RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03775-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03775-00

Fecha
9 de agosto de 2022
Consejero ponente
Carmelo Perdomo Cueter

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 11001-03-15-000-2022-03775-00

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: 1º. Recházase la tutela instaurada por los señores Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, para deprecar el amparo de los derechos constitucionales fundamentales de petición y acceso a la información pública de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.), conforme a la parte motiva. 2º.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 11001-03-15-000-2022-03775-00

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cueter

9 de agosto de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: Carmelo Perdomo Cuéter

Bogotá, D. C., nueve (9) de agosto de dos mil veintidós (2022)

Acción : Tutela
Expediente : 11001-03-15-000-2022-03775-001
Actores : Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez
Pizano, quienes dicen actuar como codirectores de
Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)
Demandados : Presidente de la República y Ministra de Relaciones
Exteriores
Tema : Derechos constitucionales fundamentales petición y acceso a
la información pública

Procede la Sala a dictar la sentencia que en derecho corresponda dentro del
trámite relacionado con la acción de tutela incoada por los señores Alejandro
y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen actuar
como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.),
por la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales al
debido proceso y acceso a la información pública de esta.

I. ANTECEDENTES

1.1 La solicitud de amparo. Los señores Alejandro y Sebastián Lanz
Sánchez y Emilia Márquez Pizano presentan acción de tutela con el fin de
obtener la protección de las garantías superiores a las que se hizo referencia
de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.), presuntamente
quebrantados por los señores presidente de la República y Ministra de
Relaciones Exteriores.

Como consecuencia de lo anterior, piden se ordene a las autoridades
accionadas responder de fondo y de manera congruente la solicitud que el 7
de junio de 2022 formuló la aludida O. N G., en la que pidió información
sobre el cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en el marco del paro nacional iniciado
el 28 de abril de 2021.

1
Resulta oportuno precisar que las presentes diligencias reposan en el expediente digital contenido en la
herramienta electrónica para la gestión judicial denominada SAMAI.

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

1.2 Hechos. Relatan los accionantes que desde el 28 de abril de 2021
acaecieron una serie de movilizaciones sociales a la largo del territorio
nacional, las cuales fueron reprimidas violentamente por la fuerza pública, lo
que derivó en que entre el 8 y el 10 de junio de esa anualidad la Comisión
Interamericana de Derechos Humana visitara el país, con el fin de «analizar y
verificar las masivas denuncias por violaciones de derechos humanos».

Que el 7 de julio de 2021 el mencionado organismo internacional comunicó
los resultados del trabajo de campo y formuló 41 recomendaciones al Estado
Colombiano, con el propósito de que superara la difícil situación acontecida
durante los meses de abril, mayo y junio de ese año, dentro de las que se
destacan las de (i) adelantar un diálogo social, con enfoque territorial, con los
actores involucrados en las protestas, como la población indígena, los
jóvenes, las personas en condición de pobreza, entre otros; (ii) garantizar el
buen desarrollo de dichas reuniones; (iii) salvaguardar el precepto superior de
la libre expresión, etc.

Dicen que el 7 de junio de 2022 Temblores Organización No Gubernamental
(O. N. G.) deprecó del presidente de la República le especificara las
actuaciones que se habían surtido con la finalidad de atender las sugerencias
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero el 9 de los
mismos mes y año la jefe de gabinete del primer mandatario le notificó a la
peticionaria que ese día había remitido la solicitud a la señora Ministra de
Relaciones Exteriores, por ser la competente para pronunciarse sobre lo
requerido.

Que, mediante oficio (sin número) de 21 de junio de 2022, «la Cancillería de
Colombia» le informó a la O. N. G. que las recomendaciones de la referida
Comisión carecen de carácter jurisdiccional, por tanto, no son de obligatorio
cumplimiento para los Estados, no obstante, el Gobierno nacional ha
adelantado diálogos con el organismo interamericano, con la finalidad de
darle a conocer las medidas adoptadas. Asimismo, le ha presentado tres (3)
informes de seguimiento de lo acontecido durante las protestas que iniciaron
el 28 de abril de 20212 en el país, los cuales fueron publicados «en la
comunicación anual de 2022».

2
Que se pueden consultar en el siguiente enlace virtual: Informe anual CIDH 2021 observa avances y
desafíos en derechos humanos en la región (oas.org)

2

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

Sostienen que en la precitada respuesta no se incluyeron datos estadísticos
relacionados con traslados «a los centros de protección», investigaciones por
desapariciones y demás situaciones presentadas en las movilizaciones
sociales, en consecuencia, la peticionaria no recibió una contestación acorde
con lo requerido, lo que comporta vulneración de los derechos
constitucionales fundamentales invocados en el escrito de tutela.

II. TRÁMITE PROCESAL

Por alcanzar a satisfacer los requisitos formales, el Consejo de Estado, a
través de auto de 14 de julio de 2022, admitió la presente acción y ordenó
notificar a los señores presidente de la República y Ministra de Relaciones
Exteriores.

Adicionalmente, en el aludido proveído se pidió de los señores Alejandro y
Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen actuar como
codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.),
allegar la respectiva escritura pública o «documento privado reconocido» que
los acredite como sus representantes legales, en virtud de los artículos 40
(numeral 113) del Decreto 2450 de 19954 y 1º5 del Decreto 427 de 19966,
requerimiento que no fue atendido.

2.1 Contestaciones de la acción.

2.1.1 El señor presidente de la República, por conducto de apoderado, asevera
que no ha vulnerado derecho constitucional fundamental alguno de Temblores
3
«Suprímase el acto de reconocimiento de personería jurídica de las organizaciones civiles, las
corporaciones, las fundaciones, las juntas de acción comunal y de las demás entidades privadas
sin ánimo de lucro.
Para la obtención de su personalidad, dichas entidades se constituirán por escritura pública o
documento privado reconocido en el cual se expresará, cuando menos, lo siguiente:
[…]
11. Nombre e identificación de los administradores y representantes legales».
4
«Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la
Administración Pública».
5
«Las personas jurídicas sin ánimo de lucro de que tratan los artículos 40 a 45 y 143 a 148 del Decreto
2150 de 1995 se inscribirán en las respectivas Cámaras de Comercio en los mismos términos, con las
mismas tarifas y condiciones previstas para el registro mercantil de los actos de las sociedades comerciales.
Para el efecto, el documento de constitución deberá expresar cuando menos, los requisitos establecidos por
el artículo 40 del citado Decreto y nombre de la persona o entidad que desempeña la función de
fiscalización, si es del caso. Así mismo, al momento del registro se suministrará a las Cámaras de Comercio
la dirección, teléfono y fax de la persona jurídica […]».
6
«Por el cual se reglamentan el Capítulo II del Título I y el Capítulo XV del Título II del Decreto 2150 de
1995».

3

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

Organización No Gubernamental (O. N. G.), por cuanto la petición que
presentó el 7 de junio de 2022 fue enviada de manera oportuna al Ministerio
de Relaciones Exteriores, que es la cartera encargada de pronunciarse sobre
los aspectos aludidos en la referida solicitud, lo que le fue informado a
aquella7.

Que si bien la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está facultada
para emitir recomendaciones a los Estados, encaminadas a superar
determinadas problemáticas, no son de obligatoria observancia, por cuanto no
son de carácter judicial.

2.1.2 La señora Ministra de Relaciones Exteriores, a través de la señora
directora de la dirección de derechos humanos y derecho internacional
humanitario de la Cartera que regenta, pide declarar improcedente la acción
de tutela de la referencia, comoquiera que no ha incurrido en actuación u
omisión alguna que trasgreda derechos constitucionales fundamentales de
Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.), máxime cuando en la
solicitud de amparo no se identifica un nexo causal entre los hechos descritos
en ella y las garantías superiores invocadas.

Que la petición que presentó la mencionada organización el 7 de junio de
2022 fue respondida mediante oficio (sin número) del día 21 de los mismos
mes y año, en el que se le indicó que las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos no eran de obligatoria observancia, por
no ser de naturaleza jurisdiccional, y ha rendido informes periódicos a ese
organismo, orientados a comunicarle las medidas que se han surtido con el fin
de salvaguardar las prerrogativas a la protesta y a la libertad de expresión, los
cuales se pueden consultar en el enlace virtual «Informe anual CIDH 2021
observa avances y desafíos en derechos humanos en la región (oas.org)».

III. CONSIDERACIONES

3.1 Competencia. Corresponde a esta Corporación, en virtud de las reglas de
reparto de la acción de tutela, previstas en los Decretos 1382 de 2000 y 1983
de 2017, determinar si en el presente caso hay lugar al amparo deprecado por
los accionantes, quienes aducen quebranto de los derechos constitucionales
fundamentales de petición y acceso a la información pública de Temblores
7
No identifica oficio alguno.

4

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

Organización No Gubernamental (O. N. G.).

3.2 La acción. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de
la Carta Política y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992,
1382 de 2000 y 1983 de 2017, como mecanismo directo y expedito para la
protección de los derechos constitucionales fundamentales, permite a las
personas reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un
trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos cuando quiera
que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de otro
medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.

3.3 Cuestión preliminar. Con la finalidad de determinar si los accionantes
cuentan con legitimación en la causa por activa en el presente trámite
constitucional, esto es, si están facultados para pedir la salvaguarda de las
garantías superiores de petición y acceso a la información pública de
Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.), resulta oportuno
advertir que la acción de tutela fue concebida por la Carta Política (artículo
86) como un instrumento subsidiario de defensa judicial, preferente y
sumario, al que puede acudir cualquier persona, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, para reclamar la defensa inmediata de sus derechos
constitucionales fundamentales cuando advierta que han sido vulnerados o
amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o incluso
de los particulares.

Acorde con lo anterior, el artículo 10 del Decreto ley 2591 de 1991, al
referirse a la legitimidad e interés para incoar la acción de tutela, dispone:

La acción de tutela podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por
cualquiera persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de representante.
Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular de los
mismos no esté en condiciones de promover su propia defensa. Cuando
tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse en la solicitud.

También podrá ejercerla el Defensor del Pueblo y los personeros
municipales.

5

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

A su turno, la Corte Constitucional8, al analizar el contenido del citado
precepto legal, ha considerado que se configura la legitimación en la causa
por activa en los siguientes eventos:

[…] (i) cuando la tutela es ejercida directamente y en su propio nombre
por la persona afectada en sus derechos; (ii) cuando la acción es
promovida por quien tiene la representación legal del titular de los
derechos, tal como ocurre, por ejemplo, con quienes representan a los
menores de edad9, los incapaces absolutos, los interdictos10 y las
personas jurídicas11; (iii) también, cuando se actúa en calidad de
apoderado judicial del afectado12, “caso en el cual el apoderado debe
ostentar la condición de abogado titulado y al escrito de acción se debe
anexar el poder especial para el caso o en su defecto el poder general
respectivo”13; (iv) igualmente, en los casos en que la acción es instaurada
como agente oficioso del afectado, debido a la imposibilidad de éste para
llevar a cabo la defensa de sus derechos por su propia cuenta, como
sucede, por ejemplo, con un enfermo grave, un indigente, o una persona
con incapacidad física o mental14. Finalmente, (v) la acción de tutela
puede ser instaurada a nombre del sujeto cuyos derechos han sido
amenazados o violados, por el Defensor del Pueblo, los personeros
municipales y el Procurador General de la Nación, en el ejercicio de sus
funciones constitucionales y legales15.

De lo anterior se colige que se sintetizan en cinco las formas para constituirse
en parte activa en el trámite de tutela, así: (i) el ejercicio directo de la acción
por la persona que considera vulnerado o amenazado su derecho
constitucional fundamental, (ii) a través de representante legal, por ejemplo,
en el caso de los menores de edad, incapaces absolutos, interdictos y personas
jurídicas, (iii) por medio de apoderado judicial conforme a las facultades
conferidas con poder y con acreditación de la calidad de abogado, (iv) como
agente oficioso y (v) mediante los señores Defensor del Pueblo, personeros
municipales y Procurador General de la Nación.

Así las cosas, se tiene que, a pesar de que una de las características que
identifica la tutela radica en su informalidad, la jurisprudencia constitucional

8
Sentencia T–176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
9
Corte Constitucional, sentencias T-567/08, T-1019/06, T-1166/05, T-497/05, T-002/05 y T-1311/01.
10
Ver sentencias T-1103/04, T-993/03 y T-281/02.
11
Ver, entre otras, las sentencias T-723/05, T-396/05, T-1191/04 y T-1189/03.
12
Ver sentencias T-552/06 y T-526 de 1998
13
Auto 064 de 2009.
14
Ver, entre muchas otras, las sentencias T-560A/07, T-366/07, T-750/05, T-977/04, T-1201/04, T-1101/04.
15
Ver las sentencias T-046/97, T-443/95, T-662/99, T-331/97, T-731/98.

6

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

ha reconocido que su ejercicio está sujeto al cumplimiento de unos requisitos
mínimos de procedibilidad, que surgen de su propia naturaleza jurídica y de
los elementos especiales que la distinguen. Entre tales exigencias se encuentra
la de legitimación en la causa por activa o titularidad para promover la acción,
con la cual se busca asegurar que la persona que acude a ella tenga un interés
directo y particular respecto de la solicitud de amparo que formula ante el
juez constitucional, de manera que pueda determinarse, sin dificultad, que lo
reclamado es la protección de un derecho constitucional fundamental del
afectado y no de un tercero16.

Efectuadas las anteriores precisiones jurídicas, en el sub lite se evidencia que
en el escrito de tutela los señores Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y
Emilia Márquez Pizano aseveran que la incoan en condición de codirectores
de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.), sin embargo, no
allegaron los correspondientes documentos que los acredite como tal, a pesar
de que fueron requeridos en el auto admisorio de este trámite constitucional,
situación que impone deducir que carecen de legitimación en la causa por
activa.

Cabe advertir que las personas jurídicas son titulares de los derechos
constitucionales fundamentales que estén en capacidad de ejercer y se
relacionen con el desarrollo de sus actividades (como los aquí invocados
frente a Temblores Organización No Gubernamental [O. N. G.]), pues su
naturaleza ficticia17 les impide ser destinatarias de prerrogativas propias de los
individuos, como la vida, dignidad humana, mínimo vital, seguridad social,
entre otras18.

En ese orden de ideas, las personas jurídicas están facultadas para reclamar,
por conducto de la acción de tutela, la protección de sus garantías superiores,
sin embargo, deben actuar a través de su representante legal o apoderado
judicial19, lo cual no se demostró que haya acontecido en el caso sub examine.

16
Corte Constitucional, sentencia T-176 de 14 de marzo de 2011, M. P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
17
Artículo 633 del Código Civil: «Se llama persona jurídica, una persona ficticia, capaz de ejercer derechos
y contraer obligaciones civiles, y de ser representada judicial y extrajudicialmente.
Las personas jurídicas son de dos especies: corporaciones y fundaciones de beneficencia pública.
Hay personas jurídicas que participan de uno y otro carácter».
18
Corte Constitucional, sentencia T-200 de 2004, M. P. Clara Inés Vargas Hernández.
19
Corte Constitucional, sentencia T889 de 2013, M. P. Luis Ernesto Vargas Silva: «[…] acerca de la
representación judicial de las personas jurídicas, la Corte ha señalado que debe guiarse por las reglas
generales de postulación, de manera que la acción de tutela debe ser presentada o bien por su
representantes legal o bien por intermedio de apoderado. En cuanto a las entidades públicas, este Tribunal

7

Acción de tutela 11001-03-15-000-2022-03775-00
Actores: Alejandro y Sebastián Lanz Sánchez y Emilia Márquez Pizano, quienes dicen
actuar como codirectores de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.)

Así las cosas, la Sala concluye, se reitera, que los actores carecen de
legitimación en la causa por activa, comoquiera que no adosaron la respectiva
escritura pública o «documento privado reconocido» que los acredite como
representantes legales de la referida organización, motivo por el cual se
rechazará la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, sala de lo contencioso-
administrativo, sección segunda, subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la Constitución Política,

FALLA:

1º. Recházase la tutela instaurada por los señores Alejandro y Sebastián Lanz
Sánchez y Emilia Márquez Pizano, para deprecar el amparo de los derechos
constitucionales fundamentales de petición y acceso a la información pública
de Temblores Organización No Gubernamental (O. N. G.), conforme a la
parte motiva.

2º. Notifíquese esta sentencia a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.

3º. Si el presente fallo no fuere impugnado dentro de los tres (3) días
siguientes a su notificación como lo prevé el artículo 31 del Decreto 2591 de
1991, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

Notifíquese y cúmplase,

Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.

Firmado electrónicamente
CARMELO PERDOMO CUÉTER

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
SANDRA LISSET IBARRA VÉLEZ CÉSAR PALOMINO CORTÉS

ha señalado que su representación judicial puede llevarse a cabo por otros funcionarios distintos del
Representante Legal, cuando así lo dispongan las normas que definan su estructura».

8

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.