometa patrimonialmente a la Administración, es indispensable
que esta haya causado el daño14.
Ahora bien, el artículo 6515 de la Ley 270 de 199616 establece tres (3) hechos
generadores de responsabilidad patrimonial del Estado provenientes de
cuestiones judiciales, a saber: (i) error judicial, (ii) privación injusta de la
libertad y (iii) defectuoso funcionamiento de la Administración de justicia,
12
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de las autoridades públicas.
En el evento de ser condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido
consecuencia de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra
éste».
13
Corte Constitucional, sentencia C-38 de 2006, M. P. Humberto Antonio Sierra Porto.
14
Consejo de Estado, sección tercera, subsección A, sentencia de 26 de abril de 2018, C. P. María Adriana
Marín, expediente 25000-23-26-000-2004-02010-01.
15
«El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la
administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad».
16
«Estatutaria de la administración de justicia».
15
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precepto que materializó lo contemplado en el artículo 1017 de la Convención
Interamericana de Derecho Humanos, aunque ya mediaban otras normas que
imponían el deber de indemnizar agravios originados en actuaciones
jurisdiccionales, como el artículo 41418 del Decreto 2700 de 199119.
Una de las situaciones que compromete la responsabilidad extracontractual
del Estado, en temas concernientes a la administración de justicia, es el error
judicial, definido por el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 como «[…] aquel
cometido por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su
carácter de tal, en el curso de un proceso, materializado a través de una
providencia contraria a la ley».
Ahora bien, una decisión judicial se estima «contraria a la ley» o a la
Constitución Política, cuando se subsumen hechos en normas que no se
avienen al caso, se dejan de apreciar pruebas o se omite aplicar un precepto a
la controversia a pesar de ser necesario, como lo precisó esta Corporación20,
así:
La Sala para definir una “providencia contraria a la ley” ha dicho que es
aquella que surge al subsumir los supuestos de hecho del caso en las
previsiones de la norma (error de interpretación), de la indebida
apreciación de las pruebas en las cuales ella se fundamenta (error de
hecho), de la falta de aplicación de la norma que corresponde o de la
indebida aplicación de la misma. Hay que entender incluida en la
definición de error jurisdiccional además las providencias contrarias a
la Constitución, que de acuerdo con el artículo 4º es norma de normas.
Para que haya lugar a declarar la responsabilidad del Estado por error judicial,
resulta indispensable que (i) el presunto afectado haya interpuesto los
respectivos recursos dentro del proceso en el que presuntamente acaeció
aquel, (ii) la providencia que se estima contraria al marco jurídico esté
ejecutoriada, (iii) concurran los elementos de la responsabilidad patrimonial
de la Administración y (iv) aquella decisión judicial contenga deducciones
probatorias arbitrarias o interpretaciones normativas carentes de
17
«Toda persona tiene derecho a ser indemnizada conforme a la ley en caso de haber sido condenada en
sentencia firme por error judicial».
18
«Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de
perjuicios».
19
«Por el cual se expiden las normas de Procedimiento Penal».
20
Sección tercera, subsección C, sentencia de 6 de marzo de 2013, C. P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa,
expediente 73001-23-31-000-2000-00639-01.
16
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razonabilidad21.
Cabe advertir que cualquier discordancia con lo decidido por el juez no
constituye prima facie un error judicial pasible de indemnización, porque
debe existir «una conducta carente de fundamento objetivo»22, es decir, que la
determinación judicial corresponda a inferencias flagrantemente contrarias al
marco jurídico23.
Por otra parte, resulta oportuno indicar que los perjuicios materiales hacen
referencia al deterioro patrimonial que sufre una persona con ocasión de un
daño antijurídico, es decir, por una lesión de sus intereses pecuniarios que no
está en la obligación de soportar.
Ese agravio se clasifica en daño emergente y lucro cesante. El primero
involucra el empobrecimiento directo que padece la persona por la ocurrencia
del hecho dañoso, esto es, los gastos que debe asumir para afrontar las
consecuencias negativas de aquel; por su parte, el segundo es lo que deja de
ingresar al patrimonio del afectado por el daño antijurídico24. Para acreditar
esos detrimentos el ordenamiento jurídico no establece una tarifa legal, por
tanto, la parte demandante, en virtud del principio de libertad probatoria,
puede demostrarlos a través de los medios de convicción que estime
pertinentes25, siempre que se ajusten al sistema normativo.
Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite se observa que en
la providencia censurada se asevera que la sentencia de 31 de marzo de 2005,
con la que se decidió el proceso de reparación directa demanda 66001-23-31-
000-2001-00274-00, no comporta error judicial, porque no se constata que la
afirmación en ella consignada, consistente en que de las pruebas no se lograba
establecer la cuantía del lucro cesante, involucre una postura jurídica que
comprometa la responsabilidad patrimonial de la Administración de justicia.
Luego de analizar las pruebas que reposan en el expediente 66001-23-31-000-
2008-00309-00, la Sala advierte que la precitada afirmación de las
21
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 16 de diciembre de 2020, C. P. Nicolás
Yepes Corrales, expediente 25000-23-26-000-2011-00550-02.
22
Ibidem.
23
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 11 de noviembre de 2020, C. P. Jaime
Enrique Rodríguez Navas, expediente 70001-23-31-000-2007-10118-01.
24
Consejo de Estado, sección tercera, subsección C, sentencia de 20 de octubre de 2014, M. P. Enrique Gil
Botero, expediente: 05001-23-31-000-2004-04210-01 (40060).
25
Consejo de Estado, sección tercera, sentencia de 10 de agosto de 2016, M. P. Hernán Andrade Rincón,
expediente: 23001-23-31-000-2005-00380-01 (37040).
17
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autoridades accionadas no involucra una inferencia probatoria arbitraria o
caprichosa, pues si bien es cierto que de aquellas es dable colegir que los
suboficiales fallecidos, en su momento, se hacían cargo de la manutención de
los tutelantes, también lo es que no permiten cuantificar el perjuicio, porque
no determinan qué porcentaje de lo recibido por aquellos era destinado para
ese fin.
Cabe advertir que aunque puede resultar factible, como lo dicen los actores,
que con base en los elementos allegados al proceso ordinario se otorgara el
lucro cesante, el hecho de que ello no haya acontecido no configura un error
judicial, por cuanto para tal efecto debe evidenciarse que la decisión está
desprovista de toda razonabilidad jurídica, presupuesto que no se evidencia en
este caso, dado que de esos medios de prueba, se reitera, no es dable
cuantificar lo que dejaron de recibir los demandantes por el deceso de los
exuniformados.
Resulta oportuno precisar que aunque hayan posiciones jurídicas diversas
sobre un mismo tema, emitir una providencia con fundamento en una u otra
no involucra per ser error judicial, como lo sugieren los actores, toda vez que
para su acaecimiento debe observarse una manifiesta arbitrariedad del
servidor judicial, la cual, se insiste, no aconteció el sub lite. Sobre el
particular, el Consejo de Estado26 dijo:
[…] varios juzgadores pueden extraer diversas hipótesis normativas
aplicables a un asunto, sin que una de ellas sea la única correcta o
verdadera, en razón a las limitadas facultades que, como ser humano,
posee[n]. Pero además, no puede pasarse por alto que, en ciertos
asuntos, el ordenamiento jurídico ofrece al juzgador varias hipótesis
normativas válidas, con base en las cuales el caso pudiera ser decidido.
El ordenamiento impulsa así al juzgador hacia una respuesta, pero
puede ofrecer también varios impulsos en sentidos divergentes. En tales
casos, el juez puede decantarse razonablemente por una de tales
hipótesis normativas. Así pues, cuando las decisiones judiciales “se
muevan en la esfera de lo cuestionable” contengan “interpretaciones
válidas de los hechos o derechos”, el menoscabo a un interés
jurídicamente tutelado no será antijurídico […].
26
Sección tercera, subsección C, sentencia de 11 de noviembre de 2020, C. P. Jaime Enrique Rodríguez
Navas, expediente 70001-23-31-000-2007-10118-01: «[…] el error [judicial] se estructura cuando el juez
desborda los principios de autonomía e independencia, omitiendo, de manera subjetiva, caprichosa,
arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso, el Derecho aplicable a los hechos que se le
plantean o los estándares de interpretación y aplicación de las normas jurídicas, o aplicó normas
inexistentes».
18
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De igual modo, se aclara que la postura expuesta en la sentencia de 31 de
marzo de 2005, emitida en el proceso 66001-23-31-000-2001-00274-00,
según la cual debieron determinarse las sumas que destinaban los exmilitares
para la manutención de sus familias, no comporta una exigencia
desproporcionada, como indican los tutelantes, pues de colmarse se hubiere
establecido el monto que dejaron de recibir por el fallecimiento de aquellos y,
por consiguiente, calculado el valor de la indemnización del lucro cesante.
Con base en lo expuesto, el hecho de que los señores magistrados
demandados no hayan valorado los medios de prueba que reposan en el
expediente 66001-23-31-000-2008-00309-00 como lo pretendían los
demandantes, no configura la causal específica de procedibilidad de la acción
de tutela contra providencias judiciales denominada defecto fáctico, en razón
a que en acatamiento de sus competencias jurisdiccionales tienen la potestad
de examinar la pertinencia, utilidad y conducencia de los elementos
probatorios obrantes en ese proceso, así como la de brindarles diferentes
grados de certeza, siempre que lo hagan de manera integral y bajo los criterios
de la sana crítica, como aconteció en el asunto materia de controversia.
Por ende, las conclusiones del funcionario judicial (natural), acerca de la falta
de configuración del error judicial, están precedidas de una valoración
integral y razonable de las pruebas recaudadas, lo que imposibilita al juez de
tutela cuestionarlas, salvo que sean evidentemente contrarias a las garantías
superiores, supuesto que no se da en el sub lite. En lo que atañe a este aspecto,
la Corte Constitucional27 sostuvo:
Las diferencias de valoración que puedan surgir en la apreciación de
una prueba no pueden considerarse ni calificarse como errores fácticos.
Frente a interpretaciones diversas y razonables, es el juez natural quien
debe determinar, conforme a los criterios de la sana crítica, y en virtud
de su autonomía e independencia, cuál es la que mejor se ajusta al caso
concreto.
El juez del proceso, en ejercicio de sus funciones, no sólo es autónomo
sino que sus actuaciones están amparadas por el principio de la buena
fe, lo que le impone al juez de tutela la obligación de asumir, en
principio y salvo hechos que acrediten lo contrario, que la valoración
de las pruebas realizadas por aquél es razonable y legítima.
27
Sentencia T-590 de 2009, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
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Para que la acción de tutela pueda proceder por error fáctico, “[e]l error
en el juicio valorativo de la prueba debe ser de tal entidad que sea
ostensible, flagrante y manifiesto, y el mismo debe tener una incidencia
directa en la decisión, pues el juez de tutela no puede convertirse en
una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez
que ordinariamente conoce de un asunto” […].
Así las cosas, la conclusión de las autoridades accionadas, consistente en que
la sentencia de 31 de marzo de 2005, proferida en el proceso de reparación
directa 66001-23-31-000-2001-00274-00, no comporta error judicial, no
involucra una inferencia probatoria arbitraria o caprichosa de las pruebas que
reposan en el expediente 66001-23-31-000-2008-00309-00, situación por la
que se impone colegir que la sentencia reprochada no incurre en defecto
fáctico.
3.6.3 Desconocimiento del precedente. El desconocimiento del precedente
tiene dos modalidades: (i) como causal autónoma de procedencia de la tutela
contra providencia judicial cuando se trata del precedente constitucional, y (ii)
como defecto sustantivo por el desconocimiento del precedente judicial. La
primera tiene su origen en el artículo 241 superior y se predica
exclusivamente de los precedentes fijados por la Corte Constitucional en su
jurisprudencia28, y la segunda hace referencia a cuando la autoridad
jurisdiccional se aparta del precedente horizontal o vertical sin justificación
suficiente, lo que lleva a concluir que la providencia incurre en defecto
sustantivo29 conforme a los principios del debido proceso, igualdad y buena
fe30.
En el caso sub examine los demandantes sostienen que la sentencia atacada
incurre en desconocimiento del precedente, puesto que desatendió el criterio
28
Sentencia T-360 de 2014: «[…] En este orden de ideas, el precedente constitucional puede llegar a
desconocerse cuando: (i) se aplican disposiciones legales que han sido declaradas inexequibles por
sentencias de control de constitucionalidad, (ii) se contraría la ratio decidendi de sentencias de control de
constitucionalidad, especialmente la interpretación de un precepto que la Corte ha señalado es la que debe
acogerse a la luz del texto superior, o (iii) se desconoce la parte resolutiva de una sentencia de exequibilidad
condicionada, o (iv) se desconoce el alcance de los derechos fundamentales fijado por la Corte
Constitucional a través de la ratio decidendi de sus sentencias de control de constitucionalidad o de revisión
de tutela».
29
Ver sentencia T-087 de 2007, M. P. Manuel José Cepeda Espinosa. Ver también, sentencias T-193 de 1995
M. P. Carlos Gaviria Díaz, T-1625 de 2000 M. P. Martha Victoria Sáchica Méndez, T-522 de 2001 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-462 de 2003 M. P. Eduardo Montealegre Lynnet, T-292 de 2006 M. P.
Manuel José Cepeda Espinosa, T-436 de 2009 M. P. Humberto Antonio Sierra Porto, T-161 de 2010 M. P.
Jorge Iván Palacio y SU-448 de 2011 M. P. Mauricio González Cuervo.
30
Ver entre otras, sentencias T-049 de 2007 M. P. Clara Inés Vargas Hernández, T-464 y T-794 de 2011 M.
P. Jorge Iván Palacio y C-634 de 2011 M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
20
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del Consejo de Estado31, según el cual el lucro cesante se demuestra con la
certificación del salario de las víctimas de la acción u omisión administrativa
que desencadenó el hecho dañoso, aseveración que para la Sala carece de
asidero jurídico, porque las autoridades accionadas no estaban en el deber de
decidir el proceso de reparación directa 66001-23-31-000-2008-00309-00 de
acuerdo con el citado pronunciamiento, comoquiera que este fue emitido el 22
de abril de 2015, es decir, después de que se dictara el fallo de 31 de marzo de
2005 dentro de la acción 66001-23-31-000-2001-00274-00, por tanto, no es
dable deducir que esta decisión comporta error judicial por no atender un fallo
de esta Corporación que en ese momento no se había dictado.
En ese orden de ideas, se colige que la determinación judicial acusada
tampoco incurre en desconocimiento del precedente.
A partir de los anteriores prolegómenos, la Sala negará el amparo deprecado,
comoquiera que la providencia cuestionada no comporta defecto fáctico ni
desconocimiento del precedente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
1º. Niégase el amparo del derecho constitucional fundamental al debido
proceso invocado por los señores Sarita Esnedt Cardozo Londoño; María
Cristina y Carlos Mauricio Higuera Cardozo; Fabio Alejandro y Carlos
Fernely Morales Villamil; Lady Carolina, Ivonne Catherine y Víctor Alberto
Castillo Morales; Rosalba Villamil Castro y Armida Morales Pame, por las
razones expuestas en las consideraciones.
2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
31
Sección tercera, subsección B, sentencia de 22 de abril de 2015, C. P. Stella Conto del Castillo, expediente
15001-23-31-000-2000-03838-01.
21
Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03758-00
Actores: Sarita Esnedt Cardozo Londoño y otros
3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
Notifíquese y cúmplase,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS
22
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