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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03765-00

Fecha
25 de agosto de 2022
Consejero ponente
Oswaldo Giraldo Lopez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 11001-03-15-000-2022-03765-00

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por pasiva respecto de la Personería Municipal de Tunja, el Concejo Municipal de Tunja y la Contraloría Municipal de Tunja, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el ciudadano Ramón Humberto Sánchez Alba, respecto de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia. TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más expedito y eficaz esta decisión. CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos señalados por la Ley.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 11001-03-15-000-2022-03765-00

Consejero ponente: Oswaldo Giraldo Lopez

25 de agosto de 2022

1

Radicado: 11001 03 15 000 2022 03765 00
Demandante: RAMÓN HUMBERTO SÁNCHEZ ALBA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Consejero Ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá D.C., veinticinco (25) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 11001-03-15-000-2022-03765-00
Demandante: RAMÓN HUMBERTO SÁNCHEZ ALBA
Demandado: CONSEJO DE ESTADO - SECCION TERCERA - SUBSECCION
C Y OTROS

Tema: No incurre en mora judicial injustificada la autoridad que
imparte al proceso el trámite correspondiente y atiende las
diferentes circunstancias que el asunto involucra.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por RAMÓN HUMBERTO
SÁNCHEZ ALBA en contra de: (i) la Subsección C de la Sección Tercera del
Consejo de Estado; (ii) la Personería Municipal de Tunja; (iii) el Concejo
Municipal de Tunja, y (iv) la Contraloría Municipal de Tunja.

I. SÍNTESIS DEL CASO

La parte actora solicitó el amparo del “derecho a la justicia en condiciones
dignas”, pretendiendo que se le ordene a la Subsección C de la Sección
Tercera del Consejo de Estado que le imprima “celeridad al proceso de
nulidad del contrato 132 de 1996”, que cursa en segunda instancia bajo el
número único de radicación 1997-17024- 02 (61.894). Además, pidió que
se ordenara a las demás autoridades accionadas que “se pongan al frente
de estos hechos, que han sucedido y que pueden ser muy graves para las
finanzas del Municipio de Tunja”.

La parte actora afirmó que presentó demanda de nulidad contractual contra
SERA Q. A. S. A. Tunja, hoy VEOLIA S.A.

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Demandante: RAMÓN HUMBERTO SÁNCHEZ ALBA

Indicó que, mediante sentencia del 11 de octubre de 2002, el Tribunal
Administrativo de Boyacá accedió a las pretensiones de la demanda y
resolvió declarar la nulidad absoluta del contrato de concesión número 0132
del 2 de octubre de 1996, suscrito entre el municipio de Tunja y SERA Q.A.
S.A. Tunja.

Informó que contra la anterior decisión se presentaron recursos de
apelación, razón por la cual el proceso se remitió al Consejo de Estado.
Manifestó que la Sección Tercera de esta corporación declaró la nulidad de
todo lo actuado, incluyendo el fallo de primera instancia, y ordenó devolver
el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá para lo correspondiente.

Explicó que el 25 de abril de 2018 el Tribunal Administrativo de Boyacá
emitió nuevamente sentencia de primera instancia, en la que concluyó que
en la creación de SERA Q. A. S. A. Tunja no se habían cometido
irregularidades, motivo por el cual negó las pretensiones de la demanda.

Señaló que contra la anterior decisión se presentaron recursos de apelación,
que actualmente se encuentran pendientes de resolución en la Subsección
C de la Sección Tercera del Consejo de Estado.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El 14 de julio de 2022 se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar
a los magistrados que integran la Subsección C de la Sección Tercera de
esta corporación y a las demás entidades demandadas. Así mismo, se
dispuso comunicar la iniciación de este trámite al municipio de Tunja y a la
empresa VEOLIA S.A., demandados en el proceso ordinario que cursa bajo
el número 1997-17024-02 (61.894), en atención al interés que les asiste en
este proceso, así como a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Además, en la misma providencia se negó la medida provisional que fue
solicitada por la parte actora, para que se le ordenara a la empresa VEOLIA
S.A. que “se abstengan de seguir cambiando medidores del agua, hasta que
se profiera el fallo de segunda instancia”. Lo anterior, toda vez que el objeto

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de la solicitud de medida provisional no guardaba relación con la
circunstancia que presuntamente generaría la vulneración de los derechos
fundamentales, esto es, la configuración de un escenario de mora judicial.

2.2. El consejero encargado del trámite del proceso ordinario mencionado,
integrante de la Subsección C de la Sección Tercera de esta corporación,
allegó informe en el que expuso lo siguiente:

En primer lugar, solicitó que se declarara que no se demostró la vulneración
o afectación de los derechos fundamentales invocados por la parte actora.

En segundo lugar, manifestó que ante esta corporación ya se presentó una
acción de tutela con identidad de hechos y pretensiones, que fue tramitada
bajo el radicado número 11001-03-15-000-2022-02392-00, resuelta el 19
de mayo de 2022, en el sentido de rechazar la acción, toda vez que se
evidenció falta de legitimación en la causa por activa del accionante Carlos
Arturo Arenas Vega.

En tercer lugar, afirmó que, desde el 7 de junio de 2019, cuando el proceso
ingresó al despacho para fallo, aquel ha sido objeto de diversos trámites
procesales en segunda instancia, que han sido gestionados de forma
oportuna, por lo que, una vez se evacuen los mismos, retornará al despacho
para proferir la respectiva sentencia que resuelva los recursos de apelación
interpuestos contra la providencia del 25 de abril de 2018, de conformidad
con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998.

En cuarto y último término, argumentó que el lapso de tiempo que ha
transcurrido para resolver los recursos de apelación se encuentra justificado
no solamente en razón del volumen de expedientes a cargo del despacho,
aun aquellos que cuentan con prelación, sino también como consecuencia
de las vicisitudes que ha presentado el proceso, así como por las actuaciones
procesales que se han surtido en segunda instancia, de tal manera que no
existe mora judicial injustificada en el trámite del referido proceso ordinario.

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2.3. El Concejo Municipal de Tunja, luego de alegar la falta de legitimación
en la causa por pasiva, solicitó que se le desvinculara del presente trámite
constitucional.

2.4. Aunque los demás sujetos fueron correctamente notificados, no
rindieron informe sobre los hechos de la tutela.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral séptimo del artículo
2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el
artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo
80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que
asigna a esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales,
esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. ANÁLISIS DE LA SALA

Consideraciones previas

Inexistencia de temeridad

En virtud de la manifestación expuesta en la intervención de la Subsección
C de la Sección Tercera de esta Corporación en el presente trámite, según
la cual, ya se presentó una acción de tutela con identidad de hechos y
pretensiones, que fue tramitada bajo el radicado número 11001-03-15-000-
2022-02392-00, sería del caso estudiar la posible existencia de temeridad.
Sin embargo, sin necesidad de profundizar al respecto, la Sala descarta de
plano la configuración de este fenómeno, puesto que no existe identidad de
partes, pues la acción de tutela que rechazó la Subsección A de la Sección
Segunda del Consejo de Estado, con sentencia del 19 de mayo de 2022, fue
presentada por el señor Carlos Arturo Arenas Vega.

Además, si bien en el auto admisorio de la anterior acción de tutela se
comisionó a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado

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para que notificara del trámite constitucional, como terceros interesados en
el resultado del proceso, a todos los intervinientes dentro de la acción de
controversias contractuales que se tramita con el radicado 15001-23-31-
000-1997-17024-01, lo cierto es que el señor Ramón Humberto Sánchez
Alba no participó del recurso de amparo instaurado de forma previa.

Falta de legitimación en la causa por pasiva

De otra parte, y dado que esta acción de tutela se dirigió también contra la
Personería Municipal de Tunja, el Concejo Municipal de Tunja y la Contraloría
Municipal de Tunja, la Sala declarará la falta de legitimación en la causa por
pasiva de tales entidades, toda vez que las funciones a cargo de cada una
de tales entidades administrativas no tienen relación con el objeto del
presente trámite constitucional y el fallo que se procede a proferir no tendrá
incidencia en lo que a ellas respecta.

Además, la solicitud del escrito de tutela relacionada con que dichas
autoridades del orden municipal “se pongan al frente de estos hechos, que
han sucedido y que pueden ser muy graves para las finanzas del Municipio
de Tunja”, que se traduce en una petición de intervención o asistencia, más
allá de su alto nivel de vaguedad e imprecisión, no es determinante para
mantenerlas vinculadas, ni lleva a considerar que la vulneración referida por
la parte actora pueda llegar a serles atribuida.

Caso concreto

Con la presente acción de tutela la parte actora pretende la protección del
“derecho a la justicia en condiciones dignas”, para que, como consecuencia,
se le ordene a la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
que le imprima “celeridad al proceso de nulidad del contrato 132 de 1996”,
que cursa en segunda instancia bajo el número único de radicación 1997-
17024- 02 (61.894).

Del informe presentado por el consejero encargado del trámite del proceso
ordinario mencionado, así como del análisis del historial de actuaciones
judiciales del mismo, la Sala advierte que la autoridad judicial accionada no

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ha incumplido con sus funciones; por el contrario, ha impulsado el proceso
con diligencia, y, si bien a la fecha aún no ha proferido sentencia de segunda
instancia, lo cierto es que dicha circunstancia no implica per se la existencia
de un escenario de mora judicial injustificada o vulneración alguna de
derechos fundamentales.

A este respecto, la Sala recuerda que la jurisprudencia de la Corte
Constitucional ha señalado que la mora judicial es “un fenómeno
multicausal, muchas veces estructural, que impide el disfrute efectivo del
derecho de acceso a la administración de justicia, y que se presenta como
resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la
capacidad humana de los funcionarios a cuyo cargo se encuentra la solución
de los procesos”1.

En la misma línea, ha explicado que la mora, la congestión y el atraso judicial
son algunos de los fenómenos que afectan de manera estructural la
administración de justicia en Colombia, por lo que existen casos en que el
incumplimiento de los términos procesales no es directamente imputable al
actuar de los funcionarios judiciales. Así mismo existen procesos que por su
complejidad requieren de un tiempo mayor al establecido en las normas y
en la Constitución para su estudio, para valorar pruebas o analizar la norma
aplicable2.

De manera que, para establecer si la tardanza en resolver un asunto
constituye o no una transgresión de los derechos fundamentales al debido
proceso y acceso a la administración de justicia, la jurisprudencia
constitucional ha distinguido entre dilación justificada e injustificada3.

Se incurre en dilación injustificada cuando se acredita que el funcionario
judicial no ha sido diligente y ha omitido el cumplimiento de sus funciones,
y puede configurarse en estos eventos: (i) se presenta un incumplimiento
de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial;
(ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es

1
Corte Constitucional. Sentencia T–052 de 2018 (M.P. Alberto Rojas Ríos).
2
Corte Constitucional, sentencia T -441 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
3
Ibídem.

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la congestión judicial o el volumen de trabajo, y (iii) la tardanza es imputable
a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad
judicial4.

En cambio, la posible dilación estaría justificada cuando (i) es producto de
la complejidad del asunto y dentro del proceso se demuestra la diligencia
razonable del operador judicial, (ii) se constata que efectivamente existen
problemas estructurales en la administración de justicia que generan un
exceso de carga laboral o de congestión judicial, o (iii) se acreditan otras
circunstancias imprevisibles o ineludibles que impiden la resolución de la
controversia en el plazo previsto en la ley5.

Dicho de otra manera, la prolongada espera estaría justificada si “a pesar
del cumplimiento cabal de los deberes por parte del juez y su diligencia,
resulta imposible objetivamente el cumplimiento del término judicial en
cuestión. Siempre que los anteriores supuestos estén debidamente
probados en el proceso de tutela, se presentará una dilación justificada y,
en consecuencia, el juez deberá negar la protección deprecada”6.

Cuando se trata de un asunto de mora judicial justificada, la jurisprudencia
constitucional ha identificado tres fórmulas alternativas de solución: “(i) la
primera de ellas ha consistido simplemente en limitarse a negar la violación de los
derechos al debido proceso y de acceso a la administración de justicia, por lo que
pasa a replicarse la obligación relativa al sometimiento al sistema de turnos en
plenas condiciones de igualdad; (ii) la segunda, por su parte, comporta la orden
excepcional de alteración del sistema de turnos para proferir el fallo, cuando el juez
está en presencia de un sujeto de especial protección constitucional, o cuando la
mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de solución, en contraste
con las condiciones de espera particulares del afectado y (iii) una tercera fórmula
que puede ser intermedia entre las ya reseñadas hace relación a aquellos casos en
que se está ante la posible materialización de un daño cuyos efectos nocivos no
puedan ser subsanados -perjuicio irremediable-, por lo que si las circunstancias lo
ameritan, en atención al carácter subsidiario de la acción de tutela, puede
ordenarse un amparo con eficacia jurídica transitoria en relación con los derechos

4
Corte Constitucional, sentencia T–052 de 2018 (M. P. Alberto Rojas Ríos).
5
Corte Constitucional, sentencia T-441 de 2015 (M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez).
6
Ibidem.

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fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se
pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada”7.

Del expediente de controversias contractuales, la Sala observa lo siguiente:

i) El 7 de mayo de 1997 se presentó acción de controversias
contractuales, en orden a que se declarara la nulidad absoluta del
contrato de concesión 0132 del 2 de octubre de 1996, cuyo objeto
fue la prestación del servicio público domiciliario de acueducto y
alcantarillado suscrito entre el municipio de Tunja y la empresa
SERA Q. A. TUNJA E. S. P. S. A.

ii) Mediante sentencia del 11 de octubre de 2002, el Tribunal
Administrativo de Boyacá declaró la nulidad absoluta del contrato
de concesión 0132 del 2 de octubre de 1996, suscrito entre el
municipio de Tunja y la empresa SERA Q. A. TUNJA E. S. P. S. A.

iii) El Ministerio Público y la empresa SERA Q. A. TUNJA E. S. P. S.
A. interpusieron recursos de apelación contra la anterior decisión.

iv) El 19 de mayo de 2006, el Ministerio Público solicitó al Consejo
de Estado la prelación de fallo. Mediante auto del 7 de junio de
2006 la autoridad judicial negó la solicitud.

v) En virtud de lo anterior, fue interpuesta una acción de tutela
contra la Sección Tercera del Consejo de Estado a fin de que se
ordenara la prelación de fallo.

vi) A través de sentencia del 3 de julio de 2008, el Consejo de
Estado, Sección Cuarta, denegó el amparo solicitado. Por sentencia
del 5 de noviembre de 2009, la Sección Quinta revocó la anterior
decisión y, en su lugar, amparó los derechos fundamentales
invocados por el actor y ordenó decidir el proceso de controversias
contractuales con prelación respecto de los demás asuntos.

7
Ibidem.

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vii) Por medio de auto del 2 de mayo de 2013, el Consejo de
Estado, Sección Tercera, declaró la nulidad de todo lo actuado en
segunda instancia, así como de la sentencia proferida en primera
instancia, y ordenó la devolución del proceso al Tribunal
Administrativo de Boyacá para proferir nueva decisión.

viii) Mediante sentencia del 25 de abril de 2018, el Tribunal
Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.
Contra esa decisión se presentaron dos recursos de apelación.

ix) El 7 de junio de 2019, el proceso ingresó al despacho para
proferir sentencia de segunda instancia.

x) El 18 de marzo de 2021, la parte demandante solicitó vigilancia
especial administrativa del proceso contractual, así como la
compulsa de copias al Consejo Superior de la Judicatura.

xi) Mediante auto del 21 de octubre de 2021, el Consejo de Estado,
Sección Tercera, Subsección C, indicó que la corporación carecía
de competencia para iniciar la vigilancia especial administrativa
solicitada, de conformidad con lo previsto en el artículo 101 de la
Ley 270 de 1996, por lo que ordenó la remisión de la solicitud al
Consejo Superior de la Judicatura y a la Comisión Nacional de
Disciplina Judicial, para lo de su competencia.

xii) Por auto del 21 de octubre de 2021 se certificó el estado del
proceso, de conformidad con la solicitud elevada por la Fiscalía
Trece Seccional de Tunja, y no reconoció personería al apoderado
del municipio de Tunja.

xiii) Por medio de auto del 11 de marzo de 2022, en atención a la
solicitud elevada el 8 de marzo de 2022 por la Comisión Nacional
de Disciplina Judicial, se ordenó expedir copia digital de la totalidad
del expediente con destino a dicha corporación.

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xiv) El 13 de abril de 2022, el señor Silvino Ramírez Pérez solicitó
al despacho encargado del trámite ordinario dar celeridad a la
resolución del proceso.

xv) El 11 de mayo de 2022, el consejero ponente dio respuesta a
la petición señalando que al no ser el señor Silvino Ramírez Pérez
parte dentro del proceso, ni tercero con interés, no se daría trámite
a la solicitud de impulso procesal.

xvi) El 18 de mayo de 2022, el proceso ingresó al despacho para
proveer respecto de documentos allegados por el municipio de
Tunja (reconocimiento de personería y renuncia a poder) y emitir
pronunciamiento frente al silencio guardado por la Fiscalía 13
Seccional de Tunja, respecto de la certificación que le fue expedida
en virtud de lo ordenado mediante providencia del 7 de diciembre
de 2021.

Del citado recuento procesal, contrario a lo sostenido en el escrito de tutela,
la Sala evidencia que la autoridad judicial accionada, con la dirección que ha
impartido al trámite ordinario mencionado, de ninguna manera ha incurrido
en mora judicial injustificada, como quiera que el tiempo que ha tomado la
resolución definitiva del litigio atiende a la complejidad del asunto que éste
involucra, el cual, además, ha presentado diferentes circunstancias que han
dificultado que se desarrolle con normalidad, eventos respecto de los cuales,
en todo caso, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado
demostró diligencia razonable.

Así las cosas, como la parte actora no demostró que la autoridad judicial
accionada hubiese incurrido en mora judicial injustificada, en este aspecto,
será negada la solicitud de amparo.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

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Radicado: 11001 03 15 000 2022 03765 00
Demandante: RAMÓN HUMBERTO SÁNCHEZ ALBA

FALLA

PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE LEGITIMACIÓN en la causa por
pasiva respecto de la Personería Municipal de Tunja, el Concejo Municipal
de Tunja y la Contraloría Municipal de Tunja, de acuerdo con lo expuesto en
las consideraciones de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR el amparo solicitado por el ciudadano Ramón Humberto
Sánchez Alba, respecto de la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta
providencia.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes por el medio más
expedito y eficaz esta decisión.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Honorable Corte Constitucional para
su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria
de esta providencia, si ella no es impugnada oportunamente en los términos
señalados por la Ley.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión
judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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