Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03798-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 11001-03-15-000-2022-03798-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 11001-03-15-000-2022-03798-00
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 11001-03-15-000-2022-03798-00
Consejero ponente: Milton Chaves Garcia
22 de septiembre de 2022
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: JAIRO ÁVILA
Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA Y
OTRO
Temas: Tutela contra providencia judicial. Contra acción de grupo –
Requisitos generales de procedibilidad
SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA
La Sala decide la acción de tutela interpuesta, en nombre propio, por el señor Jairo
Ávila contra el Tribunal Administrativo del Valle y el Juzgado Trece Administrativo
de Santiago de Cali, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 del Decreto
333 de 2021.
I. ANTECEDENTES
1. Pretensiones
El señor Jairo Ávila interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del
Valle y el Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali, por estimar vulnerados
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia y el principio de seguridad jurídica. En consecuencia, formuló las siguientes
pretensiones:
“Solicito a Ud. señor (a) juez constitucional del Honorable Consejo de Estado, tutelar el derecho
fundamental al debido proceso, de los demandantes Oliva Cuero, Nayibe Solís Cuero, Leidy Salazar
Bolaños, Gentil Salazar Bolaños, Estella Salazar Bolaños, Soraya Vergara Salazar, María Idali Lucio
Valverde, Jairo Alberto López Valencia, Leonor Núñez De Varón, Juan Carlos Varón Núñez, Doris
Salazar Jaramillo, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Isabella Hoyos Salazar, Juan Sebastián Hoyos
Salazar, Estefanía Giraldo Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos, José Orlando Devia, Myriam Mosquera
Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde, Jairo Ávila Vargas, Ana Patricia
Montilla Raigoza, Diana Isabel Ávila Montilla, Juan David Ávila Montilla, Natalia Ávila Montilla, Daniel
Ávila, Fernando Tascón Mafla, Alejandro Tascón Ávila, Angelica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya
Duque, María Genoveva Ospina De Bedoya, Adrián Bedoya Ospina, dejando sin efectos la sentencia
de segunda instancia de fecha 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo
del Valle del Cauca, con ponencia de la Dra. Luz Elena Sierra Valencia, que confirm ó el fallo de primera
instancia, negando las pretensiones de la demanda, dentro del proceso de acción de grupo No.
7600133310-13-2010-00454, Actor Oliva Cuero y otros, contra la Nación – Dancop y otros.
Consecuente con la anterior declaración, se ordene al ente accionado a dictar sentencia de reemplazo,
de acuerdo con los argumentos expuestos en la presente acción”.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
2. Hechos
De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:
La entidad Cooperativa de Ahorro y Crédito JOREPLAT, con licencia financiera
número 0902-12-03-92 otorgada por el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas -Dancoop-, hoy Unidad Administrativa Especial de Organizaciones
Solidarias -, recibió de cada uno de los accionantes dineros para ser invertidos en
productos, varios certificados de Ahorro a Término CDAT y Certificado de Inversión
Empresarial CIE.
Mediante Resolución 1682 del 8 de octubre de 1962 el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas, reconoció personería jurídica a la
empresa "Cooperativa de Ahorro y Crédito JOREPLAT" y mediante licencia 902 del
12 de marzo de 1992, expedida por el entonces Departamento Nacional de
Cooperativas - DANCOOP- se permitió el desarrollo de actividades financieras a la
mencionada cooperativa.
De acuerdo con la norma reguladora, así como la naturaleza de la cooperativa,
JOREPLAT solo podía recibir depósitos de ahorro a la vista y ahorro a término -
CDAT, por lo que no estaba autorizaba para otorgar a sus depositarios un depósito
a término, que se denominó certificado de inversión empresarial o certificado de
aportación, lo cual ocurrió.
Que la cooperativa JOREPLAT venía incurriendo en irregularidades comoquiera
que no se ajustaba al régimen de inversión señalado por la ley en relación con los
recursos de captación de ahorro como consecuencia de las inversiones en activos
fijos, lo cual generó efectos en la prestación de los servicios sociales de previsión,
asistencia y solidaridad, comprometió los recursos captados, según informe del
revisor fiscal de la cooperativa del 27 de febrero de 1997.
Los señores Oliva Cuero y otros 1 ejercieron acción de grupo, contra la Nación -
Superintendencia de Economía Solidaria y Departamento Administrativo Nacional
de la Economía Solidaria – Dansocial, para que se les declare patrimonialmente
responsables por los perjuicios morales, materiales y daño a la salud, causados
como consecuencia de la pérdida de capital e intereses representados en dinero
invertido en la Cooperativa de Ahorro y Crédito - JOREPLAT -, por la falta de
vigilancia y control que correspondía a dichas entidades y que conllevó al proceso
liquidatario de la Cooperativa, ello con fundamento en que las entidades públicas
demandadas, no ejercieron adecuadamente sus deberes de vigilancia y control
sobre dicha cooperativa, pues con su actitud omisiva permitió que la entidad
ejerciera operaciones que no contaban con expresa autorización legal.
1 Nayibe Solís Cuero, Soraya Vergara Salazar, Leidy Salazar Bolaños, María Idali Lucio Valverde, Gentil
Salazar Bolaños, Estella Salazar Bolaños, Jairo Alberto López Valencia, Leonor Núñez De Varón, Juan Carlos
Varón Núñez, Doris Salazar Jaramillo, Juan Sebastián Hoyos Salazar, Estefanía Giraldo Salazar, Isabela
Hoyos Salazar, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Luís Alberto Tabares Burgos, José Orlando Devia, Myriam
Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde, Jairo Avila Vargas, Ana Patricia
Montilla Raigoza, Diana Isabel Avila Montilla, Juan David Avila Montilla, Natalia Avila Montilla, Dan íel Avila,
Fernando Tascon Mafla, Alejandro Tascon Avila, Angélica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoyá Duque, María
Genoveva Ospina de Bedoya y Adrián Bedoya Ospina.
2
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
El Juzgado Trece Administrativo de Cali, mediante sentencia del 11 de junio de
2015, negó las pretensiones de la demanda con fundamento en que la función de
control, inspección y vigilancia que ejercía DANCOOP sobre las cooperativas se
limitaba a la formulación de directrices, realización de visitas, adopción de medidas
preventivas, en búsqueda que las actividades que ejercieran las entidades
supervisadas fuera siempre transparente y no afectara los intereses de los
usuarios, que para el caso en particular la entidad supervisada sería JOREPLAT,
pero dichas funciones no implicaban garantizar que el patrimonio de sus
beneficiarios no resultara afectado por los riesgos inherentes a la actividad dicha
cooperativa, por el contrario, el fin de dicho departamento administrativo se
circunscribía a que la actividad de la cooperativa liquidada fuera desarrollada
conforme al marco legal y, en los eventos en que se incumplieran tales
disposiciones, la entidad de control estaba facultada para adoptar oportunamente
los correctivos a que hubiere lugar, situación que ocurrió en el presente asunto.
Concluyó que no se presentó alguna falla en la prestación del servicio por omisión
por parte de DANSOCIAL y la Superintendencia de Economía Solidaria, toda vez
que, el antes DANCOOP, implementó las medidas que la ley le permitía para la
época de los hechos, profirió el 3 de diciembre de 1997 la Resolución 2006, '"Por la
cual se ordena la toma de posesión para administrar los negocios, bienes y haberes de la
Cooperativa de Ahorro y Crédito "Joreplat", basado en los informes trimestrales
presentados por el revisor fiscal en el año 1997 y posteriormente en la Resolución
0180 del 29 de enero de 1998, ordenó tomar posesión de JOREPLAT, para liquidar
dicha Cooperativa.
El apoderado judicial de la parte demandante interpuso recurso de apelación,
oportunidad en la cual alegó su inconformidad con el análisis efectuado por el
juzgado de primera instancia frente al informe pericial presentado por el Contador
Álvaro García, a su juicio, de dicho informe pericial era posible inferir que los
estados financieros determinaban la grave situación de insolvencia de la
cooperativa JOREPLAT muchos meses antes de la intervención por parte del
DANCOOP, la cual tuvo lugar a partir del mes de diciembre de 1997. Que, el análisis
del juzgado desconoció la realidad que presentaba la entidad cooperativa, los
informes financieros a diciembre 31 de 1996 eran más que alarmantes y, sin
embargo, solo se programó una visita para el mes de agosto de 1997 por parte del
DANCOOP a la cooperativa, es decir ocho meses después, sumado a ello, durante
todo el año 1997 la cooperativa capto dinero de los ahorradores, a pesar de que
sabía que la entidad no podía cumplir con los pagos de acreencias y devolución de
títulos de ahorro.
Igualmente, dijo que no se hizo referencia a la ampliación al dictamen pericial que
se le solicitó al señor perito Álvaro García, que contenía conclusiones más claras
que indicaban la gravísima situación financiera de JOREPLAT y la nula inspección
o actuación por parte del DANCOOP a fin de evitar la pérdida del dinero de los
ciudadanos ahorradores.
El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 12 de mayo de
2020, modificó la decisión de primera instancia, para declarar la falta de legitimación
en la causa por pasiva de la Nación – Superintendencia de Económica Solidaria y
negó las pretensiones de la demanda frente a DANCOOP, luego DANSOCIAL, hoy
Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias, con fundamento en
que no le asistió razón a la parte demandante al afirmar que la entidad demandada
3
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
omitió el deber legal de ejercer el control y vigilancia en este caso de Cooperativa
JOREPLAT porque, además, no existen elementos que permitan concluir que, si se
hubiera realizado una auditoria o visita de inspección en el último trimestre de 1996,
-cuando según el dictamen pericial rendido dentro del presente proceso afirmó que la
Corporación inició su decrecimiento por irregularidades no aportadas-, no se hubiera
sometido a la entidad intervenida a su liquidación, por el contrario, observó una
grave negligencia de los órganos directivos (Gerente – Miembros del Comité de
Administración) y de control interno de la entidad (Junta de vigilancia y Revisor
fiscal), quienes fueron sancionados por parte de la Superintendente delegada para
las entidades de economía solidaria con actividad financiera. La decisión fue
notificada de manera electrónica el 13 de mayo de 2020.
El apoderado de la parte demandante, en el mes de julio de 2020, ejerció solicitud
de revisión eventual de la sentencia del 12 de mayo de 2020, el Tribunal
Administrativo del Valle del Cauca, en auto del 12 de enero de 2021, remitió el
expediente al Consejo de Estado, para que se proveyera sobre su admisión.
La Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 10 de junio de 2021, no
seleccionó para revisión la sentencia del 12 de mayo de 2020, proferida por el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, porque la revisión eventual no es el
escenario ni el mecanismo idóneo para controvertir los errores de apreciación
probatoria que los actores endilgaron al juez de instancia y que no fueron admitidos
al resolver la impugnación y, porque, en todo caso, no se acreditó que la providencia
dictada por el tribunal haya sido opuesta a una sentencia de unificación o a
jurisprudencia reiterada de la Corporación que impusiera su selección. La
providencia fue notificada por estado del 16 de junio de 2021.
El 22 de junio de 2021, el apoderado judicial radicó solicitud de insistencia y la
Sección Quinta del Consejo de Estado, en auto del 15 de diciembre de 2021, no
accedió. Actuación que fue notificada el 11 de enero de 2022, mediante correo
electrónico.
3. Argumentos de la acción de tutela
El demandante señala que en el presente caso se configuró el defecto fáctico, sin
señalar de manera concreta a qué providencia endilga dicho yerro, sin embargo, lo
sustentó en la deficiente e inadecuada valoración de los elementos probatorios, así
como en la indebida aplicación de las reglas de la sana crítica. A su juicio, “de haber
realizado, los operadores judiciales, la labor juiciosa de apreciación y valoración de los diferentes
elementos probatorios, tales como: documentales, testimoniales e indiciaria, hubiese llegado a
asegurar un certero y eficaz razonamiento que no es otro que la demostración del derecho que me
asiste”.
Indicó que, desestimar la prueba pericial, en el sentido de no tener en cuenta la
existencia de una evidente falla en el servicio por omisión en el control oportuno y
la toma de posesión de la cooperativa JOREPLAT, constituye un defecto fáctico,
más aún porque no existió una prueba que demostrara lo contrario “en cuanto a visitas
o revisión más exhaustiva de la información financiera que permitiera conocer el estado real de la
situación económica de la Entidad Cooperativa que hubiera permitido implementar medidas de
control o precaver el desastre administrativo y de iliquidez que conllevó a la posterior liquidación de
Joreplat”, lo que, según afirmó, conllevó a la pérdida de los ahorros de las personas
que depositaron su confianza en dicha Cooperativa.
4
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
Se refirió a la sentencia del 26 de enero de 2022, proferida en el proceso con
radicado número 05001233100020060047601 (42990), en la que la Sección
Tercera del Consejo de Estado indicó que: “No es admisible la posición de la Superintendencia según
la cual quien realiza una inversión en el mercado de valores sabe que asume riesgos que debe soportar; los riesgos que
asume son los relativos a la suerte de la inversión misma, no a la idoneidad del intermediario ni a su capacidad para responder
por los perjuicios que cause. La autorización, el control y la vigilancia para el ejercicio de las funciones que están a cargo de
la Superintendencia es la base sobre la cual quien realiza la inversión decide utilizar al intermediario. La existencia de riesgos
con los ahorros e inversiones en dinero de los particulares es precisamente lo que motiva la vigilancia especial a cargo del
Estado de esta actividad. Y el ejercicio de este control se le asigna a una entidad que tiene amplias facultades para realizarla
y, sobre todo, los conocimientos técnicos que le permiten analizar la información que recibe y detectar oportunamente a partir
de determinados indicios (como los incrementos significativos en las utilidades), las irregularidades en la información y en
las actividades del intermediario. La función de la Superintendencia no es simplemente de divulgación de la información que
le presentan sus vigilados ni mucho menos de certificación de idoneidad de la misma ante los particulares, basada en la
buena fe o en la presunción de legalidad de los informes. A la Superintendencia le corresponde, con su particular experticia,
realizar el análisis de la información que se le reporta y detectar oportunamente las irregularidades que evidencian la falta de
veracidad; no cumple una labor simplemente formal relativa a verificar que la información se presenta a tiempo considerando
que ella.” .
Finalmente, dijo que “se presentó un defecto fáctico al desconocer, sin siquiera ser objeto de
estudio la pericia a la que me he referido a lo largo de este escrito, que sin duda alguna hubiese
dado un viraje a la posición adoptada por los juzgadores de turno”.
4. Trámite Previo
El despacho sustanciador, en auto del 14 de julio de 2022, inadmitió la acción de
tutela interpuesta y requirió al señor Jairo Ávila para que allegara la documentación
que lo acreditara como representante de las demás personas que identificó en el
escrito de tutela.
En auto del 12 de agosto de 2022, se admitió la acción de tutela en nombre propio
por el señor Jairo Ávila, se ordenó notificar al demandante, al Tribunal
Administrativo del Valle y al Juzgado Trece Administrativo de Santiago de Cali y
vincular como terceros con interés a los señores Oliva Cuero, Nayibe Solís Cuero,
Leidy Salazar Bolaños, Gentil Salazar Bolaños, Estella Salazar Bolaños, Soraya
Vergara Salazar, María Idali Lucio Valverde, Jairo Alberto López Valencia, Leonor
Núñez De Varón, Juan Carlos Varón Núñez, Doris Salazar Jaramillo, Francisco
Javier Hoyos Ramírez, Isabella Hoyos Salazar, Juan Sebastián Hoyos Salazar,
Estefanía Giraldo Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos, José Orlando Devia,
Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera, Zulma Rosa Herrera Laverde,
Ana Patricia Montilla Raigoza, Diana Isabel Ávila Montilla, Juan David Ávila Montilla,
Natalia Ávila Montilla, Daniel Ávila, Fernando Tascón Mafla, Alejandro Tascón Ávila,
Angélica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya Duque, María Genoveva Ospina De
Bedoya, Adrián Bedoya Ospina y notificar a la Agencia Nacional de Defensa
Jurídica del Estado.
5. Oposición
El Juzgado Trece Administrativo de Cali se refirió al trámite procesal que se le
imprimió a la acción de grupo cuestionada, para posteriormente decir que no existe
responsabilidad de ese despacho frente a la acción de tutela de la referencia.
El Tribunal Administrativo del Valle guardó silencio.
5
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
6. Intervención de los terceros interesados
La Superintendencia de la Economía Solidaria se opuso a los hechos en que se
sustentó la acción de tutela, se refirió a la procedencia excepcional de la acción de
tutela contra providencias judiciales y afirmó que no se satisface el requisito de
subsidiariedad, en tanto, los accionantes contaron con la acción de grupo para
reclamar dineros que no pudieron hacer efectivos dentro del proceso de
intervención para liquidar la Cooperativa JOREPLAT, diferente es, que el resultado
haya sido desfavorable a sus intereses. Al respecto afirmó que la acción de tutela
no puede ser empleada como un mecanismo judicial para continuar debatiendo
argumentos o situaciones de hecho ya desatados por la jurisdicción contenciosa, a
la espera de lograr una decisión en sentido contrario.
Igualmente, alegó que en el presente caso no se cumple con el requisito general
de inmediatez, porque la parte actora acude al mecanismo constitucional después
de dos años y tres meses que se profirió la providencia objeto de reproche -del 12
de mayo de 2020-, proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
Los señores Jaime Hernando López, Estefanía Giraldo Salazar, Nayibe Solís
Cuero, Doris Salazar Jaramillo, Francisco Javier Hoyos Ramírez, Isabella
Hoyos Salazar, Juan Sebastián Hoyos Salazar, Luis Alberto Tabares Burgos,
Angélica María Bedoya Ospina, Ilian Bedoya Duque, María Genoveva Ospina,
Adrián Bedoya Ospina, Ana Patricia Montilla Raigoza, Natalia Ávila Montilla,
José Orlando Devia, Myriam Mosquera Hurtado, Maribel Devia Mosquera y
Juan Carlos Varón Núñez allegaron escritos en los que manifestaron coadyuvar
las pretensiones de la acción de tutela.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política,
reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda
persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y
lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien
actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales
fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la
acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos
que señala este decreto».
Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa
judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable.
Acción de tutela contra providencias judiciales
En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias
judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia
cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales
fundamentales.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en
sentencia de 31 de julio de 2012, Exp. 2009-01328-01, aceptó la acción la tutela
6
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
2
contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional , para
lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el
3 4
amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales y específicas de
procedencia de la acción de tutela.
Siendo así, a la Sala le corresponde establecer si en el presente caso se cumplen
los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial
descritos.
Problema jurídico
Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora cuestiona la providencia
del 12 de mayo de 2020, mediante la que el Tribunal Administrativo del Valle del
Cauca confirmó la decisión del 11 de junio de 2015, por medio de la cual el Juzgado
Trece Administrativo de Cali negó las pretensiones de la acción de grupo, en la que
obró como demandante el señor Jairo Ávila.
Pues, de la lectura del escrito de tutela y de los argumentos de inconformidad
planteados por el actor, se evidencia que el defecto invocado se dirige en contra de
la sentencia del 12 de mayo de 2020, proferida por el Tribunal Administrativo del
Valle del Cauca en cuanto cuestiona específicamente la valoración probatoria
desplegada respecto del dictamen pericial que se aportó a ese proceso como
elemento probatorio. De hecho, basta con ver el encabezado del referido escrito
para advertir que el mecanismo constitucional se dirige de manera específica contra
el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca.
En ese orden, corresponde a la Sala determinar si el presente asunto cumple con
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales, en particular el de inmediatez, que fue alegado como incumplido por la
Superintendencia de Economía Solidaria, pues, solo en el evento en que se
superen los requisitos generales de procedencia, procederá con el estudio del
defecto invocado.
2 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después
del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de
manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De
ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de
fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos
fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se
destaca)
3 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia
judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) Que se hayan
agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada,
salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla
con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto
determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que
la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los
derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que
esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela.
4 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya
incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material
o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional
que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.
7
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
Del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de
tutela contra providencias judiciales – requisito general de inmediatez
Al respecto, la Sala anticipa que la solicitud de amparo carece del requisito de
inmediatez que la caracteriza, porque la sentencia del 12 de mayo de 2020, que
confirmó el fallo de primera instancia fue notificada de manera electrónica el 13 de
6
mayo de 20205. Así, a la fecha de presentación de esta acción, 11 de julio de 2022 ,
han transcurrido dos años, un mes y 27 días.
Para esta Sección, por regla general, el plazo razonable para el ejercicio de la
acción de tutela contra providencias judiciales es de seis meses, contado a partir
de la fecha de notificación del proveído acusado. Lo anterior, en atención a la
naturaleza del acto jurisdiccional, a los plazos previstos en la ley para la
interposición de los recursos ordinarios contra aquellos, al derecho a la tutela
judicial efectiva y a la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren
certeza y estabilidad.
En relación con la inmediatez, la Corte Constitucional ha señalado en diversas
oportunidades que debe existir un término razonable entre la ocurrencia de la
vulneración o puesta en riesgo de los derechos fundamentales del accionante y la
presentación de la demanda7, en la medida en que la naturaleza misma de este
medio de defensa judicial no sólo tiene que ver con la urgencia en la protección de
las garantías constitucionales de una persona, sino también con el respeto a la
seguridad jurídica y a los derechos de los terceros afectados.
Lo anterior no implica un término de caducidad que limite el ejercicio de la acción
de la tutela. La inmediatez es más bien un requisito que busca que la acción se
presente en un término razonable, esto es, desde el mismo momento en que se
tiene conocimiento de la violación o amenaza de los derechos fundamentales.
Justamente, porque la acción de tutela es un medio excepcional para la protección
pronta y eficaz de tales derechos, es que se requiere que la acción se ejerza en un
tiempo razonable, prudencial.
Sobre el particular, la Corte Constitucional ha señalado que para determinar si la
acción de tutela ha sido oportuna y se ha cumplido el requisito de inmediatez, deben
tenerse en cuenta, en cada caso concreto, los siguientes aspectos: (i) si existe un
motivo válido para la inactividad del accionante, (ii) si la inactividad injustificada
podría causar la lesión de derechos fundamentales de terceros de llegarse a
adoptar una decisión en sede de tutela, y (iii) si existe un nexo causal entre el
ejercicio inoportuno de la acción y la vulneración de los derechos de los interesados.
Circunstancias que en el caso concreto no se acreditaron.
Como lo ha señalado esta Sección, el requisito de la inmediatez es una regla
jurisprudencial unánime y pacífica que se ha mantenido en el tiempo, precisamente
para no inducir a error a los ciudadanos y que garantiza los principios de seguridad
jurídica y confianza legítima de las decisiones judiciales, pues, recuérdese que la
5 Según consta en el expediente de reparación directa, cuya copia fue aportada en medio magnético, carpeta
actuaciones Samai y en la consulta en la página web del sistema de información Samai.
6 Del mismo modo, consultado el sistema de información Samai y de los reportes de radicación que obran en
el expediente magnético, concretamente del formato de generación de tutela en línea.
7 Corte Constitucional. Sentencia T- 123 de 2007
8
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
acción de tutela contra providencias judiciales es la excepción a la regla y, en esa
medida, los requisitos de procedibilidad deben ser atendidos en estricto orden.
La Sala anota que, como se explicó, la acción de tutela contra providencias
judiciales es una excepción al principio de inmutabilidad y cosa juzgada de las
decisiones judiciales en firme y, es por esa razón, que su ejercicio exige el
cumplimiento de requisitos generales y específicos que hagan procedente al juez
constitucional emitir pronunciamiento sobre decisiones ya ejecutoriadas. En el
presente caso, la falta de cumplimiento del requisito de inmediatez conlleva a la
improcedencia del mecanismo, por lo que no es posible emitir pronunciamientos
frente a los cargos invocados.
Por lo anterior, la acción de tutela de la referencia no procede por falta de
cumplimiento del requisito de inmediatez.
Finalmente, es necesario precisar que, si bien, la parte actora informó que se surtió
solicitud de revisión eventual, la cual fue negada por la Sección Quinta del Consejo
de Estado, en el escrito de tutela no existe un solo argumento dirigido a cuestionar
las decisiones que negaron la selección de la sentencia del 12 de mayo de 2020,
para su eventual revisión ni del auto del 12 de diciembre de 2021, que no accedió
a la solicitud de insistencia frente a esta última.
Lo anterior, para señalar que, siendo el proceso de acción de grupo un proceso
independiente al trámite de la revisión eventual, no solo porque para ejercer este
último es necesario que la sentencia se encuentre ejecutoriada y en firme, sino
porque persiguen fines totalmente diferentes; esta Sala de decisión no tiene
parámetros para efectuar estudio alguno en relación con los autos del 10 de junio
de 2021 y del 12 de diciembre de 2021, pues no fueron las providencias
reprochadas con el ejercicio del mecanismo constitucional de la referencia.
En suma, la acción de tutela de la referencia no cumple con el requisito general de
inmediatez para cuestionar la decisión del 12 de mayo de 2020 y, en esa medida,
se impone, declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Jairo Ávila
contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Trece
Administrativo de Santiago de Cali.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, por medio de la Sección Cuarta –
Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
1. Declarar improcedente el amparo solicitado por el señor Jairo Ávila contra el
Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Trece Administrativo
de Santiago de Cali.
2. En caso de no ser impugnada la presente providencia, enviar a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.
3. Notificar a las partes por el medio más expedito posible.
4. Publicar la presente providencia en la página web del Consejo de Estado.
9
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Radicado: 11001-03-15-000-2022-03798-00
Demandante: Jairo Ávila
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue considerada y aprobada en la sesión de la fecha.
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
JULIO ROBERTO PIZA RODRÍGUEZ STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO
Presidente de la Sección
(Firmado Electrónicamente) (Firmado Electrónicamente)
MILTON CHAVES GARCÍA MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
10
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a
través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador
Sigue leyendo
RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.